Menstruación y derechos humanos, un debate necesario para avanzar hacia la plena garantía de derechos humanos en la región

Menstruación y derechos humanos, un debate necesario para avanzar hacia la plena garantía de derechos humanos en la región

Washington D.C., 28 de mayo de 2021.– Con el objetivo de visibilizar y ampliar el entendimiento sobre la menstruación y su relación con los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un conversatorio virtual con la participación de activistas de América Latina y expertas internacionales que compartieron conocimientos y experiencias en torno a esta temática. Ello, en ocasión del Día de la Higiene Menstrual, que se celebra cada 28 de mayo, y del lanzamiento del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, elaborado por la organización cubana Plataforma Femenina.

A partir del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, que devela los obstáculos que enfrentan las mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes en la Isla para acceder a productos de higiene menstrual y realiza recomendaciones al Estado y a la comunidad internacional para garantizar una menstruación digna, este espacio propició un debate sobre cómo la atención y la comprensión del periodo menstrual es necesaria para que las personas que lo viven gocen de todos sus derechos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Al brindar las palabras de bienvenida al evento, la Directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, aclaró que se decidió usar el término higiene menstrual en este espacio porque es el que usan varias agencias de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población. Sin embargo, invitó a las, los y les panelistas a usar el término que consideraran más adecuado y les diera mayor comodidad al momento de intervenir.

Situación en Cuba

Eroises González, coordinadora nacional de la Plataforma Femenina, señaló que la situación de las personas menstruantes en Cuba es preocupante, debido, principalmente, a la disposición estatal de vender solamente un paquete de 10 almohadillas sanitarias por mujer al mes, las cuales, además, son de mala calidad y por tanto resultan insuficientes para cubrir su periodo menstrual.

La activista expuso que esta situación se agrava en al caso de aquellas mujeres que tienen discapacidad o se encuentran bajo régimen penitencia­rio, pues ellas dependen de lo que sus familiares, batallando con la es­casez económica existente en el país, pue­dan encontrar para llevarles. González describió como un “calvario” la situación que enfrentan estas mujeres al no tener acceso a las almohadillas sanitarias ni a productos de aseo.

En el informe se reconoce que el embargo o bloqueo de los Estados Unidas a Cuba afecta la libre circulación de productos, incluidos los de higiene menstrual. No obstante, al mismo tiempo refiere que el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que: “la imposición de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes de un Estado Parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles”.

Entre las ocho recomendaciones realizadas al Estado cubano para garantizar una menstruación digna, la Plataforma Femenina incluye la creación de una ley o leyes para el acceso igualitario y gratuito a productos de aseo y de gestión menstrual, y vincular su compromiso de la Agenda 2030 con la problemática de la higiene menstrual, principalmente con los objetivos de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y agua limpia y saneamiento.

Un asunto de igualdad

La comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó en su ponencia que la higiene menstrual es un asunto de equidad de género y que factores como los estereotipos de roles de género, la pobreza extrema y los contextos de emergencia convierten a la menstruación en un determinante de estigma contra las personas menstruantes, y contra su derecho a la igualdad y no discriminación.

“Estudios han demostrado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente su periodo menstrual en las escuelas, el desempeño y asistencia escolar se ven afectados, lo cual a su vez afecta su participación en la sociedad y genera inequidad”, dijo Macaulay, quien indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF definen el adecuado manejo de la higiene menstrual como aquel que permite usar productos limpios de higiene menstrual que pueden ser cambiados en privado durante el periodo menstrual usando jabón y agua para limpiar el cuerpo, así como tener las facilidades para desechar el material usado.

La comisionada también se refirió a la obligación que tienen los Estados para garantizar acceso a agua limpia, productos de higiene menstrual y espacios seguros para el cuido durante el periodo menstrual.

Abordaje inclusivo y comprensivo

Santiago Balvin, activista transmasculino e integrante de la colectiva Rosa Rabiosa, de Perú, participó en el evento para contribuir al abordaje de la menstruación desde la perspectiva de las personas transmasculinas y no binares asignades mujeres al nacer. En ese sentido, comenzó afirmando que para este grupo poblacional “no existen los derechos sexuales y reproductivos” porque se abordan solamente con una mirada cisgénero.

“No todas las personas que menstrúan son mujeres y, por ende, es necesario entender que para las personas trans no binaries menstruar significa no solamente una incomodidad con el cuerpo, sino una no reafirmación de su identidad”, compartió Balvin. También expuso que el simple hecho de comprar una toalla sanitaria, para una persona transmasculina puede provocar una serie de vulneraciones en su estado sicológico y emocional, ya que no son tratadas en correspondencia con su identidad de género.

La terapeuta menstrual Andrea Marín, de Colombia, también compartió conocimientos y experiencias para contribuir a un abordaje comprensivo de la menstruación. “Estos espacios se hacen necesarios ya que se configuran como encuentros en los que podemos nombrar, reflexionar, cuestionar y crear alternativas encaminadas al buen vivir, con la confianza plena que podemos vivir de una manera distinta las relaciones con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual y con nuestro entorno”, expresó.

Marín afirmó que un primer paso es nombrar el ciclo menstrual, ampliar los conocimientos al respecto y compartirlos tanto en espacios privados como en espacios públicos “para que exista, para que tenga un lugar, para que se explore, para que se visibilice y se generen garantías a través de las políticas públicas”. La experta resumió su intervención apuntando que la menstruación debe ser consciente, segura y libre, en términos de acceso a información, a productos para gestionar el periodo menstrual y de libertad para decidir cómo vivirlo, respectivamente.

En tanto, Anahí Rodríguez, fundadora de la iniciativa MenstruaciónDignaMéxico, señaló que es increíble que un proceso fisiológico por el que atraviesan las personas menstruantes durante aproximadamente cuatro décadas, no sea mencionado en políticas públicas, por lo que aseguró que la menstruación para muchas personas representa un obstáculo al ejercicio de derechos humanos tan básicos como la salud, la educación y la no discriminación.

