La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

Washington D.C., 12 de abril de 2021.– El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Cuba publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta política, según su contenido, “constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en tanto institucionaliza este derecho”.

La aprobación de este decreto se da en un contexto en que activistas y organizaciones civiles reclaman la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género y en el que, además, se registran preocupantes cifras de violencia contra mujeres y niñas en la Isla. En lo que va del 2021, se han registrado al menos 10 feminicidios, mientras que el 2020 cerró con la dramática cifra de 32 mujeres asesinadas, incluidas dos menores de edad, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil.

Un clamor en el aire

La solicitud formal de esta ley se realizó el 21 de noviembre de 2019, ocasión en la que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, en la cual expusieron, entre otras, las siguientes razones:

  • La nueva Constitución de la República de Cuba establece, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
  • La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), realizada en todo el país en 2016, reveló que la violencia de género en las relaciones de pareja es un problema a nivel nacional y que la mayoría de las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional.
  • Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país, de tal modo que se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.

Las mujeres solicitaron que se incluyera en el cronograma legislativo la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, un mes después, el 10 de enero de 2020, cuatro de las mujeres firmantes de la solicitud fueron informadas por representantes del Poder Legislativo que sus demandas no forman parte del cronograma legislativo hasta 2028.

Reclamo latente

A pesar de que el Gobierno puso una lápida sobre la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género en Cuba, el clamor sigue presente. En el último año, diversas organizaciones de mujeres lo han mantenido vivo haciendo uso de medios alternativos, principalmente a través de redes sociales como Twitter y Facebook.

La apertura al servicio de Internet para datos móviles en la Isla ha permitido que los reclamos y denuncias por derechos que no se garantizan y se violan en el país, trascienda en el día a día a agendas sectoriales o regionales de mayor audiencia. En ese contexto ha tenido mayor visibilidad la denuncia de la violencia machista como la otra pandemia que azota a la Isla, así como la solicitud de una ley que proteja la integridad y la vida de las mujeres.

El hecho que Cuba sea uno de los dos países de la región donde no está tipificado el delito de feminicidio –el otro es Haití—, es uno de los principales señalamientos que se hace desde la sociedad civil independiente. Precisamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día en que el Gobierno publicó el decreto de aprobación del PAM, activistas y organizaciones de mujeres lanzaron la declaración “La violencia de género: la pandemia silenciosa”, en la que ponen de manifiesto los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente.

“Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación.  Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad”, indican en la declaración.

Necesidad de una ley integral

La violencia basada en género tiene su raíz en las desigualdades de género, las cuales afectan a mujeres y a personas con identidades feminizadas. Estas desigualdades residen en las estructuras culturales, sociales e históricas y tienden a relegar a todos los cuerpos e identidades no relacionadas con la supremacía masculina y heterosexual. Estas violencias pueden ser directas, simbólicas y estructurales, por lo cual, no solo se limitan a los ataques físicos, sino también verbales, psicológicos y de limitación de oportunidades. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio, es que la motivación de los feminicidios se debe a razones de género, debido al machismo y misoginia del agresor.

Es necesario que el Gobierno cubano trascienda en sus esfuerzos y apruebe con la mayor prontitud posible una ley integral contra la violencia de género. Cabe recordar que Cuba firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con lo cual se comprometió en el avance legislativo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que, ante la ausencia de esta ley, no estaría cumpliendo a cabalidad.

La ley integral contra la violencia basada en género debería ser un aspecto de suma relevancia en el calendario legislativo cubano. Aparte de agregar el feminicidio como delito al Código Penal Vigente, esta ley debe promover esfuerzos para la equidad y garantizar que las mujeres tengan pleno goce de sus derechos en todos los ámbitos.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género para Cuba es una necesidad que diferentes instancias internacionales le han recomendado a la Isla. Durante la última sesión en que Cuba se presentó ante el Comité CEDAW, este se mostró preocupado por la violencia contra las mujeres y recomendó la creación de una ley general contra la violencia de género, la cual tipifique estos delitos de forma diferencial. Lo anterior, entendiendo que las violencias contra las mujeres significan una forma de discriminación.

Asimismo, la CIDH, en su último informe de país, recomendó al Estado cubano la adopción de un marco legal para abordar las violencias contra las mujeres, al tiempo de la necesidad de adoptar una definición jurídica sobre las discriminaciones contra las mujeres, además de la firma y ratificación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para“.

Desde Raza e Igualdad esperamos que la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres signifique un primer paso para la creación de una ley integral y que, en ese transcurso, este programa permita acceder a estadísticas creíbles y segregadas desde la perspectiva interseccional, para avanzar en la definición de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de todas las mujeres, diversas en su conjunto. En momentos de crisis, como la actual pandemia de feminicidios y violencia, una ley de este tipo podría salvar la vida de muchas mujeres.

