En Asamblea OEA: Raza e Igualdad conmemorará el 10mo aniversario de la CIRDI y denunciará las violaciones a derechos humanos en Cuba y la persecución religiosa en Nicaragua

En Asamblea OEA: Raza e Igualdad conmemorará el 10mo aniversario de la CIRDI y denunciará las violaciones a derechos humanos en Cuba y la persecución religiosa en Nicaragua

Washington D.C., 12 de junio de 2023.-  En ocasión del 53º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará tres eventos paralelos. En el primero se conmemorará el décimo aniversario de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), y también se promoverá su firma, ratificación e implementación. En el segundo evento se denunciarán las violaciones de derechos humanos que se registran en Cuba; y en el tercero se exigirá que el régimen de Nicaragua cese la persecución a líderes religiosos y libere a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

La Asamblea General de la  OEA se celebrará del 21 al 23 de junio de 2023 en la sede de la OEA en Washington, D.C., bajo el lema “fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”. En este sentido, los eventos de Raza e Igualdad tienen el objetivo de alentar a los Estados miembros de la OEA a tomar medidas para combatir la impunidad, impulsar una paz inclusiva y sostenible, y una transición democrática en la región.

Foro Interamericano contra la discriminación: Décimo aniversario de la CIRDI Y CIDI

Raza e Igualdad, como parte de su permanente trabajo de incidencia en pro de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reunirá a reconocidos representantes de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y a líderes de la sociedad civil de América Latina en el Foro Interamericano contra la Discriminación «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)», el próximo 20 de junio de 2023.

La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)” fue aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, tras trece años de incidencia de Raza e Igualdad y otras organizaciones de la sociedad civil étnica. Este es un instrumento que consolida el compromiso de los Estados con la erradicación total de estos flagelos; sin embargo, de los 35 Estados miembros de la OEA, sólo 6 Estados son parte de la CIRDI, sólo 7 la han firmado y 29 no la han firmado, ratificado ni implementado.

En este sentido, el Foro estará dividido en paneles temáticos sobre la deuda histórica y la responsabilidad de los Estados ante los tratados CIRDI y CIDI, los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica, y hacia personas LGBTI+; así como la participación de líderes de la sociedad civil, experiencias regionales e inclusión como herramienta para fortalecer las voces diversas. Para finalizar, se dialogará sobre la coalición de afrodescendientes de las Américas y la 53ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA. 

Cuba: A Punta de Lápiz

Para continuar denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, particularmente los casos de hostigamiento contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, Raza e Igualdad invita el próximo 20 de junio a la exposición de arte “A punta de Lápiz”, una muestra coorganizada con la plataforma El Toque, que reúne una selección de 20 caricaturas y viñetas de artistas cubanos que recorren con humor, desenfado y agudeza varios eventos sociopolíticos trascendentales de los últimos años en La Isla.

En Cuba, hasta el pasado 31 de mayo, habían 1.880 personas privadas de la libertad por motivos políticos, de acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J, que también ha documentado que 773 personas continúan encarceladas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, la más multitudinarias de la última década. Paralelo a estas violaciones de derechos humanos, en la Isla ya se contabilizan 38 casos de feminicidios, una cifra que supera el registro anual del año 2022. 

A propósito de ello, la apertura de “A punta de lápiz” estará acompañada de un conversatorio titulado ‘Humor gráfico, arte y sátira ante las protestas sociales y la crisis de derechos humanos en Cuba’, que contará con la participación del relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca; el editor de El Toque, José Nieves; la artista visual y columnista cubana, Camila Lobón; y el periodista independiente cubano, Orelvys Cabrera.

La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región

Finalmente, para reflexionar sobre la profundización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua y cómo este país está marcando una pauta en los retrocesos democráticos de la región, Raza e Igualdad -en coordinación con la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)- realizará el evento “La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región”, el día 22 de junio.

Cinco años después del inicio de las protestas pacíficas de abril de 2018, 355 asesinatos de manifestantes continúan en la impunidad, más de 47 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en cárceles nicaragüenses, al menos 2090 personas han sido detenidas arbitrariamente, más de 320 personas han sido despojadas de su nacionalidad, y la represión se encuentra en una etapa caracterizada por la persecución y criminalización a la Iglesia Católica y las restricciones a la libertad religiosa.

Dado este contexto, en la primera parte del evento, especialistas en Derecho conversarán sobre los patrones represivos contra personas consideradas opositoras y contra la Iglesia; y en la segunda etapa, víctimas del régimen y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conversarán sobre la prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia quienes ejercen sus libertades fundamentales. 

*** Más información de los eventos ***

Foro Interamericano contra la discriminación

Día: Martes 20 de junio, a las 9:00 am

Lugar: Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), Washington D.C.

En vivo: por Zoom y Facebook Live 

Registro virtual y presencial aquí

Traducción simultánea en español, portugués e inglés. 

Cuba: A Punta de Lápiz

Día: Martes 20 de junio, a las 6:30 pm

Lugar: Club Nacional de Prensa, Washington D.C.

Transmisión en vivo: por Zoom y Facebook Live 

Registro presencial aquí (R.S.V.P.)

Traducción simultánea en español e inglés. 

