Perú: Entregan firmas ante el TC exigiendo un DNI con dos mamás para Daki
Perú: Entregan firmas ante el TC exigiendo un DNI con dos mamás para Daki
Organizaciones y defensores de derechos humanos junto con la organización Change.org, entregaron firmas al Tribunal Constitucional (TC) exigiendo escucha y amparo para Daki y sus madres discriminadas por RENIEC
Este martes 1 de agosto, Dakarai, hijo de Jenny y Darling, cumple nueve años de edad y aún no cuenta con un Documento Nacional de Identificación (DNI) que lo identifique y le permita el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, libre desarrollo de la personalidad, debido a la discriminación que viven él y sus mamás.
Desde el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Demus, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Más Igualdad Perú y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaciones que acompañan su caso ante la justicia nacional e internacional junto con Change.org, han emprendido una recolección de firmas virtuales de personas que abogan para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emita un documento de identidad donde figuren sus dos mamás como un asunto de derechos humanos y democracia.
Las más de 700 firmas han sido entregadas ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que se le exige que pronto pueda dar fecha y hora de vista de la causa y emitir un fallo favorable que vele por el interés superior del niño, así como, por el derecho a la igualdad y no discriminación de Daki, Darling, Jenny y todes les integrantes de las familias diversas y niñeces del Perú.
Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo
Washington D.C., 28 de junio de 2023.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea dedicar este artículo a reconocer, celebrar y visibilizar la presencia de personas LGBTI+ de la región en el campo del arte y la cultura que siempre han sido formas de resistencia, sobrevivencia y orgullo para las personas LBGTI+. Sus disruptivas formas de expresión artística han revolucionado este sector, no solo enriqueciéndolo sino desafiado y transformado las narrativas dominantes de la cisheteronormatividad.
Desde el enfoque de los derechos humanos, en el informe A/HRC/14/36 de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales de las Naciones Unidas señala que, en muchos aspectos, los derechos culturales son esenciales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. A través de estos, se protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo -individuales y colectivos-, y abarcan libertades importantes relacionadas con cuestiones de identidad[1].
En ese sentido, la representación y la visibilidad digna de grupos históricamente vulnerados, como la población LGBTI+, son fundamentales para reivindicar sus cuerpos e identidades, y promover sus derechos humanos. “Combate el estigma y la discriminación. La representación positiva en la cultura contribuye a desafiar los estereotipos y prejuicios negativos que existen la entorno a la diversidad sexual y de género”, menciona Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua, quien señala que esto también sucede con une misme cuando los personajes y narrativas reflejan experiencias propias que contribuyen a desarrollar mayor confianza y aceptar su identidad de género u orientación sexual sin sentir vergüenza o culpa.
“La manifestación artística diversa visibiliza, expone, retrata y enriquece. Poder disfrutar del arte de manos de personas de la diversidad sexual y de género brinda una perspectiva diferente al público, humanizando y volviendo suyas las expresiones”, dice Fhran Medina, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTI+ de Fraternidad Trans Masculina Perú.
Desde el significado del arte y la cultura, más que tener un fin instrumental, Guillermo Valdizán dice en su libro Creación Heroica que “las formas de producción cultural están íntimamente ligadas a los procesos de transformación de las sociedades”[2]. Es decir, la producción cultural no existe sino en un contexto social, político y económico determinado y ha continuado presente a lo largo de la historia de las sociedades; por ello, son parte del proceso social y no solo una herramienta. Como dice Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia, existe una apropiación de la esfera cultural más visible por parte de las personas LGBTI+ que produce nuevas representaciones y reflexionan sobre la sexualidad y el género, y desde este espacio se gestan transformaciones culturales también.
A continuación, las contrapartes de Raza e Igualdad recomiendan algunos ejemplos notables de producciones culturales que han contribuido a la visibilidad de las personas LGBTI+:
Yunior Pino, fotógrafo y activista cubano: “Somos personas valerosas, dotadas de talentos y dones; educamos para erradicar los tabúes que por generaciones han causado mucho daño y discriminación. Recomiendo el filme cubano titulado «Fátima” porque cuenta la cruda realidad que vive en su mayoría la comunidad LGBTI+ en Cuba, ante una sociedad machista, discriminatoria y un sistema que obliga a ejercer la separación familiar y la prostitución”.
Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia: “Me gustaría que el trabajo de Kia sonorica, una artista trans paraguaya, pudiera conocerse más. Ella también es historiadora anticolonial, conoce bien la historia del arte; y ahora es una de las artistas Latinoamericanas pioneras en el uso de la inteligencia artificial para producir obras artísticas”.
Fhran Medina, abogado y activista peruano: “Antay es mi cantautor peruano favorito, no solo por ser un gran cantante, sino por el trabajo y el enorme corazón que le pone a cada canción y presentación. Sus letras son ternura y también mucho arte. Como cantautor trans, lleva consigo muchas historias y vivencias de la población trans. El videocip de la canción “Júrame” es algo que todas las personas deberíamos ver, pueden encontrar más de sus producciones en Spotify y Youtube”.
Articulación Brasileña de Lésbicas – Rede ABL: “Recomendamos el trabajo de Bia Ferreira en la música porque es una mujer negra y ‘sapatão’* que trae en sus canciones verdaderos ‘evangelios’ de liberación. Es importante que otras personas conozcan su trabajo porque explica de forma didáctica la causa y las soluciones a diversas cuestiones sociales”.
Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua: “Recomiendo a la artista Ru Paul, es una Drag Queen icónica y presentadora del programa RuPaul’s Drag Race, ha sido una figura importante en la cultura LGBTI+ y ha promovido la aceptación y la celebración de la diversidad”.
En conclusión, la visibilidad de las personas LGBTI+ en el campo del arte y la cultura es un indicador poderoso del progreso en materia de derechos humanos. A través del cine, la música, la danza, el teatro, arte visual y más, se ha conquistado un espacio en el que estas voces trascendentales pueden ser escuchadas y sus experiencias pueden ser representadas de forma más auténtica. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de promover la visibilidad y la representación de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida y les desea un mes del Orgullo con mucha música, arte y cultura. Todas las personas merecen vivir en una sociedad sin violencia, más justa y sin discriminación. ¡Derechos Humanos Siempre!
*’Sapatão’ es una palabra de orgullo que hace referencia a las mujeres lesbianas de Brasil. Es similar a que el movimento trans valoró la palabra ‘travesti’.
[2] Valdizán, Guillermo (2021). Creación Heroica: Neoliberalismo, políticas culturales y estrategia comunitaria en el Perú del siglo XXI. Lima: RGC Ediciones
Foro Interamericano contra la Discriminación celebra 10mo aniversario de CIRDI, en el marco de la Asamblea General OEA
Washington D.C., 20 de junio de 2023.- El Foro Interamericano contra la Discriminación, evento anual del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como a expertos y líderes afrodescendientes , indígenas y LGBTI+ de la región en un diálogo efectivo sobre la discriminación racial en las Américas.
Este año el Foro tuvo como tema el «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)«, y se celebró en el emblemáticoMuseo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), en Washington D.C.
Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, recordó en sus palabras de bienvenida que la CIRDI es una Convención que cubre la discriminación racial de manera amplia, sirviendo no solo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los pueblos indígenas y rrom (gitanos/romani).
El primer panel, «La deuda histórica: responsabilidad del Estado ante el CIRDI y el CIDI», contó con la participación de Joy-Dee Davis Lake, Ministra Consejera de la Embajada de la OEA y Misión Permanente de Antigua y Barbuda. En su relato, la Ministra hizo hincapié en la construcción de un mundo mejor para la diversidad, sin discriminación, donde cada individuo pueda desarrollar todo su potencial. Este panel también incluyó a Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de la Misión Permanente de la OEA en México, quien no puede asistir en persona, pero envió sus palabras de necesidad de compromiso y fortalecimiento del CIRDI a los Estados Miembros de la OEA.
