La labor de monitoreo, documentación, denuncia y condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental desde el inicio de la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Reconociendo su labor, en el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la Relatora para Nicaragua de la CIDH, Esmeralda Arosemena, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

En un informe publicado en octubre de 2021, la CIDH advirtió que en Nicaragua existe un debilitamiento del Estado de Derecho y un profundo deterioro en materia de Derechos Humanos que se viene fraguando desde hace dos décadas. ¿Qué avances o retrocesos se han dado en Nicaragua en materia de Derechos Humanos desde la publicación de este informe (octubre de 2021)? ¿Qué nuevos patrones se han identificado y qué es lo que más preocupa actualmente?

El informe recoge varios elementos que dan cuenta de lo que señala el título del mismo, concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua. En noviembre de 2021 se llevaron a cabo elecciones en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, lo cual permitió asegurar que el Ejecutivo se perpetúe en el poder y a su vez, consolidar un régimen antidemocrático en el país.

La CIDH observa que el Estado continúa con una estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático mediante la imposición de un estado policial perpetuo, y de nuevas medidas y leyes que restringen de manera arbitraria los derechos de la población. Recientemente, desde la CIDH, rechazamos el cierre masivo y forzado de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros.

Por otro lado, tenemos muy presente la violación del derecho penal, incluso (las) recogidas en las normas constitucionales del país; y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno, elemento que responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de derecho y de la democracia. Ello recordando a las presas políticas y presos políticos que, entre febrero y marzo fueron juzgadas, y condenadas con altísimas penas, sin garantías judiciales.

Han pasado 4 años desde el inicio de la crisis en el país, y el régimen de Ortega y Murillo continúa sin dar una respuesta a las recomendaciones y medidas cautelares otorgadas por la CIDH e incumple sentencias y resoluciones de la Corte-IDH. ¿Cómo valora esta posición de Nicaragua? ¿Cuál es la posición de la CIDH para contribuir al cese de la represión y a la salida de esta crisis? ¿Qué mecanismos o instrumentos internacionales adicionales existen para la rendición de cuentas en Nicaragua?

Entre los roles que la CIDH tiene, está el de generar conciencia sobre los derechos humanos, visibilizar las vulneraciones, y hacer uso de sus mecanismos de protección como las medidas cautelares. En tal sentido, seguiremos monitoreando la situación, acompañando y escuchando a las víctimas, y exigiendo que Nicaragua restablezca su democracia y repare las graves e inaceptables violaciones que siguen ocurriendo bajo un régimen que decidió no ser democrático.

La Comisión ha valorado la falta de cumplimiento de sus recomendaciones para la inclusión del Estado de Nicaragua en la sección B del Capítulo IV de su Informe Anual por tres años consecutivos. Hemos otorgado más de 30 medidas cautelares a personas, líderes, lideresas, opositoras políticas por estar en situación de riesgo y daño irreparable a sus derechos. Por su parte, la Corte Interamericana en 2021 comunicó a la OEA el desacato del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas a favor de la liberación de las personas presas políticas en el país. Esto ejemplifica que, desde los órganos del Sistema Interamericano se está haciendo uso de todas las herramientas convencionales disponibles para contribuir con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado.

Debemos recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua fue una instancia instalada mediante un acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG OEA), la CIDH y el gobierno de Nicaragua para investigar los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. El GIEI presentó su informe que daba cuenta de las graves violaciones ocurridas y que continuaron. Posteriormente, la CIDH instaló su Mecanismo Especial de Seguimiento también para Nicaragua (MESENI) para seguir monitoreando y visibilizando. Ahora Naciones Unidas ha resuelto establecer también tiene una propuesta de establecer un grupo de personas expertas para que investigue las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Recientemente, en una audiencia de la CIDH, expresó que ha intentado establecer un diálogo con el Estado pero no ha recibido respuesta alguna. ¿Cree que hay posibilidades de obtener una respuesta positiva del Estado en el corto plazo? ¿Qué resultados se puede esperar de este diálogo?

La Comisión Interamericana ha expresado permanentemente su disposición para colaborar técnicamente con el Estado para el restablecimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las recomendaciones. Desde nuestro rol, seguiremos insistiendo en que el diálogo nacional con los organismos que cumplen la función de defender y promover los derechos humanos, es una de las vías que debe asumirse en todo sistema democrático para la reparación, para la memoria, verdad y justicia.

