La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

  • Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
  • Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
  • Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
  • Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
  • Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

Tres años de la excarcelación y destierro de 222 nicaragüenses: memoria, dignidad y justicia pendiente

Washington, D.C., 9 de febrero de 2026.– Este 9 de febrero se cumplen tres años de la liberación de 222 personas nicaragüenses que estuvieron arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos y que, tras su excarcelación, fueron forzadas al destierro por el régimen Ortega-Murillo. Su llegada a Washington D.C. fue posible gracias a gestiones diplomáticas y humanitarias del Gobierno de los Estados Unidos, que facilitó su recepción en condiciones de protección.

Raza e Igualdad fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a acompañar técnicamente este proceso, junto a organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, brindando apoyo inmediato para su acogida en condiciones de dignidad, incluyendo alojamiento, vestimenta, teléfonos, acompañamiento psicosocial y recursos básicos para sus primeros días en el país.

Nuestro equipo pudo constatar de primera mano los graves impactos físicos, psicológicos y sociales de la prisión política, resultado de condiciones de detención que incluyeron incomunicación prolongada, tratos crueles, torturas y privaciones incompatibles con la dignidad humana. La documentación de estos hechos contribuyó a visibilizar patrones de represión que posteriormente fueron recogidos en el informe de Raza e Igualdad “Patrones de represión y persecución política en Nicaragua: De la prisión a la libertad tras la Operación Guardabarranco”.

La excarcelación no significó justicia. El régimen no solo expulsó a estas 222 personas de su país, sino que además las despojó arbitrariamente de su nacionalidad y de su existencia jurídica en Nicaragua, configurándose elementos de crímenes de lesa humanidad, como ha señalado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. En los países de acogida, muchas de estas personas continúan enfrentando desafíos relacionados con su situación migratoria, el acceso a empleo, a la salud, la reunificación familiar y su integración, a lo que se suma el riesgo de represión transnacional.

Tres años después, la impunidad persiste. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra estas 222 personas siguen sin investigación ni sanción, pese a que muchas de ellas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua no ha cumplido.

Al mismo tiempo, la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose. A casi ocho años de la represión de abril de 2018, persisten la persecución, la vigilancia y las detenciones arbitrarias. El régimen ha intentado maquillar este patrón mediante excarcelaciones bajo condiciones restrictivas, amenazas y controles que no equivalen a libertad, sino que reproducen mecanismos de intimidación y castigo.

Recordar este aniversario es también reconocer que la liberación de estas 222 personas no fue un gesto, sino el resultado de la presión y la articulación internacional. La solidaridad y la acción coordinada pueden salvar vidas, pero la represión no ha terminado.

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado a los países de acogida a seguir facilitando la reinserción plena y la protección de las víctimas de la prisión arbitraria por motivos políticos en Nicaragua, así como a mantener la vigilancia internacional frente a la continuidad de los crímenes.

Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la prisión arbitraria, la desnacionalización y todas las formas de represión en Nicaragua. Continuaremos documentando, litigando e incidiendo para que los responsables rindan cuentas y las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación.

Seguiremos trabajando para que un día, no muy lejano, la prisión política y la desnacionalización implementada por el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices sea el mal recuerdo de una dictadura que, como todas, llegará a su final por el anhelo de libertad del pueblo nicaragüense.

La libertad de 222 personas fue un paso. La justicia para todas las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.

Excarcelaciones condicionadas no son libertad: Raza e Igualdad exige liberaciones plenas en Nicaragua

Washington, D.C., 12 de enero de 2026.– Ante las recientes excarcelaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por las condiciones y restricciones bajo las cuales se están realizando, las cuales son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

El sábado 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado anunciando que “retornaban a sus hogares” nicaragüenses que “permanecían bajo resguardo de las autoridades pertinentes”, en alusión a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua señala que, tras verificar directamente con familiares, fueron 24 las personas excarceladas ese día.

