Los derechos humanos y el litigio estratégico: Hacia una transformación de los estándares internacionales

Los derechos humanos y el litigio estratégico: Hacia una transformación de los estándares internacionales

  • En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad ofrece una mirada comprensiva de cuatro casos que litiga actualmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Washington, DC; 10 de diciembre, 2024.– En el proceso de promover y defender derechos humanos, el litigio estratégico representa una frente de lucha clave. Por ello, para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es uno de sus cuatro pilares de trabajo.

Con la visión de que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos, Raza e Igualdad litiga al lado de víctimas y organizaciones aliadas, ante mecanismos de derechos humanos a nivel interamericano y universal, llevando a cabo esta labor en dos vías.

Por un lado, está la respuesta legal de emergencia, la cual se activa cuando contrapartes se enfrentan a riesgos de violación de sus derechos humanos y el Equipo Legal de Raza e Igualdad les apoya en la documentación y presentación oportuna de solicitudes de protección e intervención ante el Sistema Interamericano y/o el Sistema Universal.

Litigando ante el SIDH

Por otro lado, con miras a lograr justicia integral para las víctimas y a impulsar cambios a largo plazo, sostenibles y estructurales para una mayor protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad realiza litigio estratégico por medio de una coordinación constante con contrapartes de la sociedad civil.

Es sobre ese segundo punto que, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad presenta cuatro casos que actualmente litiga ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ofreciendo una mirada comprensiva sobre los hechos que abarca cada uno, su estado procesal y, en colaboración con víctimas, familiares y organizaciones aliadas, qué busca en términos de jurisprudencia y transformación de estándares internacionales.

Cabe destacar que en la actualidad Raza e Igualdad litiga ante el SIDH 10 asuntos en total (3 vs. Nicaragua, 2 vs. Colombia, 3 vs. Cuba, 1 vs. Perú y 1 vs. México), por violación de derechos humanos de 157 víctimas individuales y tres víctimas colectivas), cada uno en diferentes estados procesales, y en 31 asuntos busca protección ante el Sistema Universal y el SIDH (13 de Nicaragua, 3 de Colombia, 14 de Cuba y 1 de Brasil), a favor de 401 beneficiarias  individuales y dos colectivas. Las personas y colectivos representados pertenecen a las poblaciones con quienes la organización trabaja desde sus inicios: Afrodescendientes, indígenas, personas LGBTI+, mujeres lideresas comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de represión política.

Además, en cumplimiento de la visión institucional de Raza e Igualdad, los casos se abordan desde una perspectiva interseccional.

Es importante mencionar que el trabajo de litigio estratégico se entrelaza y es reforzado por los otros pilares de trabajo de Raza e Igualdad, que son la incidencia, la documentación y el fortalecimiento de capacidades de contrapartes. Conoce más aquí.

  • Petición de Damas de Blanco (Cuba): Protección integral al derecho a defender derechos humanos

Por sus labores de defensa y promoción de los derechos humanos en Cuba, las Damas de Blanco están continuamente amenazadas, hostigadas, perseguidas y reprimidas por agentes estatales y son detenidas cada semana durante horas o días, encontrándose algunas de ellas en prisión arbitraria de libertad por motivos políticos. Durante las últimas semanas su Presidenta, la señora Berta Soler, ha sido detenida y desaparecida forzadamente en tres ocasiones hasta por casi 3 días.  En 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de todas las integrantes de la organización, las cuales se encuentran vigentes; y en 2022 Raza e Igualdad presentó una petición por las violaciones de derechos humanos ocasionadas a las mujeres que integran Damas de Blanco y a la propia organización.

Actualmente, se encuentra corriendo el plazo para que el Estado presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, y posteriormente la CIDH se encontrará en facultad de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado en este caso.

A través de las medidas cautelares, una carta de alegación ante los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y acciones ante otros órganos de Naciones Unidas, Raza e Igualdad busca garantizar la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de pensamiento y expresión, y a asociarse para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

En la petición se alega que el Estado de Cuba es internacionalmente responsable de la violación de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la igualdad ante la ley, la protección de la honra, la constitución y a la protección de la familia, la preservación de la salud y al bienestar, y la protección contra la detención arbitraria por motivos políticos en perjuicio de las víctimas.

