CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano.

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”.

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”.

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora.

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar.

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité.

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”.

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

“La violencia hacia las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis.

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”.

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio.

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere en términos descalificativos e inapropiados negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres.

Este patrón de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.

Ante CEDAW: Defensoras nicaragüenses denuncian la situación de violencia y persecución en contra de mujeres indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

Washington D.C., 16 de octubre de 2023.- En el marco del 86 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), defensoras nicaragüenses, acompañadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la situación de violencia y persecución en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la zona con la tasa de femicidios más alta en Nicaragua.

Durante la sesión, la defensora indígena Anexa Alfred se dirigió al Comité “como una víctima más cuya voz han querido callar” señalando que muchas mujeres indígenas que quisieran estar participando en este proceso “están silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”. En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti, expuso la situación de mujeres afrodescendientes, que no pudieron participar por el contexto de represalias del régimen nicaragüense contra las personas defensoras de derechos humanos.

“Cohabitación” con colonos expone a mujeres indígenas y afrodescendientes a violencia sexual

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, según Alfred Cunningham. Las masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas.

La política ilegal y arbitraria de “cohabitación” con colonos (terceros no indígenas) que promueve el Gobierno de Nicaragua en los territorios indígenas y afrodescendientes, genera impunidad y más violencias hacia las mujeres. Según un monitoreo realizado en 26 comunidades de 6 territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023 se registraron 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años. Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos.

Por otro lado, la persecución y criminalización perpetrada por el régimen de Ortega contra lideresas y defensoras indígenas que han acompañado los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha resultado en el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria y la desaparición de Nancy Elizabeth Henriquez, diputada suplente y presidenta del partido indígena YATAMA, quien fue detenida arbitrariamente el 1 de octubre.

Asimismo, el desplazamiento forzado también expone a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Esta situación trasciende las fronteras, afectando también a las mujeres en el exilio, como es el caso de las comunidades indígenas miskitas refugiadas en Costa Rica.

Alfred solicitó al Comité cuestionar la política de “cohabitación” con colonos promovida por el Estado nicaragüense; y solicitó al Estado de Nicaragua “la implementación de acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”.

Defensoras afrodescendientes son perseguidas por su trabajo de demarcación de territorios

“La falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado, dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, invisibilizándolas”, dijo Gaia Hefti al Comité.

Según Hefti, existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”.

Hefti también se refirió al caso particular de las defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes sufren persecución continua, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas, debido a su trabajo de demarcación de territorios; así como a la cancelación de organizaciones de sociedad civil y de universidades y las violaciones a la libertad religiosa, que “ha afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual”.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Pronunciamiento

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, que están expuestas a asesinatos y violaciones por parte de colonos invasores; y han quedado en indefensión por la persecución política contra las organizaciones de sociedad civil que brindaban atención en la región.

Instamos al Comité CEDAW a:

Solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones o programas de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres.
Exhortar al Estado de Nicaragua a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas.

Sociedad civil celebra el nombramiento de Graeme Reid como el trecer Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género y reconoce los logros de Victor Madrigal Borloz

Ginebra, el 13 de octubre de 2023.– El Presidente del Consejo de Derechos Humanos del ONU ha nombrado Graeme Reid como el nuevo Experto Independiente encargado de combatir la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género (SOGI).

Este nombramiento se llevó a cabo hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su nominación por el Presidente del órgano de gobierno de 47 miembros responsable de supervisar los derechos humanos en el mundo el mes pasado. Graeme Reid asumirá este papel en el 1 de noviembre de 2023.

Un antropólogo e investigador de Sudáfrica, Reid actualmente es el Director del Programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch. Él es el tercer individuo ejercer el mandato de las Naciones Unidas dirigido específicamente a combatir las violaciones contra los derechos humanos de personas LGTBQ+ y de género diverso, siguiente Vitit Muntarbhorn de Tailandia (2016-2017) y Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica (2017-2023).

Organizaciones de sociedad civil de todo el mundo acogieron con satisfacción esta decisión: “Miles de millones de personas continúan viviendo en sociedades con leyes y actitudes sociales que ponen en peligro a las personas LGBTI,” enfatizó XYZ. “Dada su amplia experiencia en la incidencia política y el mundo académico, junto con su compromiso inquebrantable de escuchar las voces de defensores de derechos humanos de base, confiamos en que Reid podrá fomentar más entendimiento y recordar a los estados de sus obligaciones hacia las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género de todo el mundo. Como sociedad civil, esperamos un compromiso constructivo con el nuevo mandatorio.”

