Raza e Igualdad condena la masacre de Jacarezinho

Raza e Igualdad condena la masacre de Jacarezinho

Brasil, 7 de mayo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y repudia el uso excesivo de la fuerza policial que resultó en la masacre de 25 personas en la favela Jacarezinho, en Río de Janeiro, el 6 de mayo de 2021. Casas fueron invadidas, los residentes fueron atacados y helicópteros de la policía aterrorizaron a toda la comunidad.  Río de Janeiro lideró el operativo policial con el mayor número de muertos en la historia. Ante estas graves violaciones de derechos humanos, Raza e Igualdad insta al gobernador Claudio Castro a rendir cuentas junto con la Policía Militar y Civil involucradas en el operativo.

Una ciudad con tantos asesinatos en su historia no protege a sus ciudadanos. En 1993, las masacres de Vigário Geral (21 muertos) y Candelária (8 muertos); en 2017, la de Favela del Alemão (19 muertos), y esta última en la Favela del Jacarezinho que deja 25 muertos. Según reportes, los ciudadanos recibieron disparos en las estaciones de tren y metro. No existe una política de seguridad que pueda explicar el fuego cruzado y los disparos a quemarropa en la población. No existe una política antidrogas que justifique la letalidad contra quienes viven en situación de vulnerabilidad. Según la Red de Observatorios de Seguridad de Brasil, solo en el primer trimestre de 2021, hubo 257 operativos policiales, con un saldo de 69 muertos en Río de Janeiro, incluso después del juicio Favelas ADPF [1], en el que la Corte Suprema impuso restricciones a los operativos policiales como forma de contener la violencia policial durante la pandemia.

Raza e Igualdad hace un llamado a la comunidad internacional para exigir justicia ante esta política de violencia y muerte que ha terminado con la vida de niños y jóvenes de la comunidad. Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos sobre el hecho que, en Brasil, las personas que el Estado considera «sospechosas» tienen un color de piel y una clase específica. El racismo histórico y estructural atraviesa la política de seguridad actual, siendo la población negra la que más sufre por la violencia policial y representa la mayoría de la población carcelaria del país. También recordamos que el gobernador Claudio Castro, además de incumplir una sentencia de la Corte Suprema en el país, provocó la muerte de niños. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio del año pasado, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por la policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios.

Lea: El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Extendemos nuestra solidaridad a toda la comunidad de Jacarezinho y a los familiares de las víctimas de esta barbarie. Un estado que contabiliza 45 mil muertos por COVID-19 y lleva a cabo un brutal operativo policial no valora la vida de sus ciudadanos. ¿Qué vidas realmente importan frente a una política de muerte? Les recordamos que, para combatir el crimen organizado, es necesaria la estrategia, el equipo de inteligencia, el monitoreo y acciones coordinadas. ¡La violencia no se puede combatir con más violencia! Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresa su indignación y declara que la acción policial que se llevó a cabo este jueves 6 de mayo tiene varios nombres: barbarie, masacre, extermínio, todos dirigidos a cuerpos negros, pobres y habitantes de tugurios. ¡Exigimos respuestas del Ministerio Público y de los órganos de justicia sobre este operativo que, una vez más, se dirige al exterminio de la juventud afro en Brasil!

[1] (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) Caso No. 635, conocido como “ADPF Favelas”. Lea em inglês: https://www.conectas.org/en/news/understand-what-led-the-supreme-court-to-suspend-police-operations-in-rio-de-janeiros-favelas

Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Washington D.C., 28 de abril de 2021.– El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba—que se desarrolló del 16 al 19 de abril de 2021—transcurrió sin que se definieran acciones que den respuesta a los grandes problemas de derechos humanos que existen en la Isla. Para la sociedad cubana, y especialmente para la sociedad civil independiente y las organizaciones que dan seguimiento a la situación en el país, este octavo congreso fue “más de lo mismo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de medios de comunicación oficiales para proyectarlo como un hito.

Este evento político se realiza cada cinco años y siempre despierta diversas expectativas sobre la forma en que será conducido el país en el próximo quinquenio, ya que el PCC es el máximo órgano de poder en el país. El primer día del Congreso, el presidente Miguel Díaz-Canel y ahora máxima autoridad del partido, expresó a través de Twitter: “Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro”.

Sin embargo, la trascendencia de este evento a nivel internacional estuvo marcada por el anuncio del traspaso de la Primera Secretaría del PCC de Raúl Castro a Díaz-Canel. En tanto, para la sociedad cubana este Congreso dio la espalda a sus principales demandas, que en su mayoría se relacionan a la carencia de la vida e imposibilidad de acceder a insumos de sobrevivencia básica, la falta de medicinas y la propagación del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las graves restricciones al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de asociación, entre otras.

En palabras del líder afrocubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, “el Congreso del PCC se enfocó más en cómo reforzar la construcción de un frente ideológico, que hace mucho tiempo tiene grietas, que en asomarse a los problemas inmediatos de la sociedad”. “El PCC como vanguardia no identificó cómo ellos van a modernizar la Política Social ni cuáles son los instrumentos de Protección Social que van a utilizar para empujar el enfrentamiento a la pobreza y la desigualdad”, asegura.

Nuevamente vimos cómo Cuba se aleja de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ya lo hizo en 2019, con la modificación del Proyecto de Constitución de la República, que originalmente establecía que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanosratificados por Cuba»; no obstante, ese texto fue excluido y al artículo 8 se le añadió que la Constitución prima sobre tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

La batalla contra el racismo

Para activistas y organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación racial, el hecho que en el VIII Congreso del PCC no se haya abordado esta temática significa que la problemática racial continúa siendo una asignatura pendiente y postergada, siendo entonces el Programa Nacional de Gobierno contra el Racismo una hoja de ruta desconocida por las y los cubanos. “No se definieron líneas de trabajo contra el racismo, la homofobia y la violencia de género porque para el Estado esto forma parte de la ´agenda enemiga´”, sostiene Madrazo.

