Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

• Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
• Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
• Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
• Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
• Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
• Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
• Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
• Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
• Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/