Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución;  Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco;  Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente.  Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle   Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

“Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco”.

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra.  Bajo el título “Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general.  Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio;  también se reunió con  las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina;  con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable  del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política.  En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para “empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles “.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU.  Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP).  En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales.  El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que  tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país.  Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del  acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.

 

 

 

Nicaragua: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ONU alarmado por la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington D.C., 31 de agosto de 2022-. Al finalizar el examen del Estado de Nicaragua respecto de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este martes 30 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) presentó sus observaciones finales en las que destaca su profunda preocupación por la falta de cooperación e interacción del Estado Parte, el cual se ausentó a las sesiones en las que se desarrollo la revisión, pese a las alarmantes alegaciones de violencia y graves atentados contra pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de sus territorios. 

“Preocupan seriamente al Comité los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biósfera de Bosawás”, cita el informe del CERD, que también solicita al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes de prevención, e investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.

Entre otros motivos de preocupación del Comité, también figura el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención; la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos; las dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445. 

Las observaciones hacen referencia a “reportes sobre la no certificación de las autoridades indígenas legítimamente electas en asambleas comunitarias o territoriales” y denuncia la imposición de “gobiernos paralelos” conformados por funcionarios y/o personas afines al gobierno, lo cual afecta los derechos de autonomía y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

Asimismo, refiere que se han llevado a cabo concesiones de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin procesos de consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, o a través de consultas con personas “no legitimadas” para representar a dichos pueblos. Lamentablemente, estas concesiones traen consigo impactos sociales, ambientales y culturales que afectan gravemente los medios de subsistencia y formas de vida “generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas“.

“Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creole de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados“, ejemplifica el Comité.

Finalmente, el Comité recomienda a Nicaragua diseñar -en consulta con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes- una legislación y estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a estos pueblos. Asimismo, sugiere al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

ONG  rechazan la ausencia  del Estado

Las organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado seguimiento al proceso de  supervisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte del Estado de Nicaragua, entre las cuales se encuentran la Fundación del Río, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), consideran la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del pasado 10 de agosto forma parte de un patrón de irrespeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad,  “el Estado continúa sin dar un solo indicio de voluntad para renovar la cooperación con la comunidad internacional. El año pasado (2021) se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), y este año (2022) se ausentó a su revisión en el marco de la Convención contra la Tortura” alegando que el Comité contra la Tortura (CAT) carece de imparcialidad y objetividad.

Quesada recordó que “la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha sido una acción voluntaria del Estado nicaragüense, y esto conlleva una serie de obligaciones y compromisos internacionales.¡Exigimos que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del CERD!”, expresó Quesada.

Para Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río y defensor de derechos de los pueblos indígenas que fue criminalizado a través de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “la actitud del Estado en estos espacios (Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos) ha sido irresponsable y de falta de respeto al derecho internacional”. 

Maria Luisa Acosta, Coordinadora de CALPI,  considera que es una “acción importante” que el Comité haya decidido continuar con el proceso de evaluación y la formulación de las observaciones finales. “Esta decisión ha permitido que tengamos este informe que demanda y recomienda acciones urgentes para enfrentar la grave situación de violación de derechos humanos, sobre todo para combatir actos discriminatorios contra pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Ojalá que se establezcan otras acciones en el marco del funcionamiento del Comité, sobre todo para dar seguimiento a la situación de Nicaragua y que haya una mayor incidencia alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado en el cumplimiento de las convenciones que firma a nivel internacional”, finaliza Ruiz. 

 

La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.

(Ginebra, 7 de julio de 2022) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptó una resolución para renovar el mandato de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más. En una votación crítica, la resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, con el voto en contra de 17 y la abstención de 7.

Fueron 1256 organizaciones no gubernamentales de 149 estados y territorios de todas las regiones que apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, y pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG.

“Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro”, dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil. “Al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades”.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial”, agregó Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil. “Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse”.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato de le Experte Independiente ha recibido el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

“Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos”, agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

Le experte independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación. Desde 2016, el mundo ha aprendido más sobre el impacto de la criminalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la necesidad de reconocer legalmente el género de una persona, las barreras para la inclusión social, la importancia de recopilar datos relacionados con la vida de personas LGBT, el daño causado por las llamadas ‘terapias de conversión’, y más. Le experte también ha arrojado luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen plenamente con le Experte Independiente en este importante trabajo para lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

** FIN **

Nota para los medios de comunicación:

  1. Le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este mandato se estableció en 2016 y ha sido ocupado por Vitit Muntarbhorn (2016-2017) de Tailandia y Víctor Madrigal-Borloz (2018-en curso) de Costa Rica.
  2. Este comunicado se refiere a “personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género” o a personas “LGBT”, en lugar de “LGBTI”, ya que el mandato tiene la tarea específica de abordar las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Nicaragua: Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ONU pide liberar a 13 personas presas políticas e investigar la muerte de Hugo Torres

Washington D.C., 27 de junio de 2022-. En una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a trece personas presas políticas, realizar una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Entre estas personas figura Jorge Hugo Torres Jiménez, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero, y por el cual el Grupo de Trabajo pide una investigación específica que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió.

El Grupo de Trabajo solicitó que la liberación de las otras trece (13) personas presas políticas que permanecen con vida sea absoluta, y que se les conceda a ellas y a las personas beneficiarias de Torres Jiménez, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Las trece personas cuya libertad solicita el Grupo son defensoras y defensores de derechos humanos, precandidatos a la presidencia, lideresas feministas, dirigentes políticos, periodistas y empresarios: Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Daysi Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Argüello, Suyen Barahona Cuan, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Luis Rivas Anduray, Miguel Mora Barberena, Miguel Mendoza Urbina y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

En su opinión, el Grupo de Trabajo explicó que sus detenciones son de carácter arbitrario porque contravienen ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante; y se inscriben en cuatro (I, II, III y V) de las cinco categorías, según sus Métodos de Trabajo.

No hay fundamento jurídico que justifique las detenciones. Estas personas fueron arrestadas por oficiales de la Policía Nacional acompañados de civiles armados, o por otras fuerzas coercitivas del Estado excesivamente armadas, sin orden y justificando el arresto con la supuesta comisión de un delito, pero sin antes haberles informado de las vías judiciales para impugnarla. Además, todas las detenciones fueron violentas y bajo amenazas. Incluso, en varias ocasiones había personas menores de edad presentes.

Sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al gobierno actual, que han trabajado en favor del cambio democrático y la defensa de los derechos humanos, no expresen sus opiniones ni participen en la vida pública.

Las personas detenidas tampoco fueron presentadas inmediatamente ante un juez, sometidas a prisión preventiva automática y estuvieron incomunicadas por al menos un mes, sin contar con la asistencia y comunicación confidencial con sus abogadas y abogados defensores. Lo anterior constituye una violación al derecho a tener contacto con el mundo exterior. Asimismo, se están incumpliendo las Reglas Nelson Mandela y principios del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”. Estas personas han sufrido impacto en su salud producto de la carencia de alimentación, higiene, sanidad, camas apropiadas, falta de abrigo y atención médica especializada.

Finalmente, el Grupo de trabajo hizo énfasis en la discriminación ejercida contra las personas defensoras de derechos humanos con posiciones y opiniones políticas expresadas públicamente, y expuso que estas detenciones fueron efectuadas para imposibilitar que integrantes de grupos políticos opositores al Gobierno participen en la vida pública del país. 

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) respaldamos plenamente el llamado del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para que las personas prisioneras por motivos políticos sean liberadas, en particular su petición para que el régimen de Nicaragua realice investigaciones exhaustivas e independientes sobre sus condiciones de detención y la lamentable muerte del General en retiro, Hugo Torres. 

Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, y la liberación inmediata y sin condiciones de las más de 190 personas privadas de libertad por motivos políticos. Son inocentes y fueron arrestadas por ejercer derechos humanos como el derecho a la protesta cívica, la libertad de expresión y asociación, entre otros.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas presas políticas, que como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes; y son especialmente alarmantes para las personas adultas mayores, mujeres y personas con padecimientos crónicos que no están recibiendo atención médica especializada.

Recordamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su última actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, pidió a las autoridades nicaragüenses “asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, les instó para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención; y recordó que, de acuerdo a la normativa nacional vigente, todas las personas detenidas adultas mayores o que tienen enfermedades graves deberían encontrarse en detención domiciliaria.

Finalmente, ponemos a disposición nuestra colaboración  para que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos continúen monitoreando, documentando y promoviendo la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. 