Moderado por Carlos Quesada, el segundo panel «Esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica» contó con las palabras de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Desirée Cormier-Smith, Representante Especial para la Equidad y la Justicia Racial (SRREJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Symmy Larrat, Secretaria Nacional de Derechos LGBTQIA+ y Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil.
«Es necesario prestar atención a la representación racial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, hago un llamado a los ministros de gobiernos y partidos políticos para que reflexionen sobre la resistencia y la inacción para la aprobación del CIRDI por parte de los Estados Miembros», dijo Margarette May Macaulay.
«Tenemos que acordar mantener abierta la ventana de la justicia racial y social, es nuestra responsabilidad si esta ventana se cierra»,enfatizó Desirée Cormier-Smith y pidió a todas las personas afrodescendientes que se empoderen e influyan en sus gobiernos para construir una democracia antirracista.
En su discurso, Symmy Larrat celebró la reanudación del Consejo de Participación Popular LGBTI y anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre ‘Memoria y Verdad’, que contará con expertos y miembros de la sociedad civil para implementar políticas públicas que aborden la reparación histórica de la población LGBTI. «Es un desafío fortalecer los movimientos sociales LGBTI con un congreso tan conservador. Ganamos las elecciones, pero no ganamos la ola fascista», dijo.
Líderes afrodescendientes e indígenas de la sociedad civil de América Latina presentaron sus relatos en el panel ‘Experiencias regionales: la inclusión como herramienta para fortalecer voces diversas’. Moderado por Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), el diálogo incluyó a brasileños como Maurício Yek’uana, Director Hutukara Asociación Yanomami, quien llamó la atención sobre avance del narcotráfico entre los países limítrofes con las tierras indígenas yanomami de Brasil. “Además de los mineros que hemos estado denunciando durante años, están llegando facciones criminales y la acción del gobierno aún es insuficiente para contener a los invasores en la región», señaló Maurício Yek’uana. Asimismo, Adailton Moreira, Babalorixá Ilê Axé Omiojuarô, quien denunció el racismo religioso y el consentimiento del Estado por la inexistencia de políticas públicas que puedan frenar la violencia contra las religiones de origen africano.
En representación de la agenda LGBTI, el panel contó con la participación de Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD), de Colombia; y el nicaragüense Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, activista LGBT y miembro de la Asociación Madres de Abril y del Partido Unamos.
«La educación y la voluntad política del antifascismo son necesarias para una inclusión real. Las autoridades deben servir de puente entre el activismo y el gobierno», ha manifestado Sandra Milena Arizabaleta.
Por su parte, Yader de los Ángeles Parajón concluyó: «Nicaragua tiene una deuda con la identidad de género. La violencia generada por la dictadura es a todos los niveles, es silenciosa. Muchos activistas son perseguidos. En este sistema, ya no viven, pero sobreviven».También participaron en este panel la indígena guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales, miembro y abogada de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA); y el activista cubano Jorge Luis García Pérez, quien llamó a una alianza efectiva por los derechos de sus pueblos.
«El Estado guatemalteco emite órdenes de captura contra pueblos indígenas, criminalizándolos y sometiéndolos a tratos inhumanos. Nos tratan como invasores, pero nadie puede ser invasor de una tierra que históricamente les pertenece», advierte Wendy López.
«Soy un ex preso político de Castro. Y mi familia es víctima de una feroz persecución por ser negra, por ser un oponente. La dictadura tampoco admite ningún tipo de fe», dijo Jorge Luis García Pérez, señalando que en Cuba también hay persecución religiosa basada en la discriminación racial.
El último panel, ‘Coalición de Afrodescendientes de las Américas y el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA‘, moderado por Elvia Duque, Oficial Superior del Programa sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, trajo al público un mayor conocimiento sobre la 53ª Asamblea General de la OEA con la presencia de Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA; y Rosa Castro de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y Coordinadora de la Coalición Afrodescendiente de las Américas de la 53ª Asamblea General de la OEA.
