Nicaragua: Ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen Ortega-Murillo mantenga intacta su estructura represiva

Nicaragua: Ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen Ortega-Murillo mantenga intacta su estructura represiva

Washington, D.C., 3 de diciembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su satisfacción al conocer que recientemente, el régimen de Ortega-Murillo ha excarcelado a personas que se encontraban arbitrariamente privadas de su libertad por motivos políticos. Tras meses sometidas a prisión injusta, condiciones inhumanas, malos tratos y aislamiento, nos reconforta conocer que estas personas podrán reencontrarse con sus familias y contar con mejores condiciones para su atención y cuidado.

Hasta ahora las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre estas excarcelaciones, pero medios de comunicación independientes y organizaciones de sociedad civil señalan que al menos 12 personas –entre ellas siete mujeres—fueron excarceladas entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. A ello se suma que a inicios de mes, se dio a conocer la excarcelación de otras tres personas.

De acuerdo con dicha información, las excarcelaciones se han registrado de la siguiente manera: el 8 de noviembre fueron excarcelados Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal y Fabio Alberto Cáceres Larios, todos adultos mayores. Posteriormente, el 29 de noviembre se conoció sobre la excarcelación de al menos ocho personas, entre ellas Carmen Sáenz, Lesbia Gutiérrez, Evelyn Guillén, Alejandro Hurtado Díaz, Eliseo Castro Baltodano, Evelyn Matus Hernández, Valmore Valladares y Mauricio Chavarría. Finalmente, el lunes 1 de diciembre se informó de la excarcelación de Yolanda González Escobar, Carlos Vanegas, Luis Francisco Ortiz Calero y Octavio Enrique Caldera.

Según la información disponible, como en otras oportunidades, ningún liderazgo indígena habría sido excarcelado.

Cabe destacar que al 29 de octubre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifraba en 77 la lista de personas privadas de libertad por motivos políticos. Lamentamos la falta de transparencia del régimen ya que no se informa sobre las detenciones y tampoco sobre las excarcelaciones o cambios de medidas, lo que obedece a su estrategia para pretender evadir el escrutinio internacional y las responsabilidades por los crímenes cometidos.

Exigimos libertad real

Desde Raza e Igualdad advertimos que estas excarcelaciones no significan una libertad real. La privación de libertad por motivos políticos en Nicaragua no se limita a estar dentro de una prisión física: el patrón represivo del régimen puede imponer medidas que continúan restringiendo derechos fundamentales, entre ellas: casa por cárcel, vigilancia constante, la obligación de presentarse diariamente, amenazas, hostigamiento policial y la imposibilidad de ejercer derechos civiles y políticos. El cierre del espacio cívico imposibilita el libre ejercicio de la libertad de expresión debido a la certeza de que se tomaran represalias. Estas prácticas constituyen formas extendidas de represión y control social que mantienen a las víctimas en un estado permanente de riesgo y persecución.

Hacemos un llamado urgente al Estado nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos y cesar todas las formas de criminalización, hostigamiento y represalia contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos, periodistas, liderazgos territoriales y voces críticas. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la situación y a redoblar los esfuerzos para exigir la liberación plena, incondicional y con garantías para todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país y para quienes siguen en situación de desaparición forzada.

Raza e Igualdad reafirma su compromiso con las víctimas, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil que continúan documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y reitera que ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen mantenga intacta su estructura represiva.

Raza e Igualdad condena las torturas y amenazas contra José Daniel Ferrer, quien anunció estar dispuesto al exilio forzado

Washington D.C., 7 de octubre de 2025. – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación ante el anuncio del activista cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien manifestó estar dispuesto a aceptar el exilio forzado como única alternativa para proteger su vida y la de su familia, tras años de torturas, amenazas y tratos inhumanos sufridos en prisión y mientras estuvo en libertad condicional.

En una carta escrita desde el Centro Penitenciario de Mar Verde, y divulgada el pasado viernes 3 de octubre, Ferrer denunció las graves violaciones a los derechos humanos que ha enfrentado por su activismo. “Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por esbirros y otros instrumentos de la peor dictadura que ha conocido el continente americano”, escribió Ferrer.

