En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – En Cuba, este jueves se conmemoran tres años de las históricas y multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Miles de personas se tomaron las calles y más de 1400 habitantes de este país, fueron detenidos de forma arbitraria, de acuerdo con cifras de Justicia 11J, organización que ha documentado que actualmente hay más de 600 personas condenadas por haber participado en estas manifestaciones.

Marcharon para denunciar la crisis social, política y económica que se registra en la Isla, donde escasean alimentos y medicamentos. Como resultado de esto, existe una cifra superior a 340 mil personas, que migraron fuera de Cuba en 2022, según el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A raíz de los tres años de estas manifestaciones, dialogamos con 10 activistas de la Isla, dos residiendo en este país, una desterrada y siete viviendo en el exilio, quienes denunciaron que las violaciones de derechos humanos registradas en 2021 continúan ocurriendo, y han empeorado. 

Los apagones, las detenciones de forma arbitraria, las condenas injustas, la violencia de género, y la imposibilidad de expresarse libremente y cuestionar las acciones del régimen autoritario de este país, son parte de las denuncias que hizo el grupo de personas que, desde Cuba, España, Estados Unidos, México y Panamá, confirmaron la grave crisis social, política y económica en este país.

Dunia Medina, Dairon Hernández, Anamely Ramos, Manuel Cuesta, Yanelys Núñez, Raúl Soublett, Camila Rodríguez, Mario Luis Reyes, Alicia Fernández y Carolina Barrero, son los nombres de las 10 personas activistas que, a punta de un papel y marcadores, hicieron estas denuncias en forma de protesta pacífica a través de las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda el estallido social de 2021 en Cuba, condena la represión, y exige que sean liberadas las más de 600 personas que todavía permanecen privadas de libertad por haber participado en las marchas del 11J. También recuerda que continúan vigentes los reclamos que hizo la sociedad civil independiente en aquel entonces, los cuales han ocasionado nuevas protestas, como las ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas (provincia de Camagüey), en mayo de 2023 en La Caimanera (Guantánamo), y en marzo de este año en Santiago de Cuba, Granma y Matanzas.

Audiencia ante la CIDH

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), se realizará la audiencia temática ‘Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba’. Este espacio, que se hará en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo el mismo día en que se conmemoran tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Para ver y escuchar la audiencia, es necesario registrarse en este enlace.

Durante este espacio que otorga la CIDH a la sociedad civil independiente, se abordarán varios temas como las muertes en custodia, la represión de las protestas pacíficas, y la violencia contra personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI+.

En esta audiencia intervendrán La Coalición que está compuesta por las organizaciones Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) y el Museo de la Disidencia en Cuba, en conjunto con Raza e Igualdad, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), el Observatorio de Género de Alas Tensas y las Damas de Blanco.

Tres años del 11J: Más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – Las organizaciones firmantes realizan la siguiente declaración en conmemoración del tercer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 (11J -en adelante) y los días siguientes en Cuba, y demandan al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Las protestas del 11J surgieron como una respuesta de la población a la crisis social, económica y de derechos en Cuba. Pese a que han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en la isla no ha mejorado, resultando, por el contrario, en el incremento de violaciones de derechos. Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Estos hechos surgen en medio del incremento de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, de reunión, asociación y de otros derechos humanos. En palabras de la CIDH, en Cuba existe un patrón de “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos”, lo que se corrobora en datos documentados por organizaciones de la sociedad civil independiente como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.

En este contexto, los y las cubanas continúan alzando sus voces. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2024 se registraron al menos 671 protestas. A la par, el gobierno cubano continúa reprimiendo y asediando a quienes deciden manifestarse pacíficamente. La organización Justicia 11J ha documentado que más de 650 personas permanecen privadas de libertad por su participación en diferentes protestas que se han realizado desde julio de 2021. A esto se suma la cifra de personas exiliadas forzosamente quienes se vieron obligadas a abandonar la isla en búsqueda de protección. El informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de 340 mil personas cubanas salieron de su país en 2022, uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en la historia de la Isla.

Los hechos descritos evidencian un panorama preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas. Además, el gobierno cubano ha amenazado con aplicar severas sanciones, e incluso la pena de muerte, a las personas manifestantes. La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos. Por ello, con motivo del tercer aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo; además, exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos.

 

Firmamos,

  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Artists at Risk Connection (ARC)
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Cubalex
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • PEN Internacional
  • PEN de Escritores cubanos en el exilio

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Colombia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a petición en el caso Bernardo Cuero Bravo

Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

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AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan. 

