Washington D.C., August 20, 2020.– Este miércoles se conoció que el prisionero político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional, noticia que él mismo comunicó vía telefónica al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Como organización que promueve y defiende los derechos humanos, celebramos que el activista e integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana no permanezca más en prisión y pueda convivir nuevamente con su familia, pero mantenemos nuestra demanda para que el Gobierno le otorgue la libertad definitiva y se le retiren los cargos que le fueron impuestos a él y a su esposa Yamilka Abascal Sánchez en un proceso viciado en el año 2017.

Casares Soto fue uno de los activistas destacados en nuestro informe Condenas Premeditadas, como ejemplo de la estrategia empleada por el Gobierno cubano para criminalizar a las personas que lo critican. En julio de 2016, Casares Soto fue detenido por una semana cuando él y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, salieron a la defensa de un amigo que estaba siendo detenido por un oficial de la Policia. En la delegación policial, fue obligado a desnudarse para registrarlo y lo sometieron a un interrogatorio. Las autoridades le informaron que estaba acusado de “atentado” y “resistencia”, pero no escuchó nada más del asunto hasta casi seis meses después cuando Casares Soto y Abascal Sánchez recibieron citaciones para juicio oral.

La sentencia

La pareja fue enjuiciada al mismo tiempo durante un juicio cerrado al público que no respetó las normas del debido proceso. Abascal Sanchez fue condenada por “desacato” y cumplió una condena de dos años de limitación de libertad desde su casa, mientras que Casares Soto fue condenado por “atentado” y “ultraje sexual”. El Gobierno lo acusó de “ultraje sexual” porque se desnudó en la estación de Policía durante su arresto en julio de 2016, pero su versión indica que fue obligado a desnudarse para buscar una memoria flash que contenía información sobre las actividades de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

En el caso de Casares Soto la pena fue de cinco años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y el 24 de mayo de 2017 le notificaron que debía cumplirla en la empresa de Construcción Civil del municipio, pero no se presentó. Por eso, su condena luego fue cambiada a cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que después de la citación del 24 de mayo, Casares Soto no volvió a recibir ninguna otra comunicación del Tribunal o del Ministerio del Interior y luego solo se conoció de su detención el 3 de agosto de 2017 en plena calle, cuando iba a comprar medicinas para sus hijos. También se debe mencionar que cinco años de privación de libertad es una condena más larga de lo normal. Los presos políticos en Cuba frecuentemente reciben condenas entre uno y tres años.

Tres años de sufrimiento

Caseres Soto permaneció en la Prisión Kilo 5 de Pinar del Río hasta agosto de 2019, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de mínima seguridad “Kilo 4”. Durante su tiempo en la cárcel, presentó problemas de salud relacionados con una prótesis dental que se le rompió al momento de ser detenido, y a una prótesis en el intestino que tiene desde que era niño. Además, el 11 de mayo de 2020 fue trasladado a un hospital después de varios días con un fuerte dolor de estómago. En el centro asistencial le encontraron que tenía un cálculo renal que fue tratado con una inyección para el dolor sin que se le prescribiera ningún otro tratamiento curativo.

Casares Soto perdió tres años de su vida en prisión solo por sus creencias políticas y sufrió mucho por no poder estar con su esposa e hijos todo ese tiempo, pues cuando lo arrestaron en agosto de 2017 para cumplir su condena en la cárcel, su hija tenía un año y su hijo menor había nacido en abril pasado. “Al fin nuestros hijos disfrutarán del amor que se perdieron de su papá por tres años lucha contra el régimen totalitario (…) seguiré apoyando y exigiendo la liberación de los demás presos políticos que aún continúan encarcelados injustamente”, escribió en la red social Facebook su esposa Yamilka Abascal Sánchez, quien llegó a ser amenazada por la Seguridad del Estado con quitarle a sus hijos si continuaba con su demanda.

Este martes 18 de agosto, el Gobierno por fin aprobó una de sus varias solicitudes para libertad condicional y Casares Soto regresó a su casa. Sin embargo, todavía está sujeto a varias condiciones. Tras obtener la libertad condicional, Casares Soto denunció que en la cárcel hay personas que no han cometido ningún delito y expresó que está dispuesto a denunciar las condiciones infrahumanas en que se encuentran otros pesos políticos.

Irregularidades

Raza e Igualdad presentó peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en nombre de Casares Soto y Abascal Sánchez, considerando que ambos han sido sometidos a detenciones arbitrarias en violación de las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Encontramos en su caso una serie de irregularidades como la falta de un fundamento jurídico par su detención, la violación de sus derechos al mantenerlo en prisión sin una orden judicial y sin informarle sobre los motivos, así como la falta de supervisión judicial en los siete días que permaneció detenido en régimen de incomunicación en 2016. Las autoridades cubanas violaron su derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Todo ello motivado por su participación en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, desde donde se manejan posiciones críticas al Gobierno y se aboga por una reforma al sistema electoral cubano. Por tanto, Raza e Igualdad demanda que a Casares Soto se le otorgue la libertad definitiva y se le respeten sus derechos a la libertad de opinión y expresión.