Colombia, 29 de diciembre de 2021. El Instituto  Raza e Igualdad, la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco hicieron entrega presencial el pasado martes 14 de diciembre de 2021 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de su informe “¡Contar para vivir!: Crímenes de persecución por prejuicio cometidos contra personas Afro-LGBT en el conflicto armado colombiano” que recopila las experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe presenta casos graves y representativos de violencias contra personas que se autoidentifican como lesbianas, gais, bisexuales y trans y que se autoreconocen como afrodescendientes, negras, palenqueras y/o raizales víctimas del conflicto armado que ilustran un patrón de criminalidad que configura el crimen de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con la OSIGEG de las víctimas y su pertenencia étnico-racial afrodescendiente perpetrados por las FARC-EP y los paramilitares en el Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe plantea que el patrón de criminalidad, que integra conductas asociadas a violencia sexual, homicidios/feminicidios y amenazas/desplazamientos forzados, se deriva de la “transgresión” que representaban las personas Afro-LGBT a los roles de género asociados a una “feminidad” y una “masculinidad” afrodescendientes hipersexualizadas, la cual fue percibida por los grupos armados como una afrenta a los proyectos territoriales de orden social y moral que buscaban imponer sobre las poblaciones afrodescendientes, fundamentado en prejuicios racistas, misóginos y LGBTIfóbicos que eran compartidos socialmente y permitieron a los grupos armados fortalecer su control territorial y ganar legitimidad social.

Ante la continuidad de un escenario de impunidad y la imposibilidad de las víctimas Afro-LGBT de acceder a la justicia por la poca o nula presencia de instancias de atención y acompañamiento estatal, el miedo a los perpetradores, el miedo a la revictimización, la presencia de prejuicios relacionados con la OSIGEG en funcionarios/as públicos/as, la naturalización y legitimación de las violencias en su contra, la complicidad social frente a las violencias en su contra, y las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran, las organizaciones que conjuntamente trabajaron en este documento, solicitaron a la JEP continuar y redoblar sus esfuerzos por esclarecer los crímenes de persecución por prejuicios relacionados con las OSIGEG de las víctimas desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta también la clase social, la raza, etnia, entre otros factores.

Durante el evento, que contó con la participación de  Sandra “Sami” Arizabaleta, de Somos Identidad, Angie Hinestroza, abogada del equipo de Paz y Conflicto de Caribe Afirmativo, Johanna Calderón de Caribe Afirmativo y Laura Poveda, Consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, en entrega presencial, las organizaciones y las víctimas entregaron su informe en el que reconocieron la importancia de alzar su voz y reiteraron su compromiso con la paz de Colombia y la labor de la JEP.