CONVOCATORIA: Foro Regional de las Américas sobre Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías

CONVOCATORIA: Foro Regional de las Américas sobre Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Contexto

Existe un amplio consenso en todo el mundo con respecto a que, abordar las desigualdades y hacer que las instituciones sean más inclusivas es algo fundamental para abordar las causas estructurales de los conflictos. La mayoría de los conflictos se caracterizan por una inclusión insuficiente de las minorías y en el contexto específico de los pueblos indígenas de las Américas. A esto se suma, a menudo, la falta de consideración de sus identidades e injusticias, así como la negación de sus derechos humanos, por lo que el principal reto en este momento es comprender mejor lo que esto significa en la práctica.

Desde 2010, el número de grandes conflictos violentos se ha triplicado en todo el mundo, y gran parte de ese aumento se debe al incremento de los conflictos intraestatales, que suelen involucrar a las minorías. «Este es el momento con más conflictos violentos en el mundo en los últimos 30 años, y el mundo también se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzados jamás registrada»1.

La paz, la estabilidad y la justicia -en otras palabras, la prevención de conflictos violentos- exigen que se aborden las principales injusticias de las minorías asociadas a su exclusión.

Esto es, a las prácticas discriminatorias en materia de participación en la vida pública y en otros ámbitos, a la aceptación de sus culturas, religiones o creencias y lenguas, así como a otras violaciones de sus derechos humanos para proteger su existencia e identidad. La exclusión y la discriminación de las minorías, en lugar de garantizar su inclusión y protección en la sociedad mediante la aplicación de sus derechos humanos, son las principales causas de la mayoría de los conflictos contemporáneos.

La prevención de los conflictos requiere abordar estos errores en su aplicación práctica. Garantizar la protección de los derechos humanos de las minorías, -y los de los pueblos indígenas cuando éstos también constituyan minorías- y asegurar su aplicación antes de que estos agravios puedan empeorar la situación, aumentan las posibilidades de que no se produzca un conflicto. Éstas son las vías para respetar la dignidad y la igualdad de todas las personas de cara a lograr la justicia, la paz y la estabilidad, que se prevé en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el sistema internacional de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Las vías para la paz y la prevención de conflictos se encuentran, por tanto, en la comprensión y aplicación adecuada de los derechos humanos de las minorías.

La nota conceptual completa de los Foros Regionales de 2021 está disponible aquí.

Objetivos

El objetivo principal del Foro Regional de las Américas sobre «Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías» es aportar una visión regional que sirva de base para el trabajo temático del Relator Especial para su informe para la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022. Asimismo, los debates servirán de base para los trabajos y recomendaciones del 14º Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra.

Entre los objetivos específicos se incluyen:

  1. Desarrollar un entendimiento mutuo sobre el papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.
  2. Abordar el tema de los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos de las minorías a la hora de afrontar injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones y posibles conflictos.
  3. Identificar por qué rara vez se reconocen o abordan las causas estructurales de la mayoría de los conflictos, la negación de los derechos humanos de las minorías y sus aspiraciones.
  4. Reforzar las colaboraciones entre las distintas partes interesadas y capacitar para abordar las causas profundas de los conflictos contemporáneos y prevenirlos con mayor eficacia.

Fecha y lugar de celebración

Fecha: 27 y 28 de abril de 2021

Reunión virtual

Participación

El Foro Regional de las Américas estará abierto a la participación de los Estados; las organizaciones intergubernamentales (incluidos los organismos y mecanismos de las Naciones Unidas), las instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos nacionales pertinentes, los académicos y expertos en cuestiones de minorías, los representantes de las minorías, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en cuestiones de minorías.

La participación está abierta a personas involucradas en temas de minorías en la región de las Américas (véase la lista de países elegibles aquí), y con un claro enfoque y experiencia en la prevención de conflictos y minorías.

Todos los participantes individuales deben inscribirse en línea aquí. La inscripción se cerrará a las 23:00 CEST del miércoles 21 de abril de 2021.