La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región

Día: Jueves 22 de junio, a las 5:30 pm.

Lugar: Club Nacional de Prensa, Washington D.C.

Transmisión en vivo: por Zoom y Facebook Live 

Registro presencial y virtual aquí (R.S.V.P.)

Traducción simultánea en español e inglés. 



Visibilidad lésbica: parejas, familias y maternidades lésbicas

Washington D.C., 26 de abril de 2023.– En el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quisiera resaltar la visibilidad de la diversidad familiar conformadas por lesbianas y personas no binaries lesbianes —ya sea con o sin hijes—, del derecho a amar fuera del marco heterosexista y de gozar de protección legal de los Estados.

Aunque el derecho internacional reconoce que todas las personas son iguales ante la ley[1], la protección jurídica hacia las parejas del mismo sexo, en término igualitarios, no es la misma. El impedimento de contraer matrimonio, adoptar y ser reconocidas como familia, debido a lesbofobia y discriminación estructural, mantiene a personas lesbianas y sus hijes en desprotección.

Según Statista, en América Latina el matrimonio igualitario es legal solo en siete países y en algunos estados mexicanos. En el caso de Cuba, a partir de la aprobación del nuevo Código de las Familias, las personas del mismo sexo pueden casarse y adoptar; sin embargo, las lesbianas siguen siendo invisibilizadas. “Hay artículos y leyes que abordan la diversidad, pero continuamos siendo discriminadas. Mi pareja Kirenia Núñez y yo tenemos siete años juntas, y en todo ese tiempo hemos sufrido violencia lesbofóbica. Hemos sido violentadas por ser activistas y por ser lesbianas en un país donde el Estado en verdad no nos reconoce», narró María Matienzo, escritora cubana que fue forzada a salir de la Isla.

En Nicaragua, hasta el año 2008 el “delito de sodomía” estaba vigente en el artículo 204 del Código Penal, que criminalizaba las relaciones entre las personas del mismo sexo con penas de hasta tres años de cárcel.

Pese a la derogación de este artículo, en el país centroamericano las mujeres lesbianas y personas no binaries lesbianes están expuestas a los fundamentalismos religiosos, los discursos de odio, el machismo y la falta de protección del Estado. La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género ni el matrimonio igualitario, lo cual deriva en la imposibilidad de formar familias lesboparentales, tener o adoptar hijos e hijas, y heredar como cónyuge sobreviviente.

Cuando los Estados no reconocen jurídicamente ni las protegen a las familias lésbicas, las dejan sin posibilidad de acceder a otros derechos como herencias, seguridad social, pensiones por viudez o divorcio, custodia o adopción de hijes, vivienda, empleo, crédito, visitas en hospitales y centros penitenciarios, entre otros. Además, este desamparo se extiende hasta sus hijes y sus derechos más fundamentales como el de reconocer a sus dos mamás y llevar sus apellidos.

En Perú, Jenny Trujillo y Darling Delfín, dos lesbianas casadas en México, están demandando al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), desde el 2016, se niega a registrarlas como mamás en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

El año pasado, después de 5 años de lucha para que el Estado las reconozca como lesbianas y madres, Jenny y Darling acudieron a instancias internacionales con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros.

Aunque en Perú no existe el matrimonio igualitario, el artículo 2050 del Código Civil y la misma Constitución ordena reconocer, en territorio peruano, los matrimonios y los derechos adquiridos en el extranjero. “Tenemos fe de que pronto más madres lesbianas podrán tener a sus hijos o hijas reconocidas y protegidas por el Estado Peruano y ya no existirá la necesidad de salir de nuestro país a buscar el reconocimiento legal”, expresa Jenny Trujillo.

En el caso de Colombia, sí hay una ley de matrimonio igualitario que reconoce las uniones de parejas del mismo sexo; sin embargo, aún persisten los obstáculos institucionales que discriminan a las mujeres, no solo por ser lesbianas sino también por afrodescendientes. “Las familias lesboparentales conformadas por mujeres negras existimos. Estamos en la tarea de maternar desde el amor, el respeto y la empatía. Nos encontramos muchas veces con las barreras institucionales que no nos reconocen como madres de nuestros hijos, que nos invisibilizan, que no nos permiten el disfrute de los derechos que como madres tenemos. Las familias de mujeres negras lesbianas estamos aquí y queremos ser visibles”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales – Somos Identidad.

La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo es clara cuando indica que la Convención Americana no establece un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo en particular. Por ello, “los derechos producto de relaciones afectivas entre parejas, suelen estar tutelados y protegidos por la Convención a través del instituto de la familia y el de la vida familiar”[2].

Asimismo, los Estados deben cumplir con sus obligaciones en relación al principio de igualdad y no discriminación previsto, por ejemplo, en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollado ampliamente en la Observación General N°20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas y personas GBTI+ a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas y personas GBTI+ en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual e identidades de género.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra las lesbianas y personas GBTI+.
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

Nota: En Brasil, hay dos fechas específicas para el movimiento lésbico: el 19 de agosto, que se celebra el Día del Orgullo Lésbico, y el 29 de agosto, que se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Por lo tanto, el movimiento lésbico brasileño se siente representado por estas fechas que contemplan la lucha y la historia de las mujeres lesbianas brasileñas.

