La región de Puno registró la jornada más mortal desde que iniciaron las manifestaciones en diciembre del año pasado. Este es un llamado a proteger a manifestantes bajo estándares de derechos humanos.

Lima, 12 de enero de 2022.-  En un solo día, al menos 17 manifestantes, incluidos dos adolescentes, fueron asesinados a manos de las fuerzas de orden cerca del aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno. El lunes 09 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Red de Salud de San Ramón informaba a través de un comunicado oficial la muerte de 12 personas; 3 horas más tarde actualizó la información a 17 muertes y 112 personas heridas.

Este terrible suceso tiene lugar luego de la reanudación de las protestas en el marco del Paro Nacional convocado por dirigentes sociales, principalmente de las regiones del sur del país, para exigir la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, Cusco y Ayacucho.

Actualmente, Perú registra alrededor de 47 muertes y más de 600 personas heridas durante las protestas. Del total de muertes, 28 sucedieron en diciembre del año pasado; 18 ocurrieron el pasado lunes y martes —incluyendo el fallecimiento de un policía al día siguiente de la masacre en Puno—, y ayer, a las 8 de la noche, se confirmó el último manifestante muerto en la región de Cusco.

Manifestantes socorren a mujer herida en Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Criminalización de la protesta

Después del anuncio de las 17 muertes de civiles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, salió en televisión nacional para defender la respuesta de las fuerzas policiales, afirmando que los manifestantes son grupos violentos de vándalos financiados por dinero ilegal. Además, anunció la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días desde 8:00 pm hasta las 4:00 am.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó condenando las 17 muertes e instó al Estado peruano a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza, y generar mecanismos de diálogo.

La Corte Interamericana ha señalado que “los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.

Helicóptero de las Fuerza Aérea del Perú sobrevuela Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Uso de armas de fuego

Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, indicó que algunas de las víctimas han recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego, algunos en la cabeza.  “Lo que me llama la atención a mí, como médico, es que estén ingresando con proyectil de armas de fuego, pero que no tengan orificio de salida. Sin embargo, los pacientes vienen destrozados los órganos internos”, reveló el médico de Juliaca.

De acuerdo a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, desde el año 2004, el uso de proyectiles de plomo durante la contención de protestas está restringido. Además, señala que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente y puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía.

La Defensoría del Pueblo de Perú dijo en Twitter : “Pedimos a las fuerzas del orden hacer un uso de la fuerza legal, necesario y proporcional e instamos a la Fiscalía General del Estado a realizar una pronta investigación para esclarecer los hechos”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tuiteó : “Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha provocado la pérdida de decenas de vidas”.

El reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que los mecanismos internacionales de protección ya han destacado en reiteradas ocasiones que el uso de armas de fuego es una medida extrema y que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Además, señala que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad.

Visita de la CIDH

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por liderada por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, junto a Comisionado Joel Hernandez llegó ayer al Perú para iniciar su observación y documentación ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En esta visita se reunirá con autoridades públicas, víctimas y familiares de Lima, Ica y Arequipa a fin de publicar sus conclusiones y recomendaciones el Estado peruano.

La CIDH se entrevistará personalmente con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en ese sentido, ha habilitado un enlace de registro para personas afectadas interesadas en brindar su testimonio.  También recibirá información, denuncias y comunicaciones al siguiente correo:  CIDHDenuncias@oas.org.

Delegación de la CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los Comisionados Stuardo Ralon y Joel Hernandez, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Fotografía: CIDH

Desde Raza e Igualdad:

1. Rechazamos el uso ilegal, exceso y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, la represión estatal en las protestas, así como la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir su realización pacífica.
2. Exigimos que se investiguen todas las muertes de una manera célere y eficaz respetando los estándares internacionales de derechos humanos a fin de que se determinen medidas de reparación integral a familiares de víctimas mortales y personas heridas durante las protestas.
3. Rechazamos los discursos que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
4. Llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en el país y se respete los estándares de derechos humanos.

Recordamos que los estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población.

Conoce más detalles de lo que sucede en Perú en nuestra nota informativa anterior.