Raza e Igualdad ha denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia ejercida contra José Daniel Ferrer, así como las condiciones de reclusión a las que ha sido sometido. El activista también relató las amenazas dirigidas contra su esposa e hijos, lo que lo ha llevado a contemplar el exilio forzado como única forma de salvaguardar su integridad y la de su familia. “He llegado al límite de lo que un ser humano puede resistir. Si mi salida del país es la única opción para proteger a los míos, estoy dispuesto a aceptarla”, agregó.

“Las declaraciones de Ferrer confirman el nivel extremo de persecución y crueldad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Cuba. Su disposición a aceptar el exilio forzado refleja la desesperación de un activista que ha sido víctima de tortura y represión sistemática durante años”, señala Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Ferrer, de 55 años, es uno de los activistas más reconocidos de Cuba. Integró el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados durante la Primavera Negra de 2003 y, desde entonces, ha sido objeto de reiteradas detenciones, torturas y procesos judiciales arbitrarios. Participó en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, tras las cuales fue detenido arbitrariamente y, en enero de este año, puesto en libertad condicional. Sin embargo, el 29 de abril volvió a ser encarcelado en la prisión de Mar Verde.

Las denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos reavivan una de las prácticas represivas más persistentes del régimen autoritario cubano: el destierro forzado, una estrategia que vulnera derechos fundamentales y que las autoridades utilizan para neutralizar liderazgos, silenciar voces críticas y despojar a activistas, artistas y periodistas de su arraigo y de sus vínculos familiares. Esta práctica se suma a otras formas de represión —como los procesos judiciales arbitrarios, el hostigamiento, la censura y el acoso sistemático—, cuyo objetivo es limitar o anular la participación política y social de quienes defienden los derechos humanos en Cuba.

En los últimos años, esta estrategia ha afectado a diversas personas activistas y periodistas de Cuba, quienes se han visto forzadas a abandonar el país tras años de represión, amenazas y encarcelamientos. Recientemente, la activista cubana Aymara Nieto, integrante de la organización Damas de Blanco y de la UNPACU, y también representada por Raza e Igualdad ante la CIDH, abandonó la Isla para radicarse en República Dominicana, el 11 de agosto de 2025. Nieto, encarcelada desde 2018, fue liberada bajo la condición impuesta por la Seguridad del Estado de abandonar Cuba. “Estuve presa hasta el último momento en que estuve en el aeropuerto. Ellos fueron los que me llevaron. Nunca me dejaron ir a la casa”, relató la defensora de derechos humanos. Viajó acompañada de su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas, después de cumplir dos condenas consecutivas en una prisión de La Habana.

Desde Raza e Igualdad condenamos enérgicamente las torturas, amenazas y represalias que enfrenta José Daniel Ferrer, y alertamos sobre la gravedad de su situación en prisión. El caso de Ferrer evidencia la continuidad de un patrón de represión que, en los últimos años, ha obligado al exilio forzado a numerosas personas activistas, defensoras y periodistas independientes en Cuba. Instamos a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir su liberación inmediata, así como la protección de su familia y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba y en el exilio.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a las Naciones Unidas, a la CIDH y a los gobiernos democráticos de la región a intervenir de manera decidida para garantizar la integridad física y psicológica de Ferrer, y poner fin a la persecución y al destierro forzado de la disidencia cubana.

Raza e Igualdad informa sobre desapariciones forzadas de mujeres en Nicaragua y Cuba ante Comité de Naciones Unidas

Washington, D.C., 10 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la consulta regional del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) en el marco de su observación general sobre las mujeres, las niñas y las desapariciones forzadas.

El objetivo de esta iniciativa del CED, que se realizó el 3 de septiembre de forma virtual, fue propiciar espacios de intercambio con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la región para identificar retos, lecciones y recomendaciones específicas y contextuales que nutran el contenido de la observación general.

En particular, el Comité estaba interesado en recibir información sobre: a) el abordaje de la perspectiva de género e interseccional; b) los impactos diferenciados y las desigualdades y circunstancias específicas de mujeres y niñas que afectan el ejercicio de sus derechos; c) los contextos que ponen a las mujeres y las niñas en situaciones de particular riesgo; d) el papel de las mujeres como defensoras de derechos humanos y constructoras de paz y; e) las medidas a disposición de las víctimas de desaparición forzada, incluyendo a mujeres buscadoras, para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Raza e Igualdad presentó información sobre en Nicaragua y Cuba

En el caso de Nicaragua, Raza e Igualdad informó sobre casos de mujeres que fueron desaparecidas durante algún momento de su detención arbitraria por motivos políticos, destacando particularmente los casos de algunas de las 11 mujeres que continúan desaparecidas hoy en día, tras ser privadas de su libertad, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Compartimos los casos de violaciones a sus derechos, haciendo especial énfasis en los retos que enfrentan las mujeres buscadoras, las violaciones de derechos a las que pueden ser sujetas y los estándares interamericanos diferenciados que les aplican para su protección integral y cuidado.

