CIDH admite caso de lesbianas peruanas que exigen entrega de DNI para su hijo con datos de ambas madres

CIDH admite caso de lesbianas peruanas que exigen entrega de DNI para su hijo con datos de ambas madres

Lima, 24 de enero de 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las ciudadanas peruanas Darling Delfín Ponce y Jenny Trujillo Cueva, así como a sus representantes legales DEMUS, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Más Igualdad Perú, que se aprobó la admisibilidad de su caso contra el Estado peruano.

María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico, explica que se ha cumplido con los requisitos para que la CIDH admita su petición y pueda pronunciarse sobre el fondo estableciendo la responsabilidad del Estado por violar sus derechos humanos, que cumpla con garantizarlos, hacer justicia, repararlas integralmente y adoptar medidas de no repetición.

Este caso inició el 2014. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se ha negado a emitir, en favor del niño D.A.D.T., un Documento Nacional de Identidad (DNI) que registre plenamente la maternidad de sus dos madres. A la fecha, el caso que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional no resolvió su situación jurídica pese a que el caso estuvo en su sede desde el 2022.

Las madres, Darling y Jenny, alegan que la falta de un DNI que registre la maternidad de ambas vulnera sus derechos a la igualdad y no discriminación. Además, se vulneran diversos derechos de su hijo, de 10 años de edad, uno de ellos, a la identidad además de no respetarse el principio del interés superior del niño. Explican que en una ocasión el personal de una posta médica no permitió a Jenny Trujillo ingresar para acompañar a D.A.D.T. en un tratamiento de salud, argumentando que ella no figuraba como madre en el DNI del niño.

Las organizaciones que acompañan el caso argumentan que las autoridades peruanas han discriminado a las presuntas víctimas debido a la orientación sexual de Darling y Jenny, afectando varios de sus derechos, incluso que hayan tenido que migrar a otro país para desarrollarse como familia. Y sostienen que la situación les está ocasionando afectaciones a su salud mental, debido al estrés, la angustia y el miedo causado por la incertidumbre jurídica en la que se encuentran.

“En LIFS consideramos muy importante la admisión de este caso por parte de la CIDH, incluyendo la denuncia de que el Estado peruano puede haber cometido violencia contra las lesbianas por su orientación sexual”, señala Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS.

“Este es uno de los casos más emblemáticos sobre la continua desprotección en el Perú de las parejas del mismo sexo y sus hijos, impidiendo el reconocimiento legal de sus familias y las protecciones legales que tanto necesitan. Esperamos que la CIDH nos ayude a demostrar la responsabilidad del Estado sobre la desprotección legal en la que viven las parejas y las mujeres lesbianas, y nos ayude a encontrar justicia para ellas y sus hijos”, afirma Gabriela Zavaleta de Más Igualdad Perú.

Cynthia Silva, directora de Demus, detalla que: “La ausencia de un DNI que informe plenamente el vínculo del niño con sus madres evita que pueda disfrutar de la integralidad de sus derechos civiles y sociales, ya que debido a su edad solo puede ejercerlos a través de ellas. Por lo tanto, resulta indispensable que su DNI acredite adecuadamente estos lazos para que así pueda gozar y ejercer todos sus derechos sin discriminación”.

“La CIDH ha señalado en su informe de admisibilidad que nuestros alegatos son fundados, por eso ha declarado admisible nuestra petición para un estudio de fondo. Es innegable las barreras legales y sociales que enfrentan las familias diversas en Perú y en toda la región; por eso, esta decisión es importante ya que podría fomentar un avance en la protección de los derechos de las familias diversas y en el reconocimiento de la igualdad ante la ley”, afirma Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

 

Oficina de Prensa DEMUS

Contacto para entrevistas e información 949 107 956  / 967 941 063

Transmasculinidades ante la CIDH: Llamado urgente por el derecho a la salud en América Latina

El pasado 12 de noviembre, la coalición de organizaciones transmasculinas expusieron ante la CIDH sobre las diversas realidades del acceso al derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Washington, D.C., 20 de noviembre de 2024.- En el marco de 191º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones transmasculinas de América Latina y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expusieron las múltiples vulneraciones al acceso al derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Las intervenciones de Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia destacaron la urgente necesidad de que los Estados cuenten con políticas públicas e implementen sistemas de salud afirmativos que respeten la identidad de género y atienda integralmente las necesidades específicas de la población transmasculina.

