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Organizaciones denuncian ante la CIDH la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos sistemáticos de control social en Nicaragua

Organizaciones denuncian ante la CIDH la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos sistemáticos de control social en Nicaragua

– Brooklyn Rivera, líder indígena Miskito, murió bajo custodia estatal tras 971 días de desaparición forzada, así como la posterior detención de seis de sus familiares y allegados.

– Organizaciones exigen la liberación inmediata de al menos 60 personas presas políticas e información y liberación de 22 personas desaparecidas y el cese de las represalias transnacionales.

Washington D. C., 10 de agosto de 2026. Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado de Nicaragua ha convertido la desaparición forzada y la prisión política en prácticas sistemáticas de control social, acompañada de tortura, incomunicación prolongada, represalias contra familiares y muertes bajo custodia estatal.

La denuncia fue presentada durante la audiencia de oficio “Desapariciones forzadas en Nicaragua”, realizada en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH. En la audiencia participaron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Organizaciones y familiares señalaron que el ocultamiento del paradero de las personas detenidas ya no se limita a las etapas iniciales de la detención arbitraria, sino que abarca periodos prolongados o la totalidad de la privación de libertad; la consecuencia más grave de este régimen de incomunicación y tortura ha sido la muerte de personas presas políticas bajo custodia estatal. Entre mayo de 2019 y mayo de 2026 se registran al menos nueve muertes de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos.

Las organizaciones denunciaron que actualmente hay 60 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas 22 personas desaparecidas que incluyen a dos niñas. Por parte de los familiares participaron virtualmente Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal tras más de 970 días en desaparición forzada, y Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes, quien fue arbitrariamente detenido el 14 de agosto de 2025 y desde entonces su familia no sabe nada sobre su paradero y condición. También brindaron su testimonio Eugenia Valle, esposa de Víctor Boitano, y Nohelia González, hermana de Eddie González, quienes también se encuentran en situación de desaparición forzada desde el 23 de abril de 2024 y el 14 de julio de 2024, respectivamente.

Reed Brody, del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) enfatizó que “la desaparición es el más cruel de los abusos estatales, destruye la vida de quien desaparece y condena a sus familias a vivir entre la esperanza y la desesperación”. A su vez, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, luego de dar lectura a los nombres de las personas desaparecidas, cuestionó al Estado de Nicaragua: “¿Dónde están todas las personas que se encuentran hoy desaparecidas en Nicaragua por acción del Estado? Devuélvanlas a sus familias y al pueblo nicaragüense. Esta Comisión urge al régimen a informar sobre el paradero de todas las personas y liberar a las personas que permanecen arbitrariamente detenidas.”

Frente al agravamiento de la desprotección de las víctimas y sus familias, las organizaciones reiteraron al Estado sus obligaciones de cumplir con las obligaciones internacionales. “Nicaragua vive un patrón sostenido de represión estatal, caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, confiscaciones y la eliminación de cualquier vía de defensa judicial”, expresó Claudia Pineda de la Asociación Memoria y Justicia. Asimismo, Alejandra Manavella del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que “Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Aunque persisten prácticas represivas documentadas desde 2018, el Estado ha perfeccionado sus mecanismos de control.”

La prisión política y la desaparición forzada operan como mecanismos para generar incertidumbre, fracturar la cohesión social y consolidar un régimen de control basado en el miedo. A ello se suma un nuevo patrón que consiste en visitas coercitivas: “el Estado traslada a los familiares desde sus domicilios al centro de detención, decidiendo unilateralmente cuándo y cómo ocurren los encuentros, y amenazando con suspenderlos si denuncian estas prácticas”, denunció Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Finalmente, Carlos Quesada de la organización Raza e Igualdad, en representación de las organizaciones solicitantes, presentó las siguientes peticiones a la CIDH, al Estado de Nicaragua y a otros Estados de la región:

  1. Permitir una investigación internacional e independiente sobre las condiciones de detención y las muertes bajo custodia de Brooklyn Rivera y demás personas presas políticas.
  2. Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y cesar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias.
  3. Informar el paradero y situación de las 22 personas reportadas como desaparecidas forzadamente y proceder a su liberación inmediata.
  4. Restablecer el Estado de derecho, derogar las leyes restrictivas de libertades fundamentales y permitir el reingreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país.
  5. Exhortar especialmente a Costa Rica, así como a los demás Estados de la región, a reforzar el escrutinio de las solicitudes de extradición, deportación y notificaciones rojas de INTERPOL provenientes de Nicaragua, garantizando que ninguna persona sea devuelta cuando existan riesgos fundados de desaparición forzada, tortura.
  6. Requerir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias de medidas cautelares en riesgo extremo.

Las organizaciones advirtieron que la consolidación de la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos de control social exige una respuesta firme y sostenida de la comunidad internacional. Reiteraron que el Estado de Nicaragua debe cesar de inmediato estas graves violaciones y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias

Organizaciones denuncian ante la CIDH el avance de la política extractiva en Nicaragua y sus consecuencias para los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington DC, 4 de agosto de 2026.- En el marco del 196º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el  3 de agosto se celebró una audiencia pública en la que organizaciones de derechos humanos y ambientales expusieron las principales afectaciones derivadas del avance del modelo extractivo en Nicaragua.

En la audiencia, titulada «Nicaragua: Impacto de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes», participaron el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad),  la Fundación del Río (FdR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes presentaron hallazgos y testimonios sobre las consecuencias territoriales, ambientales y sociales de la actividad minera en Nicaragua.

Las organizaciones enfatizaron que esta situación tiene raíces en un incumplimiento histórico del Estado de Nicaragua, debido a la falta de conclusión del proceso de saneamiento de los territorios titulados bajo la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (Ley 445), así como la ausencia de un marco legal que reconozca y proteja los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país.

Señalaron que las reformas constitucionales y legales, impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Nicaragua, han profundizado el debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y han reducido la capacidad de decisión de las autoridades indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios. Para las organizaciones, la expansión minera representa la continuidad de un modelo extractivista que impulsa la explotación de los bienes naturales por encima de los derechos colectivos e individuales de los pueblos.

Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresó que la ausencia de saneamiento ha permitido el avance de colonos no indígenas, dejando a las comunidades totalmente desprotegidas.