Es necesario que el Estado cubano reconozca jurídicamente las violencias que pesan sobre los cuerpos femeninos y feminizados. La tipificación de estas violencias y discriminaciones, acompañados de sanciones a los perpetuadores de estos crímenes puede tener un impacto positivo en la vida de las mujeres cubanas. Gracias al trabajo de las activistas de Cuba, estas violencias han logrado ser visibilizadas a nivel nacional e internacional, es por esto que nos unimos a sus voces para solicitar una Ley Integral contra las Violencias Basadas en Género.

CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

Washington D.C., 8 de abril de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar trámite a la petición presentada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que dicho organismo declare la responsabilidad del Estado de Cuba por la violación de derechos humanos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras ser detenidos, torturados y enjuiciados arbitrariamente entre octubre de 2019 y abril de 2020.

En la petición se identifican como víctimas a los integrantes de UNPACU: José Daniel Ferrer García (fundador y líder de la organización), Fernando González Vaillant, Roilan Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco*, y se denuncia que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 1 de octubre de 2019 sin orden de arresto, al margen de las garantías judiciales contenidas en la legislación cubana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad solicita expresamente a la CIDH que, previo el trámite reglamentario, declare la responsabilidad del Estado de Cuba con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la violación de los derechos a la libertad, seguridad, integridad personal, libertad de expresión, protección a la honra y reputación personal, protección familiar, salud, protección contra la detención arbitraria y proceso regular en contra de los integrantes de la UNPACU antes mencionados. También solicita que, a partir del análisis de este caso, establezca un estándar de caracterización de “personas presas políticas”.

La CIDH notificó que la petición ya fue enviada al Estado cubano para que presente sus observaciones, para lo cual le dio un plazo de tres meses que cuentan a partir del 15 de marzo de 2021.

Con el inicio a trámite de este caso, la CIDH recibirá información del Estado y de Raza e Igualdad para determinar, en un informe que hará público, si la petición es admisible o no, con base en un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y el Estatuto de la propia Comisión. Una vez declarada la admisibilidad, la CIDH examinará los hechos, argumentos y pruebas que se hayan presentado, con lo cual estará en posibilidad, en su caso, de declarar al Estado de Cuba responsable de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los miembros de la UNPACU y formulará al Estado recomendaciones dirigidas a brindarles justicia y reparación.

Los hechos

Tras ser detenidos el 1 de octubre de 2019, los integrantes de UNPACU estuvieron sometidos a prisión preventiva y condiciones de prisión inadecuadas durante seis meses y dos días, hasta el 03 de abril de 2020, fecha en la que fueron liberados para cumplir condenas en régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria. Mientras estuvieron en prisión, fueron sometidos a malos tratos, amenazas, incomunicación y condiciones que afectaron su integridad personal.

Continuum de violaciones

Las violaciones de derechos humanos que han enfrentado los integrantes de la UNPACU van más allá de los hechos alegados en la petición, pues han sido reprimidos por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones debido a su labor de defensa y promoción de la democracia y derechos humanos en la Isla.

El fundador y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, inició el pasado 20 de marzo una huelga de hambre a la cual se han sumado varias decenas de personas que también forman parte de UNPACU, como una forma de protestar por la represión del Gobierno que, desde hace tres semanas, mantiene cercada la sede de la organización y ha realizado varias detenciones arbitrarias de integrantes y sus familiares.

Este miércoles 7 de abril, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresa su “mayor alerta” ante la delicada situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y responsabiliza al Gobierno por llevar a dicho extremo la represión en contra de UNPACU y sus integrantes.

Además, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba, se ha pronunciado sobre esta situación, solidarizándose con los miembros de la organización y exhortando al Estado cubano a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos a fin de evitar “el riesgo a la vida e integridad de las personas que sufren ya un deterioro físico visible”.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Gobierno cubano a cesar las acciones de represión en contra de UNPACU y sus integrantes, y a escuchar las demandas de la sociedad civil independiente referidas a garantías de democracia y respeto de derechos humanos en la Isla.

 

*En la petición enviada a la CIDH por Raza e Igualdad en octubre de 2020, se incluyó entre las víctimas al entonces integrante de UNPACU José Pupo Chaveco; sin embargo, posteriormente se notificó formalmente a la Comisión la imposibilidad de continuar la representación del mismo, a partir de la información recibida de que ya no forma parte de la organización y se ha perdido contacto con él.

 

Cuba: La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes

En respuesta a los actos agresivos cometidos por las autoridades policiales en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y los arrestos a integrantes del Movimiento San Isidro; el exilio forzado impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; los arrestos domiciliarios permanentes; y las campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes, las 7 organizaciones abajo firmantes emiten la siguiente declaración:

“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el actual status quo del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner foco con urgencia en la Isla. Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, brindar asistencia a las y los defensores de derechos humanos que sufren abusos, y exigir respuestas fehacientes al Gobierno de Cuba. Existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial.

El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra miembros de la UNPACU, quienes en respuesta han estado en huelga de hambre durante más de 20 días. Deben cesar las golpizas contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes. Es inaceptable que el Gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que continúe intimidando a sus emigrados con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia.”