Este nombramiento se produce tras un largo proceso de selección, que duró meses e incluyó la preselección de 23 candidatos, la conducción de entrevistas y, últimamente, haciendo el nombramiento con la supervisión de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A principios de este mes, organizaciones mundiales expresaron sus preocupaciones sobre la ausencia de las mujeres e las personas no binarios en la preselección de candidatos recomendado por el Grupo Consultativa, como se subrayó durante la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En el junio de 2022, el Consejo de Derechos Humanos renovó con éxito el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género. La renovación reconoció y reafirmó la importancia vital del mantenimiento de este mandato, como comunidades LGBT en todo del mundo continúan enfrentar violencia y discriminación basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

Víctor Madrigal-Borloz, el actual mandatario, permanecerá en el cargo hasta finales de mes. Organizaciones de sociedad civil tomó este momento a celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años, declarando. “Hoy queremos celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años.” Gracias a Víctor Madrigal-Borloz y sus esfuerzas, el mundo es ahora más consciente del impacto de la criminalización de las relaciones del mismo sexo consentidas, la necesidad de reconocimiento legal de identidad de género, la barrera a la inclusión social, la importancia de datos recogidos sobre las vidas LGBTI+, el daño infligido por la llamada «terapia de conversión» y más. Madrigal-Borloz también ha subrayado buenas prácticas para prevenir discriminación y realizó visitas a Georgia, Mozambique, Túnez, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, tender puentes entre la sociedad civil, los líderes políticos y las autoridades religiosas. En un momento en que los grupos antiderechos se hacen oír cada vez más y atacan a nuestras comunidades como parte de un ataque más amplio contra la igualdad de género, es crucial que el trabajo del mandato continúe y reciba el apoyo de ambos los Estados y la sociedad civil.

Activistas de Cuba y Nicaragua: Trabajar por los ODS es una labor titánica en regímenes autoritarios

Nueva York, 19 de septiembre de 2023.- En países donde impera el autoritarismo, trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierte en una “labor titánica”, alertaron cuatro activistas de Nicaragua y Cuba en un evento paralelo al 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado este martes 19 de septiembre, y organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America y PEN International.

Los testimonios de las personas defensoras de derechos humanos Alexa Zamora, Yader Parajón, Laritza Diversent y Martha Beatriz Ferrer demuestran que ambos países violan gravemente los derechos humanos de sus habitantes, y criminalizan la labor de quienes trabajan por la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien también participó en el conversatorio, llamó a la comunidad internacional a no caer en la resignación y normalización, y a no cesar la documentación y el monitoreo en Nicaragua y Cuba.

Nicaragua: el régimen de Ortega se ha ensañado contra mujeres y población LGBTI+

“La falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos anulan las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible”, explicó Alexa Zamora, activista y defensora de derechos humanos quien por su labor fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Pese a que el objetivo 5 llama a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el régimen de Ortega mantiene a 16 mujeres en la cárcel, resistiendo a condiciones que les afectan de forma diferenciada por su género, como la exposición a violencia sexual, tocamientos, falta de acceso a la salud, incomunicación con sus hijos e hijas, entre otros.

Zamora también explicó que en Nicaragua “las instituciones están al servicio de una élite en el poder, en lugar de servir al interés público”, lo cual se aleja de la implementación del objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el régimen incumple con sus acuerdos internacionales en materia de la libertad de establecer alianzas en el nivel nacional y local, lo cual es una amenaza para el alcance del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por su parte, el activista LGBTI+ y excarcelado político, Yader Parajón, denunció que “la población LGBTI+ no solo tiene dificultades y obstáculos para acceder a empleos, educación y otros derechos… sino que desde el año 2018 hemos sido víctima de una cruel represión”.

Yader Parajón es hermano de una de las 355 víctimas fatales del régimen de Ortega. Su hermano, Jimmy Parajón, recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax, el 11 de mayo de 2018, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Nicaragua, según información recopilada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El clamor de justicia por el asesinato de su hermano, su membresía en la Asociación Madres de Abril (AMA) y su trabajo de defensa de la igualdad de derechos para las personas LGBTI+ y de los derechos ambientales esenciales para la sostenibilidad, lo pusieron en la mira del régimen, que lo mantuvo en prisión desde 2021 hasta su destierro en febrero de 2023.

Yader relató que durante su tiempo en la cárcel experimentó de primera mano el “sistema patriarcal machista y homofóbico” del régimen de Ortega, a través de comentarios denigrantes, radicales y religiosos que satanizaban su orientación sexual, y de la ridiculización de su sexualidad. También fue testigo de casos de mujeres trans que nunca fueron reubicadas a sistemas penales para mujeres, en una violación a sus derechos humanos.

Su testimonio es una impactante evidencia del incumplimiento del objetivo 16, que incluye la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Cuba: las manifestaciones evidencian una crisis multidimensional

Cuba también enfrenta grandes desafíos en su camino hacia el ODS 16, que busca establecer la paz, la justicia y fortalecer las instituciones. Las alarmantes cifras de detenciones en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la Isla el 11 julio de 2021 confirman la crisis multidimensional de Cuba, aseguró Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.

