Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Washington D.C., 11 de marzo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra y se une al pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en el que llama al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

“Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la Isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar”, dijo Lawlor, quien precisó que esta situación en contra de las personas que integran el CIR se repite desde el año 2017. Además, resaltó que se les ha impedido viajar a eventos internacionales relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos, sin ninguna explicación.

La Relatora Especial señaló que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataques y frecuentemente “sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.” Agregó que “los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa”.

El llamamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos fue respaldado por cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana, entre ellos su presidenta, Dominique Day, así como por  el Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

Relevancia

Raza e Igualdad destaca y celebra el hecho que este pronunciamiento surja en un momento en que el Gobierno cubano ha intensificado la persecución y criminalización en contra de activistas y representantes de la sociedad civil independiente en la Isla, entre quienes se encuentran las y los integrantes del CIR, los cuales aparte de enfrentar represión por su trabajo a favor de la justicia racial, han sido objeto de ataques con un discurso estigmatizante difundido por funcionarios y personas afines al Gobierno.

En una entrevistada brindada en días recientes a Cubavisión Internacional, el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión Aponte, Pedro de la Hoz, descalificó la labor del CIR y de la organización independiente Cofradía de la Negritud. Calificó a sus representantes como “infames” y “mercenarios”, tras hacer alusión al trabajo de incidencia que han realizado ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para denunciar las violaciones de derechos humanos de la población afrocubana.

Recordamos también que el coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En tanto, los también representantes del CIR, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana.

Desde Raza e Igualdad rechazamos toda declaración que estigmatice la labor de defensa de los derechos humanos y que expone a las personas que la ejercen a represalias de parte de funcionarios o personas afines al Gobierno. Demandamos que el Estado de Cuba respete los derechos a la libertad de expresión y de asociación de integrantes de la sociedad civil independiente, y recordamos que—en el caso del CIR—sus dirigentes Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, llamamos a las autoridades a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población afrocubana, acorde a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La foto corresponde a una audiencia ante la CIDH en marzo de 2017, en la que participaron los representantes del CIR Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo(en el centro), en su calidad de integrantes de la sociedad civil independiente en Cuba. Crédito: CIDH/Flickr. 

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Día Nacional del Periodista en Nicaragua: sin garantías para la libertad de prensa

Washington D.C., 1 de marzo de 2021.– Este 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua; sin embargo, para la prensa independiente en el país y en el exilio, no hay nada que celebrar. El ejercicio periodístico se ha visto seriamente impactado por la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, y actualmente las y los periodistas independientes no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su labor.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en los últimos tres años. A continuación, presentamos lo que compartieron sobre la crítica situación.

Aníbal Toruño: En Nicaragua hay una supresión total de los derechos para la libertad de prensa

Para Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío en la ciudad de León, las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente son muy difíciles porque, día a día, este se ve acechado por la censura, las amenazas, la violencia y la criminalización de parte de la Policía, instituciones estatales y grupos paramilitares.

“Hay una supresión total de los derechos constitucionales en Nicaragua para el ejercicio de la libertad de prensa. Hay amenazas permanentes, pero no solamente eso, hace unas semanas el régimen aprobó un combo de leyes con las que pretende no solamente censurar al periodismo, sino alcanzar a todos los nicaragüenses, pues busca controlar las redes sociales además de controlar los principales medios de comunicación”, dijo en alusión a la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la introducción de la pena de cadena perpetua.

El asedio policial contra Toruño, su familia y el equipo periodístico de Radio Darío es constante. Desde abril de 2018, su emisora ha sido asediada en 125 ocasiones y en lo que va de 2021, su casa ha sido allanada tres veces de forma ilegal y violenta. “Hemos adquirido la experiencia para poder manejar el medio, pero es muy difícil cuando hay policías y paramilitares afuera de tu casa con la posibilidad de allanarla y destruirla”, expresó Toruño, quien recordó que bajo el gobierno de Daniel Ortega han cerrado más de 20 medios de comunicación y 10 noticieros y programas de opinión, además que, de los trece canales de señal abierta existentes en el país, solo quedan dos con una línea editorial que no está plegada al Gobierno.