“Lejos de corregir esa deuda histórica, el Estado ha profundizado el debilitamiento de las garantías territoriales. Las recientes reformas constitucionales y legales han desmantelado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a los Consejos Regionales y las autoridades comunales y territoriales al poder central y vaciando de contenido los mecanismos de participación y decisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios”, dijo Quesada.

Agregó que este proceso ocurre en un contexto de cierre absoluto del espacio cívico y de represión, que se traduce en “la persecución y criminalización de sus liderazgos. Asimismo, la invasión de los colonos somete a estas comunidades a una violencia sistemática, incluyendo violencia sexual y asesinatos”.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, reiteró que la política estatal extractivista ha removido progresivamente las salvaguardas para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes como la eliminación de controles ambientales y territoriales —incluidos los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros y la consulta pública obligatoria—, y la modificación de la estructura institucional para concentrar el control minero.

Ruiz advirtió que la expansión del modelo extractivo ha intensificado el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera, además de propiciar la persistencia del trabajo infantil en las zonas de explotación. Asimismo, señaló que, por primera vez, la legislación permite el desarrollo de actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas.

Como consecuencia de este modelo, Ruiz señaló que actualmente 75 lotes mineros afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biósfera, comprometiendo más de 900,000 hectáreas. Entre las áreas impactadas se encuentran la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, dos de los principales remanentes de bosque del país.

Alejandra Manavella, de CEJIL, explicó que las consecuencias de la expansión minera  se reflejan en la transformación de los territorios, así como la afectación de los ecosistemas de los que dependen estas comunidades. Señaló que actualmente existen 62 lotes mineros que afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, indicó que estas concesiones impactan 163 ríos, 80 quebradas y 1,900 km de red hídrica y afectan Bosawas y Río San Juan.

Manavella advirtió que este modelo extractivista se relaciona con procesos de desplazamiento forzado, violencia y criminalización de quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto. Asimismo, señaló los casos de Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de persecución contra liderazgos indígenas.

Esto sumado al avance de la frontera agrícola, invasión de colonos y la migración ambiental, que afecta especialmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Como parte de la audiencia, Lee Bell, asesor técnico y de políticas de International Pollutants Elimination Network (IPEN), presentó de forma virtual los resultados de un estudio piloto sobre concentraciones de mercurio en mujeres indígenas nicaragüenses en edad fértil que habitan una zona donde se practica la minería a pequeña escala, en el Caribe Norte del país. El video de la presentación con subtítulos en español puede verse aquí.

Por  parte de la CIDH, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, recordó que la Comisión ha documentado de manera reiterada que, en el contexto de consolidación del régimen autoritario, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan un patrón de despojo territorial, violencia, debilitamiento de su autonomía y persecución de sus liderazgos, agravado por la expansión de actividades extractivas sin respeto de las garantías de consentimiento libre, previo e informado.

La Comisionada Marion Bethel, Relatora sobre los derechos de las mujeres, solicitó profundizar en los efectos del uso del mercurio en la actividad minera y su impacto en la salud, especialmente de mujeres, niñas y niños. Asimismo, expresó preocupación por las consecuencias que esta actividad tiene en el incremento de la violencia de género en las comunidades afectadas.

La Comisionada también consultó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al sector minero nicaragüense, y cómo estas inciden en el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, considerando que parte de los minerales extraídos continúa llegando a mercados internacionales. Finalmente, pidió aclaraciones sobre el uso y la extracción de agua por parte de las empresas mineras, en particular respecto a las autorizaciones y concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el desarrollo de estas actividades.

Por su parte, Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó que la discusión no solo se reduce a explotaciones mineras e impactos ambientales, sino que abarca un problema de gobernanza territorial y de distribución del poder.

“Cuando las concesiones se superponen con territorios colectivos, con áreas protegidas, cuando se debilitan los mecanismos de evaluación ambiental, de transparencia, participación, especialmente en contextos de cierre de espacios cívicos, este tipo de circunstancias dan lugar a situaciones de violencia contra las personas defensoras, desplazamiento, violencia contra las comunidades y se encuentra comprometida no solo la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho al ambiente sano, el agua, la salud, la alimentación, sino también las posibilidades de que las comunidades se desarrollen en condiciones de dignidad”, dijo Palummo

Al concluir la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH fortalecer el monitoreo sobre la situación de Nicaragua, incorporando de manera específica los impactos de la expansión minera sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, articular el seguimiento con la supervisión del cumplimiento de la sentencia Awas Tingni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fortalecer la coordinación con los mecanismos del Sistema Universal de Naciones Unidas para reforzar el escrutinio internacional sobre Nicaragua. También se pidió a la Comisión que exhorte a los los países  miembros de la OEA involucrados en la industria minera, como capital de origen o destino de los minerales, para que garanticenque las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Organizaciones denuncian invisibilidad y discriminación estructural contra pueblos Roma en la región en histórica audiencia ante la CIDH

Ciudad de Guatemala, 12 de marzo de 2026.– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población Roma en las Américas, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 195 Período de Sesiones, realizado del 9 al 12 de marzo en Ciudad de Guatemala, para exponer la situación de derechos humanos que enfrenta esta población en la región.

La audiencia —que fue convocada de oficio y contó con la participación de 13 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)— fue histórica por ser la primera en toda la historia de la CIDH dedicada exclusivamente a abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades Roma, también conocidos como gitanos, romaníes o Rom.

Durante la sesión, representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos alertaron sobre la persistente invisibilidad, el racismo estructural, la violencia y las barreras que enfrentan las personas Roma para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. Asimismo, denunciaron la ausencia de datos oficiales, de políticas públicas específicas y de medidas estatales para combatir el antigitanismo en la región.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la de Elisa Costa, de la Asociación Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) de Brasil, quien advirtió sobre el impacto desproporcionado de la discriminación y la violencia en las mujeres romaníes.

“Parto de un principio innegociable: los derechos humanos son indivisibles. La violencia afecta de manera desproporcionada al pueblo romaní, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores”, señaló Costa.

La activista explicó que, ante la falta de estadísticas oficiales completas, su organización ha trabajado con microdatos provenientes de políticas públicas para dimensionar la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. Según indicó, hasta 2025 se han registrado al menos 3,417 niños romaníes de entre 0 y 4 años en situación de extrema vulnerabilidad social en Brasil, una situación que también refleja la precariedad que enfrentan sus madres y familias.