Las demandas de una respuesta del Gobierno sobre la aplicación del Programa de Gobierno contra el Racismo le han valido a activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) persecución, agresiones y detenciones arbitrarias, situación que desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos venido denunciando y visibilizando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del CIR, y en marzo de 2021 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció y llamó al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes de dicha organización.

“Lo acordado durante el Congreso deja un sabor amargo, desesperanza en un amplio sector poblacional y la opinión general interpreta que la represión, la vigilancia ideológica y la violación permanente de los derechos humanos serán los elementos clave para reforzar el ambiente de control sobre las diversidades”, afirma Madrazo.

Violencia contra las mujeres, desoída una vez más

Si de hablar de futuro se trata, era necesario que en este VIII Congreso del PCC se asumieran compromisos para trabajar, a corto plazo, por un futuro libre de violencia contra las mujeres, entre ellos la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género. Sin embargo, la problemática de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no formó parte de la agenda de este evento.

Hasta el pasado 23 de abril, en la Isla se registraban 16 feminicidios, además que la persecución, privación de libertad y amenazas contra mujeres activistas es una constante. La demanda de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un clamor que se oficializó el 21 de noviembre de 2019, día en que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La escritora María Matienzo coincide en que la finalidad de este Congreso fue estrictamente ideológica, por lo que no le extraña que no se tuvieran en cuenta la situación de las mujeres, ni ninguna otra agenda que represente a grupos minoritarios. Aunque el pasado 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer—el Gobierno publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), Matienzo señala que este “es solo la respuesta ideológica desde el partido a lo que venimos reclamando desde hace dos años”.

Matrimonio igualitario en la Constitución, pero fuera de agenda

Otro tema que era pertinente abordar en este VIII Congreso del PCC, es la aprobación del matrimonio igualitario, ya que es una demanda de la sociedad civil y está en correspondencia con las obligaciones que el Estado de Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que, con la Constitución aprobada en 2019, se abrieron las puertas para el matrimonio igualitario, al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas, dando así la posibilidad al matrimonio no heteronormativo. En esa ocasión se habló de hacer realidad el matrimonio igualitario incluyéndolo en un nuevo Código de Familia que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021. Estamos casi a mitad de año y hasta el momento no se sabe cómo y cuándo el Gobierno cumplirá con esta promesa.

COVID-19

En medio de la promesa de iniciar pronto una vacunación masiva con los dos candidatos vacunales desarrollados en la Isla (Soberna 2 y Abdala), la situación de COVID-19 en Cuba no deja de ser preocupante. Al 26 de abril, las autoridades de salud contabilizaban 23,056 pacientes ingresados, de los cuales 3,302 eran sospechosos, 14,288 se encontraban en vigilancia y 5,466 eran casos confirmados.

Pero esta emergencia sanitaria tampoco fue punto de agenda del VIII Congreso del PCC, ni siquiera en lo referido al desarrollo y prueba de las vacunas Soberana 2 y Abdala, hecho que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elogiado.

Represión no se detuvo

Mientras en el VIII Congreso del PCC se movían piezas para proyectar aires de renovación en la dirigencia del partido, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo una serie de acciones de represión en contra de activistas, artistas y periodistas independientes. Entre el 19 y el 25 de abril, la organización Cubalex registró 25 reclusiones domiciliares a activistas y periodistas, y más de 15 detenciones, principalmente contra miembros del Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba. Acceda al informe completo aquí.

“El Congreso del PCC ha sido una maquinaria de terror, todos nos estamos preguntando cuál es el próximo paso represivo, si vamos a pasar de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas por horas a condenas carcelarias desmedidas, injustas y arbitrarias. A partir del anuncio del VIII Congreso se ha generado mucha violencia y discurso de odio”, refiere la escritora María Matienzo.

Como máximo órgano de poder en el país, es preocupante y lamentable que el VIII Congreso del PCC no haya retomado y dado respuesta a las grandes demandas de la población cubana. Ante la difícil situación socioeconómica y la falta de garantías para el ejercicio de derechos humanos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno para priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población y cese las acciones de represión contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

También expresamos nuestra preocupación por el hecho que en este Congreso se haya decidido nombrar al conductor y director del programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, Humberto López, como miembro del Comité Central del PCC, pues a través de su programa, difunde un discurso de odio en contra de personas y colectivos que critican al Gobierno y exigen el respeto de derechos humanos.

Como organización que trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, creemos que el respeto y promoción de los mismos es la base para el desarrollo de las sociedades y, por tanto, para una vida digna y próspera para todos y todas. Seguiremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba en su lucha a favor de los derechos humanos y para que las obligaciones asumidas en la materia por el Estado cubano formen parte de la agenda política y social del país.

Colombia: Raza e Igualdad y organizaciones aliadas presentan a la Comisión de la Verdad primer informe sobre impacto del conflicto armado en la población Afro-LGBT

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Arcoíris de Tumaco, con el apoyo del gobierno de Canadá, hicieron entrega formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) del informe «Nos decían: Tras de Negras, Maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano«. El evento se realizó de manera virtual  el pasado 30 de marzo y se transmitió en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Comisión.

El informe fue motivado por la necesidad de aportar al reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, de las instituciones estatales y la sociedad en general de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

En el evento participaron Carlos Quesada, Director Ejecutivo; Zuleika Rivera, Oficial de Programa LGBTI, y Laura Poveda, consultora para temas LGBTI en Colombia. Por parte de organizaciones aliadas, participaron Cindy Paola Hawkins, abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo; Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco; Sandra Milena Arizabaleta, representante legal de la Fundación Somos Identidad, y Andrés Quiñonez, abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco.

Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad; Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos, y Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género recibieron el informe por parte de la CEV.

Carlos Quesada comenzó el evento agradeciendo a los integrantes la entrega de este informe, en especial a las víctimas Afro-LGBT por su valentía al salir a la luz y contarnos sus historias. Resaltó el trabajo que se ha hecho desde Raza e Igualdad para servir de puente entre sus experiencias de vida y las instancias de justicia transicional creadas por el Acuerdo de Paz.

