Ginebra, 29 de febrero de 2024- Ante el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que identifica al Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros  altos funcionarios estatales nicaragüenses como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exhorta a la comunidad internacional a colaborar en investigaciones judiciales y otras acciones ante los Sistemas Universal e Interamericano. Raza e Igualdad también llama a reforzar el apoyo al GHREN, a fin de que continúe profundizando sus investigaciones para propiciar una real rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, tanto a nivel estatal como personal.

Para este segundo informe, el Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas a víctimas de la represión estatal y profundizó sus investigaciones sobre las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos como pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes y académicos, integrantes de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino. El GHREN concluyó que el régimen “está cerca de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas” en Nicaragua.

El GHREN también identificó nombres de instituciones y funcionarios estatales, y otros individuos “identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y delitos documentados”. Entre estas personas figuran Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado tras su renuncia en el año 2019, y privado de su nacionalidad nicaragüense; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema;  Ana Julia Guido, fiscal general de la República; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen años sino décadas cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. Observamos como un gran avance que el Grupo haya identificado una estructura y cadenas de mando dentro del Estado, incluyendo asesores de confianza que llevan a cabo actos represivos contra voces disidentes al régimen. La comunidad internacional debe -urgentemente- tomar acciones legales y extender sanciones a las instituciones y personas identificadas como perpetradoras de crímenes de derecho internacional” dijo Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Asimismo, a través de entrevistas a 72 personas excarceladas políticas, el Grupo corroboró patrones de torturas y maltratos, y modus operandis para la privación arbitraria de libertad por motivos políticos que ya habían sido detallados en su primer informe. Entre estos patrones destacan los allanamientos sin órdenes de detención y registro, la incomunicación con sus familias y abogados, y el desconocimiento de sus paraderos por periodos prolongados. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de la sociedad civil, hay 121 (102 hombres y 19 mujeres) privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 111 son del contexto de abril 2018, entre las cuales figuran 12 personas indígenas.

El GHREN también alertó que algunas de las nuevas estrategias de persecución del régimen “se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua”, como la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, el impedimento de la reunificación familiar, entre otras. El GHREN documentó 317 casos de personas privadas de su nacionalidad, 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país, 21 expulsiones de extranjeros, 263 expulsiones de personas nicaragüenses, entre otras violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el GHREN abordó brevemente la necesidad de que los hallazgos de este informe se tomen en cuenta al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos de Instituciones Financieras Internacionales. El GHREN llamó a la comunidad internacional a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.

Al respecto, Marcelo Azambuja, Oficial Legal de Raza e Igualdad, argumentó que “el respeto a la democracia y a los derecho humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las Instituciones Financieras Internacionales en sus decisiones y actividades hacia el desarrollo sostenible en Nicaragua. Es imperativo que esas instituciones formulen e implementen -en colaboración con el Estado nicaragüense- políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos asociados a sus proyectos y/o recursos. Establecer condiciones es un mecanismo eficaz para incentivar el fin de la crisis y el regreso a la normalidad democrática y al respeto a los derechos humanos.”

Finalmente, el GHREN observó que el regreso a la democracia en Nicaragua y la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno de Ortega tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos. En este sentido, Carlos Quesada enfatizó en que “la justicia no puede demorar más. La comunidad internacional, particularmente los países aliados al pueblo de Nicaragua deben tomar acción con prontitud”.