Costa explicó que los datos disponibles revelan una concentración crítica de esta población en condiciones de vulnerabilidad en pocos estados del país y advirtió que las mujeres romaníes resultan particularmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Asimismo, señaló que muchas denuncias de violencia ocurren en contextos familiares ampliados, lo que requiere respuestas estatales culturalmente adecuadas que actualmente no existen.

En ese contexto, subrayó que la romafobia y el antigitanismo deben ser reconocidos como expresiones del racismo estructural en Brasil y en la región, e instó a los Estados a adoptar medidas para combatir estas formas de discriminación.

Entre sus recomendaciones ante la CIDH, Costa llamó a reconocer el 2 de agosto como el Día del Holocausto Rom, promover campañas de acción afirmativa contra el antigitanismo y apoyar iniciativas de memoria histórica como el Mapa de la Memoria Romani en las Américas.

Por su parte, Damián Cristo, de la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano/Romaní (ZOR) de Argentina, alertó sobre los múltiples obstáculos que enfrenta esta población para ejercer plenamente sus derechos. “El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible”, afirmó durante su intervención.

Cristo explicó que la situación de las comunidades romaníes en Argentina está marcada por la invisibilización estadística, las dificultades para acceder a servicios de salud, barreras en la justicia, deserción escolar y falta de políticas públicas con enfoque específico.

En materia educativa, advirtió que el sistema escolar argentino no ha logrado integrar plenamente a niñas, niños y jóvenes gitanos, quienes enfrentan altos niveles de abandono escolar, en muchos casos vinculados a la falta de contenidos que respeten su identidad cultural y a situaciones de acoso basadas en su origen étnico.

Asimismo, subrayó la importancia del derecho a la memoria y tambén llamó al Estado argentino a reconocer oficialmente el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano, así como a promover el reconocimiento del 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Durante la audiencia también intervinieron representantes de diversas organizaciones de la región. Rogério Ribeiro, de la Rede Brasileira de Povos Ciganos, se refirió a casos recientes de violencia que han afectado a comunidades romaníes en el nordeste de Brasil. Por su parte, Daiane Rocha, de la Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil (ANEC), agradeció la realización de este espacio de diálogo para visibilizar las dificultades que enfrentan estas comunidades en América Latina y el Caribe.

Desde Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, de la organización Kumpania Rrom de Bogotá, destacó algunos avances en el reconocimiento de los derechos del pueblo Rrom en el país, aunque señaló que todavía son necesarias más acciones para combatir la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, Deny Dobobrov, Director de Relaciones Internacionales de la World Roma Federation, advirtió que las comunidades romaníes también enfrentan discriminación estructural en Estados Unidos, la cual suele permanecer oculta debido a que muchas personas romaníes optan por ocultar su identidad para evitar el estigma y los estereotipos. Según explicó, el limitado reconocimiento público de los romaníes como minoría étnica en ese país contribuye a perpetuar narrativas antirromaníes que influyen en la percepción social y en las instituciones.

Dobrov también expresó preocupación por la persistencia de estereotipos antirromaníes en algunos materiales de formación de las fuerzas del orden y en contextos de investigación, lo que podría favorecer prácticas de perfilamiento étnico. En ese contexto, instó a los Estados a reconocer explícitamente a las comunidades romaníes en las políticas contra el racismo, fortalecer la colaboración con organizaciones lideradas por romaníes y promover mecanismos seguros de autoidentificación que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante la sesión también participaron representantes del sistema internacional de derechos humanos. Claude Cahn, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió a las dificultades existentes para documentar adecuadamente las violencias que afectan a esta población.

Al cierre de la audiencia, las comisionadas de la CIDH reconocieron la importancia histórica de este espacio. La comisionada Gloria de Mees, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, señaló que el pueblo romaní ha permanecido invisibilizado a pesar de sus aportes a la sociedad, mientras que la comisionada Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, manifestó preocupación por las formas de violencia de género que afectan particularmente a las mujeres romaníes.

Tras la audiencia, la CIDH agradeció la participación de las organizaciones y reafirmó su compromiso de escuchar y visibilizar las voces de los pueblos Roma en la región, destacando que estas comunidades han enfrentado discriminación histórica e intergeneracional. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados incluyan a esta población en los censos nacionales y utilicen los datos recopilados para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades y garanticen sus derechos.

La audiencia marcó un paso significativo para visibilizar la situación de los pueblos Roma en las Américas y avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde Raza e Igualdad destacamos la importancia de este espacio histórico y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y organizaciones Roma en la región en sus esfuerzos por visibilizar la discriminación estructural que enfrentan y promover el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos humanos.

Organización cubana Damas de Blanco denuncia ante la CIDH la violencia ejercida por el régimen autoritario de Cuba

Miami, 19 de noviembre de 2025 – “Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas”. Estas fueron algunas de las violencias denunciadas el pasado lunes 17 de noviembre por integrantes de la organización cubana Damas de Blanco durante una audiencia privada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en el marco del 194° Período de Sesiones celebrado en Miami, Estados Unidos.

La delegación estuvo conformada por las activistas Lourdes Esquivel, Blanca Reyes y María Elena Alpízar, quienes participaron como representantes de la organización en el exilio. Esquivel relató la represión estatal que sufrió hasta diciembre de 2022, cuando fue desterrada. El exilio forzado continúa siendo una de las prácticas empleadas por el régimen cubano para castigar y silenciar a las defensoras de derechos humanos, como ocurrió con la activista Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla.

La audiencia fue solicitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Durante su intervención, el abogado Fernando Goldar recordó que dos integrantes de las Damas de Blanco siguen privadas de libertad: Sissi Abascal y Saylí Navarro, encarceladas por pertenecer a la organización y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

Ante la CIDH, la delegación integrada por las representantes de las Damas de Blanco y Raza e Igualdad expuso el patrón sistemático de violencia ejercido por el Estado cubano durante más de dos décadas. Entre ellas se encuentran miles de detenciones arbitrarias sin registro oficial, desapariciones forzadas, vigilancia constante, asedio y amenazas dirigidas tanto a las activistas como a sus familias. También denunciaron tratos diferenciados por razones de género y raza: entre otros, insultos sexualizados, represalias vinculadas a sus roles de cuidado y discriminación específica contra las integrantes afrodescendientes. Asimismo, señalaron la criminalización mediante figuras penales ambiguas, la imposibilidad de ejercer su libertad religiosa debido a detenciones sistemáticas los domingos y las restricciones impuestas desde 2021 para reunirse o acceder a la sede de la organización. Ninguno de estos hechos ha sido investigado, lo que perpetúa un escenario de absoluta impunidad.

