República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

  • Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
  • Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
  • Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
  • Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
  • Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
  • Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
  • Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
  • Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
  • Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
  • Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
  • Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
  • Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

 

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba sostuvieron reuniones estratégicas en Washington D.C. para desarrollar acciones para combatir el racismo

Washington D.C., 5 de diciembre 2023.- Los días 14 y 15 de noviembre, activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba estuvieron en Washington D.C. sosteniendo reuniones estratégicas para reconocer avances en el combate al racismo y la discriminación racial, y hacer recomendaciones para desarrollar acciones más efectivas en dicha materia.

La delegación entabló conversaciones con la Open Society Foundation sobre colaboraciones conjuntas y oportunidades de financiación. Además, mantuvieron una reunión separada con el sector específico del Departamento de Estado sobre libertad religiosa, abordando recomendaciones sobre cómo invertir en la formación política de líderes de religiones de origen africano. Destacaron la necesidad de reforzar estas recomendaciones en la Acción conjunta para eliminar la discriminación racial y étnica (JAPER, por sus siglas en inglés) y el Plan de acción EE.UU.-Colombia para la igualdad racial y étnica (CAPREE, por sus siglas en inglés). Esto incluye garantizar la expansión de proyectos de investigación liderados por universidades de ambos países, con el fin de recopilar e interpretar datos sobre el racismo religioso en Brasil y otras partes de la región, en aras de mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante su visita, la delegación también se reunió con el Director de DRL y la Representante Especial para Equidad Racial y Justicia en el Departamento de Estado, enfocándose en recomendaciones para la efectividad de JAPER y CAPREE, y su papel potencial en la lucha contra el racismo religioso en las Américas. Las discusiones posteriores en la embajada de Brasil se centraron en el racismo religioso, los ataques a líderes religiosos y practicantes de terreiro y la pérdida de la custodia de los hijos por parte de madres que practican religiones africanas, junto con recomendaciones para JAPER e iniciativas regionales contra la discriminación racial.

En el Congreso, la delegación profundizó en las transformaciones que ocurren en Colombia y Brasil, destacando el compromiso de abordar la discriminación racial a través de JAPER y CAPREE. También abordaron los persistentes ataques a líderes y templos de religiones de origen africano. La visita culminó con una mesa redonda con la sociedad civil americana que destacó aspectos críticos del abordaje del racismo religioso, el impacto de la defensa internacional, la educación antirracista, el genocidio de la población negra y el papel influyente del arte en estas conversaciones vitales.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia unen esfuerzos para promover la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo

Colombia 15 de noviembre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un desayuno de socialización para discutir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana y la Vicepresidencia de la República. Durante la actividad la Comisión Legal Afrocolombiana se comprometió a agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la ratificación de la Convención en el país; por su parte Raza e Igualdad se comprometió a brindar asistencia técnica para promover la ratificación del instrumento internacional por parte del Estado colombiano.

Durante el espacio de discusión se abordó el contexto político actual de Colombia, destacando especialmente la representatividad significativa de personas afrodescendientes en el Congreso de la República. Además, se mencionó el hito histórico de tener a la primera vicepresidenta afrodescendiente en el país; lo cual subraya la necesidad de adquirir consensos relacionados con la adopción de instrumentos normativos para erradicar la discriminación racial y todas las formas de intolerancia.

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo sobre la presencia del racismo en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el Congreso de la República y las comunidades racializadas. Se hizo hincapié en la necesidad de emprender esfuerzos que conduzcan a la erradicación del racismo sistémico y estructural.

Dentro de los puntos identificados para promover la ratificación e implementación de la CIRDI, se destaca la necesidad de que la Comisión Legal Afrocolombiana se una para impulsar conjuntamente esta iniciativa. Es importante invitar a todos los actores competentes en la materia, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a participar en la discusión.