“La situación de las transmasculinidades se caracteriza por una profunda disparidad en cuanto al ejercicio de derechos y todas han encontrado que una dificultad en torno al sistema de salud y el acceso a servicios de salud y tratamientos o cirugías para aquellas personas que así lo requieran”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, organización que trabaja junto a esta coalición.

El sistema de salud debe responder a las experiencias diversas

Bruno Montenegro, representante de Fraternidad Trans Masculina Perú, enfatizó que un hombre trans o una persona transmasculina representan experiencias diversas y auténticas, que implica enfrentar desafíos particulares en el acceso al derecho a la salud: “nosotros fuimos asignados con el género femenino, y hemos realizado una transición social y/o hormonal hacia el género masculino, con el cual realizamos nuestra vida en todos los aspectos”, señaló.

Según Montenegro, el personal de salud suele carecer de formación adecuada, lo que deriva en una atención humillante y violenta hacia las personas transmasculinas que, por tanto, evitan acudir a servicios médicos, exponiéndose a riesgos para su salud.

“En Perú, la Norma Técnica en Salud para personas trans que brinda apoyo en hormonización, no incluye a los hombres trans. De manera similar, en Bolivia, el modelo de atención integral para personas LGBTI no garantiza una atención digna y adecuada para transmasculinidades, y carece de una estrategia de difusión efectiva que permita su implementación. En Brasil y Ecuador, la situación no es muy diferente; a pesar de algunos avances, la ausencia de políticas públicas específicas y la falta de presupuesto en salud para procesos de sensibilización y capacitación agrava la exclusión de nuestra población transmasculina”, informó.

Patologización y sus efectos nocivos

Dom Erick, del Instituto Brasileño de Transmasculinidades – IBRAT, denunció la patologización de las identidades transmasculinas como un factor clave en la perpetuación del estigma y la violencia. Citó el caso de Perú, donde en 2024 se mantuvo la clasificación de la identidad de género como un “trastorno mental” según la CIE-10, en contradicción con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de 2019. Esta patologización dificulta el acceso a atención sanitaria al requerir evaluaciones psiquiátricas para recibir apoyo médico.

Dom Erick también alertó sobre los impactos negativos en la salud mental de las personas transmasculinas. Según el informe «Hombres transexuales: invisibilidad social y salud mental» (2018), el 94,5% de los hombres trans encuestados reportaron sentir depresión, mientras que el 66,4% experimentaron ideas suicidas. La falta de datos y estadísticas sobre las vidas transmasculinas contribuye a su invisibilización y a la omisión de políticas que aborden estas problemáticas.

“En Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, experimentamos un subregistro crítico de datos y estadísticas sobre vidas transmasculinas. La invisibilidad y negligencia del Estado mantiene a nuestra comunidad al margen. Las experiencias estresantes y violentas sufridas en espacios públicos, sociales y familiares impactan negativamente en la salud mental de nuestra población, generando fobias sociales, sentimientos de aislamiento, depresión, ansiedad y conductas suicidas que pueden conducir al autoexterminio”, señaló.

Derechos sexuales y reproductivos: un vacío legal y social

Javier Morón, de Hombres Trans Diversos Bolivia, expuso la vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres trans. Desde violencia obstétrica hasta el uso de pronombres incorrectos, las experiencias de discriminación en contextos ginecológicos y obstétricos son comunes. Además, los vacíos legales en el registro civil dificultan la inscripción de hijos, obligando a los hombres trans a figurar como “madres” en los documentos legales, una práctica que ignora y deslegitima su identidad de género.

“Muchos se encuentran con un sistema de salud desensibilizado, falto de conocimientos y sobre todo guiado por ideologías religiosas, negándonos el acceso a controles pre y postnatales adecuados. Esta negativa no solo compromete la salud física del padre y el bebé, sino que también perpetúa un ambiente propenso a la violencia obstétrica durante el parto. El embarazo y el parto deben dejar de asociarse a la condición de mujeres cisgénero y comenzar a reconocerse que otras identidades como las nuestras, tienen la capacidad de gestar o necesitan someterse a la interrupción legal del embarazo”, enfatizó.

