Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

República Dominicana: Raza e Igualdad apoya participación de sociedad civil en la visita del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas

Washington DC, 14 de agosto, 2024.– Tras la visita a República Dominicana del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas—realizada del 22 al 31 de julio de 2024—, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red Jacques Viau y la Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) se mostraron satisfechas por la invitación y apertura del Gobierno, así como por su participación en la jornada pues pudieron compartir información sobre la situación de las niñas y mujeres diversas en el país y plantear recomendaciones al Estado.

Cabe destacar que se trató de la primera visita oficial de este Grupo de Trabajo a República Dominicana, cuya delegación incluyó a Dorothy Estrada Tanck y Claudia Flores, Presidenta y Miembra, respectivamente. La delegación estuvo en Santo Domingo, Dajabón, Boca Chica y Verón, donde se reunieron con autoridades nacionales y locales, mujeres y niñas, organizaciones de la sociedad civil, entidades de la ONU y otras partes interesadas.

Raza e Igualdad tuvo la oportunidad de apoyar a contrapartes locales para garantizar su participación y la de mujeres y niñas de comunidades empobrecidas. La Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) tuvo una activa participación a lo largo de esta visita, donde sus organizaciones parte presentaron un informe que evidenció las necesidades de cada una de las poblaciones que representan.

Esta visita fue de gran importancia para mujeres y niñas migrantes, dominicanas de ascendencia haitiana, mujeres con discapacidad y personas LGBTIQ+. Las mismas expusieron situaciones vividas que fueron incluidas en el documento preliminar enviado a las expertas previo a esta visita, el cual también contiene recomendaciones concretas al Estado para fortalecer los derechos humanos en el país, y  consolidar acciones que garanticen el acceso igualitario a educación, empleo digno y a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad por su origen socioeconómico, raza o etnia, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorios.

En un comunicado oficial, el Grupo de Trabajo destacó los esfuerzos del Estado en la creación de una arquitectura normativa e institucional en materia de igualdad de género. A la vez, externó su preocupación por los niveles alarmantes de violencia contra las mujeres y niñas, el estado de pobreza, el desarrollo socioeconómico desigual, los estereotipos de género arraigados en la vida familiar, y los vacíos jurídicos en los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, destacó “las normas culturales refuerzan roles de género discriminatorios que limitan las oportunidades de las mujeres y las niñas en todos los sectores.”

Raza e Igualdad y sus contrapartes locales monitorearán el informe final que presentará este Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025, con el fin de dar seguimiento oportuno a sus recomendaciones al Gobierno, pues reconocemos que este es un paso determinante para avanzar a favor de los derechos de todas las mujeres y niñas en República Dominicana. Al mismo tiempo, invitamos al Gobierno a mantener una comunicación fluida con este y otros mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos para la promoción y protección de los derechos de todas las personas.

Recomendación General No. 5 del MESECVI: Un nuevo frente de lucha contra la violencia de género hacia mujeres afrodescendientes en las Américas

Washington DC, 25 de julio de 2024.– Este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a los esfuerzos para apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes, reconociendo que se trata de un marco de acción novedoso e integral para la protección de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes de las Américas ante dicho flagelo.

Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente basándose en los enfoques étnico-racial y de género, celebramos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cuente con esta recomendación general que brinda una guía amplia y clara tanto para los Estados como para la sociedad civil en materia de prevención y atención de la violencia de género contra mujeres afrodescendientes.

Antecedentes

En el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2026, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) encomendó al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) incluir el enfoque afrodescendiente en la agenda de prevención de la violencia contra las mujeres como parte del objetivo de promover el acceso a la justicia de la población afrodescendiente del hemisferio.

A su vez, el MESECVI es un sistema de evaluación y seguimiento creado para asegurar la implementación efectiva de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará y que fue adoptada en 1994, siendo uno de los instrumentos jurídicos más importantes en la lucha contra la violencia de género en América Latina y el Caribe.

El MESECVI preparó esta recomendación general en alianza estratégica con la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (UNFPA), de acuerdo con la coordinadora general de la RMAAD, Paola Yáñez, quien considera que este documento es un hito histórico, al mismo tiempo que reconoce que su difusión e implementación a nivel de países representa una tarea desafiante.

Racismo e interseccionalidad, dos puntos clave

La Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes se aprobó el 28 de abril y se presentó el 12 de junio en la IX Conferencia de Estados Parte del MESECVI, celebrada en Santiago de Chile.

Esta recomendación destaca porque hace un reconocimiento del racismo como un factor que profundiza y perpetúa las violencias que enfrentan las mujeres afrodescendientes, además que tiene una perspectiva interseccional que permite visibilizar la problemática y proponer respuestas teniendo en cuenta la diversidad de mujeres afrodescendientes y los diferentes tipos de violencia que sufren.