Paula Corominas explicó que hay 3 coaliciones temáticas formadas dentro de la 53ª Asamblea General de la OEA y que el 21 de junio se realizará el diálogo entre los representantes de la OEA y la sociedad civil. Por su parte, Rosa Castro señaló algunas de las demandas de la Coalición Afrodescendiente de las Américas que implican una reunión de alto nivel por el 10º aniversario de la CIRDI y una agenda en la que se contemple un fondo para afrodescendientes.
A partir de estas diversas voces que hicieron resonar las diferentes realidades y contextos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y LGBTI de América Latina, Raza e Igualdad presentó un llamado a la unidad de las Américas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Con la CIRDI como lema para un plan efectivo para su implementación por parte de todos los Estados Miembros de la OEA para 2024, continuamos en alianza, apoyando y formando a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ocupar cada vez más estos espacios estratégicos como el Foro Interamericano contra la Discriminación.
En Asamblea OEA: Raza e Igualdad conmemorará el 10mo aniversario de la CIRDI y denunciará las violaciones a derechos humanos en Cuba y la persecución religiosa en Nicaragua
Washington D.C., 12 de junio de 2023.- En ocasión del 53º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)realizará tres eventos paralelos. En el primero se conmemorará el décimo aniversario de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), y también se promoverá su firma, ratificación e implementación. En el segundo evento se denunciarán las violaciones de derechos humanos que se registran en Cuba; y en el tercero se exigirá que el régimen de Nicaragua cese la persecución a líderes religiosos y libere a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
La Asamblea General de la OEA se celebrará del 21 al 23 de junio de 2023 en la sede de la OEA en Washington, D.C., bajo el lema “fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”. En este sentido, los eventos de Raza e Igualdad tienen el objetivo de alentar a los Estados miembros de la OEA a tomar medidas para combatir la impunidad, impulsar una paz inclusiva y sostenible, y una transición democrática en la región.
Foro Interamericano contra la discriminación: Décimo aniversario de la CIRDI Y CIDI
Raza e Igualdad, como parte de su permanente trabajo de incidencia en pro de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reunirá a reconocidos representantes de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y a líderes de la sociedad civil de América Latina en el Foro Interamericano contra la Discriminación «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)», el próximo 20 de junio de 2023.
La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)” fue aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, tras trece años de incidencia de Raza e Igualdad y otras organizaciones de la sociedad civil étnica. Este es un instrumento que consolida el compromiso de los Estados con la erradicación total de estos flagelos; sin embargo, de los 35 Estados miembros de la OEA, sólo 6 Estados son parte de la CIRDI, sólo 7 la han firmado y 29 no la han firmado, ratificado ni implementado.
En este sentido, el Foro estará dividido en paneles temáticos sobre la deuda histórica y la responsabilidad de los Estados ante los tratados CIRDI y CIDI, los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica, y hacia personas LGBTI+; así como la participación de líderes de la sociedad civil, experiencias regionales e inclusión como herramienta para fortalecer las voces diversas. Para finalizar, se dialogará sobre la coalición de afrodescendientes de las Américas y la 53ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA.
Cuba: A Punta de Lápiz
Para continuar denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, particularmente los casos de hostigamiento contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, Raza e Igualdad invita el próximo 20 de junio a la exposición de arte “A punta de Lápiz”, una muestra coorganizada con la plataforma El Toque, que reúne una selección de 20 caricaturas y viñetas de artistas cubanos que recorren con humor, desenfado y agudeza varios eventos sociopolíticos trascendentales de los últimos años en La Isla.
En Cuba, hasta el pasado 31 de mayo, habían 1.880 personas privadas de la libertad por motivos políticos, de acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J, que también ha documentado que 773 personas continúan encarceladas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, la más multitudinarias de la última década. Paralelo a estas violaciones de derechos humanos, en la Isla ya se contabilizan 38 casos de feminicidios, una cifra que supera el registro anual del año 2022.
A propósito de ello, la apertura de “A punta de lápiz” estará acompañada de un conversatorio titulado ‘Humor gráfico, arte y sátira ante las protestas sociales y la crisis de derechos humanos en Cuba’, que contará con la participación del relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca; el editor de El Toque, José Nieves; la artista visual y columnista cubana, Camila Lobón; y el periodista independiente cubano, Orelvys Cabrera.
