Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos

Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos

La crisis política y social en el país está marcada por la discriminación, persecución, represión, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, 59 muertes y más de 1,792 personas heridas.

Lima, 7 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que reportan las organizaciones de derechos humanos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población peruana; y condena firmemente el uso excesivo de las fuerza militar y policial desde que se inició la crisis política a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, expresidente de Perú.

El sábado 28 de enero, Lima fue escenario del asesinato de Victor Santisteban Yacsavilca, un manifestante de 55 años, cuya muerte es la primera en la capital a causa de la represión policial. Los videos de seguridad y los primeros informes médicos confirman que murió por traumatismo cerebral debido al disparo de un proyectil de lacrimógena en la cabeza.

Según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 59 muertes (47 de civiles y 1 policía durante protestas y 11 civiles por causas indirectas al estallido social como los bloqueos de carreteras) y más de 1,792 personas heridas en todo el país. En comparación con diciembre, enero superó el número de personas heridas a más del doble. Además, un informe del medio periodístico Ojo Público señala que, por lo menos, 30 de los civiles fallecieron por “proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas”.

Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el uso de armas de fuego es una medida extrema y no existen supuestos que habiliten su uso para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud, tal y como lo señala el reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Lugar del primer asesinato en Lima en el marco del estadillo social. Foto: Difusión

Detenciones arbitrarias

Desde el inicio de las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones peruanas, ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes e incluso de transeúntes por parte de la policía. Su última denuncia al respecto hace referencia al acercamiento de agentes del orden a los hospitales para detener a las personas heridas que estaban siendo atendidas.

De la misma manera, el 21 de enero, la policía ingresó con tanquetas, disparos y sin presencia de un fiscal del Ministerio Público a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad más antigua de las Américas, para detener a manifestantes que habían sido alojados por estudiantes en dicha casa de estudios. Como lo menciona la abogada Renata Bregalio en su cuenta de Twitter, ese día maltrataron, humillaron y privaron de su libertad a 193 personas, entre ellas campesinos/as, adultos mayores, personas indígenas quechuahablantes y aymaras, estudiantes, a mujer embarazada, una niña de 8 años y periodistas. Además, impidieron el acceso de abogados/as a las personas detenidas, violando el derecho a tener una defensa legal oportuna y el derecho a tener un intérprete de lenguas originarias.

Otra grave denuncia de violación a los derechos humanos la realizó una ciudadana, quien manifestó que fue víctima de agresión sexual por parte de efectivos policiales mientras estuvo detenida. Asimismo, la CNDDHH ha recibido reportes sobre desnudos forzados para revisiones íntimas y tocamientos indebidos a mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la intervención a la UNMSM.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha estado dando seguimiento a la situación en Perú y que realizó una visita del 11 al 13 de enero, se pronunció sobre estos hechos en un comunicado junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenando “el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier práctica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. Así también subrayaron en el  comunicado que ningún operativo de desalojo puede realizarse sin las debidas justificaciones legales y legítimas.

Hasta el 22 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales con investigación a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número total de detenciones, se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.

Intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Foto: Difusión.

Declaración de la OEA

El 30 de enero, después de la presentación de la CIDH ante el Consejo Permanente de  la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre su visita de observación a Perú, sus pronunciamientos, así como los realizados por las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA llamó al Estado peruano a dar “una respuesta estatal urgente enmarcada por los estándares interamericanos (…), así como adoptar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción”. En la misma declaratoria, llamó a las autoridades peruanas a realizar prontamente el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el Congreso peruano aplazó por tercera vez la discusión sobre el adelanto de las elecciones para octubre del 2023.

Congresistas de EE.UU. piden a Biden que suspenda asistencia de seguridad

El lunes 30 de enero, desde el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden en solidaridad con el pueblo peruano, solicitando la suspensión inmediata de la asistencia de seguridad que se concede a Perú debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Los Congresistas Jamie Raskin, Juan Vargas, Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, pidieron la aplicación de esa medida hasta que las autoridades peruanas garanticen la justicia y la rendición de cuentas.

Asimismo, insta a la Administración norteamericana a que se pronuncie públicamente y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso.

Miles de personas provenientes de las regiones andinas de Perú viajaron a la capital para participar del Paro Nacional. Foto: Luz Mateo Cielo

Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos

Raza e Igualdad insta a investigar -de forma célere, eficaz y respetando el debido proceso- las muertes, abusos, detenciones y demás violaciones a la seguridad e integridad de las personas con el fin de que se judicialice a los responsables y se determinen medidas de reparación integral.

