25 de julio: Las mujeres afrodescendientes cultivan la vida, protegen a sus comunidades y construyen el futuro

Rio de Janeiro, 25 de julio, 2026.– El 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Es una fecha para reconocer, nombrar y visibilizar la fuerza de millones de mujeres afrodescendientes que, en América Latina y el Caribe, cultivan la vida, protegen sus territorios y construyen, con sus propias manos, alternativas para un futuro más justo.

Esta conmemoración surge de un contexto de profunda explotación y opresión. Las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando la intersección entre el racismo y la violencia basada en género, en una región donde las sociedades de América Latina y el Caribe aún afrontan profundos desafíos estructurales en materia de igualdad racial y de género. Se trata de una violencia que se manifiesta en múltiples ámbitos: en el acceso desigual a la educación, la salud, el trabajo digno y la participación política; en las violencias físicas y simbólicas que afectan sus cuerpos —incluida la violencia doméstica, el feminicidio, la violencia sexual, obstétrica, política y policial, así como los discursos de odio—; en las amenazas dirigidas contra sus liderazgos cuando deciden defender sus territorios, sus comunidades y sus derechos; y en la explotación no remunerada del trabajo de cuidados.

Estas desigualdades son el resultado directo de siglos de colonialidad, exclusión racial y de un pacto social que, en la mayoría de los países de la región, nunca reconoció plenamente a las mujeres afrodescendientes como sujetas de derechos. Hablar del 25 de julio es, por tanto, hablar también de historia: de la resistencia que atravesó el período colonial, la esclavización y las décadas de exclusión posteriores a la abolición; pero también es hablar del presente, reconociendo que estas desigualdades siguen determinando las condiciones de vida de millones de mujeres afrodescendientes. La raza, la etnia, el género, la sexualidad, la clase social y el territorio son factores que intensifican significativamente las experiencias de violencia y el impacto de la pérdida de derechos y del desfinanciamiento de las políticas públicas. En este sentido, es indispensable reconocer las formas específicas de subordinación y explotación a las que las mujeres afrodescendientes han sido y continúan siendo sometidas en América Latina y el Caribe, donde persisten relaciones de poder de carácter colonial e imperialista.

Protagonismo y sustento

Sin embargo —y este es el eje central que este texto busca afirmar—, las mujeres afrodescendientes no pueden ser descritas únicamente como víctimas de estas violencias. Son, ante todo, protagonistas: defensoras de derechos humanos, cuidadoras, lideresas comunitarias, guardianas de la memoria colectiva y constructoras cotidianas de sociedades más justas y democráticas. Es ese protagonismo el que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos quiere poner en el centro de la conversación este 25 de julio.

El cuidado es un trabajo históricamente invisibilizado y no remunerado, que constituye la base sobre la cual se sostienen las familias, las economías locales y culturas enteras. En los hogares, los barrios y las comunidades rurales y urbanas, son mayoritariamente las mujeres afrodescendientes quienes garantizan el cuidado de las niñas, los niños y las personas mayores; quienes alimentan, curan y enseñan.

Ese cuidado debe entenderse como una herramienta política para cultivar y promover la vida colectiva, una práctica que garantiza la continuidad de las comunidades afrodescendientes frente a contextos adversos. Cuidar, en ese sentido, es resistir, pero también construir: es la forma más cotidiana y constante de mantener vivas a las familias, las tradiciones y los vínculos comunitarios.

Además, las mujeres afrodescendientes dinamizan las economías populares, las redes de comercio informal, la producción agrícola y la economía solidaria que sostienen comunidades enteras. También son protagonistas en la ocupación de espacios de poder, en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones. En muchos casos son jefas de hogar y principales proveedoras de sus familias, asumiendo esa responsabilidad mientras enfrentan múltiples jornadas de trabajo precario y una desigualdad salarial que las castiga doblemente por ser mujeres y por ser afrodescendientes.

Memoria y defensa

Ese cultivo de la vida también ocurre a través de la cultura. Las mujeres afrodescendientes transmiten saberes ancestrales y recuperan, reinterpretan y actualizan constantemente esos conocimientos frente a los desafíos del presente. Esa transmisión intergeneracional de saberes constituye, por sí misma, una forma de resistencia colectiva: un patrimonio que resiste al olvido y se convierte en una herramienta de protección y de construcción de futuro.