Antecedentes

El 20 de marzo, después de años de buscar una respuesta internacional a las graves violaciones de derechos humanos, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer[1], y casi 50 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre como última súplica a la Seguridad del Estado para poner fin al asedio contra la organización. A pesar del delicado estado físico y mental de los 31 activistas que llevaban 15 días de huelga, turbas organizadas por las autoridades cubanas apedrearon a Ferrer y su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el 3 de abril. Las autoridades también cortaron el acceso a internet y a las telecomunicaciones e incluso han detenido a los hijos de quienes permanecen en huelga. A medida que el país enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez mayor, la UNPACU se ha convertido en un elemento básico en la comunidad, proporcionando alimentos y medicamentos difíciles de encontrar.

Durante el primer trimestre de 2021, la ola de represión también afectó a miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas que iniciaron su propia huelga de hambre en noviembre de 2020 y que se han manifestado abiertamente contra las restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses, la Seguridad del Estado ha utilizado tácticas que esencialmente han transformado las casas de los activistas en cárceles improvisadas, impidiéndoles abandonar las viviendas. Las detenciones arbitrarias a corto plazo, que implican violencia física y abuso mental, se han utilizado de manera desproporcionada como táctica para silenciar la disidencia. Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, frecuentemente han regresado a casa con hematomas, heridas en la piel y ropa rota.

Hemos visto arrestos que no duran más de unas pocas horas, los cuales son ejecutados por agentes encubiertos que no informan a sus víctimas ni documentan sus acciones en registros oficiales. El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción “61 años de comunismo” como símbolo de protesta.

En otra instancia en la que el Gobierno cubano dio marcha atrás en sus compromisos de derechos humanos, a la periodista Karla Pérez González se le prohibió el ingreso al país el 18 de marzo. Al graduarse de la Universidad de Costa Rica, Pérez González había solicitado y recibido legalmente la documentación necesaria para regresar a Cuba. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Panamá para realizar su vuelvo de conexión en el  los funcionarios estatales informaron a los representantes de las aerolíneas que ella tenía prohibido ingresar a Cuba. Pérez González se vio obligada a retornar a Costa Rica, donde finalmente recibió refugio político. El gobierno cubano continúa intimidando a sus emigrados con la amenaza de prohibir el regreso a casa si ellos se pronuncian en contra de las políticas gubernamentales en el extranjero.

Además de los hechos antes mencionados, el Gobierno cubano ha renovado su estrategia de difamación mediática, la cual es desplegada por los medios estatales contra artistas, periodistas y activistas independientes. Este mecanismo busca frenar las posiciones críticas e intimidar a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que condena el apoyo internacional a las voces de la sociedad civil nacional, que son etiquetadas como “mercenarias” o “enemigas de la patria“.

A nivel internacional, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a Cuba desde 1989. Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990, y es el único país con un espacio cívico cerrado en las Américas según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que registra violaciones de derechos cívicos a nivel mundial. Por último, en el recién publicado informe de 2021 “Libertad en el Mundo” de Freedom House, Cuba recibió la calificación de No libre, obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.

Lista de firmantes:

CADAL

CIVICUS

Civil Rights Defenders

Freedom House

People in Need

Race and Equality

Robert F. Kennedy Human Rights

[1] Ferrer es uno de los líderes opositores más destacados de la isla. Sufrió un arduo período en las cárceles cubanas en 2019. Amnistía Internacional también reconoció con anterioridad a Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, cuando fue víctima de una ola de represión gubernamental contra los disidentes conocida como la “Primavera Negra”; 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión en virtud de la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: “¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la “ideología de género” impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Después de un año de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Brasil atraviesa el peor momento de su historia democrática, con una crisis que se extiende por todas las esferas de poder. Por un lado, las áreas de salud y economía se encuentran en un estado de calamidad pública, hundidas en la incertidumbre, el desamparo del gobierno y afectando de manera más severa a la comunidad negra, mujeres, personas LGBTI+, indígenas y quilombolas. Por otro lado, hay una crisis política orquestada por el actual gobierno, que a través de la difusión de información falsa, encontró en la pandemia de COVID19 una oportunidad estratégica, a través de canales institucionales, para un proyecto de expansión de poder. En una escalada autoritaria de mandatos y ordenes ejecutivas por parte del Ejecutivo, muchos ministros están sucumbiendo junto a las más de 322.000 vidas perdidas, provocando una ola de pobreza y violencia sin precedentes.

El mundo necesita mirar lo que está sucediendo en Brasil. América Latina necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil. Esta carta editorial es un llamado del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que la comunidad internacional vea a Brasil y entienda que, mientras los líderes mundiales intentan acabar con la pandemia para reconstruir sus países, en Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro hizo de su población un experimento de un proyecto de diseminación del virus en vista de sus propios intereses, camuflados en el discurso salvacionista de la “recuperación económica”. Lo que Bolsonaro no contó en su política de muerte es que la polarización política, estimulada por su base gobernante, podría socavar su plan de poder. Donde hay crisis extremas hay mayores violaciones a los derechos humanos. Enumeramos a continuación algunos hechos propiciados por el gobierno y las tragedias que han venido afectando al país.