Rechazamos los discursos que califican a manifestantes de “terroristas”, “delincuentes” o “grupos radicales” y que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, persistimos en el llamado a levantar inmediatamente el Estado de Emergencia en Perú, la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Recordamos que los Estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población, por lo que llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para que cese la violencia en el país y se respete los estándares internacionales de derechos humanos.

Encuentra más detalles sobre lo que sucede en Perú en nuestras notas anteriores:

¡Paren la masacre en Perú!

La región de Puno registró la jornada más mortal desde que iniciaron las manifestaciones en diciembre del año pasado. Este es un llamado a proteger a manifestantes bajo estándares de derechos humanos.

Lima, 12 de enero de 2022.-  En un solo día, al menos 17 manifestantes, incluidos dos adolescentes, fueron asesinados a manos de las fuerzas de orden cerca del aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno. El lunes 09 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Red de Salud de San Ramón informaba a través de un comunicado oficial la muerte de 12 personas; 3 horas más tarde actualizó la información a 17 muertes y 112 personas heridas.

Este terrible suceso tiene lugar luego de la reanudación de las protestas en el marco del Paro Nacional convocado por dirigentes sociales, principalmente de las regiones del sur del país, para exigir la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, Cusco y Ayacucho.

Actualmente, Perú registra alrededor de 47 muertes y más de 600 personas heridas durante las protestas. Del total de muertes, 28 sucedieron en diciembre del año pasado; 18 ocurrieron el pasado lunes y martes —incluyendo el fallecimiento de un policía al día siguiente de la masacre en Puno—, y ayer, a las 8 de la noche, se confirmó el último manifestante muerto en la región de Cusco.

Manifestantes socorren a mujer herida en Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Criminalización de la protesta

Después del anuncio de las 17 muertes de civiles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, salió en televisión nacional para defender la respuesta de las fuerzas policiales, afirmando que los manifestantes son grupos violentos de vándalos financiados por dinero ilegal. Además, anunció la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días desde 8:00 pm hasta las 4:00 am.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó condenando las 17 muertes e instó al Estado peruano a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza, y generar mecanismos de diálogo.

La Corte Interamericana ha señalado que “los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.

Helicóptero de las Fuerza Aérea del Perú sobrevuela Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Uso de armas de fuego

Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, indicó que algunas de las víctimas han recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego, algunos en la cabeza.  “Lo que me llama la atención a mí, como médico, es que estén ingresando con proyectil de armas de fuego, pero que no tengan orificio de salida. Sin embargo, los pacientes vienen destrozados los órganos internos”, reveló el médico de Juliaca.

De acuerdo a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, desde el año 2004, el uso de proyectiles de plomo durante la contención de protestas está restringido. Además, señala que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente y puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía.

La Defensoría del Pueblo de Perú dijo en Twitter : “Pedimos a las fuerzas del orden hacer un uso de la fuerza legal, necesario y proporcional e instamos a la Fiscalía General del Estado a realizar una pronta investigación para esclarecer los hechos”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tuiteó : “Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha provocado la pérdida de decenas de vidas”.

El reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que los mecanismos internacionales de protección ya han destacado en reiteradas ocasiones que el uso de armas de fuego es una medida extrema y que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Además, señala que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad.

Visita de la CIDH

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por liderada por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, junto a Comisionado Joel Hernandez llegó ayer al Perú para iniciar su observación y documentación ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En esta visita se reunirá con autoridades públicas, víctimas y familiares de Lima, Ica y Arequipa a fin de publicar sus conclusiones y recomendaciones el Estado peruano.

La CIDH se entrevistará personalmente con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en ese sentido, ha habilitado un enlace de registro para personas afectadas interesadas en brindar su testimonio.  También recibirá información, denuncias y comunicaciones al siguiente correo:  CIDHDenuncias@oas.org.

Delegación de la CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los Comisionados Stuardo Ralon y Joel Hernandez, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Fotografía: CIDH

Desde Raza e Igualdad:

  1. Rechazamos el uso ilegal, exceso y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, la represión estatal en las protestas, así como la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir su realización pacífica.
  2. Exigimos que se investiguen todas las muertes de una manera célere y eficaz respetando los estándares internacionales de derechos humanos a fin de que se determinen medidas de reparación integral a familiares de víctimas mortales y personas heridas durante las protestas.
  3. Rechazamos los discursos que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
  4. Llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en el país y se respete los estándares de derechos humanos.