El espacio contó con la participación de Cristóbal Caicedo Ángulo, presidente de la Comisión Legal Afro, James Hermenegildo Mosquera Torres, representante a la Cámara Chocó-Antioquia, Dorina Hernández Palomino, representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, representante a la cámara por el departamento de Nariño, etc.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la «Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026»[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; «Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional», realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 2 de octubre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza el asesinato de Mariana Hurtado, una niña afrodescendiente de 3 años, durante un tiroteo que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, en el departamento Valle del Cauca.[1]

Durante una entrevista en la emisora W Radio, José Hurtado, padre de Mariana, relató que se dirigía a su casa cuando la Policía estaba llevando a cabo un procedimiento en una vivienda cercana y comenzaron a disparar. Según su relato, en ese momento salió la madre de Mariana con ella para enseñarle a montar bicicleta y una bala atravesó la mano de la madre e impactó a Mariana, causándole la muerte. El padre también asegura que fueron los integrantes de la Policía quienes accionaron las armas y provocaron el cruce de disparos.[2]

Es importante que el Estado reconozca que la violencia policial afecta de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y a las comunidades donde residen principalmente estas personas. Esto se manifiesta en prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden, la falta de consideración de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública, el perfilamiento racial y la discriminación racial por parte de los miembros de la Policía del Estado

Desde Raza e Igualdad, instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con una debida diligencia de las investigaciones. Es fundamental que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990 [3]. Así mismo, los estándares internacionales contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, como lo son las resoluciones 43/1 y 47/21 de las Naciones Unidas.

Urgimos al Estado a desarrollar una reforma policial integral, que tenga en cuenta las afectaciones e impactos diferenciales que la violencia policial genera en las personas afrodescendientes; incorpore estándares internacionales en su diseño e implementación; y establezca medidas para reducir la impunidad estructural en los casos de violencia policial racista en Colombia.

 

 

[1] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[2] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

Día Internacional de los Afrodescendientes: Camino hacia la reparación de las víctimas de racismo en la región

Washington D.C., 31 de agosto de 2023.- En América Latina y el Caribe, región en la que una de cada cuatro personas se identifica como afrodescendiente, el racismo estructural y la discriminación racial se reflejan en el acceso desigual a educación de calidad, el desempleo y la mayor incidencia de la pobreza. Así, según el informe Afrodescendientes en Latinoamérica, las personas afrodescendientes latinoamericanas tienen 2,5 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza crónica.

En el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso de garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, como lo plantean la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y el Plan del Decenio de las Personas Afrodescendientes en las Américas (2016-2025). 

Nuestro trabajo en la región

Raza e Igualdad trabaja con contrapartes de Latinoamérica y el Caribe para impulsar procesos de documentación, denuncia e incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, incluyendo espacios recientemente creados, como el Foro Permanente de los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés). Asimismo, la organización es reconocida por aportar a nuestras contrapartes para incidir en eventos de alto nivel como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo ello para respaldar su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad, y promover la reparación integral de las víctimas. 

En Brasil, donde el 56% de la población se declara afrodescendiente, Raza e Igualdad trabaja con organizaciones de la sociedad civil brasileña desde una perspectiva interseccional, entendiendo que la problemática racial está atravesada por la vulnerabilidad de género, territorial, económica y social. 

Con su proyecto de justicia racial, Raza e Igualdad y su contraparte Selo Juristas Negras trabajan en la búsqueda de justicia para mujeres, particularmente mujeres negras en situación de privación de libertad, adoptando medidas para su salida de los centros de detención y su posterior reinserción social, familiar y profesional. En este sentido, durante nuestra gira de incidencia de este año en Washington D.C., concertamos reuniones de Selo Juristas Negras con congresistas afro-estadounidenses del Congressional Black Caucus (caucus o bancada de congresistas negros).

En Colombia, 599,580 mujeres negras han sufrido las consecuencias del conflicto armado, siendo el grupo poblacional más afectado. Actualmente, estas mujeres se encuentran agrupadas en la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “La COMADRE” y Raza e Igualdad las acompaña en acciones de litigio internacional para el proceso de su reconocimiento como sujetas de reparación colectiva étnica y su respectiva reparación como víctimas del conflicto armado. 

Este es un proceso largo que inició en 2014 y sigue sin resolverse, por tanto, Raza e Igualdad ha realizado acciones de incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que resultaron en medidas cautelares para garantizar la protección a la vida e integridad personal de dos integrantes de La COMADRE. Asimismo, hemos realizado acciones de incidencia internacional, mediante la participación de una lideresa de La COMADRE en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes; y acciones de investigación y documentación de violaciones a los derechos de las mujeres afrocolombianas que evidencian un patrón de afectaciones sistemáticas a sus derechos. 