“Se debe hablar fuerte y claro y enfrentar estos desafíos y dificultades que enfrentamos las mujeres y otras personas menstruantes durante nuestro periodo, debe ser imperativo que los Estados garanticen a cada persona la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna”, afirmó Rodríguez, quien indicó que en México, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza, el 36% de la población mexicana no tiene suministro de agua diario y el 10% no cuenta con un sanitario propio.

Raza e Igualdad reconoce que los obstáculos que enfrentan muchas mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes a lo largo de América Latina y el Caribe para gestionar su periodo menstrual de forma digna, constituyen a su vez un enorme reto para la plena garantía y ejercicio de sus derechos humanos. Por tal razón, se une a las demandas y recomendaciones de la sociedad civil relacionadas a la creación de leyes, políticas públicas y acceso a productos y servicios de higiene menstrual, y llama a la comunidad internacional a realizar un monitoreo sobre la situación en cada uno de los países, así como a extender recomendaciones a los Estados.

Raza e Igualdad expresa preocupación por la situación de detención del opositor cubano Yandier García Labrada y solicita al Estado de Cuba cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Washington D.C., 26 de mayo 2021.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la situación de riesgo que enfrenta en prisión el Sr. Yandier García Labrada, activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El Sr. García Labrada se encuentra privado de libertad en la prisión “El Típico” desde hace casi ocho meses sin ninguna acusación formal en su contra.

El Sr. Yandier García Labrada fue detenido el 06 de octubre de 2020 luego de que protestara por irregularidades en el abastecimiento de alimentos en las afueras de un supermercado en Manatí, Las Tunas. Tras su detención estuvo incomunicado por aproximadamente un mes, tiempo durante el cual fue golpeado por las autoridades estatales causándole inmovilidad en su brazo izquierdo. Hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de atención médica a pesar de que sufre de constantes ataques de asma.

Por la situación de riesgo en el marco de su privación de libertad, el 7 de enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del Sr. García Labrada requiriendo al Estado que proteja su vida e integridad personal, “en particular, garantizando que sus condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables”. Además, pidió concertar las “medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes” e informar “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción” de las medidas.

Hasta la fecha, el Estado cubano no ha adoptado ninguna medida para implementar las recomendaciones de la CIDH. Al contrario, la situación del Sr. Yandier García Labrada se ha agudizado por las condiciones carcelarias que enfrenta. No ha podido recibir visitas de sus familiares bajo el argumento de restricciones por la pandemia de COVID-19. La comunicación telefónica es limitada; durante cinco meses le permitieron hacer solamente una llamada al mes y la última la hizo en marzo 2021. Desde esa fecha sus familiares han perdido todo tipo de comunicación y se encuentran muy preocupados, pues conocen que las condiciones carcelarias no son buenas y las altas temperaturas a las que está expuesto incrementan sus ataques de asma. El Sr. García Labrada es constantemente acosado e intimidado por agentes de la Seguridad del Estado y su proceso penal sigue abierto y sin juicio.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para que adopte las medidas cautelares contenidas en la Resolución 5/2021 de la CIDH a fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad del Sr. Yandier García Labrada. Además, instamos a que se respete el derecho de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho del Sr. García Labrada a mantener comunicación fluida y permanente con sus familiares y abogados defensores.

Un año del asesinato de George Floyd: llamado a fortalecer los mecanismos de derechos humanos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial

Washington D.C., 25 de mayo de 2021.– A un año del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de cuatro policías en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) renueva su llamado para que los organismos internacionales y los Estados redoblen sus esfuerzos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben dar seguimiento a la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hace una especial exhortación a Estados Unidos para que escuche a las víctimas que piden justicia, reparación y garantías de no repetición.

El asesinato de Floyd fue grabado por un testigo y el video se hizo viral rápidamente en redes sociales, provocando manifestaciones de indignación y rechazo no solo en Estados Unidos, sino en ciudades de todo el mundo, bajo las consignas LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN y “No puedo respirar”, la frase que Floyd repitió incasablemente hasta morir. Ante tal nivel de conmoción, el 17 de junio de 2020 el Consejo de Derechos de la ONU llevó a cabo el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.

Dos días después, el Consejo adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

En marzo de este año, cuando la comisionada Michelle Bachelet brindó una actualización oral sobre la Resolución 43/1 ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que el informe que tiene previsto presentar en junio próximo “recomendará un programa transformador que elimine el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y los afrodescendientes, además de que promueva la rendición de cuentas y el resarcimiento de las víctimas”.

Cabe destacar que después del asesinato de George Floyd, las muertes a manos de policías han continuado en Estados Unidos, con un total de 6 en el 2020 y 3 en lo que va de 2021.

En Raza e Igualdad reconocemos y aplaudimos la voluntad del Consejo de Derechos Humanos, así como de los países ahí representados y de las organizaciones internacionales que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para tomar acciones en el combate a la situación de racismo y violencia policial que se manifiesta en todo el mundo, y que, en el caso de América Latina y el Caribe, tiene significativas repercusiones, sobre todo en Brasil con la reciente masacre de Jacarezinho, y en Colombia con la desmedida respuesta de las fuerzas públicas ante las manifestaciones que se registran en todo el país en el marco del Paro Nacional.

Según el informe preliminar de la organización colombiana Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), de las 39 personas asesinadas en medio de las manifestaciones entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 en los municipios de Cali y Yumbo, departamento de Valle del Cauca, 11 eran visiblemente afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizas y 18 cuya identidad étnico-racial no habían logrado identificar hasta la fecha de publicación del informe.

Esperamos que en medio de este esfuerzo por combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, los Estados demuestren su voluntad de erradicar estos males que afectan el Estado de Derecho, y hagan realidad las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos y justicia racial, incluyendo la firma y ratificación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Asimismo, confiamos en que desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se puedan destinar más recursos para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que dan seguimiento a las obligaciones de los países, y que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantenga el seguimiento y denuncia de violaciones a derechos humanos.

Desde Raza e Igualdad seguiremos trabajando con organizaciones aliadas en América Latina en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y otros sectores históricamente discriminado, incluyendo la labor de documentación y denuncia para visibilizar sus realidades y lograr cambios para una sociedad más justa y equitativa.

Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia: la lucha por la igualdad y la no discriminación en medio de la COVID-19

Washington D.C., 17 de mayo de 2021.– La situación de discriminación y violencia que enfrentan las personas con orientación sexual e identidad de género diversas se vio agravada en el último año en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por eso, en este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une al lema definido a nivel mundial para conmemorar esta fecha, que es “Juntes resistiendo, apoyando y sanando”, a la vez que reconoce la lucha que mantienen activistas y colectivos LGBTI+ de América Latina y el Caribe para el respeto y reconocimiento de sus derechos.

El Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia nació en el año 2004 con el objetivo de llamar la atención sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas LGBTI+. Se escogió el 17 de mayo como una forma de conmemorar la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, de descalificar la homosexualidad como un trastorno mental. Desde entonces, la comunidad LGBTI+ a nivel global ha experimentado avances en el respeto y reconocimiento de sus derechos; sin embargo, aún hay muchos retos para que esta población goce de todos sus derechos y deje de ser víctima de agresiones, exclusión y estigmatización, sobre todo en una región como Latinoamérica.

Reinvención ante la pandemia

Este día, Raza e Igualdad quiere extender un reconocimiento a todas las personas que a nivel individual o colectivo trabajan para eliminar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Ese es el caso de Bruno Montenegro, un joven trans defensor de derechos humanos y miembro de Fraternidad Trans Masculina (FTM), de Perú, quien a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se ha mantenido firme y comprometido en las acciones de apoyo para los hombres trans en su país.

Hasta 2019, todas esas acciones eran presenciales y consistían principalmente en talleres de autorreconocimiento, de autoestima e informativos sobre la terapia de reemplazo hormonal, pero con la emergencia sanitaria se vieron obligados a suspender todas esas actividades y, además, muchos perdieron sus empleos y se vieron obligados a regresar a la casa de sus familias, donde volvieron a enfrentar discriminación y violencia.

“No queríamos perder ese espacio, así que abrimos un espacio virtual que llamamos ´Los viernes chill’; nos juntamos cada viernes y hablamos de lo que sentimos, de los procesos que estamos atravesando”, señala Montenegro, quien asegura que uno de los impactos de la pandemia en la población transmasculina es que se han visto imposibilitados de continuar con la terapia de reemplazo hormonal, lo cual implica que vuelvan a menstruar y eso les causa mucho malestar físico y emocional.

Para Montenegro, la resiliencia es una característica muy común entre las personas trans, por lo que la exalta como un arma poderosa para combatir y resistir ante la LGBTIfobia.

“La vida es un carnaval”

Si de resiliencia se trata, la activista trans y exprisionera política nicaragüense Celia Cruz es un ejemplo de ello. A 22 días de haber sido excarcelada, Celia muestra una actitud inquebrantable y llama a ver la vida como un carnaval. “Todos deberíamos decir que la vida es un carnaval, está llena de colores, alegría, carencias y diferentes ritmos y tenemos que aprender a adaptarnos al ritmo”, asegura.

Cruz estuvo en una cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 hasta el 25 de abril de 2021. Inició su activismo interpretando a la cantante Celia Cruz en eventos y participando en procesos de formación. Desde el estallido social de abril 2018, se involucró en las protestas ciudadanas y se convirtió en “la voz cantante” en manifestaciones en su natal Isla de Ometepe, departamento de Rivas, y en la capital Managua, además que participó en tranques y en la entrega de víveres a protestantes. Todo lo anterior fue utilizado por las autoridades nicaragüenses para arrestarla y condenarla a 13 años y 2 meses de prisión.

A pesar de haber sido excarcelada, Cruz es víctima de constante asedio policial e intimidación, razón por la cual no ha podido volver a organizar eventos y ha optado por usar las redes sociales para continuar combatiendo la transfobia. Asegura que hay que seguir trabajando por una Nicaragua más abierta y más inclusiva en todos los sectores porque “siempre hay discriminación por razones de género, religión, orientación sexual”.

Inclusión, empatía y formación

La mayoría de países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que protejan y promuevan los derechos de la población LGBTI+ desde una mirada amplia sobre la orientación sexual y la identidad de género como factores que caracterizan de una forma particular la experiencia de vida de las personas. Un total de 11 países de la región reconocen las agresiones contra personas LGBTI+ como crímenes de odio, mientras que 14 tienen algún tipo de protección contra la discriminación laboral.

A la falta de un marco legal, se suman el machismo y la heteronormatividad, dos determinantes que están fuertemente arraigados en las sociedades latinoamericanas. Ante este panorama, activistas de la región afirman que el combate y la resistencia ante la LGBTIfobia se origina en decisiones y procesos personales.

En ese sentido, la psicóloga cubana y defensora de derechos humanos, Kirenia Núñez, explica que para el desarrollo y difusión de la campaña Exprésate—lanzada a inicios de este 2021 para promover el derecho a la libertad de expresión en Cuba—se propusieron incluir a la mayor diversidad de participantes posible, como una forma de combatir la LGBTIfobia, y que a nivel personal lo hace exteriorizando sus experiencias y haciendo parte de ellas a aquellas que personas que aportan cosas buenas a su vida.

“En este último año lo que he hecho es expandir mi red de apoyo, sobre todo con personas diversas, personas que tienen experiencias y que han llegado a mi vida a aportar, no solo desde la conceptualidad, sino también de las vivencias, y eso me ha ayudado a crecer como mujer, como persona, como mujer que ama a otra mujer”, comparte.

La bióloga y rectora de la Universidad EAN, de Colombia, Brigitte Baptiste, opina que el humor es una buena forma de combatir y resistir ante la LGBTIfobia, pero también señala que es muy importante la sensibilidad. “La capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona”, indica Baptiste, quien como mujer trans ha sido objetivo de ataques por medio de las redes sociales.