Según la abogada, en Cuba “la ley y la justicia están intrínsecamente vinculadas al poder ejecutivo, lo que pone en peligro la autonomía judicial”. Por ejemplo, el Código Penal actual criminaliza el apoyo internacional para coartar el crecimiento de organizaciones civiles independientes.

“Si queremos que la paz, la justicia y las instituciones sólidas no sean simplemente objetivos, sino realidades tangibles, es esencial reformar sistemas que obstaculizan estos ideales”, aseguró Diversent, quien también llamó a la comunidad internacional adoptar un “papel activo” como facilitadores y aliados que aseguren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dicho proceso.

Por otro lado, en su testimonio, Martha Beatriz Ferrer, hija del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que el pasado miércoles 13 de septiembre se le negó por sexta vez consecutiva la visita familiar a su padre.

El defensor de derechos humanos fue detenido el 11 de julio de 2021 y, desde marzo de este año, el régimen autoritario de Díaz-Canel no le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas. Su familia está profundamente preocupada por las condiciones inhumanas, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y malos tratos que podría estar recibiendo el líder cubano.

“Les pedimos a todas las naciones libres y democráticas el apoyo a estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Les pedimos que tengan mano dura y que no sigan permitiendo las atrocidades que comete la dictadura contra su pueblo”, finalizó Ferrer.

Pedro Vaca: Censura y propaganda oficial para crear realidades ficticias

En Nicaragua y Cuba la censura está acompañada de una propaganda institucional muy poderosa, “que termina construyendo paisajes que no son compatibles con la realidad, ficciones de que existe acceso a diferentes derechos”, explicó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, durante su intervención en un diálogo con la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, en el que conversaron sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados.

Para Vaca, también existe un mensaje detrás de la represión a las protestas en Nicaragua y Cuba, “es un mensaje de que sean muy visibles las consecuencias de pensar distinto, a tal punto que el miedo sea tan grande que se inhiba el debate”.

En este sentido, el Relator llamó a la comunidad internacional a no cesar la documentación y el monitoreo, ya que “no solo es un asunto de reconstruir el Estado de Derecho, donde existió, sino también los impactos que estos tienen en estas personas y en sus proyectos de vida, que son tremendamente dramáticos”.

La directora del programa Artists at Risk Connection de PEN América, Julie Trébault, quien también participó en el evento, dijo además que los derechos a la libertad de prensa y de expresión son casi inexistentes en Nicaragua y Cuba.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo este tipo de diálogos y haciendo un llamado a la comunidad internacional para que condenen y rechacen las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países. Raza e Igualdad trabaja para realizar acciones que permitan abrir espacios democráticos, que protejan de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.

Alto Comisionado ONU y Grupo de expertos sobre Nicaragua: personas defensoras y opositoras enfrentan severas presiones para abandonar el país

Washington D.C., 12 de septiembre de 2023.- El Gobierno de Nicaragua ha aumentado la persecución contra las voces disidentes provocando el exilio de más nicaragüenses, coincidieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe A/HRC/54/60 de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Türk denunció que “los supuestos críticos de las autoridades, y sus familiares, son acosados, perseguidos y encarcelados de forma rutinaria”. Asimismo, expresó su preocupación por la escalada represiva contra la Iglesia Católica, la permanencia de más de 70 personas en prisión por motivos políticos, la privación arbitraria de la nacionalidad, el destierro, la falta de garantías de los derechos humanos de las mujeres, y la impunidad de los asesinatos y ataques que sufren los pueblos indígenas por parte de colonos (terceros no indígenas).

Por su parte, el Grupo de Expertos alertó que «Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas de desarrollo del país”.

Fuerte escalada represiva contra la Iglesia Católica

Desde el año 2018 la Iglesia Católica y sus integrantes han sido objeto de ataques; sin embargo, en el periodo del informe “se produjo una fuerte escalada en su frecuencia y gravedad” con el cierre de 12 medios de comunicación católicos, el allanamiento de las instalaciones de la Diócesis de Matagalpa; detenciones arbitrarias, juicios, privación de la ciudadanía nicaragüense y pérdida de los derechos ciudadanos y destierro, entre otras.

Entre el 21 y 23 de mayo, cuatro sacerdotes y ocho personas colaboradoras de la Iglesia Católica fueron privadas de su libertad arbitrariamente. Dos sacerdotes están bajo arresto domiciliario en sus seminarios y uno bajo custodia, y las y los colaboradores continúan detenidos.

Asimismo, “la expulsión de miembros de la Iglesia percibidos como críticos con el Gobierno, así como la negativa a dejarles entrar en Nicaragua, se han convertido en una práctica habitual”, cita el informe, que documentó un total de 42 casos desde agosto de 2022.