Anteriormente, usted ha expresado que las personas presas políticas son prioridad para la Comisión. Desde su Relatoría:¿Visualizan avances que podrían resultar en la pronta liberación de las personas presas políticas? ¿Qué otros esfuerzos se prevén para exigir la liberación de estas personas?

Para la Comisión, las 171 personas presas políticas son prioridad y continuará trabajando por su liberación, así como para garantizar el debido proceso y el acceso a una defensa. Sin embargo, como lo mencioné con antelación, lamentamos la falta de voluntad del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas y liberarlas de inmediato. Por lo anterior, la Comisión seguirá haciendo uso de todos sus mecanismos para que las presas y los presos salgan en libertad y reciban justicia y reparación.

En mi calidad de relatora para Nicaragua, seguiré acompañando a las mujeres y hombres que hoy son presos y presas políticas, a través de sus familias, amigas y amigos, de sus abogadas y abogados.

Como Relatora de Pueblos Indígenas, ¿Cuál es su valoración de la reciente cancelación de la organización defensora de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes CEJUDHCAN? ¿Qué desafíos existen en relación a la obligación estatal de respetar la autodeterminación de estos pueblos en Nicaragua?

Sin lugar a dudas, el cierre de esta organización (CEJUDHCAN) tiene consecuencias graves para la protección de los derechos y territorios tradicionales de los pueblos  de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Al respecto, integrantes de diferentes comunidades han denunciado los graves efectos que el cierre de esta organización tiene para la protección de sus derechos, tierras y territorios tradicionales en un contexto de agresiones sistemáticas por parte de «colonos» (terceros invasores no indígenas). Vale recordar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales están estrechamente vinculados con sus tierras, territorios, recursos naturales, instituciones sociales, culturales y políticas propias, y su libre determinación.

En el informe sobre derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de la CIDH se hace referencia a que los distintos elementos constitutivos de la libre determinación como la participación política, consulta y consentimiento libre, previo e informado, forman parte de compromisos y obligaciones de los Estados en virtud de instrumentos internacionales. Este es uno de los desafíos que los Estados, entre ellos el de Nicaragua, tienen respecto a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes.

El pasado 7 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas afirmó que “los Pueblos Indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad”. Dados estos antecedentes: ¿De qué forma considera usted podría la CIDH articularse con el Sistema de Naciones Unidas para buscar una mejora en la situación de desprotección en que viven los pueblos indígenas?

Desde el inicio de la crisis, la CIDH trabaja de manera coordinada con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) para atender las graves violaciones de derechos humanos. El año pasado, ante la intensificación de la represión en el contexto de las elecciones, la CIDH anunció además que reforzaban este trabajo, así como la intención de establecer estrategias articuladas para brindar respuestas oportunas a la situación que se observa en el país […]

El pasado 23 de marzo, el ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega en contra de la ciudadanía nicaragüense: ¿Qué importancia  tiene esta denuncia para la CIDH? ¿Podría tomarse como una prueba más del deterioro de la situación de derechos humanos?

La CIDH considera que las declaraciones del Embajador Arturo McFields confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras […] Asimismo, demuestra la persistencia de un estado policial que, en coordinación con grupos del Gobierno, agrede, vigila, amenaza y hostiga a cualquier persona identificada como opositora, y ello para este caso, se plasma con la destitución de Arturo McFields como embajador de Nicaragua ante la OEA.

¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía nicaragüense, particularmente para las víctimas de la violencia estatal? ¿Qué llamado hace al Gobierno de Nicaragua? ¿Cuál es su mensaje a la comunidad internacional y otros Estados de la región frente a la profundización de la crisis?

A 4 años del inicio de la crisis de derechos humanos, la CIDH recuerda a las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que mantiene su compromiso permanente de seguir trabajando hasta lograr la justicia y reparación, la reconstrucción de la democracia y lograr que la reconciliación nacional llegue con memoria y verdad histórica. Desde nuestro rol, velaremos incansablemente por que la protección a la vida y la integridad física de cada una de las personas sea garantizada, asi como la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.