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Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



Brooklyn Rivera: el padre, el líder y la búsqueda de una Costa Caribe unida

  • A través de los recuerdos de su hija y de quienes conocieron su trayectoria, un encuentro en memoria de Brooklyn Rivera permitió acercarse a dimensiones menos conocidas de quien durante décadas defendió los derechos, la autonomía y los territorios de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Washington, D.C., 29 de septiembre de 2025.– Para el mundo, Brooklyn Rivera fue un líder indígena miskitu, defensor de los derechos de los pueblos de la Costa Caribe y una figura central de la organización indígena Yatama. Para su hija Tininiska, también fue el padre que celebró cada uno de sus cumpleaños, que le cantaba canciones en miskitu y religiosas, y que la acompañó en cada etapa de su educación.

Esa dimensión más personal fue una de las que emergió durante el encuentro virtual realizado en su memoria, denominado “La voz que no lograron silenciar: Brooklyn Rivera y la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas en Nicaragua”, organizado por Raza e Igualdad,  y en el que participaron su hija Tininiska Rivera, el antropólogo y politólogo Miguel González y el defensor indígena Mayangna Rendel Hebbert, bajo la moderación de Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Más que reconstruir su trayectoria política, el encuentro permitió mirar a Ta Upla Brooklyn Rivera desde las voces y experiencias que nos ayudan a comprender quién fue realmente Brooklyn Rivera  y qué ideas guiaron su vida.

Un padre que entendía la educación como una forma de defensa

Tininiska recordó que su padre escogió su nombre, que significa gorrión, pero cuando estaban en privado la llamaba “Kabuyula”, nombre con el que se le conoce a un pájaro más pequeño que el gorrión y que se observa principalmente en la Costa Caribe. Además, rememoró, él estuvo presente en sus cumpleaños desde que nació hasta que cumplió 29 años. Había regalos, almuerzos, pasteles y tiempo compartido.

También recordó una faceta menos conocida: su espiritualidad. Brooklyn le cantaba canciones en miskitu y canciones religiosas, leía frecuentemente la Biblia y asistía frecuentemente a la iglesia. La fe, dijo Tininiska, era parte de su vida cotidiana. Pero si hay algo que marcó profundamente la relación entre ambos fue la importancia que Brooklyn concedía a la educación.

Desde pequeña, le insistió en que estudiara, que se preparara profesionalmente y que adquiriera las herramientas necesarias para defender los derechos de los pueblos indígenas. Tininiska aseguró que, para él, la educación no era únicamente una vía de realización personal: también era una herramienta para que las personas indígenas pudieran representar a sus pueblos y defender sus derechos.

Tininiska compartió que su padre la acompañó durante la primaria, la secundaria y la universidad y que celebró con especial orgullo cada uno de esos logros, y que después de que ella obtuvo su título universitario, le dijo: “Ese es mi mayor herencia que yo te puedo dejar para la vida”.

También refirió que aunque él celebraba siempre los cumpleaños de ella, él no era de celebrarse a sí mismo cuando cumplía años cada 24 de septiembre. Sin embargo, nunca faltaron los homenajes de parte de su familia, amigos y comunidad. Ella en particular era quien preparaba comida y un pastel de quequisque o yuca para llevárselos.

Un liderazgo marcado por la búsqueda de la paz y la autonomía

La historia pública de Brooklyn Rivera estuvo estrechamente vinculada a la organización y defensa política de los pueblos de la Costa Caribe.

Miguel González, profesor asociado en la Universidad de York, Canadá, y originario de Bluefields, situó sus primeros pasos en el liderazgo en los años setenta, cuando, siendo estudiante universitario, Brooklyn comenzó a relacionarse con otros jóvenes, docentes y liderazgos comunitarios preocupados por la discriminación histórica que enfrentaban los pueblos de la Costa Caribe.

La creación de MISURASATA fue uno de los momentos fundamentales de ese proceso, según González, quien señaló que años después, en 1987, la fundación de Yatama representó otro momento decisivo: la búsqueda de una organización política capaz de reunir distintas expresiones de la Costa Caribe y participar en el proceso de paz y en la vida política de la región.

Para González, hay un elemento que atraviesa toda esa trayectoria: la búsqueda de la paz y de la autonomía. En sus palabras, Brooklyn entendía que en la Costa Caribe era necesario dialogar, negociar y alcanzar acuerdos duraderos, y esa vocación no desapareció con el paso de los años ni con los cambios políticos, sino que se mantuvo como una forma de entender la política y el liderazgo.

Su visión tampoco se limitaba a un solo pueblo. González destacó que Brooklyn mantuvo una idea de una Costa Caribe unida, integrada por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población mestiza costeña, dentro de un proyecto de autonomía y reconocimiento de derechos.

“Unidad en la diversidad”

Esa visión apareció también en el testimonio de Rendel Hebbert, quien conoció la figura de Brooklyn desde niño, cuando escuchó por primera vez su nombre a través de familiares involucrados en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la autonomía.