EL INFORME

El informe es el resultado de la labor de las tres organizaciones aliadas y está enfocado en las regiones de trabajo de cada organización: Sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para el informe, las organizaciones se centraron en un periodo entre 1998 y 2014, lo cual permitió la construcción de una matriz de casos. Las organizaciones realizaron un monitoreo de noticias en medios de comunicación sobre el contexto del conflicto armado y la situación de derechos humanos de personas Afro-LGBT.

Cindy Paola Hawkins, de Caribe Afirmativo, hizo énfasis en la importancia del proceso de resistencia Afro en el sur del departamento de Bolívar, e indicó la conexión entre el desplazamiento que hicieron las comunidades Afro desde Cartagena al sur del departamento y el abandono Estatal, la pobreza y la mala gestión de recursos a la que se enfrentan, situación que posibilitó su victimización a mano de los grupos armados.

“Este contexto territorial sitúa a las personas afrodescendientes en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, las cuales se exacerbaron y profundizaron en el marco del conflicto armado, contexto que además se encontraba lleno de hostilidad a las personas LGBT. El ser Afro y lesbiana, gay, bisexual o trans, puso a las víctimas en mayor situación de riesgo, vulnerabilidad, marginalidad y exclusión ante una carga de prejuicios e imaginarios racistas, sexistas, machistas y cisgeneristas heteronormativos”, señaló Hawkings haciendo referencia a cómo los grupos paramilitares y el ELN utilizaron estrategias de intimidación y violencia como amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado y feminicidios, para perseguir y atacar a personas Afro-LGBT.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTERSECCIONAL

“No se puede concebir una identidad dividida o fragmentada, se habita el territorio siendo Afro-LGBT en su conjunto”, señaló Laura Poveda, consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, haciendo alusión a la importancia del autorreconocimiento para entender la vida de las personas. Poveda destacó que el análisis de la intersección de discriminaciones múltiples y simultáneas permite el reconocimiento de la diversidad en los territorios, además, dijo que debe entenderse que las víctimas han forjado su identidad de maneras diferentes.

En su intervención, Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Sandra Milena Arizabaleta, de la Fundación Somos Identidad, hizo un análisis de las particularidades de la violencia en su territorio (Cauca y Valle del Cauca), resaltando la importancia de reconocer que todos los actores armados han violentado a la comunidad negra y que esta violencia, acompañada de un constante abandono Estatal, ha llevo a estas comunidades al desplazamiento y desalojo de sus territorios.

El abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco, Andrés Quiñonez, se refirió a cuál debe ser el enfoque del ejercicio de búsqueda de verdad y no-repetición de las vulneraciones a los derechos de las personas víctimas Afro-LGBT. “El ejercicio debe dirigirse a que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan el prejuicio y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género diversa, como el principal patrón en el que se asientan las vulneraciones de derechos de las víctimas LGBT- Afro”, dijo.

Al cierre del evento, la Comisión de la Verdad compartió sus impresiones. Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, destacó el aporte del informe al análisis de las violencias por prejuicio, así como la importancia de incluir un enfoque interseccional. Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos de la Comisión, señaló: “Este trabajo es fundamental para la Comisión, porque nos permite llenar de contenido el enfoque interseccional”. Mientras que Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género cerró diciendo que “invisibilizar las otras expresiones corporales, de género y de sexualidad es en sí mismo una acción colonial”, e he hizo un llamado a entender que las afectaciones del conflicto son sistemáticas y sistémicas y buscan aniquilar la diferencia.

Raza e Igualdad expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe, así como a la Comisión de la Verdad por permitir presentar el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT, y espera que este informe contribuya al esclarecimiento de la verdad, y la búsqueda de justicia y no repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos las siguientes recomendaciones:

  1. Que en el informe final de la Comisión de la Verdad, se reconozca explícitamente a las personas Afro-LGBT como víctimas del conflicto armado.
  2. Que dicho reconocimiento indague cómo los prejuicios y la invisibilización de las personas Afro-LGBT exacerbaron las consecuencias del conflicto armado, destacando los impactos y afectaciones diferenciales.
  3. Que la Comisión integre recomendaciones específicas en su informe final para la superación de la invisibilidad de la población Afro-LGBT y para su debida atención.
  4. Que la Comisión integre un enfoque interseccional en los mecanismos de socialización del informe y en los mecanismos que se establezcan para dar seguimiento a sus recomendaciones.

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Washington D.C., 21 de abril de 2021.– Luego del estallido social en abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha restringido el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Además, hace poco aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual impacta de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, y  provocó el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ella. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a visitar el país para conocer de cerca la situación referida a la libertad de asociación,  reunión y manifestación pacífica, además conjuntamente con otras Relatorías de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la aprobación de leyes que son contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. 

En esta entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco del tercer aniversario de la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, Voule se refiere a porqué es importante su visita al país una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y asegura que continuará apelando al Gobierno para suspender la aplicación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Usted  ha expresado reiteradamente su voluntad de visitar Nicaragua.  ¿De qué manera piensa que una visita suya contribuiría a mejorar el rendimiento del Estado en cuanto a la libertad de asociación y la libertad de reunión?

Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual.  Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo.  El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan.

Durante una visita oficial a un país, el Relator Especial se reúne con partes interesadas a nivel nacional que están involucradas en la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso oficiales gubernamentales de alto rango, miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mecanismos de supervisión policiaca, representantes de la comisión nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), junto con otras partes relevantes.  El propósito, es examinar los asuntos relacionados con estos dos derechos.

Aporto recomendaciones concretas, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El Gobierno nicaragüense ha suprimido el derecho a la reunión o manifestación pacífica.  Dichas prohibiciones, dan forma al contexto de las próximas elecciones a realizarse en noviembre, y limitan la posibilidad de libremente ejercer derechos durante dichas elecciones.  ¿Cuáles llamados haría Ud. al Gobierno sobre esta situación?

Según la información que he recibido, desde septiembre de 2018 el Gobierno nicaragüense ha continuado a prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone el Gobierno.

Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo.  Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua.

Desde el 13 de noviembre de 2020, los Procedimientos Especiales, incluso su Relatoría, se han pronunciado sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Los Procedimientos Especiales, han señalado que ambas medidas plantean preguntas serias sobre su compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos internacionales.  ¿El Estado ha respondido a dichas comunicaciones con la voluntad de revisar las leyes, o de colaborar con su asistencia técnica?  ¿Cómo continuarán los Procedimientos Especiales a insistir en que dichas leyes se adapten para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos?

Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno a la comunicación OL NIC 3/2020 que se envió en noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Junto con otros(as) poseedores(as) de mandatos, detallé unas cuantas preocupaciones sobre dichas leyes, que se consideran estar en violación de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 

Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos.  Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas.

La Ley, además incluye sanciones desmedidas por incumplimiento, ya que dispone que organizaciones deben ser disueltas o sus fondos confiscados, cuando no cumplen con requisitos administrativos menores.

Exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que inmediatamente suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas.

Continuaré mi conversación con el Gobierno sobre dichas leyes, y continuaré mi seguimiento de cerca de la situación, con la colaboración de organizaciones locales en terreno, y además con la presencia del ACNUDH en Panamá, el cual monitorea desde lejos la situación en Nicaragua.

¿Es común, que su Relatoría se enfrente a tantos obstáculos para realizar una visita oficial a un país, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua?

Como mencioné anteriormente, mi intención es visitar a Nicaragua apenas se hayan levantado las restricciones, y se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno.  Permitiendo y facilitando una tal visita, además demostrará la voluntad del Gobierno de proteger dichos derechos y el espacio cívico en el país.

¿Qué mensaje desea dar a la sociedad civil nicaragüense, en el contexto de la intensificación de las represalias contra su trabajo?

Me gustaría expresar mi admiración, por el coraje y la perseverancia de los(as) defensores(as) de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, los(as) cuales enfrentan un sinnúmero de obstáculos en llevar a cabo sus labores.

Desde abril de 2018, mi mandato ha seguido de cerca la situación en Nicaragua.  Es fundamental, mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas contra los(as) defensores(as) de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.  Esto es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021.

La sociedad civil en Nicaragua, puede contar con mi apoyo, y continuaré mi involucramiento con ella, para abordar la crisis actual.  Además continuaré mis conversaciones con el Gobierno, para asegurar que las inquietudes planteadas por mi mandato sean abordadas, y la situación actual sea revertida.

Convocatoria de fotografía: “Retratando la Diversidad”

Washington D.C., 16 de abril de 2021.– La convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” es una iniciativa regional del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo) y del Día Internacional del Orgullo LGBTI (28 de junio), con el objetivo de visibilizar las identidades diversas en América Latina y el Caribe, y hacer un llamado al respeto y garantía de derechos para la población LGBTI.

“Cada año conmemoramos estas fechas con el fin de visibilizar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y la situación que enfrentan en sus respectivos países. Este año, entre las acciones de conmemoración que nos hemos propuesto, incluimos esta convocatoria para retratar a la población LGBTI de una forma auténtica y artística, y qué mejor manera que a través de la fotografía y con la colaboración de personas que apoyan o se identifican con la causa”, explicó Zuleika Rivera, oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

Contexto

América Latina y el Caribe es una región adversa para personas LGBTI. El continente registra cifras récord sobre violencia y asesinatos contra esta comunidad. Solo en Brasil, durante el 2020 fueron asesinadas 175 personas trans, es decir, una cada dos días, según el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Ante la falta de leyes que protejan y promuevan sus derechos, la población LGBTI –incluyendo las parejas y familias diversas—sufre diariamente maltratos físicos y verbales, discriminación y exclusión, además que se enfrenta con serias dificultades para acceder a derechos y servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la justicia.

Convocatoria

Con la convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” esperamos contar con la colaboración de personas aficionadas o profesionales de la fotografía de todos los países de América Latina y el Caribe, que a través de su trabajo ayuden a visibilizar la diversidad y realidad de la comunidad LGBTI. A continuación, presentamos las bases de esta convocatoria.

Periodo de la convocatoria: Del 16 de abril al 21 de mayo

Información que debe acompañar a la fotografía enviada:

  • Nombre o seudónimo del autor/a
  • País
  • Nombre de la fotografía (idealmente dos palabras)
  • Breve descripción de la fotografía (Dónde fue tomada, quiénes son sus protagonistas y qué refleja)

Formato: JPEG. Resolución mínima de 1500 x 2000 pixeles. Full color y/o BN. Solo una fotografía por participante.

Estilo: Libre (Fotografía artística, periodística o autorretrato)

Envío: Al correo (igualdad.comunicaciones2021@gmail.com) bajo el asunto “Convocatoria de fotografía Retratando la Diversidad”

Las fotografías se divulgarán a través de las cuentas de Raza e Igualdad en Twitter, Facebook, Instagram, así como en su sitio web, junto con los créditos de su autor o autora y la información recibida sobre cada fotografía. Esta divulgación iniciará el 17 de mayo y finalizará el 28 de junio.

Esta convocatoria es completamente abierta, por lo que invitamos a compartirla y participar para visibilizar la diversidad en nuestra región y juntes contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

Washington D.C., 12 de abril de 2021.– El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Cuba publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta política, según su contenido, “constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en tanto institucionaliza este derecho”.

La aprobación de este decreto se da en un contexto en que activistas y organizaciones civiles reclaman la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género y en el que, además, se registran preocupantes cifras de violencia contra mujeres y niñas en la Isla. En lo que va del 2021, se han registrado al menos 10 feminicidios, mientras que el 2020 cerró con la dramática cifra de 32 mujeres asesinadas, incluidas dos menores de edad, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil.