[1] Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[2] Art. 174 de la OC 24/17 de la Corte IDH.

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

Colombia, 14 de diciembre del 2022.- El Grupo de Acción y Apoyo a Personas con experiencia de vida Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se unen para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia a acatar de manera inmediata lo solicitado por la Corte Constitucional en su sentencia T-033 de 2022, en la que reconoce los derechos de las personas no binaries con la inclusión de la casilla No Binario o “NB” en los documentos de identidad.

En el fallo, del Alto Tribunal, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), al Ministerio de Justicia y Derecho y a otras entidades del Gobierno Nacional, adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario o “NB” en los documentos de identidad en los seis meses posteriores a la notificación de la sentencia. Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”.

Si bien la RNEC no ha dado cumplimiento a esta orden en el plazo establecido y no ha emitido regulación alguna, a partir del 05 de octubre de 2022, día en que se cumplieron seis meses de la notificación del fallo, las personas no binaries pueden exigir que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente.

Esta situación de falta de regulación del proceso ha impedido que las personas no binaries hagan pleno ejercicio del derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y limita su acceso a otros derechos. Tal como lo reconoció la Corte en el fallo, “el reconocimiento de la identidad de género en las personas por parte del Estado permite la concreción de su ser en la sociedad y es una condición para su participación en ella. Correlativamente, su falta de reconocimiento implica una limitación material para el ejercicio de los derechos fundamentales, contraria a la Constitución.”

En acompañamiento a diferentes casos de personas que deseaban hacer el trámite, las organizaciones que suscribimos este comunicado evidenciamos que:

  1. Las notarías se niegan a adelantar el trámite en tanto no sean aquellas donde reposa el registro civil de nacimiento original de la persona: A pesar de que el Decreto 1227 de 2015 estipula que la expedición de escritura pública para el cambio de componente sexo puede adelantarse en cualquier notaría a nivel nacional, contemplando la posibilidad de que se haga el traslado de la escritura desde la notaría donde se realiza el trámite a la notaría donde reposa el registro original.
  2. Las notarías no permiten adelantar el trámite para la escritura pública si la declaración juramentada se hace en una notaría distinta: Lo que, además de no tener fundamento legal, genera que la persona que lleva a cabo el trámite deba volver a iniciar el proceso y deba asumir un doble pago por la declaración juramentada.
  3. Los traslados de escrituras públicas para cambio de componente sexo desde notaría pueden tardar hasta seis (6) meses: Lo que es abiertamente contrario a lo estipulado por el Decreto 1227, que señala que el tiempo máximo de traslado debe ser de “tres (3) días siguientes a la expedición de la escritura pública.” 
  4. Las notarías y registradurías se niegan a hacer traslado de folios: Hemos documentado situaciones en las cuales las notarías o registradurías en la que reposan estos folios originales se niegan a hacer el traslado, impidiendo que la persona decida donde quiere que su folio de registro civil de nacimiento repose.
  5. Hay falta de formación y socialización a personal de notarías sobre la sentencia T-033 de 2022: Se han identificado casos en los que, además de denegar el derecho a contar con un documento de identidad que represente la identidad de género de las personas, esta negativa viene acompañada de burlas, actos de discriminación y humillaciones frente a la decisión personal de modificar el componente de sexo en los documentos de identidad, calificándolos como “ridiculeces” que no “ameritan la firma del notario”. 
  6. Las notarías afirman que la sentencia T-033/2022 de la Corte Constitucional no les cobija, hasta que no sea modificado el Decreto 1227 del 2015: Señalan que las instrucciones dictadas por la Corte Constitucional de modificar el primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas correspondientes aún no se han adelantado, por lo que se niegan a actuar fuera de lo que establecen están normas.
  7. No se ha actualizado la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil – PMT II: Algunas notarías han insistido sobre la falta de actualización de la plataforma tecnológica que permite asignar el componente “NB” a los registros civiles de nacimiento por parte de la RNEC, a fin de que puedan expedir las escrituras públicas que se requieren en estos trámites.
  8. No es claro cómo se dará el reconocimiento legal de las personas que no necesariamente se ven reconocidas con el marcador “NB”: Es importante que la actualización de los sistemas de información y las acciones que se deban adelantar tengan presente la jurisprudencia que reconoce legalmente otras identidades, como el caso de la sentencia 2021 – 088, expedida por el Tribunal administrativo de Antioquia que ordenó a la Notaría 26 del circulo de Medellín que realizara la corrección del sexo en el registro civil de una persona Trans, que solicitó que se incluyera el marcador “T”.
  9. Los costos de la expedición y el traslado de los documentos necesarios para el trámite son muy altos:  Las barreras históricas y estructurales para el acceso a la educación y trabajo, reducen ostensiblemente las posibilidades de cualquier persona trans y/o no binaria de lograr un mínimo de bienestar económico o de poder salir de la pobreza, o la pobreza extrema en la que suelen quedar, fruto de ese cuadro sistemático de exclusión. Sumado al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de estos grupos poblacionales como sujetos de especial protección constitucional, es claro que además de las barreras esbozadas, los costos que se requieren para llevar a cabo los trámites notariales se convierten en un requisito excesivo y excluyente frente a las experiencias de vida de las personas trans y/o no binarias.