Toruño explicó también que una de las consecuencias de la persecución que sufre el periodismo independiente, es que “el periodismo de campo está vedado”, por lo que deben recurrir a colegas que no están integrados a Radio Darío para poder obtener información. “Somos vigilados, perseguidos, es sumamente complicado y los espacios son estrechos (…) Si el mundo no reacciona, estarían viendo el ocaso de uno de los grandes esfuerzos por la libertad de expresión”, añadió.

Para sus colegas en este Día Nacional del Periodista, Toruño envió un mensaje de esperanza. “Que saquemos fuerzas para seguir adelante, porque la noche nunca ha vencido un amanecer y porque la luz tarda, pero llega. Nuestra lucha y perseverancia deberán ser renovadas en el día a día, convencidos de que estamos haciendo lo correcto”, compartió.

Kalúa Salazar: La policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme

Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, considera que en el país no existen condiciones mínimas para ejercer el periodismo independiente. “Aquí lo que hay son condiciones para ejercer un periodismo de afinidad política. Sin embargo, los periodistas independientes hemos asumido el reto y hemos llegado hasta este punto en donde estamos, donde se han interpuesto demandas en contra de periodistas, se han encarcelado y golpeado periodistas, y es ahí donde se puede evidenciar que condiciones no hay”, manifestó.

En agosto de 2020, tres trabajadores de la Alcaldía de la ciudad de El Rama, interpusieron una demanda por calumnias en contra de Salazar, por la publicación de la nota “Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama”, que exponía mal manejo de fondos públicos en dicha comuna. “Desde entonces hasta la fecha, la Policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme, a encender las sirenas, a sonar las bocinas de las camionetas y hacer un ruido espantoso para que yo me despierte y no pueda conciliar el sueño”, señaló.

Esta situación, aseguró, ha impactado su vida profesional por las limitantes en el acceso a información y la represión en el ejercicio del periodismo, pero dice que principalmente ha afectado su vida personal. “Con las camionetas llenas de policías armados que se bajan frente a mi casa y mis niñas están ahí afuera, ha sido un golpe todavía más duro que en la vida profesional, porque ahí está involucrada esa parte tan importante de mi vida como son mis hijas”, expresó.

El próximo 9 de marzo, Salazar tiene programado un juicio de apelación, pues recurrió contra el fallo de culpabilidad que le impusieron a finales de septiembre de 2020. “Debo de agotar todos los recursos legales posibles para que quede un precedente de que se me están violando mis derechos humanos como persona y como periodista al juzgarme y culparme por querer hacer mi trabajo y porque estoy ejerciendo la libertad de expresión”, dijo.

Pese a encontrarse en una situación tan hostil, Salazar desea continuar haciendo periodismo en su ciudad Bluefields y la región Caribe Sur de Nicaragua, y en este Día Nacional del Periodista, envía a sus colegas un mensaje que ella se repite cada mañana que se levanta para dirigirse a su centro de trabajo: “Nosotros tenemos un objetivo que no es derrocar a ningún gobierno, sino que es llevar información veraz y poder criticar a cualquier gobierno que esté violando los derechos de las personas; que podamos tener ese acercamiento con el pueblo y sobre todo que tengamos la confianza y el valor necesario para continuar ejerciendo, que la autocensura no sea esa herramienta que quieren imponernos para que el miedo se apodere de nosotros y así desistamos de este trabajo que estamos realizando”.

Lucía Pineda: Los periodistas seguimos en resistencia, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar

La directora del canal 100% Noticias, Lucía Pineda, fue víctima de una de las medidas más extremas del Gobierno en contra de la prensa independiente: fue detenida en diciembre 2018 y acusada por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Pineda estuvo en prisión hasta el 11 de junio de 2019, día en que fue liberada bajo la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno días antes. Salió de prisión junto a un grupo de 55 personas que se encontraban privadas de libertad por su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2018, entre ellos el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora.