En tanto, para Liken Lee, activista trans e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), de República Dominicana, ha sido fundamental su participación en procesos para conocer sus derechos, así como en organizaciones de apoyo a personas trans que velan por su bienestar y salud mental. Lee comparte que una forma de empoderarse fue terminar su carrera de Contabilidad, pero no ha podido ejercerla por la discriminación que existe en el mercado laboral contra las personas trans y porque este país caribeño no cuenta con una ley de identidad de género.

En este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia también queremos unirnos a la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y personas expertas en derechos humanos, en la cual llaman a los Estados y otros actores involucrados a considerar el impacto negativo de las narrativas excluyentes o estigmatizantes en la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso (LGBT). La declaración también destaca la necesidad de garantizar que la religión y la tradición no se utilicen para promover la discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género.

En Raza e Igualdad creemos que el combate a la LGBTIfobia debe partir de políticas de Estado como leyes que protejan y promuevan los derechos de las personas LGBTI+, capacitaciones a autoridades clave como operadores de justicia y personal de salud, campañas de sensibilización sobre la orientación sexual y la identidad de género, entre otras, así como la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Por tanto, hacemos un llamado a los Estados a conocer las realidades de la población LGBTI+, incluyendo la generación de datos desagregados sobre la violencia contra personas LGBTI+, y responder a sus demandas en materia de derechos humanos.

Primer Foro de las Américas sobre las minorías reúne recomendaciones para proteger a poblaciones históricamente marginados y vulnerables de cara al Foro Mundial

Washington D.C., 13 de mayo de 2021.– El primer Foro Regional de las Américas sobre la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos de las minorías en la región se llevó a cabo los días 27 y 28 de abril de 2021, y contó con la participación de autoridades estatales, organismos internacionales y regionales, entidades de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil en las Américas, entre ellas el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que apoyó su realización.

Este evento, que se celebró de manera virtual debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, fue convocado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, y es uno de los cuatro foros regionales (Europa, Asia, África y Américas) que aportarán insumos al informe temático que el Relator Especial presentará en la sesión número 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

Además, los debates servirán de base para las recomendaciones que saldrán de la sesión número 14 del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra, Suiza.

¿Qué discutieron?

Este espacio contribuyó al entendimiento de la importancia de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos. Para esto, se abordaron los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las minorías a la hora de abordar las injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones e incluso conflictos armados internos. Los derechos de las minorías están estrechamente relacionados con las casusas estructurales de los conflictos, sin embargo, sus demandas son frecuentemente ignoradas para la búsqueda de soluciones y superación de conflicto.

La primera sesión temática del Foro se denominó “Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías”, que tuvo como moderador al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Quesada mencionó que las dos Convenciones del Sistema Interamericano—la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia—complementan y refuerzan la Convención Americana de Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos de las minorías. Recordó también que ambas convenciones fueron posibles gracias a la presión y las demandas de la sociedad civil.

En dicha sesión, Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expuso que “el racismo estructural es la ideología sobre la cual se sustenta la dominación étnica basada en la creencia de que las desigualdades entre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y el resto de la población es normal y natural, en lugar de ser el resultado de la estructuración injusta de la sociedad”, señaló.

En ese sentido, Cunningham hizo las siguientes recomendaciones: a) que las agencias de Naciones Unidas promuevan campañas de educación a los Estados, empresas privadas y a la sociedad civil sobre el impacto del racismo ambiental, b) desarrollar programas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular sobre sus territorios y bienes naturales, antes de aprobar préstamos a inversiones de parte de bancos unilaterales y bilaterales, y c) requerir a los Estados diseñar mecanismos electorales que garantice la participación ciudadana de pueblos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Marino Córdoba, recordó que Colombia es país firmante de diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de las minorías, pero que se desconoce el impacto que estos han tenido en la protección y promoción de sus derechos, y más bien los líderes y lideresas de grupos étnicos se cuentan entre las víctimas del conflicto que atraviesa el país sin que haya verdad y justicia.

Córdoba hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir al Estado colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos y garantice los derechos fundamentales de la población. El líder afrocolombiano recomendó invertir en la prevención de los conflictos, incluyendo particularmente la prevención de las amenazas percibidas por los pueblos afrodescendientes a sus tradiciones, cultura, religión, y su lengua.

En la segunda sesión del Foro, denominada “Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos”, intervino María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), de Nicaragua. Acosta señaló que los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan masacres, violencia, desplazamiento y despojo, y que es obligación del Estado proteger los derechos de todas las personas, sin discriminación. Añadió que cuando esto falla, la comunidad internacional es indispensable e hizo énfasis en la importancia de las visitas de las Relatorías Especiales, como Relator Especial sobre las cuestiones de las minorías o la de los derechos de los pueblos indígenas, además de la labor de monitoreo del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La tercera sesión temática del Foro giró en torno a los obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos, mientras que en la cuarta y última sesión temática se discutieron las formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, participó en dicha sesión y destacó el lenguaje inclusivo promovido por Naciones Unidas a través de varias resoluciones de sus diferentes órganos, como un factor clave para la prevención de conflictos. También se refirió a la necesidad de una compresión amplia del concepto de género para entender los impactos diferenciados sobre las poblaciones LGTBI.

Madrigal-Borloz enfatizó que la violencia es continua para las poblaciones LGTBI antes, durante y después de los conflictos y que está ligada a estereotipos de género fuertemente arraigados en la sociedad. Tras este análisis, resaltó la poca participación de la comunidad LGTBI en las agendas de justicia transicional y construcción de la agenda de paz. El experto se refirió a varias experiencias de comisiones de la verdad en la región, entre ellas la conformada en Colombia, sobre la cual se espera que contemple un análisis y un reconocimiento de los patrones de violencia específicos contra las comunidades LGTBI en el marco del conflicto armado colombiano.

El foro finalizó con la lectura de una serie de recomendaciones que tomaron como base la información enviada por escrito de manera previa al inicio del foro, los debates, y participación del público. Las recomendaciones se agruparon de manera preliminar en los siguientes bloques temáticos: i) Implementación de la educación en derechos humanos; ii) Lucha contra la desigualdad, la discriminación y la interseccionalidad iii) Reconocer y acomodar la diversidad etnocultural; iv) Garantizar la participación efectiva en la vida pública, política, económica, social y cultural; iv) Educar sobre las minorías, los pueblos indígenas y los afrodescendientes; vi) Tierra/medio ambiente; vii) Salud; viii) Religión; ix) Acceso a la justicia; x) Erradicación de la violencia; xi) Recogida de datos, y xii) Prevención de conflictos.