Se anima participantes a que presenten su propuesta de recomendación antes del Foro Regional de las Américas y la envíen a regionalforum@tomlantosinstitute.hu. En caso de que las recomendaciones propuestas se hayan redactado en francés, portugués o español, los organizadores ruegan que se envíen antes del viernes 23 de abril para que puedan traducirse. Todas las recomendaciones escritas que se presenten se revisarán y tendrán en cuenta como parte del conjunto final de recomendaciones elaboradas durante el foro regional.

El Foro Regional de las Américas será un evento virtual.

El Gobierno de México ha aceptado amablemente ser el anfitrión del foro regional.

Tras la confirmación de la inscripción, unos días antes del evento, se enviarán el resto de detalles para participar en la reunión.

Temas a debatir

Teniendo en cuenta los principales objetivos de los foros regionales, los debates abordarán los siguientes temas generales. Estos se basarán en el marco de la legislación y las normas internacionales de derechos humanos:

  1. Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías
  2. Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos
  3. Obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos
  4. Formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos

En los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia de incluir la perspectiva de género en las actividades de prevención de conflictos. Por lo tanto, los debates tendrán en cuenta el género y el papel de la mujer en relación con el conflicto, y la orientación sexual y la identidad de género, así como su intersección específica con las minorías.

Además de los cuatro paneles temáticos, el foro regional también incluirá un panel estatal de alto nivel formado por varias presentaciones estatales. Esto pondrá de relieve las experiencias positivas y las lecciones aprendidas de los Estados que hayan participado en actividades de prevención de conflictos, profundizando en la comprensión del papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.

Resultados

Tomando como base los debates y las contribuciones de los participantes, el principal resultado del Foro Regional de las Américas será un documento con recomendaciones prácticas que reflejen los contextos y desafíos regionales.

El idioma de trabajo del foro es el inglés. Habrá interpretación en francés, portugués, español y lengua de signos mexicana.

 

1 ACNUR, Tendencias mundiales,13

Leyla Huerta – Féminas Perú: La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista

Washington D.C., 1 de abril de 2021.– La organización Féminas, de Perú, nació el 7 de junio del año 2015 con el objetivo de empoderar a las mujeres trans en sus acciones de activismo para lograr reconocimiento y respeto a sus derechos. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con su fundadora y directora, Leyla Huerta, quien además de explicar el contexto que impulsó la conformación de Féminas, se refirió a cuáles son sus proyecciones a futuro y a la situación que enfrentan las mujeres trans en el país.

El surgimiento de Féminas estuvo determinado por la visión de Leyla sobre el empoderamiento y activismo que deben tener las mujeres trans. Y es que, al participar en otras organizaciones que trabajan con esta población, la activista pudo identificar que en muchos casos la burocracia y la concentración de responsabilidades no permiten responder a las necesidades de las mujeres trans en cuanto a formación e incidencia.

“Comencé a cuestionar y vi que eso incomodaba a algunas personas. No era un panorama interesante hacer activismo comunitario. Entonces me mantuve al margen, sin participar en ninguna organización. Seguí creciendo profesionalmente y tuve la oportunidad de coordinar un proyecto grande de mujeres trans con el cual comencé a generar reuniones de empoderamiento dentro del espacio laboral y así se fue formando Féminas”, cuenta la lideresa.

Para Leyla, el activismo comunitario es fundamental para cambiar la realidad y, por tanto, esa es la base del trabajo de Féminas. “La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista. El solo hecho de existir sin decir nada, solo tu presencia en un barrio, comienza a cuestionar a las personas sobre la existencia de personas de género diversa”, dice al respecto.