“Estamos en alerta roja porque ejercer la profesión es de alto riesgo en Nicaragua, hay persecución y juicios por injurias y calumnias contra periodistas que son promovidos por activistas del régimen, y hay robos a medios de comunicación”, afirmó Pineda, quien tras su liberación decidió trasladarse el país vecino Costa Rica, como una medida de seguridad y porque cuenta con la ciudadanía costarricense. Desde ahí, dirige 100% Noticias, canal que actualmente transmite exclusivamente a través de Internet, ya que sus instalaciones fueron ocupadas ilegalmente en diciembre de 2018 y la semana pasada fueron convertidas en un centro de rehabilitación del Ministerio de Salud.

Como directora de este medio de comunicación, Pineda conoce de cerca la persecución que enfrentan las y los periodistas que ejercer el periodismo independiente. “Los muchachos viven bajo constante asedio, van a una conferencia de prensa de un sector de la oposición y a su ingreso, la Policía los revisa, revisan sus carros, sus pertenencias (…) El reportero nocturno de 100% Noticias me dice que la Policía lo persigue todos los días, lo interceptan, y ha habido veces que lo han golpeado”, dijo.

“La Policía te ve como un enemigo, te asedia para que sientas miedo y decidas ´tirar la toalla´ (desistir) y que sientas que te vigilan para que tengas cuidado con lo que vayas a decir, a informar”, agregó Pineda, quien aseguró que su vida cambió de forma rotunda desde su detención, pues señaló que su segunda casa era 100% Noticias y ahora dirige este canal desde Costa Rica, por lo que resiente no poder estar en Nicaragua, donde había establecido su vida, y estaba acostumbrada a reportear en las calles y tener contacto cercano con la población.

Para sus colegas en Nicaragua, que este 1 de marzo conmemoran el Día Nacional del Periodista, Pineda envía el siguiente mensaje: “Sigamos en resistencia, resistamos por la libertad, que Nicaragua va a agradecer a la prensa independiente por todo el trabajo, muchas organizaciones del mundo han notado que es una prensa independiente valiente, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar”.

Llamado

Raza e Igualdad aprovecha esta ocasión para hacer un reconocimiento a las y los periodistas independientes de Nicaragua que, a pesar de no contar con las debidas garantías para ejercer el periodismo de forma independiente, se han mantenido firmes en su labor de informar. También llamamos al Gobierno a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio, persecución y amenazas, así como a derogar las leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las cuales restringen la libertad de expresión.

Alta Comisionada exhorta al Gobierno de Nicaragua a reanudar la cooperación con mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos y llama a realizar reformar electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes

Washington D.C., 25 de febrero de 2021.– La crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto exacerbada por la pandemia de Covid-19 y por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe sobre Nicaragua durante el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe fue respaldado por una veintena de delegaciones diplomáticas, así como por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior sobre la situación del país.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 noviembre de 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, de expresión, a la participación política y a las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, expuso la Alta Comisionada, quien señaló que el informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El informe indica que la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores”, agregó.

La Alta Comisionada dijo que siguieron registrándose detenciones arbitrarias, la mayoría de breve duración, y destacó la situación de las y los prisioneros políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua suman 111 hasta febrero de 2021. Destacó también que en el periodo que comprende el informe las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, a lo cual se añade el impacto devastador de los dos huracanes. A este panorama, la Alta Comisionada agregó el aumento de los feminicidios y las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.

Violaciones de derechos humanos en la impunidad

 “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad”, expresó, y enfatizó el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior, tal como lo muestra el último boletín de la Oficina Regional de la Alta Comisionada.

“La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es esencial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres justas y transparentes”, finalizó.