Las recomendaciones de este Foro regional de las Américas, junto con las que resulten del resto de foros regionales, estarán disponibles y serán documentos de referencia para el 14º Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías. Además, estos insumos servirán para la elaboración de unas directrices sobre la cuestión de la prevención de conflictos y las minorías que se prepararán bajo el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías.

Los derechos de las minorías son derechos humanos y los Estados tienen la obligación de protegerlos y garantizar su proyecto de vida desde una perspectiva individual y también colectiva culturalmente adecuada. La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas debe ser interpretada junto las obligaciones adquiridas por los Estados en materia de derechos humanos, la prohibición de toda discriminación y protección igual y efectiva frente a cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Raza e Igualdad condena la masacre de Jacarezinho

Brasil, 7 de mayo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y repudia el uso excesivo de la fuerza policial que resultó en la masacre de 25 personas en la favela Jacarezinho, en Río de Janeiro, el 6 de mayo de 2021. Casas fueron invadidas, los residentes fueron atacados y helicópteros de la policía aterrorizaron a toda la comunidad.  Río de Janeiro lideró el operativo policial con el mayor número de muertos en la historia. Ante estas graves violaciones de derechos humanos, Raza e Igualdad insta al gobernador Claudio Castro a rendir cuentas junto con la Policía Militar y Civil involucradas en el operativo.

Una ciudad con tantos asesinatos en su historia no protege a sus ciudadanos. En 1993, las masacres de Vigário Geral (21 muertos) y Candelária (8 muertos); en 2017, la de Favela del Alemão (19 muertos), y esta última en la Favela del Jacarezinho que deja 25 muertos. Según reportes, los ciudadanos recibieron disparos en las estaciones de tren y metro. No existe una política de seguridad que pueda explicar el fuego cruzado y los disparos a quemarropa en la población. No existe una política antidrogas que justifique la letalidad contra quienes viven en situación de vulnerabilidad. Según la Red de Observatorios de Seguridad de Brasil, solo en el primer trimestre de 2021, hubo 257 operativos policiales, con un saldo de 69 muertos en Río de Janeiro, incluso después del juicio Favelas ADPF [1], en el que la Corte Suprema impuso restricciones a los operativos policiales como forma de contener la violencia policial durante la pandemia.

Raza e Igualdad hace un llamado a la comunidad internacional para exigir justicia ante esta política de violencia y muerte que ha terminado con la vida de niños y jóvenes de la comunidad. Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos sobre el hecho que, en Brasil, las personas que el Estado considera “sospechosas” tienen un color de piel y una clase específica. El racismo histórico y estructural atraviesa la política de seguridad actual, siendo la población negra la que más sufre por la violencia policial y representa la mayoría de la población carcelaria del país. También recordamos que el gobernador Claudio Castro, además de incumplir una sentencia de la Corte Suprema en el país, provocó la muerte de niños. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio del año pasado, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por la policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios.

Lea: El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Extendemos nuestra solidaridad a toda la comunidad de Jacarezinho y a los familiares de las víctimas de esta barbarie. Un estado que contabiliza 45 mil muertos por COVID-19 y lleva a cabo un brutal operativo policial no valora la vida de sus ciudadanos. ¿Qué vidas realmente importan frente a una política de muerte? Les recordamos que, para combatir el crimen organizado, es necesaria la estrategia, el equipo de inteligencia, el monitoreo y acciones coordinadas. ¡La violencia no se puede combatir con más violencia! Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresa su indignación y declara que la acción policial que se llevó a cabo este jueves 6 de mayo tiene varios nombres: barbarie, masacre, extermínio, todos dirigidos a cuerpos negros, pobres y habitantes de tugurios. ¡Exigimos respuestas del Ministerio Público y de los órganos de justicia sobre este operativo que, una vez más, se dirige al exterminio de la juventud afro en Brasil!

[1] (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) Caso No. 635, conocido como “ADPF Favelas”. Lea em inglês: https://www.conectas.org/en/news/understand-what-led-the-supreme-court-to-suspend-police-operations-in-rio-de-janeiros-favelas

Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Washington D.C., 28 de abril de 2021.– El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba—que se desarrolló del 16 al 19 de abril de 2021—transcurrió sin que se definieran acciones que den respuesta a los grandes problemas de derechos humanos que existen en la Isla. Para la sociedad cubana, y especialmente para la sociedad civil independiente y las organizaciones que dan seguimiento a la situación en el país, este octavo congreso fue “más de lo mismo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de medios de comunicación oficiales para proyectarlo como un hito.

Este evento político se realiza cada cinco años y siempre despierta diversas expectativas sobre la forma en que será conducido el país en el próximo quinquenio, ya que el PCC es el máximo órgano de poder en el país. El primer día del Congreso, el presidente Miguel Díaz-Canel y ahora máxima autoridad del partido, expresó a través de Twitter: “Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro”.

Sin embargo, la trascendencia de este evento a nivel internacional estuvo marcada por el anuncio del traspaso de la Primera Secretaría del PCC de Raúl Castro a Díaz-Canel. En tanto, para la sociedad cubana este Congreso dio la espalda a sus principales demandas, que en su mayoría se relacionan a la carencia de la vida e imposibilidad de acceder a insumos de sobrevivencia básica, la falta de medicinas y la propagación del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las graves restricciones al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de asociación, entre otras.

En palabras del líder afrocubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, “el Congreso del PCC se enfocó más en cómo reforzar la construcción de un frente ideológico, que hace mucho tiempo tiene grietas, que en asomarse a los problemas inmediatos de la sociedad”. “El PCC como vanguardia no identificó cómo ellos van a modernizar la Política Social ni cuáles son los instrumentos de Protección Social que van a utilizar para empujar el enfrentamiento a la pobreza y la desigualdad”, asegura.