Un clamor en el aire

La solicitud formal de esta ley se realizó el 21 de noviembre de 2019, ocasión en la que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, en la cual expusieron, entre otras, las siguientes razones:

  • La nueva Constitución de la República de Cuba establece, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
  • La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), realizada en todo el país en 2016, reveló que la violencia de género en las relaciones de pareja es un problema a nivel nacional y que la mayoría de las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional.
  • Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país, de tal modo que se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.

Las mujeres solicitaron que se incluyera en el cronograma legislativo la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, un mes después, el 10 de enero de 2020, cuatro de las mujeres firmantes de la solicitud fueron informadas por representantes del Poder Legislativo que sus demandas no forman parte del cronograma legislativo hasta 2028.

Reclamo latente

A pesar de que el Gobierno puso una lápida sobre la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género en Cuba, el clamor sigue presente. En el último año, diversas organizaciones de mujeres lo han mantenido vivo haciendo uso de medios alternativos, principalmente a través de redes sociales como Twitter y Facebook.

La apertura al servicio de Internet para datos móviles en la Isla ha permitido que los reclamos y denuncias por derechos que no se garantizan y se violan en el país, trascienda en el día a día a agendas sectoriales o regionales de mayor audiencia. En ese contexto ha tenido mayor visibilidad la denuncia de la violencia machista como la otra pandemia que azota a la Isla, así como la solicitud de una ley que proteja la integridad y la vida de las mujeres.

El hecho que Cuba sea uno de los dos países de la región donde no está tipificado el delito de feminicidio –el otro es Haití—, es uno de los principales señalamientos que se hace desde la sociedad civil independiente. Precisamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día en que el Gobierno publicó el decreto de aprobación del PAM, activistas y organizaciones de mujeres lanzaron la declaración “La violencia de género: la pandemia silenciosa”, en la que ponen de manifiesto los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente.

“Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación.  Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad”, indican en la declaración.

Necesidad de una ley integral

La violencia basada en género tiene su raíz en las desigualdades de género, las cuales afectan a mujeres y a personas con identidades feminizadas. Estas desigualdades residen en las estructuras culturales, sociales e históricas y tienden a relegar a todos los cuerpos e identidades no relacionadas con la supremacía masculina y heterosexual. Estas violencias pueden ser directas, simbólicas y estructurales, por lo cual, no solo se limitan a los ataques físicos, sino también verbales, psicológicos y de limitación de oportunidades. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio, es que la motivación de los feminicidios se debe a razones de género, debido al machismo y misoginia del agresor.

Es necesario que el Gobierno cubano trascienda en sus esfuerzos y apruebe con la mayor prontitud posible una ley integral contra la violencia de género. Cabe recordar que Cuba firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con lo cual se comprometió en el avance legislativo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que, ante la ausencia de esta ley, no estaría cumpliendo a cabalidad.

La ley integral contra la violencia basada en género debería ser un aspecto de suma relevancia en el calendario legislativo cubano. Aparte de agregar el feminicidio como delito al Código Penal Vigente, esta ley debe promover esfuerzos para la equidad y garantizar que las mujeres tengan pleno goce de sus derechos en todos los ámbitos.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género para Cuba es una necesidad que diferentes instancias internacionales le han recomendado a la Isla. Durante la última sesión en que Cuba se presentó ante el Comité CEDAW, este se mostró preocupado por la violencia contra las mujeres y recomendó la creación de una ley general contra la violencia de género, la cual tipifique estos delitos de forma diferencial. Lo anterior, entendiendo que las violencias contra las mujeres significan una forma de discriminación.

Asimismo, la CIDH, en su último informe de país, recomendó al Estado cubano la adopción de un marco legal para abordar las violencias contra las mujeres, al tiempo de la necesidad de adoptar una definición jurídica sobre las discriminaciones contra las mujeres, además de la firma y ratificación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer «Convención De Belem Do Para«.

Desde Raza e Igualdad esperamos que la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres signifique un primer paso para la creación de una ley integral y que, en ese transcurso, este programa permita acceder a estadísticas creíbles y segregadas desde la perspectiva interseccional, para avanzar en la definición de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de todas las mujeres, diversas en su conjunto. En momentos de crisis, como la actual pandemia de feminicidios y violencia, una ley de este tipo podría salvar la vida de muchas mujeres.

Es necesario que el Estado cubano reconozca jurídicamente las violencias que pesan sobre los cuerpos femeninos y feminizados. La tipificación de estas violencias y discriminaciones, acompañados de sanciones a los perpetuadores de estos crímenes puede tener un impacto positivo en la vida de las mujeres cubanas. Gracias al trabajo de las activistas de Cuba, estas violencias han logrado ser visibilizadas a nivel nacional e internacional, es por esto que nos unimos a sus voces para solicitar una Ley Integral contra las Violencias Basadas en Género.

CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

Washington D.C., 8 de abril de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar trámite a la petición presentada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que dicho organismo declare la responsabilidad del Estado de Cuba por la violación de derechos humanos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras ser detenidos, torturados y enjuiciados arbitrariamente entre octubre de 2019 y abril de 2020.

En la petición se identifican como víctimas a los integrantes de UNPACU: José Daniel Ferrer García (fundador y líder de la organización), Fernando González Vaillant, Roilan Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco*, y se denuncia que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 1 de octubre de 2019 sin orden de arresto, al margen de las garantías judiciales contenidas en la legislación cubana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad solicita expresamente a la CIDH que, previo el trámite reglamentario, declare la responsabilidad del Estado de Cuba con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la violación de los derechos a la libertad, seguridad, integridad personal, libertad de expresión, protección a la honra y reputación personal, protección familiar, salud, protección contra la detención arbitraria y proceso regular en contra de los integrantes de la UNPACU antes mencionados. También solicita que, a partir del análisis de este caso, establezca un estándar de caracterización de “personas presas políticas”.

La CIDH notificó que la petición ya fue enviada al Estado cubano para que presente sus observaciones, para lo cual le dio un plazo de tres meses que cuentan a partir del 15 de marzo de 2021.