Respuesta del Estado

En nombre del Estado de Nicaragua, la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales, expresó la “no aceptación y rechazo absoluto” del informe por considerarlo “unilateral” y “parcializado”. “El Gobierno rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, dijo.

Respaldo internacional

El informe de la Alta Comisionada fue respaldado por las delegaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea, así como por organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior a la presentación del informe y que incluyó la intervención de representantes de la sociedad civil nicaragüense.

Todas expresaron su preocupación por la continuidad de la represión en contra de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, opositores, y defensores y defensoras de derechos humanos, y por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como también lamentaron que el Gobierno no acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos registradas desde abril de 2018.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, fue una de las personas que intervino en nombre de la sociedad civil nicaragüense, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), refiriéndose a la destrucción de oficinas de organizaciones civiles y de medios de comunicación, las cuales fueron arbitraria e ilegalmente ocupadas y concedidas al Ministerio de Salud, que actualmente realiza labores de construcción para transformarlas en unidades de salud y, en algunos casos como sede del CENIDH en Juigalpa y las instalaciones de Confidencial, ya inauguró como tales.

También fue expuesta la situación de las invasiones de tierras y violencia que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte del país. “A lo largo de 2020, la apropiación de tierras y los ataques violentos de colonos armados ilegales han aumentado, con al menos 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad y 2 agresiones a dos niñas indígenas mískitu menores de edad”, expusieron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el CENIDH.

Para ver la presentación del informe de la Alta Comisionada, haga clic aquí.

Acceda al informe aquí.

Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “Situación de Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, con el objetivo de brindar un panorama amplio sobre la presencia y derechos de la población afrodescendiente en Bolivia, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, y tomando en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.

Este país suramericano celebrará el próximo 7 de marzo las elecciones subnacionales, en las que se elegirán 9 gobernantes, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2,000 concejales. Por tanto, el informe busca ofrecer información clave para la adopción de políticas públicas que tomen en cuenta la presencia y derechos de las más de 25 mil personas que actualmente se autoreconocen como afrobolivianas y afrobolivianos.

“El Pueblo Afroboliviano logró su inclusión en la Constitución Política del Estado de 2009 y el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos humanos individuales y colectivos”, refiere Ivanna Fernández Martinez, autora del informe, y para quien “aún se requiere un análisis y evaluación exhaustivos para desarrollar política pública coherente en atención a los derechos diferenciados y las prioridades de este segmento heterogéneo de la población, así como el seguimiento y monitoreo a su implementación”.

Fernández Martinet destaca que “las políticas públicas aplicadas al sector (Pueblo Afroboliviano) deben ser sensibles a las cuestiones de género y culturalmente adecuadas, enfocadas en mejorar su calidad de vida y valorar su cultura”.

Contenido del informe

El informe se divide en cinco partes. La primera identifica la presencia y el registro de la población afroboliviana en el país, la segunda presenta el modelo de Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el reconocimiento constitucional del Pueblo Afroboliviano y la titularidad de; la tercera parte aborda el racismo y la discriminación racial que viven las y los afrobolivianos y la descripción del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para combatir este flagelo.

Luego, la cuarta parte describe la situación de los derechos humanos de la población en las zonas rurales y la quinta reúne los principales desafíos de las mujeres afrobolivianas por la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a sus condiciones particulares. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones en todos los ámbitos.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de Raza e Igualdad. Puede ser consultado y descargado por medio de este link: https://bit.ly/3nTMm0Y

Raza e Igualdad celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte del Estado brasileño

Brasil, 19 de febrero de 2021 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) felicita al Estado de Brasil por la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia [1], firmada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Guatemala, en 2013 [2]. La ratificación de la Convención significa un logro del movimiento afro brasileño que ha estado participando en el fortalecimiento y adopción de la Convención desde el año 2000. De esta forma, Brasil se compromete a nivel internacional a luchar contra la intolerancia y el racismo, teniendo así la oportunidad de romper con su estructura racista fundacional.