Para Hebbert, Brooklyn no construyó su liderazgo únicamente alrededor del pueblo miskitu, sino que una parte importante de su legado estuvo en la búsqueda de relaciones entre los distintos pueblos de la Costa Caribe. Ello lo resumió en una expresión que atravesó su intervención: “unidad en la diversidad”.

De acuerdo con su testimonio, esa idea se expresó en acciones concretas para procurar representación de los pueblos Mayangna y de otras comunidades dentro de Yatama y en distintos espacios de participación política y regional.

Asimismo, en el rol que jugó Brooklyn Rivera en la fundación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), o bien, en la aprobación de la Ley 445, ley que regula el régimen de propiedad comunal de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz.

Una preocupación que venía de antes de 2018

La defensa del territorio también aparece en los recuerdos de Tininiska. Ella contó que su padre llevaba años expresando preocupación por la situación de los pueblos indígenas. Desde 2014, dijo, observaba con inquietud lo que ocurría en Nicaragua y, particularmente, las condiciones de las regiones autónomas, históricamente alejadas de los centros de poder del país.

Con la crisis de 2018, esa preocupación se hizo todavía más profunda. Tininiska recordó que Brooklyn consideraba que la situación podía empeorar y advertía sobre los riesgos para los pueblos indígenas y sus territorios, especialmente ante la presencia de empresas y proyectos que, desde su perspectiva, podían afectar los territorios indígenas y sus recursos.

Más allá del nombre

La figura de Brooklyn Rivera suele aparecer asociada a grandes acontecimientos políticos de la historia reciente de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin embargo, las voces reunidas en este encuentro permiten acercarse a una persona que existía más allá de esa dimensión pública.

Era el padre que escogió el nombre de su hija. El hombre de fe que cantaba en miskitu y leía la Biblia. El padre que convirtió la educación de su hija en una de sus mayores herencias. El líder que, según quienes conocieron su trayectoria, mantuvo la paz y la autonomía como ejes centrales de su pensamiento. Y el dirigente que buscó construir puentes entre pueblos distintos bajo una idea de unidad en la diversidad.

Recordarlo desde esas distintas dimensiones permite comprender que su legado no se reduce a los cargos que ocupó ni a las organizaciones que ayudó a construir. Está también en las ideas que transmitió, en las personas que formó y en su manera de entender la defensa de los pueblos indígenas como una tarea colectiva.

Brooklyn Rivera murió el 30 de mayo de 2026, bajo custodia del Estado, después de más de 970 días de desaparición forzada. Este 29 de septiembre se cumplen tres años de su detención arbitraria, por lo que recordar su legado es honrar su lucha y su memoria. Desde Raza e Igualdad, mantenemos el compromiso de continuar trabajando junto a su familia y organizaciones de derechos humanos para obtener verdad, justicia y reparación para sus seres queridos y los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.

 

Denunciamos la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Thelma Montenegro y exigimos su liberación inmediata

San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2026.- Denunciamos la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Thelma Montenegro, abogada, notaria pública, defensora de derechos humanos e integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), cuyo paradero permanece desconocido desde el 25 de agosto de 2026.

Thelma Montenegro ha desarrollado una labor de defensa de derechos humanos y de denuncia frente a la impunidad por los asesinatos de varios integrantes de su familia ocurridos en el contexto de la represión del régimen Ortega-Murillo contra personas opositoras o percibidas como tales. Su hermano Oliver Montenegro fue asesinado en enero de 2019 (en su finca en El Cuá); posteriormente, en junio de ese mismo año, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón- en Honduras, donde buscaban refugio; y en agosto de 2019 fue asesinado su esposo, Francisco Blandón Herrera, en Wiwilí.

El 19 de agosto de 2026, Thelma Montenegro acudió a la delegación policial de Santa María de Pantasma, Jinotega, con el propósito de renovar su licencia de conducir. Una vez en el lugar, fue detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales. Después de permanecer retenida durante tres días, fue puesta en libertad el 22 de agosto.

Sin embargo, el 23 de agosto, las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían sido confiscadas durante la primera detención. Cuando se presentó ante las autoridades, fue nuevamente privada de libertad.

El 25 de agosto, se indicó a sus familiares que Thelma Montenegro había sido trasladada hacia Managua. Desde entonces, sus familiares desconocen su lugar exacto de detención, su estado de salud y su situación jurídica. La negativa de las autoridades a proporcionar información sobre su suerte y paradero constituye una desaparición forzada y la coloca en una situación de particular riesgo e indefensión.

La desaparición forzada en Nicaragua se ha convertido en una práctica sistemática vinculada a la prisión política, utilizada para mantener a las personas privadas de libertad fuera de toda protección efectiva y profundizar el miedo y la incertidumbre. En el caso de Thelma Montenegro, esta situación reviste especial gravedad por su trayectoria como defensora de derechos humanos y su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses:

  • Informar de inmediato sobre  las condiciones y el lugar en que se encuentra Thelma Montenegro y garantizar su integridad personal.
  • Respetar y proteger su vida e integridad física.
  • Liberarla de manera inmediata e incondicional.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a los demás mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a dar seguimiento inmediato al caso, exigir información sobre el paradero de Thelma Montenegro y mantener la atención pública sobre su situación.

