Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Día Mundial de la lucha contra el Sida: Raza e Igualdad pide a Brasil y a Colombia que garanticen equidad en el tratamiento del VIH

Este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su solidaridad y honra a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Esta conmemoración, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 1987, con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo crear conciencia y promover el diálogo sobre los derechos sexuales de una manera inclusiva y receptiva en la prevención del VIH. Además, busca romper los estigmas sobre la realidad de las personas que viven con el virus, siendo una jornada de visibilidad y solidaridad.

Brasil: el racismo y la LGBTIfobia estructurales como barreras en el tratamiento del VIH

En Brasil, durante todo el mes de diciembre, se celebra la campaña de sensibilización “Diciembre Rojo”, cuyo símbolo es una cinta roja que, a nivel mundial, representa la solidaridad y compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, si bien este país ya había sido un referente mundial en el tratamiento contra el virus, actualmente enfrenta el desmantelamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y varios retrocesos en las políticas públicas de salud, como decretos del gobierno de Jair Bolsonaro que eliminaron departamentos que se ocupaban de la vigilancia y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.

El dossier “¿De qué color es lo invisible? La situación de derechos humanos de la población negra LGBTI brasileña”, publicado por Raza e Igualdad, en su capítulo 5, referido al derecho a la salud, recopila diversos datos que explican el preocupante avance del VIH/SIDA en el país[1]. Como señala el documento, el racismo y la LGBTIfobia estructurales combinados con el avance del conservadurismo religioso, constituyen obstáculos para un tratamiento igualitario del VIH para toda la población. La falta de responsabilidad del Estado y su discurso moralista, alientan a la sociedad a desarrollar prácticas prejuiciosas y LGBTIfóbicas sobre la falacia de que el VIH es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales. Como resultado, el debate sobre educación sexual fue eliminado de las escuelas.

Según el informe, entre 2007 y 2017, hubo un aumento del 700% en las tasas de infección por VIH entre las personas de 15 a 24 años. Si bien estos datos se refieren al gobierno anterior, se sabe que, debido al avance del conservadurismo religioso, actualmente hay un aumento de casos de VIH entre jóvenes y adolescentes que no han tenido acceso a la información necesaria en salud pública.  Además, el informe señala el impacto del racismo en los tratamientos de salud, evidenciando la gran discrepancia en la proporción raza y sexo en el aumento de casos de infección por VIH y desarrollo de SIDA, entre 2008 y 2018.

Los datos epidemiológicos, explicados en este informe, muestran que, mientras el número de muertes por SIDA ha disminuido entre las personas blancas, ha aumentado considerablemente entre las y los afrodescendientes. En 2018, hubo 2.885 (40,3%) muertes de hombres blancos y 4.219 (59%) muertes de hombres negros. Para las mujeres la tendencia es la misma. En 2008, hubo 1.804 (47,4%) muertes de mujeres blancas y 1.981 (52,1%) muertes de mujeres negras. En 2018, hubo 1.309 (37,7%) muertes de mujeres blancas y 2.136 (61,5 %) muertes de mujeres negras.

El documento señala también la invisibilidad de las lesbianas, transexuales, travestis y hombres trans en los datos del boletín epidemiológico. Ocultos dentro del patrón de cis-heteronormatividad universal, estos grupos no cuentan con políticas públicas de salud que comprendan sus necesidades reales y, una vez más, son silenciados mientras se vuelven más vulnerables.

“Un meta análisis realizado con datos de 15 países[2], estimó que el 33,1% de las mujeres trans en Brasil vivían con el VIH, solo detrás de Argentina (33,5%) e India (43,7%), con datos actualizados hasta 2011. Esta misma encuesta apuntaba a la alarmante estimación de que las mujeres trans tenían 49 veces más probabilidades de contraer el VIH que otras personas”, revela el dossier.

En este sentido, el dossier saca a la luz el impacto causado por el racismo y la LGBTIfobia estructurales, que condena a gran parte de la población brasileña a situaciones de extrema vulnerabilidad en la atención y tratamiento como condiciones necesarias para una salud digna. Con ello, el avance del VIH/SIDA en Brasil vuelve a poner al país en riesgo de pandemia, ya que el desmantelamiento de programas sociales imprescindibles para el mantenimiento de la salud de la población, sirven de terreno para la proliferación no solo de enfermedades, sino también de desigualdad e intolerancia.

VIH/SIDA en Colombia: una historia de éxito sin victorias

El informe anual mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA ), publicado a mediados de 2020[3], revela que Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde la tasa de infecciones por VIH ha disminuido en la última década. A pesar de ello, las cifras globales ocultan la falta de avances en la atención a los grupos más vulnerables y aún persisten las altas tasas de mortalidad. Existen otras barreras estructurales que impiden que los más vulnerables accedan a los programas ya propuestos por el Gobierno bajo esta estrategia global.

En primer lugar, porque existe una brecha importante en el acceso a los servicios de salud, debido a las altas tasas de desempleo y desocupación en el país, lo que limita las posibilidades de acceso a un diagnóstico de la enfermedad, específicamente a un diagnóstico temprano que permita una pronta acción. En la actualidad, la epidemia se concentra en algunas poblaciones, dos de las cuales pertenecen al colectivo LGBTI: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en la que se incluyen hombres bisexuales y hombres que no se autodenominan “gay”) y mujeres trans, (MT), es decir, personas que nacen hombres y actualmente son mujeres. En estos grupos, los niveles de seropositividad son muy altos.