Los testimonios presentados reflejan cómo un grupo de mujeres, inicialmente movilizadas para exigir la liberación de sus familiares presos por motivos políticos (en 2003), se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos en Cuba, en la región y en el ámbito internacional. Sin embargo, las agresiones y represalias que enfrentan buscan apartarlas de la vida pública y desarticular su labor.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las Damas de Blanco y con la denuncia permanente de las violaciones cometidas contra mujeres activistas en Cuba. Hacemos un llamado a la CIDH  para que condene estos hechos y a la comunidad internacional para que respalde y acompañe el legítimo reclamo de respeto y protección hacia las integrantes de esta organización. 



Rechazamos atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, muestra de represión transnacional

Bogotá, 14 de octubre de 2025 – Este lunes 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas y se recuperan fuera de peligro. Según información oficial, tres hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su enérgico rechazo ante este ataque, que representa un nuevo caso de represión transnacional, una forma de persecución política que busca silenciar a quienes defienden derechos humanos incluso más allá de sus fronteras. 

“Nos alarma el crecimiento de la represión transnacional en América Latina: una práctica que pretende castigar el activismo y callar las voces críticas, aun en el exilio. Este atentado contra Yendri y Luis vulnera no solo sus vidas, sino también el derecho colectivo a defender los derechos humanos”, señaló Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad. 

Yendri Omar Velásquez Rodríguez es un reconocido defensor LGBTIQ+ venezolano y fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. En 2024 recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho otorgado por las embajadas de Francia y Alemania; pero ese mismo año, en agosto, fue víctima de persecución estatal cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía y su pasaporte fue anulado. Semanas después fue obligado a exiliarse en Colombia.

Luis Alejandro Peche Arteaga, de 34 años, es internacionalista y consultor político. Fue asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018, durante la presidencia parlamentaria de la oposición, y colaboró con organizaciones de participación ciudadana como Voto Joven. En 2025 abandonó Caracas tras recibir amenazas. 

Este atentado se inscribe en un patrón de violencia transnacional cada vez más visible en la región. En junio de 2025, Raza e Igualdad condenó el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, un hecho que evidenció que la persecución contra voces críticas y opositoras trasciende las fronteras nacionales. 

Llamado urgente al Estado colombiano 

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado urgente y respetuoso al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas de protección, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de Yendri Velásquez, Luis Peche y sus familias. Asimismo, insta a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta, exhaustiva y con la debida celeridad que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, y garantizar que no haya impunidad. 

De igual forma, exhorta a las autoridades a coordinar acciones con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y brindar acompañamiento especializado. 

Raza e Igualdad también llama al Estado a reforzar las políticas nacionales de protección para personas defensoras, periodistas y líderes sociales, incorporando un enfoque interseccional, diferencial y de género que reconozca las múltiples vulnerabilidades que enfrentan los defensores migrantes y LGBTIQ+. 

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a no guardar silencio frente a estos hechos. Condenamos enérgicamente las expresiones de represión transnacional en América Latina y el Caribe, y reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia. 

Proteger la vida de quienes defienden derechos humanos es un compromiso colectivo y una obligación ética universal. Defender derechos no puede seguir siendo un riesgo que se pague con la vida. Colombia y toda la región deben ser territorios de refugio y esperanza, no espacios donde se prolonguen el miedo y la persecución. 

Nicaragua: organizaciones y víctimas denuncian ante la CIDH nuevos patrones de represión

Washington D.C., 28 de julio de 2025.– En el marco del 193 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, organizaciones internacionales y familiares de víctimas participaron el 25 de julio en una audiencia pública para denunciar la continuidad de la represión estatal en Nicaragua y la adopción de nuevos patrones que agravan la crisis de derechos humanos en el país, los cuales podrían afectar la seguridad y población de otros Estados.

En la audiencia participaron representantes de  la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC), Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quienes expusieron, en conjunto con Claudia Vargas, viuda del analista político Roberto Samcam; Sadie Rivas, hija del prisionero político Aníbal Martín Rivas y Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera,  cómo el régimen Ortega-Murillo ha sofisticado su sistema represivo, aplicando mecanismos de persecución más selectivos, transfronterizos y con efectos ejemplificadores tanto dentro como fuera del país.

“Constatamos con profunda preocupación que, a más de siete años del inicio de la crisis, se mantienen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La represión no ha cesado: se ha transformado y ampliado, cruzando fronteras y afectando a quienes buscan refugio en el exilio”, afirmó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

En ese sentido, dijo que, entre los nuevos patrones de represión identificados, están la persecución transfronteriza o represión transnacional, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el aumento de casos de desaparición forzada.

Respecto a la persecución transfronteriza o represión transnacional, Azahalea Solís, del MAM, mencionó la aprobación de leyes con las que el régimen nicaragüense busca legitimar su accionar en contra de los derechos humanos de nicaragüenses en el extranjero, tales como la Ley N.º. 1145, que establece arbitrariamente la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a nacionales, y la Ley N.º 1216, que reforma el Código Penal y extiende la jurisdicción penal de Nicaragua a acciones realizadas por nicaragüenses o extranjeros fuera del territorio nacional, con el fin de perseguir reiteradamente a personas opositoras o percibidas como tal.

Denunció que el gobierno también realiza acciones de control e intimidación contra nicaragüenses en el exilio, a través de amenazas y agresiones a familiares que permanecen en Nicaragua, así como el asesinato de personas en el extranjero a manos de agentes nicaragüenses, detallando que se han documentado seis casos, de los cuales tres ocurrieron en Honduras , y tres en Costa Rica, siendo el último caso el del analista político Roberto Samcam, asesinado en San José el pasado 19 de junio.

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, compartió que la Fiscalía de Costa Rica ha señalado que el asesinato de su esposo no es un crimen común, y ha reconocido la complejidad del caso, incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación. «Esa afirmación exige ir más allá: investigar no solo a los autores materiales, sino también quiénes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución», subrayó.