FIRMAN

Alianza Américas

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional- CEJIL

CIVICUS, Alianza Global para la Participacion Ciudadana

Colectivo Nicaragua Nunca Más

Fundación para el Debido Proceso, DPLF

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Latin American Working Group, LAWG

Washington Office on Latin America, WOLA

Organizaciones denuncian ante Corte IDH que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua

  • El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas a 16 personas, siete están desaparecidas y al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en el último año.

San José, Costa Rica. 19 de agosto de 2026.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este miércoles 19 de agosto una audiencia sobre los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad, ambos respecto de Nicaragua. Ante los jueces y juezas, un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtió que el régimen Ortega-Murillo mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.

La representación conjunta estuvo integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, GHREN. Ambas reiteraron que el Estado debe cumplir de inmediato con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad. Pese a ello, ninguna ha sido liberada. Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal.

Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas. Así como la preocupación de las mujeres beneficiarias por los riesgos particulares por su condición de género.

La representación subrayó el deterioro acelerado del Estado de Derecho en el último año. En febrero de 2025, una “reforma constitucional” derogó la prohibición de la tortura, suprimió garantías del debido proceso y disolvió la separación de poderes. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega afirmó públicamente que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. En los últimos doce meses se reportaron al menos cuatro muertes de personas presas políticas bajo custodia estatal. La más reciente fue la del destacado líder indígena Brooklyn Rivera, Ta Upla del pueblo Miskitu, ocurrida el 30 de mayo de 2026, tras más de 970 días en desaparición forzada.

Especial preocupación generó la situación de los cuatro beneficiarios del pueblo indígena Mayangna, a quienes se les prohíbe comunicarse en su lengua, se les ha humillado por sus prácticas religiosas y, según se reportó, fueron golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.

Durante la audiencia se leyeron testimonios de familiares que no pudieron estar presentes, entre ellos los de las familias de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y del líder indígena Steadman Fagoth Müller, este último condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron las organizaciones que acompañan a los beneficiarios y familiares víctimas del régimen Ortega – Murillo.

Ante el Tribunal, las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.

Mira la transmisión de la audiencia pública aquí.

25 de julio: Las mujeres afrodescendientes cultivan la vida, protegen a sus comunidades y construyen el futuro

Rio de Janeiro, 25 de julio, 2026.– El 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Es una fecha para reconocer, nombrar y visibilizar la fuerza de millones de mujeres afrodescendientes que, en América Latina y el Caribe, cultivan la vida, protegen sus territorios y construyen, con sus propias manos, alternativas para un futuro más justo.

Esta conmemoración surge de un contexto de profunda explotación y opresión. Las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando la intersección entre el racismo y la violencia basada en género, en una región donde las sociedades de América Latina y el Caribe aún afrontan profundos desafíos estructurales en materia de igualdad racial y de género. Se trata de una violencia que se manifiesta en múltiples ámbitos: en el acceso desigual a la educación, la salud, el trabajo digno y la participación política; en las violencias físicas y simbólicas que afectan sus cuerpos —incluida la violencia doméstica, el feminicidio, la violencia sexual, obstétrica, política y policial, así como los discursos de odio—; en las amenazas dirigidas contra sus liderazgos cuando deciden defender sus territorios, sus comunidades y sus derechos; y en la explotación no remunerada del trabajo de cuidados.

Estas desigualdades son el resultado directo de siglos de colonialidad, exclusión racial y de un pacto social que, en la mayoría de los países de la región, nunca reconoció plenamente a las mujeres afrodescendientes como sujetas de derechos. Hablar del 25 de julio es, por tanto, hablar también de historia: de la resistencia que atravesó el período colonial, la esclavización y las décadas de exclusión posteriores a la abolición; pero también es hablar del presente, reconociendo que estas desigualdades siguen determinando las condiciones de vida de millones de mujeres afrodescendientes. La raza, la etnia, el género, la sexualidad, la clase social y el territorio son factores que intensifican significativamente las experiencias de violencia y el impacto de la pérdida de derechos y del desfinanciamiento de las políticas públicas. En este sentido, es indispensable reconocer las formas específicas de subordinación y explotación a las que las mujeres afrodescendientes han sido y continúan siendo sometidas en América Latina y el Caribe, donde persisten relaciones de poder de carácter colonial e imperialista.

Protagonismo y sustento

Sin embargo —y este es el eje central que este texto busca afirmar—, las mujeres afrodescendientes no pueden ser descritas únicamente como víctimas de estas violencias. Son, ante todo, protagonistas: defensoras de derechos humanos, cuidadoras, lideresas comunitarias, guardianas de la memoria colectiva y constructoras cotidianas de sociedades más justas y democráticas. Es ese protagonismo el que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos quiere poner en el centro de la conversación este 25 de julio.

