El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

Libertad con destierro: el caso de la activista cubana Aymara Nieto

Washington D.C., 11 de noviembre de 2025 – Hoy hace tres meses, Aymara Nieto Muñoz comenzó a reconstruir su vida en Santo Domingo, República Dominicana, donde reside desde el 11 de agosto de 2025, tras ser liberada y desterrada junto a su esposo, Ismael Boris, y dos de sus hijas. Luego de más de siete años privada de libertad por motivos políticos en Cuba, la activista de 49 años, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), intenta adaptarse a una nueva realidad lejos de la Isla.

“Nos han recibido muy bien en Santo Domingo. Estoy muy agradecida. Ya hicimos (Aymara y su familia) una serie de entrevistas para regularizar nuestra situación migratoria y poder trabajar. Mis hijas ya están en la escuela, gracias al apoyo de la Asociación Cubana en la República Dominicana, y del gobierno de este país”, cuenta Nieto, quien conserva el optimismo y la fe que la acompañaron durante los años más duros de su encierro. “Mi mayor tesoro en prisión fue una Biblia que me regaló mi hija mayor. Me dio fuerza para resistir”, confiesa.

Aymara fue detenida el 6 de mayo de 2018, cuando salía de su casa para participar en una manifestación pacífica de la campaña ‘Todos Marchamos’, que exigía la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Fue condenada por los supuestos delitos de atentado y daños a cuatro años de prisión, que comenzó a cumplir en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana.

Sin embargo, mientras cumplía esa condena, el régimen autoritario cubano volvió a procesarla, esta vez por presuntamente haber liderado un motín dentro de la prisión. El nuevo proceso terminó con una segunda sentencia de cinco años y cuatro meses, impuesta sin garantías judiciales ni derecho a una defensa efectiva. Así, Aymara pasó más de siete años consecutivos en prisión, entre castigos, traslados y condiciones degradantes.

Desde 2013, Aymara Nieto es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Raza e Igualdad hemos denunciado de forma sostenida las violaciones a sus derechos y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento. Su historia forma parte del informe ‘Voces en libertad: Mujeres presas políticas en Cuba’, de la campaña #CubanasLibresYa, y del documental ‘Dos Patrias’, producido junto a Producciones La Tiorba, que retrata la represión, el encarcelamiento y silenciamiento de tres activistas cubanos.

Desde su nuevo lugar de residencia, donde llegó sin poder despedirse de su hija mayor debido a que las autoridades le negaron la última visita, Aymara sueña con estudiar psicología. “Me gustaría ser psicóloga y ayudar a otras personas. También quiero que mis hijas sean mujeres de bien”, agrega. Aunque está lejos de la Isla, mantiene su compromiso con la lucha pacífica. “Me duele mucho la situación en mi país, pero seguiré trabajando y luchando por la libertad de Cuba, incluso en la distancia”, afirma. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebramos la libertad de Aymara Nieto y reconocemos su fortaleza y dignidad después de años de represión. Al mismo tiempo, condenamos su exilio forzado, una práctica sistemática del régimen cubano para castigar la disidencia y silenciar las voces que defienden los derechos humanos.

Exigimos al Estado cubano poner fin a estas prácticas violatorias del derecho internacional, y llamamos a los organismos internacionales y a los Estados democráticos a exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, incluyendo la libertad inmediata e incondicional de Sissi Abascal, Felix Navarro, Saylí Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora, Maykel Castillo, y todas las personas aún encarceladas por motivos políticos.



La equivocada política de seguridad pública en Brasil: El racismo sistémico detrás de la masacre más letal en la historia de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 29 de octubre de 2025.– La operación policial llevada a cabo el 28 de octubre de 2025 en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, con 64 personas oficialmente confirmadas muertas , se estableció como la más mortífera de la historia del Estado, superando en escala a la Masacre de Jacarezinho (2021), que resultó en 28 muertes y fue, hasta entonces, la acción más violenta en la capital. El número real de víctimas puede ser aún mayor, con informes de lugareños que recolectan alrededor de 60 cuerpos adicionales (en su mayoría de personas negras) que no se contabilizaron en el balance inicial.