Desde Raza e Igualdad reconocemos el alivio que estas excarcelaciones representan, especialmente para sus familiares; sin embargo, nos preocupa que tanto en este caso como en el caso de las excarcelaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2025, las personas beneficiarias no gocen de libertad plena, puesto que deben presentarse ante las autoridades diariamente, informarles si saldrán de sus municipios y tienen restringido su derecho a la libertad de expresión, medidas que son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

Así mismo, recordamos que al menos 38 personas continúan en prisión por motivos políticos en Nicaragua, las cuales sufren duras condiciones en las cárceles del régimen Ortega-Murillo, que incluyen malos tratos, torturas, amenazas, falta de atención médica y falta de alimentación adecuada. Algunos son adultos mayores con padecimientos crónicos que no están siendo debidamente atendidos y cuyas vidas corren riesgo. Destacamos el caso de los líderes indígenas Nancy Elizabeth Henríquez, Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth, ex militares y activistas y personas opositoras o consideradas como tales, todos víctimas de un sistema judicial carente de la independencia necesaria para impartir justicia.

El sistema interamericano de protección ha otorgado medidas cautelares y provisionales para varias de estas personas[1] y en otros casos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha declarado la arbitrariedad de sus detenciones y ha exhortado al gobierno a liberarles de inmediato, indemnizarles y  concederles otros tipos de reparación[2].

A la comunidad internacional le recordamos que estas excarcelaciones se producen, además, en un contexto político particularmente sensible: coinciden con el 19 aniversario del regreso al poder de Daniel Ortega, y ocurren una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que fue seguido por la liberación de personas presas políticas en ese país. Este entorno regional refuerza la necesidad de observar con especial atención las decisiones del régimen nicaragüense y de exigir que cualquier medida relacionada con la libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos responda a obligaciones jurídicas internacionales que deben ser cumplidas, más que a cálculos políticos coyunturales en base a los cuales el régimen nicaragüense no está poniendo fin al patrón establecido de las detenciones políticamente motivadas.

Raza e Igualdad también ve con profunda preocupación la escalada represiva emprendida por el régimen Ortega-Murillo tras la captura del dictador Nicolas Maduro en Venezuela, la cual habría tenido como principal consecuencia redadas que tuvieron como resultado la detención de al menos 60 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se desconoce con exactitud cuántas de estas personas fueron liberadas y cuántas continúan detenidas. Nuestra solidaridad hacia sus familias, que se enfrentan ahora a la incertidumbre y angustia por la falta de sus seres queridos, el desconocimiento de las condiciones en las que se encuentran  y las consecuencias que dichas detenciones conllevan.

Raza e Igualdad exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan en prisión por motivos políticos. Solo el cese de la represión podrá contribuir a empezar a crear las condiciones que permitan alcanzar una paz duradera, basada en el respeto de los derechos humanos.

 

 

[1] Medidas provisionales para Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth, entre otras.
[2] Opiniones Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) No. 70/2024 referida a Nancy Elizabeth Henríquez, Opinión 22/2025 referida a Rodrigo Bruno Arcangel, Stony (Tony) Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios, Evertz (Evert) Bruno Palacios (Nicaragua) y Opinion No. 30/2024 referida a Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías (Nicaragua).

Nicaragua: Ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen Ortega-Murillo mantenga intacta su estructura represiva

Washington, D.C., 3 de diciembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su satisfacción al conocer que recientemente, el régimen de Ortega-Murillo ha excarcelado a personas que se encontraban arbitrariamente privadas de su libertad por motivos políticos. Tras meses sometidas a prisión injusta, condiciones inhumanas, malos tratos y aislamiento, nos reconforta conocer que estas personas podrán reencontrarse con sus familias y contar con mejores condiciones para su atención y cuidado.

Hasta ahora las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre estas excarcelaciones, pero medios de comunicación independientes y organizaciones de sociedad civil señalan que al menos 12 personas –entre ellas siete mujeres—fueron excarceladas entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. A ello se suma que a inicios de mes, se dio a conocer la excarcelación de otras tres personas.