Por todo lo anterior, GAAT y Raza e Igualdad, recomiendan que:

  1. El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil emitan una directiva nacional dirigida a las notarías y registradurías de todo el país en el que se estipule que a partir del 05 de octubre de 2022 entró en vigor la sentencia T-033 de 2022, y se insista en la obligación que tiene todo el personal de estas instituciones de facilitar y acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, con especial atención a recibir y tramitar las solicitudes de cambio de componente sexo a “no binario” en los documentos de identidad y a facilitar el traslado de las escrituras públicas en los casos en que se requiera.
  2. Desde el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil se estipulen procedimientos digitales que permitan que las personas trans y/o no binarias no tengan que trasladarse a lugares de donde han huido por ser víctimas de actos de discriminación y violencia y alienten a las notarías y registradurías de todo el país a formarse y hacer uso de estas vías alternativas para la modificación de registros civiles remotamente.
  3. El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanten procesos de socialización y formación en derechos LGBTIQ+, con enfoque especial en la garantía de derechos de las personas trans y/o no binarias con el personal de notarías y registradurías en todo el país a fin de propender por la sensibilización sobre sus derechos y eliminar los actos de discriminación por parte del funcionariado público.
  4. La Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría Generales de la Nación adelanten las debidas investigaciones disciplinarias y sancionatorias contra el personal de notarías y registradurías que sean renuentes a la aplicación de las disposiciones legislativas y constitucionales relativas a la garantía al derecho a la identidad de personas trans y/o no binarias.
  5. La Registraduría Nacional del Estado Civil agilice el proceso de fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II, a fin de que las disposiciones contempladas en la sentencia T-033 de 2022 puedan empezar a implementarse en los plazos y términos establecidos por la Corte Constitucional.

El Experto Independiente sobre OSIG visitó Perú con el apoyo de Raza e Igualdad

En Perú, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, se reunió con autoridades de Estado, estudiantes y organizaciones LGBTI+ de dos regiones del país para promocionar su mandato.

Del 21 al 26 de noviembre, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a Perú, la cual se llevó a cabo con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que estuvo representado por nuestra Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunió con diversas autoridades del Estado, estudiantes universitarios y organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos de Arequipa y Lima, dos regiones del país. El propósito fue brindar información sobre las funciones del mandato, el trabajo que realiza y sus alcances; además de escuchar y conocer la situación de las personas LGBTI+ en el país.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en una de las reuniones con organizaciones LGBTI+ en Lima, Perú.

Cabe mencionar que el mandato del EI OSIG se creó en el 2016 gracias al trabajo de incidencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, a fin de que las Naciones Unidas reconozca la orientación sexual e identidad de género como ejes fundamentales en el trabajo de análisis del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para conocer más acerca de la labor del mandato y acceder a los informes ingresa al portal web oficial.

Diálogo con la sociedad civil

Arequipa fue el primer lugar que visitó el mandato del EI OSIG en Perú. Aquí, representantes de organizaciones transmasculinas, lesbianas y gays conversaron sobre los problemas que enfrentan debido a su orientación sexual e identidad de género y sobre los estigmas hacia las personas LGBTI+ que se generan a partir del sistema heteropatriarcal y de grupos antiderechos y conservadores.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en la reunión con organizaciones LGBTI+ en Arequipa, Perú.

En tanto, en Lima, Madrigal-Borloz participó cuatro reuniones temáticas: a) discriminación, violencia y acceso a la justicia; b) data; c) salud y Educación Sexual Integral, e d) identidad de género. Todas ellas dirigidas al diálogo con diversos colectivos y organizaciones civiles de derechos humanos de personas LGBTI+. Como se sabe, Perú es uno de los países de la región andina que no cuenta con una ley de identidad de género, por lo que no existe un procedimiento administrativo que facilite el cambio legal del nombre y la categoría “sexo” en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Por el contrario, las personas trans deben litigar vía judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el cual apela constantemente las resoluciones favorables y acorde a los derechos humanos de las personas trans. Puede ver la entrevista que Raza e Igualdad le realizó a Bruno Montenegro, coordinador de Fraternidad Transmasculina, sobre el tema.

En el país también se registra un caso emblemático en la lucha por el reconocimiento de las parejas diversas, ya que esa misma entidad se niega a registrar en el DNI de un niño los nombres de sus dos mamás, una pareja de esposas lesbianas; puede leer más aquí. En cuanto a la discriminación y violencia contra personas LGBTI+, los sistemas de registro del Estado no tienen la categoría ‘orientación sexual e identidad de género’, por lo que no existen bases con datos desagregados que den cuenta sobre el número de personas LGBTI+ violentadas.

Jóvenes del derecho

El Consultorio Jurídico UNICXS, un proyecto de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ofrece asesoría legal gratuita en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, invitó a Madrigal-Borloz a dar un taller para conversar sobre su mandato, la criminalización de las personas LGBTI+ alrededor del mundo y la tarea de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en el taller para integrantes del Consultorio Jurídico Unicxs, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima.

Asimismo, el mandato del EI OSIG también se reunió con diversas autoridades de Estado peruano, entre ellas el canciller peruano, Cesar Landa, y con la congresista de la República, Susel Paredes.