Con el inicio a trámite de este caso, la CIDH recibirá información del Estado y de Raza e Igualdad para determinar, en un informe que hará público, si la petición es admisible o no, con base en un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y el Estatuto de la propia Comisión. Una vez declarada la admisibilidad, la CIDH examinará los hechos, argumentos y pruebas que se hayan presentado, con lo cual estará en posibilidad, en su caso, de declarar al Estado de Cuba responsable de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los miembros de la UNPACU y formulará al Estado recomendaciones dirigidas a brindarles justicia y reparación.

Los hechos

Tras ser detenidos el 1 de octubre de 2019, los integrantes de UNPACU estuvieron sometidos a prisión preventiva y condiciones de prisión inadecuadas durante seis meses y dos días, hasta el 03 de abril de 2020, fecha en la que fueron liberados para cumplir condenas en régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria. Mientras estuvieron en prisión, fueron sometidos a malos tratos, amenazas, incomunicación y condiciones que afectaron su integridad personal.

Continuum de violaciones

Las violaciones de derechos humanos que han enfrentado los integrantes de la UNPACU van más allá de los hechos alegados en la petición, pues han sido reprimidos por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones debido a su labor de defensa y promoción de la democracia y derechos humanos en la Isla.

El fundador y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, inició el pasado 20 de marzo una huelga de hambre a la cual se han sumado varias decenas de personas que también forman parte de UNPACU, como una forma de protestar por la represión del Gobierno que, desde hace tres semanas, mantiene cercada la sede de la organización y ha realizado varias detenciones arbitrarias de integrantes y sus familiares.

Este miércoles 7 de abril, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresa su “mayor alerta” ante la delicada situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y responsabiliza al Gobierno por llevar a dicho extremo la represión en contra de UNPACU y sus integrantes.

Además, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba, se ha pronunciado sobre esta situación, solidarizándose con los miembros de la organización y exhortando al Estado cubano a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos a fin de evitar “el riesgo a la vida e integridad de las personas que sufren ya un deterioro físico visible”.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Gobierno cubano a cesar las acciones de represión en contra de UNPACU y sus integrantes, y a escuchar las demandas de la sociedad civil independiente referidas a garantías de democracia y respeto de derechos humanos en la Isla.

 

*En la petición enviada a la CIDH por Raza e Igualdad en octubre de 2020, se incluyó entre las víctimas al entonces integrante de UNPACU José Pupo Chaveco; sin embargo, posteriormente se notificó formalmente a la Comisión la imposibilidad de continuar la representación del mismo, a partir de la información recibida de que ya no forma parte de la organización y se ha perdido contacto con él.

 

Cuba: La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes

En respuesta a los actos agresivos cometidos por las autoridades policiales en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y los arrestos a integrantes del Movimiento San Isidro; el exilio forzado impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; los arrestos domiciliarios permanentes; y las campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes, las 7 organizaciones abajo firmantes emiten la siguiente declaración:

“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el actual status quo del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner foco con urgencia en la Isla. Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, brindar asistencia a las y los defensores de derechos humanos que sufren abusos, y exigir respuestas fehacientes al Gobierno de Cuba. Existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial.

El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra miembros de la UNPACU, quienes en respuesta han estado en huelga de hambre durante más de 20 días. Deben cesar las golpizas contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes. Es inaceptable que el Gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que continúe intimidando a sus emigrados con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia.”

Antecedentes

El 20 de marzo, después de años de buscar una respuesta internacional a las graves violaciones de derechos humanos, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer[1], y casi 50 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre como última súplica a la Seguridad del Estado para poner fin al asedio contra la organización. A pesar del delicado estado físico y mental de los 31 activistas que llevaban 15 días de huelga, turbas organizadas por las autoridades cubanas apedrearon a Ferrer y su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el 3 de abril. Las autoridades también cortaron el acceso a internet y a las telecomunicaciones e incluso han detenido a los hijos de quienes permanecen en huelga. A medida que el país enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez mayor, la UNPACU se ha convertido en un elemento básico en la comunidad, proporcionando alimentos y medicamentos difíciles de encontrar.

Durante el primer trimestre de 2021, la ola de represión también afectó a miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas que iniciaron su propia huelga de hambre en noviembre de 2020 y que se han manifestado abiertamente contra las restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses, la Seguridad del Estado ha utilizado tácticas que esencialmente han transformado las casas de los activistas en cárceles improvisadas, impidiéndoles abandonar las viviendas. Las detenciones arbitrarias a corto plazo, que implican violencia física y abuso mental, se han utilizado de manera desproporcionada como táctica para silenciar la disidencia. Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, frecuentemente han regresado a casa con hematomas, heridas en la piel y ropa rota.

Hemos visto arrestos que no duran más de unas pocas horas, los cuales son ejecutados por agentes encubiertos que no informan a sus víctimas ni documentan sus acciones en registros oficiales. El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción «61 años de comunismo» como símbolo de protesta.

En otra instancia en la que el Gobierno cubano dio marcha atrás en sus compromisos de derechos humanos, a la periodista Karla Pérez González se le prohibió el ingreso al país el 18 de marzo. Al graduarse de la Universidad de Costa Rica, Pérez González había solicitado y recibido legalmente la documentación necesaria para regresar a Cuba. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Panamá para realizar su vuelvo de conexión en el  los funcionarios estatales informaron a los representantes de las aerolíneas que ella tenía prohibido ingresar a Cuba. Pérez González se vio obligada a retornar a Costa Rica, donde finalmente recibió refugio político. El gobierno cubano continúa intimidando a sus emigrados con la amenaza de prohibir el regreso a casa si ellos se pronuncian en contra de las políticas gubernamentales en el extranjero.

Además de los hechos antes mencionados, el Gobierno cubano ha renovado su estrategia de difamación mediática, la cual es desplegada por los medios estatales contra artistas, periodistas y activistas independientes. Este mecanismo busca frenar las posiciones críticas e intimidar a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que condena el apoyo internacional a las voces de la sociedad civil nacional, que son etiquetadas como «mercenarias» o «enemigas de la patria«.