Automedicación y desabastecimiento: riesgos para la salud

Gabriel de Prada, de Fraternidad Transmasculina Ecuador, describió los peligros asociados con la automedicación en ausencia de recursos accesibles para la transición hormonal. La falta de disponibilidad de testosterona en las farmacias y la disparidad de precios fuerzan a muchos hombres trans a recurrir a anabólicos de origen dudoso, con graves riesgos para la salud.

A pesar de estos desafíos, De Prada señaló ejemplos positivos, como las políticas inclusivas implementadas en Brasil. En octubre de 2024, el Sistema Único de Salud eliminó la necesidad de vincular consultas y exámenes al “sexo biológico”, permitiendo un acceso más integral y respetuoso a servicios ginecológicos y urológicos.

Un llamado urgente a la acción

Las intervenciones en esta audiencia temática ante la CIDH concluyeron con Otávio Zanardi de Raza e Igualdad, quien respetuosamente llamó a la Comisión a que:

1) Inste a los Estados produzcan información integral y datos desagregados sobres las personas transmasculinas.

2) Que realice monitoreo y observe si los Estados están cumpliendo con las recomendaciones del informe producido por REDESCA a respecto de personas trans y de género-diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, principalmente se cumple las recomendaciones sobre el derecho a la salud. Asimismo, actualice el informe publicado en 2015 sobre Violencia contra personas LGBTI, a fin de reevaluar la violencia que enfrentan las personas transmasculinas.

3) Realice una declaración pública sobre los desafíos que enfrentan las personas transmasculinas en el acceso a la salud, a fin de crear conciencia entre diversas partes interesadas, incluidos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

4) Recomendamos también a realizar una visita in loco a Perú, país que han enfrentado impugnaciones legales, como la clasificación de las identidades trans como enfermedad mental y otras normas anti-trans.

5) En observación o a lo establecido en la Resolución 04/2023 en la Política de Priorización de las peticiones y casos ante la Comisión, llamamos a una atención prioritaria de transversalidad de género e interseccionalidad especialmente relacionada con la salud de las personas transmasculinas.

En audiencia CIDH sobre Nicaragua: Instituciones Financieras Internacionales inadvertidamente financian crímenes de lesa humanidad 

Washington, D.C., 15 de noviembre de 2024.-“La comunidad internacional y diversos fondos (de Instituciones Financieras Internacionales – IFIs), sin querer, están financiando crímenes de lesa humanidad”, dijo el Relator Especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arif Bulkan, en la audiencia temática “Nicaragua: apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos”, celebrada este jueves 14 de noviembre.

En la audiencia participaron representantes de las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas; comisionados y comisionadas de la CIDH y una representación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Al iniciar la audiencia, Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, contextualizó sobre la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense, caracterizada por una concentración del poder en manos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo; el cierre del espacio cívico y la represión sistemática contra la disidencia.“El régimen ha cancelado por motivos políticos más de 5,200 organizaciones de la sociedad civil de las 7,200 existentes… Sin embargo, la amplia documentación y conocimiento de la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense no implicó la revisión, suspensión o cancelación de proyectos de desarrollo con financiación internacional”, alertó Fetterhoff.

Por su parte, Marcelo Azambuja, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad, expuso que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE, actualmente apoyan 88 proyectos en Nicaragua con un valor de USD 4.35 mil millones. De estos proyectos, 50 proyectos por un monto de USD 2.7 mil millones fueron aprobados después de 2018, año en el que se agudizó la crisis democrática y de derechos humanos en el país centroamericano. Sin embargo, “ninguna de esas instituciones mencionó públicamente la crisis como un factor influenciando la aprobación o el monitoreo de la implementación de proyectos de desarrollo en Nicaragua”, enfatizó Azambuja.

“Las IFIs también están obligadas por el derecho internacional a respetar a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Deben adoptar medidas de debida diligencia en derechos humanos para buscar prevenir o mitigar los impactos adversos a los derechos humanos… En Nicaragua, su omisión ha resultado en la violación del derecho a la libertad de expresión tanto por la restricción de acceso a información pública sobre proyectos de desarrollo y políticas públicas con financiación internacional…”, dijo Azambuja durante su intervención. 

Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, expuso cómo la captura del Estado en Nicaragua ha consolidado un sistema cleptocrático, donde el régimen Ortega-Murillo utiliza las instituciones estatales y el endeudamiento externo para beneficios personales y el enriquecimiento del círculo de poder. 

Orozco afirmó que la economía autoritaria del régimen se sustenta en la apropiación de ingresos fiscales y en la utilización de organismos estatales para extorsionar al sector privado. Agregó que “el uso del endeudamiento externo para beneficiar a la élite económica y política es otra de las formas más evidentes de captura del Estado”, ante esto, la “dependencia del Gobierno de la financiación externa aumentó del 46% al 56% del PIB entre 2017 y 2023, con casi USD 9,000 millones de deuda pública”. 

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, enfatizó que el modelo económico autoritario del régimen Ortega-Murillo y la falta de supervisión de los fondos públicos ha ocasionado que el Estado deje de servir a los intereses del pueblo, y se constituya como una reconfiguración cooptada del Estado. Valle instó a las IFIs a mejorar sus mecanismos de transparencia y exigió la adopción de medidas que aseguren el beneficio de los recursos al pueblo nicaragüense en lugar de favorecer los intereses de la élite en el poder.

“Es fundamental que las instituciones financieras internacionales asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuenta, asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos”, destacó Valle. 

Por su parte, Amaru Ruiz, Director de Fundación del Río, mostró su preocupación por la gestión del Financiamiento Verde al régimen Ortega-Murillo a través de las IFIs. Actualmente Nicaragua tiene 27 proyectos ambientales en ejecución con una cartera de USD 384.8 millones, de los cuales el 66% son donaciones, siendo las principales fuentes de financiamiento el BM y BID, esta situación ha generado impactos ambientales negativos en Nicaragua como la deforestación acelerada, el aumento de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Además, de violaciones de derechos, dado que los proyectos de financiamiento verde se concentran en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, donde también persisten las violaciones a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ruiz, también enfatizó en la cancelación del proyecto BioClima, y solicitó en la audiencia incrementar la fiscalización y el monitoreo de los proyectos financiados. Así como, establecer mecanismos de cooperación que respeten los derechos humanos, provea resultados tangibles y que se evalúe la transparencia.

En su intervención, el Presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon explicó que “un patrón notorio y particularmente grave del Estado de Derecho invertido en las manos del Gobierno de Nicaragua consiste en la masiva cancelación forzosa de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro”. Según el experto, el Gobierno de Nicaragua ha reportado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la cancelación del 80% del total de organizaciones sin fines de lucro. Para ello, el Gobierno ha implementado la recomendación número ocho del GAFI  que dice “asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por orgs terroristas”.

“Esta situación se presenta apenas a los dos años de la decisión del GAFI, en octubre de 2022, de retirar a Nicaragua de su lista de países de alto riesgo en materia de control de la base… Nicaragua aceptó a cambio que se realice el proceso voluntario para analizar lo que suele llamarse, yo cito, ‘posibles consecuencias imprevistas relacionadas con la implementación de la Recomendación 8’”, alertó el experto.

Por su parte, el Relator Especial de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan afirmó que el Gobierno de Nicaragua sigue recibiendo “inmensa financiación” en nombre de proyectos de desarrollo, “pero en vez de que ese cúmulo de dinero que se está recibiendo se utilice para lo que dice que se debe utilizar, es decir, para caminos, para proyectos sociales, etc… esos fondos acaban en el bolsillo de las élites”.

“La comunidad internacional y diversos fondos, sin querer están financiando crímenes de lesa humanidad. Eso hay que decirlo con todas sus letras”, dijo Bulkan, quien también aseguró que esta situación empuja a la CIDH “a hacer un llamamiento muy, muy claro y contundente a las distintas organizaciones internacionales y demás entidades” para que tomen en cuenta la situación real de Nicaragua y “dejen de sostenerla.. aún poniendo como pretextos medios indirectos”.