Crisis sanitaria y pandemia – Durante el mes de marzo de 2021, el país, por cinco días consecutivos, registró una tasa promedio récord de muertes por COVID-19, alcanzando 3.950 muertes en 24 horas el último día del mes. Aunque Brasil tiene un servicio de salud pública gratuita que es una referencia mundial, el sistema hospitalario colapsó debido a los vetos presidenciales sobre las medidas de protección que derivaron en la falta de kits básicos hospitalarios y respiratorios. Además, la negligencia de la lucha contra la pandemia por parte del gobierno fue seguida por medidas fallidas de aislamiento social, estímulos a la aglomeración, propagación del virus en territorios indígenas y comunidades quilombolas e incentivó el uso de medicamentos que no han demostrado ser efectivos. Debido a la ausencia de una planificación de vacunación eficaz, el país se encuentra fuera del pacto internacional contra el COVID-19 promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estando cada vez más aislado del resto del mundo. Vale la pena recordar que la crisis sanitaria es la punta del iceberg de la inestabilidad política generalizada.

Crisis política y ministerial – Solo durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro ha tenido cuatro ministros de salud: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello y, el actual, Marcelo Queiroga. Incluso los más alineados con las propuestas del gobierno no lograron avanzar en su lucha contra la pandemia en el país y, en medio de constantes conflictos con la ausencia de políticas públicas y ordenamiento en un plan de vacunación, todos fueron criticados por someterse al Presidente y por la falta de autonomía en sus funciones. La actual crisis política ha llevado a Bolsonaro a negociar posiciones importantes con partidos considerados de centro, para que se priorice su plan político, dejando de lado las políticas sociales necesarias para la recuperación de una crisis social que afecta de modo negativo exponencialmente a las poblaciones más vulnerables como Afrodescendientes, indígenas y quilombolas.

Crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores – La última semana, el Ministro de Relaciones Exteriores renunció a su cargo, luego de una intensa presión política del Congreso Nacional y del ministerio que dirigía. La administración de Ernesto Araújo se considera un período trágico de la diplomacia brasileña. En la ONU, fue responsable del veto de Brasil al término “género” en resoluciones y posiciones sobre educación sexual, posición entendida como un enfrentamiento contra las mujeres y la comunidad trans. Además, durante la pandemia, Araújo afirmó que el coronavirus es un “virus ideológico”  construido por una “pesadilla comunista” para promover la “transferencia de poderes” de los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su postura conflictiva con otros países fue señalada de retrasar la compra de vacunas por parte de Brasil, por no haber establecido una postura diplomática con países que podrían ser socios importantes en este momento de profundización de la pandemia en Brasil y de escasez de vacunas.

Crisis militar y alusión al período dictatorial – En los últimos días, la población brasileña vivió un profundo sentimiento de incertidumbre política, ante una crisis militar manifestada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia del país, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia simultánea por desacuerdo con el Presidente de la República. Según algunos expertos, Bolsonaro venía presionando a las Fuerzas Armadas para que se involucraran en la defensa política del gobierno y en apoyo de medidas contra el aislamiento social, en un intento flagrante de transformar las Fuerzas Armadas y sus instituciones, para defender sus intereses, generando un temor colectivo sobre el futuro político del país. Este episodio ocurrió en la misma semana en la que se celebró el 57 aniversario de la dictadura militar en Brasil. A pesar del sangriento período antidemocrático, en el que al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas y en la que la censura y la pérdida de los derechos civiles prevaleció junto a graves violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa destacó que el período del régimen militar forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y debe ser celebrado. Esta posición, así como los intentos de Bolsonaro de alinear a las Fuerzas Armadas en su defensa, deben ser rechazadas, ya que perjudican el proceso de redemocratización en Brasil.

Violencia política – El proceso electoral de 2020 fue registrado como uno de los más violentos de los últimos años. No en vano, articulamos, junto con otras organizaciones brasileñas y concejalas municipales negras (cis y trans), una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el agravamiento de la violencia política contra estos grupos y exigir protección para sus vidas. Víctimas de amenazas físicas y/o ataques virtuales, estas concejalas municipales se enfrentan a discursos de odio racistas y transfóbicos a diario, sin contar con la protección del gobierno. No por casualidad, el 2020 también estuvo marcado por un gran aumento en el número de asesinatos de personas trans, con 175 asesinatos: un 41,12% más que en el 2019. La omisión del Estado brasileño ante el fenómeno de la violencia política y electoral dirigida a estos grupos, expone la fragilidad de la democracia brasileña, que, por la impunidad de los crímenes que permean la violencia de género y racial, priva a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, amenazando la democracia brasileña y camuflando el debate interseccional en las instituciones de poder.

