Washington D.C., 31 de diciembre de 2023.– A tan solo unas horas del cierre del año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza una alerta máxima a la comunidad internacional por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua. Raza e Igualdad llama a la condena internacional por la detención de al menos 14 religiosos en los últimos días de 2023, y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayores presiones que obliguen a que el régimen nicaragüense respete los derechos humanos y se les responsabilice por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción. Continuamos monitoreando y denunciando ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los crímenes cometidos; sin embargo, somos conscientes de que la gravedad de la situación excede nuestros esfuerzos. La comunidad internacional debe actuar urgentemente”, dijo Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de forma infundada, ha tildado a la Iglesia católica como “golpista” desde la participación de esta institución como mediadora de las negociaciones de la mesa de Diálogo Nacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis sociopolítica que inició en abril del año 2018. Los ataques hacia la Iglesia han ido adquiriendo mayores niveles de violencia e intentan instaurar el terror en los y las nicaragüenses que profesan su fe y escuchan a sus líderes religiosos.

En febrero de este año, el régimen excarceló, desterró a Estados Unidos y despojó de su nacionalidad nicaragüense a al menos 8 religiosos que mantenía privados de libertad por motivos políticos desde el año 2022; y envió a aislamiento en la cárcel “La Modelo” al Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión por los falsos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y despojado de su nacionalidad y derechos ciudadanos.

Asimismo, en 2023 el régimen cortó las relaciones diplomáticas con el Vaticano, “institucionalizó de facto” la prohibición de actividades religiosas, estableció vigilancia permanente en templos católicos, cerró y confiscó la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), encarceló y desterró al Vaticano a otros 12 sacerdotes,  y continuó su estrategia de “tierra arrasada” contra organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones religiosas. Se estima que al menos 76 monjas y 151 sacerdotes han sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

Los religiosos víctimas de esta redada de fin de año son el Obispo Isidoro Mora y los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios, de la Diócesis de Siuna; Monseñor Carlos Avilés, Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Mykel Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Héctor Treminio, de la Diócesis de Managua; Ervin López, Monseñor Jaime Ramos y Monseñor Marcos Díaz Prado, de Chinandega; Fernando Calero de Matagalpa; Monseñor Pablo Villafranca, de Masaya. Actualmente se desconoce el paradero de todos ellos, por lo cual están en una situación de desaparición forzosa.

Cabe destacar que el sacerdote Jader Guido y monseñor Óscar Escoto, de la Diócesis de Matagalpa, fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente liberados. Ambos se encuentran bajo una amenazante vigilancia policial y paramilitar.

“En este fin de año queremos expresar nuestra más enérgica condena, pero también nuestra solidaridad y nuestros deseos de esperanza y resiliencia al pueblo nicaragüense, particularmente a las familias de las víctimas de las detenciones arbitrarias y otros crímenes cometidos por la dictadura que permanecen en la impunidad. Reconocemos la labor de las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, todas aquellas que defienden la libertad religiosa, quienes son incansables en su quehacer. Este 2024 restablecer la democracia en Nicaragua debe ser una prioridad en nuestras agendas. ¡No nos olvidemos de Nicaragua!”, finalizó Christina Fetterhoff, Directora de Programa de Raza e Igualdad.