Para Javier Palummo, Relator Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, “las instituciones financieras internacionales no son cualquier tipo de empresas…son órganos internacionales, órganos que son creados por los Estados, que tienen órganos de dirección donde podemos encontrar representantes gubernamentales… Estas instituciones tienen el deber de implementar salvaguardas robustas que garanticen que sus recursos no contribuyan a perpetuar situaciones de abuso o de represión. Es imperativo, por tanto, que refuercen mecanismos de transparencia y que realicen auditorías independientes de sus proyectos”.

El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca reconoció el esfuerzo de la sociedad civil nicaragüense “por seguir explorando espacios, caminos por los cuales se pueda restablecer la garantía de derechos humanos en un Estado que ha decidido deliberadamente atropellar los derechos civiles y políticos, entre ellos la libertad de expresión”.

“La represión cuesta y es importante preguntarnos de dónde vienen los recursos que generan entornos permisivos a la represión”, expresó Vaca.

Las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas, esperamos que la CIDH tome en cuenta nuestras recomendaciones para promover medidas que aseguren el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Entre estas destacamos: formular una resolución sobre el alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos en el ámbito del apoyo financiero internacional y de proyectos orientados al desarrollo; establecer un grupo de trabajo entre la CIDH, las IFIs y las organizaciones de la sociedad civil para abordar la relación entre el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y en América Latina; y manifestarse públicamente sobre los riesgos de impactos adversos de los proyectos financiados con recursos de las instituciones financieras internacionales en territorio nicaragüense.

Por primera vez la CIDH concede una audiencia temática específica sobre la salud de transmasculinidades

Coalición de organizaciones de personas transmasculinas de Sudamérica logró obtener una audiencia temática ante la CIDH para tratar la problemática sobre su acceso al derecho a la salud en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia temática para este 12 de noviembre a las 9:00 am (hora Washington DC) a Fraternidad Trans Masculina Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT Brasil, Fraternidad Trans Masculina Ecuador y al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) -los peticionantes- en su 191º Período Ordinario de Sesiones en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, a fin de que expongan las graves problemáticas relacionadas con el derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Esto marca un hito en la lucha por los derechos de las personas transmasculinas ya que, por primera vez, una audiencia de la CIDH abordará de manera específica los problemas que afectan a la población transmasculina referente a su derecho a la salud. La falta de acceso a tratamientos hormonales y cirugías, la discriminación sistemática y la violencia institucionalizada dentro de los sistemas de salud públicos y privados, así como la ausencia de políticas públicas que garanticen el bienestar físico y mental son algunos puntos que se desarrollarán en la audiencia. Con esta acción, la Coalición que ha venido trabajando en el proyecto regional Mi salud Transmasculina Importa, respaldada por Raza e Igualdad, busca evidenciar esta problemática ante instancias internacionales, exigiendo medidas concretas por parte de los Estados a fin de garantizar el derecho humano a la salud, con base en los principio de igualdad, no discriminación y respeto a la identidad de género. El objetivo es promover cambios estructurales y normativos que promuevan un acceso equitativo a la salud, estableciendo precedentes que impacten en toda la región.

Sigue la audiencia en directo
Vía: YouTube
Día: martes 12 de noviembre 2024
Hora: 9:00 am (Washington DC)

Sigue el trabajo de la coalición:
Instagram: @mi.salud.transmasculina
X: @saludtransmasc
Facebook: @misaludtransmasculina
Tik Tok: @misaludtransmasculina

**Para más información sobre la audiencia y entrevistas con la coalición comuníquese con el contacto de prensa correspondiente.

Para información en español e inglés:
Luz Mateo Cielo – Raza e Igualdad
lgbticomms@raceandequality.org
(+51) 933773180

Para información en portugués:
Paolla Moura – Raça e Igualdade
jornalista@raceandequality.org
(+55) 21 98798-0407

 

En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – En Cuba, este jueves se conmemoran tres años de las históricas y multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Miles de personas se tomaron las calles y más de 1400 habitantes de este país, fueron detenidos de forma arbitraria, de acuerdo con cifras de Justicia 11J, organización que ha documentado que actualmente hay más de 600 personas condenadas por haber participado en estas manifestaciones.