El cuidado es un trabajo históricamente invisibilizado y no remunerado, que constituye la base sobre la cual se sostienen las familias, las economías locales y culturas enteras. En los hogares, los barrios y las comunidades rurales y urbanas, son mayoritariamente las mujeres afrodescendientes quienes garantizan el cuidado de las niñas, los niños y las personas mayores; quienes alimentan, curan y enseñan.

Ese cuidado debe entenderse como una herramienta política para cultivar y promover la vida colectiva, una práctica que garantiza la continuidad de las comunidades afrodescendientes frente a contextos adversos. Cuidar, en ese sentido, es resistir, pero también construir: es la forma más cotidiana y constante de mantener vivas a las familias, las tradiciones y los vínculos comunitarios.

Además, las mujeres afrodescendientes dinamizan las economías populares, las redes de comercio informal, la producción agrícola y la economía solidaria que sostienen comunidades enteras. También son protagonistas en la ocupación de espacios de poder, en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones. En muchos casos son jefas de hogar y principales proveedoras de sus familias, asumiendo esa responsabilidad mientras enfrentan múltiples jornadas de trabajo precario y una desigualdad salarial que las castiga doblemente por ser mujeres y por ser afrodescendientes.

Memoria y defensa

Ese cultivo de la vida también ocurre a través de la cultura. Las mujeres afrodescendientes transmiten saberes ancestrales y recuperan, reinterpretan y actualizan constantemente esos conocimientos frente a los desafíos del presente. Esa transmisión intergeneracional de saberes constituye, por sí misma, una forma de resistencia colectiva: un patrimonio que resiste al olvido y se convierte en una herramienta de protección y de construcción de futuro.

Si cultivar la vida es un trabajo cotidiano e invisibilizado, proteger a las comunidades es un ejercicio de liderazgo público. Las mujeres afrodescendientes están al frente de organizaciones comunitarias, movimientos de base, colectivos de defensa de derechos humanos y procesos de resistencia territorial en toda la región. Son ellas quienes, muchas veces desde la primera línea, denuncian violaciones de derechos humanos, acompañan a las víctimas, articulan redes de protección y llevan sus demandas a espacios de incidencia política, tanto nacionales como internacionales.

Ese liderazgo no está exento de represalias por parte del sistema cisheteropatriarcal. Las mujeres afrodescendientes que deciden defender sus territorios —ya sean rurales, quilombolas, urbanos o periféricos— enfrentan amenazas, estigmatización y, en muchos países de la región, un riesgo real para sus propias vidas. La violencia política y de género contra las lideresas afrodescendientes sigue siendo una de las expresiones más graves de la desigualdad racial en las Américas. Aun así, estas mujeres permanecen de pie, al frente, liderando procesos de defensa de derechos y de protección territorial.

Proteger también significa preservar la memoria. Las mujeres afrodescendientes son guardianas de historias que el racismo estructural intentó borrar: memorias de resistencia, ancestralidad y lucha colectiva. En ese sentido, la construcción de la paz en los territorios afrodescendientes pasa necesariamente por las manos de estas mujeres, que sostienen procesos comunitarios de convivencia, reparación y cuidado colectivo incluso en contextos de violencia persistente.

Esa protección también tiene una dimensión colectiva y organizativa. Son las mujeres afrodescendientes quienes, con frecuencia, articulan redes de apoyo mutuo entre organizaciones, crean espacios seguros para otras mujeres y niñas, y construyen puentes entre sus comunidades y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Es un trabajo que exige constancia y estrategia y que, muchas veces, implica confrontar directamente estructuras de poder que prefieren silenciar estas voces.

Futuro

El protagonismo de las mujeres afrodescendientes también se proyecta decididamente hacia el futuro. Esa proyección se expresa, en primer lugar, a través de la educación, especialmente mediante el acceso que buscan y conquistan, rompiendo barreras estructurales de exclusión racial y de género. También se manifiesta en la participación política: las mujeres afrodescendientes ocupan, cada vez con mayor fuerza, espacios de representación en parlamentos, consejos, organismos internacionales de derechos humanos y foros multilaterales, llevando a esos escenarios las demandas concretas de sus comunidades. Aunque su presencia sigue siendo minoritaria debido a la histórica subrepresentación de las mujeres afrodescendientes en los espacios de poder, representa una transformación profunda, fruto de siglos de resistencia.

Finalmente, ese protagonismo se refleja en la formación de las nuevas generaciones, especialmente a través de la transmisión de un proyecto de futuro. Al educar, organizar y ocupar espacios de decisión, las mujeres afrodescendientes construyen activamente alternativas, nuevas formas de convivencia comunitaria, nuevos modelos de liderazgo y nuevos caminos para que las próximas generaciones vivan con mayor dignidad, más derechos y menos violencia.