Crisis económica: empobrecimiento de la población y desempleo – Brasil salió del mapa del hambre de ONU en 2014; sin embargo, con el crecimiento exponencial de la crisis en el país, la estimación para finales del año 2020 fue que 14,7 millones de personas, es decir, el 7% de la población, entraría en la pobreza extrema debido a la pandemia. La población brasileña vive un momento de empobrecimiento extremo debido a la crisis política y económica que, por la falta de interés en la articulación política, deja a la población sin la asistencia necesaria y no ofrece las medidas pertinentes para cumplir con los protocolos de aislamiento social con los actuales subsidios financieros. La ayuda de emergencia, que era de R $ 600 al inicio de la pandemia, no ha sido retirada debido a la lucha de la sociedad civil, pero después de una disminución significativa, en este 2021 está variando entre R $ 150 y R $ 375, valor que no es suficiente frente al alza de los precios de los alimentos y del salario mínimo, o el encarecimiento de los cilindros de gas con los que muchas familias brasileñas cocinan. Incluso la especulación financiera impulsada por el gobierno de Bolsonaro, que va desde el desmantelamiento de las empresas estatales hasta la privatización y el abandono de grandes compañías multinacionales en el país, enfrenta una eterna montaña rusa con los cambios del Presidente en cargos importantes del país. La alta tasa de desempleo saltó del 45% al ​​53% durante la pandemia, provocando un crecimiento latente de empleos informales, sin garantías de derechos y protección para los trabajadores, que en su mayoría son negros. Analizar la crisis económica en Brasil es enfrentar los históricos problemas raciales del país.

Violencia policial – A pesar de la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de suspender la realización de operativos policiales en favelas de Río de Janeiro, durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de COVID19, según la sentencia de la denuncia de Incumplimiento con el Precepto Fundamental (ADPF) 635, salvo casos absolutamente excepcionales, esta no es la realidad en las favelas de Río, ya que la violencia policial en estos territorios persiste. En los dos primeros meses de 2021,se registraron nueve asesinatos en operativos policiales en el estado. Por eso, la Defensoría Pública de Río de Janeiro, junto a organizaciones de derechos humanos, solicitaron al TSF que decidiera sobre la continuidad de estos operativos policiales. También es de destacar que tal inestabilidad afecta el curso de la vacunación, que ya ha tenido que ser detenida en las favelas debido a los tiroteos. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio de 2020, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por agentes de policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios. El informe “El color de la violencia: la bala no da en el blanco“, realizado por la Red de Observatorios de Seguridad, apunta a datos sobre violencia racista en 2019. En Bahía, un estado con una población mayoritariamente negra, el 97% de los asesinados por la policía eran negros; en Río de Janeiro, que tiene el 51% de la población negra, el 86% de los asesinados por la policía eran negros, la cifra más alta en tres décadas.

Crisis ambiental – Incluso en su discurso en la sesión inaugural de la 75a Asamblea General de la ONU, el Presidente Bolsonaro difundió noticias falsas sobre la posición del gobierno en cuanto a suavizar las políticas ambientales durante la pandemia. En consecuencia, las poblaciones indígenas y quilombolas son las que más sufren de la deforestación y el acaparamiento de tierras, así como la propagación del virus en sus comunidades. Además de no cumplir con ningún pacto ambiental firmado, el país tendrá que reformar sus metas climáticas para cumplir con el Acuerdo de Paris. Si existe alguna política ambiental en el gobierno de Bolsonaro, está comprometida con partidos políticos que pretenden explotar reservas naturales protegidas, como señaló el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante una reunión ministerial, cuando dijo que había llegado el momento para “passar a boiada”, expresión informal brasileña utilizada por él para referirse a la simplificación de reglas y estándares ambientales. Sin embargo, en 2020, se registró un aumento desmedido de la deforestación de la selva amazónica, incluida la muerte de varios líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la lucha contra la pandemia y por la vida de la selva.

Como parte del compromiso de Raza e Igualdad en la lucha por los derechos humanos, por la equidad racial y de género, desde una perspectiva interseccional, este editorial va más allá de una denuncia a la comunidad internacional sobre lo qué esta ocurriendo en Brasil. Es también un llamado a los actores internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos para instar al Estado brasileño, en sus instancias federales, estatales y municipales, a adoptar políticas públicas diferenciadas, que respondan a las especificidades de las poblaciones negras, LGBTI+, mujeres, quilombolas e indígenas, que son las más afectadas por el hambre, la pobreza y el efecto dominó que se ha desatado durante la pandemia en el país. Es imprescindible, también, que se reconozca el problema racial como factor agravante de las desigualdades, que se encuentra en políticas y proyectos meritocráticos, además de la omisión estatal ante la violencia policial, la muerte violenta y el encarcelamiento masivo de la población negra en el país. Además, el gobierno debe adoptar los protocolos de la OMS para enfrentar la pandemia y, finalmente, instamos a las Fuerzas Armadas a respetar el orden civil y democrático del país.