De acuerdo con dicha información, las excarcelaciones se han registrado de la siguiente manera: el 8 de noviembre fueron excarcelados Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal y Fabio Alberto Cáceres Larios, todos adultos mayores. Posteriormente, el 29 de noviembre se conoció sobre la excarcelación de al menos ocho personas, entre ellas Carmen Sáenz, Lesbia Gutiérrez, Evelyn Guillén, Alejandro Hurtado Díaz, Eliseo Castro Baltodano, Evelyn Matus Hernández, Valmore Valladares y Mauricio Chavarría. Finalmente, el lunes 1 de diciembre se informó de la excarcelación de Yolanda González Escobar, Carlos Vanegas, Luis Francisco Ortiz Calero y Octavio Enrique Caldera.

Según la información disponible, como en otras oportunidades, ningún liderazgo indígena habría sido excarcelado.

Cabe destacar que al 29 de octubre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifraba en 77 la lista de personas privadas de libertad por motivos políticos. Lamentamos la falta de transparencia del régimen ya que no se informa sobre las detenciones y tampoco sobre las excarcelaciones o cambios de medidas, lo que obedece a su estrategia para pretender evadir el escrutinio internacional y las responsabilidades por los crímenes cometidos.

Exigimos libertad real

Desde Raza e Igualdad advertimos que estas excarcelaciones no significan una libertad real. La privación de libertad por motivos políticos en Nicaragua no se limita a estar dentro de una prisión física: el patrón represivo del régimen puede imponer medidas que continúan restringiendo derechos fundamentales, entre ellas: casa por cárcel, vigilancia constante, la obligación de presentarse diariamente, amenazas, hostigamiento policial y la imposibilidad de ejercer derechos civiles y políticos. El cierre del espacio cívico imposibilita el libre ejercicio de la libertad de expresión debido a la certeza de que se tomaran represalias. Estas prácticas constituyen formas extendidas de represión y control social que mantienen a las víctimas en un estado permanente de riesgo y persecución.

Hacemos un llamado urgente al Estado nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos y cesar todas las formas de criminalización, hostigamiento y represalia contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos, periodistas, liderazgos territoriales y voces críticas. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la situación y a redoblar los esfuerzos para exigir la liberación plena, incondicional y con garantías para todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país y para quienes siguen en situación de desaparición forzada.

Raza e Igualdad reafirma su compromiso con las víctimas, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil que continúan documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y reitera que ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen mantenga intacta su estructura represiva.

Raza e Igualdad condena las torturas y amenazas contra José Daniel Ferrer, quien anunció estar dispuesto al exilio forzado

Washington D.C., 7 de octubre de 2025. – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación ante el anuncio del activista cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien manifestó estar dispuesto a aceptar el exilio forzado como única alternativa para proteger su vida y la de su familia, tras años de torturas, amenazas y tratos inhumanos sufridos en prisión y mientras estuvo en libertad condicional.

En una carta escrita desde el Centro Penitenciario de Mar Verde, y divulgada el pasado viernes 3 de octubre, Ferrer denunció las graves violaciones a los derechos humanos que ha enfrentado por su activismo. “Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por esbirros y otros instrumentos de la peor dictadura que ha conocido el continente americano”, escribió Ferrer.

Raza e Igualdad ha denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia ejercida contra José Daniel Ferrer, así como las condiciones de reclusión a las que ha sido sometido. El activista también relató las amenazas dirigidas contra su esposa e hijos, lo que lo ha llevado a contemplar el exilio forzado como única forma de salvaguardar su integridad y la de su familia. “He llegado al límite de lo que un ser humano puede resistir. Si mi salida del país es la única opción para proteger a los míos, estoy dispuesto a aceptarla”, agregó.