Nuevamente vimos cómo Cuba se aleja de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ya lo hizo en 2019, con la modificación del Proyecto de Constitución de la República, que originalmente establecía que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanosratificados por Cuba”; no obstante, ese texto fue excluido y al artículo 8 se le añadió que la Constitución prima sobre tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

La batalla contra el racismo

Para activistas y organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación racial, el hecho que en el VIII Congreso del PCC no se haya abordado esta temática significa que la problemática racial continúa siendo una asignatura pendiente y postergada, siendo entonces el Programa Nacional de Gobierno contra el Racismo una hoja de ruta desconocida por las y los cubanos. “No se definieron líneas de trabajo contra el racismo, la homofobia y la violencia de género porque para el Estado esto forma parte de la ´agenda enemiga´”, sostiene Madrazo.

Las demandas de una respuesta del Gobierno sobre la aplicación del Programa de Gobierno contra el Racismo le han valido a activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) persecución, agresiones y detenciones arbitrarias, situación que desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos venido denunciando y visibilizando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del CIR, y en marzo de 2021 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció y llamó al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes de dicha organización.

“Lo acordado durante el Congreso deja un sabor amargo, desesperanza en un amplio sector poblacional y la opinión general interpreta que la represión, la vigilancia ideológica y la violación permanente de los derechos humanos serán los elementos clave para reforzar el ambiente de control sobre las diversidades”, afirma Madrazo.

Violencia contra las mujeres, desoída una vez más

Si de hablar de futuro se trata, era necesario que en este VIII Congreso del PCC se asumieran compromisos para trabajar, a corto plazo, por un futuro libre de violencia contra las mujeres, entre ellos la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género. Sin embargo, la problemática de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no formó parte de la agenda de este evento.

Hasta el pasado 23 de abril, en la Isla se registraban 16 feminicidios, además que la persecución, privación de libertad y amenazas contra mujeres activistas es una constante. La demanda de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un clamor que se oficializó el 21 de noviembre de 2019, día en que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La escritora María Matienzo coincide en que la finalidad de este Congreso fue estrictamente ideológica, por lo que no le extraña que no se tuvieran en cuenta la situación de las mujeres, ni ninguna otra agenda que represente a grupos minoritarios. Aunque el pasado 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer—el Gobierno publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), Matienzo señala que este “es solo la respuesta ideológica desde el partido a lo que venimos reclamando desde hace dos años”.

Matrimonio igualitario en la Constitución, pero fuera de agenda

Otro tema que era pertinente abordar en este VIII Congreso del PCC, es la aprobación del matrimonio igualitario, ya que es una demanda de la sociedad civil y está en correspondencia con las obligaciones que el Estado de Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que, con la Constitución aprobada en 2019, se abrieron las puertas para el matrimonio igualitario, al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas, dando así la posibilidad al matrimonio no heteronormativo. En esa ocasión se habló de hacer realidad el matrimonio igualitario incluyéndolo en un nuevo Código de Familia que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021. Estamos casi a mitad de año y hasta el momento no se sabe cómo y cuándo el Gobierno cumplirá con esta promesa.

COVID-19

En medio de la promesa de iniciar pronto una vacunación masiva con los dos candidatos vacunales desarrollados en la Isla (Soberna 2 y Abdala), la situación de COVID-19 en Cuba no deja de ser preocupante. Al 26 de abril, las autoridades de salud contabilizaban 23,056 pacientes ingresados, de los cuales 3,302 eran sospechosos, 14,288 se encontraban en vigilancia y 5,466 eran casos confirmados.

Pero esta emergencia sanitaria tampoco fue punto de agenda del VIII Congreso del PCC, ni siquiera en lo referido al desarrollo y prueba de las vacunas Soberana 2 y Abdala, hecho que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elogiado.

Represión no se detuvo

Mientras en el VIII Congreso del PCC se movían piezas para proyectar aires de renovación en la dirigencia del partido, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo una serie de acciones de represión en contra de activistas, artistas y periodistas independientes. Entre el 19 y el 25 de abril, la organización Cubalex registró 25 reclusiones domiciliares a activistas y periodistas, y más de 15 detenciones, principalmente contra miembros del Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba. Acceda al informe completo aquí.

“El Congreso del PCC ha sido una maquinaria de terror, todos nos estamos preguntando cuál es el próximo paso represivo, si vamos a pasar de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas por horas a condenas carcelarias desmedidas, injustas y arbitrarias. A partir del anuncio del VIII Congreso se ha generado mucha violencia y discurso de odio”, refiere la escritora María Matienzo.

Como máximo órgano de poder en el país, es preocupante y lamentable que el VIII Congreso del PCC no haya retomado y dado respuesta a las grandes demandas de la población cubana. Ante la difícil situación socioeconómica y la falta de garantías para el ejercicio de derechos humanos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno para priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población y cese las acciones de represión contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

También expresamos nuestra preocupación por el hecho que en este Congreso se haya decidido nombrar al conductor y director del programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, Humberto López, como miembro del Comité Central del PCC, pues a través de su programa, difunde un discurso de odio en contra de personas y colectivos que critican al Gobierno y exigen el respeto de derechos humanos.

Como organización que trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, creemos que el respeto y promoción de los mismos es la base para el desarrollo de las sociedades y, por tanto, para una vida digna y próspera para todos y todas. Seguiremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba en su lucha a favor de los derechos humanos y para que las obligaciones asumidas en la materia por el Estado cubano formen parte de la agenda política y social del país.

Colombia: Raza e Igualdad y organizaciones aliadas presentan a la Comisión de la Verdad primer informe sobre impacto del conflicto armado en la población Afro-LGBT

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Arcoíris de Tumaco, con el apoyo del gobierno de Canadá, hicieron entrega formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) del informe “Nos decían: Tras de Negras, Maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano“. El evento se realizó de manera virtual  el pasado 30 de marzo y se transmitió en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Comisión.