CONVOCATORIA: Foro Regional de las Américas sobre Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Contexto

Existe un amplio consenso en todo el mundo con respecto a que, abordar las desigualdades y hacer que las instituciones sean más inclusivas es algo fundamental para abordar las causas estructurales de los conflictos. La mayoría de los conflictos se caracterizan por una inclusión insuficiente de las minorías y en el contexto específico de los pueblos indígenas de las Américas. A esto se suma, a menudo, la falta de consideración de sus identidades e injusticias, así como la negación de sus derechos humanos, por lo que el principal reto en este momento es comprender mejor lo que esto significa en la práctica.

Desde 2010, el número de grandes conflictos violentos se ha triplicado en todo el mundo, y gran parte de ese aumento se debe al incremento de los conflictos intraestatales, que suelen involucrar a las minorías. “Este es el momento con más conflictos violentos en el mundo en los últimos 30 años, y el mundo también se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzados jamás registrada”1.

La paz, la estabilidad y la justicia -en otras palabras, la prevención de conflictos violentos- exigen que se aborden las principales injusticias de las minorías asociadas a su exclusión.

Esto es, a las prácticas discriminatorias en materia de participación en la vida pública y en otros ámbitos, a la aceptación de sus culturas, religiones o creencias y lenguas, así como a otras violaciones de sus derechos humanos para proteger su existencia e identidad. La exclusión y la discriminación de las minorías, en lugar de garantizar su inclusión y protección en la sociedad mediante la aplicación de sus derechos humanos, son las principales causas de la mayoría de los conflictos contemporáneos.

La prevención de los conflictos requiere abordar estos errores en su aplicación práctica. Garantizar la protección de los derechos humanos de las minorías, -y los de los pueblos indígenas cuando éstos también constituyan minorías- y asegurar su aplicación antes de que estos agravios puedan empeorar la situación, aumentan las posibilidades de que no se produzca un conflicto. Éstas son las vías para respetar la dignidad y la igualdad de todas las personas de cara a lograr la justicia, la paz y la estabilidad, que se prevé en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el sistema internacional de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Las vías para la paz y la prevención de conflictos se encuentran, por tanto, en la comprensión y aplicación adecuada de los derechos humanos de las minorías.

La nota conceptual completa de los Foros Regionales de 2021 está disponible aquí.

Objetivos

El objetivo principal del Foro Regional de las Américas sobre “Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías” es aportar una visión regional que sirva de base para el trabajo temático del Relator Especial para su informe para la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022. Asimismo, los debates servirán de base para los trabajos y recomendaciones del 14º Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra.

Entre los objetivos específicos se incluyen:

  1. Desarrollar un entendimiento mutuo sobre el papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.
  2. Abordar el tema de los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos de las minorías a la hora de afrontar injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones y posibles conflictos.
  3. Identificar por qué rara vez se reconocen o abordan las causas estructurales de la mayoría de los conflictos, la negación de los derechos humanos de las minorías y sus aspiraciones.
  4. Reforzar las colaboraciones entre las distintas partes interesadas y capacitar para abordar las causas profundas de los conflictos contemporáneos y prevenirlos con mayor eficacia.

Fecha y lugar de celebración

Fecha: 27 y 28 de abril de 2021

Reunión virtual

Participación

El Foro Regional de las Américas estará abierto a la participación de los Estados; las organizaciones intergubernamentales (incluidos los organismos y mecanismos de las Naciones Unidas), las instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos nacionales pertinentes, los académicos y expertos en cuestiones de minorías, los representantes de las minorías, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en cuestiones de minorías.

La participación está abierta a personas involucradas en temas de minorías en la región de las Américas (véase la lista de países elegibles aquí), y con un claro enfoque y experiencia en la prevención de conflictos y minorías.

Todos los participantes individuales deben inscribirse en línea aquí. La inscripción se cerrará a las 23:00 CEST del miércoles 21 de abril de 2021.

Se anima participantes a que presenten su propuesta de recomendación antes del Foro Regional de las Américas y la envíen a regionalforum@tomlantosinstitute.hu. En caso de que las recomendaciones propuestas se hayan redactado en francés, portugués o español, los organizadores ruegan que se envíen antes del viernes 23 de abril para que puedan traducirse. Todas las recomendaciones escritas que se presenten se revisarán y tendrán en cuenta como parte del conjunto final de recomendaciones elaboradas durante el foro regional.

El Foro Regional de las Américas será un evento virtual.

El Gobierno de México ha aceptado amablemente ser el anfitrión del foro regional.

Tras la confirmación de la inscripción, unos días antes del evento, se enviarán el resto de detalles para participar en la reunión.

Temas a debatir

Teniendo en cuenta los principales objetivos de los foros regionales, los debates abordarán los siguientes temas generales. Estos se basarán en el marco de la legislación y las normas internacionales de derechos humanos:

  1. Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías
  2. Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos
  3. Obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos
  4. Formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos

En los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia de incluir la perspectiva de género en las actividades de prevención de conflictos. Por lo tanto, los debates tendrán en cuenta el género y el papel de la mujer en relación con el conflicto, y la orientación sexual y la identidad de género, así como su intersección específica con las minorías.