En Bogotá, en 2018, las tasas de contagio rondaron el 17% (HSH) y el 20% (MT). En contraste, la prevalencia es del 0,5% para el resto de la población de Bogotá, entre los 15 y los 49 años[4]. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia de infección por el VIH del 20,4% y las mujeres transexuales del 23,4%[5]. A pesar de estas cifras, no hay programas específicos que permitan que estos grupos accedan a pruebas rápidas y a la información pertinente sobre cómo acceder a estas.

La segunda gran barrera es la discriminación y los prejuicios que aún persisten sobre el tema. El estigma que representa el VIH/SIDA implica indagaciones irrespetuosas e innecesarias sobre la identidad sexual de las personas, su desempeño como trabajadoras sexuales o el uso de drogas. Esto resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades principales de Colombia, para el 2019, los casos de contagio habían aumentado en las mujeres trans más de 15%, y el trabajo sexual seguía siendo una de sus formas de trabajo más usuales[6]. Existe una carga negativa asociada con la enfermedad que envía un mensaje de muerte y/o indeseabilidad para la sociedad sobre las personas que viven con el VIH/SIDA.

Apenas el año pasado, la Corte Constitucional de Colombia eliminó la sección del código penal que penalizaba la transmisión del VIH, señalando que la ley violó los principios de igualdad y no discriminación, ya que segregaba a las personas que viven con el virus, estigmatizándolas y limitando sus derechos[7]. Mientras no se creen programas específicos para acceder y eliminar los prejuicios sobre estos colectivos y sobre la enfermedad en general, es evidente que el miedo a recibir tratamiento médico y la respuesta de la sociedad prevalecerá sobre la búsqueda del diagnóstico.

Finalmente, volviendo a la idea de que se debe fortalecer una respuesta preventiva por parte del Gobierno colombiano, es importante entender que el fenómeno del VIH/SIDA se presenta como un grave problema de salud pública mundial, en el cual no solo debe cubrir el contexto de la enfermedad, sino que tiene que evolucionar en un proceso que involucre varias dimensiones, como la social, la económica y la cultural.

El contexto de la pandemia de COVID 19 ha exacerbado las dificultades. Aunque ONUSIDA recomendó a todos los países que durante la pandemia no distribuyeran antirretrovirales mes a mes a los pacientes, sino que los administraran para un periodo de tres meses, con el objetivo de evitar que las personas salieran de sus casas, Colombia no aceptó esta disposición[8]. Esta decisión, sumada a las difíciles condiciones socioeconómicas que afectaron de manera diferente a las personas LGBTI, actualmente limita su acceso a los servicios de salud[9].

De esta forma, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región a garantizar la equidad racial y sexual en el tratamiento del VIH/SIDA, además de reforzar la urgente necesidad de campañas de educación sexual, ya sea en ambientes escolares o en espacios públicos. Es necesario romper los estigmas y fortalecer la prevención del VIH para que el mundo no se vea afectado por otra pandemia que, como se sabe, se puede controlar. Sugerimos que los Estados adopten las siguientes recomendaciones:

  1. Implementar las recomendaciones de la CIDH contenidas en su Informe sobre Violencia contra las personas LGBTI (2015) y adoptar medidas integrales que combatan eficazmente la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI en situación de pobreza y pobreza extrema[10]
  2. Que se desarrollen pautas para que las escuelas de medicina y enfermería aborden en sus programas curriculares, en sus grupos de investigación y extensión y en sus eventos académicos, temas como la orientación sexual y la identidad de género, para que, desde su formación, profesionales de la salud conozcan las necesidades específicas de las personas LGBTI, especialmente las personas trans.
  3. Que se adopten medidas de sensibilización y formación de los profesionales que trabajan en el área de la salud, asegurando la igualdad de trato a las personas LGBTI.

 

[1] Dossier disponible en: http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/

[2] Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Países Bajos, India, Indonesia, Italia, Perú, Pakistán, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

[3] Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ 2020_global-aids-report_en.pdf

[4] Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural—revista-arcadia/articulo/la-politica-lgbt-y-el-reto-frente-al-vihsida-en-colombia/68263/

[5] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[6] Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/vih-en-america-latina.html

[7] Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-248-19.htm

[8] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[9] Disponible en: http://oldrace.wp/english/the-emergency-situation-caused-by-covid-19-unveils-the-concerning-reality-of-lgbti-people-in-colombia/

[10] CIDH. Violencia contra personas LGBTI. 2015, pág. 227, párr. 382. Disponible en: www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/ 

Raza e Igualdad condena represión del Gobierno cubano en contra de la sociedad civil y prensa independiente y exige respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica

Washington D.C., 25 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena las acciones de represión que mantiene el Gobierno de Cuba en contra de la sociedad civil independiente en la Isla, a raíz de las protestas por la detención y enjuiciamiento del músico y activista Denis Solís. El domingo pasado estas acciones escalaron a un nivel más alto con la agresión y detención de más de una decena de activistas, además del asedio y censura a la prensa independiente local y extranjera.

Hasta el lunes, se supo de al menos 16 detenciones arbitrarias realizadas el domingo, la mayoría en el Parque Central de La Habana, a donde activistas y periodistas independientes habían acudido para realizar una manifestación pacífica para exigir la liberación del integrante del Movimiento San Isidro, Denís Solís. Solís fue detenido el pasado nueve de noviembre y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Las personas detenidas fueron liberadas poco tiempo después, pero mientras estuvieron retenidas fueron interrogadas, amenazadas y muchas fueron golpeadas. Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), están entre las personas que estuvieron privadas de libertad, así como la Dama de Blanco Berta Soler, el activista Ángel Moya, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, y el periodista independiente Héctor Luis Valdés. En otras provincias también se reportaron incidentes. Por ejemplo, en Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el colaborador del CIR, Esber Rafael Ramírez Argota, mientras que en la provincia de Matanzas las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro también fueron arrestadas.