En México, donde la población afrodescendiente es la segunda que enfrenta más actos de discriminación basada en ciertas condiciones o características de la diversidad humana, Raza e Igualdad impulsó la “Estrategia de desarrollo de capacidades para la campaña Censo México 2020”, que generó un proyecto mediático de alcance nacional enfocado en fortalecer la autoidentificación afrodescendiente con los etnónimos incluidos en el Censo 2020 y dio como resultado que más de 2.5 millones de personas se autorreconocieran como afrodescendientes.

Por otro lado, en el año 2018 y 2019 acompañamos a activistas afromexicanas en la primera y segunda audiencia temática sobre la población afrodescendiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Estos espacios han sido clave para manifestar que el Estado mexicano debe “redoblar los esfuerzos y garantizar a las personas afrodescendientes el pleno acceso a la protección y recursos efectivos en los tribunales nacionales e instituciones del Estado contra cualquier acto de discriminación y racismo, y adopte todas las medidas legales y efectivas para su combate”, según la activista Gina Diédhiuo de la organización Afrodescendencias.

En Cuba, Raza e Igualdad capacita a activistas afrodescendientes de organizaciones de la sociedad civil independiente de la Isla. A través de diversas jornadas de formación, impulsamos estrategias para que las personas afrocubanas visibilicen el racismo, la discriminacion racial que enfrentan, y las  obligaciones que ha asumido el Estado cubano en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

En Uruguay, apoyamos a organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente en la elaboración de informes alternativos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Estos documentos abordan las desigualdades étnico-raciales, las barreras para el acceso a la justicia de los casos de discriminación racial, la penalización del racismo religioso, la preocupación ante el importante porcentaje de población afrodescendiente privada de libertad, y la exigencia de reparación integral ante los desplazamientos forzados que sufrió la comunidad afro en tiempos de terrorismo de Estado.

También hemos impulsado la participación de organizaciones afrouruguayas en el último periodo de sesiones del CERD, donde el Estado de Uruguay fue examinado a principios de agosto. En aquel momento, Raza e Igualdad apoyó a integrantes de la Organización Social Salvador para sostener encuentros de trabajo y diálogo con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con miembros del Comité CERD en Ginebra.

En República Dominicana el Estado ha aprobado leyes que avalan la deportación arbitraria y otras violaciones a los derechos de las poblaciones de migrantes haitianos y dominico-haitianos. Raza e Igualdad trabaja con el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) brindando apoyo técnico para promover la justicia racial mediante capacitaciones, documentación y fortalecimiento del trabajo de litigio racial de una red de personas abogadas. 

Este año, asistimos a MOSCTHA para su participación activa en el Foro Permanente de Afrodescendientes y en una gira de incidencia en Washington D.C., logrando visitas al congreso de Estados Unidos. Para María Martínez, abogada de MOSCTHA, también es importante destacar que, gracias al trabajo conjunto “formamos parte de UNAR -que trabaja la justicia racial- y RegionaR, dos coaliciones formadas para promover la reparación de las personas afrodescendientes víctimas de trata transatlántica y discriminación estructural” 

Nuestra campaña hacia una región libre de racismo

Desde el año 2021, con la campaña “CIRDI 2024, Hacía una región libre de discriminación racial”, Raza e Igualdad adoptó el compromiso regional de impulsar en mayor escala la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, capacitamos a organizaciones locales para superar los desafíos particulares que se interponen en la ratificación y la implementación total de la CIRDI, como las brechas en los recursos, la falta de capacidad humana y de experiencia técnica.

Asimismo, este año celebramos el décimo aniversario de la CIRDI con representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, personas expertas y liderazgos afrodescendientes, indígenas y LGBTI+ de la región, en un evento paralelo a la Asamblea General de la OEA; e impartimos diversos talleres, como el webinar “Herramientas claves para monitorear la implementación de una Convención Interamericana”, en la cual participaron personas especialistas del derecho internacional de los derechos humanos de Brasil y México, en compañía de Paul Spencer quien se desempeña como Asesor Senior de los Asuntos del Caribe de la CIDH. 

Estas acciones, sumadas a las acciones de incidencia de nuestras contrapartes, han generado que más de tres países de la región se encuentren discutiendo fuertemente la ratificación de este importante instrumento.

Pronunciamiento

Este 31 de agosto, desde Raza e Igualdad instamos a los Estados a adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Es imperativo que los Estados de las Américas firmen, ratifiquen e implementen la CIRDI, como muestra de un verdadero compromiso para enfrentar estos flagelos.  

