Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

Foto: Óscar Navarrete.