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Ante la amenaza permanente a la igualdad y no discriminación contra las mujeres lesbianas, indígenas, afroperuanas y con discapacidad, agravada por la pandemia y las posiciones anti derechos, solicitan al Comité CEDAW que recomiende enfáticamente al Estado peruano a garantizar los derechos humanos de las mujeres en su diversidad

Lima, 14 de febrero de 2022.– Nos encontramos en momentos en que Perú atraviesa una profundización de su crisis política—un congreso que amenaza constantemente el enfoque de género en las políticas y la designación de un gabinete integrado mayoritariamente por misóginos y agresores y que, a pesar de que incluye a una feminista como Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no garantiza avances en los derechos humanos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas y con discapacidad. Frente a ello, nos unimos para solicitar al Comité CEDAW que recomiende enfáticamente al Estado peruano a adoptar políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación y vigile su cumplimiento.

Los días 15 y 16 de febrero el Comité CEDAW examinará el cumplimiento de los deberes del Estado peruano para garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación de las mujeres desde un enfoque interseccional e intercultural, tomando en cuenta, la colonialidad del poder, raza, género y clase. Estas reuniones serán públicas y pueden ser seguidas por medio de este enlace de 9am a 12pm respectivamente.

Previamente a la examinación, el 14 y 15 de febrero, el Comité CEDAW se reunirá con estas delegaciones de mujeres para escuchar sus voces sobre el contexto y la situación real de sus derechos humanos. Para ello, el 14 de febrero a las 9.30 am (hora peruana) el Comité escuchará a las voceras de las organizaciones de mujeres para considerar sus preocupaciones y problemáticas para la formulación de las recomendaciones al Estado peruano. Así empezaremos, en el marco de la sesión 81 del Comité CEDAW, la disputa por nuestros derechos ante un Estado, gobierno y gabinete, Congreso de la República e instituciones públicas como RENIEC y Procuraduría general del Estado que profundiza las desigualdades y brechas de género.

En 2019, CLADEM Perú y más de 40 organizaciones, entre indígenas, LGBITQ+, feministas, de derechos humanos, trabajadoras, enviaron un reporte con propuestas de recomendaciones para que el Comité adopte. En diciembre de 2021, una coalición de organizaciones de lesbianas y aliadas nacionales e internacionales también enviaron un informe sobre los derechos de las lesbianas. Igualmente, colectivos de mujeres con discapacidad y mujeres afroperuanas compartieron con la CEDAW sus reportes. Esta es una oportunidad histórica para el Comité CEDAW pueda dar recomendaciones que nombren específicamente a las lesbianas entre las mujeres históricamente discriminadas y pregunte al Estado cuál es el cumplimiento de las recomendaciones hechas en la examinación pasada a favor de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, con discapacidad, indígenas y afroperuanas.

El Estado ha incumplido varias recomendaciones producto del examen al Estado peruano en el 2014 en materia de reforzamiento del enfoque de género, erradicación de estereotipos, acceso a la educación sin discriminación, legalización del aborto entre otros que afectan gravemente a las mujeres en su diversidad. En particular, hasta la fecha, no se ha implementado la Política Nacional de igualdad de género por falta de presupuesto, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables (MIMP), INEI y demás instituciones responsables no producen diagnósticos y data sobre denuncias y sanciones específicas, en casos de violencia y discriminación contra las lesbianas, subsumiéndolas en la categoría homosexual y mujer. Tampoco, el Consejo directivo del Poder judicial aprueba el proyecto de directiva que contribuiría al acceso a justicia sin discriminación de las lesbianas.

El Comité CEDAW es un órgano de expertos y expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de presentar informes periódicos relativos a la aplicación de la Convención en su territorio nacional. Durante sus sesiones, el Comité examina dichos informes y le hace llegar al Estado sus preocupaciones y recomendaciones para la aplicación de la Convención.

Colombia: Raza e Igualdad alerta sobre el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos al iniciar el 2022

Colombia, 21 de enero de 2022. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, así como el aumento de la violencia armada en los territorios de comunidades étnicas. Esta situación se ha visto exacerbada en las primeras semanas del 2022 y  le ha costado la vida a seis líderes sociales, incluido un niño indígena defensor del medio ambiente.[1]

Hasta este 19 de enero, organizaciones que monitorean y registran la situación en los territorios habían registrado graves violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del país.[2] La violencia a manos de grupos armados se ha incrementado, dejando un impacto desproporcionado en las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, especialmente en territorios con gran presencia de comunidades afrocolombianas e indígenas. Por ejemplo, en Arauca—al Este del país—se están presentando fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados[3], con un saldo preliminar de 27 personas asesinadas, 57 familias víctimas de desplazamiento, 50 personas desaparecidas y 2,000 personas en riesgo.[4] Además, durante el 2022 ya se han registrado 10 masacres en acciones de control territorial y “limpieza social”.[5]