Según información proporcionada a Raza e Igualdad, la jornada se tornó violenta no sólo por el gran número de oficiales de la Policía Revolucionaria y de la Seguridad del Estado que se dispersaron por el Parque Central en busca de los manifestantes, sino también por la aglomeración de grupos de civiles afines al Gobierno que frente a la omisión de las autoridades cubanas, gritaban ofensas y propinaban golpizas a los activistas y a los periodistas, tanto de la prensa local como internacional. En el caso de las y los activistas afrodescendientes, hubo insultos racistas.

Persecución al CIR

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que integrantes del CIR son detenidos de forma arbitraria en lo que va de noviembre. Por un lado, el coordinador nacional de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana el pasado 12 de noviembre. El líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas y tanto a él como a su hermana Jacqueline Madrazo Luna, les incautaron sus computadoras personales, cinco cámaras de video, tres discos duros, un proyector, una grabadora de periodismo, una impresora, documentos del CIR, dinero en efectivo y otros bienes personales.

En tanto, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, a eso de las 10:30 de la mañana, en las afueras de su vivienda, ubicada en la capital cubana, mientras intentaban trasladarse a la sede del CIR, donde se iba a realizar una conferencia de prensa para abordar la falta de respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Según información compartida por el CIR a Raza e Igualdad, los activistas fueron trasladados en una patrulla a una unidad policial ubicada en Alta Habana, donde estuvieron detenidos por aproximadamente 48 minutos. Fueron obligados a permanecer durante todo ese tiempo en la patrulla encerrados y bajo sol. Luego de este tiempo fueron interrogados por dos oficiales identificados como “Osvaldo” y “Ricardo”; éste último es misma persona que dirigió la detención de Madrazo Luna.

Durante el interrogatorio, “Ricardo” los amenazó para que cesen su activismo con el CIR advirtiéndoles que no “les va a permitir ridiculizar la figura del presidente Díaz-Canel en las redes sociales”. Esto en clara alusión a la campaña que el CIR ha mantenido en el último mes en sus diferentes canales de comunicación para demandar una respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Aproximadamente a las 12:30 pm fueron conducidos a la Unidad de Santiago de Las Vegas, donde finalmente fueron liberados a eso de las 2:50 pm.

En esa ocasión, la conferencia de prensa convocada por el CIR no pudo desarrollarse porque ninguno de los periodistas independientes invitados pudo acceder al lugar del evento. Su coordinador nacional, Juan Antonio Madrazo, dijo que su casa y también sede del CIR amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes permanecieron discretamente escondidos en las esquinas y vestidos de civil atentos a la concurrencia de las personas invitadas.

Represión en aumento

Tras la detención del músico y activista Denis Solís el pasado nueve de noviembre, el Gobierno cubano ha recrudecido las acciones violatorias de la libertad de expresión y ha aumentado las detenciones arbitrarias y ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas, pues estos se han unido para sobreponerse al asedio y censura y exigir a través de diferentes formas la liberación de Solís.

En la sede del Movimiento San Isidro permanecen atrincheradas 14 personas que se reunieron ahí el pasado 18 de noviembre para realizar una peregrinación a modo de protesta, pero fueron sitiadas por oficiales de la Seguridad del Estado, por lo que algunas decidieron iniciar huelga de hambre y/o sed. Hasta el momento se conoce que dos mantienen huelga de hambre y sed, y cinco están en huelga de hambre.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al gobierno cubano para que cesen los hechos de hostigamiento y persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los miembros del CIR. Creemos oportuno recordar la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos que exhortan a los Estados a desistir de la intimidación y suspensión de labores de defensa de los activistas y prohíben su discriminación incluso por motivos políticos. Además, nos unimos al llamado realizado este lunes 23 de noviembre  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se exhorta al Estado cubano “a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

Mire aquí imágenes sobre la represión del domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana:

Foto de los activistas Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz tras ser liberados el pasado 19 de noviembre. 

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

Raza e Igualdad denuncia asedio del Gobierno cubano en contra de la periodista independiente María Matienzo y de la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez y exige respeto a la libertad de expresión en medio de la campaña por la liberación del activista Denis Solís

Washington D.C., 19 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y denuncia ante la comunidad internacional el asedio que mantiene la Policía y la Seguridad del Estado de Cuba en contra de la periodista independiente y escritora María Matienzo y de su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez. Desde el martes 17 de noviembre, al menos cuatro oficiales con una patrulla se mantienen afuera de su casa en La Habana y las amenazan con llevarlas a la cárcel cuando hacen intentos de salir.

En comunicación con Raza e Igualdad, Matienzo señaló que esta acción de represión se debe a la participación que tanto ella como Núñez Pérez han tenido en la campaña del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del activista y músico Denis Solís, quien fue arrestado el pasado nueve de noviembre en la capital cubana y condenado dos días después a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Matienzo apuntó que el primer día de asedio intentaron salir de su casa, pero al acercarse a la calle, los oficiales encendieron la patrulla buscando acercase a ellas y arrestarlas. Además, su pareja estuvo sin datos de internet en su celular durante medio día, hecho que atribuyen a una acción deliberada desde la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), pues es muy común que activistas y opositores experimenten la suspensión del servicio.