Impacto del COVID-19 en sus planes

La pandemia de COVID-19 hizo del 2020 un año lleno de retos para Féminas, tanto en sus procesos organizativos como en sus acciones de incidencia. Además, la abrupta destitución del presidente Martín Vizcarra significó una ruptura en el discurso de apoyo a la población trans que se venía manejando desde la misma Presidencia y desde instituciones clave para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que el cambio de nombre es posible solamente a través de la vía judicial, un proceso que puede ser muy largo y costoso. Con la COVID-19, se abrió la posibilidad de realizar este proceso en línea, pero las personas trans se han encontrado con muchas limitantes, como la falta de un manual que explique claramente los pasos a seguir. Por tal razón, Leyla señala que la pandemia está retrasando su objetivo de acumular un elevado número de demandas de cambio de nombre y generar jurisprudencia sobre este proceso.

Un aspecto positivo es que la pandemia ha obligado al Estado a actualizar sus sistemas de información y registro. “Una chica cambia de nombre ahora y todo se actualiza, (porque) todo está en línea. Se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse desde hace tiempo para que no tengamos que estar yendo a todas las instituciones para cambiar el nombre en todos los documentos. Es una gran ventaja para aquellas que hemos podido cambiar de nombre”, refiere.

Una doble carga

Ante la COVID-19, Féminas ha brindado ayuda humanitaria a mujeres trans, lo cual conlleva un proceso de planificación de la ayuda, identificación de las beneficiarias, difusión en redes sociales y producción de videos informativos, lo cual se suma a las reuniones periódicas de Féminas. Y aunque ello responde a la visión que tienen como organización, no pueden negar que implica un mayor esfuerzo y más trabajo, lo cual les hace reflexionar sobre la doble carga que enfrentan las personas trans por su expresión e identidad de género.

“Nos decíamos ‘con todo lo que las personas cis viven con la política, imagínate cómo es para las personas trans’. Porque eso también nos afecta, un gobierno, un panorama político donde comienza a haber esos discursos de odio y comienza a usarse la identidad de las personas para poder generar shows y la gente no se da cuenta de ello. La gente está tan invadida por el capitalismo que no se da cuenta de que está siguiendo esos discursos de odio”.

 Respecto a la destitución de Martín Vizcarra, el 10 de noviembre de 2020, Leyla afirma que significó una “batalla perdida” en la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. “El gobierno de Vizcarra trató de tener una visión bien inclusiva. Lamentablemente también se evidenció que aún faltan muchas cosas más, pero se han hecho cosas interesantes. El tema de pico y género y que haya ministros que han hablado sobre la identidad de género y la expresión de género, creo que ha sido súper importante”, dijo.

 Féminas reconoce al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Inclusión Social y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidades aliadas en la lucha. Leyla asegura que dentro de estos Ministerios hay personas que han ayudado a que se logren varios cambios, pero debido a la crisis política, este apoyo se ha visto interrumpido cuando hay cambio de funcionarios y funcionarias.

Lo que quieren en el futuro

En los últimos cinco años, Féminas logró estar en el Plan de violencia contra la mujer, tener una norma técnica que menciona por primera vez a las mujeres trans, agilizar el proceso de cambio de nombre para poder dar insumos que generen jurisprudencia y conseguir que la comunidad trans confié en un grupo. Este último, es un punto que Leyla considera como fundamental, especialmente por la historia que ha tenido la comunidad trans en Perú.

Leyla sabe que para seguir logrando estos y otros resultados, es necesario impulsar procesos de formación y profesionalización, algo en lo que pudieron trabajar durante la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19. “Quiero una estabilidad para Féminas, veo a Féminas de esa manera. Una institución donde se puedan brindar diferentes servicios, podamos tener una clínica de investigaciones, como una institución que pueda canalizar apoyo a mujeres trans y no perder ese tema del idealismo”, afirma.

La lideresa subraya que en ese proceso de crecimiento no quieren perder de vista el activismo comunitario y siempre brindar el protagonismo a las mujeres. “Seguir en el ámbito comunitario (…) poder profesionalizar y contribuir a mejorar el estatus de vida de mujeres trans, pero desde ellas mismas y no solo mejorar el espacio donde van a estar. Este cambio no lo vamos a lograr solas, una o dos personas, sino que lo hacemos todas y mejoramos la población”, expresa Leyla, quien también menciona el ámbito político, pues considera que es un espacio importante para lograr cambios sostenibles.