  • Petición de Kevin Solís (Nicaragua): Protección de personas defensoras de derechos humanos como actores clave para el fortalecimiento de la democracia

El caso de Kevin Solís es muestra del patrón de la represión sufrida por estudiantes que denunciaron las violaciones de derechos humanos en medio del estallido social de 2018 en Nicaragua. Entre 2018 y 2020 fue privado de su libertad en dos ocasiones, siendo víctima de tortura y régimen de castigo en prisión, además que fueron cancelados sus expedientes académicos de la universidad pública. El 9 de febrero de 2023 Kevin Solís fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos, y fue despojado de su nacionalidad.

Ante la situación de riesgo que enfrentó el Solís, la CIDH le otorgó medidas cautelares y después fue beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En agosto de 2023 Raza e Igualdad presentó una petición ante la CIDH denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en su contra. Las medidas provisionales se encuentran vigentes, mientras que la petición se encuentra en espera de apertura a trámite por parte de la CIDH.

Con la estrategia empleada en este caso, buscamos proteger a personas defensoras de derechos humanos, como actoras clave para el fortalecimiento de la democracia, así como denunciar las detenciones arbitrarias mediante la utilización de legislación contraria a estándares internacionales para criminalizar la libertad de expresión. Este caso contribuirá también a la documentación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio de la crisis para a) presión de la comunidad internacional y b) posterior rendición de cuentas, reparación y establecimiento de garantías de no repetición.

  • Medidas Cautelares de Benny Briolly (Brasil): Garantía para la participación política de las personas negras con identidades de género diversas

Benny Briolly Rosa da Silva Santos es una concejala negra travesti elegida en la Ciudad de Niterói, cuyo mandato fue renovado en 2024 y que, desde el año 2017 hasta la fecha, enfrenta un contexto grave de ataques direccionados a su identidad de género y raza, afectando también a su equipo asesor. Tales ataques, que se manifiestan por medio de contenidos discriminatorios y amenazas de muerte en su contra, fueron frecuentemente utilizados para provocar miedo e inseguridad en su actuación política de defensa de los derechos humanos. Ante esa situación las organizaciones Criola, Terra de Direitos, Justiça Global, Instituto Marielle Franco, Instituto de Defesa da População Negra y Raza e Igualdad, solicitaron medidas cautelares ante la CIDH, las cuales fueron otorgadas el 11 de junio de 2022.

Las organizaciones representantes de la beneficiaria han buscado de manera permanente la implementación de las medidas cautelares y poner alto a los hechos de riesgo, sin conseguirlo totalmente hasta el momento, ya que el Estado no ha llevado a cabo las acciones idóneas y oportunas para ello.

Con las demás organizaciones representantes buscamos la protección eficaz de la Concejala y que el Estado de Brasil garantice la participación política de las personas negras con identidades de género diversas.

  • La COMADRE (Colombia): Derecho a la reparación colectiva a mujeres lideresas étnicas

Lideresas comunitarias de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), una organización autónoma de mujeres víctimas del conflicto armado que han sido víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado, continúan enfrentando múltiples formas de violencia debido a su liderazgo. Se trata principalmente de personas que pertenecen a comunidades étnicas rurales, las cuales se han desplazado forzadamente en contextos urbanos ante el conflicto armado y la violencia que persiste en los territorios ancestrales.

En ese contexto, La COMADRE reclamó al Estado de Colombia ser reconocidas como sujeto colectivo étnico con derecho a reparación colectiva mediante consulta libre, previa e informada. A pesar de haber logrado el reconocimiento de tal carácter, no le ha sido otorgada dicha reparación, por lo que en conjunto la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, presentamos en el año 2022 una petición ante la CIDH por las violaciones perpetradas en su contra por el Estado y las violencias y riesgos que continúan enfrentado las mujeres lideresas que integran la organización. La petición fue abierta a trámite y se encuentra en espera de que la CIDH avance en las etapas de admisibilidad y fondo.