Natalia Yaya, de la FIDH, aseguró que una de las más severas formas de represión del régimen Ortega-Murillo en los últimos años e inédita a nivel regional es la privación arbitraria de la nacionalidad, la cual  hoy tiene graves impactos en el goce de derechos humanos de las personas afectadas. Precisó que desde 2023, al menos 450 personas han sido afectadas con esta medida y las han dejado en una situación de “muerte civil”: «Las autoridades les anularon de todos los registros nicaragüenses y decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país», apuntó.

Olga Valle, de Urnas Abiertas, añadió información referente a la apatridia de facto, señalando que el régimen ha institucionalizado mecanismos de privación arbitraria de la nacionalidad, no sólo mediante resoluciones judiciales, sino también a través de prácticas administrativas como la negativa a emitir o renovar pasaportes y documentos de identidad, tanto dentro como fuera del país. La falta de documentación, dijo, coloca a las personas en una situación de desprotección.

También se refirió al incremento exponencial en las negativas de ingreso a Nicaragua, incluso contra personas que no estaban vinculadas a redes u organizaciones opositoras. Valle señaló que hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos de la ONU documentó 259 casos de personas nicaragüenses a quienes se les prohibió el ingreso al país y que por el temor de las personas afectadas existe un sub registro importante.

“Las detenciones se concentran en pocas personas con perfiles específicos: líderes y comunitarios indígenas, periodistas, personas de fe, activistas, miembros de partidos políticos, y se ha incrementado la presencia de ex militares, [además] hay 10 personas encarceladas desde antes de 2018”, denunció Claudia Pineda, de la AUDJUDRNIC, quien puso sobre la mesa la problemática de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, precisando que «se reportan 54 personas detenidas, incluyendo 7 mujeres, 18 adultos mayores, 14 desaparecidos y 19 sin condena», según el registro del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas.

A ello sumó que desde septiembre de 2023, las desapariciones forzadas de larga duración se han agravado, y que actualmente al menos 14 personas de la lista oficial del Mecanismo siguen desaparecidas, entre ellas 5 mujeres, 7 adultos mayores, 2 periodistas, 3 ex militares y dirigentes y activistas políticos, destacando los casos de Brooklyn Rivera, Víctor Boitano, Angélica Chavarría, Eveling Matus, Fabiola Tercero y Eddy Gonzalez, desaparecidos desde hace un año y más.

Sadie Rivas, hija de Aníbal Rivas Reed, denunció que desde el 17 de mayo, su papá fue sometido a desaparición forzada por 42 días, tiempo durante el cual permaneció totalmente incomunicado. Dijo que aun cuando ya han permitido una única visita -donde se enteraron de que fue condenado a 50 años de prisión por “traición a la patria”- la familia sigue temiendo por su vida, por sus padecimientos y enfermedades crónicas.

En tanto, Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera denunció que la desaparición forzada de su padre es parte de una estrategia sistemática del régimen para acallar a líderes indígenas que defienden la tierra, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Adolfo Lara, de Raza e Igualdad, intervino destacando que, ante los nuevos patrones de represión, la persistencia de otros ampliamente documentados y la impunidad en la que los crímenes de lesa humanidad permanecen,  es fundamental que la comunidad internacional exija cuentas al régimen y le obligue a respetar las obligaciones internacionales que ratificó.

Asimismo, solicitó a la CIDH reforzar el monitoreo, denunciar  la represión transnacional por parte del régimen nicaragüense y brindar acompañamiento a los Estados que acogen a personas exiliadas para asegurar su protección y acceso a derechos, reconocer el patrón sistemático de apatridia  exigir la libertad de todas las personas presas políticas y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada.

Durante la audiencia, se contó con la participación especial de Ariela Peralta, parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN). La experta evocó las constataciones presentadas en su último Informe[1] en el que también alertaban sobre la escalada de la represión transnacional y sus graves impactos para las personas afectadas, sobre el cual presentarán un informe en septiembre ante Naciones Unidas.

El presidente de la CIDH, el comisionado José Luis Caballero, agradeció a las víctimas por sus testimonios, señalando que la situación se ha agravado con la reforma de 2025. El Comisionado Arif Bulkan, Relator para Nicaragua,  lamentó la hipocresía de quienes continúan haciendo negocios con el Estado de Nicaragua y al mismo tiempo condenan a ese tipo de regímenes. Alentó a la sociedad civil a continuar su trabajo de documentación y denuncia. Los demás comisionados, luego de solidarizarse y agradecer los testimonios de las tres familiares presentes, condenaron las graves actuaciones del régimen nicaragüense, la agravación de la situación de derechos humanos monitoreada por ellos igualmente y su disposición para buscar soluciones junto con otros Estados, para la grave situación de los nicaragüenses en el exterior. Anunciaron que próximamente publicarán un Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las organizaciones participantes en esta audiencia reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión estatal y continuaremos denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo ante los mecanismos internacionales de protección.

 

 

[1] GHREN. Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. 3 de abril 2025. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-8-s.pdf

 

CIDH admite caso de lesbianas peruanas que exigen entrega de DNI para su hijo con datos de ambas madres

Lima, 24 de enero de 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las ciudadanas peruanas Darling Delfín Ponce y Jenny Trujillo Cueva, así como a sus representantes legales DEMUS, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Más Igualdad Perú, que se aprobó la admisibilidad de su caso contra el Estado peruano.

María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico, explica que se ha cumplido con los requisitos para que la CIDH admita su petición y pueda pronunciarse sobre el fondo estableciendo la responsabilidad del Estado por violar sus derechos humanos, que cumpla con garantizarlos, hacer justicia, repararlas integralmente y adoptar medidas de no repetición.

Este caso inició el 2014. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se ha negado a emitir, en favor del niño D.A.D.T., un Documento Nacional de Identidad (DNI) que registre plenamente la maternidad de sus dos madres. A la fecha, el caso que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional no resolvió su situación jurídica pese a que el caso estuvo en su sede desde el 2022.

Las madres, Darling y Jenny, alegan que la falta de un DNI que registre la maternidad de ambas vulnera sus derechos a la igualdad y no discriminación. Además, se vulneran diversos derechos de su hijo, de 10 años de edad, uno de ellos, a la identidad además de no respetarse el principio del interés superior del niño. Explican que en una ocasión el personal de una posta médica no permitió a Jenny Trujillo ingresar para acompañar a D.A.D.T. en un tratamiento de salud, argumentando que ella no figuraba como madre en el DNI del niño.