Los expertos en seguridad pública ya clasifican el evento como «la masacre más grande en la historia de Río» y «algo completamente inédito», lo que pone de manifiesto el fracaso de un modelo de seguridad pública basado en la confrontación violenta. Este episodio es parte de un trágico patrón histórico de violencia letal en las operaciones policiales en Brasil, que incluye masacres como las de Vigário Geral (1993, con 21 muertes) y Baixada Fluminense (2005, con 29 muertes), que repiten ciclos de brutalidad e impunidad que victimizan principalmente a jóvenes negros y residentes de las periferias.

Río de Janeiro, en particular, ha sido escenario de operativos policiales diarios y el impacto en la ciudad llega a todas las personas, indiscriminadamente. Sin embargo, afecta mucho más a las personas que viven en las periferias, en su mayoría negros, mujeres y niños, que se ven obligadas a hacer frente a múltiples formas de violencia. El Estado no tiene un plan para combatir esta violencia; lo que se observa es que el propio Estado es uno de los principales protagonistas en la generación de violencia y muertes.

Brasil ha recibido con frecuencia visitas de expertos de la ONU y otros mecanismos multilaterales. Estos expertos han emitido informes y recomendaciones concretas, que indican formas de combatir la violencia y, al mismo tiempo, establecer políticas públicas estructurantes que, a mediano y largo plazo, puedan cambiar este escenario de guerra civil en curso.

El informe emitido por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para el Avance de la Igualdad Racial y la Justicia en la Aplicación de la Ley (EMLER), en octubre de 2024, destacó «la cultura policial y una política de seguridad pública basada en la represión, la violencia y la masculinidad hipertóxica”. “En el contexto de las operaciones policiales que buscan eliminar al enemigo público (los delincuentes), las personas de ascendencia africana a menudo se asocian injustamente con la delincuencia o como operaciones de daño colateral. El Mecanismo ha observado una erosión sintomática y generalizada y una profunda falta de confianza de las personas afrodescendientes en las fuerzas policiales, especialmente entre las comunidades marginadas, principalmente debido a la violencia policial histórica y actual, lo que crea una sensación de opresión sistémica agravada por la impunidad de larga data por estos actos» , señala el informe.

Los números de la operación en los complejos de Alemão y Penha Dejan em evidencia una política equivocada que, en los últimos 20 años, ha demostrado ser ineficiente en la lucha contra el crimen y ha generado cientos de muertes de forma indiscriminada. El mecanismo EMLER también considera que un enfoque policial basado en los derechos humanos debe ser parte de la estrategia para revertir estas brechas. Un enfoque policial basado en los derechos humanos es un enfoque integral, sistemático e institucional de la aplicación de la ley que se ajusta a las normas y prácticas internacionales de derechos humanos y que promueve el análisis de políticas y acciones a través de las obligaciones tripartitas de respetar, proteger y cumplir.

Otro punto destacado del informe es el hecho de que las cifras y las circunstancias en las que las personas son asesinadas por la policía en Brasil son alarmantes. En los últimos diez años, 54.175 personas han sido asesinadas por agentes de policía en el país, con más de 6.000 personas asesinadas cada año (17 por día) en los últimos seis años. Las muertes causadas por la policía aumentaron significativamente: de 2.212 en 2013 a 6.393 en 2023. Los datos más recientes representan el 13% del total de muertes violentas intencionales en el país. De las 6.393 personas asesinadas por la policía en 2023, el 99,3% eran hombres; el 6,7% eran niños entre 12 y 17 años; y el 65% eran adultos jóvenes: el 41% tenían entre 18 y 24 años y el 23,5% entre 25 y 29 años.