Pautas de tortura en las cárceles de Nicaragua

El Informe destacó que más de 70 personas se encuentran privadas de libertad en situación de extrema vulnerabilidad, bajo condiciones que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

El Alto Comisionado aseguró que se han documentado pautas de tortura en centros de detención de Nicaragua. En julio, una vez finalizado el periodo que abarca el informe, la Oficina conoció de siete casos de tortura grave de detenidos, incluido el uso de electricidad y abusos sexuales y violación de hombres, y sometimiento, desnudez forzada y cacheos genitales humillantes a mujeres y niñas, incluso antes de las visitas a las personas detenidas.

En el informe también se destaca el caso de cuatro personas (un hombre y tres mujeres) detenidas arbitrariamente y privadas de atención médica que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria abordó en dos comunicaciones al Estado. Lamentablemente, lejos de recibir una respuesta estatal, el Grupo recibió información de que estas personas fueron enviadas a prisión preventiva, imposibilitadas de comunicarse con su abogadas y abogados, y dos de ellas fueron sometidas a desaparición forzada.

El Alto Comisionado lamentó la falta de respuesta del Gobierno a sus comunicaciones y las de otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y llamó al Estado a liberar inmediatamente a las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Privación de nacionalidad y destierro

En febrero de este año al menos 316 personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense, quedando así en situación de apatridia. La OACNUDH ha documentado que a 43 de estas personas se les negaron copias de documentos del registro civil y de expedientes académicos en las universidades, y fueron informadas de que «no existían» en los registros públicos. Esto puede equivaler a la «muerte civil» de las personas afectadas, dice el informe.

La OACNUDH también recibió información de que, desde septiembre de 2022, a 27 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se les negó la entrada a Nicaragua después de viajar brevemente fuera del país.

“Dado el gran número de personas afectadas por esta forma global de castigo, muchas personas afirman ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar”, alertó el Alto Comisionado.

En su informe también llamó al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, a derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todas las personas nicaragüenses que deseen regresar al país.

El Gobierno no publica datos de agresiones a personas LGBTI+ y subregistra los femicidios

El Gobierno ha ordenado el cierre de más de 315 organizaciones de derechos de las mujeres desde 2021, muchas de las cuales trabajaban en derechos sexuales y reproductivos, y la defensa y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Esto es de especial preocupación para la OACNUDH, que también ha documentado un elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes; así como la prohibición total del aborto en el país, que pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas.

La Oficina del Alto Comisionado también identificó un subregistro de las cifras de feminicidios. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó 15 feminicidios en entre 2021 y enero 2023, que contrastan con los 71 contabilizados por la sociedad civil. Según organizaciones de la sociedad civil, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 ocurrieron 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años, sin embargo aún no hay cifras oficiales respecto de este periodo.

En cuanto a los ataques contra personas LGBTI+ en 2022, la sociedad civil documentó 31 casos incluyendo un feminicidio de una mujer trans, otros actos de violencia sexual, física y psicológica, discursos de odio y discriminación. Del 1 de enero al 30 de abril de 2023, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron 20 agresiones. El Estado no publica datos oficiales sobre agresiones contra personas LGBTI+, ni sobre investigaciones y enjuiciamientos a quienes cometen estos delitos, a pesar de que el Código Penal establece circunstancias agravantes en los casos motivados por la orientación sexual

Brusco y continuo aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes

Los pueblos indígenas continúan sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos (terceros no indígenas). Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la OACNUDH documentó ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en Mayagna Sauni As, en el núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bosawás.

Entre otros casos, la OACNUDH recibió información de que colonos han tomado aproximadamente 21,000 hectáreas del pueblo Miskitu, y han desplazado por la fuerza a unas 1000 personas Miskitu. Autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país negándoles la entrada en la frontera.

Estos casos motivaron a que la OACNUDH inste al Estado a investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y a prevenir nuevos actos de violencia garantizando sus derechos territoriales mediante la finalización del proceso de saneamiento en consulta con estos pueblos.

GHREN: Sector universitario ya no cuenta con instituciones independientes

En su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) alertó sobre las severas presiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y opositoras, e incluso el estudiantado para abandonar Nicaragua. Vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, criminalización continua, detenciones arbitrarias, cierre de universidades, denegación de expedientes académicos y documentación, son algunas de las estrategias utilizadas por el régimen para sofocar a la disidencia e intensificar la persecución.

Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, denunció la privación arbitraria de la nacionalidad y derechos ciudadanos de más de 300 personas, entre los cuales destacan los casos de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, histórica defensora de derechos humanos que aún se encuentra en Nicaragua, expuesta a graves riesgos a su vida e integridad personal; y Monseñor Rolando Álvarez, religioso condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” quien se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo.

«Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país», dijo Simon.

Un total de 27 instituciones educativas han sufrido la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes, incluída la Universidad Centroamericana (UCA), centro educativo de los Jesuitas. Las investigaciones del GHREN confirman que estas violaciones de derechos humanos se han perpetrado al más alto nivel del Estado, conjuntamente con otras instituciones controladas por el Gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al Gobierno.