Compromiso

Es precisamente desde ese protagonismo de las mujeres afrodescendientes que se sitúa el trabajo de Raza e Igualdad, una organización que cuenta con el aporte de numerosas mujeres afrodescendientes que forman parte de nuestro equipo y que impulsan estrategias concretas para enfrentar el racismo, el machismo y la LGBTQIAPN+fobia. Trabajamos junto a activistas y organizaciones de mujeres afrodescendientes en toda América Latina, apoyando la documentación y el registro de violaciones de derechos humanos y fortaleciendo su capacidad de incidencia en espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones. Promovemos la participación efectiva de estas lideresas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mantenemos un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contribuimos con informes y recomendaciones al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y al Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.

Ese trabajo de incidencia ya ha dado lugar a informes que analizan la participación política de las mujeres afrodescendientes en Brasil, Chile, Colombia y Honduras, visibilizando tanto la violencia política que enfrentan —aún más aguda cuando se trata de mujeres trans— como las estrategias que ellas mismas construyen para ocupar espacios de poder y de toma de decisiones. Asimismo, promovemos diálogos regionales e internacionales que conectan la experiencia de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe con las luchas de la diáspora africana en otros contextos, fortaleciendo redes de solidaridad y aprendizaje mutuo entre lideresas de distintos países. Ese es el compromiso que Raza e Igualdad reafirma este 25 de julio: seguir al lado de las organizaciones de mujeres afrodescendientes, fortaleciendo sus luchas para transformar la realidad de sus comunidades y de nuestras sociedades.

Reconocer y celebrar la capacidad de acción de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe es indispensable para avanzar verdaderamente hacia la igualdad racial y de género. Porque las mujeres afrodescendientes cultivan la vida todos los días, cuidando de sus familias y de sus comunidades; protegen sus territorios, sus liderazgos y su memoria colectiva; se organizan políticamente y ocupan espacios de poder; y construyen, con determinación y valentía, los caminos hacia un futuro más justo, más democrático y más digno para ellas, para toda la sociedad y para las generaciones venideras.

Raza e Igualdad: El anuncio de que no habrán más elecciones en Nicaragua condena al país a un futuro de más represión y ausencia de libertades

Washington, D.C., 21 de julio de 2026.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua no volverán a haber elecciones y anunció la intención de impulsar reformas legislativas para convertir esa decisión en una disposición permanente del ordenamiento jurídico.

Tales afirmaciones se ven agravadas por el anuncio de la Asamblea Nacional, este martes 21 de julio, de que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para “asegurar los pasos constitucionales, legales y formales” que fundamenten dichas reformas, evidenciando la utilización de instituciones controladas por el régimen para legitimar la eliminación de uno de los pilares fundamentales de toda democracia.

Si bien la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil han documentado durante años el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, estas declaraciones representan un paso adelante en el proyecto de instalar una dinastía en Nicaragua ya que se busca eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, participación ciudadana y ejercicio de la soberanía popular. Se trata de una confesión abierta del carácter dictatorial del régimen y de su determinación para perpetuarse indefinidamente en el poder.

La Carta Democrática Interamericana dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. También dispone que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

La gravedad de estas afirmaciones no radica únicamente en el rechazo a un principio fundamental de toda sociedad democrática, sino también en lo que revelan sobre el proyecto político que se pretende seguir imponiendo al país a pesar de la oposición de la voluntad popular. Mientras el régimen continúa utilizando el discurso de la “paz” como pretendida justificación de sus acciones, sus palabras evidencian una concepción incompatible con los derechos humanos y la democracia. Bajo esa lógica, la paz no significa convivencia plural, respeto a las libertades y participación ciudadana, sino la imposición de una única visión política, la eliminación de las voces críticas, la ausencia de controles institucionales y el control absoluto de toda la sociedad sometiéndola a mezquinos intereses de un poder que no goza desde hace años del favor del electorado como lo demostraron las protestas cívicas de 2018 cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a demandar el restablecimiento de la democracia y respeto a los derechos humanos.

Las declaraciones de Ortega confirman la consolidación de un sistema basado en la concentración absoluta del poder, la inexistencia de una verdadera separación de poderes, la persecución de personas opositoras y defensoras de derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la censura y el silenciamiento de la prensa independiente, así como la vigilancia y el hostigamiento contra cualquier expresión de disenso.

Además, constituyen una violación grosera de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y principios democráticos. El derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, a elegir y ser elegida mediante elecciones auténticas y periódicas, y a expresar libremente sus opiniones, no puede ser suprimido por la voluntad de los co-dictadores Ortega y Murillo.

La pretensión de eliminar definitivamente las elecciones y pretender blindar esa decisión mediante reformas legales implica someter a las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses a un modelo político basado en la represión, la exclusión y la negación de derechos fundamentales. Lejos de garantizar estabilidad o paz, profundiza la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, condena el país a la pobreza  y cierra aún más las vías para una solución democrática, pacífica y respetuosa de la dignidad humana.