No hay forma de disociar este estado de violencia del racismo estructural y sistémico en Brasil. El uso excesivo de la fuerza, que provoca miles de muertes cada año, y el encarcelamiento excesivo, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes, son consecuencia del racismo sistémico que, combinado con las actuales políticas de «guerra contra el crimen», resulta en un proceso de limpieza social que sirve para exterminar a sectores de la sociedad considerados indeseables. peligroso y criminal. Este es un problema sistémico generalizado que requiere una respuesta sistémica e integral.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) repudia la operación realizada por el gobierno del Estado de Río de Janeiro el martes (28), que ha saldado, hasta el momento, con 64 muertes confirmadas, y refuerza que la lucha contra el crimen organizado debe ser repensada, ya que solo ha servido para generar pánico y diversas violaciones de derechos humanos en los territorios de las favelas, afectando fuertemente a las personas más vulnerables, que se encuentran como rehenes de esta política de seguridad equivocada.

MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Activistas afro denuncian el impacto del racismo en las mujeres afrodescendientes de la región

  • Cinco lideresas de América Latina y el Caribe, junto con el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, participaron el pasado 18 de septiembre en Bogotá en el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global.

Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En el marco de la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que reunió a más de 60 activistas afro de América Latina y el Caribe; el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El encuentro reunió a lideresas de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, así como las estrategias de resistencia y construcción comunitaria que han impulsado.

La presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la afrohondureña Mirtha Colón, destacó la importancia de fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones. La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la afroboliviana Paola Yañez, subrayó que “no se puede hablar de racismo sin hablar de sexismo, porque están muy entrelazados”. Por su parte, la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, llamó a impulsar una agenda afrodescendiente, afrocentrada, interseccional y decolonial.

La afrodominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA, denunció la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana, especialmente hacia las mujeres. Mientras tanto, la afrocolombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), señaló que el conflicto armado en Colombia ha agudizado la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, muchas de las cuales callan por miedo.

Luego de escuchar a las lideresas, el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, destacó la situación de las mujeres afro en América Latina, y retomó algunas de las recomendaciones planteadas por las activistas durante el conversatorio.

Este diálogo fue un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde las voces de mujeres afrodescendientes de la región y la diáspora visibilizaron cómo el racismo y el sexismo impactan sus vidas, y reafirmaron su papel central en la defensa de derechos y en la transformación social. También sirvió como una antesala para las activistas, quienes igualmente participaron en la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que se realizó el pasado 19 de septiembre en la Cancillería colombiana, y donde resaltaron la necesidad de visualizar la realidad de las mujeres afrodescendientes dentro del proyecto de borrador de la declaración, que se encuentra en construcción parte de las personas integrantes del Foro.

Desde Raza e Igualdad seguimos impulsando iniciativas y espacios que hagan posible este tipo de encuentros, con el fin de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas afrodescendientes en la región, y de contribuir a un mundo donde se respete la dignidad de todas las personas, y cada quien pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

SOS por Buenaventura: Que el terror no sea la norma ¡Protección y justicia para su población!

Bogotá, 25 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lamenta y condena el homicidio del joven Alan Josué Valencia Cuero, ocurrido el 11 de septiembre de 2025 en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Al mismo tiempo, expresa su máxima preocupación y llama la atención de las autoridades sobre la ola de violencia que prevalece en el Pacífico colombiano y que golpea con mayor crudeza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes ven vulnerados sus sueños y su derecho a crecer en paz y a construir un futuro digno.

Alan Josué, quien tenía apenas 17 años, era estudiante de la Universidad del Pacífico y líder del Consejo Comunitario de Bahía de Málaga. Murió tras recibir dos disparos desde un automóvil desconocido, hecho que refleja cómo la violencia letal e impune se ha vuelto parte del día a día en esta región fuertemente impactada por la operación de grupos armados ilegales.

Según reportes de medios y autoridades, durante agosto de 2025, diversas comunas, especialmente la 9, 10 y 12, reportaron la imposición de un “toque de queda” por parte de grupos armados, y en lo que va del 2025, se han registrado más 100 homicidios en Buenaventura, de acuerdo con la Personería del distrito especial.

