Alta Comisionada Adjunta sobre Nicaragua: La impunidad es la norma 

Ginebra, 18 de diciembre 2023.- La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la que resaltó que en el país centroamericano “la impunidad es la norma” dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos que éste encabeza contra líderes indígenas y políticos, miembros de la iglesia católica, personas defensoras y periodistas. 

En el diálogo con la sociedad civil, representantes nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad de más de 90 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y prueba de vida del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera; así como la suspensión de financiamientos que no garanticen que las autoridades respetarán los derechos humanos.

Control político en la Costa Caribe

Según la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), el gobierno ha ejercido control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. “En este contexto, el 3 de octubre, las autoridades cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente en el país. Adicionalmente, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía, sin aviso de detención ni debido proceso”, declaró Al- Nashif.

El líder Miskito y diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, tiene 71 años y permanece en una situación que equivale a “desaparición forzada», según la OACNUDH. Su suplente en la Asamblea, Nancy Henríquez, fue sentenciada a 8 años por los falsos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Tras sus detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron tomados por el partido de gobierno. Estas acciones son alarmantes, sobre todo por las próximas elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

Presión indiscriminada a pueblos indígenas para aprobar el Proyecto BioClima

Al-Nashif expresó su preocupación por la falta de información suficiente sobre el proyecto BioClima financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sus riesgos y “sobre el ejercicio de presiones indiscriminadas a personas indígenas para que den su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación”. 

Según la Alta Comisionada Adjunta, desde agosto de 2023, el gobierno ha realizado consultas para obtener consentimiento para el proyecto bajo la presencia de oficiales armados. “Cualquier consulta debe realizarse respetando la legislación y las normas sobre derechos humanos, incluido el consentimiento libre, previo e informado”, dijo Al-Nashif.

Condiciones de detención y juicios no cumplen los estándares internacionales 

Se estima que al menos 17 mujeres y 74 hombres continuan privados de libertad por motivos políticos en situaciones que se consideran tortura, y bajo amenazas que se extienden a sus familiares para que no denuncien las condiciones. Según informaciones recibidas por la Alta Comisionada, los juicios de estas personas se están dando sin la presencia física de las personas acusadas, quienes sólo participan por videollamada y sin asistencia legal.

Al-Nashif enfatizó en los casos de Anielka García, joven activista y madre que fue detenida simplemente por serigrafiar una camiseta con el eslogan “Viva Nicaragua libre”, y estuvo privada de visitas familiares por dos meses y ahora tiene acceso limitado a  las visitas de sus hijos menores de edad. Asimismo, los casos de otros tres jóvenes que fueron detenidos por protestar pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y ahora están siendo acusados por falsos delitos relacionados a drogas.

Sobre la privación arbitraria de libertad del Obispo Rolando José Álvarez , la Alta Comisionada Al-Nashif dijo que, a pesar de la información publicada recientemente por el gobierno, las condiciones de detención del Obispo violan los estándares internacionales, “ya que sigue sometido a un prolongado régimen de aislamiento con esporádicas visitas familiares, privado de alimentos suficientes, de atención médica adecuada y de cualquier material de lectura”.

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que “hay esperanza, las personas defensoras en Nicaragua y el exilio siguen trabajando incansablemente por un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Una vez más, llamó al gobierno a que acepte la oferta de realizar un diálogo genuino y reciba asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos.

Nicaragua intenta abatir el escrutinio internacional

En las intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Unión Europea manifestó preocupación por “las restricciones al espacio cívico y la fragilidad del Estado de Derecho, el freno a la libertad académica y el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la privación de ciudadanías que resultan en apatridia”. Por su parte, el representante de Bélgica llamó a la libertad inmediata e  incondicional y rehabilitación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como a la restauración de la democracia e independencia del Sistema Judicial.

El Core Group (grupo núcleo), en voz de la delegación de Costa Rica, manifestó que la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro intento de abatir el escrutinio internacional. La delegación reiteró su compromiso con el Pueblo de Nicaragua.“No están siendo olvidados”, agregó.