Recordamos que los estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población.

Conoce más detalles de lo que sucede en Perú en nuestra nota informativa anterior.

 

 

 

Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas

La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.

Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.

El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.

Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Muertes y personas heridas en protesta

La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).

También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.

Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.

Estado de Emergencia y toque de queda

Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.

“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción», señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.

Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales

A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.

Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: «Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria», dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.

“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

La CIDH visitará el Perú

Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.

“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.

Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos

Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.

Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.

[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.

Ante la CIDH: Graves violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua

Esta mañana, 18 organizaciones participamos en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. A la fecha se han cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2634 organizaciones, de las cuales el 2,510 han sido canceladas a partir de marzo de este año; y, al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio.

Denunciamos ante la Comisión la contínua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas; como una muestra representativa presentada, 53 organizaciones canceladas refleja la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2,000 empleos formales y la desatención de más de un millón de personas beneficiarias de estas organizaciones. Todas estas cancelaciones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos son avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado y por la ineficacia de recursos internos.

En esta audiencia se contó con la participación del Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, quien denunció una “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante la aplicación de leyes ambiguas, la estigmatización de su labor, cancelación de personalidad jurídica y ocupación de sus bienes, lo cual se ha convertido en una estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes.

Ante la extrema gravedad que vivimos, la Comisión externó su molestia y preocupación; al respecto, la comisionada Margarette May denunció que todas las organizaciones que defienden la democracia están en peligro, que la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos es ilegal y que la principal creencia del Estado es el “autoritarismo del régimen”, al catalogar como enemigos del Estado a quienes se le oponen, sin garantía de ningún órgano independiente en el país; además, categóricamente señaló que Nicaragua está destruyendo de forma “demente” a una parte de la población, destruyendo sus activos y la vida de los nicaragüenses, señalando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes.

Tanto la Comisión como sus relatores especiales expresaron que la grave situación en el país es una prioridad para ellos, señalando que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena; además se reiteró que en el país se vive un “Régimen de terror” que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos, refiriéndose además sobre el negativo de acceso a sus nacionales, lo que catalogó como una forma de violencia. Lacomisionada Esmeralda Arosemena envió un mensaje al Estado de Nicaragua: “Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo”.

Ante esta grave situación demandamos el cese inmediato de la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones; restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones canceladas; devolviéndoles sus bienes; revocando las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos; así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales.

San José, Costa Rica, 27 de octubre de 2022

Organizaciones firmantes:

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CDHNN+)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH -IPN)
Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río) Hagamos Democracia (HADEMOS)
Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS)
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Federación Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local)
Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na (Popol Na)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Sociedad Nicaragüense de Medicina General (SONIMEG)

Organizaciones de DD. HH. presentan ante CIDH propuestas para garantizar la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia

Washington, DC/Bogotá, DC, octubre 27 de 2022. Este jueves 27 de octubre, organizaciones de la sociedad civil intervendrán en la audiencia temática sobre la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia, en el 185° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La audiencia fue solicitada en razón de las graves falencias en la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas defensoras.  Según datos de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 250 son miembros de comunidades indígenas y 71 son personas afrodescendientes. Pese a que la Fiscalía emitió una directiva para investigar los crímenes contra personas defensoras, la impunidad sigue siendo la regla y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. 

Las fallas en la implementación de las medidas cautelares comienzan con la falta de concertación adecuada con las personas beneficiarias de las mismas. Igualmente, el enfoque reactivo impide la actuación sobre los agentes que generan en riesgo y la implementación de acciones preventivas y garantías de no repetición.

La actual implementación de las medidas cautelares tampoco incorpora adecuadamente los enfoques étnicos, de género ni interseccionales, no reconoce la cosmovisión y estructuras propias de los pueblos étnicos, los entornos de vida y territorios y las necesidades específicas de las personas beneficiarias, por lo que, por ejemplo, se priorizan medidas de protección individual o diseñadas para contexto urbanos para beneficiarios que viven en la ruralidad. Además, no se reconoce ni incluye en las medidas a sus grupos familiares. 