Raza e Igualdad, reafirma el apoyo al mandato del Experto Independiente en aras de contribuir a la visibilización y respeto de los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, continuará promoviendo sus visitas a los países de la región para que activistas y colectivos LGBTI+ conozcan la labor del mandato y colaboren con sus acciones de documentación y análisis.

Memoria Trans: las interseccionalidades en los asesinatos de personas trans de Latinoamérica

En el Día de la Memoria Trans, resaltamos que los crímenes de odio de personas trans tienen raza, clase y género: la mayoría de las víctimas son mujeres trans negras, migrantes y trabajadoras sexuales.

Washington D.C., 20 de noviembre de 2022.– En el mundo, hay personas que mueren producto de la transfobia y la indiferencia, muchas en anonimato y en la impunidad. Hoy, en el Día de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere conmemorar las existencias trans contribuyendo a mantener vigente la memoria y reinvindicando el derecho a la igualdad, no discriminación y a una vida sin violencias motivadas por el odio.

El 20 de noviembre se marcó en el calendario en homenaje a Rita Hester, una mujer trans afrodescendiente que fue cruelmente asesinada el 28 de noviembre de 1998 en su apartamento ubicado en Boston, como lo narra NBC News, 2 días antes de cumplir 35 años. Tras el horrible hecho, Gwendolyn Ann Smith, otra mujer trans y activista estadounidense, impulsó una vigilia en su nombre, en donde se congregaron alrededor de 250 personas. Para entonces, ya habían asesinado a varias personas LGBTI en Estados Unidos, varias de ellas eran mujeres trans negras.

Rita Hester se convirtió en símbolo de memoria y reconocimiento de todas las personas trans que fueron asesinadas por no cumplir con las expectativas sociales y normas relacionadas con el género.

Los asesinatos tienen un componente racial

Como cada año, en vísperas del 20 de noviembre, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de TGEU, publicó su informe anual sobre asesinatos de personas trans y de género diverso a nivel mundial. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, hubo 327 asesinatos en todo el mundo, de los cuales el 95% del total de personas asesinadas eran mujeres trans o personas transfemeninas y más de la mitad se dedicaba al trabajo sexual. Además, el informe señala que el 35% de las personas asesinadas en Europa eran migrantes. No obstante, la región que más ha venido reportando en los últimos años es Latinoamérica y el Caribe, donde se concentra el 68% de las muertes.

Otros detalles importantes que brinda el informe son la raza y la edad. Las personas trans racializadas representan el 65% de los asesinatos registrados y la mayoría de las víctimas asesinadas tenía entre 31 y 40 años. El lugar más común donde ocurrieron los asesinatos fue la calle y, en segundo lugar, su propia residencia. Cabe mencionar que muchos de los asesinatos siguen sin reportarse o son erróneamente tipificados. En la mayoría de los países, los Estados no cuentan con sistemas de registros que incluyan las categorías ‘identidad de género u orientación sexual’, por lo que son las organizaciones civiles de derechos humanos las que recopilan estos datos.

Cuba y Nicaragua: no hay información en regímenes autoritarios

Mientras que algunas organizaciones de la sociedad civil de la región hacen esfuerzos por recoger y notificar los crímenes cometidos contra personas trans y de género diverso, en gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, la situación política lo dificulta. Las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos.

Aunque existe un estudio del 2016 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba que dice que hay más de 3000 personas trans viviendo en la Isla, no existe un sistema oficial que registre las violencias contra ellas, y por otro lado, organizaciones LGBTI+ no pueden recopilar libremente esta información. En una situación similar está Nicaragua. Aunque no existe registro oficial de asesinatos, el último informe del Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGTBIQ+ en Nicaragua– un proyecto del Colectivo La Corriente– señala que durante el segundo trimestre del año 2022, 10 mujeres trans y 1 persona de género no binario fueron víctimas de violencia. Sin embargo, se desconoce el número de personas trans asesinadas.

Brasil, México y Colombia: los países más peligrosos de la región para personas trans

A inicios de este mes, unos vecinos de Ibicaraí, en el sur de Bahía (Brasil), auxiliaron a Kauana Vasconcelos, una adolescente trans de 16 años, quien había sido apuñalada y abandonada en un terreno baldío. Ella fue llevada al Hospital Municipal Arlete Marón, pero no sobrevivió. Se desconoce la identidad del agresor.

De acuerdo a las cifras recogidas por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Brasil concentra el 29% de los asesinatos en el mundo, el mayor porcentaje a nivel global. De 327 asesinatos en total, 96 ocurrieron en Brasil. El año pasado, la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) reportó 140 asesinatos de personas trans, de los cuales, el 81% eran personas negras y el 78% del total eran trabajadoras sexuales. En enero del próximo año, para el mes de la visibilidad trans, ANTRA lanzará cifras actualizadas sobre asesinatos de personas trans.

En Colombia, en julio de este año, Ana Paula Albino fue asesinada en su propia casa. Ella fue atacada violentamente con un arma cortopunzante y luego asfixiada. El asesino, quien fue identificado por las cámaras de seguridad, está siendo procesado. Después de Brasil (96) y México (56), Colombia es uno de los países más peligrosos de la región para personas trans. En lo que va del año, hay registro de 28 personas trans asesinadas.