La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región
Finalmente, para reflexionar sobre la profundización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua y cómo este país está marcando una pauta en los retrocesos democráticosde la región, Raza e Igualdad -en coordinación con la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)- realizará el evento “La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región”, el día 22 de junio.
Cinco años después del inicio de las protestas pacíficas de abril de 2018, 355 asesinatos de manifestantes continúan en la impunidad, más de 47 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en cárceles nicaragüenses, al menos 2090 personas han sido detenidas arbitrariamente, más de 320 personas han sido despojadas de su nacionalidad, y la represión se encuentra en una etapa caracterizada por la persecución y criminalización a la Iglesia Católica y las restricciones a la libertad religiosa.
Dado este contexto, en la primera parte del evento, especialistas en Derecho conversarán sobre los patrones represivos contra personas consideradas opositoras y contra la Iglesia; y en la segunda etapa, víctimas del régimen y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conversarán sobre la prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia quienes ejercen sus libertades fundamentales.
*** Más información de los eventos ***
Foro Interamericano contra la discriminación
Día: Martes 20 de junio, a las 9:00 am
Lugar: Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), Washington D.C.
31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?
Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.
Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.
En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.
En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].
Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.
A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.
En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo, según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].
El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.
Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.
En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.
En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.
Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.
Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.
Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.
[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf
[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios enCuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/
[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/
Raza e Igualdad celebra que la CIDH haga seguimiento a las medidas cautelares a favor de las activistas cubanas Kirenia Núñez y María Matienzo
Washington D.C., 2 de marzo de 2023 – Luego de que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentara a finales del año pasado una actualización sobre la grave situación de derechos humanos que viven las activistas María Matienzo y Kirenia Núñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el pasado 26 de febrero la Resolución de Seguimiento 9/2023[1], en la cual solicita una vez más al Estado de Cuba cumplir las medidas cautelares[2] a favor de las defensoras de derechos humanos, que inicialmente fueron otorgadas el 14 de marzo de 2021. La resolución también establece que se tenga en cuenta un impacto diferencial, pues no solo han sido violentadas por su posición crítica al gobierno, también por una multiplicidad de factores de vulnerabilidad, como ser mujeres y ser parte de la población LGBTI+.
La CIDH solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María y Kirenia, quienes son pareja y tuvieron que abandonar la Isla en agosto del año pasado debido a la represión ejercida por las autoridades cubanas, para trasladarse a Buenos Aires, Argentina[3], donde se encuentran en la actualidad.
La Comisión también ordenó que el gobierno cubano garantice que las activistas puedan desarrollar sus actividades como defensoras de derechos humanos y, en el caso de María Matienzo, como periodista independiente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamiento en el ejercicio de sus labores. Todo esto con un enfoque de género y LGBTI+.
“Que la CIDH se pronuncie nuevamente a favor de nuestro caso está muy en correspondencia con nuestros planes futuros, que son regresar a la Isla. Aún seguimos en total vulnerabilidad porque allí están nuestras vidas y nosotras no pretendemos abandonarlas así de fácil. Estamos agradecidas, y hablo por las dos, de que la Comisión se haya pronunciado no solo por la violencia que hemos vivido como ciudadanas y seres humanas, sino también como pareja. Eso es muy importante porque uno de los mecanismos que ha usado la seguridad del Estado contra nosotras, es desconocernos como pareja”, dice Matienzo.
Raza e Igualdad celebra que la CIDH haga seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a favor de María y Kirenia, y que solicite al Estado de Cuba que proteja sus derechos con un enfoque de género. “Es muy relevante que la Comisión haya reconocido el impacto diferenciado de la discriminación y represión que sufren por ser defensoras, mujeres y una pareja lésbica. Esta Resolución ayuda a crear estándares en materia de protección para las familias diversas, y ciertamente es muy importante el seguimiento de la CIDH, ya que continúan sufriendo estas violencias”, afirma Zuleika Rivera, oficial senior del Programa LGBTI del Instituto.
