Washington D.C., 14 de diciembre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente los violentos allanamientos ilegales cometidos a partir de la madrugada de este viernes por la Policía de Nicaragua a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Fundación Popol Na, Fundación del Río, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), todas estas  organizaciones a las cuales la Asamblea Nacional les había cancelado su personalidad jurídica de forma arbitraria. Asimismo, Raza e Igualdad repudia el allanamiento realizado al medio de comunicación digital Confidencial, en donde también funcionan los estudios de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana y la ocupación ilegal de sus equipos de trabajo.

Las organizaciones denunciaron que para ingresar, los agentes de la Policía abusaron de su autoridad, agredieron físicamente a vigilantes, rompieron puertas, destrozaron mobiliario e incautaron ilegalmente documentos, equipos de trabajo, computadoras e incluso vehículos.

Ante este hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense, expresamos nuestro repudio a la arbitrariedad e impunidad con la que actúan las autoridades nicaragüenses dispuestas a violar las libertades fundamentales de asociación y reunión pacífica de los defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y activistas disidentes, para servir a los fines de la dictadura Ortega Murillo. Tal proceder confirma una abrupta reducción y restricción de los espacios de participación democrática y los derechos políticos de los grupos que han decidido reclamar por justicia y paz en Nicaragua.

Así mismo, declaramos que los allanamientos ilegales realizados por la Policía no sólo transgreden el derecho a la propiedad e intimidad de las y los defensores directamente implicados y persistentemente agredidos, criminalizados y perseguidos, sino que son una contundente expresión del totalitarismo y política de miedo que el Estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo han instalado en el país centroamericano.

Demandamos al gobierno de Ortega restablecer la personalidad jurídica de las asociaciones antes mencionadas y regresar los bienes sustraídos.

Estos hechos son evidencia del estado de represión y crisis de derechos humanos que enfrenta el pueblo de Nicaragua, por tal razón, urgimos a la  comunidad internacional pronunciarse ante estos actos que transgreden el bienestar de todo ser humano, coartan la participación e imposibilitan la construcción de sociedades democráticas que buscan alcanzar el bienestar, la justicia y la paz.