Raza e Igualdad reconoce la importancia del trabajo que realizan organizaciones como Féminas en favor de las personas trans. Vemos con particular atención que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 durante el 2020, ha traído muchos retos, pero también grandes aprendizajes para la comunidad LGBTI, que ha resistido, sanado y se ha apoyado entre sí.

En ese contexto, Raza e Igualdad reconoce los diferentes tipos de violencia que atraviesan las cuerpas de las personas LGBTI y que las mismas están determinadas por las diferentes intersecciones y contextos de cada país. Por eso, reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a organizaciones que, como Féminas, lucha cada día para lograr el reconocimiento de las expresiones e identidades de género diversas.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo». En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

Cuba: CIDH otorga medidas cautelares a la periodista independiente María Matienzo Puerto y a la defensora de derechos humanos Kirenia Núñez Pérez

Washington D.C., 23 de marzo de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y escritora María Matienzo Puerto, y de la activista Kirenia Núñez Pérez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.

En la resolución 21/2021, la CIDH señala que, en un lapso aproximado de siete años, la pareja ha enfrentado diversos eventos de riesgo como amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones, acompañados de mensajes descalificativos. La Comisión indica también que solicitó información al Estado el 18 de junio de 2020, sin que hasta la fecha haya recibido alguna respuesta.

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH advierte con especial preocupación que uno de los mensajes descalificativos indicaba que Núñez Pérez debía “calmar” a su pareja Matienzo Puerto. Esto, según la Comisión, manifiesta un prejuicio existente de género en torno a la labor de mujeres defensores de derechos humanos y genera una “acentuada” situación de riesgo en torno a prejuicios relacionados a “los roles que deberían jugar en la sociedad”.

En virtud de tales circunstancias, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Matienzo Puerto y Núñez Pérez; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades de periodista independiente y defensora de derechos humanos, respectivamente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Intimidación y persecución

Tanto la periodista y escritora María Matienzo Puerto como la activista Kirenia Núñez Pérez –quienes comparten la misma residencia porque son pareja—son constantemente víctimas de intimidación y persecución por parte de agentes del Estado o por civiles que se identifican a favor del Gobierno, situación que trasciende a las redes sociales.

Aunque no consta en los hechos referidos por la CIDH en su resolución, cabe destacar que el último hecho de represión ocurrió el pasado 12 de marzo, día en que oficiales no identificados interceptaron a Matienzo Puerto al salir de su casa, la obligaron a subirse a un vehículo y la retuvieron por varias horas en una estación de Policía, tiempo en el que su paradero fue desconocido. Ahí, los oficiales la interrogaron y la amenazaron por su labor de periodista y por tener contacto o amistad con otros activistas independientes.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Estado de Cuba a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de María Matienzo Puerto y Kirenia Núñez Pérez, en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y como integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También llamamos a las autoridades a garantizar y respetar la labor de las y los periodistas independientes en la Isla, y de personas defensoras de derechos humanos.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Washington D.C., 11 de marzo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra y se une al pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en el que llama al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

«Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la Isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar», dijo Lawlor, quien precisó que esta situación en contra de las personas que integran el CIR se repite desde el año 2017. Además, resaltó que se les ha impedido viajar a eventos internacionales relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos, sin ninguna explicación.

La Relatora Especial señaló que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataques y frecuentemente «sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.» Agregó que «los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa».

El llamamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos fue respaldado por cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana, entre ellos su presidenta, Dominique Day, así como por  el Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

Relevancia

Raza e Igualdad destaca y celebra el hecho que este pronunciamiento surja en un momento en que el Gobierno cubano ha intensificado la persecución y criminalización en contra de activistas y representantes de la sociedad civil independiente en la Isla, entre quienes se encuentran las y los integrantes del CIR, los cuales aparte de enfrentar represión por su trabajo a favor de la justicia racial, han sido objeto de ataques con un discurso estigmatizante difundido por funcionarios y personas afines al Gobierno.