Una vez ratificada, la Convención adquiere el estatus de reforma constitucional, garantizando que las leyes infraconstitucionales puedan ser impugnadas, lo que representa la apertura de nuevos caminos para el debate racial en el país. Sobre los derechos humanos, la posibilidad de cambios en la legislación nacional es de suma importancia para prevenir, eliminar y sancionar violaciones con sesgos racistas y discriminatórios, que impactan a la población afro y se forjaron a raíz de las políticas de blanqueamineto y meritocráticas. Cabe destacar que la Constitución brasileña, en su artículo número 5, punto 42, señala que una persona acusada de racismo no puede salir libre bajo fianza y que este delito es imprescriptible y, en el artículo 3, punto 4, repudia el prejuicio y otras formas de discriminación.

Lúcia Xavier, Coordinadora General de la ONG Criola, saluda la ratificación de este acuerdo por parte de Brasil, principalmente porque se consolida como un instrumento fundamental para el movimiento afro y para las mujeres afros que están en constante lucha contra la violencia y la discriminación, especialmente en el contexto de COVID19 en el país. “Así como los gobiernos conservadores avanzan contra los derechos, la Convención puede significar tener más instrumentos e incluso fortalecer el propio sistema regional de derechos humanos. La Convención será um instrumento político fundamental de ahora en adelante para luchar contra el racismo en Brasil y en la región”, considera.

“Al ser ratificado por Brasil y consolidado en nuestra legislación, fortalece el esfuerzo que los movimientos afros vienen haciendo desde hace años para erradicar definitivamente el racismo. Especialmente el racismo institucionalizado, aquel que no consiste en leyes, normas o políticas, sino que es implementado por el Estado en todas sus instancias, todos los días. Entonces, la posibilidad de contar con este instrumento contra los ataques que el actual gobierno brasileño está haciendo a la población afro es muy buena”, Lúcia Xavier, ONG Criola .

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en Brasil existen varias formas de racismo, muchas veces invisibilizadas, pero que a diario se evidencian y comprueban por los altos niveles de violencia que enfrenta la población afro en desigual acceso al trabajo, políticas de vivienda pública, salud y educación. “Dadas las circunstancias históricas brasileñas, partiendo del hecho de que Brasil es el país con más afrodescendientes fuera de África, cuya población afro enfrenta serios problemas de discriminación y de invisibilidad de derechos, la ratificación de este acuerdo se consolida como una posibilidad de reparación histórica y enfrentamiento al racismo estructural”, destaca.

Es importante mencionar que el racismo que enfrenta el pueblo afrobrasileño influye de forma considerable en que esta población represente una mayoría en las estadísticas del sistema penitenciario, de la pobreza y de las altas tasas de suicidio, revelando así, una sociedad jurídica- mediatica que es estructural e institucionalmente racista. Por lo tanto, la expectativa con la ratificación de esta Convención es también mover las estructuras que subyacen a los órganos de justicia brasileños y sus ministerios, arraigadas en el mantenimiento de privilegios regidos por criterios excluyentes y marginales. Así, la intervención del Estado a través de esta ratificación es una posibilidad para la democratización de derechos con la consolidación de políticas de justicia social.

Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro y promotora de la ratificación de la Convención, recuerda que entre los países miembros de la OEA Brasil lideró la elaboración de este acuerdo. Para Casseres, es un reconocimiento a la lucha histórica del movimiento afro brasileño, siendo un instrumento más sofisticado y actual para combatir el racismo. “Es una Convención que ataca la discriminación indirecta y prevé la prohibición de políticas públicas con resultados racialmente discriminatorios, como ejemplo, tenemos las políticas de seguridad pública”, apunta.

“Tenemos por primera vez un instrumento legal que tiene la capacidad de enfrentar la complejidad del fenómeno del racismo. Es un gran beneficio porque es una Convención que tiene instrumentos legales mucho más sofisticados y refinados, capaces de hacer frente a las complejidades del racismo que no pudimos abordar plenamente con el marco legal que existía antes de la ratificación de este acuerdo en Brasil”. Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro.