Desde Raza e Igualdad solicitamos al gobierno de Cuba que adopte las medidas otorgadas por la CIDH para salvaguardar los derechos de ambas activistas, quienes desean regresar a la Isla. También exigimos a las autoridades de este país que reconozcan los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en el territorio, especialmente de quienes se declaran críticas a las políticas implementadas por el Estado. Continuaremos dándole seguimiento al caso de María Matienzo y Kirenia Nuñez, y seguiremos monitoreando la situación que viven las personas LGBTI+ en la Isla.
***
[1] Medidas Cautelares No. 552-20. María de los Ángeles Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez respecto de Cuba
Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos
La crisis política y social en el país está marcada por la discriminación, persecución, represión, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, 59 muertes y más de 1,792 personas heridas.
Lima, 7 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que reportan las organizaciones de derechos humanos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población peruana; y condena firmemente el uso excesivo de las fuerza militar y policial desde que se inició la crisis política a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, expresidente de Perú.
El sábado 28 de enero, Lima fue escenario del asesinato de Victor Santisteban Yacsavilca, un manifestante de 55 años, cuya muerte es la primera en la capital a causa de la represión policial. Los videos de seguridad y los primeros informes médicos confirman que murió por traumatismo cerebral debido al disparo de un proyectil de lacrimógena en la cabeza.
Según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 59 muertes (47 de civiles y 1 policía durante protestas y 11 civiles por causas indirectas al estallido social como los bloqueos de carreteras) y más de 1,792 personas heridas en todo el país. En comparación con diciembre, enero superó el número de personas heridas a más del doble. Además, un informe del medio periodístico Ojo Público señala que, por lo menos, 30 de los civiles fallecieron por “proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas”.
Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el uso de armas de fuego es una medida extrema y no existen supuestos que habiliten su uso para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud, tal y como lo señala el reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Lugar del primer asesinato en Lima en el marco del estadillo social. Foto: Difusión
Detenciones arbitrarias
Desde el inicio de las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones peruanas, ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes e incluso de transeúntes por parte de la policía. Su última denuncia al respecto hace referencia al acercamiento de agentes del orden a los hospitales para detener a las personas heridas que estaban siendo atendidas.
De la misma manera, el 21 de enero, la policía ingresó con tanquetas, disparos y sin presencia de un fiscal del Ministerio Público a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad más antigua de las Américas, para detener a manifestantes que habían sido alojados por estudiantes en dicha casa de estudios. Como lo menciona la abogada Renata Bregalio en su cuenta de Twitter, ese día maltrataron, humillaron y privaron de su libertad a 193 personas, entre ellas campesinos/as, adultos mayores, personas indígenas quechuahablantes y aymaras, estudiantes, a mujer embarazada, una niña de 8 años y periodistas. Además, impidieron el acceso de abogados/as a las personas detenidas, violando el derecho a tener una defensa legal oportuna y el derecho a tener un intérprete de lenguas originarias.
Otra grave denuncia de violación a los derechos humanos la realizó una ciudadana, quien manifestó que fue víctima de agresión sexual por parte de efectivos policiales mientras estuvo detenida. Asimismo, la CNDDHH ha recibido reportes sobre desnudos forzados para revisiones íntimas y tocamientos indebidos a mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la intervención a la UNMSM.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha estado dando seguimiento a la situación en Perú y que realizó una visita del 11 al 13 de enero, se pronunció sobre estos hechos en un comunicado junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenando “el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier práctica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. Así también subrayaron en el comunicado que ningún operativo de desalojo puede realizarse sin las debidas justificaciones legales y legítimas.
Hasta el 22 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales con investigación a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número total de detenciones, se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.
Intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Foto: Difusión.
Declaración de la OEA
El 30 de enero, después de la presentación de la CIDH ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre su visita de observación a Perú, sus pronunciamientos, así como los realizados por las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA llamó al Estado peruano a dar “una respuesta estatal urgente enmarcada por los estándares interamericanos (…), así como adoptar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción”. En la misma declaratoria, llamó a las autoridades peruanas a realizar prontamente el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el Congreso peruano aplazó por tercera vez la discusión sobre el adelanto de las elecciones para octubre del 2023.