Si cultivar la vida es un trabajo cotidiano e invisibilizado, proteger a las comunidades es un ejercicio de liderazgo público. Las mujeres afrodescendientes están al frente de organizaciones comunitarias, movimientos de base, colectivos de defensa de derechos humanos y procesos de resistencia territorial en toda la región. Son ellas quienes, muchas veces desde la primera línea, denuncian violaciones de derechos humanos, acompañan a las víctimas, articulan redes de protección y llevan sus demandas a espacios de incidencia política, tanto nacionales como internacionales.

Ese liderazgo no está exento de represalias por parte del sistema cisheteropatriarcal. Las mujeres afrodescendientes que deciden defender sus territorios —ya sean rurales, quilombolas, urbanos o periféricos— enfrentan amenazas, estigmatización y, en muchos países de la región, un riesgo real para sus propias vidas. La violencia política y de género contra las lideresas afrodescendientes sigue siendo una de las expresiones más graves de la desigualdad racial en las Américas. Aun así, estas mujeres permanecen de pie, al frente, liderando procesos de defensa de derechos y de protección territorial.

Proteger también significa preservar la memoria. Las mujeres afrodescendientes son guardianas de historias que el racismo estructural intentó borrar: memorias de resistencia, ancestralidad y lucha colectiva. En ese sentido, la construcción de la paz en los territorios afrodescendientes pasa necesariamente por las manos de estas mujeres, que sostienen procesos comunitarios de convivencia, reparación y cuidado colectivo incluso en contextos de violencia persistente.

Esa protección también tiene una dimensión colectiva y organizativa. Son las mujeres afrodescendientes quienes, con frecuencia, articulan redes de apoyo mutuo entre organizaciones, crean espacios seguros para otras mujeres y niñas, y construyen puentes entre sus comunidades y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Es un trabajo que exige constancia y estrategia y que, muchas veces, implica confrontar directamente estructuras de poder que prefieren silenciar estas voces.

Futuro

El protagonismo de las mujeres afrodescendientes también se proyecta decididamente hacia el futuro. Esa proyección se expresa, en primer lugar, a través de la educación, especialmente mediante el acceso que buscan y conquistan, rompiendo barreras estructurales de exclusión racial y de género. También se manifiesta en la participación política: las mujeres afrodescendientes ocupan, cada vez con mayor fuerza, espacios de representación en parlamentos, consejos, organismos internacionales de derechos humanos y foros multilaterales, llevando a esos escenarios las demandas concretas de sus comunidades. Aunque su presencia sigue siendo minoritaria debido a la histórica subrepresentación de las mujeres afrodescendientes en los espacios de poder, representa una transformación profunda, fruto de siglos de resistencia.

Finalmente, ese protagonismo se refleja en la formación de las nuevas generaciones, especialmente a través de la transmisión de un proyecto de futuro. Al educar, organizar y ocupar espacios de decisión, las mujeres afrodescendientes construyen activamente alternativas, nuevas formas de convivencia comunitaria, nuevos modelos de liderazgo y nuevos caminos para que las próximas generaciones vivan con mayor dignidad, más derechos y menos violencia.

Compromiso

Es precisamente desde ese protagonismo de las mujeres afrodescendientes que se sitúa el trabajo de Raza e Igualdad, una organización que cuenta con el aporte de numerosas mujeres afrodescendientes que forman parte de nuestro equipo y que impulsan estrategias concretas para enfrentar el racismo, el machismo y la LGBTQIAPN+fobia. Trabajamos junto a activistas y organizaciones de mujeres afrodescendientes en toda América Latina, apoyando la documentación y el registro de violaciones de derechos humanos y fortaleciendo su capacidad de incidencia en espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones. Promovemos la participación efectiva de estas lideresas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mantenemos un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contribuimos con informes y recomendaciones al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y al Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.

Ese trabajo de incidencia ya ha dado lugar a informes que analizan la participación política de las mujeres afrodescendientes en Brasil, Chile, Colombia y Honduras, visibilizando tanto la violencia política que enfrentan —aún más aguda cuando se trata de mujeres trans— como las estrategias que ellas mismas construyen para ocupar espacios de poder y de toma de decisiones. Asimismo, promovemos diálogos regionales e internacionales que conectan la experiencia de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe con las luchas de la diáspora africana en otros contextos, fortaleciendo redes de solidaridad y aprendizaje mutuo entre lideresas de distintos países. Ese es el compromiso que Raza e Igualdad reafirma este 25 de julio: seguir al lado de las organizaciones de mujeres afrodescendientes, fortaleciendo sus luchas para transformar la realidad de sus comunidades y de nuestras sociedades.