Pero también se expresan en la activación de rutas de protección con poca participación de las defensoras y los defensores sujetos de protección, demoras en la aplicación de los esquemas y hasta vehículos con averías, chalecos antibalas en mal estado o que no se adecuan físicamente al cuerpo de la persona beneficiaria, teléfonos o botones de pánico que no funcionan, números telefónicos de las líneas de emergencia que se encuentran registrados por terceros, cuando deberían ser de conocimiento y uso exclusivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la persona beneficiaria.

Al momento de otorgar una medida cautelar, la CIDH valora que existe un riesgo grave e inminente que el Estado no puede desconocer. El actual procedimiento realiza nuevas valoraciones de riesgo que incluso pueden ir en contra de la decisión interamericana, cuyo carácter vinculante ha sido reconocido en numerosas ocasiones por la Corte Constitucional. 

Consideramos que estamos frente una gran oportunidad para que el Estado colombiano transforme el paradigma de abordaje en la implementación de las medidas cautelares. Que pase de un enfoque esencialmente reactivo a la adopción de un enfoque preventivo e integral ante las agresiones a personas defensoras. 

Para ello, las organizaciones presentamos a la CIDH y al Estado una propuesta de protocolo , así como otras recomendaciones encaminadas a asegurar una debida implementación del mecanismo de medidas cautelares en favor de las personas defensoras.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-

Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –J&P-

Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad-.

Corporación Reiniciar

Corporación Sisma Mujer

COMUNICADO: La Red-LEM solicita a la CIDH realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales.

Colombia, 24 de octubre de 2022. La Red-LEM solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales, de manera que se garantice el debido proceso a través del acceso a un traductor, asistencia legal, capacitación de autoridades migratorias para la identificación de necesidades de protección internacional,  condiciones dignas mientras se resuelve la situación, entre otras; a fin de garantizar los derechos humanos  de la población en situación de movilidad humana con necesidad  de protección internacional. 

 Uno de los principales desafíos en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en contextos fronterizos, consiste en superar la violación sistemática por parte del Estado colombiano al principio de no devolución y del derecho de asilo en zonas de tránsito o zonas internacionales –especialmente de aeropuertos-. En las cuales la autoridad migratoria inadmite el ingreso a Colombia y suele retener los documentos de identificación a las personas con necesidad de protección internacional mientras las devuelve de manera forzosa a su país de origen, actuando en contravía de estándares normativos de índole nacional e internacional al no especificarse competencias claras, se le permite a la autoridad migratoria decidir arbitrariamente sobre la recepción de estas solicitudes en dichas zonas. 

Las medidas que está implementado el gobierno colombiano se enfocan principalmente en la regularización migratoria a través del denominado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (en adelante ETPV). No obstante, la situación de las personas con necesidad de protección internacional de diferentes nacionalidades, algunas de ellas en zonas de tránsito, se caracteriza por una completa desprotección que desconoce el carácter extremo de vulnerabilidad en el que se encuentran. Es así como no se les permite solicitar refugio ni acceder a un catálogo de derechos básicos y asistencia humanitaria (incluyendo alimentación o baño, como presupuestos de la dignidad humana) mientras se encuentran en el territorio nacional.  

En este orden de ideas, la Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), resalta la importancia de visibilizar estas violaciones a los derechos humanos que, en la actualidad, se surten en contra de la población con necesidad de protección internacional.  Por este motivo, Raza e Igualdad y FENALPER participarán como representantes de la Red-LEM el próximo 26 de octubre en la audiencia «Políticas de frontera y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana» en el marco del 185 POS.  

La Red-LEM está conformada por 15 miembros, actores humanitarios, academia, organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional que brindan servicios legales, de asesoría, acompañamiento y representación judicial a la población migrante, refugiada y retornada. Nuestro objetivo es unir y articular esfuerzos para formular y construir acciones legales colectivas y de litigio estratégico con enfoque diferencial y de interseccionalidad para incidir en la normatividad de relevancia; gestionar casos individuales y colectivos a través de los mecanismos de justicia, y compartir buenas prácticas para la ampliación, garantía y defensa de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana en Colombia. 