Congresistas de EE.UU. piden a Biden que suspenda asistencia de seguridad
El lunes 30 de enero, desde el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden en solidaridad con el pueblo peruano, solicitando la suspensión inmediata de la asistencia de seguridad que se concede a Perú debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Los Congresistas Jamie Raskin, Juan Vargas, Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, pidieron la aplicación de esa medida hasta que las autoridades peruanas garanticen la justicia y la rendición de cuentas.
Asimismo, insta a la Administración norteamericana a que se pronuncie públicamente y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso.
Miles de personas provenientes de las regiones andinas de Perú viajaron a la capital para participar del Paro Nacional. Foto: Luz Mateo Cielo
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad insta a investigar -de forma célere, eficaz y respetando el debido proceso- las muertes, abusos, detenciones y demás violaciones a la seguridad e integridad de las personas con el fin de que se judicialice a los responsables y se determinen medidas de reparación integral.
Rechazamos los discursos que califican a manifestantes de “terroristas”, “delincuentes” o “grupos radicales” y que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Asimismo, persistimos en el llamado a levantar inmediatamente el Estado de Emergencia en Perú, la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Recordamos que los Estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población, por lo que llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para que cese la violencia en el país y se respete los estándares internacionales de derechos humanos.
Encuentra más detalles sobre lo que sucede en Perú en nuestras notas anteriores:
La región de Puno registró la jornada más mortal desde que iniciaron las manifestaciones en diciembre del año pasado. Este es un llamado a proteger a manifestantes bajo estándares de derechos humanos.
Lima, 12 de enero de 2022.- En un solo día, al menos 17 manifestantes, incluidos dos adolescentes, fueron asesinados a manos de las fuerzas de orden cerca del aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno. El lunes 09 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Red de Salud de San Ramón informaba a través de un comunicado oficial la muerte de 12 personas; 3 horas más tarde actualizó la información a 17 muertes y 112 personas heridas.
Este terrible suceso tiene lugar luego de la reanudación de las protestas en el marco del Paro Nacional convocado por dirigentes sociales, principalmente de las regiones del sur del país, para exigir la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, la Fiscalía de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, Cusco y Ayacucho.
Actualmente, Perú registra alrededor de 47 muertes y más de 600 personas heridas durante las protestas. Del total de muertes, 28 sucedieron en diciembre del año pasado; 18 ocurrieron el pasado lunes y martes —incluyendo el fallecimiento de un policía al día siguiente de la masacre en Puno—, y ayer, a las 8 de la noche, se confirmó el último manifestante muerto en la región de Cusco.
Manifestantes socorren a mujer herida en Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina
Criminalización de la protesta
Después del anuncio de las 17 muertes de civiles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, salió en televisión nacional para defender la respuesta de las fuerzas policiales, afirmando que los manifestantes son grupos violentos de vándalos financiados por dinero ilegal. Además, anunció la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días desde 8:00 pm hasta las 4:00 am.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó condenando las 17 muertes e instó al Estado peruano a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza, y generar mecanismos de diálogo.
La Corte Interamericana ha señalado que “los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.
Helicóptero de las Fuerza Aérea del Perú sobrevuela Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina
Uso de armas de fuego
Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, indicó que algunas de las víctimas han recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego, algunos en la cabeza. “Lo que me llama la atención a mí, como médico, es que estén ingresando con proyectil de armas de fuego, pero que no tengan orificio de salida. Sin embargo, los pacientes vienen destrozados los órganos internos”, reveló el médico de Juliaca.
De acuerdo a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, desde el año 2004, el uso de proyectiles de plomo durante la contención de protestas está restringido. Además, señala que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente y puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía.