Raza e Igualdad reitera su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y a los Estados comprometidos con la democracia a mantener y reforzar los esfuerzos para exigir el respeto de los derechos fundamentales, la restitución de las libertades públicas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua mediante la garantía de elecciones libres y justas  propiciando las condiciones necesarias para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

Nicaragua y el 19 de julio: Del fin de una dictadura a la consolidación de un régimen represivo

Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.

A un año del asesinato de Roberto Samcam: avanzar hacia la justicia exige esclarecer toda la cadena de responsabilidades y fortalecer la protección de las personas nicaragüenses opositoras en el exilio

Washington, D.C., 19 de junio de 2026.– Al cumplirse un año del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor nicaragüense Roberto Samcam, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) honramos su memoria y reiteramos nuestro llamado a que este crimen sea plenamente esclarecido y sancionado.

El asesinato de Samcam, perpetrado el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, no puede entenderse como un hecho aislado. Su muerte ocurrió en un contexto de persecución sistemática contra voces críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dentro y fuera de Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha documentado que esta política represiva trasciende las fronteras nacionales mediante prácticas de represión transnacional ejecutadas contra personas exiliadas y opositoras.

En sus investigaciones, el mecanismo ha identificado la participación de estructuras estatales y paraestatales, así como operadores que coordinan acciones de vigilancia, intimidación, amenazas y represalias desde Nicaragua. El asesinato de Roberto Samcam se produce en este preocupante contexto, que continúa poniendo en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas nicaragüenses opositoras o consideradas como tales por el régimen Ortega-Murillo, que viven en el exilio.

A un año de los hechos, reconocemos como un avance significativo la decisión de la Fiscalía de Costa Rica de presentar una acusación formal contra las personas sospechosas del asesinato y solicitar la apertura a juicio. Este paso demuestra la importancia de las investigaciones diligentes y del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad en casos que afectan a personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y exiliadas. Sin embargo, la búsqueda de justicia no concluye con el procesamiento de los presuntos ejecutores materiales.

Como ha señalado la propia familia de Roberto Samcam, la verdad y la justicia exigen identificar y sancionar a todas las personas responsables, incluyendo a quienes planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión del crimen. La determinación de toda la cadena de responsabilidad resulta esencial para que la familia de Roberto Samcam reciba la justicia que merece, para evitar la repetición de hechos similares y garantizar protección efectiva a los y las nicaragüenses en el exilio que continúan siendo perseguidos por motivos políticos en los países donde buscaron refugio.

Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades costarricenses para que continúen avanzando en las investigaciones hasta agotar todas las líneas de investigación y esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, instamos a los Estados que acogen a personas nicaragüenses exiliadas a fortalecer los mecanismos de protección frente a los riesgos asociados a la persecución transnacional.

La comunidad internacional tampoco puede ignorar las evidencias acumuladas sobre la expansión de las prácticas represivas del régimen Ortega-Murillo fuera de las fronteras de Nicaragua. Las amenazas derivadas de la represión transnacional continúan poniendo en peligro la vida, la seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales de quienes han buscado refugio en otros países. Garantizar la seguridad de las personas exiliadas es una obligación urgente y un componente indispensable de cualquier esfuerzo encaminado a la verdad, la justicia y la no repetición.

Hoy recordamos a Roberto Samcam, su compromiso con la democracia y su firme denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Honrar su memoria implica también redoblar los esfuerzos para que este crimen no quede impune y para que ninguna persona nicaragüense vuelva a ser perseguida, amenazada o asesinada por ejercer sus derechos fundamentales.

Raza e Igualdad responsabiliza al régimen Ortega-Murillo por la muerte de Ta Upla Brooklyn Rivera tras más de 970 días de desaparición forzada

Washington, D.C., 31 de mayo de 2026.– Raza e Igualdad condena enérgicamente la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, y responsabiliza directamente al régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, incluyendo su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación prolongada, el deterioro progresivo de su salud y su muerte bajo custodia del Estado de Nicaragua.

La muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado ni como el desenlace inevitable de una condición médica. Constituye el resultado de más de 970 días de privación arbitraria de libertad, desaparición forzada y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana, mientras permanecía bajo el control absoluto de las autoridades nicaragüenses.

Detenido arbitrariamente en septiembre de 2023, Brooklyn Rivera permaneció desaparecido durante largos períodos, sin que su familia, sus abogados o la sociedad nicaragüense pudieran conocer de manera independiente su situación real. Durante todo este tiempo, organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales, líderes indígenas y actores de la comunidad internacional exigieron información sobre su paradero, garantías para su integridad física y psicológica, acceso a atención médica adecuada y su liberación inmediata. El régimen ignoró sistemáticamente estos llamados.

El 27 de mayo de 2026, las autoridades mostraron públicamente a Brooklyn Rivera en estado crítico de salud. Las imágenes difundidas evidenciaban un severo deterioro físico. El propio informe oficial reconocía que padecía graves infecciones pulmonares, derrame pleural bilateral, falla de múltiples órganos y que dependía de ventilación mecánica y alimentación intravenosa para sobrevivir. Apenas tres días después, se conoció la noticia de su fallecimiento.

