Washington, D. C., 3 de diciembre de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), presentó el día de hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.

En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.

La petición narra distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de Poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.

También describe los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.

Adicionalmente, pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.