La también periodista de CubaNet afirmó que este tipo de asedio es una práctica habitual. “A veces nos dejan salir y nos apresan a mitad de camino; en marzo, a Kirenia la dejaron llegar a las cercanías del lugar donde iba a tener una reunión y la apresaron, la montaron a una patrulla bajo el sol y la interrogaron”, dijo Matienzo, quien agregó que el pasado diez de octubre su pareja enfrentó algo muy similar: mientras caminaba hacia la sede del Movimiento San Isidro fue arrestada y llevada a una estación policial donde la mantuvieron más de cinco horas.

A ello se suma que en marzo pasado Núñez Pérez, quien es psicóloga y coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, recibió una multa de 100 pesos tras ser acusada falsamente de saltar un dispositivo de seguridad. En enero le entregaron una carta de advertencia en la que la amenazaron con arrestarla y procesarla por “introducir material contrarrevolucionario” al país.

Jornada de represión

La periodista y escritora María Matienzo hizo hincapié en que ella y su pareja no son las únicas víctimas de esta jornada de asedio y persecución, sino que hay decenas de personas que han sido golpeadas, amenazadas y arrestadas desde la semana pasada, luego de que el Movimiento San Isidro decidiera emprender una serie de acciones para protestar por la detención arbitraria del activista Denis Solís y exigir su liberación.

“Creo que Denis Solís forma parte de un perfil racial sobre el que se ensañan más teniendo en cuenta que vivimos en una dictadura machista, homofóbica y racista (…) es insostenible la situación de falta de libertad de expresión en la Isla, pero hemos decidido no callarnos, la gente tiene que ir despertando porque este es un mal que nos aqueja a todos por igual”, expresó.

Ante esta jornada de represión, al menos nueves activistas de un grupo que se encuentra en la sede del Movimiento San Isidro decidieron iniciar la tarde del miércoles una huelga de hambre. Según Matienzo, en total son 14 personas las que permanecen en las instalaciones del Movimiento, pues se reunieron ahí hace tres días para hacer una peregrinación poética por la liberación de Denis Solís, pero un grupo de alrededor de 100 hombres entre civiles, policías y agentes de la Seguridad del Estado llegaron a rodearlos para impedir su salida, y después incautaron la comida que les estaba compartiendo una vecina.

Desde Raza e Igualdad condenamos estas acciones que son violatorias de derechos humanos y requerimos al Gobierno cubano adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección inmediata de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. Recordamos que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados.

 

La imagen que acompaña este artículo corresponde a dos fotografías de la patrulla que asedia la casa de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. 

Colectivo de Resistencia Lésbica crea proyecto para mapear la situación sociocultural y el estado emocional de lesbianas y mujeres bisexuales en el Complejo de la Favela de Maré en Río de Janeiro

Con la esperanza de presentar las experiencias diarias de las mujeres lesbianas y bisexuales de los barrios pobres, especialmente aquellas que viven en el Complejo de la Favela de Maré en Río de Janeiro, el Colectivo de Resistencia Lésbica creó un proyecto para mapear la situación sociocultural y emocional de lesbianas y mujeres bisexuales. El proyecto fue organizado por Beatriz Adura Martins y Dayana Gusmão (Lee: https://bit.ly/2TDB5ES), y la investigación se llevó a cabo en alianza con el Instituto de Psicología de la Universidad Federal Fluminense (UFF) entre noviembre de 2019 y junio de 2020. El proyecto de mapeo está disponible para su descarga en el sitio web de Metanoia Editoras, dirigido por Léa Carvalho y Malu Santos, mujeres lesbianas.

Sus experiencias fueron compartidas dentro del Espaço Casulo, o Espacio Capullo en español, donde el encuentro terapéutico se llevó a cabo, así como en otros espacios sociales utilizados por el Colectivo, permitiendo que el mapeo pudiera tomar lugar junto a lxs residentes de la región, en lugar de desarrollarse en algún lugar distante de sus realidades cotidianas. Antes de que la investigación comenzara, las estudiantes de psicología que lideran el proyecto aprendieron primero acerca de las situaciones que han permeado las experiencias de lesbianas y mujeres bisexuales dentro de las favelas mediante la exploración en persona de las realidades del Complejo de la Favela de Maré. De esta exploración nacieron inquietudes fundamentales que ahora forman parte del proyecto cartográfico.

El documento tiene por objetivo registrar y denunciar la falta de información sobre las experiencias de las lesbianas en las favelas, particularmente aquellas experiencias no violentas, ya que las representaciones hegemónicas sobre las favelas remiten a la violencia y al abandono del poder estatal. “Generalmente, estas encuestas solo se refieren a las mujeres lesbianas de clase media y/o las lesbianas on track, y la realidad de las lesbianas en las favelas termina siendo ignorada. Por esta razón, la idea del proyecto de mapeo es reafirmar estas existencias en Maré y no decirles cómo deben ser” explica Beatriz Adura. Enseguida, presenta la siguiente pregunta: ¿cómo pueden los números y las encuestas servir para trazar experiencias subjetivas?