Otros Estados como Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Turquía, Georgia, Argentina, Estados Unidos reiteraron su llamado a Nicaragua para que coopere plenamente con la OACNUDH.

Sociedad civil denuncia torturas a disidentes e irregularidades en proyecto BioClima

La defensora nicaragüense y abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar denunció el retorno de patrones de tortura física y criminalización bajo cargpos de delincuencia común para cubrir la persecución política, juicios exprés desde las cárceles y por videollamada sin la posibilidad de abogados. Salazar también denunció que persiste la desaparición forzada, entre las que se encuentran Freddy Quezada y Brooklyn Rivera; y el reciente envío de 7 presos políticos a celdas de máxima seguridad y aislamiento por cantar el himno nacional antes de una huelga de hambre.

Cristiana Huerta, defensora de derechos humanos y feminista, resaltó que más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 300 de organizaciones de derechos de las mujeres. En esta misma línea, Rommel Moncada, estudiante y activista LGBTI+, denunció vigilancia, amenazas, persecución y tocamientos sexuales por parte de las autoridades.

En una declaración conjunta del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la defensora nicaragüense de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Winnye Bernard denunció que en la Costa Caribe persisten las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por parte de colonos invasores y la inacción del Estado. “En seis años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1164 víctimas”, dijo Bernard.

Según Bernard, la criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto del proyecto BioClima, aprobado sin consulta previa, libre e informada. “Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles… así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera”, agregó.

“Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos”, enfatizó la defensora.

Comité CEDAW llama a Nicaragua a retirar su denuncia de la Carta OEA y adoptar medidas para proteger a las mujeres y niñas

Washington D.C., 31 de octubre 2023.- A veinte días de que se concrete la salida del Estado Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales, urgió a las autoridades nicaragüenses a retirar su denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El Comité también llamó al Estado Parte a dialogar y adoptar medidas para cumplir con sus observaciones acerca de la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

En la revisión del día 23 de octubre, la Embajadora Rosalía Concepción Bohórquez Palacios hizo una declaración en la que tildó de “parcial” al Comité y abandonó el examen sin proporcionar información sobre las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de la Mujer, la adopción de una política nacional de igualdad de género, ni sobre medidas para asegurar que las mujeres -particularmente las que viven en las Regiones Autónomas del Caribe- se beneficien de los programas públicos para promover la igualdad de género y la no discriminación. El Estado de Nicaragua se ha retirado progresivamente de tratados internacionales y ha roto compromisos con los órganos de tratados internacionales de derechos humanos al no participar activamente en las revisiones de estos.

Derogación de leyes que discriminan a las mujeres

Ante los alarmantes reportes de los últimos cuatro años, en los que se registran 7000 casos de agresiones contra defensoras de los derechos humanos que han sido consideradas “traidoras” y «golpistas”, y la falta de aplicación de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con 38 casos de defensoras de los derechos humanos víctimas de intimidación y represalias; el Comité pidió al Estado de Nicaragua que derogue toda la legislación que discrimine a las mujeres por sus opiniones políticas y su participación en la vida política y pública. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).

Asimismo, el Comité urgió al Estado a poner inmediatamente en libertad a las mujeres detenidas por sus opiniones políticas disidentes y garantizar la salvaguarda de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psicológica durante la detención y después de la puesta en libertad. Al 31 de agosto, 16 mujeres se encontraban privadas de libertad por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. 

Según el Comité, el Estado debe adoptar un plan de acción para la reparación, la rehabilitación y la indemnización de estas mujeres; e investigar, enjuiciar y condenar adecuadamente a los autores de los actos de represalias y agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y activistas, incluso cuando los responsables sean agentes del Estado.

Retorno seguro de mujeres defensoras apátridas

En sus observaciones, el Comité también solicita la derogación de la Ley 1145 o “Ley de Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”, que establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” perderán la nacionalidad nicaragüense y ha dejado en situación de apatridia a más de 317 personas, incluyendo mujeres excarceladas políticas, reconocidas defensoras y activistas feministas y de los derechos de las mujeres, y periodistas.