La Defensoría del Pueblo de Perú dijo en Twitter : “Pedimos a las fuerzas del orden hacer un uso de la fuerza legal, necesario y proporcional e instamos a la Fiscalía General del Estado a realizar una pronta investigación para esclarecer los hechos”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tuiteó : “Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha provocado la pérdida de decenas de vidas”.
El reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que los mecanismos internacionales de protección ya han destacado en reiteradas ocasiones que el uso de armas de fuego es una medida extrema y que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Además, señala que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad.
Visita de la CIDH
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por liderada por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, junto a Comisionado Joel Hernandez llegó ayer al Perú para iniciar su observación y documentación ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En esta visita se reunirá con autoridades públicas, víctimas y familiares de Lima, Ica y Arequipa a fin de publicar sus conclusiones y recomendaciones el Estado peruano.
La CIDH se entrevistará personalmente con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en ese sentido, ha habilitado un enlace de registro para personas afectadas interesadas en brindar su testimonio. También recibirá información, denuncias y comunicaciones al siguiente correo: CIDHDenuncias@oas.org.
Delegación de la CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los Comisionados Stuardo Ralon y Joel Hernandez, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Fotografía: CIDH
Desde Raza e Igualdad:
Rechazamos el uso ilegal, exceso y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, la represión estatal en las protestas, así como la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir su realización pacífica.
Exigimos que se investiguen todas las muertes de una manera célere y eficaz respetando los estándares internacionales de derechos humanos a fin de que se determinen medidas de reparación integral a familiares de víctimas mortales y personas heridas durante las protestas.
Rechazamos los discursos que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en el país y se respete los estándares de derechos humanos.
Recordamos que los estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población.
Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas
La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.
Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.
El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.
Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.
Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)
Muertes y personas heridas en protesta
La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).
También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.
Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.
Estado de Emergencia y toque de queda
Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.
“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción», señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.
Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.
A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.
Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: «Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria», dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.
“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.
Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.
Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.
“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.
Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.
Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.
[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.
Ante la CIDH: Graves violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua
Esta mañana, 18 organizaciones participamos en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. A la fecha se han cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2634 organizaciones, de las cuales el 2,510 han sido canceladas a partir de marzo de este año; y, al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio.
Denunciamos ante la Comisión la contínua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas; como una muestra representativa presentada, 53 organizaciones canceladas refleja la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2,000 empleos formales y la desatención de más de un millón de personas beneficiarias de estas organizaciones. Todas estas cancelaciones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos son avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado y por la ineficacia de recursos internos.
En esta audiencia se contó con la participación del Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, quien denunció una “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante la aplicación de leyes ambiguas, la estigmatización de su labor, cancelación de personalidad jurídica y ocupación de sus bienes, lo cual se ha convertido en una estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes.
Ante la extrema gravedad que vivimos, la Comisión externó su molestia y preocupación; al respecto, la comisionada Margarette May denunció que todas las organizaciones que defienden la democracia están en peligro, que la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos es ilegal y que la principal creencia del Estado es el “autoritarismo del régimen”, al catalogar como enemigos del Estado a quienes se le oponen, sin garantía de ningún órgano independiente en el país; además, categóricamente señaló que Nicaragua está destruyendo de forma “demente” a una parte de la población, destruyendo sus activos y la vida de los nicaragüenses, señalando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes.
Tanto la Comisión como sus relatores especiales expresaron que la grave situación en el país es una prioridad para ellos, señalando que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena; además se reiteró que en el país se vive un “Régimen de terror” que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos, refiriéndose además sobre el negativo de acceso a sus nacionales, lo que catalogó como una forma de violencia. Lacomisionada Esmeralda Arosemena envió un mensaje al Estado de Nicaragua: “Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo”.
Ante esta grave situación demandamos el cese inmediato de la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones; restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones canceladas; devolviéndoles sus bienes; revocando las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos; así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales.
San José, Costa Rica, 27 de octubre de 2022
Organizaciones firmantes:
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CDHNN+)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH -IPN)
Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río) Hagamos Democracia (HADEMOS)
Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS)
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Federación Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local)
Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na (Popol Na)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Sociedad Nicaragüense de Medicina General (SONIMEG)
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