Reconocer y celebrar la capacidad de acción de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe es indispensable para avanzar verdaderamente hacia la igualdad racial y de género. Porque las mujeres afrodescendientes cultivan la vida todos los días, cuidando de sus familias y de sus comunidades; protegen sus territorios, sus liderazgos y su memoria colectiva; se organizan políticamente y ocupan espacios de poder; y construyen, con determinación y valentía, los caminos hacia un futuro más justo, más democrático y más digno para ellas, para toda la sociedad y para las generaciones venideras.

Raza e Igualdad: El anuncio de que no habrán más elecciones en Nicaragua condena al país a un futuro de más represión y ausencia de libertades

Washington, D.C., 21 de julio de 2026.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua no volverán a haber elecciones y anunció la intención de impulsar reformas legislativas para convertir esa decisión en una disposición permanente del ordenamiento jurídico.

Tales afirmaciones se ven agravadas por el anuncio de la Asamblea Nacional, este martes 21 de julio, de que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para “asegurar los pasos constitucionales, legales y formales” que fundamenten dichas reformas, evidenciando la utilización de instituciones controladas por el régimen para legitimar la eliminación de uno de los pilares fundamentales de toda democracia.

Si bien la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil han documentado durante años el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, estas declaraciones representan un paso adelante en el proyecto de instalar una dinastía en Nicaragua ya que se busca eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, participación ciudadana y ejercicio de la soberanía popular. Se trata de una confesión abierta del carácter dictatorial del régimen y de su determinación para perpetuarse indefinidamente en el poder.

La Carta Democrática Interamericana dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. También dispone que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

La gravedad de estas afirmaciones no radica únicamente en el rechazo a un principio fundamental de toda sociedad democrática, sino también en lo que revelan sobre el proyecto político que se pretende seguir imponiendo al país a pesar de la oposición de la voluntad popular. Mientras el régimen continúa utilizando el discurso de la “paz” como pretendida justificación de sus acciones, sus palabras evidencian una concepción incompatible con los derechos humanos y la democracia. Bajo esa lógica, la paz no significa convivencia plural, respeto a las libertades y participación ciudadana, sino la imposición de una única visión política, la eliminación de las voces críticas, la ausencia de controles institucionales y el control absoluto de toda la sociedad sometiéndola a mezquinos intereses de un poder que no goza desde hace años del favor del electorado como lo demostraron las protestas cívicas de 2018 cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a demandar el restablecimiento de la democracia y respeto a los derechos humanos.

Las declaraciones de Ortega confirman la consolidación de un sistema basado en la concentración absoluta del poder, la inexistencia de una verdadera separación de poderes, la persecución de personas opositoras y defensoras de derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la censura y el silenciamiento de la prensa independiente, así como la vigilancia y el hostigamiento contra cualquier expresión de disenso.

Además, constituyen una violación grosera de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y principios democráticos. El derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, a elegir y ser elegida mediante elecciones auténticas y periódicas, y a expresar libremente sus opiniones, no puede ser suprimido por la voluntad de los co-dictadores Ortega y Murillo.

La pretensión de eliminar definitivamente las elecciones y pretender blindar esa decisión mediante reformas legales implica someter a las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses a un modelo político basado en la represión, la exclusión y la negación de derechos fundamentales. Lejos de garantizar estabilidad o paz, profundiza la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, condena el país a la pobreza y cierra aún más las vías para una solución democrática, pacífica y respetuosa de la dignidad humana.

Raza e Igualdad reitera su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y a los Estados comprometidos con la democracia a mantener y reforzar los esfuerzos para exigir el respeto de los derechos fundamentales, la restitución de las libertades públicas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua mediante la garantía de elecciones libres y justas propiciando las condiciones necesarias para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

Nicaragua y el 19 de julio: Del fin de una dictadura a la consolidación de un régimen represivo

Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.

A un año del asesinato de Roberto Samcam: avanzar hacia la justicia exige esclarecer toda la cadena de responsabilidades y fortalecer la protección de las personas nicaragüenses opositoras en el exilio

Washington, D.C., 19 de junio de 2026.– Al cumplirse un año del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor nicaragüense Roberto Samcam, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) honramos su memoria y reiteramos nuestro llamado a que este crimen sea plenamente esclarecido y sancionado.