Las organizaciones que acompañan el caso argumentan que las autoridades peruanas han discriminado a las presuntas víctimas debido a la orientación sexual de Darling y Jenny, afectando varios de sus derechos, incluso que hayan tenido que migrar a otro país para desarrollarse como familia. Y sostienen que la situación les está ocasionando afectaciones a su salud mental, debido al estrés, la angustia y el miedo causado por la incertidumbre jurídica en la que se encuentran.

“En LIFS consideramos muy importante la admisión de este caso por parte de la CIDH, incluyendo la denuncia de que el Estado peruano puede haber cometido violencia contra las lesbianas por su orientación sexual”, señala Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS.

“Este es uno de los casos más emblemáticos sobre la continua desprotección en el Perú de las parejas del mismo sexo y sus hijos, impidiendo el reconocimiento legal de sus familias y las protecciones legales que tanto necesitan. Esperamos que la CIDH nos ayude a demostrar la responsabilidad del Estado sobre la desprotección legal en la que viven las parejas y las mujeres lesbianas, y nos ayude a encontrar justicia para ellas y sus hijos”, afirma Gabriela Zavaleta de Más Igualdad Perú.

Cynthia Silva, directora de Demus, detalla que: “La ausencia de un DNI que informe plenamente el vínculo del niño con sus madres evita que pueda disfrutar de la integralidad de sus derechos civiles y sociales, ya que debido a su edad solo puede ejercerlos a través de ellas. Por lo tanto, resulta indispensable que su DNI acredite adecuadamente estos lazos para que así pueda gozar y ejercer todos sus derechos sin discriminación”.

“La CIDH ha señalado en su informe de admisibilidad que nuestros alegatos son fundados, por eso ha declarado admisible nuestra petición para un estudio de fondo. Es innegable las barreras legales y sociales que enfrentan las familias diversas en Perú y en toda la región; por eso, esta decisión es importante ya que podría fomentar un avance en la protección de los derechos de las familias diversas y en el reconocimiento de la igualdad ante la ley”, afirma Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

 

Oficina de Prensa DEMUS

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Transmasculinidades ante la CIDH: Llamado urgente por el derecho a la salud en América Latina

El pasado 12 de noviembre, la coalición de organizaciones transmasculinas expusieron ante la CIDH sobre las diversas realidades del acceso al derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Washington, D.C., 20 de noviembre de 2024.- En el marco de 191º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones transmasculinas de América Latina y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expusieron las múltiples vulneraciones al acceso al derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Las intervenciones de Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia destacaron la urgente necesidad de que los Estados cuenten con políticas públicas e implementen sistemas de salud afirmativos que respeten la identidad de género y atienda integralmente las necesidades específicas de la población transmasculina.

“La situación de las transmasculinidades se caracteriza por una profunda disparidad en cuanto al ejercicio de derechos y todas han encontrado que una dificultad en torno al sistema de salud y el acceso a servicios de salud y tratamientos o cirugías para aquellas personas que así lo requieran”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, organización que trabaja junto a esta coalición.

El sistema de salud debe responder a las experiencias diversas

Bruno Montenegro, representante de Fraternidad Trans Masculina Perú, enfatizó que un hombre trans o una persona transmasculina representan experiencias diversas y auténticas, que implica enfrentar desafíos particulares en el acceso al derecho a la salud: “nosotros fuimos asignados con el género femenino, y hemos realizado una transición social y/o hormonal hacia el género masculino, con el cual realizamos nuestra vida en todos los aspectos”, señaló.

Según Montenegro, el personal de salud suele carecer de formación adecuada, lo que deriva en una atención humillante y violenta hacia las personas transmasculinas que, por tanto, evitan acudir a servicios médicos, exponiéndose a riesgos para su salud.

“En Perú, la Norma Técnica en Salud para personas trans que brinda apoyo en hormonización, no incluye a los hombres trans. De manera similar, en Bolivia, el modelo de atención integral para personas LGBTI no garantiza una atención digna y adecuada para transmasculinidades, y carece de una estrategia de difusión efectiva que permita su implementación. En Brasil y Ecuador, la situación no es muy diferente; a pesar de algunos avances, la ausencia de políticas públicas específicas y la falta de presupuesto en salud para procesos de sensibilización y capacitación agrava la exclusión de nuestra población transmasculina”, informó.

Patologización y sus efectos nocivos

Dom Erick, del Instituto Brasileño de Transmasculinidades – IBRAT, denunció la patologización de las identidades transmasculinas como un factor clave en la perpetuación del estigma y la violencia. Citó el caso de Perú, donde en 2024 se mantuvo la clasificación de la identidad de género como un “trastorno mental” según la CIE-10, en contradicción con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de 2019. Esta patologización dificulta el acceso a atención sanitaria al requerir evaluaciones psiquiátricas para recibir apoyo médico.

Dom Erick también alertó sobre los impactos negativos en la salud mental de las personas transmasculinas. Según el informe «Hombres transexuales: invisibilidad social y salud mental» (2018), el 94,5% de los hombres trans encuestados reportaron sentir depresión, mientras que el 66,4% experimentaron ideas suicidas. La falta de datos y estadísticas sobre las vidas transmasculinas contribuye a su invisibilización y a la omisión de políticas que aborden estas problemáticas.

“En Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, experimentamos un subregistro crítico de datos y estadísticas sobre vidas transmasculinas. La invisibilidad y negligencia del Estado mantiene a nuestra comunidad al margen. Las experiencias estresantes y violentas sufridas en espacios públicos, sociales y familiares impactan negativamente en la salud mental de nuestra población, generando fobias sociales, sentimientos de aislamiento, depresión, ansiedad y conductas suicidas que pueden conducir al autoexterminio”, señaló.

Derechos sexuales y reproductivos: un vacío legal y social

Javier Morón, de Hombres Trans Diversos Bolivia, expuso la vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres trans. Desde violencia obstétrica hasta el uso de pronombres incorrectos, las experiencias de discriminación en contextos ginecológicos y obstétricos son comunes. Además, los vacíos legales en el registro civil dificultan la inscripción de hijos, obligando a los hombres trans a figurar como “madres” en los documentos legales, una práctica que ignora y deslegitima su identidad de género.