En este sentido, el Grupo concluyó que estas graves violaciones y los crímenes documentados hasta la fecha constituyen prima facie crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, y pidió a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar a los y las estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acoge este informe de la Oficina del Alto Comisionado y la actualización oral del GHREN como una herramienta valiosa de visibilización, denuncia y propuesta de acciones para superar la situación de derechos humanos de Nicaragua. La comunidad internacional no debe hacer caso omiso de lo que sucede en este país centroamericano y debe aplicar medidas que presionen al Estado de Nicaragua a cesar las violaciones a los derechos humanos y actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Dado los hallazgos que demuestran que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra personas opositoras reales o percibidas, y las próximas investigaciones del Grupo de Expertos, el Estado podría enfrentar procesos ante la justicia internacional. Desde Raza e Igualdad, continuamos poniendo a disposición de la OACNUDH y el GHREN nuestro trabajo de monitoreo y documentación para sus investigaciones y nuestra firme voluntad para contribuir a que las víctimas encuentren la justicia que merecen.

En el marco de la pre-sesión del EPU en Ginebra, activistas denunciarán violaciones de DDHH en Cuba

Ginebra, 28 de agosto de 2023.– Este miércoles 30 de agosto, representantes de la sociedad civil independiente de Cuba, y de organizaciones internacionales que trabajan por la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, se reunirán en Ginebra, Suiza, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla.

El evento titulado ‘Cuba: cinco años después del Examen Periódico Universal (EPU)’, iniciará a partir de la 1:30 p.m. (hora Ginebra) en Rue de Varembé 1 (piso 5). Este encuentro se realizará en el marco de la pre-sesión del EPU, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 1 de septiembre en Ginebra, y reúne a los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil de 14 países, entre estos Cuba, para abordar la situación de derechos humanos en cada uno de esos territorios.

En el conversatorio participarán la abogada y consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Livia Lemus; la directora de Cubalex, Laritza Diversent; el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires; la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Article 19, Claudia Ordoñez; el periodista independiente Mario Luis Reyes, y el artista cubano Nonardo Perea.

Las personas encargadas del panel dialogarán sobre los derechos laborales y sindicales, las personas privadas de la libertad por motivos políticos, el periodismo independiente, y la libertad de expresión en la Isla, con el objetivo de visibilizar ante los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y los y las representantes de los Estados, la realidad de derechos humanos que se vive en este país previo al IV ciclo del EPU, donde Cuba será evaluada en noviembre de este año.

En 2018, el Estado cubano fue revisado por última vez durante el III ciclo del Examen Periódico Universal. En aquel momento, Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, tomó nota de 83 y rechazó 30. Para dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, varias organizaciones de la sociedad civil independiente realizaron informes alternativos y los enviaron para ser considerados en el nuevo ciclo del EPU.

El conversatorio de este miércoles 30 de agosto permitirá que los y las asistentes conozcan más información sobre lo que ocurre en la Isla luego de cinco años de haber sido evaluada en el último EPU.

Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de propiciar este tipo de espacios para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba. Hacemos un llamado a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y a los y las representantes de los Estados, para que escuchen los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, y condenen la represión, el hostigamiento, y las distintas formas de violencia que se documentan a diario en este país.

Datos clave sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos

¿Por qué es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

En 2023 se cumplen 75 años de este documento que consagra los derechos fundamentales que toda persona tiene como ser humano. ¡Conoce algunos datos clave sobre la Declaración!

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. El documento, que marcó un hito en la historia de los derechos humanos, fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales.
En este documento se establecieron los derechos fundamentales que deben preservarse alrededor del mundo, y está compuesto de un preámbulo y 30 artículos, que recogen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, tales como los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, entre otros.
La Declaración consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican de manera permanente a nivel mundial y regional.
La Declaración está disponible en más de 500 lenguas. Es, de acuerdo con las Naciones Unidas, el documento más traducido en todo el mundo.
Desde Raza e Igualdad celebramos la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que fomenta el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

Raza e Igualdad lanzó la campaña #DerechosHumanosSiempre, la cual estará activa hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Invitamos a estar pendientes del contenido que estaremos compartiendo en el marco de esta campaña a través de nuestro sitio web y redes sociales.

Colombia: Preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social. Alto Comisionado de la ONU.

Colombia, 16 de agosto de 2023.- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presento su análisis de la situación de derechos humanos, en el cual reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los derechos humanos, su disposición a abordar temas importantes y su compromiso con la protección de los derechos humanos, lo cual ha resultado en cambios significativos y positivos. No obstante, la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Juliette De Rivero, destacó las preocupaciones y desafíos que la Oficina ha observado en el territorio y que requieren atención inmediata. En particular, expresó su preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social sobre la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido.