 En vista de la ratificación de la Convención, Raza e Igualdad enfatiza que para una lucha efectiva contra el racismo, su implementación debe realizarse en consulta con la sociedad civil. Su Capítulo IV, párrafos 4 y 5, de la Convención, establece que se espera que el Estado Parte nombre a un experto, con funciones independientes, para la tarea de seguimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio. Además, se creará un comité para intercambiar ideas y experiencias y revisar los avances realizados por los Estados Partes en su implementación [3]. De esta manera, la consulta con la sociedad civil es un derecho, reconocimiento y oportunidad para el Estado de dialogar con diferentes sectores de la sociedad y, principalmente, con el movimiento afro brasileño, para que los retos en la lucha contra el racismo sean identificados.

Frente a esta nueva coyuntura de posibilidades para combatir el racismo, Raza y Igualdad celebra la labor del movimiento afro en la lucha por la aprobación y ratificación de esta Convención y se compromete a fortalecer y contribuir al avance de la lucha por los derechos humanos y contra el racismo en Brasil. Reconocemos la gran importancia de este acuerdo para la reparación de la deuda social y para la seguridad de la población afro que estructuralmente se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en el país. Así, recomendamos al Estado brasileño:

1 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente en diálogo con el movimiento afro brasileño;

2 – Definir estrategias de ejecución para que los órganos normativos, ejecutivos y judiciales implementen acciones de cumplimiento inmediato de las medidas promulgadas por la Convención;

3 – Diseñar políticas públicas que tengan como objetivo sancionar los actos racistas y reparar el racismo estructural con miras a promover la igualdad para que la población afro pueda acceder a políticas afirmativas en el área de salud, trabajo, bienestar, educación y en el ámbito político, destacando la equidad y protección en el sistema electoral.

[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/senado-aprova-projeto-que-ratifica-texto-da-convencao-interamericana-contra-o-racismo.ghtml

[2] e [3] https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/interamericantreatiesA-68ConvencaoInteramericanaracismoPOR.pdf

 

 

A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Washington D.C., 5 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este miércoles tres de febrero un seminario virtual en el que representantes de la sociedad civil independiente en Cuba abordaron la situación de las mujeres y niñas en la Isla, y además se lanzó el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”.

El evento se denominó “Cuba ante la Agenda 2030. Cumplimiento del ODS-5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas” y contó con la participación de Damaris Rozo López, directora del Observatorio Regional sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Los Andes de Colombia; María Matienzo, periodista, escritora y autora del informe; Marthadela Tamayo, defensora de derechos humanos en la Isla e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y Eroisis González, coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina.

Como moderadora del webinar estuvo Johanna Villegas, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, y las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien recordó que entre las metas del ODS-5 están poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, velar por la participación plena de las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y los derechos de las mujeres a recursos económicos en condiciones de igualdad.

“No dejar a nadie atrás”

La directora del Observatorio Regional sobre los ODS de la Universidad de Los Andes, Damaris Rozo López, señaló que uno de los principios universales que promueve la Agenda 2030 – de la cual se desprenden los ODS—es el de “no dejar a nadie atrás” y, en ese sentido incluye, una mirada interseccional, pues sugiere hacer frente a la pobreza y la desigualdad tomando en cuenta las necesidades y situación particular de los diferentes grupos de mujeres (indígenas, afrodescendientes, LBTI, etc.).

La experta advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan varios retos y dificultades para el alcance de la Agenda 2030. Las estimaciones indican que no se lograrán cumplir los objetivos trazados para el 2030 y, de seguir la tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir los objetivos.

Rozo López apuntó que la pandemia de Covid-19 ha significado un gran rezago en el proceso de implementación de la Agenda; sin embargo, dijo: “Si bien estamos rezagados, no podemos quedarnos ahí; invito a la sociedad civil a presionar a los Estados para que cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Situación en Cuba

Para conocer cómo avanza la implementación del ODS-5 en Cuba, la periodista y escritora María Matienzo presentó un resumen de su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, en el que, con base en registros propios y testimonios de mujeres, analiza cuál es la situación en la Isla. “En Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS-5”, refirió.