“Las declaraciones de Ferrer confirman el nivel extremo de persecución y crueldad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Cuba. Su disposición a aceptar el exilio forzado refleja la desesperación de un activista que ha sido víctima de tortura y represión sistemática durante años”, señala Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Ferrer, de 55 años, es uno de los activistas más reconocidos de Cuba. Integró el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados durante la Primavera Negra de 2003 y, desde entonces, ha sido objeto de reiteradas detenciones, torturas y procesos judiciales arbitrarios. Participó en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, tras las cuales fue detenido arbitrariamente y, en enero de este año, puesto en libertad condicional. Sin embargo, el 29 de abril volvió a ser encarcelado en la prisión de Mar Verde.

Las denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos reavivan una de las prácticas represivas más persistentes del régimen autoritario cubano: el destierro forzado, una estrategia que vulnera derechos fundamentales y que las autoridades utilizan para neutralizar liderazgos, silenciar voces críticas y despojar a activistas, artistas y periodistas de su arraigo y de sus vínculos familiares. Esta práctica se suma a otras formas de represión —como los procesos judiciales arbitrarios, el hostigamiento, la censura y el acoso sistemático—, cuyo objetivo es limitar o anular la participación política y social de quienes defienden los derechos humanos en Cuba.

En los últimos años, esta estrategia ha afectado a diversas personas activistas y periodistas de Cuba, quienes se han visto forzadas a abandonar el país tras años de represión, amenazas y encarcelamientos. Recientemente, la activista cubana Aymara Nieto, integrante de la organización Damas de Blanco y de la UNPACU, y también representada por Raza e Igualdad ante la CIDH, abandonó la Isla para radicarse en República Dominicana, el 11 de agosto de 2025. Nieto, encarcelada desde 2018, fue liberada bajo la condición impuesta por la Seguridad del Estado de abandonar Cuba. “Estuve presa hasta el último momento en que estuve en el aeropuerto. Ellos fueron los que me llevaron. Nunca me dejaron ir a la casa”, relató la defensora de derechos humanos. Viajó acompañada de su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas, después de cumplir dos condenas consecutivas en una prisión de La Habana.

Desde Raza e Igualdad condenamos enérgicamente las torturas, amenazas y represalias que enfrenta José Daniel Ferrer, y alertamos sobre la gravedad de su situación en prisión. El caso de Ferrer evidencia la continuidad de un patrón de represión que, en los últimos años, ha obligado al exilio forzado a numerosas personas activistas, defensoras y periodistas independientes en Cuba. Instamos a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir su liberación inmediata, así como la protección de su familia y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba y en el exilio.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a las Naciones Unidas, a la CIDH y a los gobiernos democráticos de la región a intervenir de manera decidida para garantizar la integridad física y psicológica de Ferrer, y poner fin a la persecución y al destierro forzado de la disidencia cubana.

Raza e Igualdad informa sobre desapariciones forzadas de mujeres en Nicaragua y Cuba ante Comité de Naciones Unidas

Washington, D.C., 10 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la consulta regional del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) en el marco de su observación general sobre las mujeres, las niñas y las desapariciones forzadas.

El objetivo de esta iniciativa del CED, que se realizó el 3 de septiembre de forma virtual, fue propiciar espacios de intercambio con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la región para identificar retos, lecciones y recomendaciones específicas y contextuales que nutran el contenido de la observación general.

En particular, el Comité estaba interesado en recibir información sobre: a) el abordaje de la perspectiva de género e interseccional; b) los impactos diferenciados y las desigualdades y circunstancias específicas de mujeres y niñas que afectan el ejercicio de sus derechos; c) los contextos que ponen a las mujeres y las niñas en situaciones de particular riesgo; d) el papel de las mujeres como defensoras de derechos humanos y constructoras de paz y; e) las medidas a disposición de las víctimas de desaparición forzada, incluyendo a mujeres buscadoras, para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Raza e Igualdad presentó información sobre en Nicaragua y Cuba

En el caso de Nicaragua, Raza e Igualdad informó sobre casos de mujeres que fueron desaparecidas durante algún momento de su detención arbitraria por motivos políticos, destacando particularmente los casos de algunas de las 11 mujeres que continúan desaparecidas hoy en día, tras ser privadas de su libertad, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Compartimos los casos de violaciones a sus derechos, haciendo especial énfasis en los retos que enfrentan las mujeres buscadoras, las violaciones de derechos a las que pueden ser sujetas y los estándares interamericanos diferenciados que les aplican para su protección integral y cuidado.