El informe fue motivado por la necesidad de aportar al reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, de las instituciones estatales y la sociedad en general de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

En el evento participaron Carlos Quesada, Director Ejecutivo; Zuleika Rivera, Oficial de Programa LGBTI, y Laura Poveda, consultora para temas LGBTI en Colombia. Por parte de organizaciones aliadas, participaron Cindy Paola Hawkins, abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo; Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco; Sandra Milena Arizabaleta, representante legal de la Fundación Somos Identidad, y Andrés Quiñonez, abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco.

Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad; Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos, y Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género recibieron el informe por parte de la CEV.

Carlos Quesada comenzó el evento agradeciendo a los integrantes la entrega de este informe, en especial a las víctimas Afro-LGBT por su valentía al salir a la luz y contarnos sus historias. Resaltó el trabajo que se ha hecho desde Raza e Igualdad para servir de puente entre sus experiencias de vida y las instancias de justicia transicional creadas por el Acuerdo de Paz.

EL INFORME

El informe es el resultado de la labor de las tres organizaciones aliadas y está enfocado en las regiones de trabajo de cada organización: Sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para el informe, las organizaciones se centraron en un periodo entre 1998 y 2014, lo cual permitió la construcción de una matriz de casos. Las organizaciones realizaron un monitoreo de noticias en medios de comunicación sobre el contexto del conflicto armado y la situación de derechos humanos de personas Afro-LGBT.

Cindy Paola Hawkins, de Caribe Afirmativo, hizo énfasis en la importancia del proceso de resistencia Afro en el sur del departamento de Bolívar, e indicó la conexión entre el desplazamiento que hicieron las comunidades Afro desde Cartagena al sur del departamento y el abandono Estatal, la pobreza y la mala gestión de recursos a la que se enfrentan, situación que posibilitó su victimización a mano de los grupos armados.

“Este contexto territorial sitúa a las personas afrodescendientes en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, las cuales se exacerbaron y profundizaron en el marco del conflicto armado, contexto que además se encontraba lleno de hostilidad a las personas LGBT. El ser Afro y lesbiana, gay, bisexual o trans, puso a las víctimas en mayor situación de riesgo, vulnerabilidad, marginalidad y exclusión ante una carga de prejuicios e imaginarios racistas, sexistas, machistas y cisgeneristas heteronormativos”, señaló Hawkings haciendo referencia a cómo los grupos paramilitares y el ELN utilizaron estrategias de intimidación y violencia como amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado y feminicidios, para perseguir y atacar a personas Afro-LGBT.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTERSECCIONAL

“No se puede concebir una identidad dividida o fragmentada, se habita el territorio siendo Afro-LGBT en su conjunto”, señaló Laura Poveda, consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, haciendo alusión a la importancia del autorreconocimiento para entender la vida de las personas. Poveda destacó que el análisis de la intersección de discriminaciones múltiples y simultáneas permite el reconocimiento de la diversidad en los territorios, además, dijo que debe entenderse que las víctimas han forjado su identidad de maneras diferentes.

En su intervención, Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Sandra Milena Arizabaleta, de la Fundación Somos Identidad, hizo un análisis de las particularidades de la violencia en su territorio (Cauca y Valle del Cauca), resaltando la importancia de reconocer que todos los actores armados han violentado a la comunidad negra y que esta violencia, acompañada de un constante abandono Estatal, ha llevo a estas comunidades al desplazamiento y desalojo de sus territorios.

El abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco, Andrés Quiñonez, se refirió a cuál debe ser el enfoque del ejercicio de búsqueda de verdad y no-repetición de las vulneraciones a los derechos de las personas víctimas Afro-LGBT. “El ejercicio debe dirigirse a que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan el prejuicio y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género diversa, como el principal patrón en el que se asientan las vulneraciones de derechos de las víctimas LGBT- Afro”, dijo.

Al cierre del evento, la Comisión de la Verdad compartió sus impresiones. Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, destacó el aporte del informe al análisis de las violencias por prejuicio, así como la importancia de incluir un enfoque interseccional. Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos de la Comisión, señaló: “Este trabajo es fundamental para la Comisión, porque nos permite llenar de contenido el enfoque interseccional”. Mientras que Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género cerró diciendo que “invisibilizar las otras expresiones corporales, de género y de sexualidad es en sí mismo una acción colonial”, e he hizo un llamado a entender que las afectaciones del conflicto son sistemáticas y sistémicas y buscan aniquilar la diferencia.

Raza e Igualdad expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe, así como a la Comisión de la Verdad por permitir presentar el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT, y espera que este informe contribuya al esclarecimiento de la verdad, y la búsqueda de justicia y no repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos las siguientes recomendaciones:

  1. Que en el informe final de la Comisión de la Verdad, se reconozca explícitamente a las personas Afro-LGBT como víctimas del conflicto armado.
  2. Que dicho reconocimiento indague cómo los prejuicios y la invisibilización de las personas Afro-LGBT exacerbaron las consecuencias del conflicto armado, destacando los impactos y afectaciones diferenciales.
  3. Que la Comisión integre recomendaciones específicas en su informe final para la superación de la invisibilidad de la población Afro-LGBT y para su debida atención.
  4. Que la Comisión integre un enfoque interseccional en los mecanismos de socialización del informe y en los mecanismos que se establezcan para dar seguimiento a sus recomendaciones.

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Washington D.C., 21 de abril de 2021.– Luego del estallido social en abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha restringido el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Además, hace poco aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual impacta de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, y  provocó el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ella. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a visitar el país para conocer de cerca la situación referida a la libertad de asociación,  reunión y manifestación pacífica, además conjuntamente con otras Relatorías de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la aprobación de leyes que son contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. 

En esta entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco del tercer aniversario de la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, Voule se refiere a porqué es importante su visita al país una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y asegura que continuará apelando al Gobierno para suspender la aplicación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Usted  ha expresado reiteradamente su voluntad de visitar Nicaragua.  ¿De qué manera piensa que una visita suya contribuiría a mejorar el rendimiento del Estado en cuanto a la libertad de asociación y la libertad de reunión?

Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual.  Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo.  El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan.