Les invitamos a conectarse a la audiencia que iniciará a las 8:00 a.m. hora colombiana, el 26 de octubre y será transmitida en:

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EI OSIG y CIDH promocionan sus mandatos en Caribe Anglófono

El mandato del EI OSIG y la Relatora sobre DDHH de personas LGBTI se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en el Caribe Anglófono

Del 13 al 17 de setiembre, el mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad Género de las Naciones Unidas (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz; y la Relatora sobre los Derechos las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH, Roberta Clarke, realizaron una visita promocional al Caribe de habla inglés, la cual se realizó con apoyo del Eastern Caribbean Alliance (ECADE) y del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en compañía de nuestra Oficinal Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con personas LGBTI+ y mujeres en Santa Lucia y en otros Estados de la región del Caribe. El propósito fue promover el mandato que realizan, además de escuchar sobre la situación de las personas LGBTI+ en el país y la labor que realizan las organizaciones contra la estigmatización, discriminación y violencia.

IE OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de Raise your Voice St. Lucia.

SANTA LUCÍA

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio sobre Mecanismos Internacionales y de los derechos de personas LGBTI+, donde Victor Madrigal, Experto Independiente sobre OSIG, expresó la importancia de sostener este diálogo crucial con la sociedad civil en el Caribe. Por su parte, la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de personas LGBTI, destacó la necesidad de que los países del Caribe ratifiquen los tratados interamericanos sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, manifestó su preocupación por los casos de violencia contra las personas LGBTI+ caracterizada por la impunidad en toda la región del Caribe.

En dicho evento, también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Kenita Placide, Directora Ejecutiva de ECADE, quien resaltó la importancia de que la sociedad civil de la región trabaje conjuntamente para asegurar que sus voces sean escuchadas. De la misma manera, Catherine Sealy, Directora Ejecutiva de Raise your Voice St. Lucia, dijo: “Queremos ayudar a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, independientemente de lo que hagan”.

Entre los principales problemas del país, las representantes de las organizaciones señalaron la violencia policial contra personas LGBTI+, los impedimentos para el acceso a la justicia, las limitaciones para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia física y psicológica contra personas LGBTI+ por sus propias familias, la pérdida de los puestos de trabajo después del COVID y el aumento de muertes de personas trans.

Relatora sobre los Derechos de las personas LGBTI de la CIDH, Roberta Clarke; EI OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Mayor del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de  United and Strong INC.

EVENTO REGIONAL EN BARBADOS

Durante dos días, se llevó a cabo The Caribbean Regional Dialogue on LGBTQI+ D.A.T.A, el cual consistió en mesas redondas regionales para la discusión sobre violencia y acceso a la justicia, salud e impacto del COVID, inclusión económica de personas LGBTI+, educación y capital humano, discriminación, acceso al desarrollo financiero e impacto de las inversiones, pobreza y acceso al mercado laboral y perspectivas del turismo.

Además, contó con la participación de diferentes representantes de la sociedad civil, gobiernos, instituciones de desarrollo, organismos regionales y el sector privado a fin de crear políticas basadas en datos para los derechos LGBTI+.

En ese sentido, durante su intervención, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz abordó la necesidad de recopilar datos sobre orientación sexual e identidad de género para disipar los mitos y estereotipos que alimentan la violencia y la discriminación: “La evidencia es una forma de contrarrestar las ideas negacionistas de que no hay violencia por orientación sexual e identidad de género”. En su discurso, la Comisionada Roberta Clarke reflexionó sobre la necesidad de la descolonización para el progreso de los derechos de las personas LGBTI, quienes exigen y merecen justicia interseccional: “Demasiadas personas en nuestra región siguen marginadas económicamente, demasiadas siguen en exclusión”.

Por su parte, la Dr. Lee Badgett, catedrática de Economía de la University of Massachusetts Amherst, sostuvo que tener números y datos les dice a las personas LGBTI+ que cuentan. Además, mencionó que el 57% de las personas LGB y el 69% de las personas trans informaron haber sufrido acoso e intimidación en la escuela, según el reporte de Phil Crehan, investigador sobre data e inclusión social, quien también enfatizó sobre la oportunidad sin precedentes que representaba este evento en el Caribe.

Parte del trabajo de Raza e Igualdad consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la CIDH para los derechos de las personas LGBTI+. Es importante seguir de cerca el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil del Caribe, las cuales han logrado importantes avances para la descriminalización en relaciones de parejas del mismo sexo en varios países de la región. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+ y reitera sus agradecimientos a ECADE, la OEA en Santa Lucia, la CIDH, al IE SOGI y todas las organizaciones de sociedad civil que nos recibieron y participaron de los encuentros.