La gravedad de su condición no surgió de manera repentina. Fue la consecuencia de años de confinamiento en condiciones contrarias a la dignidad humana y de la negativa del Estado a garantizar plenamente los derechos de una persona bajo su custodia.

Brooklyn Rivera dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Su encarcelamiento, desaparición forzada y muerte representan también un ataque contra el liderazgo indígena y contra quienes continúan defendiendo derechos humanos, autonomía territorial y libertades fundamentales en Nicaragua.

Raza e Igualdad sostiene que la muerte de Brooklyn Rivera debe ser incorporada a los esfuerzos de documentación, memoria, verdad, justicia y rendición de cuentas impulsados por las víctimas, la sociedad civil y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los responsables de las violaciones cometidas en su contra deberán responder por sus actos.

Asimismo, exigimos que las autoridades entreguen sin demora su cuerpo a sus familiares y respeten plenamente su derecho a despedirle y darle digna sepultura conforme a sus deseos, tradiciones y creencias, sin vigilancia, restricciones, intimidación ni hostigamiento.

“La muerte de Brooklyn Rivera representa una pérdida irreparable para el pueblo miskitu y para los pueblos indígenas de Nicaragua. Durante décadas dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos, la autonomía y los territorios indígenas. Que haya muerto después de más de 900 días de detención y desaparición forzada bajo custodia estatal es un hecho de enorme gravedad que no puede quedar en la impunidad”, afirmó Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo miskitu y con todas las personas que durante estos años exigieron su libertad.

17M: La LGBTIfobia también se manifiesta en la violencia, la censura y la exclusión

Washington, D.C., 18 de mayo, 2026.– Cada 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGBTIfobia recuerda que millones de personas en el mundo continúan enfrentando violencia, discriminación y exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En América Latina y el Caribe, aunque algunos países han registrado avances legales importantes en materia de reconocimiento de derechos, la realidad sigue marcada por crímenes de odio, discursos estigmatizantes, exclusión social, persecución contra activistas y restricciones a las libertades fundamentales.

En el marco del Día Internacional contra la LGBTIfobia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos recordar que esta no solo se manifiesta a través de agresiones físicas, sino que también se expresa en la censura, el silenciamiento, la criminalización, la falta de acceso a derechos y la imposibilidad de vivir libremente y con dignidad.

Al conmemorar este día, reconocemos que defender los derechos de las personas LGBTI+ continúa siendo también una defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos para toda la sociedad. A continuación, compartimos un breve panorama sobre la situación de derechos humanos de esta población en países donde Raza e Igualdad tiene incidencia y trabajo de la mano de contrapartes.

Brasil: avances legales en medio de altos niveles de violencia

En Brasil, la situación de las personas LGBTI+ se caracteriza por profundas contradicciones. Aunque el país ha registrado avances importantes como el reconocimiento del matrimonio igualitario desde 2013 y del derecho de personas trans a modificar su nombre y marcador de género en los documentos de identidad sin necesidad de cirugías ni autorizaciones judiciales, miles de personas siguen enfrentando violencia, discriminación y exclusión.

Las personas trans se encuentran en el foco de este tipo de ataques, siendo una de los principales indicadores el hecho que Brasil registra cada año, y de forma consecutiva en los últimos 18 años, la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM por sus siglas en inglés) de Transgender Europe and Central Asia (TGEU).

A ello se suman los discursos de odio y la polarización política de los últimos años, que han contribuido a legitimar ataques contra personas LGBTI+ y contra quienes defienden derechos humanos.

Los discursos de odio dirigidos contra mujeres que ocupan cargos políticos en Brasil se encuentran atravesados por expresiones racistas y transfóbicas que buscan deslegitimar la participación política, como es el caso de la diputada federal Erika Hilton, quien fue objeto de manifestaciones de carácter transfóbico tras haber sido elegida presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer. Posterior a su designación, se registraron declaraciones públicas que cuestionaban su identidad de género y buscaban deslegitimar su ocupación de un espacio institucional vinculado a la promoción de los derechos de las mujeres.

Recientemente trascendió la actuación de una diputada que, durante una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, realizó una representación asociada al “blackface” mientras pronunciaba un discurso contrario a los derechos de las mujeres trans, hecho que fue ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

Por otro lado, un estudio del Instituto Marielle Franco evidenció la gravedad de la violencia política digital dirigida especialmente contra mujeres negras y personas LGBTQIA+, según el cual el 71% de las amenazas registradas involucraban referencias a muerte o violación, mientras que el 63% de las amenazas de muerte hacían mención directa al asesinato de Marielle Franco.