En este contexto, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia se sigue exacerbando. Para la fecha, se reportan 9 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en el país. El 10 de enero fue asesinado Nilson Antonio Velasquez Gil, líder social, en Medio San Juan, Chocó,[6] el 14 de enero de 2022 fueron asesinados Guillermo Chicana[7] y Breiner David Cucuñame López,[8] lideres indígena y ambientalistas, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Por otra parte, el 17 de enero de 2022 fueron asesinados 4 líderes sociales: Miguel Carrillo, líder social, cultor y artesano, en Arauquita, Arauca,[9]Luz Marina Arteaga Henao lideresa campesina, médica y reclamante de tierras, en Orocué, Casanare,[10]  Mario Jonathan Palomino Salcedo, profesor y líder social en El Carmen de Viboral, Antioquia[11],  y Wilson Costez Molano líder de Puerto Guzmán, Putumayo.[12] El 19 de enero del presente año fue asesinado José Avelino Pérez Ortiz, líder social en Arauca, Arauca; por último 20 de enero fue asesinado Libardo Castillo Ortiz, líder del consejo comunitario en la vereda San Miguel de Ñambi del municipio de Barbacoas, Nariño;[13] completando un total de 9 líderes y lideresas sociales asesinados en los primeros 20 días del 2022.[14]

Cabe resaltar que, según las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, el 2021 cerró con 168 líderes y lideresas sociales asesinados,[15] entre ellos el joven afrocolombiano Esnaider Javier Castillo Ortíz, quien era integrante de la Fundación Arcoíris. Esnaider fue asesinado el 27 de diciembre de 2021 en Barbacoas, Nariño, y era un reconocido líder cultural de la zona.[16]

En este 2022 vemos cómo se continúan agudizando los patrones de violencia sistemática contra personas defensoras y liderazgos sociales, que impactan de manera desproporcionada a las personas indígenas y afrocolombianas.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la situación escalonada de violencia y rechaza los asesinados de personas defensoras y liderazgos sociales. Ante este aumento de las violaciones de derechos humanos, resulta necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la protección y seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado. Desde el Instituto, llamamos la atención sobre el trabajo que realiza la Unidad Nacional de Protección, reiterando la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas, integrales, efectivas y con enfoques diferenciales que permitan responder a las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras en los territorios del país.

En este sentido, el Estado colombiano debe responder a las necesidades de protección garantizando trámites ágiles y sin demoras injustificadas, con evaluaciones de riesgo que no sean revictimizantes y que respondan a la realidad de los territorios desde los enfoques diferenciales. Por consiguiente, instamos al Gobierno colombiano a que adopte medidas integrales para abordar la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que realicen seguimiento y emitan recomendaciones para la verdadera garantía de los derechos humanos en Colombia.

 

 

[1] DIARIO VEA     http://diariovea.com.ve/horroroso-ya-son-6-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2022/

[2] El Espectador (2022 20 de enero) https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-apenas-55-horas-asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-arauca/

[3] Mesa, Jesús (2022, 14 de enero). El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca. El Espectador.

[4] INDEPAZ (2022, 8 de enero). La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados. Indepaz.org.co.

[5] INDEPAZ. Masacres ocurridas en Colombia en 2022. Cfr. Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.

[6] INFOBAE (2022, 18 de enero)  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/alerta-en-choco-conflicto-entre-eln-y-clan-del-golfo-ha-desplazado-a-mas-de-1500-personas/

[7] El Colombiano (2022, 14 de enero). Denuncian el asesinato de líder indígena en Buenos Aires, Cauca.

[8] El Colombiano (2022, 15 de enero). Disidentes asesinan a Breiner David, joven de la guardia indígena en Cauca.

[9] INDEPAZ (2022, 17 de enero). Con Miguel Carrillo sería 03 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1289 desde la firma del Acuerdo de Paz.