Con este caso se busca en primer lugar que se otorgue la reparación colectiva a La COMADRE como sujeto colectivo étnico, previo ejercicio del derecho a la consulta para determinar dicha reparación; garantías para el cese de la violencia y riesgos que enfrentan las mujeres lideresas afrocolombianas víctimas del conflicto armado, así como identificación y sanción de los responsables y cambios estructurales para garantizar que las mujeres afrocolombianas puedan defender los derechos humanos ejerciendo sus liderazgos étnicos en condiciones de seguridad para sí mismas, sus familias y su organización.

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – “El racismo sistémico exige respuestas sistémicas”. Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

“La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo”; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática”, dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

“Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso”, dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es “Unión y Reconstrucción” debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Raza e Igualdad y organizaciones de RegionaR expresan preocupación por denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral de Venezuela y demandan verificación independiente de votos

1 de agosto, 2024.– El pasado 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, sin embargo, existen dudas fundadas sobre la veracidad de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según los cuales el señor Nicolás Maduro habría sido reelecto.

De acuerdo con información pública, el domingo se llevó a cabo una jornada mayoritariamente pacífica en la que millones de personas venezolanas salieron con ilusión, entusiasmo y espíritu democrático a expresar su voto en las urnas. Durante este proceso nacional recibimos noticias sobre impedimentos para votar, principalmente, respecto de personas en el extranjero.

Ahora bien, los cuestionamientos en relación con los resultados no surgen solamente de lo ocurrido el pasado domingo. Es importante recordar que las citadas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de fuertes restricciones al espacio cívico, incluyendo actos de persecución y criminalización a personas que el Gobierno considera opositoras políticas y personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, organizaciones locales y expertas han reclamado insistentemente al máximo órgano electoral las garantías de independencia e imparcialidad, y en general,  han denunciado una presunta cooptación  de los órganos de control por parte del actual Gobierno.

Dados estos antecedentes, en RegionaR nos unimos a la solicitud internacional dirigida a las autoridades actuales para que demuestren de forma absoluta y transparente los resultados emanados de las actas correspondientes a cada mesa de votación, a fin de que no exista duda sobre cuál ha sido la voluntad electoral de la ciudadanía venezolana.

Las organizaciones firmantes, todas integrantes de RegionaR, manifestamos nuestra solidaridad con las y los ciudadanos de Venezuela, y con las organizaciones defensoras de los derechos humanos que allí están al servicio de la población en general. Condenamos todo tipo de violencia cualquiera que sea su origen y hacemos un llamado al diálogo que devuelva la paz al país.

Particularmente, recibimos con preocupación noticias sobre actos de represión desproporcionada de protestas cívicas y pacíficas que estarían ocurriendo en diversas partes del territorio venezolano, así como de múltiples detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. Ante ello, exhortamos con vehemencia al Estado venezolano para que respete las garantías constitucionales, y el respeto a los derechos contenidos en los tratados internacionales, en especial, los referidos a libertad de expresión, de reunión y asociación pacíficas, y se abstenga de incurrir en actos de represión, persecución o criminalización. En especial, recordamos que las autoridades están obligadas a proteger y brindar garantías para que las personas puedan ejercer y defender su derecho al sufragio y a elegir libremente a sus autoridades.  Una democracia sin libertades civiles y políticas ni respeto a los derechos humanos no es democracia.

RegionaR es un espacio diverso de análisis sobre los factores comunes que amenazan y afectan los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en la región. Además, hacemos llamados a la acción y formulamos propuestas desde un abordaje articulado a partir de experiencias exitosas de resistencia, resiliencia y de nuevos enfoques y narrativas innovadoras para la defensa de derechos humanos en la región.

Organizaciones firmantes:

  • Asociación ALFIL – Ecuador
  • Asociación Ciudadana ACCEDER – Costa Rica
  • Asociación Indígena Taiñ Adkimn – Chile
  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – Regional
  • Centro Loyola Ayacucho – Perú
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más – Nicaragua
  • Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo – Venezuela
  • Foro Indígena Abya Yala – Regional
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Perú
  • Fundación Mahuampi Venezuela – Colombia
  • Grupo COMUNICARTE – Colombia
  • Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – Brasil
  • ILEX Acción Jurídica – Colombia
  • Instituto de Defensa Legal – IDL – Perú
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Internacional
  • Movimiento Sociocultural de trabajo humanitario y ambiental los Trabajadores Haitianos – República Dominicana
  • Organización Las Crisálidas – Guatemala
  • Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
  • Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRSLAC – Regional
  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica – Costa Rica
  • Servicio Social Pasionista (SSPAS) – El Salvador
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) – Nicaragua

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema “Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región”. Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: “El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región”; “Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros”; “Reparación en el contexto de género”; y, por último, la sección “La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA”.