En cuanto a Cuba, el Instituto llevó al CED el caso de las mujeres que integran la organización Damas de Blanco, proveyendo información sobre cómo estas mujeres son privadas de libertad cada domingo cuando intentan concurrir a misa, en general por plazos de entre 1 y 4 horas, pero que en algunos casos se extienden hasta 72 horas, sin dejar ningún tipo de constancia en registros oficiales.

Este patrón, que se corresponde con lo que el CED identificó en su “Declaración conjunta sobre las denominadas desapariciones forzadas de corta duración como una forma de desaparición forzada”, se conjuga con una práctica de trato sexualizado hacia estas mujeres que incluye desde insultos en razón de su género al momento de la privación de libertad hasta amenazas particulares y estrategias que buscan generar temor en las mujeres a la hora de su liberación, teniendo un impacto diferenciado frente a las desapariciones forzadas de hombres.

El Comité agradeció las intervenciones de Raza e Igualdad al hacer de su conocimiento temas que no habían sido visibilizados en el marco de la consulta regional y por presentar enfoques novedosos en los análisis realizados. Debe destacarse que el caso de las Damas de Blanco fue el único que se presentó respecto de Cuba, lo que evidencia la necesidad de reforzar las tareas de visibilización de lo que sucede en la Isla.

En Raza e Igualdad mantenemos un fuerte compromiso en ese sentido y continuaremos incidiendo ante mecanismos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la situación de desaparición forzada en Latinoamérica, especialmente en países como Cuba y Nicaragua, donde esta problemática está determinada y agravada por regímenes autoritarios.

Un año de libertad en el exilio: 135 nicaragüenses continúan su lucha por justicia y dignidad

Washington, DC; 5 de septiembre de 2025.– Hoy se cumple un año desde que 135 personas presas políticas fueron excarceladas y trasladadas a Guatemala, tras haber permanecido arbitrariamente privadas de libertad en Nicaragua por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su liberación fue posible gracias a las gestiones diplomáticas del Gobierno de los Estados Unidos y al apoyo humanitario del Gobierno de Guatemala, que les recibió en su territorio. Desde Raza e Igualdad contribuimos a garantizar que estas personas fueran acogidas con dignidad.

Este segundo vuelo hacia la libertad —precedido por el traslado de 222 personas excarceladas a Estados Unidos en febrero de 2023— estuvo integrado por mujeres y hombres, incluidos adultos mayores. Todas estas personas fueron obligadas a dejar atrás a sus familias, viviendas, bienes y medios de vida. Muchas denunciaron ante medios de comunicación las torturas y tratos crueles sufridos en prisión, así como el temor por posibles represalias contra sus familiares en Nicaragua.

Algunas de las personas excarceladas continuaron su camino hacia Estados Unidos u otros países, mientras otras permanecieron en Guatemala, con la esperanza de reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo, el destierro forzado las expuso a enormes dificultades para acceder a empleo, salud y seguridad social. Además, fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y condenadas a la apatridia, mientras sus bienes eran confiscados. Pese a todo, el régimen no logró quebrar su resistencia ni su compromiso con la libertad y la justicia en Nicaragua.

Los crímenes cometidos por Ortega, Murillo y sus cómplices permanecen en la impunidad. Un año después, exigimos justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias, así como garantías de no repetición.

“Hago un llamado urgente a los Estados que respetan la democracia y los derechos humanos a seguir mostrando su solidaridad hacia estos nicaragüenses víctimas de una brutal dictadura, a contribuir a su reunificación familiar y al pleno goce de sus derechos, en tanto en Nicaragua se restablece la democracia y se les garantiza la debida justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en ocasión de esta conmemoración.

Desde Raza e Igualdad exigimos al régimen Ortega-Murillo poner fin de inmediato a las redadas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y responder ante la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. Asimismo, demandamos la liberación de todas las personas que aún permanecen privadas de libertad o desaparecidas por motivos políticos.