Con base en estas reflexiones, las organizadoras afirman que esta es una investigación pionera, ya que no conocen de ningún otro mapeo sociocultural y emocional de las lesbianas y bisexuales con en las favelas brasileñas. Con esto, esperan ampliar la discusión a muchos otros proyectos de mapeos acerca de las realidades de estas mujeres en todo el país. Las organizadoras enfatizan que la pluralidad de “lesbianidades” debe hacerse más visible, como lo refleja la investigación que indica que, incluso en Maré, existen diferencias únicas entre sus realidades y las de otras mujeres. Como esbozaron en sus objetivos, el mapeo busca incidir en la construcción de políticas públicas que consideren las vivencias específicas de las mujeres lesbianas y bisexuales de las comunidades, así como abrir el debate y aportar a que exista una afabilidad que contribuya a la eliminación de la marginación social que enfrentan las lesbianas en las favelas de Maré.

Ocho de las 16 favelas dentro del complejo se incluyeron en el proyecto de mapeo. El largo cuestionario de 40 preguntas se aplicó a un total de 59 encuestadas que respondieron preguntas sobre la raza, la vivienda, la maternidad, la religión, el saneamiento básico, y las relaciones familiares, entre otros. Con una mayoría de respuestas por parte de estudiantes universitarias, el proyecto destaca la importancia de los exámenes de ingreso a los colegios comunitarios en Maré. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el género, las investigadoras observaron que estas preguntas resultan ser más cuestiones académicas avanzadas. El género no es un tema común que se considere en el día a día de estas mujeres, tanto que el 20% optó por no responder a estas preguntas y tres se autodenominaron como no binarias.

En cuanto a la raza, el 70% se declaró no blanca, hecho que las organizadoras ven como vital para crear políticas públicas que contemplen la realidad de las favelas, ya que, en general, estas encuestas se enfocan en las perspectivas de las lesbianas blancas y de clase media. Concretamente, el 47,5% se auto identificó como negra; 28,8%, blanca; 20,3%, morena; 3,4%, Indígena; y ninguna persona afirmó ser asiática. “Basamos nuestra atención en la importancia de estudios específicos sobre los métodos de sociabilidad dentro de la favela que a menudo no aparecen en las estadísticas de las encuestas genéricas, destinando a la población de las favelas a hablar de sus problemas y de la violencia. Las lesbianas que viven en las favelas de Maré existen y son en su mayoría negras, morenas e indígenas, lo que representa el 71,2% de esta población” indica el informe.

En cuanto a la violencia, las entrevistadas manifestaron sentirse más seguras y cómodas para expresar su sexualidad dentro de la favela, pues ya han sufrido ataques fuera de ella. Con esto, la investigación revela que la violencia doméstica es algo que caracteriza la vida diaria de las lesbianas en Maré. Muchas de ellas ya han sido remitidas por familiares a algún tipo de terapia de conversión basada en prácticas religiosas. En este sentido, este datos reflejan cómo el avance de la agenda conservadora y el crecimiento de las iglesias neo-pentecostales en la región influyen en la situación de violencia y negación de la existencia lesbiana. Para estas mujeres, la violencia psicológica representa el doble de la opresión en relación con la violencia física, lo que resulta en que el 70% de ellas declare que no tiene religión.

Ante este escenario, las organizadoras explican que la unión de las lesbianas en Maré fue importante para la construcción de la investigación, sin embargo, esta fue solo la primera etapa. Por el momento, el Colectivo de Resistencia Lésbica de Maré está buscando patrocinio para la segunda fase del proyecto de mapeo con el fin de cubrir más favelas en todo el complejo. La falta de recursos financieros, la falta de material tecnológico e incluso la dificultad de acceso a Internet han hecho que el proyecto sea difícil de completar, sin mencionar que la pandemia por COVID-19 ha retrasado la terminación de su investigación.

“La violencia policial fue otro factor que dificultó la investigación. En varios momentos en los que pudimos movilizar a las mujeres para que respondieran el cuestionario, se estaban llevando a cabo operativos policiales. La militarización solo causa daños. Por ello, esta investigación se realiza desde una perspectiva de desmilitarización de la favela y la vida de las personas. Es necesario crear un territorio de cuidado, de producción de vida y no de control”, dice Dayana Gusmão.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos felicita a todas las involucradas en la elaboración del dossier y apoya todas las investigaciones que reafirmen a la favela como un lugar de producción de conocimiento. En este sentido, recomendamos al Estado brasileño:

  1. Crear políticas públicas que contemplen la diversidad e interseccionalidad de las mujeres lesbianas de los barrios marginales;
  2. Promulgar políticas que apunten a la desmilitarización los barrios marginales, no solo durante la pandemia, sino como una política local continua;
  3. Implementar las recomendaciones de la CIDH contenidas en su informe sobre la violencia contra las personas LGBTI (2015) en relación con las acciones para analizar y evaluar la prevalencia de la violencia contra las lesbianas y mujeres bisexuales: adoptar medidas específicas para prevenir e investigar este tipo de violencia con un enfoque diferencial que considere las relaciones de poder en la intersección de sexo, género, orientación sexual y expresión de género.

 

[1] Acceso al mapeo: https://bit.ly/2TDB5ES

[2] [4] Discursos presentados durante el lanzamiento de lo Mapeo en YouTube en el Museu da Maré, que ocurrió el 17 de octubre.

[3] Acceda al informe sobre Terapias de Conversión de la ONU IESOGI, Victor Madrigal-Borloz: https://bit.ly/2GH6za2

[4] CIDH. Violencia contra personas LGBTI. 2015, pág. 311, párr. 69. Disponible en: www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

Raza e Igualdad exige al Gobierno de Cuba que cese la persecución en contra de activistas de la sociedad civil independiente tras detención arbitraria del líder afrocubano Juan Antonio Madrazo

Washington D.C., 13 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia y condena la detención arbitraria de la cual fue objeto el activista cubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, quien permaneció privado de libertad por más de dieciocho horas y cuyo paradero durante ese tiempo fue desconocido por sus familiares y colegas. Raza e Igualdad exige al Gobierno que cese la persecución en contra de las y los ciudadanos que integran organizaciones de la sociedad civil independiente en la Isla.