Además de los cuatro paneles temáticos, el foro regional también incluirá un panel estatal de alto nivel formado por varias presentaciones estatales. Esto pondrá de relieve las experiencias positivas y las lecciones aprendidas de los Estados que hayan participado en actividades de prevención de conflictos, profundizando en la comprensión del papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.

Resultados

Tomando como base los debates y las contribuciones de los participantes, el principal resultado del Foro Regional de las Américas será un documento con recomendaciones prácticas que reflejen los contextos y desafíos regionales.

El idioma de trabajo del foro es el inglés. Habrá interpretación en francés, portugués, español y lengua de signos mexicana.

 

1 ACNUR, Tendencias mundiales,13

Leyla Huerta – Féminas Perú: La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista

Washington D.C., 1 de abril de 2021.– La organización Féminas, de Perú, nació el 7 de junio del año 2015 con el objetivo de empoderar a las mujeres trans en sus acciones de activismo para lograr reconocimiento y respeto a sus derechos. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con su fundadora y directora, Leyla Huerta, quien además de explicar el contexto que impulsó la conformación de Féminas, se refirió a cuáles son sus proyecciones a futuro y a la situación que enfrentan las mujeres trans en el país.

El surgimiento de Féminas estuvo determinado por la visión de Leyla sobre el empoderamiento y activismo que deben tener las mujeres trans. Y es que, al participar en otras organizaciones que trabajan con esta población, la activista pudo identificar que en muchos casos la burocracia y la concentración de responsabilidades no permiten responder a las necesidades de las mujeres trans en cuanto a formación e incidencia.

“Comencé a cuestionar y vi que eso incomodaba a algunas personas. No era un panorama interesante hacer activismo comunitario. Entonces me mantuve al margen, sin participar en ninguna organización. Seguí creciendo profesionalmente y tuve la oportunidad de coordinar un proyecto grande de mujeres trans con el cual comencé a generar reuniones de empoderamiento dentro del espacio laboral y así se fue formando Féminas”, cuenta la lideresa.

Para Leyla, el activismo comunitario es fundamental para cambiar la realidad y, por tanto, esa es la base del trabajo de Féminas. “La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista. El solo hecho de existir sin decir nada, solo tu presencia en un barrio, comienza a cuestionar a las personas sobre la existencia de personas de género diversa”, dice al respecto.

Impacto del COVID-19 en sus planes

La pandemia de COVID-19 hizo del 2020 un año lleno de retos para Féminas, tanto en sus procesos organizativos como en sus acciones de incidencia. Además, la abrupta destitución del presidente Martín Vizcarra significó una ruptura en el discurso de apoyo a la población trans que se venía manejando desde la misma Presidencia y desde instituciones clave para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que el cambio de nombre es posible solamente a través de la vía judicial, un proceso que puede ser muy largo y costoso. Con la COVID-19, se abrió la posibilidad de realizar este proceso en línea, pero las personas trans se han encontrado con muchas limitantes, como la falta de un manual que explique claramente los pasos a seguir. Por tal razón, Leyla señala que la pandemia está retrasando su objetivo de acumular un elevado número de demandas de cambio de nombre y generar jurisprudencia sobre este proceso.

Un aspecto positivo es que la pandemia ha obligado al Estado a actualizar sus sistemas de información y registro. “Una chica cambia de nombre ahora y todo se actualiza, (porque) todo está en línea. Se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse desde hace tiempo para que no tengamos que estar yendo a todas las instituciones para cambiar el nombre en todos los documentos. Es una gran ventaja para aquellas que hemos podido cambiar de nombre”, refiere.

Una doble carga

Ante la COVID-19, Féminas ha brindado ayuda humanitaria a mujeres trans, lo cual conlleva un proceso de planificación de la ayuda, identificación de las beneficiarias, difusión en redes sociales y producción de videos informativos, lo cual se suma a las reuniones periódicas de Féminas. Y aunque ello responde a la visión que tienen como organización, no pueden negar que implica un mayor esfuerzo y más trabajo, lo cual les hace reflexionar sobre la doble carga que enfrentan las personas trans por su expresión e identidad de género.

“Nos decíamos ‘con todo lo que las personas cis viven con la política, imagínate cómo es para las personas trans’. Porque eso también nos afecta, un gobierno, un panorama político donde comienza a haber esos discursos de odio y comienza a usarse la identidad de las personas para poder generar shows y la gente no se da cuenta de ello. La gente está tan invadida por el capitalismo que no se da cuenta de que está siguiendo esos discursos de odio”.