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento “Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas” el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la “protección de los seres humanos”.  

En su declaración, la OEA consideró que “la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio” y que es “responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables”. 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Raza e Igualdad y 23 organizaciones instan a los Estados a crear una Convención para la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad

Washington DC, 5 de junio de 2024.– En un documento informativo titulado “Hacia una Convención para la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad: Recomendaciones a los Estados relacionadas con amnistías y otras medidas de impunidad similares”, Raza e Igualdad y 23 organizaciones asociadas instan a los Estados a apoyar la apertura de negociaciones para un tratado internacional sobre crímenes de lesa humanidad y a garantizar que la futura Convención prohíba explícitamente las amnistías y otras medidas similares de impunidad, que pueden exonerar a los autores o presuntos autores de crímenes de lesa humanidad de cualquier procedimiento o sanción penal.

En 2019, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) adoptó el Proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad (Proyecto de artículos) y lo transmitió a la Asamblea General de la ONU, recomendando la elaboración de una convención sobre la base del Proyecto de Artículos de la CDI. Está previsto que la Sexta Comisión de la Asamblea General tome una decisión sobre la recomendación de la CDI en otoño de 2024.

El documento informativo está disponible en español aquí 👉 https://bit.ly/3V3gOri y en inglés aquí 👉 https://bit.ly/3VueUle

Colombia: Raza e Igualdad promueve inclusión de las juventudes en el movimiento negro del país

Bogotá, 29 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó el conversatorio “La Vocería: El Rol de los Procesos Juveniles en el Fortalecimiento del Movimiento Negro en Colombia“, que reunió a jóvenes de diversas organizaciones afrocolombianas para discutir su papel en la construcción y fortalecimiento del movimiento negro en Colombia.

Jóvenes integrantes de proyectos como CAPREE, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); del Semillero Afrodes Cali y de la Fundación Somos Identidad participaron activamente en la discusión. Las y los participantes destacaron la importancia de su vocería para la construcción de un futuro más inclusivo y representativo, permitiendo identificar nuevas narrativas que promuevan la integración de las juventudes en el movimiento negro de Colombia.

El primer momento clave del conversatorio se centró en el tema “Acciones Sostenibles para la Inclusión de la Juventud Afrocolombiana en Políticas Públicas y Programas Étnicos”. En este espacio, se compartieron experiencias y desafíos enfrentados por las juventudes afro en relación con las políticas públicas y los programas étnicos en Colombia.

En ese sentido, enfatizaron la necesidad de trabajar con quienes han allanado el camino dentro de las organizaciones y fortalecer las capacidades juveniles para superar las barreras de financiación de proyectos.

Alejandrina Falquez Sinisterra, de la Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana Mali Ya Weusi, subrayó: “Como jóvenes hemos tenido algunos desafíos para avanzar en términos organizacionales, puede que lleguen esos proyectos. pero si no tenemos las capacidades, es complejo”.

En el segundo momento clave el tema central fue “Aportes y Desafíos de la Juventud Afrocolombiana en los Procesos Organizativos del Movimiento Negro”, donde las y los asistentes compartieron sus experiencias y estrategias para superar obstáculos, destacando la importancia de su participación activa y proactiva en la organización y liderazgo del movimiento.

El evento concluyó con una vibrante presentación de bullerengue afrotravesti a cargo de la Morena del Chicamocha, un acto que simbolizó la diversidad y riqueza cultural de las comunidades afrocolombianas. Este cierre no solo celebró la herencia cultural, sino que también reforzó el mensaje central del conversatorio: la importancia de escuchar y elevar las voces juveniles para impulsar un cambio significativo en el movimiento negro en Colombia.