Cuba: diversidad bajo vigilancia y represión

En Cuba, la situación de las personas LGBTI+ no puede analizarse sin tener en cuenta que hace siete años, el 11 de mayo de 2019, ocurrió el histórico 11M: una marcha independiente contra la homofobia y la transfobia que terminó con detenciones arbitrarias, vigilancia y persecución contra activistas. Aquel día marcó un punto de quiebre para el activismo LGBTI+ en la Isla y evidenció los límites impuestos por el Estado a la libre expresión, la protesta pacífica y la organización independiente.

Muchas de las personas que participaron en esa manifestación han enfrentado desde entonces hostigamiento, criminalización e incluso exilio forzado.

Aunque en los últimos años se han producido algunos avances legales, como el reconocimiento del matrimonio igualitario y otros derechos familiares a través del nuevo Código de las Familias, la realidad para muchas personas LGBTI+ continúa estando atravesada por la falta de libertades y garantías fundamentales.

La actual crisis económica, social y política que vive la Isla ha profundizado las desigualdades, la precariedad y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, incluyendo activistas, personas trans y quienes defienden derechos humanos.

En medio de este contexto, miles de personas han emigrado buscando condiciones de vida dignas, libertad y seguridad. Las personas LGBTI+ no son ajenas a esta realidad: muchas han tenido que abandonar el país tras sufrir persecución, censura o falta de oportunidades. Desde el exilio y también desde dentro de Cuba, activistas y organizaciones continúan denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo una sociedad donde la diversidad no sea castigada.

Colombia: violencia persistente y barreras para vivir con dignidad

En Colombia, las personas LGBTI+ continúan enfrentando altos niveles de violencia, discriminación y exclusión, en un contexto marcado por desigualdades históricas y por el impacto persistente del conflicto armado y la violencia territorial.

Personas trans, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo especialmente vulnerables a amenazas, agresiones y crímenes motivados por prejuicio. El informe “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, presentado por la CIDH en diciembre de 2025, señala que entre 2016 y septiembre de 2024, la Fiscalía reportó al menos 33 asesinatos de personas LGBTI con liderazgo social, mientras que, solo en 2023, la sociedad civil registró al menos 13 casos.

El 7 y el 8 de mayo recién pasados, la organización Caribe Afirmativo reportó el asesinato de dos mujeres trans en Antioquia, con lo cual ya suman 29 asesinatos de personas LGBTI+ registrados por su Observatorio de Derechos Humanos.

En medio de este panorama, organizaciones de sociedad civil mantienen una campaña en favor de la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, también conocido como “Ley Sara Millerey”, en memoria de la defensora de derechos humanos y activista trans asesinada en abril de 2025. Con esta ley se busca establecer un marco jurídico integral que regule de manera específica los derechos de las personas trans, desde una perspectiva de interseccionalidad, enfoque diferencial y progresividad de derechos.

Además de la violencia física, las personas LGBTI+ enfrentan discursos estigmatizantes y campañas de desinformación que buscan desacreditar sus derechos y debilitar los avances alcanzados por años de lucha y movilización social.

Nicaragua: miedo, exilio y cierre del espacio cívico

En Nicaragua, la situación de las personas LGBTI+ no puede separarse del contexto general de represión, cierre del espacio cívico y persecución contra voces críticas y organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años, la criminalización de activistas, el exilio forzado, la cancelación de organizaciones y las restricciones a las libertades fundamentales han impactado profundamente a quienes defienden los derechos humanos y acompañan a personas LGBTI+.

Aunque la discriminación y la violencia contra personas LGBTI+ han sido históricamente invisibilizadas, el actual contexto represivo ha incrementado el miedo, la censura y la falta de espacios seguros para denunciar abusos, organizarse colectivamente o visibilizar demandas relacionadas con igualdad y diversidad.

Muchas personas LGBTI+, activistas y defensoras de derechos humanos se han visto obligadas a abandonar el país ante el riesgo de persecución, vigilancia o represalias. Desde el exilio y desde la resistencia dentro de Nicaragua, continúan denunciando violaciones a los derechos humanos y defendiendo el derecho a vivir libres de discriminación y violencia.

Defender derechos también es resistir

En el Día Internacional contra la LGBTIfobia, reconocer la situación de las personas LGBTI+ en América Latina y el Caribe también implica reconocer que la discriminación no ocurre de manera aislada. La violencia, la censura, la persecución y la exclusión suelen profundizarse en contextos donde también se debilitan la democracia, la libertad de expresión y el espacio cívico.

Aunque existen marcos legales y decisiones judiciales que reconocen derechos fundamentales de las personas LGBTI+, la realidad cotidiana evidencia que el acceso efectivo a la igualdad y a una vida libre de violencia sigue siendo una deuda pendiente.

Muchas personas continúan viviendo bajo amenaza, especialmente en territorios periféricos y comunidades históricamente marginadas.

Desde Raza e Igualdad, reconocemos el trabajo de activistas, organizaciones y comunidades que, a pesar de ese contexto tan adverso, continúan resistiendo, denunciando violaciones a derechos humanos y construyendo espacios de apoyo, memoria y dignidad.

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