Justicia para Seb y Rodri

El mundo entero se estremeció con la sospechosa muerte de Rodrigo Ventocilla mientras se encontraba en custodia policial en Indonesia. Él y su esposo Sebastian Marallano, dos jóvenes activistas peruanos, viajaron el 6 de agosto de este año a Bali para celebrar su luna de miel. En Indonesia, Rodrigo fue detenido arbitrariamente luego de que agentes de seguridad del aeropuerto de Denpasar vieran que su documento de identificación difería de su expresión de género. Fue inspeccionado y sindicado de traficar drogas al encontrar entre sus pertenencias medicamentos para su salud mental, pese a que contaba con prescripción médica. Aunque sobre Sebastian no había cargos, ambos fueron puestos en custodia por la policía local.  El 9 de agosto, los dos fueron trasladados al Hospital de la Policía por sufrir una supuesta descompensación, no obstante, los médicos no les realizaron exámenes de sangre ni de orina por falta de activos, según indicaron. Les compañeres de la Harvard Kennedy School de Rodrigo -ya que se encontraba realizando una maestría en Administración Pública- así como sus abogados, fueron impedidos de verlos. Rodrigo falleció el 11 de agosto en circunstancias que las autoridades de Indonesia no han podido esclarecer. En total, estuvieron 5 días bajo custodia. Las familias denuncian extorsión y tortura por transfobia y racismo.

En Perú, tampoco se sabe con certeza cuántas personas trans son asesinadas, ya que los delitos basados en prejuicio no son catalogados como tales por el sistema de justicia peruano. Incluso, muchas personas trans y LGBI+ son criminalizadas, patologizadas y discriminadas por las instituciones estatales. Solo el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha reportado 3 muertes este año. Los discursos de odio y cobertura negativa y prejuiciosa por parte de los medios alimentan la estigmatización y exclusión social contra las personas trans.

República Dominicana

A inicios de este mes, la organización TRANSSA (Trans Siempre Amigas) sacó un comunicado en conjunto con la Red Sin Violencia LGBTI y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) para alertar a las autoridades sobre las desapariciones y asesinatos de personas LGBTI en el país. “Exigimos a las autoridades darle prioridad a esta problemática, sabemos que han incrementado el número de personas en el departamento de desaparecidos, pero sigue siendo insuficiente la cantidad de personal y recursos tecnológicos para dar con la búsqueda de manera rápida y efectiva…”. En lo que va del año, TRANSSA ha registrado un asesinato de una persona trans.

Medidas urgentes

Desde Raza e Igualdad aprovecha le recordamos a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, por lo que realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Recolectar datos de forma sistemática sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-racial y edad.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas trans y de género diverso.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos reproducidos en las instituciones públicas, privadas y en medios de comunicación que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar sobre la orientación sexual e identidad de género a la población en general, funcionarios públicos y personal de servicios públicos, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI, trans y de género diverso.

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2022 – Del 27 a 30 de septiembre, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunirá a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia en Washington, D.C., que trabajan para promover y defender los derechos de la población negra y LGBTI+.  Con el fin  de promover un intercambio de estrategias de advocacy entre el movimiento afrolatino y el movimiento negro estadounidense, las reuniones se llevarán a cabo en el marco de la ‘Black Caucus Week’, una conferencia anual de congresistas estadounidenses negros que tiene como objetivo impulsar y debatir el compromiso cívico de la población negra. Además, la delegación participará en reuniones académicas, con organizaciones de la sociedad civil estadounidense y reuniones privadas con congresistas y departamentos estatales.

La delegación Brasil-Colombia presente en Washington D.C. está conformada por las organizaciones: Geledés – Instituto da Mulher Negra (Brasil), que estará representada por Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de SOS Racismo;  ONG Criola (Brasil) con la presencia de la Coordinadora del Proyecto, Lia Manso;  Somos Identidad (Colombia), con su Fundadora Johana Sinisterra y la Representante Legal Sandra Milena Ibarbo;  y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con la presencia de la coordinadora Luz Marina Becerra.  En representación de Raza e Igualdad, el Director Ejecutivo Carlos Quesada; Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI; y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, estarán presentes en estas reuniones.

En este intercambio entre la América negra, las organizaciones latinoamericanas tienen como objetivo tomar las perspectivas negras y LGBTI+ de la diáspora global del sur con el fin de un impacto político efectivo, así como intercambios de buenas prácticas para que puedan moverse juntos para lograr una justicia racial plural.  Es importante destacar que, para Raza e Igualdad, la realización de estas reuniones es una oportunidad para impulsar estrategias de cambios políticos estructurales con perspectiva interseccional. Estas reuniones cobran relevancia en el contexto actual, donde Brasil está en período electoral, Colombia tiene a un nuevo Presidente que en su plan de gobierno valora las agendas raciales y, este año, se elegirán a nuevos integrantes del Congreso de los Estados Unidos, elecciones conocidas como midterms.