Cuba: Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos contra la organización Damas de Blanco y cada una de las mujeres que la integran

Washington DC, 11 de agosto de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por el hecho de formar parte del colectivo Damas de Blanco, y contra la misma organización cubana, con el propósito de desarticularla e impedir que continúe con su labor de defensa de derechos humanos.

En el documento, Raza e Igualdad detalla un patrón de 3086 detenciones arbitrarias de corta duración, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género; así como asedio, vigilancia y constantes amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre 2013 y 2022, plazo durante el cual se encuentran vigentes las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de las integrantes de esta organización.

Caminarán vestidas de blanco hasta que Cuba sea libre

“El régimen comunista conoce de las medidas cautelares que nos ha otorgado la CIDH, pero en nada ha cambiado su actitud y hostigamiento, cada día arremete contra nuestras integrantes”, afirma Berta Soler, líderesa de las Damas de Blanco, quien dialogó con Raza e Igualdad sobre las violaciones a los derechos humanos que han padecido ella y las demás mujeres de esta organización; así como de la prisión arbitraria prolongada que actualmente sufren cuatro de sus compañeras, tres de ellas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, conocidas como 11J.

Berta, de 59 años, es una de las fundadoras de Damas de Blanco, un colectivo que surgió en 2003 luego que fueran arrestadas 75 personas por ser disidentes del gobierno cubano, en una serie de detenciones que se conoce como la “Primavera Negra”. Ella y otros familiares, casi todas mujeres, se reunían en la prisión de Villa Marista, en La Habana, para conocer cómo estaban sus seres queridos y exigir que sean liberados, hasta que un 30 de marzo de 2003, decidieron ir vestidas de blanco a la Iglesia Santa Rita de Casia, una parroquia en La Habana que rinde tributo a la santa de las “causas imposibles”. Así, acudiendo a misa, inició esta organización, cuyo nombre fue acuñado por la periodista independiente exiliada en Estados Unidos, María Elena Alpízar.

“Desde aquel entonces hemos sido víctimas de agresiones, y más de 12 integrantes han sido encarceladas. Actualmente, cuatro de nuestras compañeras se encuentran en la cárcel; una que ya iba a cumplir cuatro años presa y al salir le han creado una nueva causa y la han sancionado a cinco años y cuatro meses de prisión, por no haber pactado con la Seguridad del Estado irse con su familia fuera del país; ella es Aymara Nieto Muñoz. Las otras tres mujeres son Sissi Abascal, Tania Echevarría y Sayli Navarro, quienes fueron detenidas por haber participado en las protestas del 11J y fueron sentenciadas a penas que van entre los seis y ocho años de privación de libertad”, cuenta Soler.

Las Damas de Blanco han sido detenidas de forma arbitraria, las han golpeado y hasta desnudado por salir a las calles y manifestarse contra el Estado de Cuba. “El régimen nos ha robado dinero y ha arrestado a nuestros hijos y a los esposos de nuestras hijas para presionarnos a que desistamos de formar parte de esta organización, que en 2011 estuvo formada por más de 250 mujeres en todo el país”, afirma Berta, quien dice orgullosa que uno de los logros del colectivo ha sido conseguir junto con la iglesia cubana y varias organizaciones de derechos humanos, la excarcelación de los presos de la ‘Primavera Negra’, quienes pese a ser condenados con penas de hasta 28 años de cárcel,  solamente cumplieron siete años de prisión.

A raíz de las múltiples agresiones, el 28 de octubre de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las Damas de Blanco. La Comisión solicitó al gobierno de Cuba que adoptara una serie de acciones “para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización”[1], y también presentara un informe acerca de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos de violencia que se han registrado contra el colectivo. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y han persistido las violaciones a los derechos humanos de las Damas de Blanco.

“La Seguridad del Estado, cuando nos detiene, nos amenaza con llevarnos a prisión, nos dice que no podemos ir a misa y ni siquiera reunirnos. Nos amenaza todo el tiempo con que van a desaparecer a las Damas de Blanco… muchas veces nos arrestan y nos mantienen adentro de las patrullas o en los calabozos, y al día siguiente o en el tiempo que ellos establezcan para tenernos encarceladas, nos liberan y nos imponen multas sin decirnos porqué hemos sido multadas”, cuenta Berta, quien también afirma que no teme ser detenida. Ella y las más de 50 mujeres que todavía hacen parte de esta organización, dicen que seguirán vestidas de blanco caminando hacia cualquier iglesia de la Isla, hasta que no haya personas privadas de la libertad por motivos políticos, y Cuba sea libre.