El Comité concluyó que el Estado de Nicaragua debe restablecer la nacionalidad en todos los casos en que las mujeres hayan sido privadas de ella por motivos políticos; y adoptar medidas para que, de conformidad con el artículo 9 de la Convención se reduzcan los casos de apatridia (1961), se prevenga la apatridia y se cree un plan para facilitar el regreso seguro de las mujeres nicaragüenses que deseen regresar al país.

Justicia para víctimas de violencia de género y madres de víctimas de la represión

En el periodo del año 2018 al año 2021, la cantidad de feminicidios se incrementó a 57 casos y los feminicidios frustrados a 220 casos. Estos reportes han generado gran preocupación para el Comité, que en varias ocasiones ha categorizado como un problema la restringida definición de feminicidio en el Código Penal, ya que solo se adjudica a aquellos asesinatos de una mujeres en el contexto de una relación de pareja. 

El Comité también observó con preocupación el cierre de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia y la falta de información sobre el número y el cumplimiento de las órdenes de protección y servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo el refugio, asesoramiento psicosocial y la rehabilitación para mujeres sobrevivientes de violencia.

En este sentido, el Comité llamó al Estado a: garantizar que la definición de feminicidio incluya todos los casos de asesinatos relacionados con el género; aplicar una estrategia nacional para la prevención de todas las formas de violencia de género contra la mujer; restituir y reforzar el mandato de  la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia; y recopilar datos sobre la prevalencia de la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad, relación entre la víctima y el agresor y otras características sociodemográficas.

Asimismo, el Comité llamó a enjuiciar y condenar adecuadamente a las y los autores de actos de violencia de género contra defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres detenidas en el contexto de las protestas de 2018 y madres de víctimas letales de la represión de estas protestas. Para el Comité es de especial importancia que se les proporcione recursos adecuados -incluyendo reparaciones- a las víctimas. 

Leyes que aborden formas interseccionales de discriminación

Por otro lado, el Comité observa con preocupación que en Nicaragua, las mujeres indígenas y afrodescendientes se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y tienen un acceso limitado a la educación, empleo, oportunidades económicas, salud y toma de decisiones en el Estado. A todo esto se suma el alto riesgo de violencia de género, incluyendo asesinatos, violencia sexual y desalojos forzosos de mujeres indígenas, en particular en territorios como la Reserva Bosawás y el territorio indígena Mayagna Sauni As, que sufren invasiones constantes de colonos (terceros no indígenas).

En este sentido, el Comité llama al Estado a elaborar leyes y políticas que aborden las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes; así como a garantizar investigaciones, juicios y castigos adecuados para las personas perpetradoras de delitos en territorios ancestrales, y proporcionar recursos efectivos y reparación para las víctimas. 

Cabe destacar que también insta al Estado a garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a títulos de propiedad y el control colectivo de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conlleva la obligación de remitir informes, participar en diálogos constructivos con el Comité CEDAW y cumplir con las recomendaciones formuladas por éste. Por tanto, instamos al Estado a cumplir con las recomendaciones planteadas y entablar comunicaciones con el Comité en favor  de la protección de las mujeres y niñas, y del cese de la represión y violencia contra mujeres defensoras, activistas y periodistas que expresan opiniones disidentes. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que pese a las condiciones de riesgo imperantes, continúan monitoreando y documentando la situación de derechos humanos de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país. Su arduo trabajo y la presentación de informes han contribuido significativamente a este examen y a la formulación de valiosas Observaciones Finales, que constituyen una hoja de ruta para que el Estado de Nicaragua cumpla las las obligaciones establecidas en la CEDAW.

CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano. 

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”. 

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados  de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”. 

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres 

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora. 

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055  “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y  las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar. 

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité. 

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

“La violencia hacia  las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis. 

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”. 

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio. 

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere  en términos descalificativos e inapropiados  negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres. 

Este patrón de incumplimiento  de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

**

El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.