«Es precisamente en esta configuración que empoderamos a las organizaciones para que actúen con incidencia política. Poder hablar con congresistas estadounidenses negros sobre la agenda racial latinoamericana es una forma de influir en la administración Biden, porque él necesita una mayoría en el Congreso para aprobar sus agendas.  Es en este sentido que planeamos asegurar y fortalecer los acuerdos internacionales de derechos humanos sobre justicia racial y de género y, en este caso, nada mejor que las organizaciones para guiar las demandas de sus países», dice Carlos Quesada.

Brasil y Colombia: en busca de justicia racial

A medida que la comunidad académica de los Estados Unidos busca comprender y fomentar los estudios sobre la diáspora negra, la delegación Brasil-Colombia se reunirá con académicos y estudiantes de la Universidad de Howard para compartir los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. La idea es mostrar que a pesar de que el racismo es un problema global, las diferentes dinámicas socioculturales y los contextos económicos deficitarios producidos por siglos de colonialismo, impactan principalmente en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe. En este caso, dar a conocer la agenda de equidad racial y de género de estas organizaciones, puede estimular estudios que proporcionen, en el futuro, la construcción de políticas públicas globales equitativas.

Brasil, por ejemplo, es el país donde más se asesina a personas LGBTI+ en el mundo, y esta tasa de incidencia cruzada desde la perspectiva interseccional es mayor en las mujeres trans y negras en situación de vulnerabilidad.  Las organizaciones Geledés y Criola, junto con Raza e Igualdad en Brasil, realizaron una encuesta monitoreando el cierre de espacios cívicos, en la que mapearon que el surgimiento de una agenda ultraconservadora ha generado ataques al sistema democrático brasileño, criminalización de defensores de derechos humanos y la inmovilización de canales de participación ciudadana, consejos y asociaciones. Con esto, hay crecientes ataques y discursos de odio contra las mujeres negras y las LBTI electas que pretenden participar en la vida política del país.

En Colombia, desde hace años la comunidad afrocolombiana sufre un proceso de marginación y vulnerabilización, y la sociedad civil y los líderes afrocolombianos han denunciado la existencia de un apartheid geográfico reforzado por el racismo estructural e institucional.  Esta misma estructura resuena en borrar la lucha por la existencia de los pueblos étnicos, que refuerzan que los derechos civiles en el país deben ser pensados en perspectivas multiétnicas y multiculturales, teniendo en cuenta cómo la violencia racista impacta en estos territorios y cuerpos racializados.  De igual forma, para las personas LGBTI+ colombianas, la escena de violencia de género y racial sigue aumentando, de tal forma que de enero a junio de 2022  se registraron 354 víctimas de agresiones por orientación sexual, de las cuales 324 sufrieron algún maltrato físico y  229 sufrieron estos abusos dentro de sus propias familias.

El uso excesivo de la fuerza policial tanto en Brasil como en Colombia es una denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos.  El conflicto armado en Colombia y la violencia de las fuerzas policiales en Brasil coinciden en el perfil de sus víctimas: personas negras en condición vulnerable que viven en territorios donde la presencia del Estado está marcada por la violencia policial. En Colombia, al menos 1.144.486 personas que se identificaron como parte de la población negra fueron registradas como víctimas del conflicto armado, según  datos de la Red Nacional de Información, que corresponde al 38,38% del total.  En Brasil, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que, del total de 6.145 muertes por intervención policial en 2021, el 84,1% eran negras y el 15,8% eran blancas.

¿Por qué la población negra es vista como una amenaza?

Además de esta pregunta y muchas otras que impregnan la estructura racista que fundaron las corporaciones policiales de América Latina, Raza e Igualdad en alianza con organizaciones de Brasil y Colombia, participan en un proyecto regional para enfrentar y denunciar la violencia policial racista en ambos países.  Ante este encuentro en Washington, D.C., la violencia policial que atraviesa a la población negra y LGBTI+ también será objeto de reuniones para aplacar este modus operandi colonial, en el que los cuerpos negros están exentos de la prerrogativa de inocencia y, por existir, son víctimas de toda violencia y vistos como una amenaza, ya sea en países latinoamericanos o en Estados Unidos.

En vista de ello, el racismo, la violencia de género y la LGTBIfobia suponen la amenaza real para un sistema de opresión que irrespeta los derechos humanos inalienables y los tratados internacionales que valoran sus garantías. Para ello, Raza e Igualdad con la delegación Brasil-Colombia, pretenden denunciar ante el Congreso estadounidense los marcos actuales de violación de los derechos de la población negra y LGBTI+ de América Latina. El intercambio de estas voces disidentes reafirma el propósito de seguir denunciando el racismo y sus diferentes formas de violencia que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho al desarrollo de estos países como un llamado a la asociación e inclusión de la población negra de todas las Américas.

EI OSIG y CIDH promocionan sus mandatos en Caribe Anglófono

El mandato del EI OSIG y la Relatora sobre DDHH de personas LGBTI se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en el Caribe Anglófono

Del 13 al 17 de setiembre, el mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad Género de las Naciones Unidas (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz; y la Relatora sobre los Derechos las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH, Roberta Clarke, realizaron una visita promocional al Caribe de habla inglés, la cual se realizó con apoyo del Eastern Caribbean Alliance (ECADE) y del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en compañía de nuestra Oficinal Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con personas LGBTI+ y mujeres en Santa Lucia y en otros Estados de la región del Caribe. El propósito fue promover el mandato que realizan, además de escuchar sobre la situación de las personas LGBTI+ en el país y la labor que realizan las organizaciones contra la estigmatización, discriminación y violencia.