En cuanto a Cuba, el Instituto llevó al CED el caso de las mujeres que integran la organización Damas de Blanco, proveyendo información sobre cómo estas mujeres son privadas de libertad cada domingo cuando intentan concurrir a misa, en general por plazos de entre 1 y 4 horas, pero que en algunos casos se extienden hasta 72 horas, sin dejar ningún tipo de constancia en registros oficiales.

Este patrón, que se corresponde con lo que el CED identificó en su “Declaración conjunta sobre las denominadas desapariciones forzadas de corta duración como una forma de desaparición forzada”, se conjuga con una práctica de trato sexualizado hacia estas mujeres que incluye desde insultos en razón de su género al momento de la privación de libertad hasta amenazas particulares y estrategias que buscan generar temor en las mujeres a la hora de su liberación, teniendo un impacto diferenciado frente a las desapariciones forzadas de hombres.

El Comité agradeció las intervenciones de Raza e Igualdad al hacer de su conocimiento temas que no habían sido visibilizados en el marco de la consulta regional y por presentar enfoques novedosos en los análisis realizados. Debe destacarse que el caso de las Damas de Blanco fue el único que se presentó respecto de Cuba, lo que evidencia la necesidad de reforzar las tareas de visibilización de lo que sucede en la Isla.

En Raza e Igualdad mantenemos un fuerte compromiso en ese sentido y continuaremos incidiendo ante mecanismos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la situación de desaparición forzada en Latinoamérica, especialmente en países como Cuba y Nicaragua, donde esta problemática está determinada y agravada por regímenes autoritarios.

Un año de libertad en el exilio: 135 nicaragüenses continúan su lucha por justicia y dignidad

Washington, DC; 5 de septiembre de 2025.– Hoy se cumple un año desde que 135 personas presas políticas fueron excarceladas y trasladadas a Guatemala, tras haber permanecido arbitrariamente privadas de libertad en Nicaragua por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su liberación fue posible gracias a las gestiones diplomáticas del Gobierno de los Estados Unidos y al apoyo humanitario del Gobierno de Guatemala, que les recibió en su territorio. Desde Raza e Igualdad contribuimos a garantizar que estas personas fueran acogidas con dignidad.

Este segundo vuelo hacia la libertad —precedido por el traslado de 222 personas excarceladas a Estados Unidos en febrero de 2023— estuvo integrado por mujeres y hombres, incluidos adultos mayores. Todas estas personas fueron obligadas a dejar atrás a sus familias, viviendas, bienes y medios de vida. Muchas denunciaron ante medios de comunicación las torturas y tratos crueles sufridos en prisión, así como el temor por posibles represalias contra sus familiares en Nicaragua.

Algunas de las personas excarceladas continuaron su camino hacia Estados Unidos u otros países, mientras otras permanecieron en Guatemala, con la esperanza de reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo, el destierro forzado las expuso a enormes dificultades para acceder a empleo, salud y seguridad social. Además, fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y condenadas a la apatridia, mientras sus bienes eran confiscados. Pese a todo, el régimen no logró quebrar su resistencia ni su compromiso con la libertad y la justicia en Nicaragua.

Los crímenes cometidos por Ortega, Murillo y sus cómplices permanecen en la impunidad. Un año después, exigimos justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias, así como garantías de no repetición.

“Hago un llamado urgente a los Estados que respetan la democracia y los derechos humanos a seguir mostrando su solidaridad hacia estos nicaragüenses víctimas de una brutal dictadura, a contribuir a su reunificación familiar y al pleno goce de sus derechos, en tanto en Nicaragua se restablece la democracia y se les garantiza la debida justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en ocasión de esta conmemoración.