El conversatorio “La Vocería” fue un espacio poderoso y necesario que permitió a las juventudes afrocolombianas compartir sus experiencias, desafíos y aspiraciones. A través de su vocería, se busca construir un movimiento negro más inclusivo y fortalecido, en el que las juventudes no solo sean partícipes, sino líderes activos en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en Colombia. Este evento marcó un paso significativo hacia la integración de nuevas voces y la creación de políticas y programas más representativos y equitativos para la juventud afrocolombiana.

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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 300 organizaciones de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. Las organizaciones afrocolombianas que hacen parte de la C.N.O.A., están conformadas por mujeres, jóvenes, comunidad LGBT-Afro, personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios, organizaciones urbanas y rurales.

Somos Identidad es una organización de base comunitaria negra cuyo propósito es generar liderazgo y dinamizar acciones, procesos y estrategias que, desde el ámbito educativo, cultural, social, comunitario, político, étnico, económico e ideológico, mejoren las condiciones de vida de la población afrodescendiente, negra, palenquera y/o raizal con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Valle del Cauca.

La Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana “Mali Ya Weusi”, como proyecto del colectivo Semillero Afrodes Cali, se dedica al fortalecimiento de la identidad étnica, cultural y ancestral de la población negra y afrocolombiana, con un enfoque especial en jóvenes víctimas del conflicto armado que han sido desplazados de sus territorios. A través de una educación étnoeducativa y afrocentrada, nuestra misión es rescatar y revitalizar las tradiciones ancestrales, fomentar el orgullo étnico y cultural, y brindar herramientas para la autoafirmación y el empoderamiento de nuestras comunidades.

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; “Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional”, realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Raza e Igualdad renueva su sitio web ampliando la mirada a su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe

Washington DC, 24 de agosto de 2023.– Con información actualizada, un nuevo diseño y la integración de una herramienta de búsqueda avanzada de contenido, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) relanza esta semana su sitio web www.raceandequality.org, el cual se encuentra completamente disponible en español, inglés y portugués. De esta forma, la organización refuerza su compromiso de documentación, capacitación e incidencia en la defensa y protección de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas y perseguidas en diferentes países de América Latina y el Caribe. 

“Para Raza e Igualdad es de suma importancia contar con un sitio web moderno y actualizado que muestre el trabajo que hacemos, porque así reforzamos nuestra labor de incidencia; además, queremos que toda la información que tenemos disponible en nuestro sitio web sea un recurso para activistas y personas defensoras de derechos humanos de toda la región”, comenta el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

Sobre el nuevo centro de recursos

Una de las principales novedades es la sección “Centro de recursos”, donde una herramienta de búsqueda avanzada permite acceder de forma más organizada y efectiva a todo el contenido que se encuentra en el sitio web, tales como informes, pronunciamientos y notas de prensa. La búsqueda puede realizarse a través de palabras clave, temas, país y año.

Otro cambio importante es que ahora todo el contenido está disponible en portugués, es decir que las personas pueden navegar y encontrar la información en la versión portugués a como lo hacen en las versiones español e inglés. “Cuando se decidió renovar el sitio web, esta fue una tarea prioritaria porque estábamos conscientes del sesgo que había en la información en portugués en el sitio anterior y porque nuestro trabajo en Brasil ha venido crecido exponencialmente”, señala el coordinador de Raza e Igualdad en Brasil, Rodnei Jericó da Silva.

Navegando en el nuevo espacio virtual de Raza e Igualdad

El nuevo sitio web ofrece una mirada más amplia y detallada al trabajo que realiza Raza e Igualdad en ocho países de Latinoamérica, así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE); todo ello en alianza con organizaciones de la sociedad civil. Para ahondar en el propósito y alcance de nuestra labor, la sección “Dónde trabajamos” ofrece un resumen de contexto, acciones y logros por cada país y organismo. 

En esa misma línea, la sección “Quiénes somos” mantiene las páginas sobre la misión y visión de Raza e Igualdad, su equipo y sus contrapartes, pero contiene nuevas páginas sobre el enfoque del trabajo de la organización, el impacto alcanzado y plazas laborales disponibles. Mientras, en la sección “Qué hacemos”, se describen con mayor precisión las líneas de trabajo de litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación. 