El asesinato de Samcam, perpetrado el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, no puede entenderse como un hecho aislado. Su muerte ocurrió en un contexto de persecución sistemática contra voces críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dentro y fuera de Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha documentado que esta política represiva trasciende las fronteras nacionales mediante prácticas de represión transnacional ejecutadas contra personas exiliadas y opositoras.

En sus investigaciones, el mecanismo ha identificado la participación de estructuras estatales y paraestatales, así como operadores que coordinan acciones de vigilancia, intimidación, amenazas y represalias desde Nicaragua. El asesinato de Roberto Samcam se produce en este preocupante contexto, que continúa poniendo en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas nicaragüenses opositoras o consideradas como tales por el régimen Ortega-Murillo, que viven en el exilio.

A un año de los hechos, reconocemos como un avance significativo la decisión de la Fiscalía de Costa Rica de presentar una acusación formal contra las personas sospechosas del asesinato y solicitar la apertura a juicio. Este paso demuestra la importancia de las investigaciones diligentes y del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad en casos que afectan a personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y exiliadas. Sin embargo, la búsqueda de justicia no concluye con el procesamiento de los presuntos ejecutores materiales.

Como ha señalado la propia familia de Roberto Samcam, la verdad y la justicia exigen identificar y sancionar a todas las personas responsables, incluyendo a quienes planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión del crimen. La determinación de toda la cadena de responsabilidad resulta esencial para que la familia de Roberto Samcam reciba la justicia que merece, para evitar la repetición de hechos similares y garantizar protección efectiva a los y las nicaragüenses en el exilio que continúan siendo perseguidos por motivos políticos en los países donde buscaron refugio.

Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades costarricenses para que continúen avanzando en las investigaciones hasta agotar todas las líneas de investigación y esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, instamos a los Estados que acogen a personas nicaragüenses exiliadas a fortalecer los mecanismos de protección frente a los riesgos asociados a la persecución transnacional.

La comunidad internacional tampoco puede ignorar las evidencias acumuladas sobre la expansión de las prácticas represivas del régimen Ortega-Murillo fuera de las fronteras de Nicaragua. Las amenazas derivadas de la represión transnacional continúan poniendo en peligro la vida, la seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales de quienes han buscado refugio en otros países. Garantizar la seguridad de las personas exiliadas es una obligación urgente y un componente indispensable de cualquier esfuerzo encaminado a la verdad, la justicia y la no repetición.

Hoy recordamos a Roberto Samcam, su compromiso con la democracia y su firme denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Honrar su memoria implica también redoblar los esfuerzos para que este crimen no quede impune y para que ninguna persona nicaragüense vuelva a ser perseguida, amenazada o asesinada por ejercer sus derechos fundamentales.

Raza e Igualdad responsabiliza al régimen Ortega-Murillo por la muerte de Ta Upla Brooklyn Rivera tras más de 970 días de desaparición forzada

Washington, D.C., 31 de mayo de 2026.– Raza e Igualdad condena enérgicamente la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, y responsabiliza directamente al régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, incluyendo su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación prolongada, el deterioro progresivo de su salud y su muerte bajo custodia del Estado de Nicaragua.

La muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado ni como el desenlace inevitable de una condición médica. Constituye el resultado de más de 970 días de privación arbitraria de libertad, desaparición forzada y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana, mientras permanecía bajo el control absoluto de las autoridades nicaragüenses.

Detenido arbitrariamente en septiembre de 2023, Brooklyn Rivera permaneció desaparecido durante largos períodos, sin que su familia, sus abogados o la sociedad nicaragüense pudieran conocer de manera independiente su situación real. Durante todo este tiempo, organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales, líderes indígenas y actores de la comunidad internacional exigieron información sobre su paradero, garantías para su integridad física y psicológica, acceso a atención médica adecuada y su liberación inmediata. El régimen ignoró sistemáticamente estos llamados.

El 27 de mayo de 2026, las autoridades mostraron públicamente a Brooklyn Rivera en estado crítico de salud. Las imágenes difundidas evidenciaban un severo deterioro físico. El propio informe oficial reconocía que padecía graves infecciones pulmonares, derrame pleural bilateral, falla de múltiples órganos y que dependía de ventilación mecánica y alimentación intravenosa para sobrevivir. Apenas tres días después, se conoció la noticia de su fallecimiento.