En una entrevistada brindada en días recientes a Cubavisión Internacional, el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión Aponte, Pedro de la Hoz, descalificó la labor del CIR y de la organización independiente Cofradía de la Negritud. Calificó a sus representantes como “infames” y “mercenarios”, tras hacer alusión al trabajo de incidencia que han realizado ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para denunciar las violaciones de derechos humanos de la población afrocubana.

Recordamos también que el coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En tanto, los también representantes del CIR, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana.

Desde Raza e Igualdad rechazamos toda declaración que estigmatice la labor de defensa de los derechos humanos y que expone a las personas que la ejercen a represalias de parte de funcionarios o personas afines al Gobierno. Demandamos que el Estado de Cuba respete los derechos a la libertad de expresión y de asociación de integrantes de la sociedad civil independiente, y recordamos que—en el caso del CIR—sus dirigentes Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, llamamos a las autoridades a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población afrocubana, acorde a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La foto corresponde a una audiencia ante la CIDH en marzo de 2017, en la que participaron los representantes del CIR Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo(en el centro), en su calidad de integrantes de la sociedad civil independiente en Cuba. Crédito: CIDH/Flickr. 

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Día Nacional del Periodista en Nicaragua: sin garantías para la libertad de prensa

Washington D.C., 1 de marzo de 2021.– Este 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua; sin embargo, para la prensa independiente en el país y en el exilio, no hay nada que celebrar. El ejercicio periodístico se ha visto seriamente impactado por la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, y actualmente las y los periodistas independientes no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su labor.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en los últimos tres años. A continuación, presentamos lo que compartieron sobre la crítica situación.

Aníbal Toruño: En Nicaragua hay una supresión total de los derechos para la libertad de prensa

Para Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío en la ciudad de León, las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente son muy difíciles porque, día a día, este se ve acechado por la censura, las amenazas, la violencia y la criminalización de parte de la Policía, instituciones estatales y grupos paramilitares.

“Hay una supresión total de los derechos constitucionales en Nicaragua para el ejercicio de la libertad de prensa. Hay amenazas permanentes, pero no solamente eso, hace unas semanas el régimen aprobó un combo de leyes con las que pretende no solamente censurar al periodismo, sino alcanzar a todos los nicaragüenses, pues busca controlar las redes sociales además de controlar los principales medios de comunicación”, dijo en alusión a la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la introducción de la pena de cadena perpetua.

El asedio policial contra Toruño, su familia y el equipo periodístico de Radio Darío es constante. Desde abril de 2018, su emisora ha sido asediada en 125 ocasiones y en lo que va de 2021, su casa ha sido allanada tres veces de forma ilegal y violenta. “Hemos adquirido la experiencia para poder manejar el medio, pero es muy difícil cuando hay policías y paramilitares afuera de tu casa con la posibilidad de allanarla y destruirla”, expresó Toruño, quien recordó que bajo el gobierno de Daniel Ortega han cerrado más de 20 medios de comunicación y 10 noticieros y programas de opinión, además que, de los trece canales de señal abierta existentes en el país, solo quedan dos con una línea editorial que no está plegada al Gobierno.

Toruño explicó también que una de las consecuencias de la persecución que sufre el periodismo independiente, es que “el periodismo de campo está vedado”, por lo que deben recurrir a colegas que no están integrados a Radio Darío para poder obtener información. “Somos vigilados, perseguidos, es sumamente complicado y los espacios son estrechos (…) Si el mundo no reacciona, estarían viendo el ocaso de uno de los grandes esfuerzos por la libertad de expresión”, añadió.

Para sus colegas en este Día Nacional del Periodista, Toruño envió un mensaje de esperanza. “Que saquemos fuerzas para seguir adelante, porque la noche nunca ha vencido un amanecer y porque la luz tarda, pero llega. Nuestra lucha y perseverancia deberán ser renovadas en el día a día, convencidos de que estamos haciendo lo correcto”, compartió.