Nicaragua: Redadas llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo evidencian nueva escalada represiva

Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente las recientes redadas policiales llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, las cuales dejaron al menos 27 personas detenidas entre el 14 y 16 de agosto, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). Cuatro de esas personas habrían sido liberadas y 23 continúan arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

La mayoría de las personas detenidas son excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, en un contexto marcado por la reciente confiscación del Colegio San José en Jinotepe, Carazo.

De acuerdo al reporte del MAB, entre los detenidos en Carazo en esta nueva ofensiva, figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría, María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdis –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.

Las detenciones ocurrieron días después de que la co-dictadora Rosario Murillo anunciara el 12 de agosto la confiscación del colegio San José, en Jinotepe, bajo el supuesto argumento de que en dicho centro se llevaron a cabo torturas durante abril 2018. El colegio confiscado era administrado por las religiosas de la congregación Josefina, lo cual representa un paso más en la embestida del régimen contra la Iglesia Católica.

Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse.

“Es inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Demandamos se informe a las familias de las personas afectadas su paradero y se les libere inmediatamente. Exigimos también QUE cese la represión hacia la Iglesia nicaragüense y se respete la libertad religiosa y las propiedades y centros educativos propiedad de la Iglesia o administrados por dicha institución.

Asesinato de Roberto Samcam: Un crimen abominable que enciende las alarmas sobre la infiltración de la inteligencia militar nicaragüense en Costa Rica

Washington, D.C., 20 de junio de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en horas de la mañana del jueves 19 de junio en San José, Costa Rica. Este crimen pone de manifiesto que el riesgo para la integridad y la vida de las personas opositoras o percibidas como tales por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo trasciende más allá de las fronteras, por lo que este abominable hecho, sumado a otros atentados que se han registrado, debe encender las alertas de las instituciones costarricenses para garantizar justicia.

Las organizaciones de sociedad civil en el exilio, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y otros mecanismos de protección de los derechos humanos han advertido sobre la represión transnacional, al señalar la existencia de la persecución y represalias aplicadas fuera de territorio nicaragüense y que a la fecha se ha manifestado en atentados y asesinatos como el que hoy condenamos, así como a través de la negativa de emitir pasaportes o el ingreso a Nicaragua, dejando a centenares de nicaragüenses en situación de apatridia de facto.

En Raza e Igualdad nos preocupa profundamente la presencia de infiltrados de la inteligencia militar nicaragüense en Costa Rica y su vinculación con los asesinatos y atentados en contra de la oposición presente en el país, a donde se vio obligada a exiliarse para poner a salvo su vida e integridad personal.

“Lo que hoy enfrentamos no es solo un crimen atroz, sino una muestra del alcance que puede tener un régimen cuando se permite que la impunidad cruce fronteras. Como organización internacional de derechos humanos, nos preocupa profundamente el debilitamiento de los espacios seguros para el exilio nicaragüense. Defender la vida y la libertad de quienes huyen de la persecución debe ser una prioridad para la comunidad internacional”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Esperamos que las autoridades costarricenses investiguen exhaustivamente el asesinato del Mayor en retiro Roberto Samcam – quien fue un reconocido crítico del régimen dictatorial encabezado por Ortega y Murillo– y determinen a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Denunciamos que, de esta forma, la dictadura nicaragüense intenta silenciar a la oposición, incluso más allá de sus fronteras.  El discurso crítico está protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos y merece toda la protección necesaria. El crimen contra Roberto Samcam, defensor de la democracia y los derechos humanos, no debe quedar en la impunidad.

Finalmente, instamos a las autoridades costarricenses a garantizar la seguridad de las y los opositores nicaragüenses que residen en el país, así como un entorno adecuado para que puedan expresarse sin temor a represalias.

Raza e Igualdad condena redada policial en contra de personas opositoras en Nicaragua

Washington, D.C., 19 de mayo de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia y condena las recientes detenciones de personas opositoras en Nicaragua, que incluye a dos exalcaldes de municipios en el Norte del país y a integrantes del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL), el cual fue cancelado de forma arbitraria en agosto de 2021.

Desde el exilio, la dirigente de dicha organización política, Kitty Monterrey, confirmó a medios nacionales la detención de los ciudadanos Óscar Gadea y Noel Moreno, exalcaldes de los municipios Santa María de Pantasma y San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega, respectivamente. Asimismo, indicó que fueron detenidas alrededor de 20 personas integrantes de CxL en esas localidades, entre ellas exconcejales.

