Washington D.C., 24 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el 18 de noviembre del presente año el informe “Voces en resistencia: mujeres presas políticas en Cuba”, el cual retrata la experiencia de mujeres que son o han sido presas políticas y el impacto que su condena y otros actos de represión han tenido en sus vidas. El informe, además, contiene recomendaciones al Estado cubano y a la comunidad internacional con miras a cambiar la situación de persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la Isla.

El evento de lanzamiento contó con la participación del Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionado Stuardo Ralón, y de mujeres expresas políticas, quienes compartieron sus experiencias desde diferentes perspectivas. En tanto, Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad y autora del informe, presentó los principales hallazgos del mismo; y Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, brindó unas palabras de bienvenida en las que destacó la relevancia de este evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba sufren diariamente violencias estructurales de una forma muy particular. Tienen que liderar con la doble carga de trabajo renumerado y no renumerado que es común para mujeres en cualquier lado del mundo, pero también están sometidas a hostigamiento, amenazas, actos de repudio, interrogatorios y detenciones arbitrarias, entre otros, que muchas veces incluyen violencia tanto física como emocional. Las consecuencias de esta violencia se transfieren a las familias de las activistas y a sus comunidades. Y en los casos en que las activistas llegan a ser prisioneras políticas la violencia estructural y sus impactos son aún más graves”, señaló.

El informe

Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, explicó que aparte de la llamada “doble carga” que asumen las mujeres cubanas en un contexto de control político y desabastecimiento de alimentos y medicinas, las razones que motivaron la realización de este informe fueron que Cuba no cuenta con una ley que proteja a las mujeres de la violencia basada en género y la falta de información sobre mujeres presas políticas en la comunidad internacional.

El informe recoge los casos de 12 mujeres activistas que fueron condenadas por diferentes delitos después de expresar opiniones en contra del Gobierno. La mayoría pasaron seis meses o más en una institución penal en Cuba, mientras otras cumplieron condenas de arresto domiciliario. La información fue recolectada mediante entrevistas que se realizaron directamente con las mujeres o con los familiares de las mujeres que están actualmente detenidas.

“Las entrevistas con las presas políticas confirman que las prisiones en Cuba son inhumanas y no tienen las necesidades básicas para sobrevivir. Las mujeres estaban en celdas sucias, llenas de ratas e insectos y, en algunos casos, hasta excremento humano. Además, pasaron hambre y fueron aisladas de sus familias y de otras presas. Algunas sufrieron de violencia por parte de las reclusas o las guardias. Ninguna recibió tratamiento médico adecuado, lo que resultó en enfermedades graves”, refiere el informe.

Testimonios

La Dama de Blanco y expresa política, Jacqueline Heredia, es una de las protagonistas del informe. Fue detenida en abril de 2016 y, más de un año después de estar en prisión (mayo de 2017), recibió una condena de tres años de cárcel por los delitos de “desacato” y “atentado”. En agosto de 2017 le asignaron una licencia extrapenal por complicaciones graves en su salud. Hoy, la activista enfrenta el riesgo de volver a prisión, pues tanto ella como su esposo, Carlos Alberto Álvarez, están siendo acusados por el delito de “atentado”.

No obstante, su esposo está detenido desde hace seis meses en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. “Lo detuvieron por [el impago de] unas multas arbitrarias que nos pusieron a los dos, y ahora nos acusan de atentado, para él piden 4 años y para mí 3 años de prisión. Dicen que cometimos el atentado en 2019, el 8 septiembre que es el día de la Marcha de los Girasoles, y nosotros participamos pacíficamente. Él está esperando el juicio en prisión y yo en casa”, contó a través de un video que se transmitió en el evento.

Yamilka Abascal, que integra la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia en la Isla, fue condenada en 2017 a dos años de arresto domiciliario. Fue acusada de “desacato” cuando, junto a su esposo—el también activista José Rolando Casares—se dirigía hacia La Habana para participar en una rueda de prensa internacional para dar a conocer una campaña cívica de la Mesa de Diálogo.

Cuando recibió la condena, Yamilka tenía ocho meses de embarazo. En su participación en el evento, la cual fue vía telefónica, explicó que durante la reclusión domiciliaria era constantemente asediada por la Policía y esto la afectó psicológicamente a ella y a sus hijos. Pese a que ya cumplió su condena, la joven no deja de ser perseguida y amenazada por las autoridades y partidarios del Gobierno.

Lisandra Rivera es parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y por su activismo dentro de esta organización ha sido perseguida, amenazada y agredida físicamente en los últimos años, al punto que, en junio de 2014, perdió un embarazo de cuatro meses de gestación por una golpiza que le propinaron agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. “En 2016 fui detenida porque salí en defensa de unos cuentapropistas que ellos estaban golpeando y a finales de 2016 fui enjuiciada y llevada a prisión por el delito de atentado”, relató en un video que fue transmitido en el evento.

Rivera fue condenada a dos años de cárcel. Los primeros once meses los pasó en la prisión de Santiago de Cuba y durante ese tiempo estuvo sin recibir visitas y se le negó el derecho de realizar llamadas telefónicas. Luego fue trasladada a la prisión Kilo 5, en Camagüey, donde en cinco ocasiones fue aislada en celdas de castigo y una de ellas por tres meses y diez días; además, Lisandra sufrió las pésimas condiciones de la prisión en términos de higiene y alimentación.

La labor de la CIDH

En su intervención, el Relator para Cuba de la CIDH, destacó que en Cuba la sociedad civil reporta “un patrón sistemático para perseguir a los manifestantes pacíficos, a los opositores políticos, a los activistas”, el cual se ha agudizado a raíz de las protestas del 11 de julio y en el marco de la manifestación anunciada por la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre, pero que no pudo realizarse debido a la fuerte represión del Gobierno. “Y esto lo realiza a través de hostigamiento, acoso, detenciones arbitrarias y juicios que no observan las mínimas garantías del proceso legal”, precisó.

El comisionado Ralón, en nombre de la CIDH, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado poner fin inmediato a la persecución y a las detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas, y aseguró que existe una enorme sensibilidad dentro de la Comisión de continuar esta labor de monitoreo “porque hay un pleno convencimiento de que para que exista un respeto a los derechos humanos, necesariamente tienen que haber las principales libertades que exigen estas voces opositores”.

En Raza e Igualdad seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, incluida la persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Con este informe esperamos contribuir a cambiar esta realidad, exigiendo que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y compartiendo con la sociedad civil y con la comunidad internacional algunas de las voces en resistencia.