Al ser la población afrodescendiente, LGBTI+, pueblos indígenas y las mujeres el foco de las acciones de Raza e Igualdad, se creó la sección “Por quiénes luchamos”, donde hay información clave sobre la situación de estas poblaciones y cuál es el trabajo que desempeña la organización para la defensa y protección de sus derechos humanos. 

Este sitio web es un paso más para reforzar el trabajo de Raza e Igualdad en la documentación, capacitación e incidencia para la defensa y protección de los derechos humanos. Invitamos especialmente a activistas, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos y personas en cargos de toma de decisión a visitar su sitio web www.raceandequality.org, para mantenerse al tanto de sus acciones de incidencia, sus informes, el monitoreo de situaciones de derechos humanos y la producción de contenido pedagógico. 

Datos clave sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos

¿Por qué es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

En 2023 se cumplen 75 años de este documento que consagra los derechos fundamentales que toda persona tiene como ser humano. ¡Conoce algunos datos clave sobre la Declaración!

  • La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. El documento, que marcó un hito en la historia de los derechos humanos, fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. 
  • En este documento se establecieron los derechos fundamentales que deben preservarse alrededor del mundo, y está compuesto de un preámbulo y 30 artículos, que recogen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, tales como los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, entre otros. 
  • La Declaración consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
  • La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican de manera permanente a nivel mundial y regional. 
  • La Declaración está disponible en más de 500 lenguas. Es, de acuerdo con las Naciones Unidas, el documento más traducido en todo el mundo. 
  • Desde Raza e Igualdad celebramos la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que fomenta el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. 

Raza e Igualdad lanzó la campaña #DerechosHumanosSiempre, la cual estará activa hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Invitamos a estar pendientes del contenido que estaremos compartiendo en el marco de esta campaña a través de nuestro sitio web y redes sociales.  

Régimen de Nicaragua se ensaña contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, según informe de Raza e Igualdad

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) elaboró el documento orientativo para políticas públicas y normas (policy paper, en inglés) “Violaciones a los derechos humanos de las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua” con el objetivo de analizar la situación de las personas que fueron privadas de libertad a partir de mayo de 2021 y las estrategias de las que se ha valido el Estado nicaragüense para criminalizarlas. Asimismo, este informe presenta una propuesta de pautas para determinar en qué casos concurre una situación de privación arbitraria de libertad por motivos políticos, y un breve panorama del abordaje y rol de los órganos internacionales de derechos humanos para contribuir a la protección reforzada que requieren las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos. 

Desde el año 2018, el régimen autoritario de Ortega y Murillo ha recurrido de manera sistemática y generalizada a la detención y privación arbitraria de libertad por motivos políticos. En el último trimestre del año 2020, sofisticó sus mecanismos con la aprobación de una serie de leyes para restringir el espacio cívico y la capacidad de incidencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG); sin embargo, según la información recabada, fue hasta mayo de 2021 que, en el contexto pre-electoral, el régimen inició una nueva oleada represiva caracterizada por las detenciones arbitrarias de las personas que se proyectaban como posibles candidatas de oposición a la presidencia de la República y el uso de estas leyes para criminalizarlas. 

Posteriormente, esta ola de detenciones se extendió a otros sectores de la población tales como: periodistas, representantes del sector privado, personas defensoras de derechos humanos, líderes campesinos y dirigentes políticos; y así, en febrero de 2023 más de 235 personas se encontraban privadas de libertad por motivos políticos en centros de detención de Nicaragua, en condiciones que constituyen malos tratos, tortura y crímenes de lesa humanidad. De este total, al menos 30 son mujeres que sufrieron vulneraciones e impactos diferenciados por motivos de género, entre los cuales destacan: aislamiento prolongado en celdas totalmente selladas, negación de acceso a visitas y cartas de sus hijos e hijas, entre otros.  

El día 9 de febrero de 2023, 222 de las personas que se encontraban privadas de libertad, fueron excarceladas y puestas en la disyuntiva de escoger entre la prisión y el exilio a Estados Unidos; pero las violaciones a sus derechos humanos no finalizaron, pues seguidamente estas personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos de forma perpetua, y las detenciones arbitrarias no han cesado. 