Aumento de masacres en el país

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un incremento del 11% en el número de masacres verificadas en comparación con el mismo semestre del año anterior. Se verificaron un total de 52 masacres durante este periodo. Se observó que la mayoría de las masacres fueron presuntamente perpetradas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Por su parte el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ, ha registrado a la fecha un total de 59 masacres en el país.

Violencia contra liderazgos sociales sigue siendo preocupante

En el primer semestre de 2023, La Oficina ha informado de una reducción del 19% en los casos de homicidios de defensores de derechos humanos en comparación con el semestre anterior (julio-diciembre de 2022). Aunque esta disminución es alentadora, el número de asesinatos de defensores y defensoras en Colombia sigue siendo inaceptablemente alto. En total, se han registrado 46 casos de homicidio, de los cuales 39 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos, 11 eran indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. Además, el 35% de los defensores de derechos humanos asesinados eran miembros de Juntas de Acción Comunal. A la fecha, Indepaz ha registrado 105 masacres durante el 2023 en el país.

En cuanto a los desplazamientos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado de una disminución del 33% en los casos de desplazamiento en comparación con el semestre anterior y un aumento del 2% en los casos de confinamiento durante el mismo período. Además, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado dos casos menos de asesinatos de excombatientes durante este período.

Violencia sexual y trata de personas

Durante la primera mitad del año 2023, la Oficina ha recibido un total de 42 denuncias de violencia sexual y de género en el contexto del conflicto armado, de las cuales 27 han sido confirmadas. Estas denuncias se han registrado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Es especialmente preocupante la situación de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual por parte de grupos armados no estatales, así como la violación de mujeres y niñas. Estas situaciones diferenciadas evidencian la necesidad de adoptar medidas específicas efectivas que garanticen la protección y la participación efectiva de mujeres, niñas y personas LGBTI+ en todos los espacios de diálogo y toma de decisiones para la construcción integral de la paz.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que tomen en cuenta el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el cual señala la existencia de violaciones a los derechos humanos que requieren medidas inmediatas para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional, especialmente en zonas del país que siguen siendo afectadas por el conflicto armado y grupos ilegales. En cuanto a la protección de las comunidades étnicas en situación de riesgo, es crucial que el Estado tome medidas efectivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, especialmente debido al impacto del conflicto armado y la violencia. El Gobierno nacional debe trabajar para reparar y proteger los derechos de estas comunidades, quienes son sujetos de especial protección según los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía Nacional con la participación genuina y efectiva de la sociedad civil, especialmente de las víctimas de la violencia policial racista. Así como adoptar, acatar e implementar de manera efectiva los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y los estándares que se han desarrollado para prevenir el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública.

Victor Madrigal se reunió con más de 30 personas LGBTI+ de México con apoyo de Raza e Igualdad

En México, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con autoridades locales, liderazgos y organizaciones LGBTI+ de dos estados del país para promocionar su mandato.

Del 17 al 22 de julio, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Víctor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a dos Estados de México —Oaxaca y Ciudad de México—, la cual se llevó a cabo en alianza estratégica con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), representado por la Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera. Asimismo, estuvo presente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de la representación de Niza Castañeda, Oficial de Derechos Humanos.

Durante su visita, se reunieron con más de 30 personas LGBTI+ de diversas organizaciones, liderazgos de la sociedad civil y autoridades locales dedicadas al trabajo de protección y promoción de los derechos LGBTI+, a fin de conocer la situación de las personas LGBTI+ de México y dotar de información a les participantes de las funciones del mandato y las formas de participación con la sociedad civil. Además, el Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos de las Américas y el Caribe, donde Madrigal-Borloz fue invitado a participar de un panel.

Diálogo con la comunidad muxhe

El 18 de julio, se llevó a cabo el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo con el Experto Independiente” en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, convocada por el Instituto Tecnológico del Istmo, el Proyecto Transformándome, Mexfam y otras organizaciones de la sociedad civil organizada. “En Oaxaca existe una narrativa y un lenguaje de inclusión y respeto a las comunidades del Itsmo, lecciones que pueden beneficiar al mundo. Los pueblos indígenas, los pueblos africanos y civilizaciones asiáticas conocían la diversidad sexual y de género como fenómenos que son parte de la riqueza de la sociedad”, manifestó el Experto Independiente en la reunión.

El diálogo contó con la presencia de autoridades como Mariano Rosado López, secretario del Municipio de Juchitán de Zaragoza, y Juan José Rementeria Orozco, Director del Instituto Tecnológico del Istmo (TecNM), quien manifestó sus deseos de una educación inclusiva para la comunidad muxhe y las personas LGBTI+. Asimismo, participó la primera agenta municipal muxhe, Carisia Cabrera, quien describió el reto de llegar a la gobernación y la lucha constante para ser agenta, ya que siempre ha existido el machismo y el racismo.