Marcharon para denunciar la crisis social, política y económica que se registra en la Isla, donde escasean alimentos y medicamentos. Como resultado de esto, existe una cifra superior a 340 mil personas, que migraron fuera de Cuba en 2022, según el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A raíz de los tres años de estas manifestaciones, dialogamos con 10 activistas de la Isla, dos residiendo en este país, una desterrada y siete viviendo en el exilio, quienes denunciaron que las violaciones de derechos humanos registradas en 2021 continúan ocurriendo, y han empeorado. 

Los apagones, las detenciones de forma arbitraria, las condenas injustas, la violencia de género, y la imposibilidad de expresarse libremente y cuestionar las acciones del régimen autoritario de este país, son parte de las denuncias que hizo el grupo de personas que, desde Cuba, España, Estados Unidos, México y Panamá, confirmaron la grave crisis social, política y económica en este país.

Dunia Medina, Dairon Hernández, Anamely Ramos, Manuel Cuesta, Yanelys Núñez, Raúl Soublett, Camila Rodríguez, Mario Luis Reyes, Alicia Fernández y Carolina Barrero, son los nombres de las 10 personas activistas que, a punta de un papel y marcadores, hicieron estas denuncias en forma de protesta pacífica a través de las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda el estallido social de 2021 en Cuba, condena la represión, y exige que sean liberadas las más de 600 personas que todavía permanecen privadas de libertad por haber participado en las marchas del 11J. También recuerda que continúan vigentes los reclamos que hizo la sociedad civil independiente en aquel entonces, los cuales han ocasionado nuevas protestas, como las ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas (provincia de Camagüey), en mayo de 2023 en La Caimanera (Guantánamo), y en marzo de este año en Santiago de Cuba, Granma y Matanzas.

Audiencia ante la CIDH

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), se realizará la audiencia temática ‘Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba’. Este espacio, que se hará en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo el mismo día en que se conmemoran tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Para ver y escuchar la audiencia, es necesario registrarse en este enlace.

Durante este espacio que otorga la CIDH a la sociedad civil independiente, se abordarán varios temas como las muertes en custodia, la represión de las protestas pacíficas, y la violencia contra personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI+.

En esta audiencia intervendrán La Coalición que está compuesta por las organizaciones Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) y el Museo de la Disidencia en Cuba, en conjunto con Raza e Igualdad, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), el Observatorio de Género de Alas Tensas y las Damas de Blanco.

Tres años del 11J: Más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – Las organizaciones firmantes realizan la siguiente declaración en conmemoración del tercer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 (11J -en adelante) y los días siguientes en Cuba, y demandan al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Las protestas del 11J surgieron como una respuesta de la población a la crisis social, económica y de derechos en Cuba. Pese a que han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en la isla no ha mejorado, resultando, por el contrario, en el incremento de violaciones de derechos. Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Estos hechos surgen en medio del incremento de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, de reunión, asociación y de otros derechos humanos. En palabras de la CIDH, en Cuba existe un patrón de “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos”, lo que se corrobora en datos documentados por organizaciones de la sociedad civil independiente como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.

En este contexto, los y las cubanas continúan alzando sus voces. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2024 se registraron al menos 671 protestas. A la par, el gobierno cubano continúa reprimiendo y asediando a quienes deciden manifestarse pacíficamente. La organización Justicia 11J ha documentado que más de 650 personas permanecen privadas de libertad por su participación en diferentes protestas que se han realizado desde julio de 2021. A esto se suma la cifra de personas exiliadas forzosamente quienes se vieron obligadas a abandonar la isla en búsqueda de protección. El informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de 340 mil personas cubanas salieron de su país en 2022, uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en la historia de la Isla.

Los hechos descritos evidencian un panorama preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas. Además, el gobierno cubano ha amenazado con aplicar severas sanciones, e incluso la pena de muerte, a las personas manifestantes. La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos. Por ello, con motivo del tercer aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo; además, exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos.

 

Firmamos,

  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Artists at Risk Connection (ARC)
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Cubalex
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • PEN Internacional
  • PEN de Escritores cubanos en el exilio

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Colombia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a petición en el caso Bernardo Cuero Bravo

Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

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AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan. 

