Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.