Según información brindada a Raza e Igualdad por la activista Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, el señor Madrazo fue detenido de forma violenta por agentes de la Seguridad del Estado a eso de las cuatro de la tarde del jueves 12 de noviembre en su casa en La Habana. Los oficiales además sustrajeron bienes personales del activista y su hermana Jacqueline Madrazo, quien se encontraba con él al momento de la detención. Entre los objetos ocupados están dos computadoras personales, una cámara, un proyector, una grabadora, una pantalla para proyecciones, libros y documentos del CIR.

Ante la noticia de su arresto, Raza e Igualdad se unió a las voces que denunciaron la desaparición forzada del señor Madrazo, pues, aunque fue liberado la mañana de este viernes, durante las más de doce horas de su detención sus familiares y colegas no recibieron información sobre su paradero, aun cuando acudieron a al menos seis estaciones policiales para conocer dónde y cómo se encontraba el líder afrocubano.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, el activista señaló que el allanamiento arbitrario a su casa duró casi una hora y posteriormente lo trasladaron a la unidad de Zapata y C, donde lo mantuvieron en un calabozo durante una hora antes de someterlo a un interrogatorio en el que los oficiales lo amenazaron con procesarlo penalmente. Después, fue llevado a la unidad de 7ma y 62, en Miramar, que es la unidad de Investigaciones Criminales, y ahí estuvo privado de libertad hasta su liberación la mañana de este viernes.

Cabe señalar que estas acciones ocurren luego de que el CIR realizara acciones de difusión del informe Negación, exclusión y discriminación, que aborda la situación de derechos humanos de las y los afrocubanos y mestizos, y de otro informe sobre la discriminación racial en el mercado laboral cubano. Ambos documentos han sido difundidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en 2017 fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras detenciones

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) también informó a Raza e Igualdad sobre la detención este jueves en Antilla, provincia de Holguín, de los activistas Esber Rafael y Braulio Hastié, a quienes el mayor de la Seguridad del Estado Henry Borrero Peña les “robó” una cámara fotográfica, denunció la organización. El mismo día también fueron detenidos y liberados horas después el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la periodista independiente Iliana Hernández.

Las acciones de asedio y hostigamiento, así como las detenciones arbitrarias por varias horas o días, son una constante del Gobierno en contra de activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Como organización que vela por los derechos humanos, Raza e Igualdad exige a las autoridades que cese esta persecución y que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de movilización y a la libertad de organización, de acuerdo con los estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento.

El lanzamiento del informe “¿De qué color es lo invisible?” llama al Estado brasileño a producir datos y reconocer la agenda racial de la población LGBTI

“Raza e Igualdad quiere dar un espacio a las voces que denuncian las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTI negra del Estado brasileño”. Con estas palabras, Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), dio inicio al evento de lanzamiento del informe ¿De qué color es lo Invisible? La situación de derechos humanos de la población Afro-LGBTI en Brasil.  El evento permitió a Raza e Igualdad reafirmar su compromiso con la población Afro- LGBTI en Brasil. Escrito por Isaac Porto, Oficial del Programa LGBTI en Brasil para Raza e Igualdad, y coordinado por Zuleika Rivera, Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad en Washington D.C., el informe pide al Estado brasileño que proporcione datos públicos sobre la situación de esta comunidad en específico en Brasil y que reconozca la agenda racial desde una perspectiva interseccional.

  • Panel 1: Violencia y acceso a la justicia para la población afro- LGBTI

Recordando la importancia del Mes de la Conciencia Negra en Brasil, Carlos Quesada moderó el debate poniendo de relieve el papel del informe en la visibilización de la experiencia Afro-LGBTI, que está a menudo ausente de la agenda política del Estado. Al abrir el panel, el autor, Isaac Porto, compartió cómo el proceso de redacción del informe se conectó con su historia de vida y con muchas otras historias que también han estado marcadas por el racismo y la LGBTIfobia, formas de opresión que simultáneamente invisibilizan estas experiencias.

Porto indicó que el objetivo del informe es “incentivar la racialización de las discusiones sobre las vidas LGBTI en el país y, así, verificar los impactos específicos del racismo en la vida de este grupo de personas”.

 “Se debe mencionar que, a partir de ahora, el informe no es un documento finalizado porque no hay ninguna pretensión de presentar argumentos y conclusiones que formen una especie de veredicto que declare que cuál es la situación de derechos humanos que sufre esta población y elimine cualquier discusión que identifique caminos alternativos a seguir. Al contrario: no creemos que, en la lucha por los derechos humanos, sea posible llegar a una conclusión. Luchar por los derechos es estar siempre en un punto de partida. Es nunca dejar de avanzar”.

Bruna Benevides, secretaria de articulación política de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), enfatizó que el mérito del documento es que confronta al movimiento LGBTI y trae una discusión interseccional en torno a la raza y las personas LGBTI. “Es por eso que este documento es simbólico y representativo, ya que demuestra la importancia y la urgencia de organizarnos colectivamente,” dijo, resaltando la importancia de construir una agenda política colectiva.