Matienzo se centró en dos aspectos: la falta de un ordenamiento jurídico para la protección y equidad de las mujeres, específicamente de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio, y la criminalización del activismo por los derechos humanos. “En noviembre del año 2019 un grupo de 40 mujeres presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley integral, pero fueron desoídas”, dijo sobre el primer punto.

Respecto a la persecución y criminalización de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la periodista y escritora indicó que las agresiones, arrestos y actos de asedio registrados durante el 2020 son un ejemplo del nivel de violencia que enfrentan las mujeres que realizan ese tipo de labor. Como ejemplo puso el caso de la periodista Camila Acosta, quien en varias ocasiones ha sido desalojada de las casas que alquila por presión de la Seguridad del Estado y el pasado 27 de enero fue arrestada al intentar participar en una manifestación en las afueras del Ministerio de Cultura.

En sus comentarios al informe, la defensora de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, y la coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina, Eroisis González, destacaron la particular situación de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan doble discriminación.

Al ser detenidas e interrogadas por su labor, las activistas afrocubanas escuchan de parte de oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía frases discriminatorias como “deberían estar agradecidas porque la Revolución las hizo personas”, refirió Tamayo. En tanto, González apuntó que en medio de la pandemia de Covid-19 las cubanas afrodescendientes han experimentado de forma más marcada el impacto de esta emergencia sanitaria, especialmente aquellas que están fuera de La Habana.

Sus demandas

Las tres activistas cubanas coincidieron en que es necesario que el Gobierno genere estadísticas reales y accesibles sobre la situación de las mujeres y niñas, además que apruebe un marco legal para la igualdad de género y la protección de las mujeres, incluyendo la tipificación del delito de feminicidio. En la Isla, el 2020 cerró con el asesinato de 32 mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras que el primero mes del 2021 terminó con 4 feminicidios registrados, según la iniciativa Yo Sí Te Creo Cuba y la Red Femenina de Cuba, respectivamente.

Desde Raza e Igualdad, apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente en Cuba, incluyendo las que abogan por la equidad y protección de todas las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Llamamos al Gobierno a escuchar las voces de las activistas y defensoras de derechos humanos para que, en correspondencia a sus obligaciones en materia de derechos humanos, diseñe e implemente políticas y leyes que garanticen una sociedad libre y equitativa.

Para consultar y descargar el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, acceda a este enlace.

Puede ver nuevamente el webinar aquí.

Apple apoya a Raza e Igualdad en su trabajo por la equidad racial en las Américas en celebración del Mes de la Historia Afroamericana

Washington D.C., 26 de enero de 2021.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) fue escogido por la compañía Apple para ser una de las seis organizaciones que recibirán apoyo para avanzar en su trabajo por la equidad racial en Estados Unidos y el mundo, como parte de una iniciativa de la multinacional para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, la cual incluye el lanzamiento de la colección Black Unity de Apple Watch.

“Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa global de Apple para celebrar y reconocer la historia y cultura afrodescendientes”, expresó ante el anuncio el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Las otras cinco organizaciones que recibirán apoyo para avanzar en su trabajo por la igualdad y los derechos de las y los afrodescendientes, son: el fondo Black Lives Matter, vía Tides Foundation; la Red Europea contra el Racismo (European Network Against Racism), Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Educational Fund y Souls Grown Deep.

Raza e Igualdad agradece la confianza y el reconocimiento por su trabajo en la promoción y protección de los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, que será beneficiado en gran medida por este apoyo otorgado por Apple. Aprovechamos esta ocasión para reafirmar nuestro compromiso de luchar por una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.

Para conocer más sobre esta iniciativa de Apple y la colección Black Unity de Apple Watch, haga clic aquí.

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

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