La violencia ha escalado a tal punto, que las universidades más representativas del Distrito anunciaron medidas temporales para proteger a sus estudiantes y personal académico en la semana del 22 al 27 de septiembre. La Universidad del Pacífico decidió que todas las jornadas académicas se realizarán de manera virtual, mientras que la Universidad del Valle suspendió sus clases presenciales de jornada nocturna.

No podemos perder de vista que estas violencias se ven exacerbadas y perpetuadas por las dinámicas del racismo sistémico y estructural que permean los territorios de las comunidades afrodescendientes en Colombia, como lo es el Pacífico colombiano.

En Buenaventura particularmente, miles de niños, niñas y adolescentes crecen en medio de escenarios marcados por el miedo, el reclutamiento forzado, las desapariciones, los homicidios y múltiples formas de violencia que ponen en riesgo su integridad y su vida. Como consecuencia de estas circunstancias, se ven afectados en su desarrollo integral, en su derecho a la educación y al juego, así como en la posibilidad de vivir con su familia y comunidad en condiciones de seguridad y bienestar. Esta situación constituye una grave violación de los derechos humanos y de los estándares internacionales de protección a la infancia, tal como lo consagran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad ineludible de revertir estas dinámicas, garantizando condiciones para que la niñez y la juventud afrodescendiente puedan vivir libres de violencia, desarrollar su potencial y ejercer plenamente sus derechos. Ello implica:

  1. Investigar de manera diligente y sancionar a los responsables del homicidio de Alan Valencia, enviando un mensaje claro contra la impunidad.
  2. Adoptar medidas urgentes de protección específicas para niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, con un enfoque diferencial étnico y territorial.
  3. Implementar integralmente los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que incluyen medidas estructurales para transformar las causas históricas de exclusión, pobreza, racismo y violencia.
  4. Fortalecer políticas públicas con enfoque étnico-racial y de juventudes, que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes como sujetos de derechos y protagonistas de la construcción de paz.

Cada vida perdida en Buenaventura es un recordatorio de que la violencia arranca proyectos individuales y también la esperanza colectiva de comunidades enteras. Hoy, la memoria de Alan nos convoca a exigir al Estado colombiano que actúe con responsabilidad, y con la firme decisión de desmantelar las estructuras de racismo sistémico que sostienen la violencia en Buenaventura y en todo territorio colombiano.

Como sociedad, no podemos aceptar que crecer en medio del miedo y la violencia sea el destino de niñas y niños afrodescendientes, cuando lo que merecen es un futuro de dignidad, educación, juego y paz. Que el terror no sea la norma ¡Protección y justicia para su población!

 

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



Raza e Igualdad realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela Kátia Tapety

Bogotá, 16 de septiembre de 2025 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asocio con el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la Fundación Somos Identidad, realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, que tendrán lugar el 23 de septiembre en Cali y el 26 en Bogotá.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety es un proyecto del Instituto creado en Brasil en 2022, con el propósito de capacitar a mujeres LBTI, negras e indígenas para que puedan participar de manera plena en espacios de poder y toma de decisiones. Desde su creación, más de 60 lideresas en Brasil han participado en estas jornadas de capacitación.

El programa lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera travesti elegida por voto directo en Brasil en 1992, cuyo legado político constituye un referente en Latinoamérica para la defensa de los derechos humanos y la ampliación de la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas.

Durante los encuentros que se llevarán a cabo en Colombia, se desarrollarán sesiones sobre los siguientes temas:

  • Conceptos y alcances de la participación política.
  • Manifestaciones y consecuencias de la violencia política.
  • Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
  • Intercambio de experiencias y aprendizajes de la Escuela en Brasil.

Si eres una persona LBTI, negra o indígena y quieres participar en este espacio, inscríbete en el siguiente enlace. Los cupos son limitados: https://forms.cloud.microsoft/r/sckf9qMPXt

La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



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