A la reunión también asistieron liderazgos, agrupaciones locales y actores seculares, y tuvo la finalidad de establecer un vínculo con la comunidad muxhe y las diversidades sexuales, permitiendo la escucha y la articulación de necesidades en materia de salud, seguridad, justicias, trabajo e inclusión social. Al respecto, Jenni Natalia Santiago, de Ellas deciden, red de mujeres lesbianas, bisexuales y sexo disidente, señaló que los procesos coloniales hacen guardar silencios sobre las identidades de género ancestrales y que es necesario que el Estado mexicano reconozca sus existencias y las barreras que enfrentan para acceder a las oportunidades.

Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Víctor Madrigal-Borloz, reunido en el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo” en Instituto Tecnológico del Istmo de México.

Reuniones con la sociedad civil

Durante dos días, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con organizaciones de la sociedad civil mexicana en tres mesas temáticas, donde abordaron asuntos como la migración, movilidad humana y el impacto a personas LGBTI+, las desapariciones, los discursos y crímenes de odio y los derechos de las personas LGBTI+ privadas de libertad, personas indígenas y afromexicanas LGBTI+ e infancias trans.

México tiene una de las fronteras con más flujos migratorios y, en el último año, el número de personas LGBTI+ en movilidad ha aumentado, incluyendo a juventudes y adolescencias. Además, las extremas violencias en el hogar y en la calle y falta de oportunidades relacionadas a orientación sexual e identidad de género son las principales causales de expulsión de sus lugares de origen. En el país, no hay política específica migratoria para personas LGBTI+ ni en ley de migración nacional ni en ley federal de asilo, por lo que tampoco existen mecanismos de atención; además, la hipersexualización e perfilamiento racial es muy común.

Por otro lado, las organizaciones civiles tienen una lucha constante por verdad, justicia, reparación y por la memoria de las víctimas de desaparición y crímenes de odio. El país no ha logrado construir un registro oficial de personas LGBTI+ y las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las Fiscalías en México no reconocen a las familias diversas ni a las familias sociales para iniciar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas LGBTI+. Además, existe una falta de capacitación desde la antropología forense para tratar correctamente a los cuerpos de las personas trans.

Asimismo, es necesario reconocer y respetar los derechos de las personas LGBTI+ en los centros de reclusión en México. Con frecuencia las personas LGBTI+ privadas de libertad son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos, de actos crueles e inhumanos, siendo las personas trans quienes enfrentan con mayor dureza estos actos. De igual forma, los discursos de odio y la presunción de criminalidad refuerzan la discriminación contra las poblaciones indígenas, afromexicanas LGBTI+ y juventudes e infancias trans.

Víctor Madrigal-Borloz en las reuniones temáticas con organizaciones civiles LGBTI+ de México.

Liderazgos Políticos LGBTI+

El Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe, el evento más grande que reúne a lideresas y líderes abiertamente LGBTI+, servidores públicos y aliados, donde Víctor Madrigal-Borloz fue invitado a participar del panel «Apostando por democracias, estallando de color». Durante su intervención, el Experto Independiente reflexionó sobre cómo la creación del mandato es muestra de la disputa por los espacios políticos, ya que hace 30 años era impensable que en las Naciones Unidas se hablara de orientación sexual e identidad de género.

El objetivo principal de sexta edición que convocó a alrededor de 500 personas fue proporcionar un espacio de diálogo, fortalecimiento de capacidades y redes de conexión e intercambio de experiencias en el campo de la participación ciudadana y política a fin de avanzar hacia la igualdad. Algo importante a resaltar es que, durante el encuentro, se creó la primera bancada LGBTI+ de Brasil a fin de combatir el ataque sistemático a los derechos LGBT+ promovido por la extrema derecha. Esta delegación está compuesta por más de 23 autoridades políticas, integrantes del gobierno y organizaciones sociales, entre ellas la diputada federal Erika Hilton, Duda Salabert y la diputada estatal Linda Brasil.

Parte del trabajo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+.

Víctor Madrigal-Borloz participando del panel «Apostando por democracias, estallando de color». En la segunda foto: Miguel Ángel Alanis (Raza e Igualdad), Niza Castañeda (OACONUDH), Duda Salabert (Diputada federal – Brasil), Alex Leal (Mandato del EI OSIG), Zuleika Rivera (Raza e Igualdad) en el VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe.

Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo

Washington D.C., 28 de junio de 2023.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea dedicar este artículo a reconocer, celebrar y visibilizar la presencia de personas LGBTI+ de la región en el campo del arte y la cultura que siempre han sido formas de resistencia, sobrevivencia y orgullo para las personas LBGTI+. Sus disruptivas formas de expresión artística han revolucionado este sector, no solo enriqueciéndolo sino desafiado y transformado las narrativas dominantes de la cisheteronormatividad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, en el informe A/HRC/14/36 de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales de las Naciones Unidas señala que, en muchos aspectos, los derechos culturales son esenciales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. A través de estos, se protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo -individuales y colectivos-, y abarcan libertades importantes relacionadas con cuestiones de identidad[1].