La activista trans Gilmara Cunha denunció la invisibilidad de esta población, especialmente cuando se trata de la población afro- LGBTI que vive en barrios brasileños marginados. “El informe da visibilidad a lo que es invisible en nuestro país y para nuestros líderes, que además de negar nuestra existencia a nivel nacional, también la niegan a nivel territorial. Abogamos por la existencia que se nos niega a nosotrxs todo el tiempo,” explica. Washington Dias, coordinador de la Red Afro-LGBT, establece que la violencia a la que la población negra LGBTI en Brasil se somete, está vinculada a las características históricas del racismo estructural, y la ausencia de datos es un resultado de este racismo.

Livia Casseres, coordinadora de Equidad Racial para la Oficina de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, destacó la gran brecha en la producción de datos en el país y reconoció la demora en la promulgación de un plan normativo que dé cuenta de la ausencia de derechos derivados del racismo. “El informe demuestra cómo estamos avanzando en formas de producir ciudadanía en Brasil junto a las organizaciones LGBTI, que es una forma de hacer frente a la colonialidad del sistema legal” afirmó, celebrando el lanzamiento del dossier.

Cerrando el primer panel, la artista y poeta MC Carol Dall Farra presentó una intervención artística, aportando luz y visibilidad a las múltiples experiencias de la negritude en Brasil.

  • Panel 2: Derechos sociales de la población negra

Zuleika Rivera, moderadora del panel, destacó la importancia de discutir la discriminación que enfrentan las personas Afro-LGBTI en el acceso a salud, educación y trabajo, mencionando específicamente las dificultades de las personas transgénero. A modo de ejemplo, citó el proyecto de la Escola Sem Partido, que propone evitar que las discusiones sobre el racismo, la misoginia y LGBTIfobia se den en el campo de la educación, un avance en la agenda conservadora del Gobierno. Por lo tanto, en su opinión, el informe es un hito importante en la lucha por los derechos LGBTI.

En la presentación de la segunda parte del documento, Isaac Porto llamó la atención sobre el mito de la democracia racial en Brasil, que ha sido denunciado por el movimiento Afrobrasileño durante décadas. El mito de la democracia racial ha marcado la ideología del blanqueamiento, según la cual los valores blancos son únicos y universales, forjando la construcción de la sociedad en su conjunto. Con esto, Porto reiteró la urgencia de racializar las reflexiones sobre los derechos humanos de la población LGBTI, haciendo hincapié en que las diferencias entre las experiencias LGBTI de blancxs y negrxs se vuelven más sorprendentes cuando se comparan las de personas cisgénero y transgénero.

“Está claro que las personas LGBTI negras son las más afectadas en términos de homicidios en Brasil, y suelen ser los objetivos de la violencia policial, enfrentando además dificultades en el acceso a la justicia, la salud, la educación y el trabajo. Por lo tanto, es esencial fortalecer el trabajo de las organizaciones de Brasil y lxs activistas para que tengan las condiciones necesarias para hacer que la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Brasil sea más visible, así como las formas en las que ellas han resistido a las más diversas y perversas violaciones”, comentó.

Leonardo Peçanha, un hombre trans negro activista del Instituto Brasileño de Transmasculinidades (IBRAT) y del Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negros (FONATRANS), hizo hincapié en los problemas de acceso a la salud de personas AfroLGBTI. Se hizo énfasis en que hay muchos hombres trans que quedan embarazados y se enfrentan a tratamientos ginecológicos que se ven atravesados por prejuicios misóginos. Entre estas creencias que afectan a los hombres trans negros, se encuentra el mito de que las personas negras cuentan con una mayor tolerancia al dolor, la cual es solo una de las muchas consecuencias del racismo.

Janaína Oliveira, Coordinadora Administrativa de la Red Afro-LGBT, cree que ser negrx en Brasil significa que incluso la muerte de la población negra necesita ser debatida constantemente porque en Brasil la población negra primero tiene que luchar por su vida, y luego luchar por sus derechos. “El lanzamiento de este informe no sólo está generando visibilidad internacional, sino que también está concientizando a la población brasileña de nuestra invisibilidad. Es un documento que rescata la falta de acceso y tratamiento de nuestros cuerpos por parte del Estado. El informe nos permite pensar en políticas públicas que generen condiciones equitativas de acceso para la población brasileña Afro-LGBTI” comentó.

Alessandra Ramos, Presidenta del Instituto Transformar Shelida Ayana, ha denunciado que el acceso a la asistencia sanitaria no está garantizado en igualdad de condiciones para las personas trans, que a menudo son recibidas en medio de burlas y cuentan con más barreras en lo que se refiere a la búsqueda de opciones del cuidado de la salud. Estas situaciones demuestran que es necesario reconocer los derechos específicos de la población trans. “Es importante saber que las personas trans son las más afectadas cuando hablamos de la interseccionalidad de género y raza. Estas personas no tienen pleno disfrute de sus derechos, y debido a esto, este reporte es un hito” explicó.

Al concluir la discusión, el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU (IE SOGI por sus siglas en inglés), Víctor Madrigal Borloz, celebró la finalización del informe y su papel en el fortalecimiento de la construcción de las políticas públicas sobre el acceso a la salud, trabajo y justicia. Madrigal-Borloz cree que “el informe presenta las diferentes identidades dentro del movimiento LGBTI y la necesidad de reconocer estas agendas a través de la racialización de la discusión. Este reporte conecta diferentes identidades sociales y la importancia de ocupar espacios políticos” Con esto, el IE SOGI reafirmó el compromiso de su mandato de continuar su trabajo desde un punto de vista racial.