La redada de detenciones ocurrió entre el 17 y el 18 de mayo, de acuerdo con la información divulgada por los medios, y hasta la publicación de este artículo, las autoridades no las habían confirmado.

“Estas nuevas detenciones confirman la consolidación de un modelo represivo en contra de voces críticas por parte del régimen Ortega-Murillo. Es muy preocupante porque recordemos que la mayoría de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua se mantienen en condición de desaparición forzada, es decir que no son acusadas formalmente y se desconoce información sobre su paradero y condición”, declaró el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

Según los reportes de los medios, entre las personas detenidas se encuentran ciudadanos cercanos al general de brigada en retiro Álvaro Baltodano, quien fue detenido el miércoles 14 de mayo, mientras se encontraba en una finca de su propiedad en el municipio de El Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

De acuerdo con las fuentes, fueron detenidos Ronald Paul Leiva Silva, exoficial del Ejército, y Denis Chavarría; ambos cercanos al general Baltodano. También fueron detenidos otros ciudadanos que trabajan como escoltas del general en retiro.

Desde Raza e Igualdad rechazamos que el régimen Ortega-Murillo continúe valiéndose de  la privación arbitraria de la libertad como medida de represión en contra de personas opositoras o percibidas como tales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que dé seguimiento a esta situación y emprenda acciones para lograr la inmediata libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua.

Gobierno de Cuba debe respetar acuerdos internacionales: ¡Libertad para José Daniel Ferrer y Félix Navarro!

Washington, D.C., 29 de abril de 2025.– Ante la detención y revocación de la libertad condicional del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y del dirigente del movimiento Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su máximo repudio y exige la inmediata liberación de ambos activistas.

En el caso de Ferrer, familiares denunciaron por redes sociales que, en las primeras horas de este martes 29 de abril, fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado ejecutaron un violento operativo en la sede de UNPACU, en Santiago de Cuba.

Según las denuncias, por medio de dicho operativo los agentes capturaron a José Daniel, a su esposa Nelva Ortega Tamayo, a su hijo de cinco años José Daniel Ferrer Ortega* y a los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vaillant, Roilán Álvarez Rensoler, así como a otros integrantes de UNPACU que se encontraban en el lugar, cuyos nombres se desconocían hasta la publicación de este artículo.

Asedio continuo desde su excarcelación

“La dictadura asaltó la casa como si estuviera capturando a un terrorista internacional (…) se llevaron todos los alimentos y todas las cosas que ahí habían”, dijo en conversación con Raza e Igualdad su hermano, Luis Enrique Ferrer, quien es representante de UNPACU en el exterior y reside en Tampa, Florida.

Luis Enrique Ferrer comentó a Raza e Igualdad que desde que su hermano fue excarcelado el pasado 16 de enero -como parte de las negociaciones entre La Habana y Washington que fueron mediadas por El Vaticano para la puesta en libertad de 553 personas- el Gobierno emprendió una campaña de desprestigio en su contra por medio de información falsa en redes sociales y el diario oficial Granma.

Cabe recordar que en abril se intensificó el asedio de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, ante la labor humanitaria que esta organización realiza. En varias ocasiones, José Daniel Ferrer denunció por medio de sus redes sociales que colaboradores y beneficiarios de dichas actividades estaban recibiendo amenazas de multas y detención por participar en las mismas.

En tanto, en Matanzas, el defensor de derechos humanos y dirigente del movimiento Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria en las afueras de su casa, cuando se dirigía junto a su esposa Sonia Álvarez Campillo a realizar una visita a su hija Saily Navarro Álvarez al penal de mujeres de Bellotex, donde cumple una condena de ocho años de prisión.

«La detención de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, a pocos días del fallecimiento del Papa Francisco —quien fue pieza clave en la negociación con el Gobierno de Estados Unidos que facilitó su liberación—, demuestra el absoluto desprecio del gobierno cubano por los derechos humanos y su total falta de compromiso con los acuerdos internacionales. Es una muestra clara de que en Cuba no hay voluntad política para avanzar hacia el respeto de las libertades fundamentales«, expresó el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

José Daniel Ferrer fue excarcelado el 16 de enero de 2025 de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, mientras que Félix Navarro fue excarcelado el 18 de enero de la prisión de máxima seguridad Agüica del municipio Colón, en Matanzas. El primero cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión y el segundo una de 9 años de privación de libertad.

Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Cuba, las más grandes registradas en las últimas décadas.

Un mes más tarde, un tribunal le revocó la libertad condicional que tenía vigente y ordenó su reingreso en prisión para cumplir una condena de cuatro años y medio impuesta en 2020 por un presunto atropello a un hombre, cargo que el líder de UNPACU rechaza.

La justificación del Gobierno

El Tribunal Supremo publicó una nota informativa con declaraciones de su vicepresidenta, jueza Maricela Sosa Ravelo, indicando que “las salas penales de los tribunales provinciales populares de Matanzas y Santiago de Cuba revocaron la libertad condicional a dos sancionados del grupo de los 553, que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”.

En la nota, alegan que Ferrer no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que había sido convocado por el tribunal provincial de Santiago de Cuba, mientras que Navarro salió de su municipio en siete ocasiones sin solicitar autorización del juez de ejecución.

Desde Raza e Igualdad rechazamos dichas justificaciones y reiteramos que tanto Ferrer como Navarro nunca debieron ser condenados por ningún delito, pues sus detenciones son parte del sistema de represión del Gobierno cubano en contra de voces críticas y activistas de derechos humanos. Por tanto, exigimos su liberación inmediata y llamamos a la comunidad internacional a dar seguimiento a su situación.

 

*Según la denuncia que hizo en la red social X Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, la esposa de este y su hijo José Daniel Ferrer Ortega, de 5 años, fueron liberados tras permanecer algunas horas detenidos en la sección de menores del Centro de Detención de Versalles. 

CSW69: Un espacio clave para los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe

Washington, D.C., 7 de marzo de 2025.– En 2025, el mundo conmemora el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, un hito fundamental en la lucha por la igualdad de género. En este contexto, la 69ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) de Naciones Unidas, que se celebrará del 10 al 21 de marzo en Nueva York, representa una oportunidad crucial para evaluar avances, identificar desafíos persistentes y renovar compromisos hacia la plena realización de los derechos de las mujeres.

En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconocemos la importancia de este espacio para impulsar avances para la promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres afrodescendientes, indígenas y LBT (lesbianas, bisexuales y trans), pues continúan marginadas en los espacios de toma de decisión y enfrentan violencias específicas que las invisibilizan aún más y limitan su acceso a derechos fundamentales.

En este escenario, la participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar que las voces de las mujeres de la región sean escuchadas y tomadas en cuenta en la agenda global. Como Raza e Igualdad, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, por lo que estaremos acompañando la participación en la CSW69 de representantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).

Este es el segundo año consecutivo en el que acompañamos la participación del ECMIA. En 2024, en la 68ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68), tuvimos presencia en un amplio cronograma de actividades oficiales y eventos paralelos. En ese entonces, los debates se centraron en la economía y el impacto de la pobreza en la vida de las mujeres indígenas, abordados desde una perspectiva intergeneracional, intercultural, de igualdad de género y de derechos individuales y colectivos. 

Un panorama desafiante

En América Latina y el Caribe, la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad sigue siendo profunda. A pesar de los avances normativos, las mujeres—especialmente aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación, como las afrodescendientes, indígenas, LBT y defensoras de derechos humanos—siguen sufriendo altos niveles de violencia, desigualdad económica y restricciones en su participación política. La región, además, sigue siendo una de las más peligrosas para las defensoras de derechos humanos, con asesinatos, criminalización y hostigamiento como respuesta a su activismo. 

A estos retos se suma el avance de grupos anti-derechos que buscan revertir los logros alcanzados en materia de igualdad de género. Desde campañas de desinformación hasta reformas legales regresivas, estos sectores promueven narrativas que deslegitiman la lucha feminista y amenazan derechos fundamentales. La creciente influencia de estos grupos en los espacios políticos y mediáticos representa un serio obstáculo para la construcción de sociedades más justas y equitativas.

Es urgente que los Estados refuercen sus compromisos con la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030, adoptando políticas efectivas que aborden las desigualdades estructurales y garanticen entornos seguros para todas las mujeres. La CSW69 no debe ser solo un espacio de evaluación, sino un punto de inflexión para lograr cambios concretos.

En un momento de retrocesos en derechos humanos en varios países de la región, levantamos nuestras voces para exigir que la igualdad de género sea una prioridad real y no solo un compromiso en el papel. La lucha por los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe no puede esperar.

Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

El 15 de enero de 2025, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes (ALDA) organizaron una reunión en la sede de Raza e Igualdad en Ginebra, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. En esta reunión participaron las Misiones de Brasil -con representación del Ministerio de Igualdad Racial (MIR)-, de Colombia, de México y de Chile; así como representantes del Foro Permanente sobre los Afrodescendiente de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. 

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Intergubernamental, reunido del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Su principal objetivo fue visibilizar la implementación del Plan de Acción y la Declaración de Durban, así como resaltar la importancia de una alianza estratégica para la incidencia política en el proyecto de declaración internacional para la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. Es importante destacar que hubo poca participación directa de entidades de la sociedad civil en este espacio intergubernamental, ya que solo pudieron asistir organizaciones de la sociedad civil con «estatus consultivo ECOSOC de la ONU» [1] o que hubieran participado en la Conferencia de Durban en 2001. 

Por esta razón, Raza e Igualdad y ALDA [2] participaron en la 23ª Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (IGWG, por sus siglas en inglés), para apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Como grupos de la sociedad civil, presentamos algunas consideraciones importantes que los gobiernos deben tener en cuenta en este proyecto de Declaración. Además de brindar apoyo esencial a las Misiones de Brasil y Colombia para que puedan liderar y amplificar las voces de casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, queremos destacar la necesidad de garantizar la participación y escucha de la sociedad civil y de los pueblos afrodescendientes, así como de la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, destacamos algunas recomendaciones: 

Apoyamos al Gobierno de Colombia, que en esta sesión presentó una postura muy clara sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo en el marco de la jurisprudencia internacional y de las naciones que lo han establecido por ley. Por lo tanto, el proyecto de Declaración debe considerar en su lenguaje a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Consideramos necesario ampliar el concepto de afrodescendiente como una expresión civilizatoria que tiene su origen en la experiencia de la trata de esclavos africanos ocurrida entre los siglos XVI y XIX en las Américas. Los afrodescendientes deben ser reconocidos como grupos étnico-culturales que también habitan territorios rurales, preservan instituciones culturales tradicionales y se definen como tales. 

El concepto de pueblos afrodescendientes se está integrando en el sistema internacional de derechos humanos, salvaguardando el derecho de los miembros de estas comunidades a ser sujetos colectivos de derechos, más allá de las categorías tradicionales de “igualdad y no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos» (Recomendación General 34 de 2011 del CERD). 

Desde la perspectiva del concepto de «diáspora africana» aplicado a los afrodescendientes en las Américas, el sistema de justicia interamericano reconoce a los afrodescendientes rurales como «pueblos tribales», ya que las comunidades rurales mantienen una relación con el territorio que va más allá de los aspectos físicos, transformándolo en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. 

El movimiento afro-latinoamericano ha tenido siempre una participación colectiva y activa en la agenda internacional de derechos, incluso antes de Durban. Por ello, subrayamos la importancia de este evento y la necesidad de fortalecer lazos, redes y articulaciones para garantizar la voz de nuestros pueblos. 

Las misiones presentes en la reunión cerrada destacaron la necesidad de una mayor aproximación con la sociedad civil, con el fin de proporcionar conceptos y datos actualizados para el combate al racismo en las Américas, y de esta manera contribuir al texto de la Declaración que está siendo debatido en este Grupo de Trabajo Intergubernamental. También se discutieron temas como reparación, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de la agenda climática. 

Al finalizar los trabajos, se concluyó la primera lectura del texto de la Declaración, y en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental se podrán realizar nuevos aportes al documento. 

Raza e Igualdad y ALDA expresan su convicción de que este espacio debe ser plural y esperamos que, aunque sea de manera indirecta, podamos promover una mayor participación de las entidades de la sociedad civil en la construcción de la Declaración sobre la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. 

 

[1] https://ecosoc.un.org/en/ngo/consultative-status 

[2] La Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes ALDA y la Coalición de Organizaciones defensoras del Territorio ancestral, las tierras colectivas de los Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, somos parte del movimiento social afrodescendiente que promueve la causa del reconocimiento, la justicia y las reparaciones históricas de la diáspora africana en el mundo. ALDA y la COALICIÓN fuimos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y promovimos la propuesta de reconocimiento de pueblo afrodescendiente en el derecho internacional, especialmente en el marco de la pasada COP 16 que se celebró en la ciudad de Cali con el auspicio del gobierno de Colombia. 

 

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