“Esta recomendación reconoce que el racismo es un determinante para que las mujeres enfrenten violencia. A lo largo de su vida, las mujeres afrodescendientes están más expuestas que otros grupos de mujeres a múltiples formas de violencia, incluyendo la violencia simbólica, derivada de los estereotipos negativos asociados a la racialización de sus cuerpos, color de piel, cabello, sexualidad, cultura y religión”, destacó Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), durante su participación en el Foro Interamericano contra la Discriminación, realizado por Raza e Igualdad en el marco de la 54 Asamblea General de la OEA.

En el apartado sobre interseccionalidad, la recomendación se refiere a mujeres afrodescendientes con diversidad sexual, que viven con algún tipo de discapacidad, migrantes o en situación de movilidad humana, privadas de libertad y bajo conflictos armados.

Sobre las recomendaciones

Las recomendaciones planteadas en el documento se dirigen en su mayoría a los Estados, pues reconoce que son estos los responsables de adoptar e implementar acciones para transformar el sistema patriarcal que legitima y tolera las violencias contra las mujeres. Otra particularidad es que propone la implementación de medidas diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres afrodescendientes, incluyendo políticas públicas que respondan a sus necesidades particulares y que enfrenten directamente los estereotipos étnico-raciales.

En términos de prevención y atención de la violencia basada en género, las recomendaciones van desde la elaboración de programas de sensibilización en enfoque étnico-racial y de género hasta registrar datos estadísticos y administrativos de casos de violencia contra mujeres afrodescendientes en forma desagregada.

En las recomendaciones también se ve reflejada la importancia de prevenir y atender la problemática desde los sistemas educativos, con medidas como: preparar estudios sobre discriminación y el impacto de los estereotipos étnico-raciales y de género que viven las niñas, adolescentes y mujeres afro en todo el sistema educativo, establecer protocolos para el manejo de casos de violencia de género contra niñas y adolescentes en centros educativos, diseñar y ejecutar periódicamente programas de educación con enfoque étnico-racial y de género y derechos humanos dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del sistema educativo, e impulsar reformas curriculares de programas, contenidos y textos educativos asegurando la recuperación e inclusión histórica de la cultura y las contribuciones a las sociedades actuales de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de las mujeres.

De la presentación, a la difusión e implementación

Para la sociedad civil, la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes representa una nueva herramienta de incidencia para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes en la región, por eso celebramos su aprobación.

Raza e Igualdad asume el compromiso de apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación No. 5 del MESECVI, con miras a contribuir a la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en las Américas. Hacemos un llamado a los Estados a tomar acciones junto a la sociedad civil para hacer posible cada una de las medidas planteadas en este documento.

Accede, descarga y comparte el documento completo, AQUÍ.

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Colombia: Raza e Igualdad promueve inclusión de las juventudes en el movimiento negro del país

Bogotá, 29 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó el conversatorio «La Vocería: El Rol de los Procesos Juveniles en el Fortalecimiento del Movimiento Negro en Colombia«, que reunió a jóvenes de diversas organizaciones afrocolombianas para discutir su papel en la construcción y fortalecimiento del movimiento negro en Colombia.

Jóvenes integrantes de proyectos como CAPREE, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); del Semillero Afrodes Cali y de la Fundación Somos Identidad participaron activamente en la discusión. Las y los participantes destacaron la importancia de su vocería para la construcción de un futuro más inclusivo y representativo, permitiendo identificar nuevas narrativas que promuevan la integración de las juventudes en el movimiento negro de Colombia.

El primer momento clave del conversatorio se centró en el tema “Acciones Sostenibles para la Inclusión de la Juventud Afrocolombiana en Políticas Públicas y Programas Étnicos”. En este espacio, se compartieron experiencias y desafíos enfrentados por las juventudes afro en relación con las políticas públicas y los programas étnicos en Colombia.

En ese sentido, enfatizaron la necesidad de trabajar con quienes han allanado el camino dentro de las organizaciones y fortalecer las capacidades juveniles para superar las barreras de financiación de proyectos.

Alejandrina Falquez Sinisterra, de la Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana Mali Ya Weusi, subrayó: «Como jóvenes hemos tenido algunos desafíos para avanzar en términos organizacionales, puede que lleguen esos proyectos. pero si no tenemos las capacidades, es complejo».

En el segundo momento clave el tema central fue “Aportes y Desafíos de la Juventud Afrocolombiana en los Procesos Organizativos del Movimiento Negro”, donde las y los asistentes compartieron sus experiencias y estrategias para superar obstáculos, destacando la importancia de su participación activa y proactiva en la organización y liderazgo del movimiento.