A la luz de la investigación y el debate generado entre varias organizaciones de la sociedad civil LGBTI que participaron en la construcción del informe, Raza e Igualdad concluye el documento presentando recomendaciones al Estado brasileño, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, la sociedad civil y otras agencias gubernamentales, dentro de las cuales resaltamos:

  1. La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
  2. El establecimiento de un plan para combatir la violencia LGBTIfóbica en Brasil, a través de una acción intersectorial que establezca pautas unificadas para combatir la LGBTIfobia y el racismo.
  3. Que el Ministerio Público de Trabajo lleve a cabo campañas específicas contra la discriminación de la población Afro-LGBTI a fin de garantizar criterios justos de selección, promoción, salario y condiciones laborales.
  4. Que se brinde el apoyo necesario a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la producción de datos relacionados con las muertes de las personas LGBTI, con la garantía de que no van a encontrar obstáculos burocráticos innecesarios para su correcto funcionamiento, y que se respetará su trabajo por parte de los funcionarios gubernamentales.
Descárgalo gratis en español/portugués y comparte: https://bit.ly/3evTMnm
También puedes ver de nuevo el debate aquí: https://bit.ly/350lGF5

Raza e Igualdad denuncia la detención arbitraria del activista cubano Yandier García Labrada y expresa preocupación por su deteriorado estado de salud tras un mes en prisión

Washington D.C., 6 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia la detención arbitraria del activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Sr. Yandier García Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde el pasado seis de octubre en la prisión “El Típico”, en la provincia de Las Tunas, y presenta un considerable deterioro en su estado de salud, ya que fue severamente golpeado y no ha recibido atención médica.

La familia del Sr. García Labrada supo de su detención y paradero el pasado 27 de octubre, día en que su hermano Irán Almaguer Labrada fue a la unidad policial de Las Tunas para solicitar información. Sin embargo, el instructor a cargo del caso, quien se rehusó a proporcionar su nombre, se limitó a decirle que el Sr. García Labrada se encontraba detenido en la prisión “El Típico” acusado por los delitos de “desacato” y “desorden público”, y que no había fecha para su juicio.

Fue hasta el 3 de noviembre que su hermano Yoanny Almaguer Labrada pudo verlo y hablar con él alrededor de 20 minutos, logrando constatar que el Sr. García Labrada presenta varios golpes en las costillas, hombros y brazos, y que no puede mover su brazo izquierdo. A esto se suma que no ha recibido ningún tipo de atención médica y que sus familiares no han podido enviarle el respirador spray (aerosol) que necesita para controlar las crisis de asma que sufre con bastante frecuencia.

Antes de que su hermano Yoanny Almaguer Labrada tuviera contacto con él, el Sr. García Labrada estuvo incomunicado en prisión, sin derecho a recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas. Su familia también denunció que el pasado 4 de noviembre, su hermano Irán Almaguer Labrada fue detenido por cinco horas en la localidad de Buenaventura, mientras regresaba de Manatí a San Andrés. El oficial de la Seguridad del Estado que lo retuvo todo ese tiempo se presentó solamente como Alberto y le exigió “abandonar su oposición” a cambio de liberar a su hermano Yandier.

Los hechos

Según información brindada por representantes del MCL y su hermano Irán Almaguer Labrada, el Sr. Yandier García Labrada fue apresado a eso de las 3:00 pm del martes seis de octubre, en las afueras de un lugar de abastecimiento de alimentos en la ciudad de Manatí, en Las Tunas, donde reside. El señor García Labrada se encontraba haciendo fila para comprar en dicho supermercado y al ver la desorganización e irregularidades en el suministro, reclamó públicamente, logrando que más personas se sumaran a la protesta.

Ante tal iniciativa, los encargados del local llamaron a la Policía, que al llegar al sitio procedió al arresto del Sr. García Labrada y tres personas más, aunque estas últimas fueron liberadas horas más tarde ese mismo día. Testigos señalaron a la familia del integrante del MCL que la aprehensión fue “brusca”, ya que estuvo a cargo de entre cuatro y cinco agentes policiales que lo “lanzaron de cabeza conta la patrulla para arrestarlo”.

El Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, compartió con Raza e Igualdad que “el injusto encarcelamiento y el tratamiento arbitrario recibido por el Sr. Yandier García Labrada responde a una campaña sistemática de represión contra los miembros del MCL con el propósito de anular el activismo en defensa de los derechos del pueblo”. Y es que las acciones de hostigamiento y amenazas en contra de integrantes de este movimiento opositor son muy frecuentes, tal cual lo denunció Raza e Igualdad en agosto pasado.

“Es muy preocupante que la familia no haya podido tener contacto con él y saber su estado real. El MCL reclama la liberación inmediata de Yandier García”, agregó el Dr. Cardet. Cabe aclarar que el coordinador nacional del MCL hizo estas declaraciones antes de que el Sr. García Labrada finalmente tuviera comunicación con su hermano Yoanny Almaguer Labrada, el pasado 3 de noviembre.

Raza e Igualdad comparte la preocupación de los familiares del señor Yandier García Labrada por su deteriorado estado de salud e insta al Gobierno cubano a que asegure sus derechos a la vida, integridad personal, salud y bienestar, incluido el acceso a atención médica adecuada y oportuna; además, solicita que facilite la comunicación regular del Sr. García Labrada con sus familiares. Todo ello está respaldado en instrumentos internacionales de derechos humanos como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y las Reglas Nelson Mandela. 

 

Fotografía cortesía del Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El señor Yandier García Labrada es la persona que aparece vistiendo una gorra. 

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