Finalmente, con miras a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre, Raza e Igualdad llama urgentemente a la proclamación del segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes para el período 2025-2034, que contribuirá a adoptar nuevas medidas para combatir la discriminación estructural y las desigualdades históricas que ha enfrentado esta población, para así lograr el pleno reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las personas afrodescendientes en todo el mundo. Igualmente, por una activa y efectiva participación de estos ante el Foro Permanente de los Afrodescendientes (PFPAD).

25J: Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en los espacios para la protección y defensa de los derechos de la población afrodescendiente

Washington D.C., 25 de julio de 2023.– La creación de nuevos mecanismos internacionales para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, marca una oportunidad clave e histórica para superar el racismo y la discriminación que enfrenta esta población. Por ello, este Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos un llamado para que en estos espacios se tengan en cuenta las perspectivas de género e interseccional, de tal forma que estas marquen el trabajo de vigilancia de la situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Del 25 de julio y la lucha por la justicia racial

El 25 de julio fue establecido como Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se celebró un día como hoy, pero de 1992, en Santo Domingo (República Dominicana), en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

En nuestra línea de trabajo sobre igualdad racial, hemos venido incorporando los enfoques de género e interseccional en todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación), pues consideramos que a través de esas perspectivas se pueden garantizar la inclusión de las mujeres y todas aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Asimismo, ante la creación de mecanismos internacionales sobre población afrodescendiente, hemos apoyado la participación de mujeres afrodescendientes en nuevos espacios como el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés) y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés), así como en otros de vieja data como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Mujeres afrodescendientes marcando agenda en nuevos mecanismos

En la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York, organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana conformaron una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina. Con el apoyo de Raza e Igualdad y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), dicha delegación también planteó la necesidad de construir agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres en la región.

“Lo importante de estar presente en este espacio fue que pude llevar las voces de varias mujeres silenciadas. Grada Kilomba, artista, escritora e intelectual negra, dice que el hombre blanco está en la cima de la pirámide social, luego viene la mujer blanca, luego el hombre negro, y la mujer negra es invisible en la base de la pirámide. Y queremos cambiar eso”, asegura Monique Damas, abogada y Directora Ejecutiva del Selo Juristas Negras, una de las organizaciones que conformó la delegación.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y quien también fue parte de la Delegación de Justicia Racial ante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, valora que garantizar la perspectiva de género en estos espacios es esencial debido a la persistencia de acciones de racismo y discriminación encaminadas a dañar su integridad no solo por ser mujeres, sino por ser también mujeres afrodescendientes.

“Somos nosotras las que sufrimos el impacto desproporcionado del conflicto armado, cuando nuestros cuerpos siguen siendo abusados sexualmente como estrategias para el destierro y desarraigo de nuestros territorios, cuando no podemos acceder a educación, empleo, vivienda digna, salud, etc.”, dice.

Respecto a qué se espera con la participación de las mujeres afrodescendientes en estos nuevos mecanismos, así como en otros que ya llevan varias décadas en funcionamiento como el CERD y el Comité CEDAW, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), asegura: “Sociedades más justas, igualitarias y equitativas, garantizar la autonomía de las mujeres afrodescendientes; asimismo, aumentar las capacidades de las jóvenes afrodescendientes y brindarles  las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial”.

“Esperamos que desde nuestros estados puedan generarse acciones afirmativas y políticas públicas con presupuestos que garanticen acortar las brechas de desigualdad que enfrentamos no solo por nuestra condición de género sino también por nuestra pertenencia étnica”, añade Ramírez. Cabe destacar que durante la revisión del Comité CEDAW a Perú en 2022, se contó por primera vez con la participación de activistas afroperuanas, por medio de CEDEMUNEP con el apoyo de Raza e Igualdad.

Desde Cuba, Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), destaca el enfoque de género y la interseccionalidad como herramientas clave en espacios sobre población afrodescendiente. “Porque son espacios necesarios para que estas poblaciones expliquen o narren las realidades que viven desde todas las intersecciones que atraviesan en su día a día en sus barrios o comunidades”, afirma.

“Además estos espacios pueden ser escenarios muy positivos para que las mujeres podamos articularnos, desarrollarnos y participar de la vida política y pública de un país”, agrega.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo la participación de las mujeres afrodescendientes en los mecanismos regionales e internacionales existentes para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Es fundamental que las perspectivas de género e interseccional sean tomadas en cuenta en la recolección de datos, análisis de situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

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