En ese sentido, la representación y la visibilidad digna de grupos históricamente vulnerados, como la población LGBTI+, son fundamentales para reivindicar sus cuerpos e identidades, y promover sus derechos humanos. “Combate el estigma y la discriminación. La representación positiva en la cultura contribuye a desafiar los estereotipos y prejuicios negativos que existen la entorno a la diversidad sexual y de género”, menciona Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua, quien señala que esto también sucede con une misme cuando los personajes y narrativas reflejan experiencias propias que contribuyen a desarrollar mayor confianza y aceptar su identidad de género u orientación sexual sin sentir vergüenza o culpa.

“La manifestación artística diversa visibiliza, expone, retrata y enriquece. Poder disfrutar del arte de manos de personas de la diversidad sexual y de género brinda una perspectiva diferente al público, humanizando y volviendo suyas las expresiones”, dice Fhran Medina, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTI+ de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Desde el significado del arte y la cultura, más que tener un fin instrumental, Guillermo Valdizán dice en su libro Creación Heroica que “las formas de producción cultural están íntimamente ligadas a los procesos de transformación de las sociedades”[2]. Es decir, la producción cultural no existe sino en un contexto social, político y económico determinado y ha continuado presente a lo largo de la historia de las sociedades; por ello, son parte del proceso social y no solo una herramienta. Como dice Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia, existe una apropiación de la esfera cultural más visible por parte de las personas LGBTI+ que produce nuevas representaciones y reflexionan sobre la sexualidad y el género, y desde este espacio se gestan transformaciones culturales también.

A continuación, las contrapartes de Raza e Igualdad recomiendan algunos ejemplos notables de producciones culturales que han contribuido a la visibilidad de las personas LGBTI+:

Yunior Pino, fotógrafo y activista cubano: “Somos personas valerosas, dotadas de talentos y dones; educamos para erradicar los tabúes que por generaciones han causado mucho daño y discriminación. Recomiendo el filme cubano titulado «Fátima” porque cuenta la cruda realidad que vive en su mayoría la comunidad LGBTI+ en Cuba, ante una sociedad machista, discriminatoria y un sistema que obliga a ejercer la separación familiar y la prostitución”.

Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia: “Me gustaría que el trabajo de Kia sonorica, una artista trans paraguaya, pudiera conocerse más. Ella también es historiadora anticolonial, conoce bien la historia del arte; y ahora es una de las artistas Latinoamericanas pioneras en el uso de la inteligencia artificial para producir obras artísticas”.

Fhran Medina, abogado y activista peruano: “Antay es mi cantautor peruano favorito, no solo por ser un gran cantante, sino por el trabajo y el enorme corazón que le pone a cada canción y presentación. Sus letras son ternura y también mucho arte. Como cantautor trans, lleva consigo muchas historias y vivencias de la población trans. El videocip de la canción “Júrame” es algo que todas las personas deberíamos ver, pueden encontrar más de sus producciones en Spotify y Youtube”.

Articulación Brasileña de Lésbicas – Rede ABL: “Recomendamos el trabajo de Bia Ferreira en la música porque es una mujer negra y ‘sapatão’* que trae en sus canciones verdaderos ‘evangelios’ de liberación. Es importante que otras personas conozcan su trabajo porque explica de forma didáctica la causa y las soluciones a diversas cuestiones sociales”.

Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua: “Recomiendo a la artista Ru Paul, es una Drag Queen icónica y presentadora del programa RuPaul’s Drag Race, ha sido una figura importante en la cultura LGBTI+ y ha promovido la aceptación y la celebración de la diversidad”.

En conclusión, la visibilidad de las personas LGBTI+ en el campo del arte y la cultura es un indicador poderoso del progreso en materia de derechos humanos. A través del cine, la música, la danza, el teatro, arte visual y más, se ha conquistado un espacio en el que estas voces trascendentales pueden ser escuchadas y sus experiencias pueden ser representadas de forma más auténtica. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de promover la visibilidad y la representación de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida y les desea un mes del Orgullo con mucha música, arte y cultura. Todas las personas merecen vivir en una sociedad sin violencia, más justa y sin discriminación. ¡Derechos Humanos Siempre!

*’Sapatão’ es una palabra de orgullo que hace referencia a las mujeres lesbianas de Brasil. Es similar a que el movimento trans valoró la palabra ‘travesti’.

…………

[1] Report of the independent expert in the field of cultural rights, Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10/23 of the Human Rights Council. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/124/40/PDF/G1012440.pdf?OpenElement

[2] Valdizán, Guillermo (2021). Creación Heroica: Neoliberalismo, políticas culturales y estrategia comunitaria en el Perú del siglo XXI. Lima: RGC Ediciones

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