Una petición para poner fin a la persecución

Raza e Igualdad presentó esta petición a la CIDH para que formule una serie de recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución implementada contra Damas de Blanco, y todas y cada una de sus integrantes. Además, se solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares, y adecuar leyes, políticas públicas, procedimientos y prácticas a los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar que las mujeres activistas de la Isla puedan manifestarse, exigir cambios, congregarse y movilizarse sin ser violentadas.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos seguiremos apoyando a la sociedad civil independiente de Cuba, para que en la Isla se reconozcan los derechos universales, y los habitantes de este país puedan reclamar cambios al Estado cubano, sin temor a ser víctimas de represión y detenciones arbitrarias.

***

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 6 / 2013. Medida Cautelar N. 264 – 13. Asunto Damas de Blanco respecto de la República de Cuba. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/MC264-13-esp.pdf

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Masacre de Penha: Organizaciones de derechos humanos apelan a la CIDH para poner fin a la violencia policial

Brasil, 26 de mayo de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Marielle Franco, Geledés – Instituto de Mujeres Negras, e el Observatorio de Favelas, Justicia Global y Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Masacre de Penha, ocurrida el 24 de mayo durante un mega operativo policial en este complejo de favelas en la ciudad de Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH llama a garantizar la protección de los residentes de la comunidad y hacer un amplio seguimiento a las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, se registran 27 personas muertas y 7 heridas.

25 personas fueron trasladadas al Hospital Getúlio Vargas.

1 el cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML)

1 persona fallecida fue trasladadas a la Unidad de Urgencias de la Favela do Alemão con 8 disparos

7 heridos fueron trasladados al Hospital Getúlio Vargas

Esta violencia extrema es resultado de la política de seguridad pública del actual Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien, desde su antecesor, Wilson Witzel, no respeta la decisión de la Corte Suprema (STF) que determinó el cumplimiento del Estado de ADPF 635, conocido como ADPF das Favelas [1]. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos GPS y sistemas de grabación de audio y video en los vehículos policiales y en los uniformes de los oficiales; y no ha establecido límites a la fuerza letal, teniendo entonces resultados como esta nueva masacre. Una vez más vemos cómo los cuerpos negros, de tugurios y periféricos experimentan constantes escenas de terror e incluso sus hogares se convierten en lugares de temor e inseguridad para sus familias.

Según los informes, agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía Federal de Caminos (PRF), ingresaron al Complejo de Favelas Vila Cruzeiro a las 4:00 a.m. para disparar con helicópteros y vehículos blindados como apoyo.  La operación tuvo lugar durante todo el día y, aun con el movimiento activo de organizaciones de la sociedad civil instando al gobierno a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista.  En este sentido, las organizaciones firmantes instan a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear constantemente la violencia policial en Brasil. La continuidad de la actual política de seguridad que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la vivienda, además de la protección del Estado, es inaceptable.  Es importante señalar que esta masacre es otra demostración del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.

Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias de las Favelas da Penha, que una vez más experimentaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, escasez y lágrimas. En vista de los hechos, compartimos las solicitudes a la CIDH:

  1. Hacer un llamado público sobre este caso, a través de una declaración, y monitorear las situaciones de violencia reportadas en este documento;
  2. Exigir a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro que realice pericias técnicas en el lugar, con la preparación de informes sobre balística y posibles signos de tortura en los cuerpos, asegurando el deber de publicidad de la acción estatal;
  3. Exigir que la Fiscalía General del Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de la escena del crimen, así como el impedimento de residentes y activistas para hablar sobre lo sucedido;
  4. Que la Fiscalía General del Estado (RJ) y federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la matanza y las mantengan informadas sobre las investigaciones;
  5. Considerar lo determinado en la ADPF 635, relacionado a la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida, que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la delincuencia, denuncias que subyacen a las violaciones de derechos humanos que subyacen a la política de seguridad pública en Brasil. Se solicita que la CIDH notifique al Estado de Río de Janeiro por el incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
  6. Mantener comunicación directa con el gobierno brasileño cuestionando las medidas adoptadas para combatir la violencia policial, considerando los numerosos casos publicados por la prensa brasileña y por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas.

 

 

[1] https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/05/25/autores-da-adpf-das-favelas-pedem-ao-stf-novo-plano-para-reduzir-letalidade-policial-no-rj.ghtml

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