Kalúa Salazar: La policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme

Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, considera que en el país no existen condiciones mínimas para ejercer el periodismo independiente. “Aquí lo que hay son condiciones para ejercer un periodismo de afinidad política. Sin embargo, los periodistas independientes hemos asumido el reto y hemos llegado hasta este punto en donde estamos, donde se han interpuesto demandas en contra de periodistas, se han encarcelado y golpeado periodistas, y es ahí donde se puede evidenciar que condiciones no hay”, manifestó.

En agosto de 2020, tres trabajadores de la Alcaldía de la ciudad de El Rama, interpusieron una demanda por calumnias en contra de Salazar, por la publicación de la nota “Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama”, que exponía mal manejo de fondos públicos en dicha comuna. “Desde entonces hasta la fecha, la Policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme, a encender las sirenas, a sonar las bocinas de las camionetas y hacer un ruido espantoso para que yo me despierte y no pueda conciliar el sueño”, señaló.

Esta situación, aseguró, ha impactado su vida profesional por las limitantes en el acceso a información y la represión en el ejercicio del periodismo, pero dice que principalmente ha afectado su vida personal. “Con las camionetas llenas de policías armados que se bajan frente a mi casa y mis niñas están ahí afuera, ha sido un golpe todavía más duro que en la vida profesional, porque ahí está involucrada esa parte tan importante de mi vida como son mis hijas”, expresó.

El próximo 9 de marzo, Salazar tiene programado un juicio de apelación, pues recurrió contra el fallo de culpabilidad que le impusieron a finales de septiembre de 2020. “Debo de agotar todos los recursos legales posibles para que quede un precedente de que se me están violando mis derechos humanos como persona y como periodista al juzgarme y culparme por querer hacer mi trabajo y porque estoy ejerciendo la libertad de expresión”, dijo.

Pese a encontrarse en una situación tan hostil, Salazar desea continuar haciendo periodismo en su ciudad Bluefields y la región Caribe Sur de Nicaragua, y en este Día Nacional del Periodista, envía a sus colegas un mensaje que ella se repite cada mañana que se levanta para dirigirse a su centro de trabajo: “Nosotros tenemos un objetivo que no es derrocar a ningún gobierno, sino que es llevar información veraz y poder criticar a cualquier gobierno que esté violando los derechos de las personas; que podamos tener ese acercamiento con el pueblo y sobre todo que tengamos la confianza y el valor necesario para continuar ejerciendo, que la autocensura no sea esa herramienta que quieren imponernos para que el miedo se apodere de nosotros y así desistamos de este trabajo que estamos realizando”.

Lucía Pineda: Los periodistas seguimos en resistencia, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar

La directora del canal 100% Noticias, Lucía Pineda, fue víctima de una de las medidas más extremas del Gobierno en contra de la prensa independiente: fue detenida en diciembre 2018 y acusada por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Pineda estuvo en prisión hasta el 11 de junio de 2019, día en que fue liberada bajo la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno días antes. Salió de prisión junto a un grupo de 55 personas que se encontraban privadas de libertad por su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2018, entre ellos el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora.

“Estamos en alerta roja porque ejercer la profesión es de alto riesgo en Nicaragua, hay persecución y juicios por injurias y calumnias contra periodistas que son promovidos por activistas del régimen, y hay robos a medios de comunicación”, afirmó Pineda, quien tras su liberación decidió trasladarse el país vecino Costa Rica, como una medida de seguridad y porque cuenta con la ciudadanía costarricense. Desde ahí, dirige 100% Noticias, canal que actualmente transmite exclusivamente a través de Internet, ya que sus instalaciones fueron ocupadas ilegalmente en diciembre de 2018 y la semana pasada fueron convertidas en un centro de rehabilitación del Ministerio de Salud.

Como directora de este medio de comunicación, Pineda conoce de cerca la persecución que enfrentan las y los periodistas que ejercer el periodismo independiente. “Los muchachos viven bajo constante asedio, van a una conferencia de prensa de un sector de la oposición y a su ingreso, la Policía los revisa, revisan sus carros, sus pertenencias (…) El reportero nocturno de 100% Noticias me dice que la Policía lo persigue todos los días, lo interceptan, y ha habido veces que lo han golpeado”, dijo.