“Muchos se encuentran con un sistema de salud desensibilizado, falto de conocimientos y sobre todo guiado por ideologías religiosas, negándonos el acceso a controles pre y postnatales adecuados. Esta negativa no solo compromete la salud física del padre y el bebé, sino que también perpetúa un ambiente propenso a la violencia obstétrica durante el parto. El embarazo y el parto deben dejar de asociarse a la condición de mujeres cisgénero y comenzar a reconocerse que otras identidades como las nuestras, tienen la capacidad de gestar o necesitan someterse a la interrupción legal del embarazo”, enfatizó.

Automedicación y desabastecimiento: riesgos para la salud

Gabriel de Prada, de Fraternidad Transmasculina Ecuador, describió los peligros asociados con la automedicación en ausencia de recursos accesibles para la transición hormonal. La falta de disponibilidad de testosterona en las farmacias y la disparidad de precios fuerzan a muchos hombres trans a recurrir a anabólicos de origen dudoso, con graves riesgos para la salud.

A pesar de estos desafíos, De Prada señaló ejemplos positivos, como las políticas inclusivas implementadas en Brasil. En octubre de 2024, el Sistema Único de Salud eliminó la necesidad de vincular consultas y exámenes al “sexo biológico”, permitiendo un acceso más integral y respetuoso a servicios ginecológicos y urológicos.

Un llamado urgente a la acción

Las intervenciones en esta audiencia temática ante la CIDH concluyeron con Otávio Zanardi de Raza e Igualdad, quien respetuosamente llamó a la Comisión a que:

1) Inste a los Estados produzcan información integral y datos desagregados sobres las personas transmasculinas.

2) Que realice monitoreo y observe si los Estados están cumpliendo con las recomendaciones del informe producido por REDESCA a respecto de personas trans y de género-diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, principalmente se cumple las recomendaciones sobre el derecho a la salud. Asimismo, actualice el informe publicado en 2015 sobre Violencia contra personas LGBTI, a fin de reevaluar la violencia que enfrentan las personas transmasculinas.

3) Realice una declaración pública sobre los desafíos que enfrentan las personas transmasculinas en el acceso a la salud, a fin de crear conciencia entre diversas partes interesadas, incluidos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

4) Recomendamos también a realizar una visita in loco a Perú, país que han enfrentado impugnaciones legales, como la clasificación de las identidades trans como enfermedad mental y otras normas anti-trans.

5) En observación o a lo establecido en la Resolución 04/2023 en la Política de Priorización de las peticiones y casos ante la Comisión, llamamos a una atención prioritaria de transversalidad de género e interseccionalidad especialmente relacionada con la salud de las personas transmasculinas.

En audiencia CIDH sobre Nicaragua: Instituciones Financieras Internacionales inadvertidamente financian crímenes de lesa humanidad 

Washington, D.C., 15 de noviembre de 2024.-“La comunidad internacional y diversos fondos (de Instituciones Financieras Internacionales – IFIs), sin querer, están financiando crímenes de lesa humanidad”, dijo el Relator Especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arif Bulkan, en la audiencia temática “Nicaragua: apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos”, celebrada este jueves 14 de noviembre.

En la audiencia participaron representantes de las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas; comisionados y comisionadas de la CIDH y una representación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Al iniciar la audiencia, Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, contextualizó sobre la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense, caracterizada por una concentración del poder en manos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo; el cierre del espacio cívico y la represión sistemática contra la disidencia.“El régimen ha cancelado por motivos políticos más de 5,200 organizaciones de la sociedad civil de las 7,200 existentes… Sin embargo, la amplia documentación y conocimiento de la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense no implicó la revisión, suspensión o cancelación de proyectos de desarrollo con financiación internacional”, alertó Fetterhoff.

Por su parte, Marcelo Azambuja, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad, expuso que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE, actualmente apoyan 88 proyectos en Nicaragua con un valor de USD 4.35 mil millones. De estos proyectos, 50 proyectos por un monto de USD 2.7 mil millones fueron aprobados después de 2018, año en el que se agudizó la crisis democrática y de derechos humanos en el país centroamericano. Sin embargo, “ninguna de esas instituciones mencionó públicamente la crisis como un factor influenciando la aprobación o el monitoreo de la implementación de proyectos de desarrollo en Nicaragua”, enfatizó Azambuja.

“Las IFIs también están obligadas por el derecho internacional a respetar a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Deben adoptar medidas de debida diligencia en derechos humanos para buscar prevenir o mitigar los impactos adversos a los derechos humanos… En Nicaragua, su omisión ha resultado en la violación del derecho a la libertad de expresión tanto por la restricción de acceso a información pública sobre proyectos de desarrollo y políticas públicas con financiación internacional…”, dijo Azambuja durante su intervención. 

Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, expuso cómo la captura del Estado en Nicaragua ha consolidado un sistema cleptocrático, donde el régimen Ortega-Murillo utiliza las instituciones estatales y el endeudamiento externo para beneficios personales y el enriquecimiento del círculo de poder. 

Orozco afirmó que la economía autoritaria del régimen se sustenta en la apropiación de ingresos fiscales y en la utilización de organismos estatales para extorsionar al sector privado. Agregó que “el uso del endeudamiento externo para beneficiar a la élite económica y política es otra de las formas más evidentes de captura del Estado”, ante esto, la “dependencia del Gobierno de la financiación externa aumentó del 46% al 56% del PIB entre 2017 y 2023, con casi USD 9,000 millones de deuda pública”. 

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, enfatizó que el modelo económico autoritario del régimen Ortega-Murillo y la falta de supervisión de los fondos públicos ha ocasionado que el Estado deje de servir a los intereses del pueblo, y se constituya como una reconfiguración cooptada del Estado. Valle instó a las IFIs a mejorar sus mecanismos de transparencia y exigió la adopción de medidas que aseguren el beneficio de los recursos al pueblo nicaragüense en lugar de favorecer los intereses de la élite en el poder.

“Es fundamental que las instituciones financieras internacionales asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuenta, asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos”, destacó Valle. 