 

Tras amenazas y hostigamiento, CIDH amplía medidas cautelares a favor de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate

Washington D.C., 20 de mayo de 2024 – El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución de Ampliación 29/2024, en la que ordena al Estado de Cuba garantizar la vida y la integridad personal de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate, y le pide entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente, quien ha sido víctima de interrogatorios, represión y violencia psicológica, luego de que su pareja, el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, viajó fuera de la Isla. 

“La beneficiaria vendría recibiendo llamadas insistentes y amenazantes por parte de agentes estatales quienes se habrían apersonado a su lugar de trabajo para intimidarla y obtener información sobre su esposo, y buscar que él ya no retorne a Cuba o impedir su próxima salida del país”, dice el documento. 

La Resolución amplía las medidas cautelares que en abril de 2015 se otorgaron a favor de  12 miembros de Cubalex, y en noviembre de 2016, se extendieron a otras siete personas que formaban parte de esta organización defensora de los derechos humanos en Cuba, cuyos integrantes han sido forzados al exilio.

La CIDH también señala en este documento que, a lo largo de estos nueve años, el Estado de Cuba no ha presentado ningún tipo de respuesta a las medidas que han sido adoptadas, a raíz de las detenciones arbitrarias, las citaciones a interrogatorios, los cortes de internet, y las amenazas que han sufrido quienes han sido parte de Cubalex, cuya sede principal se encuentra actualmente en Washington D.C.

«Esta resolución para otorgar medidas cautelares actúa como un muro de contención contra futuras acciones represivas y hostigamientos por parte de los cuerpos represivos de la isla, tanto contra mi esposa como contra mí y nuestra familia. Aunque el Estado cubano suele no pronunciarse expresamente sobre resoluciones como esta, sabemos que estas medidas limitan y restringen significativamente la ejecución de actos represivos y de hostigamiento contra los beneficiarios. Agradecemos sinceramente a la CIDH por ampliar las medidas cautelares en nuestro favor”, afirma Julio Ferrer. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y la organización Cubalex exigimos al Estado cubano que garantice la vida y la integridad personal, y respete la vida privada y familiar de la abogada Marienys Pavó Oñate. También solicitamos a las autoridades de este país que cesen las intimidaciones y amenazas contra la profesional en Derecho, y en general, contra todas las voces críticas al gobierno.

 

Firmantes:

  • Cubalex.
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

La CIDH dio trámite a la Petición presentada por la Coordinación de Mujeres afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica

Bogotá, 13 de marzo de 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a una Petición presentada por la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica como consecuencia del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes padecidos con ocasión del conflicto armado.

En la Petición, presentada junto a ILEX-Acción Jurídica y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se alega la negativa del Estado de Colombia de reconocer a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con derecho a medidas integrales de reparación por ser víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales, secuestros, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, con ocasión del conflicto armado y debido a sus actividades de defensa de derechos como lideresas del colectivo.  

La misma fue presentada ante la CIDH el 16 de mayo de 2022 y 22 de septiembre de 2023, a fin de evidenciar violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de los estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial. El 14 de febrero de este año la CIDH notificó a las Peticionarias que decidió abrir a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.   

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano a que garantice el acceso a los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra tuvo en las mujeres negras y destacando el rol del liderazgo de las mujeres afrocolombianas impactadas por la guerra. Cabe destacar que según el Registro Único de Víctimas, al 31 de mayo de 2021, 594.562 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente.

La apertura a trámite de la Petición de La COMADRE es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la implementación de un enfoque étnico-racial en la ruta de reparación colectiva establecida por la UARIV, cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado que poseen rasgos culturales y sociales compartidos, que se asumen como miembras de la colectividad. 

Desde La COMADRE, ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de implementar medidas efectivas y culturalmente apropiadas que garanticen la reparación integral de las mujeres de La COMADRE víctimas del conflicto armado y del racismo sistémico y estructural.

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Sobre La COMADRE

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), es un colectivo de mujeres afrodescendientes que busca visibilizar los impactos que el conflicto armado ha ocasionado en las mujeres negras en Colombia, buscando la reparación integral colectiva étnica de las integrantes de la Coordinación. 

ILEX -Acción Jurídica es una organización liderada, por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT provenientes de distintas regiones del país con el propósito de alcanzar la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe a través de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, a partir del liderazgo de personas negras-afrocolombianas.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

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