“La Policía te ve como un enemigo, te asedia para que sientas miedo y decidas ´tirar la toalla´ (desistir) y que sientas que te vigilan para que tengas cuidado con lo que vayas a decir, a informar”, agregó Pineda, quien aseguró que su vida cambió de forma rotunda desde su detención, pues señaló que su segunda casa era 100% Noticias y ahora dirige este canal desde Costa Rica, por lo que resiente no poder estar en Nicaragua, donde había establecido su vida, y estaba acostumbrada a reportear en las calles y tener contacto cercano con la población.

Para sus colegas en Nicaragua, que este 1 de marzo conmemoran el Día Nacional del Periodista, Pineda envía el siguiente mensaje: “Sigamos en resistencia, resistamos por la libertad, que Nicaragua va a agradecer a la prensa independiente por todo el trabajo, muchas organizaciones del mundo han notado que es una prensa independiente valiente, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar”.

Llamado

Raza e Igualdad aprovecha esta ocasión para hacer un reconocimiento a las y los periodistas independientes de Nicaragua que, a pesar de no contar con las debidas garantías para ejercer el periodismo de forma independiente, se han mantenido firmes en su labor de informar. También llamamos al Gobierno a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio, persecución y amenazas, así como a derogar las leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las cuales restringen la libertad de expresión.

Alta Comisionada exhorta al Gobierno de Nicaragua a reanudar la cooperación con mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos y llama a realizar reformar electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes

Washington D.C., 25 de febrero de 2021.– La crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto exacerbada por la pandemia de Covid-19 y por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe sobre Nicaragua durante el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe fue respaldado por una veintena de delegaciones diplomáticas, así como por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior sobre la situación del país.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 noviembre de 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, de expresión, a la participación política y a las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, expuso la Alta Comisionada, quien señaló que el informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El informe indica que la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores”, agregó.

La Alta Comisionada dijo que siguieron registrándose detenciones arbitrarias, la mayoría de breve duración, y destacó la situación de las y los prisioneros políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua suman 111 hasta febrero de 2021. Destacó también que en el periodo que comprende el informe las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, a lo cual se añade el impacto devastador de los dos huracanes. A este panorama, la Alta Comisionada agregó el aumento de los feminicidios y las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.

Violaciones de derechos humanos en la impunidad

 “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad”, expresó, y enfatizó el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior, tal como lo muestra el último boletín de la Oficina Regional de la Alta Comisionada.

“La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es esencial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres justas y transparentes”, finalizó.

Respuesta del Estado

En nombre del Estado de Nicaragua, la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales, expresó la “no aceptación y rechazo absoluto” del informe por considerarlo “unilateral” y “parcializado”. “El Gobierno rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, dijo.

Respaldo internacional

El informe de la Alta Comisionada fue respaldado por las delegaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea, así como por organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior a la presentación del informe y que incluyó la intervención de representantes de la sociedad civil nicaragüense.

Todas expresaron su preocupación por la continuidad de la represión en contra de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, opositores, y defensores y defensoras de derechos humanos, y por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como también lamentaron que el Gobierno no acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos registradas desde abril de 2018.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, fue una de las personas que intervino en nombre de la sociedad civil nicaragüense, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), refiriéndose a la destrucción de oficinas de organizaciones civiles y de medios de comunicación, las cuales fueron arbitraria e ilegalmente ocupadas y concedidas al Ministerio de Salud, que actualmente realiza labores de construcción para transformarlas en unidades de salud y, en algunos casos como sede del CENIDH en Juigalpa y las instalaciones de Confidencial, ya inauguró como tales.

También fue expuesta la situación de las invasiones de tierras y violencia que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte del país. “A lo largo de 2020, la apropiación de tierras y los ataques violentos de colonos armados ilegales han aumentado, con al menos 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad y 2 agresiones a dos niñas indígenas mískitu menores de edad”, expusieron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el CENIDH.

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