Bogotá, Colombia. Enero 29 de 2019 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa especial preocupación por la alarmante cifra de líderes y lideresas sociales populares asesinados en Colombia al cierre del primer mes del año; espacio de tiempo en el que se reportaron aproximadamente 14 homicidios de hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Rechazamos y condenamos enérgicamente la sistematicidad de los actos de violencia especialmente hacía la población afrodescendiente e indígena del país, pueblos históricamente marginados y violentados por lógicas estructurales de pobreza, desplazamiento forzado, in-acceso a servicios de salud, educación, empleo y garantías que de protección que aseguren la integridad de sus derechos fundamentales.

Urgimos al Estado y el pueblo colombiano a no pasar por alto el número de defensores y defensoras de derechos humanos afrocolombianos asesinados para el cierre del 2018, que según la cifra reportada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES asciende a 20 homicidios (17 hombres y 3 mujeres) de los 54 asesinatos de líderes y lideresas de pueblos étnicos.

Demandamos al Estado colombiano emprender todos los esfuerzos para garantizar la vida y protección de aquellos hombres y mujeres que dan la vida por el territorio.  Así mismo, le hacemos un especial llamado para que de manera diferenciada provea los mecanismos de protección necesario para los pueblos étnicos, especialmente reconociendo las afectaciones que padecen las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas directas del conflicto armado, quienes en gran desventaja frente al resto de la población, por no contar con las garantías de protección social, autonomías económicas y el reconocimiento de sus derechos, son doblemente vulneradas.  Exigimos justicia, verdad y garantías de NO impunidad por las vidas de las lideresas Maritza Ramírez Chaverra (Tumaco) , Maritza Quiróz Leiva (Magdalena) y María Ortega (Norte de Santander), las muertes de estas mujeres hoy víctimas de la cruenta situación de violencia en el país dejan no solo grandes vacíos familiares, sino un conjunto social afectado por sus ausencias, esto debido al temor generalizado que produce el continuar apostando por la lucha y defensa de los derechos humanos y del territorio.

Con extrema preocupación urgimos al gobierno nacional emprender todos los esfuerzos para garantizar la NO impunidad de los más de 500 homicidios a líderes y lideresas sociales que hoy enlutan al país.  Así mismo, resaltamos la necesidad de adoptar todas las medidas de protección para velar por la vida e integridad de las y los líderes que continúan en situación de riesgo, razón por la cual clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional y continuar monitoreando la grave y sistemática situación de violación a los derechos fundamentales de defensores y defensoras de derechos humanos.

Instamos al gobierno colombiano y a todos los grupos sociales involucrados con hacer posible la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio colombiano haciendo del diálogo la única vía legítima para una salida negociada y pacífica al conflicto armado aún latente en el país.