La gravedad de su condición no surgió de manera repentina. Fue la consecuencia de años de confinamiento en condiciones contrarias a la dignidad humana y de la negativa del Estado a garantizar plenamente los derechos de una persona bajo su custodia.

Brooklyn Rivera dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Su encarcelamiento, desaparición forzada y muerte representan también un ataque contra el liderazgo indígena y contra quienes continúan defendiendo derechos humanos, autonomía territorial y libertades fundamentales en Nicaragua.

Raza e Igualdad sostiene que la muerte de Brooklyn Rivera debe ser incorporada a los esfuerzos de documentación, memoria, verdad, justicia y rendición de cuentas impulsados por las víctimas, la sociedad civil y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los responsables de las violaciones cometidas en su contra deberán responder por sus actos.

Asimismo, exigimos que las autoridades entreguen sin demora su cuerpo a sus familiares y respeten plenamente su derecho a despedirle y darle digna sepultura conforme a sus deseos, tradiciones y creencias, sin vigilancia, restricciones, intimidación ni hostigamiento.

“La muerte de Brooklyn Rivera representa una pérdida irreparable para el pueblo miskitu y para los pueblos indígenas de Nicaragua. Durante décadas dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos, la autonomía y los territorios indígenas. Que haya muerto después de más de 900 días de detención y desaparición forzada bajo custodia estatal es un hecho de enorme gravedad que no puede quedar en la impunidad”, afirmó Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo miskitu y con todas las personas que durante estos años exigieron su libertad.

17M: La LGBTIfobia también se manifiesta en la violencia, la censura y la exclusión

Washington, D.C., 18 de mayo, 2026.– Cada 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGBTIfobia recuerda que millones de personas en el mundo continúan enfrentando violencia, discriminación y exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En América Latina y el Caribe, aunque algunos países han registrado avances legales importantes en materia de reconocimiento de derechos, la realidad sigue marcada por crímenes de odio, discursos estigmatizantes, exclusión social, persecución contra activistas y restricciones a las libertades fundamentales.

En el marco del Día Internacional contra la LGBTIfobia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos recordar que esta no solo se manifiesta a través de agresiones físicas, sino que también se expresa en la censura, el silenciamiento, la criminalización, la falta de acceso a derechos y la imposibilidad de vivir libremente y con dignidad.

Al conmemorar este día, reconocemos que defender los derechos de las personas LGBTI+ continúa siendo también una defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos para toda la sociedad. A continuación, compartimos un breve panorama sobre la situación de derechos humanos de esta población en países donde Raza e Igualdad tiene incidencia y trabajo de la mano de contrapartes.

Brasil: avances legales en medio de altos niveles de violencia

En Brasil, la situación de las personas LGBTI+ se caracteriza por profundas contradicciones. Aunque el país ha registrado avances importantes como el reconocimiento del matrimonio igualitario desde 2013 y del derecho de personas trans a modificar su nombre y marcador de género en los documentos de identidad sin necesidad de cirugías ni autorizaciones judiciales, miles de personas siguen enfrentando violencia, discriminación y exclusión.

Las personas trans se encuentran en el foco de este tipo de ataques, siendo una de los principales indicadores el hecho que Brasil registra cada año, y de forma consecutiva en los últimos 18 años, la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM por sus siglas en inglés) de Transgender Europe and Central Asia (TGEU).

A ello se suman los discursos de odio y la polarización política de los últimos años, que han contribuido a legitimar ataques contra personas LGBTI+ y contra quienes defienden derechos humanos.

Los discursos de odio dirigidos contra mujeres que ocupan cargos políticos en Brasil se encuentran atravesados por expresiones racistas y transfóbicas que buscan deslegitimar la participación política, como es el caso de la diputada federal Erika Hilton, quien fue objeto de manifestaciones de carácter transfóbico tras haber sido elegida presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer. Posterior a su designación, se registraron declaraciones públicas que cuestionaban su identidad de género y buscaban deslegitimar su ocupación de un espacio institucional vinculado a la promoción de los derechos de las mujeres.

Recientemente trascendió la actuación de una diputada que, durante una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, realizó una representación asociada al “blackface” mientras pronunciaba un discurso contrario a los derechos de las mujeres trans, hecho que fue ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

Por otro lado, un estudio del Instituto Marielle Franco evidenció la gravedad de la violencia política digital dirigida especialmente contra mujeres negras y personas LGBTQIA+, según el cual el 71% de las amenazas registradas involucraban referencias a muerte o violación, mientras que el 63% de las amenazas de muerte hacían mención directa al asesinato de Marielle Franco.