El evento concluyó con una vibrante presentación de bullerengue afrotravesti a cargo de la Morena del Chicamocha, un acto que simbolizó la diversidad y riqueza cultural de las comunidades afrocolombianas. Este cierre no solo celebró la herencia cultural, sino que también reforzó el mensaje central del conversatorio: la importancia de escuchar y elevar las voces juveniles para impulsar un cambio significativo en el movimiento negro en Colombia.

El conversatorio «La Vocería» fue un espacio poderoso y necesario que permitió a las juventudes afrocolombianas compartir sus experiencias, desafíos y aspiraciones. A través de su vocería, se busca construir un movimiento negro más inclusivo y fortalecido, en el que las juventudes no solo sean partícipes, sino líderes activos en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en Colombia. Este evento marcó un paso significativo hacia la integración de nuevas voces y la creación de políticas y programas más representativos y equitativos para la juventud afrocolombiana.

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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 300 organizaciones de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. Las organizaciones afrocolombianas que hacen parte de la C.N.O.A., están conformadas por mujeres, jóvenes, comunidad LGBT-Afro, personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios, organizaciones urbanas y rurales.

Somos Identidad es una organización de base comunitaria negra cuyo propósito es generar liderazgo y dinamizar acciones, procesos y estrategias que, desde el ámbito educativo, cultural, social, comunitario, político, étnico, económico e ideológico, mejoren las condiciones de vida de la población afrodescendiente, negra, palenquera y/o raizal con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Valle del Cauca.

La Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana «Mali Ya Weusi», como proyecto del colectivo Semillero Afrodes Cali, se dedica al fortalecimiento de la identidad étnica, cultural y ancestral de la población negra y afrocolombiana, con un enfoque especial en jóvenes víctimas del conflicto armado que han sido desplazados de sus territorios. A través de una educación étnoeducativa y afrocentrada, nuestra misión es rescatar y revitalizar las tradiciones ancestrales, fomentar el orgullo étnico y cultural, y brindar herramientas para la autoafirmación y el empoderamiento de nuestras comunidades.

Colombia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a petición en el caso Bernardo Cuero Bravo

Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

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AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan. 

 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

Programa de pasantías en el marco del proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC lleva más de 42 años trabajando bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía y siendo el actor principal del movimiento indígena para la defensa y protección de los derechos étnicos, colectivos y culturales de los pueblos indígenas y para la democratización de la sociedad, logrando con su lucha que hoy la Constitución Política de Colombia, reconozca el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación y la garantía de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

Teniendo en cuenta que el X Congreso ratificó integralmente la Ley de Gobierno Propio, mandato de las autoridades que apropia como pilar fundamental que la “ONIC sea como el Sol que brilla para todos”, refrendando su calidad de Autoridad política de los Pueblos Indígenas y su rol en clave del movimiento indígena liderando de la mano de las otras organizaciones afiliadas, a través de una mayor articulación con las organizaciones de base y el fortalecimiento de su eficacia, eficiencia y la sostenibilidad, vista desde y hacia los territorios.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2014 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, estado socioeconómico o discapacidad. Raza e Igualdad tiene el enfoque de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de organizaciones de base, con el objetivo de convertirse en actores políticos que promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se basa en la capacitación técnica, movilización comunitaria, investigación y documentación de violaciones a derechos humanos, litigio estratégico y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Actualmente ONIC y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en alianza se encuentran desarrollando el proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la implementación del Plan de Acción CAPREE creado en 2010 para promover y garantizar la equidad racial y étnica.

En el marco del proyecto se realizará un programa de pasantías con jóvenes en entidades estatales y no gubernamentales con el fin de promover el fortalecimiento de sus habilidades en procesos de liderazgo social y comunitario, y conseguir avanzar en la implementación del Plan de Acción.

El programa es presencial y dura tres meses; los primeros dos meses se realizarán las prácticas en la Consejería Mujer, Familia y Generación y el último mes se realizarán los conocimientos y habilidades adquiridas durante la pasantía. También recibirán procesos de acompañamiento por parte de la ONIC y procesos de formación sobre el Plan de Acción CAPREE por parte del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Después de finalizar el programa, se realizará un intercambio de experiencias con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos.

El programa de pasantía tiene un estipendio mensual para los costos de sostenimiento y destinará un rubro para el desarrollo del proyecto final que cada persona realizará y se seleccionará cuatro (4) pasantes para el año 2024.