Alto Comisionado ONU y Grupo de expertos sobre Nicaragua: personas defensoras y opositoras enfrentan severas presiones para abandonar el país

Washington D.C., 12 de septiembre de 2023.- El Gobierno de Nicaragua ha aumentado la persecución contra las voces disidentes provocando el exilio de más nicaragüenses, coincidieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe A/HRC/54/60 de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Türk denunció que “los supuestos críticos de las autoridades, y sus familiares, son acosados, perseguidos y encarcelados de forma rutinaria”. Asimismo, expresó su preocupación por la escalada represiva contra la Iglesia Católica, la permanencia de más de 70 personas en prisión por motivos políticos,  la privación arbitraria de la nacionalidad, el destierro, la falta de garantías de los derechos humanos de las mujeres, y la impunidad de los asesinatos y ataques que sufren los pueblos indígenas por parte de colonos (terceros no indígenas).

Por su parte, el Grupo de Expertos alertó que «Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas de desarrollo del país”.

Fuerte escalada represiva contra la Iglesia Católica

Desde el año 2018 la Iglesia Católica y sus integrantes han sido objeto de ataques; sin embargo, en el periodo del informe “se produjo una fuerte escalada en su frecuencia y gravedad” con el cierre de 12 medios de comunicación católicos, el allanamiento de las instalaciones de la Diócesis de Matagalpa; detenciones arbitrarias, juicios, privación de la ciudadanía nicaragüense y pérdida de los derechos ciudadanos y destierro, entre otras.

Entre el 21 y 23 de mayo, cuatro sacerdotes y ocho personas colaboradoras de la Iglesia Católica fueron privadas de su libertad arbitrariamente. Dos sacerdotes están bajo arresto domiciliario en sus seminarios y uno bajo custodia, y las y los colaboradores continúan detenidos. 

Asimismo, “la expulsión de miembros de la Iglesia percibidos como críticos con el Gobierno, así como la negativa a dejarles entrar en Nicaragua, se han convertido en una práctica habitual”, cita el informe, que documentó un total de 42 casos desde agosto de 2022.

Pautas de tortura en las cárceles de Nicaragua

El Informe destacó que más de 70 personas se encuentran privadas de libertad en situación de extrema vulnerabilidad, bajo condiciones que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). 

El Alto Comisionado aseguró que se han documentado pautas de tortura en centros de detención de Nicaragua. En julio, una vez finalizado el periodo que abarca el informe, la Oficina conoció de siete casos de tortura grave de detenidos, incluido el uso de electricidad y abusos sexuales y violación de hombres, y sometimiento, desnudez forzada y cacheos genitales humillantes a mujeres y niñas, incluso antes de las visitas a las personas detenidas.

En el informe también se destaca el caso de cuatro personas (un hombre y tres mujeres) detenidas arbitrariamente y privadas de atención médica que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria abordó en dos comunicaciones al Estado. Lamentablemente, lejos de recibir una respuesta estatal, el Grupo recibió información de que estas personas fueron enviadas a prisión preventiva, imposibilitadas de comunicarse con su abogadas y abogados, y dos de ellas fueron sometidas a desaparición forzada.

El Alto Comisionado lamentó la falta de respuesta del Gobierno a sus comunicaciones y las de otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y llamó al Estado a liberar inmediatamente a las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Privación de nacionalidad y destierro

En febrero de este año al menos 316 personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense, quedando así en situación de apatridia. La OACNUDH ha documentado que a 43 de estas personas se les negaron copias de documentos del registro civil y de expedientes académicos en las universidades, y fueron informadas de que «no existían» en los registros públicos. Esto puede equivaler a la «muerte civil» de las personas afectadas, dice el informe.

La OACNUDH también recibió información de que, desde septiembre de 2022, a 27 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se les negó la entrada a Nicaragua después de viajar brevemente fuera del país. 

“Dado el gran número de personas afectadas por esta forma global de castigo, muchas personas afirman ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar”, alertó el Alto Comisionado.

En su informe también llamó al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, a derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todas las personas nicaragüenses que deseen regresar al país. 