Cuba: diversidad bajo vigilancia y represión

En Cuba, la situación de las personas LGBTI+ no puede analizarse sin tener en cuenta que hace siete años, el 11 de mayo de 2019, ocurrió el histórico 11M: una marcha independiente contra la homofobia y la transfobia que terminó con detenciones arbitrarias, vigilancia y persecución contra activistas. Aquel día marcó un punto de quiebre para el activismo LGBTI+ en la Isla y evidenció los límites impuestos por el Estado a la libre expresión, la protesta pacífica y la organización independiente.

Muchas de las personas que participaron en esa manifestación han enfrentado desde entonces hostigamiento, criminalización e incluso exilio forzado.

Aunque en los últimos años se han producido algunos avances legales, como el reconocimiento del matrimonio igualitario y otros derechos familiares a través del nuevo Código de las Familias, la realidad para muchas personas LGBTI+ continúa estando atravesada por la falta de libertades y garantías fundamentales.

La actual crisis económica, social y política que vive la Isla ha profundizado las desigualdades, la precariedad y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, incluyendo activistas, personas trans y quienes defienden derechos humanos.

En medio de este contexto, miles de personas han emigrado buscando condiciones de vida dignas, libertad y seguridad. Las personas LGBTI+ no son ajenas a esta realidad: muchas han tenido que abandonar el país tras sufrir persecución, censura o falta de oportunidades. Desde el exilio y también desde dentro de Cuba, activistas y organizaciones continúan denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo una sociedad donde la diversidad no sea castigada.

Colombia: violencia persistente y barreras para vivir con dignidad

En Colombia, las personas LGBTI+ continúan enfrentando altos niveles de violencia, discriminación y exclusión, en un contexto marcado por desigualdades históricas y por el impacto persistente del conflicto armado y la violencia territorial.

Personas trans, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo especialmente vulnerables a amenazas, agresiones y crímenes motivados por prejuicio. El informe “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, presentado por la CIDH en diciembre de 2025, señala que entre 2016 y septiembre de 2024, la Fiscalía reportó al menos 33 asesinatos de personas LGBTI con liderazgo social, mientras que, solo en 2023, la sociedad civil registró al menos 13 casos.

El 7 y el 8 de mayo recién pasados, la organización Caribe Afirmativo reportó el asesinato de dos mujeres trans en Antioquia, con lo cual ya suman 29 asesinatos de personas LGBTI+ registrados por su Observatorio de Derechos Humanos.

En medio de este panorama, organizaciones de sociedad civil mantienen una campaña en favor de la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, también conocido como “Ley Sara Millerey”, en memoria de la defensora de derechos humanos y activista trans asesinada en abril de 2025. Con esta ley se busca establecer un marco jurídico integral que regule de manera específica los derechos de las personas trans, desde una perspectiva de interseccionalidad, enfoque diferencial y progresividad de derechos.

Además de la violencia física, las personas LGBTI+ enfrentan discursos estigmatizantes y campañas de desinformación que buscan desacreditar sus derechos y debilitar los avances alcanzados por años de lucha y movilización social.

Nicaragua: miedo, exilio y cierre del espacio cívico

En Nicaragua, la situación de las personas LGBTI+ no puede separarse del contexto general de represión, cierre del espacio cívico y persecución contra voces críticas y organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años, la criminalización de activistas, el exilio forzado, la cancelación de organizaciones y las restricciones a las libertades fundamentales han impactado profundamente a quienes defienden los derechos humanos y acompañan a personas LGBTI+.

Aunque la discriminación y la violencia contra personas LGBTI+ han sido históricamente invisibilizadas, el actual contexto represivo ha incrementado el miedo, la censura y la falta de espacios seguros para denunciar abusos, organizarse colectivamente o visibilizar demandas relacionadas con igualdad y diversidad.

Muchas personas LGBTI+, activistas y defensoras de derechos humanos se han visto obligadas a abandonar el país ante el riesgo de persecución, vigilancia o represalias. Desde el exilio y desde la resistencia dentro de Nicaragua, continúan denunciando violaciones a los derechos humanos y defendiendo el derecho a vivir libres de discriminación y violencia.