Para Raza e Igualdad es de especial importancia que todas estas personas sean reconocidas como personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, ya que han sido criminalizadas bajo leyes vagas e imprecisas que imposibilitan identificar una base legal que justifique la privación de libertad; por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por razones de discriminación basadas en opiniones políticas; y/o con  la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial que es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario. Estas son las 4 categorías aplicables de las 5 categorías que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) utiliza como método para encuadrar la arbitrariedad de las detenciones en los países miembros de Naciones Unidas, confirmando en Nicaragua la existencia de este patrón.

También resulta preocupante que existe un profundo nivel de ensañamiento por parte del régimen contra las y los presos políticos. El Presidente Ortega les ha insultado y descalificado públicamente en reiteradas oportunidades; se les mantuvo en una situación de desaparición forzada temporal durante un largo periodo de tiempo; y las condiciones de privación de libertad fueron y continúan siendo mucho más severas que las de los reos comunes.

Raza e Igualdad encontró que los delitos más frecuentemente imputados en la etapa de mayo de 2021 a febrero de 2023 son traición a la patria, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. 

Finalmente, Raza e Igualdad concluye que el régimen de Nicaragua ha incurrido en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil. Estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad y por tanto urge establecer mecanismos para investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables.

 

RECOMENDACIONES

En atención a lo expuesto anteriormente, en este documento orientador para políticas públicas y normas, Raza e Igualdad formuló una serie de recomendaciones clave para el Estado de Nicaragua, los mecanismos de protección de los derechos humanos y los Estados. Estas recomendaciones tienen el propósito de orientar acciones de litigio estratégico en favor de la liberación de las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, así como para promover la adopción de medidas de reparación y no repetición, y de  incidencia a favor del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de estas. 

Al Estado de Nicaragua, que tiene obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, recomendamos:

  • Abandonar el patrón de las detenciones arbitrarias.
  • Liberar inmediatamente a las más de 64 personas que continúan privadas de libertad (cifra actualizada al 19 de junio,  según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas)
  • Investigar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos hacia las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos.
  • Implementar las recomendaciones resultantes de la revisión del estado de cumplimiento de las obligaciones del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal practicado por Nicaragua en 2019 y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
  • Tomar todas las medidas a su alcance para erradicar la prisión arbitraria por motivos políticos y adoptar las garantías indispensables para evitar que tales hechos se repitan.
  • Cerrar las causas legales contra las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, procediendo a cancelar los antecedentes penales. 
  • Garantizar justicia y reparación para las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, reconociendo públicamente que las personas privadas de libertad por motivos políticos sufrieron injusta prisión por ejercer su libertad de expresión y derechos humanos universalmente reconocidos.
  • Derogar la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense y la iniciativa de Ley de reforma del art. 21 de la Constitución Política de Nicaragua aprobada en primera legislatura, que dispone que los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. 

A los mecanismos de protección de los derechos humanos, que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los Estados derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, recomendamos:

  • Continuar exigiendo la liberación inmediata de las más de 64 personas que aún permanecen arbitrariamente privadas de libertad (cifra actualizada al 19 de junio,  según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas)
  • Continuar demandando al Estado de Nicaragua el cese de las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
  • Reconocer como actos de tortura los tratos que las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos recibieron (y algunas continúan recibiendo) mientras permanecieron bajo custodia estatal.
  • Reconocer como crímenes de lesa humanidad los hechos descritos en el presente informe, en particular, la detención arbitraria por motivos políticos, la desaparición forza- da temporal, los actos de tortura y los desplazamientos forzados a los que fueron sometidas las y los presos políticos por parte del Estado de Nicaragua.
  • Avanzar con celeridad en los casos y peticiones individuales que se hayan presentado ante los distintos órganos, con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua y avanzar en la reparación integral de las víctimas, incluyendo el establecimiento de garantías de no repetición.

A los Estados, en virtud de la garantía colectiva de los derechos humanos, les recomendamos:

  • Generar estrategias para exigir a Nicaragua el cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
  • Desarrollar mecanismos para proteger a las y los presos políticos desterrados de Nicaragua, incluyendo el otorgamiento de la nacionalidad en aquellos casos en los que se esté en situación de apatridia.

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