Por su parte, Amaru Ruiz, Director de Fundación del Río, mostró su preocupación por la gestión del Financiamiento Verde al régimen Ortega-Murillo a través de las IFIs. Actualmente Nicaragua tiene 27 proyectos ambientales en ejecución con una cartera de USD 384.8 millones, de los cuales el 66% son donaciones, siendo las principales fuentes de financiamiento el BM y BID, esta situación ha generado impactos ambientales negativos en Nicaragua como la deforestación acelerada, el aumento de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Además, de violaciones de derechos, dado que los proyectos de financiamiento verde se concentran en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, donde también persisten las violaciones a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ruiz, también enfatizó en la cancelación del proyecto BioClima, y solicitó en la audiencia incrementar la fiscalización y el monitoreo de los proyectos financiados. Así como, establecer mecanismos de cooperación que respeten los derechos humanos, provea resultados tangibles y que se evalúe la transparencia.

En su intervención, el Presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon explicó que “un patrón notorio y particularmente grave del Estado de Derecho invertido en las manos del Gobierno de Nicaragua consiste en la masiva cancelación forzosa de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro”. Según el experto, el Gobierno de Nicaragua ha reportado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la cancelación del 80% del total de organizaciones sin fines de lucro. Para ello, el Gobierno ha implementado la recomendación número ocho del GAFI  que dice “asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por orgs terroristas”.

“Esta situación se presenta apenas a los dos años de la decisión del GAFI, en octubre de 2022, de retirar a Nicaragua de su lista de países de alto riesgo en materia de control de la base… Nicaragua aceptó a cambio que se realice el proceso voluntario para analizar lo que suele llamarse, yo cito, ‘posibles consecuencias imprevistas relacionadas con la implementación de la Recomendación 8’”, alertó el experto.

Por su parte, el Relator Especial de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan afirmó que el Gobierno de Nicaragua sigue recibiendo “inmensa financiación” en nombre de proyectos de desarrollo, “pero en vez de que ese cúmulo de dinero que se está recibiendo se utilice para lo que dice que se debe utilizar, es decir, para caminos, para proyectos sociales, etc… esos fondos acaban en el bolsillo de las élites”.

“La comunidad internacional y diversos fondos, sin querer están financiando crímenes de lesa humanidad. Eso hay que decirlo con todas sus letras”, dijo Bulkan, quien también aseguró que esta situación empuja a la CIDH “a hacer un llamamiento muy, muy claro y contundente a las distintas organizaciones internacionales y demás entidades” para que tomen en cuenta la situación real de Nicaragua y “dejen de sostenerla.. aún poniendo como pretextos medios indirectos”.

Para Javier Palummo, Relator Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, “las instituciones financieras internacionales no son cualquier tipo de empresas…son órganos internacionales, órganos que son creados por los Estados, que tienen órganos de dirección donde podemos encontrar representantes gubernamentales… Estas instituciones tienen el deber de implementar salvaguardas robustas que garanticen que sus recursos no contribuyan a perpetuar situaciones de abuso o de represión. Es imperativo, por tanto, que refuercen mecanismos de transparencia y que realicen auditorías independientes de sus proyectos”.

El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca reconoció el esfuerzo de la sociedad civil nicaragüense “por seguir explorando espacios, caminos por los cuales se pueda restablecer la garantía de derechos humanos en un Estado que ha decidido deliberadamente atropellar los derechos civiles y políticos, entre ellos la libertad de expresión”.

“La represión cuesta y es importante preguntarnos de dónde vienen los recursos que generan entornos permisivos a la represión”, expresó Vaca.

Las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas, esperamos que la CIDH tome en cuenta nuestras recomendaciones para promover medidas que aseguren el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Entre estas destacamos: formular una resolución sobre el alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos en el ámbito del apoyo financiero internacional y de proyectos orientados al desarrollo; establecer un grupo de trabajo entre la CIDH, las IFIs y las organizaciones de la sociedad civil para abordar la relación entre el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y en América Latina; y manifestarse públicamente sobre los riesgos de impactos adversos de los proyectos financiados con recursos de las instituciones financieras internacionales en territorio nicaragüense.

Por primera vez la CIDH concede una audiencia temática específica sobre la salud de transmasculinidades

Coalición de organizaciones de personas transmasculinas de Sudamérica logró obtener una audiencia temática ante la CIDH para tratar la problemática sobre su acceso al derecho a la salud en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia temática para este 12 de noviembre a las 9:00 am (hora Washington DC) a Fraternidad Trans Masculina Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT Brasil, Fraternidad Trans Masculina Ecuador y al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) -los peticionantes- en su 191º Período Ordinario de Sesiones en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, a fin de que expongan las graves problemáticas relacionadas con el derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Esto marca un hito en la lucha por los derechos de las personas transmasculinas ya que, por primera vez, una audiencia de la CIDH abordará de manera específica los problemas que afectan a la población transmasculina referente a su derecho a la salud. La falta de acceso a tratamientos hormonales y cirugías, la discriminación sistemática y la violencia institucionalizada dentro de los sistemas de salud públicos y privados, así como la ausencia de políticas públicas que garanticen el bienestar físico y mental son algunos puntos que se desarrollarán en la audiencia. Con esta acción, la Coalición que ha venido trabajando en el proyecto regional Mi salud Transmasculina Importa, respaldada por Raza e Igualdad, busca evidenciar esta problemática ante instancias internacionales, exigiendo medidas concretas por parte de los Estados a fin de garantizar el derecho humano a la salud, con base en los principio de igualdad, no discriminación y respeto a la identidad de género. El objetivo es promover cambios estructurales y normativos que promuevan un acceso equitativo a la salud, estableciendo precedentes que impacten en toda la región.

Sigue la audiencia en directo
Vía: YouTube
Día: martes 12 de noviembre 2024
Hora: 9:00 am (Washington DC)

Sigue el trabajo de la coalición:
Instagram: @mi.salud.transmasculina
X: @saludtransmasc
Facebook: @misaludtransmasculina
Tik Tok: @misaludtransmasculina

**Para más información sobre la audiencia y entrevistas con la coalición comuníquese con el contacto de prensa correspondiente.

Para información en español e inglés:
Luz Mateo Cielo – Raza e Igualdad
lgbticomms@raceandequality.org
(+51) 933773180

Para información en portugués:
Paolla Moura – Raça e Igualdade
jornalista@raceandequality.org
(+55) 21 98798-0407

 

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