 

Tras amenazas y hostigamiento, CIDH amplía medidas cautelares a favor de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate

Washington D.C., 20 de mayo de 2024 – El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución de Ampliación 29/2024, en la que ordena al Estado de Cuba garantizar la vida y la integridad personal de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate, y le pide entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente, quien ha sido víctima de interrogatorios, represión y violencia psicológica, luego de que su pareja, el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, viajó fuera de la Isla. 

“La beneficiaria vendría recibiendo llamadas insistentes y amenazantes por parte de agentes estatales quienes se habrían apersonado a su lugar de trabajo para intimidarla y obtener información sobre su esposo, y buscar que él ya no retorne a Cuba o impedir su próxima salida del país”, dice el documento. 

La Resolución amplía las medidas cautelares que en abril de 2015 se otorgaron a favor de  12 miembros de Cubalex, y en noviembre de 2016, se extendieron a otras siete personas que formaban parte de esta organización defensora de los derechos humanos en Cuba, cuyos integrantes han sido forzados al exilio.

La CIDH también señala en este documento que, a lo largo de estos nueve años, el Estado de Cuba no ha presentado ningún tipo de respuesta a las medidas que han sido adoptadas, a raíz de las detenciones arbitrarias, las citaciones a interrogatorios, los cortes de internet, y las amenazas que han sufrido quienes han sido parte de Cubalex, cuya sede principal se encuentra actualmente en Washington D.C.

«Esta resolución para otorgar medidas cautelares actúa como un muro de contención contra futuras acciones represivas y hostigamientos por parte de los cuerpos represivos de la isla, tanto contra mi esposa como contra mí y nuestra familia. Aunque el Estado cubano suele no pronunciarse expresamente sobre resoluciones como esta, sabemos que estas medidas limitan y restringen significativamente la ejecución de actos represivos y de hostigamiento contra los beneficiarios. Agradecemos sinceramente a la CIDH por ampliar las medidas cautelares en nuestro favor”, afirma Julio Ferrer. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y la organización Cubalex exigimos al Estado cubano que garantice la vida y la integridad personal, y respete la vida privada y familiar de la abogada Marienys Pavó Oñate. También solicitamos a las autoridades de este país que cesen las intimidaciones y amenazas contra la profesional en Derecho, y en general, contra todas las voces críticas al gobierno.

 

Firmantes:

  • Cubalex.
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

La CIDH dio trámite a la Petición presentada por la Coordinación de Mujeres afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica

Bogotá, 13 de marzo de 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a una Petición presentada por la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica como consecuencia del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes padecidos con ocasión del conflicto armado.

En la Petición, presentada junto a ILEX-Acción Jurídica y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se alega la negativa del Estado de Colombia de reconocer a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con derecho a medidas integrales de reparación por ser víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales, secuestros, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, con ocasión del conflicto armado y debido a sus actividades de defensa de derechos como lideresas del colectivo.  

La misma fue presentada ante la CIDH el 16 de mayo de 2022 y 22 de septiembre de 2023, a fin de evidenciar violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de los estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial. El 14 de febrero de este año la CIDH notificó a las Peticionarias que decidió abrir a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.   

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano a que garantice el acceso a los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra tuvo en las mujeres negras y destacando el rol del liderazgo de las mujeres afrocolombianas impactadas por la guerra. Cabe destacar que según el Registro Único de Víctimas, al 31 de mayo de 2021, 594.562 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente.

La apertura a trámite de la Petición de La COMADRE es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la implementación de un enfoque étnico-racial en la ruta de reparación colectiva establecida por la UARIV, cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado que poseen rasgos culturales y sociales compartidos, que se asumen como miembras de la colectividad. 

Desde La COMADRE, ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de implementar medidas efectivas y culturalmente apropiadas que garanticen la reparación integral de las mujeres de La COMADRE víctimas del conflicto armado y del racismo sistémico y estructural.

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Sobre La COMADRE

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), es un colectivo de mujeres afrodescendientes que busca visibilizar los impactos que el conflicto armado ha ocasionado en las mujeres negras en Colombia, buscando la reparación integral colectiva étnica de las integrantes de la Coordinación. 

ILEX -Acción Jurídica es una organización liderada, por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT provenientes de distintas regiones del país con el propósito de alcanzar la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe a través de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, a partir del liderazgo de personas negras-afrocolombianas.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

Sociedad civil independiente de Cuba denuncia ante la CIDH más de 2,700 ataques estatales entre 2022 y 2023

Washington D.C., 29 de febrero de 2024 – En el marco de una audiencia temática celebrada el 29 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentaron el informe “Derecho a la libertad de asociación” en el que denunciaron el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla durante 2022 y 2023. 

En la audiencia se informó que durante el periodo de estudio se presentaron 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47.72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según se indicó, 3.732 víctimas. 