Durante una visita oficial a un país, el Relator Especial se reúne con partes interesadas a nivel nacional que están involucradas en la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso oficiales gubernamentales de alto rango, miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mecanismos de supervisión policiaca, representantes de la comisión nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), junto con otras partes relevantes.  El propósito, es examinar los asuntos relacionados con estos dos derechos.

Aporto recomendaciones concretas, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El Gobierno nicaragüense ha suprimido el derecho a la reunión o manifestación pacífica.  Dichas prohibiciones, dan forma al contexto de las próximas elecciones a realizarse en noviembre, y limitan la posibilidad de libremente ejercer derechos durante dichas elecciones.  ¿Cuáles llamados haría Ud. al Gobierno sobre esta situación?

Según la información que he recibido, desde septiembre de 2018 el Gobierno nicaragüense ha continuado a prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone el Gobierno.

Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo.  Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua.

Desde el 13 de noviembre de 2020, los Procedimientos Especiales, incluso su Relatoría, se han pronunciado sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Los Procedimientos Especiales, han señalado que ambas medidas plantean preguntas serias sobre su compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos internacionales.  ¿El Estado ha respondido a dichas comunicaciones con la voluntad de revisar las leyes, o de colaborar con su asistencia técnica?  ¿Cómo continuarán los Procedimientos Especiales a insistir en que dichas leyes se adapten para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos?

Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno a la comunicación OL NIC 3/2020 que se envió en noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Junto con otros(as) poseedores(as) de mandatos, detallé unas cuantas preocupaciones sobre dichas leyes, que se consideran estar en violación de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 

Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos.  Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas.

La Ley, además incluye sanciones desmedidas por incumplimiento, ya que dispone que organizaciones deben ser disueltas o sus fondos confiscados, cuando no cumplen con requisitos administrativos menores.

Exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que inmediatamente suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas.

Continuaré mi conversación con el Gobierno sobre dichas leyes, y continuaré mi seguimiento de cerca de la situación, con la colaboración de organizaciones locales en terreno, y además con la presencia del ACNUDH en Panamá, el cual monitorea desde lejos la situación en Nicaragua.

¿Es común, que su Relatoría se enfrente a tantos obstáculos para realizar una visita oficial a un país, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua?

Como mencioné anteriormente, mi intención es visitar a Nicaragua apenas se hayan levantado las restricciones, y se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno.  Permitiendo y facilitando una tal visita, además demostrará la voluntad del Gobierno de proteger dichos derechos y el espacio cívico en el país.

¿Qué mensaje desea dar a la sociedad civil nicaragüense, en el contexto de la intensificación de las represalias contra su trabajo?

Me gustaría expresar mi admiración, por el coraje y la perseverancia de los(as) defensores(as) de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, los(as) cuales enfrentan un sinnúmero de obstáculos en llevar a cabo sus labores.

Desde abril de 2018, mi mandato ha seguido de cerca la situación en Nicaragua.  Es fundamental, mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas contra los(as) defensores(as) de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.  Esto es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021.

La sociedad civil en Nicaragua, puede contar con mi apoyo, y continuaré mi involucramiento con ella, para abordar la crisis actual.  Además continuaré mis conversaciones con el Gobierno, para asegurar que las inquietudes planteadas por mi mandato sean abordadas, y la situación actual sea revertida.

Convocatoria de fotografía: “Retratando la Diversidad”

Washington D.C., 16 de abril de 2021.– La convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” es una iniciativa regional del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo) y del Día Internacional del Orgullo LGBTI (28 de junio), con el objetivo de visibilizar las identidades diversas en América Latina y el Caribe, y hacer un llamado al respeto y garantía de derechos para la población LGBTI.

“Cada año conmemoramos estas fechas con el fin de visibilizar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y la situación que enfrentan en sus respectivos países. Este año, entre las acciones de conmemoración que nos hemos propuesto, incluimos esta convocatoria para retratar a la población LGBTI de una forma auténtica y artística, y qué mejor manera que a través de la fotografía y con la colaboración de personas que apoyan o se identifican con la causa”, explicó Zuleika Rivera, oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

Contexto

América Latina y el Caribe es una región adversa para personas LGBTI. El continente registra cifras récord sobre violencia y asesinatos contra esta comunidad. Solo en Brasil, durante el 2020 fueron asesinadas 175 personas trans, es decir, una cada dos días, según el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Ante la falta de leyes que protejan y promuevan sus derechos, la población LGBTI –incluyendo las parejas y familias diversas—sufre diariamente maltratos físicos y verbales, discriminación y exclusión, además que se enfrenta con serias dificultades para acceder a derechos y servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la justicia.

Convocatoria

Con la convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” esperamos contar con la colaboración de personas aficionadas o profesionales de la fotografía de todos los países de América Latina y el Caribe, que a través de su trabajo ayuden a visibilizar la diversidad y realidad de la comunidad LGBTI. A continuación, presentamos las bases de esta convocatoria.

Periodo de la convocatoria: Del 16 de abril al 21 de mayo

Información que debe acompañar a la fotografía enviada:

  • Nombre o seudónimo del autor/a
  • País
  • Nombre de la fotografía (idealmente dos palabras)
  • Breve descripción de la fotografía (Dónde fue tomada, quiénes son sus protagonistas y qué refleja)

Formato: JPEG. Resolución mínima de 1500 x 2000 pixeles. Full color y/o BN. Solo una fotografía por participante.

Estilo: Libre (Fotografía artística, periodística o autorretrato)

Envío: Al correo (igualdad.comunicaciones2021@gmail.com) bajo el asunto “Convocatoria de fotografía Retratando la Diversidad”

Las fotografías se divulgarán a través de las cuentas de Raza e Igualdad en Twitter, Facebook, Instagram, así como en su sitio web, junto con los créditos de su autor o autora y la información recibida sobre cada fotografía. Esta divulgación iniciará el 17 de mayo y finalizará el 28 de junio.

Esta convocatoria es completamente abierta, por lo que invitamos a compartirla y participar para visibilizar la diversidad en nuestra región y juntes contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

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