IE OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de Raise your Voice St. Lucia.

SANTA LUCÍA

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio sobre Mecanismos Internacionales y de los derechos de personas LGBTI+, donde Victor Madrigal, Experto Independiente sobre OSIG, expresó la importancia de sostener este diálogo crucial con la sociedad civil en el Caribe. Por su parte, la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de personas LGBTI, destacó la necesidad de que los países del Caribe ratifiquen los tratados interamericanos sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, manifestó su preocupación por los casos de violencia contra las personas LGBTI+ caracterizada por la impunidad en toda la región del Caribe.

En dicho evento, también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Kenita Placide, Directora Ejecutiva de ECADE, quien resaltó la importancia de que la sociedad civil de la región trabaje conjuntamente para asegurar que sus voces sean escuchadas. De la misma manera, Catherine Sealy, Directora Ejecutiva de Raise your Voice St. Lucia, dijo: “Queremos ayudar a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, independientemente de lo que hagan”.

Entre los principales problemas del país, las representantes de las organizaciones señalaron la violencia policial contra personas LGBTI+, los impedimentos para el acceso a la justicia, las limitaciones para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia física y psicológica contra personas LGBTI+ por sus propias familias, la pérdida de los puestos de trabajo después del COVID y el aumento de muertes de personas trans.

Relatora sobre los Derechos de las personas LGBTI de la CIDH, Roberta Clarke; EI OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Mayor del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de  United and Strong INC.

EVENTO REGIONAL EN BARBADOS

Durante dos días, se llevó a cabo The Caribbean Regional Dialogue on LGBTQI+ D.A.T.A, el cual consistió en mesas redondas regionales para la discusión sobre violencia y acceso a la justicia, salud e impacto del COVID, inclusión económica de personas LGBTI+, educación y capital humano, discriminación, acceso al desarrollo financiero e impacto de las inversiones, pobreza y acceso al mercado laboral y perspectivas del turismo.

Además, contó con la participación de diferentes representantes de la sociedad civil, gobiernos, instituciones de desarrollo, organismos regionales y el sector privado a fin de crear políticas basadas en datos para los derechos LGBTI+.

En ese sentido, durante su intervención, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz abordó la necesidad de recopilar datos sobre orientación sexual e identidad de género para disipar los mitos y estereotipos que alimentan la violencia y la discriminación: “La evidencia es una forma de contrarrestar las ideas negacionistas de que no hay violencia por orientación sexual e identidad de género”. En su discurso, la Comisionada Roberta Clarke reflexionó sobre la necesidad de la descolonización para el progreso de los derechos de las personas LGBTI, quienes exigen y merecen justicia interseccional: “Demasiadas personas en nuestra región siguen marginadas económicamente, demasiadas siguen en exclusión”.

Por su parte, la Dr. Lee Badgett, catedrática de Economía de la University of Massachusetts Amherst, sostuvo que tener números y datos les dice a las personas LGBTI+ que cuentan. Además, mencionó que el 57% de las personas LGB y el 69% de las personas trans informaron haber sufrido acoso e intimidación en la escuela, según el reporte de Phil Crehan, investigador sobre data e inclusión social, quien también enfatizó sobre la oportunidad sin precedentes que representaba este evento en el Caribe.

Parte del trabajo de Raza e Igualdad consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la CIDH para los derechos de las personas LGBTI+. Es importante seguir de cerca el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil del Caribe, las cuales han logrado importantes avances para la descriminalización en relaciones de parejas del mismo sexo en varios países de la región. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+ y reitera sus agradecimientos a ECADE, la OEA en Santa Lucia, la CIDH, al IE SOGI y todas las organizaciones de sociedad civil que nos recibieron y participaron de los encuentros.

La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.

(Ginebra, 7 de julio de 2022) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptó una resolución para renovar el mandato de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más. En una votación crítica, la resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, con el voto en contra de 17 y la abstención de 7.

Fueron 1256 organizaciones no gubernamentales de 149 estados y territorios de todas las regiones que apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, y pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG.

“Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro”, dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil. “Al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades”.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial”, agregó Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil. “Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse”.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato de le Experte Independiente ha recibido el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

“Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos”, agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

Le experte independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación. Desde 2016, el mundo ha aprendido más sobre el impacto de la criminalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la necesidad de reconocer legalmente el género de una persona, las barreras para la inclusión social, la importancia de recopilar datos relacionados con la vida de personas LGBT, el daño causado por las llamadas ‘terapias de conversión’, y más. Le experte también ha arrojado luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen plenamente con le Experte Independiente en este importante trabajo para lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

** FIN **

Nota para los medios de comunicación:

  1. Le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este mandato se estableció en 2016 y ha sido ocupado por Vitit Muntarbhorn (2016-2017) de Tailandia y Víctor Madrigal-Borloz (2018-en curso) de Costa Rica.
  2. Este comunicado se refiere a «personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género» o a personas «LGBT», en lugar de «LGBTI», ya que el mandato tiene la tarea específica de abordar las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

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