Desde Raza e Igualdad exigimos al régimen Ortega-Murillo poner fin de inmediato a las redadas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y responder ante la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. Asimismo, demandamos la liberación de todas las personas que aún permanecen privadas de libertad o desaparecidas por motivos políticos.

Nicaragua: Redadas llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo evidencian nueva escalada represiva

Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente las recientes redadas policiales llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, las cuales dejaron al menos 27 personas detenidas entre el 14 y 16 de agosto, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). Cuatro de esas personas habrían sido liberadas y 23 continúan arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

La mayoría de las personas detenidas son excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, en un contexto marcado por la reciente confiscación del Colegio San José en Jinotepe, Carazo.

De acuerdo al reporte del MAB, entre los detenidos en Carazo en esta nueva ofensiva, figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría, María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdis –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.

Las detenciones ocurrieron días después de que la co-dictadora Rosario Murillo anunciara el 12 de agosto la confiscación del colegio San José, en Jinotepe, bajo el supuesto argumento de que en dicho centro se llevaron a cabo torturas durante abril 2018. El colegio confiscado era administrado por las religiosas de la congregación Josefina, lo cual representa un paso más en la embestida del régimen contra la Iglesia Católica.

Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse.

“Es inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Demandamos se informe a las familias de las personas afectadas su paradero y se les libere inmediatamente. Exigimos también QUE cese la represión hacia la Iglesia nicaragüense y se respete la libertad religiosa y las propiedades y centros educativos propiedad de la Iglesia o administrados por dicha institución.

Asesinato de Roberto Samcam: Un crimen abominable que enciende las alarmas sobre la infiltración de la inteligencia militar nicaragüense en Costa Rica

Washington, D.C., 20 de junio de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en horas de la mañana del jueves 19 de junio en San José, Costa Rica. Este crimen pone de manifiesto que el riesgo para la integridad y la vida de las personas opositoras o percibidas como tales por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo trasciende más allá de las fronteras, por lo que este abominable hecho, sumado a otros atentados que se han registrado, debe encender las alertas de las instituciones costarricenses para garantizar justicia.

Las organizaciones de sociedad civil en el exilio, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y otros mecanismos de protección de los derechos humanos han advertido sobre la represión transnacional, al señalar la existencia de la persecución y represalias aplicadas fuera de territorio nicaragüense y que a la fecha se ha manifestado en atentados y asesinatos como el que hoy condenamos, así como a través de la negativa de emitir pasaportes o el ingreso a Nicaragua, dejando a centenares de nicaragüenses en situación de apatridia de facto.

En Raza e Igualdad nos preocupa profundamente la presencia de infiltrados de la inteligencia militar nicaragüense en Costa Rica y su vinculación con los asesinatos y atentados en contra de la oposición presente en el país, a donde se vio obligada a exiliarse para poner a salvo su vida e integridad personal.

“Lo que hoy enfrentamos no es solo un crimen atroz, sino una muestra del alcance que puede tener un régimen cuando se permite que la impunidad cruce fronteras. Como organización internacional de derechos humanos, nos preocupa profundamente el debilitamiento de los espacios seguros para el exilio nicaragüense. Defender la vida y la libertad de quienes huyen de la persecución debe ser una prioridad para la comunidad internacional”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Esperamos que las autoridades costarricenses investiguen exhaustivamente el asesinato del Mayor en retiro Roberto Samcam – quien fue un reconocido crítico del régimen dictatorial encabezado por Ortega y Murillo– y determinen a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Denunciamos que, de esta forma, la dictadura nicaragüense intenta silenciar a la oposición, incluso más allá de sus fronteras.  El discurso crítico está protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos y merece toda la protección necesaria. El crimen contra Roberto Samcam, defensor de la democracia y los derechos humanos, no debe quedar en la impunidad.

Finalmente, instamos a las autoridades costarricenses a garantizar la seguridad de las y los opositores nicaragüenses que residen en el país, así como un entorno adecuado para que puedan expresarse sin temor a represalias.

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