Además, el informe presentado ante CIDH determinó que, en los 24 meses analizados, en una sola persona defensora de derechos humanos en Cuba recayeron al menos 6 agresiones estatales.   

Estos ataques fueron direccionados contra varias organizaciones específicas. El documento presentado también revela que, durante 2022 y 2023, 102 organizaciones fueron blanco de la represión, y que las más afectadas fueron movimientos de activistas y opositores como “la Unión Patriótica de Cuba, con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República, con 63; las Damas de Blanco, con 50”, entre otras. 

Con especial preocupación, se evidenció la situación de las mujeres que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, y que el Estado las reprimió. La organización Justicia 11J, parte de la coalición, documentó 289 protestas públicas entre el inicio de 2022 y finales de 2023, y la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables y con sus derechos vulnerados.

La audiencia también llamó la atención sobre el hecho de que los patrones de violencia no son nuevos, y que se convierten cada vez más en una marca registrada del Estado cubano para reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. Dentro de estas modalidades están las detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios, la vigilancia, las amenazas y el acoso, la negación de derechos básicos y atención médica en prisión; el maltrato físico, la manipulación del sistema judicial, las restricciones a la comunicación y la censura; y la represión de la libertad religiosa y de movimiento. 

La dramática situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Cuba tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, varias organizaciones se han visto disminuidas radicalmente por la persecución estatal. Por ejemplo, la membresía de las Damas de Blanco se ha reducido de 243 mujeres en 2013 a 50 en la actualidad. En segundo lugar, el acoso constante por parte de la seguridad del Estado ha obligado a decenas de activistas a sufrir  exilio forzado; y finalmente, ha existido un aumento drástico de los feminicidios en la Isla. Solo en 2023 se han verificado 89 feminicidios, el doble de los 36 casos contabilizados en 2022, según datos del Observatorio de Género Alas Tensas y de la organización Yo Sí te Creo en Cuba. 

Durante la audiencia las organizaciones solicitaron a la CIDH que se pronuncie a favor del derecho a la libertad de asociación en Cuba y exija al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo. 

La Coalición de organizaciones hace, además, un llamado urgente al Estado para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.    

Organizaciones autoras del informe: 

  • Cubalex
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Damas de Blanco
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • Movimiento San Isidro
  • Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V)
  • Museo de la Disidencia
  • Observatorio de Género de Alas Tensas
  • Robert F. Kennedy Human Rights
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CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas

Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo», declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.

«El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024«, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

«En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia», concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.

Pedimos a la OEA una visita in loco para verificar situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba

Washington D.C., 7 de noviembre de 2023 – Luego de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de ese país ha desarrollado una campaña sistemática de represión contra la ciudadanía que se materializa, entre muchas otras formas, en la detención arbitraria de personas cuyo único delito ha sido levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica..

Según la organización internacional Prisoners Defenders, 1052 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales con sentencias u otro tipo de medidas de privación de la libertad, parcial o total, impartidas por jueces y fiscales. De este número cerca de 812 personas son presas de conciencia que se encuentran tras la rejas y 210 son condenadas de conciencia sometidas a diversas medidas sin internamiento, ambas por motivos políticos. Adicionalmente, afrontan distintas clases de tortura que van desde vejámenes, incomunicación, persecución y amenazas contra sus familiares, malos tratos al interior de las cárceles o impedimento para que puedan ser atendidas por médicos y profesionales de la salud.

Tras las protestas del 11J más de 1400 personas han sido procesadas y más de 700 se mantienen en prisión con penas desproporcionadas por delitos como sedición. La situación es tan grave que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido dar un espacio  a la sociedad civil independiente y a las organizaciones internacionales que acompañan a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos en la Isla para conocer, de primera mano, la situación de las y los presos políticos en ese país.

En el marco de esta audiencia, que también pretende revisar medidas cautelares en favor de al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos las siguientes peticiones:

  1. Emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia en Cuba; y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación por motivos políticos.
  2. Emitir resoluciones de seguimiento, reconociendo que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones a sus derechos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares[1].
  3. Exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías y protección judiciales de la ciudadanía, y en particular de las personas protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
  4. Incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo IV.B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como de sus familias.
  5. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Además, emitir un informe exhaustivo al término de esa visita.
  6. Instar al Estado cubano a aplicar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud y las visitas y comunicación con familiares.
  7. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad protegidas por las medidas cautelares acá analizadas y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
  8. Solicitar la realización de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano, documentadas por esta Comisión.

Organizaciones firmantes:

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Article 19.
  • Cubalex.
  • Civil Rights Defenders.
  • Fundación para la Democracia Panamericana.
  • Prisoners Defenders.
  • Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; «Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional», realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

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