Los requisitos para participar en el programa de pasantías son:
ITEM REQUISITO EVIDENCIA
1. Pertenecer a un pueblo indígena, y estar registrado en la base censal de su territorio Certificado de la autoridad indígena / Registro en el Ministerio interior- opcional.
2. Tener entre 20 y 35 años Copia Documento de identidad
3. Carta de motivación con declaración de disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá. Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)
4. Hoja de vida Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)

Criterios de selección:

● Hacer parte de los procesos organizativos y asociaciones afiliadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.
● Disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá en las fechas requeridas.
● Contar con habilidades de liderazgo en sus comunidades y estas se encuentren registradas en sus hojas de vida.
● Contar con habilidades tecnológicas para la presentación de informes a la organización indígena y al instituto.

Proceso de selección:

El proceso de selección se realizará de manera virtual, los documentos para la postulación deben enviarse al correo electrónico mujeryfamilia@onic.org.co, de acuerdo con las fechas establecidas; con el siguiente asunto:

ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ( Tener presente su macroregional), y su nombre

EJEMPLO: ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ORINOQUIA, GLADYS HERNÁNDEZ DE GALINDO.

Una vez revisadas las hojas de vida, se remitirá correo electrónico a cada uno de los postulantes, mediante filtro realizado por el equipo técnico de la Consejería de Mujer, Familia y Generación y se les convocará a entrevista a quienes cumplan con los criterios de selección. Se notificará resultados de acuerdo con el siguiente cronograma.

Cronograma de Selección:

Plazo de postulación: 12 al 22 de marzo de 2024.
Entrevistas: 25 al 29 de marzo.

Fecha de notificación de resultados: 31 de marzo.

Inicio pasantía primer grupo: 15 abril de 2024
Inicio pasantía segundo grupo: Agosto 2024

¿Qué cubre el programa de pasantía?

● Estipendio económico para el sostenimiento durante la vigencia de la pasantía por 625 dólares y para el desarrollo de un proyecto final se recibirá un presupuesto de 500 dólares.
● Costos de los tiquetes relacionados con el traslado al lugar donde se va a realizar la pasantía
● Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia de las personas seleccionadas para un intercambio de experiencias en Estados Unidos.

● Gastos derivados de la gestión y trámite de la visa de Estados Unidos.

● Semana de bienvenida en Bogotá sobre actividades culturales y de incidencia.

Fechas de los dos grupos de pasantía: 2024

Cohorte Duración de la pasantía Número de personas becarias
1 Abril – julio 2
2 Agosto – noviembre 2

Inicio pasantía: El primer grupo iniciará el 15 abril de 2024 y la otra cohorte en agosto.

Formatos:

Hoja de vida. Descargar AQUÍ

Carta de motivación. Descargar AQUÍ

La CIDH dio trámite a la Petición presentada por la Coordinación de Mujeres afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica

Bogotá, 13 de marzo de 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a una Petición presentada por la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica como consecuencia del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes padecidos con ocasión del conflicto armado.

En la Petición, presentada junto a ILEX-Acción Jurídica y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se alega la negativa del Estado de Colombia de reconocer a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con derecho a medidas integrales de reparación por ser víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales, secuestros, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, con ocasión del conflicto armado y debido a sus actividades de defensa de derechos como lideresas del colectivo.  

La misma fue presentada ante la CIDH el 16 de mayo de 2022 y 22 de septiembre de 2023, a fin de evidenciar violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de los estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial. El 14 de febrero de este año la CIDH notificó a las Peticionarias que decidió abrir a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.   

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano a que garantice el acceso a los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra tuvo en las mujeres negras y destacando el rol del liderazgo de las mujeres afrocolombianas impactadas por la guerra. Cabe destacar que según el Registro Único de Víctimas, al 31 de mayo de 2021, 594.562 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente.

La apertura a trámite de la Petición de La COMADRE es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la implementación de un enfoque étnico-racial en la ruta de reparación colectiva establecida por la UARIV, cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado que poseen rasgos culturales y sociales compartidos, que se asumen como miembras de la colectividad. 

Desde La COMADRE, ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de implementar medidas efectivas y culturalmente apropiadas que garanticen la reparación integral de las mujeres de La COMADRE víctimas del conflicto armado y del racismo sistémico y estructural.

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Sobre La COMADRE

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), es un colectivo de mujeres afrodescendientes que busca visibilizar los impactos que el conflicto armado ha ocasionado en las mujeres negras en Colombia, buscando la reparación integral colectiva étnica de las integrantes de la Coordinación. 

ILEX -Acción Jurídica es una organización liderada, por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT provenientes de distintas regiones del país con el propósito de alcanzar la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe a través de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, a partir del liderazgo de personas negras-afrocolombianas.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de «cultura».

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

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