 Respecto a la destitución de Martín Vizcarra, el 10 de noviembre de 2020, Leyla afirma que significó una “batalla perdida” en la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. “El gobierno de Vizcarra trató de tener una visión bien inclusiva. Lamentablemente también se evidenció que aún faltan muchas cosas más, pero se han hecho cosas interesantes. El tema de pico y género y que haya ministros que han hablado sobre la identidad de género y la expresión de género, creo que ha sido súper importante”, dijo.

 Féminas reconoce al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Inclusión Social y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidades aliadas en la lucha. Leyla asegura que dentro de estos Ministerios hay personas que han ayudado a que se logren varios cambios, pero debido a la crisis política, este apoyo se ha visto interrumpido cuando hay cambio de funcionarios y funcionarias.

Lo que quieren en el futuro

En los últimos cinco años, Féminas logró estar en el Plan de violencia contra la mujer, tener una norma técnica que menciona por primera vez a las mujeres trans, agilizar el proceso de cambio de nombre para poder dar insumos que generen jurisprudencia y conseguir que la comunidad trans confié en un grupo. Este último, es un punto que Leyla considera como fundamental, especialmente por la historia que ha tenido la comunidad trans en Perú.

Leyla sabe que para seguir logrando estos y otros resultados, es necesario impulsar procesos de formación y profesionalización, algo en lo que pudieron trabajar durante la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19. “Quiero una estabilidad para Féminas, veo a Féminas de esa manera. Una institución donde se puedan brindar diferentes servicios, podamos tener una clínica de investigaciones, como una institución que pueda canalizar apoyo a mujeres trans y no perder ese tema del idealismo”, afirma.

La lideresa subraya que en ese proceso de crecimiento no quieren perder de vista el activismo comunitario y siempre brindar el protagonismo a las mujeres. “Seguir en el ámbito comunitario (…) poder profesionalizar y contribuir a mejorar el estatus de vida de mujeres trans, pero desde ellas mismas y no solo mejorar el espacio donde van a estar. Este cambio no lo vamos a lograr solas, una o dos personas, sino que lo hacemos todas y mejoramos la población”, expresa Leyla, quien también menciona el ámbito político, pues considera que es un espacio importante para lograr cambios sostenibles.

Raza e Igualdad reconoce la importancia del trabajo que realizan organizaciones como Féminas en favor de las personas trans. Vemos con particular atención que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 durante el 2020, ha traído muchos retos, pero también grandes aprendizajes para la comunidad LGBTI, que ha resistido, sanado y se ha apoyado entre sí.

En ese contexto, Raza e Igualdad reconoce los diferentes tipos de violencia que atraviesan las cuerpas de las personas LGBTI y que las mismas están determinadas por las diferentes intersecciones y contextos de cada país. Por eso, reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a organizaciones que, como Féminas, lucha cada día para lograr el reconocimiento de las expresiones e identidades de género diversas.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo”. En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

Cuba: CIDH otorga medidas cautelares a la periodista independiente María Matienzo Puerto y a la defensora de derechos humanos Kirenia Núñez Pérez

Washington D.C., 23 de marzo de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y escritora María Matienzo Puerto, y de la activista Kirenia Núñez Pérez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.

En la resolución 21/2021, la CIDH señala que, en un lapso aproximado de siete años, la pareja ha enfrentado diversos eventos de riesgo como amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones, acompañados de mensajes descalificativos. La Comisión indica también que solicitó información al Estado el 18 de junio de 2020, sin que hasta la fecha haya recibido alguna respuesta.

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH advierte con especial preocupación que uno de los mensajes descalificativos indicaba que Núñez Pérez debía “calmar” a su pareja Matienzo Puerto. Esto, según la Comisión, manifiesta un prejuicio existente de género en torno a la labor de mujeres defensores de derechos humanos y genera una “acentuada” situación de riesgo en torno a prejuicios relacionados a “los roles que deberían jugar en la sociedad”.

En virtud de tales circunstancias, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Matienzo Puerto y Núñez Pérez; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades de periodista independiente y defensora de derechos humanos, respectivamente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Intimidación y persecución

Tanto la periodista y escritora María Matienzo Puerto como la activista Kirenia Núñez Pérez –quienes comparten la misma residencia porque son pareja—son constantemente víctimas de intimidación y persecución por parte de agentes del Estado o por civiles que se identifican a favor del Gobierno, situación que trasciende a las redes sociales.

Aunque no consta en los hechos referidos por la CIDH en su resolución, cabe destacar que el último hecho de represión ocurrió el pasado 12 de marzo, día en que oficiales no identificados interceptaron a Matienzo Puerto al salir de su casa, la obligaron a subirse a un vehículo y la retuvieron por varias horas en una estación de Policía, tiempo en el que su paradero fue desconocido. Ahí, los oficiales la interrogaron y la amenazaron por su labor de periodista y por tener contacto o amistad con otros activistas independientes.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Estado de Cuba a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de María Matienzo Puerto y Kirenia Núñez Pérez, en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y como integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También llamamos a las autoridades a garantizar y respetar la labor de las y los periodistas independientes en la Isla, y de personas defensoras de derechos humanos.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

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