A nivel internacional, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a Cuba desde 1989. Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990, y es el único país con un espacio cívico cerrado en las Américas según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que registra violaciones de derechos cívicos a nivel mundial. Por último, en el recién publicado informe de 2021 “Libertad en el Mundo” de Freedom House, Cuba recibió la calificación de No libre, obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.

Lista de firmantes:

CADAL

CIVICUS

Civil Rights Defenders

Freedom House

People in Need

Race and Equality

Robert F. Kennedy Human Rights

[1] Ferrer es uno de los líderes opositores más destacados de la isla. Sufrió un arduo período en las cárceles cubanas en 2019. Amnistía Internacional también reconoció con anterioridad a Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, cuando fue víctima de una ola de represión gubernamental contra los disidentes conocida como la «Primavera Negra»; 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión en virtud de la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Después de un año de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Brasil atraviesa el peor momento de su historia democrática, con una crisis que se extiende por todas las esferas de poder. Por un lado, las áreas de salud y economía se encuentran en un estado de calamidad pública, hundidas en la incertidumbre, el desamparo del gobierno y afectando de manera más severa a la comunidad negra, mujeres, personas LGBTI+, indígenas y quilombolas. Por otro lado, hay una crisis política orquestada por el actual gobierno, que a través de la difusión de información falsa, encontró en la pandemia de COVID19 una oportunidad estratégica, a través de canales institucionales, para un proyecto de expansión de poder. En una escalada autoritaria de mandatos y ordenes ejecutivas por parte del Ejecutivo, muchos ministros están sucumbiendo junto a las más de 322.000 vidas perdidas, provocando una ola de pobreza y violencia sin precedentes.

El mundo necesita mirar lo que está sucediendo en Brasil. América Latina necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil. Esta carta editorial es un llamado del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que la comunidad internacional vea a Brasil y entienda que, mientras los líderes mundiales intentan acabar con la pandemia para reconstruir sus países, en Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro hizo de su población un experimento de un proyecto de diseminación del virus en vista de sus propios intereses, camuflados en el discurso salvacionista de la “recuperación económica”. Lo que Bolsonaro no contó en su política de muerte es que la polarización política, estimulada por su base gobernante, podría socavar su plan de poder. Donde hay crisis extremas hay mayores violaciones a los derechos humanos. Enumeramos a continuación algunos hechos propiciados por el gobierno y las tragedias que han venido afectando al país.

Crisis sanitaria y pandemia – Durante el mes de marzo de 2021, el país, por cinco días consecutivos, registró una tasa promedio récord de muertes por COVID-19, alcanzando 3.950 muertes en 24 horas el último día del mes. Aunque Brasil tiene un servicio de salud pública gratuita que es una referencia mundial, el sistema hospitalario colapsó debido a los vetos presidenciales sobre las medidas de protección que derivaron en la falta de kits básicos hospitalarios y respiratorios. Además, la negligencia de la lucha contra la pandemia por parte del gobierno fue seguida por medidas fallidas de aislamiento social, estímulos a la aglomeración, propagación del virus en territorios indígenas y comunidades quilombolas e incentivó el uso de medicamentos que no han demostrado ser efectivos. Debido a la ausencia de una planificación de vacunación eficaz, el país se encuentra fuera del pacto internacional contra el COVID-19 promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estando cada vez más aislado del resto del mundo. Vale la pena recordar que la crisis sanitaria es la punta del iceberg de la inestabilidad política generalizada.

Crisis política y ministerial – Solo durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro ha tenido cuatro ministros de salud: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello y, el actual, Marcelo Queiroga. Incluso los más alineados con las propuestas del gobierno no lograron avanzar en su lucha contra la pandemia en el país y, en medio de constantes conflictos con la ausencia de políticas públicas y ordenamiento en un plan de vacunación, todos fueron criticados por someterse al Presidente y por la falta de autonomía en sus funciones. La actual crisis política ha llevado a Bolsonaro a negociar posiciones importantes con partidos considerados de centro, para que se priorice su plan político, dejando de lado las políticas sociales necesarias para la recuperación de una crisis social que afecta de modo negativo exponencialmente a las poblaciones más vulnerables como Afrodescendientes, indígenas y quilombolas.

Crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores – La última semana, el Ministro de Relaciones Exteriores renunció a su cargo, luego de una intensa presión política del Congreso Nacional y del ministerio que dirigía. La administración de Ernesto Araújo se considera un período trágico de la diplomacia brasileña. En la ONU, fue responsable del veto de Brasil al término «género» en resoluciones y posiciones sobre educación sexual, posición entendida como un enfrentamiento contra las mujeres y la comunidad trans. Además, durante la pandemia, Araújo afirmó que el coronavirus es un «virus ideológico»  construido por una “pesadilla comunista” para promover la “transferencia de poderes” de los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su postura conflictiva con otros países fue señalada de retrasar la compra de vacunas por parte de Brasil, por no haber establecido una postura diplomática con países que podrían ser socios importantes en este momento de profundización de la pandemia en Brasil y de escasez de vacunas.

Crisis militar y alusión al período dictatorial – En los últimos días, la población brasileña vivió un profundo sentimiento de incertidumbre política, ante una crisis militar manifestada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia del país, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia simultánea por desacuerdo con el Presidente de la República. Según algunos expertos, Bolsonaro venía presionando a las Fuerzas Armadas para que se involucraran en la defensa política del gobierno y en apoyo de medidas contra el aislamiento social, en un intento flagrante de transformar las Fuerzas Armadas y sus instituciones, para defender sus intereses, generando un temor colectivo sobre el futuro político del país. Este episodio ocurrió en la misma semana en la que se celebró el 57 aniversario de la dictadura militar en Brasil. A pesar del sangriento período antidemocrático, en el que al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas y en la que la censura y la pérdida de los derechos civiles prevaleció junto a graves violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa destacó que el período del régimen militar forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y debe ser celebrado. Esta posición, así como los intentos de Bolsonaro de alinear a las Fuerzas Armadas en su defensa, deben ser rechazadas, ya que perjudican el proceso de redemocratización en Brasil.