Defender derechos también es resistir

En el Día Internacional contra la LGBTIfobia, reconocer la situación de las personas LGBTI+ en América Latina y el Caribe también implica reconocer que la discriminación no ocurre de manera aislada. La violencia, la censura, la persecución y la exclusión suelen profundizarse en contextos donde también se debilitan la democracia, la libertad de expresión y el espacio cívico.

Aunque existen marcos legales y decisiones judiciales que reconocen derechos fundamentales de las personas LGBTI+, la realidad cotidiana evidencia que el acceso efectivo a la igualdad y a una vida libre de violencia sigue siendo una deuda pendiente.

Muchas personas continúan viviendo bajo amenaza, especialmente en territorios periféricos y comunidades históricamente marginadas.

Desde Raza e Igualdad, reconocemos el trabajo de activistas, organizaciones y comunidades que, a pesar de ese contexto tan adverso, continúan resistiendo, denunciando violaciones a derechos humanos y construyendo espacios de apoyo, memoria y dignidad.

A ocho años del inicio de la crisis en Nicaragua: una realidad que persiste y exige acción sostenida

Washington, D.C., 17 de abril de 2026.– A ocho años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que esta no es un recuerdo que pueda borrar el tiempo: es una realidad que se ha transformado, profundizado y que continúa afectando la vida de miles de personas dentro y fuera del país.

Desde abril de 2018, el país ha atravesado un proceso sostenido de represión que ha evolucionado con el tiempo. Lo que inició como una respuesta violenta a las protestas sociales se ha consolidado en un sistema de control que restringe las libertades fundamentales, castiga la disidencia y ha cerrado por completo el espacio cívico.

En Raza e Igualdad hemos dado seguimiento a esta crisis desde sus inicios, realizando acciones de documentación orientada al litigio estratégico ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como incidencia ante delegaciones diplomáticas y mecanismos internacionales de derechos humanos. Y hoy, nos preguntamos: ¿Qué significan estos ocho años?.

Significan ocho años de persecución política y represión continua, en los que la violencia visible ha sido reemplazada por mecanismos más sofisticados de vigilancia y control.
Ocho años de silencio impuesto, donde ejercer la libertad de expresión implica riesgos reales de criminalización y cárcel.
Ocho años de destierros y exilio forzado, que han fracturado familias y comunidades enteras.
Ocho años de impunidad, en los que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos continúan esperando verdad, reparación y garantías de no repetición.

En este periodo, la persecución política de la dictadura se ha expandido más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en el exilio mediante actos de represión transnacional. A ello se suman los ataques continuos contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las restricciones a la libertad religiosa y el cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil y restricciones incompatibles con la libertad de asociación.

La situación en Nicaragua continúa siendo abordada en distintos espacios internacionales; sin embargo, persiste el desafío de sostener una atención y una respuesta acordes a la gravedad y prolongación de la crisis. El riesgo, en este contexto, es que su continuidad contribuya a una peligrosa normalización si no se consolidan los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas frente a un régimen que ha cometido —y continúa cometiendo— crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.

Creemos que a pesar de estos desafíos, la persistencia de la sociedad civil nicaragüense, dentro y fuera del país, así como el trabajo sostenido de mecanismos internacionales de derechos humanos, demuestran que esta crisis sigue siendo documentada, denunciada y acompañada. Estos esfuerzos son fundamentales y deben continuar.

En este contexto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas, así como a otros actores de la comunidad internacional, a mantener y fortalecer la atención sobre Nicaragua y a adoptar acciones concretas y sostenidas que contribuyan a la rendición de cuentas, en aplicación de la garantía colectiva de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En particular, instamos a:

Impulsar resoluciones firmes en el marco de la OEA que reconozcan la persistencia de graves violaciones de derechos humanos y demanden acciones concretas del Estado nicaragüense.
Fortalecer y respaldar los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación, incluyendo el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos independientes, garantizando los recursos necesarios para su continuidad.
Adoptar medidas de presión diplomática y sanciones individuales específicas, dirigidas a quienes sean responsables de violaciones graves de derechos humanos, en conformidad con el derecho internacional.
Reforzar la protección a personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo garantías de no devolución, acceso a mecanismos específicos de protección internacional y reconocimiento de su condición de riesgo.
Avanzar en acciones de responsabilidad internacional, incluyendo la remisión de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
Mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda internacional, evitando su desplazamiento por otras crisis globales que también requieren atención.
Reconocer, investigar, juzgar y sancionar los actos de represión transnacional cometidos contra personas nicaragüenses en el exilio, garantizando su protección y el acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, instamos a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a mantener y fortalecer el monitoreo activo de la situación, así como a continuar generando espacios que permitan visibilizar las voces de las víctimas y de la sociedad civil nicaragüense.

A ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua no puede ser tratada como un caso más. La persistencia de violaciones graves y sistemáticas exige respuestas proporcionales, coordinadas y efectivas por parte de la comunidad internacional.

En este aniversario recordamos a todas las víctimas de la represión, denunciamos que la crisis continúa y expresamos nuestra firme convicción de que las acciones sostenidas pueden hacer la diferencia.

Ocho años después, el silencio no es una opción.
Porque la crisis prolongada que vive Nicaragua y un sector de la población perseguido localmente e incluso más allá de sus fronteras sigue cobrando víctimas, y por ello, debe enfrentarse con acciones decididas y sostenidas que conduzcan a Nicaragua a recobrar su libertad.

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí.

Tres años de la excarcelación y destierro de 222 nicaragüenses: memoria, dignidad y justicia pendiente

Washington, D.C., 9 de febrero de 2026.– Este 9 de febrero se cumplen tres años de la liberación de 222 personas nicaragüenses que estuvieron arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos y que, tras su excarcelación, fueron forzadas al destierro por el régimen Ortega-Murillo. Su llegada a Washington D.C. fue posible gracias a gestiones diplomáticas y humanitarias del Gobierno de los Estados Unidos, que facilitó su recepción en condiciones de protección.

Raza e Igualdad fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a acompañar técnicamente este proceso, junto a organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, brindando apoyo inmediato para su acogida en condiciones de dignidad, incluyendo alojamiento, vestimenta, teléfonos, acompañamiento psicosocial y recursos básicos para sus primeros días en el país.

Nuestro equipo pudo constatar de primera mano los graves impactos físicos, psicológicos y sociales de la prisión política, resultado de condiciones de detención que incluyeron incomunicación prolongada, tratos crueles, torturas y privaciones incompatibles con la dignidad humana. La documentación de estos hechos contribuyó a visibilizar patrones de represión que posteriormente fueron recogidos en el informe de Raza e Igualdad “Patrones de represión y persecución política en Nicaragua: De la prisión a la libertad tras la Operación Guardabarranco”.

La excarcelación no significó justicia. El régimen no solo expulsó a estas 222 personas de su país, sino que además las despojó arbitrariamente de su nacionalidad y de su existencia jurídica en Nicaragua, configurándose elementos de crímenes de lesa humanidad, como ha señalado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. En los países de acogida, muchas de estas personas continúan enfrentando desafíos relacionados con su situación migratoria, el acceso a empleo, a la salud, la reunificación familiar y su integración, a lo que se suma el riesgo de represión transnacional.

Tres años después, la impunidad persiste. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra estas 222 personas siguen sin investigación ni sanción, pese a que muchas de ellas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua no ha cumplido.

Al mismo tiempo, la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose. A casi ocho años de la represión de abril de 2018, persisten la persecución, la vigilancia y las detenciones arbitrarias. El régimen ha intentado maquillar este patrón mediante excarcelaciones bajo condiciones restrictivas, amenazas y controles que no equivalen a libertad, sino que reproducen mecanismos de intimidación y castigo.

Recordar este aniversario es también reconocer que la liberación de estas 222 personas no fue un gesto, sino el resultado de la presión y la articulación internacional. La solidaridad y la acción coordinada pueden salvar vidas, pero la represión no ha terminado.

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado a los países de acogida a seguir facilitando la reinserción plena y la protección de las víctimas de la prisión arbitraria por motivos políticos en Nicaragua, así como a mantener la vigilancia internacional frente a la continuidad de los crímenes.

Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la prisión arbitraria, la desnacionalización y todas las formas de represión en Nicaragua. Continuaremos documentando, litigando e incidiendo para que los responsables rindan cuentas y las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación.

Seguiremos trabajando para que un día, no muy lejano, la prisión política y la desnacionalización implementada por el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices sea el mal recuerdo de una dictadura que, como todas, llegará a su final por el anhelo de libertad del pueblo nicaragüense.

La libertad de 222 personas fue un paso. La justicia para todas las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.

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