El Gobierno no publica datos de agresiones a personas LGBTI+ y subregistra los femicidios

El Gobierno ha ordenado el cierre de más de 315 organizaciones de derechos de las mujeres desde 2021, muchas de las cuales trabajaban en derechos sexuales y reproductivos, y la defensa y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Esto es de especial preocupación para la OACNUDH, que también ha documentado un elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes; así como la prohibición total del aborto en el país, que pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas. 

La Oficina del Alto Comisionado también identificó un subregistro de las cifras de feminicidios. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó 15 feminicidios en entre 2021 y enero 2023, que contrastan con los 71 contabilizados por la sociedad civil. Según organizaciones de la sociedad civil, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 ocurrieron 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años, sin embargo aún no hay cifras oficiales respecto de este periodo.

En cuanto a los ataques contra personas LGBTI+ en 2022, la sociedad civil documentó 31 casos incluyendo un feminicidio de una mujer trans, otros actos de violencia sexual, física y psicológica, discursos de odio y discriminación. Del 1 de enero al 30 de abril de 2023, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron 20 agresiones. El Estado no publica datos oficiales sobre agresiones contra personas LGBTI+, ni sobre investigaciones y enjuiciamientos a quienes cometen estos delitos, a pesar de que el Código Penal establece circunstancias agravantes en los casos motivados por la orientación sexual

Brusco y continuo aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes 

Los pueblos indígenas continúan sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos (terceros no indígenas). Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la OACNUDH documentó ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en Mayagna Sauni As, en el núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bosawás.

Entre otros casos, la OACNUDH recibió información de que colonos han tomado aproximadamente 21,000 hectáreas del pueblo Miskitu, y han desplazado por la fuerza a unas 1000 personas Miskitu. Autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país negándoles la entrada en la frontera.

Estos casos motivaron a que la OACNUDH inste al Estado a investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y a prevenir nuevos actos de violencia garantizando sus derechos territoriales mediante la finalización del proceso de saneamiento en consulta con estos pueblos.

GHREN: Sector universitario ya no cuenta con instituciones independientes

En su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) alertó sobre las severas presiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y opositoras, e incluso el estudiantado para abandonar Nicaragua. Vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, criminalización continua, detenciones arbitrarias, cierre de universidades, denegación de expedientes académicos y documentación, son algunas de las estrategias utilizadas por el régimen para sofocar a la disidencia e intensificar la persecución.

Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, denunció la privación arbitraria de la nacionalidad y derechos ciudadanos de más de 300 personas, entre los cuales destacan los casos de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, histórica defensora de derechos humanos que aún se encuentra en Nicaragua, expuesta a graves riesgos a su vida e integridad personal; y Monseñor Rolando Álvarez, religioso condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” quien se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo. 

«Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país», dijo Simon.

Un total de 27 instituciones educativas han sufrido la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes, incluída la Universidad Centroamericana (UCA), centro educativo de los Jesuitas. Las investigaciones del GHREN confirman que estas violaciones de derechos humanos se han perpetrado al más alto nivel del Estado, conjuntamente con otras instituciones controladas por el Gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al Gobierno.

En este sentido, el Grupo concluyó que estas graves violaciones y los crímenes documentados hasta la fecha constituyen prima facie crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, y pidió a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar a los y las estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acoge este informe de la Oficina del Alto Comisionado y la actualización oral del GHREN como una herramienta valiosa de visibilización, denuncia y propuesta de acciones para superar  la situación de derechos humanos de Nicaragua. La comunidad internacional no debe  hacer caso omiso de lo que sucede en este país centroamericano y debe aplicar medidas que presionen al Estado de Nicaragua a cesar las violaciones a los derechos humanos y actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Dado los hallazgos que demuestran que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra personas opositoras reales o percibidas, y las próximas investigaciones del Grupo de Expertos, el Estado podría enfrentar procesos ante la justicia internacional. Desde Raza e Igualdad, continuamos poniendo a disposición de la OACNUDH y el GHREN nuestro trabajo de monitoreo y documentación para sus investigaciones y nuestra firme voluntad para contribuir a que las víctimas encuentren la justicia que merecen.