Violencia política – El proceso electoral de 2020 fue registrado como uno de los más violentos de los últimos años. No en vano, articulamos, junto con otras organizaciones brasileñas y concejalas municipales negras (cis y trans), una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el agravamiento de la violencia política contra estos grupos y exigir protección para sus vidas. Víctimas de amenazas físicas y/o ataques virtuales, estas concejalas municipales se enfrentan a discursos de odio racistas y transfóbicos a diario, sin contar con la protección del gobierno. No por casualidad, el 2020 también estuvo marcado por un gran aumento en el número de asesinatos de personas trans, con 175 asesinatos: un 41,12% más que en el 2019. La omisión del Estado brasileño ante el fenómeno de la violencia política y electoral dirigida a estos grupos, expone la fragilidad de la democracia brasileña, que, por la impunidad de los crímenes que permean la violencia de género y racial, priva a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, amenazando la democracia brasileña y camuflando el debate interseccional en las instituciones de poder.

Crisis económica: empobrecimiento de la población y desempleo – Brasil salió del mapa del hambre de ONU en 2014; sin embargo, con el crecimiento exponencial de la crisis en el país, la estimación para finales del año 2020 fue que 14,7 millones de personas, es decir, el 7% de la población, entraría en la pobreza extrema debido a la pandemia. La población brasileña vive un momento de empobrecimiento extremo debido a la crisis política y económica que, por la falta de interés en la articulación política, deja a la población sin la asistencia necesaria y no ofrece las medidas pertinentes para cumplir con los protocolos de aislamiento social con los actuales subsidios financieros. La ayuda de emergencia, que era de R $ 600 al inicio de la pandemia, no ha sido retirada debido a la lucha de la sociedad civil, pero después de una disminución significativa, en este 2021 está variando entre R $ 150 y R $ 375, valor que no es suficiente frente al alza de los precios de los alimentos y del salario mínimo, o el encarecimiento de los cilindros de gas con los que muchas familias brasileñas cocinan. Incluso la especulación financiera impulsada por el gobierno de Bolsonaro, que va desde el desmantelamiento de las empresas estatales hasta la privatización y el abandono de grandes compañías multinacionales en el país, enfrenta una eterna montaña rusa con los cambios del Presidente en cargos importantes del país. La alta tasa de desempleo saltó del 45% al ​​53% durante la pandemia, provocando un crecimiento latente de empleos informales, sin garantías de derechos y protección para los trabajadores, que en su mayoría son negros. Analizar la crisis económica en Brasil es enfrentar los históricos problemas raciales del país.

Violencia policial – A pesar de la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de suspender la realización de operativos policiales en favelas de Río de Janeiro, durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de COVID19, según la sentencia de la denuncia de Incumplimiento con el Precepto Fundamental (ADPF) 635, salvo casos absolutamente excepcionales, esta no es la realidad en las favelas de Río, ya que la violencia policial en estos territorios persiste. En los dos primeros meses de 2021,se registraron nueve asesinatos en operativos policiales en el estado. Por eso, la Defensoría Pública de Río de Janeiro, junto a organizaciones de derechos humanos, solicitaron al TSF que decidiera sobre la continuidad de estos operativos policiales. También es de destacar que tal inestabilidad afecta el curso de la vacunación, que ya ha tenido que ser detenida en las favelas debido a los tiroteos. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio de 2020, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por agentes de policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios. El informe «El color de la violencia: la bala no da en el blanco«, realizado por la Red de Observatorios de Seguridad, apunta a datos sobre violencia racista en 2019. En Bahía, un estado con una población mayoritariamente negra, el 97% de los asesinados por la policía eran negros; en Río de Janeiro, que tiene el 51% de la población negra, el 86% de los asesinados por la policía eran negros, la cifra más alta en tres décadas.

Crisis ambiental – Incluso en su discurso en la sesión inaugural de la 75a Asamblea General de la ONU, el Presidente Bolsonaro difundió noticias falsas sobre la posición del gobierno en cuanto a suavizar las políticas ambientales durante la pandemia. En consecuencia, las poblaciones indígenas y quilombolas son las que más sufren de la deforestación y el acaparamiento de tierras, así como la propagación del virus en sus comunidades. Además de no cumplir con ningún pacto ambiental firmado, el país tendrá que reformar sus metas climáticas para cumplir con el Acuerdo de Paris. Si existe alguna política ambiental en el gobierno de Bolsonaro, está comprometida con partidos políticos que pretenden explotar reservas naturales protegidas, como señaló el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante una reunión ministerial, cuando dijo que había llegado el momento para “passar a boiada”, expresión informal brasileña utilizada por él para referirse a la simplificación de reglas y estándares ambientales. Sin embargo, en 2020, se registró un aumento desmedido de la deforestación de la selva amazónica, incluida la muerte de varios líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la lucha contra la pandemia y por la vida de la selva.

Como parte del compromiso de Raza e Igualdad en la lucha por los derechos humanos, por la equidad racial y de género, desde una perspectiva interseccional, este editorial va más allá de una denuncia a la comunidad internacional sobre lo qué esta ocurriendo en Brasil. Es también un llamado a los actores internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos para instar al Estado brasileño, en sus instancias federales, estatales y municipales, a adoptar políticas públicas diferenciadas, que respondan a las especificidades de las poblaciones negras, LGBTI+, mujeres, quilombolas e indígenas, que son las más afectadas por el hambre, la pobreza y el efecto dominó que se ha desatado durante la pandemia en el país. Es imprescindible, también, que se reconozca el problema racial como factor agravante de las desigualdades, que se encuentra en políticas y proyectos meritocráticos, además de la omisión estatal ante la violencia policial, la muerte violenta y el encarcelamiento masivo de la población negra en el país. Además, el gobierno debe adoptar los protocolos de la OMS para enfrentar la pandemia y, finalmente, instamos a las Fuerzas Armadas a respetar el orden civil y democrático del país.

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