[10]El Tiempo (2022, 18 enero) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-cuerpo-de-luz-marina-arteaga-lider-social-asesinada-en-casanare-645615

[11] Caracol Radio /2022, 19 de enero) https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642563158_680218.html

[12]Tele sur (2022 20 de enero) https://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-lider-social-asesinado-20220120-0002.html

[13] Indepaz https://twitter.com/Indepaz/status/1484319294825533442

[14]Indepaz   https://twitter.com/Indepaz/status/1484141878920552452

[15] INDEPAZ OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES

 https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

[16] El Tiempo (29 de diciembre 2021) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esnaider-javier-castillo-luto-en-el-pacifico-por-su-asesinato-641740

Nicaragua: Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU pide al Consejo de Derechos Humanos tomar todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones 

Washington D.C., 15 de diciembre de 2021 .- En cumplimiento de la Resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua,  la Alta Comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Nada Al-Nashif llamó de nuevo al Gobierno de Nicaragua a comprometerse con los mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas en aras a restablecer urgentemente los derechos y las libertades públicas cercenadas. Destacó el papel esencial del Consejo de Derechos Humanos, a través del cual la comunidad internacional puede ayudar a “restablecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas” en el país.  

En su declaración, Al-Nashif llamó de nuevo al Consejo de Derechos Humanos a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas, búsqueda de la verdad y reparación integral a las víctimas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018”. Advirtió el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, que provocó que Nicaragua perdiera la oportunidad de dar “un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018” e iniciar un proceso de apertura de espacios y progreso hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, se dieron en un ambiente represivo, sin las garantías mínimas de legitimidad requeridas para poder ser referidas como “elecciones”. Entre mayo y octubre de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos y 45 organizaciones de la sociedad civil, y la detención de al menos 39 líderes y lideresas políticas, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles; entre ellas, 7 personas que expresaron públicamente su voluntad de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua.

Días antes, durante y después de las votaciones, la OACNUDH documentó la detención de 10 personas activistas políticas y periodistas. Ocho de estas personas continúan bajo arresto y en situación de incomunicación mientras se enfrentan a “cargos penales ambiguos”. Esto evidencia un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos que han seguido las autoridades estatales.

Al-Nashif exigió la puesta en libertad y restitución de los derechos civiles y políticos de todas las personas detenidas arbitrariamente, el fin del hostigamiento y criminalización contra  las y los opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos; y, nuevamente, insistió en que se otorgue a la OACNUDH y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos.

Más de 50 países preocupados por Nicaragua

En una declaración conjunta presentada por Chile, más de 50 países se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua y realizaron un llamado urgente al Estado para que libere inmediatamente a todas y todos los presos políticos, cese las detenciones por motivos políticos y las acciones represivas contra medios de comunicación y minorías. Asimismo, pidieron al Consejo tomar “cualquier medida concreta con el fin de apoyar los esfuerzos del pueblo de Nicaragua para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en su país”.

Finlandia en nombre de los países bálticos nórdicos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia), Perú, España, Estados Unidos, Ucrania, Suiza, Colombia, República Checa y otros países llamaron al Gobierno a que reanude la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como con los mecanismos regionales de derechos humanos. 

Organizaciones de derechos humanos piden un #MecanismoParaNicaragua

Raza e Igualdad, Human Rights Watch, Civicus, Red Internacional de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, International Service for Human Rights, Centro por los Derechos Civiles y Políticos, entre otras organizaciones de derechos humanos, instaron al Consejo que establezca un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en su 49a sesión, programada para marzo 2022. 

Raza e Igualdad y el International Service for Human Rights, en voz de Lizeth Dávila – integrantes de la Asociación de Madres de Abril (AMA) y madre de Álvaro Conrado Davila, primer adolescente asesinado en el contexto de las protestas sociales del año 2018, instó al Consejo a que cree este mecanismo, compuesto por una o varias personas expertas independientes, que verifique las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, preserve las evidencias, identifique a los culpables y siente las bases para un proceso de justicia en mi país. 

“Necesitamos justicia, necesitamos rendición de cuentas, para nosotras, para nuestros hijos y para el pueblo de Nicaragua”, exclamó Dávila.

Este llamado de la sociedad civil al establecimiento de un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas se sustenta en la manifiesta falta de voluntad del Estado de Nicaragua de cooperar con los mecanismos de protección de derechos humanos, así como la falta de implementación de las recomendaciones después de más de tres años de escrutinio por parte del Consejo de Derechos Humanos. Esta negativa ha ido acompañada de un continuo y rápido deterioro, donde no ha cesado la represión y donde a pesar de la amplia documentación,  Nicaragua sigue sin reconocer ninguna responsabilidad en las graves violaciones ocurridas desde 2018. 

Nicaragua necesita una respuesta contundente de la comunidad internacional que mande un mensaje claro de lucha contra la impunidad, que siente las bases de un futuro proceso de justicia y ayude a identificar los cambios estructurales que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.

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