Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “Situación de Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, con el objetivo de brindar un panorama amplio sobre la presencia y derechos de la población afrodescendiente en Bolivia, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, y tomando en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.

Este país suramericano celebrará el próximo 7 de marzo las elecciones subnacionales, en las que se elegirán 9 gobernantes, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2,000 concejales. Por tanto, el informe busca ofrecer información clave para la adopción de políticas públicas que tomen en cuenta la presencia y derechos de las más de 25 mil personas que actualmente se autoreconocen como afrobolivianas y afrobolivianos.

“El Pueblo Afroboliviano logró su inclusión en la Constitución Política del Estado de 2009 y el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos humanos individuales y colectivos”, refiere Ivanna Fernández Martinez, autora del informe, y para quien “aún se requiere un análisis y evaluación exhaustivos para desarrollar política pública coherente en atención a los derechos diferenciados y las prioridades de este segmento heterogéneo de la población, así como el seguimiento y monitoreo a su implementación”.

Fernández Martinet destaca que “las políticas públicas aplicadas al sector (Pueblo Afroboliviano) deben ser sensibles a las cuestiones de género y culturalmente adecuadas, enfocadas en mejorar su calidad de vida y valorar su cultura”.

Contenido del informe

El informe se divide en cinco partes. La primera identifica la presencia y el registro de la población afroboliviana en el país, la segunda presenta el modelo de Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el reconocimiento constitucional del Pueblo Afroboliviano y la titularidad de; la tercera parte aborda el racismo y la discriminación racial que viven las y los afrobolivianos y la descripción del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para combatir este flagelo.

Luego, la cuarta parte describe la situación de los derechos humanos de la población en las zonas rurales y la quinta reúne los principales desafíos de las mujeres afrobolivianas por la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a sus condiciones particulares. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones en todos los ámbitos.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de Raza e Igualdad. Puede ser consultado y descargado por medio de este link: https://bit.ly/3nTMm0Y

Raza e Igualdad celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte del Estado brasileño

Brasil, 19 de febrero de 2021 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) felicita al Estado de Brasil por la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia [1], firmada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Guatemala, en 2013 [2]. La ratificación de la Convención significa un logro del movimiento afro brasileño que ha estado participando en el fortalecimiento y adopción de la Convención desde el año 2000. De esta forma, Brasil se compromete a nivel internacional a luchar contra la intolerancia y el racismo, teniendo así la oportunidad de romper con su estructura racista fundacional.

Una vez ratificada, la Convención adquiere el estatus de reforma constitucional, garantizando que las leyes infraconstitucionales puedan ser impugnadas, lo que representa la apertura de nuevos caminos para el debate racial en el país. Sobre los derechos humanos, la posibilidad de cambios en la legislación nacional es de suma importancia para prevenir, eliminar y sancionar violaciones con sesgos racistas y discriminatórios, que impactan a la población afro y se forjaron a raíz de las políticas de blanqueamineto y meritocráticas. Cabe destacar que la Constitución brasileña, en su artículo número 5, punto 42, señala que una persona acusada de racismo no puede salir libre bajo fianza y que este delito es imprescriptible y, en el artículo 3, punto 4, repudia el prejuicio y otras formas de discriminación.

Lúcia Xavier, Coordinadora General de la ONG Criola, saluda la ratificación de este acuerdo por parte de Brasil, principalmente porque se consolida como un instrumento fundamental para el movimiento afro y para las mujeres afros que están en constante lucha contra la violencia y la discriminación, especialmente en el contexto de COVID19 en el país. “Así como los gobiernos conservadores avanzan contra los derechos, la Convención puede significar tener más instrumentos e incluso fortalecer el propio sistema regional de derechos humanos. La Convención será um instrumento político fundamental de ahora en adelante para luchar contra el racismo en Brasil y en la región”, considera.

“Al ser ratificado por Brasil y consolidado en nuestra legislación, fortalece el esfuerzo que los movimientos afros vienen haciendo desde hace años para erradicar definitivamente el racismo. Especialmente el racismo institucionalizado, aquel que no consiste en leyes, normas o políticas, sino que es implementado por el Estado en todas sus instancias, todos los días. Entonces, la posibilidad de contar con este instrumento contra los ataques que el actual gobierno brasileño está haciendo a la población afro es muy buena”, Lúcia Xavier, ONG Criola .

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en Brasil existen varias formas de racismo, muchas veces invisibilizadas, pero que a diario se evidencian y comprueban por los altos niveles de violencia que enfrenta la población afro en desigual acceso al trabajo, políticas de vivienda pública, salud y educación. “Dadas las circunstancias históricas brasileñas, partiendo del hecho de que Brasil es el país con más afrodescendientes fuera de África, cuya población afro enfrenta serios problemas de discriminación y de invisibilidad de derechos, la ratificación de este acuerdo se consolida como una posibilidad de reparación histórica y enfrentamiento al racismo estructural”, destaca.

Es importante mencionar que el racismo que enfrenta el pueblo afrobrasileño influye de forma considerable en que esta población represente una mayoría en las estadísticas del sistema penitenciario, de la pobreza y de las altas tasas de suicidio, revelando así, una sociedad jurídica- mediatica que es estructural e institucionalmente racista. Por lo tanto, la expectativa con la ratificación de esta Convención es también mover las estructuras que subyacen a los órganos de justicia brasileños y sus ministerios, arraigadas en el mantenimiento de privilegios regidos por criterios excluyentes y marginales. Así, la intervención del Estado a través de esta ratificación es una posibilidad para la democratización de derechos con la consolidación de políticas de justicia social.

Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro y promotora de la ratificación de la Convención, recuerda que entre los países miembros de la OEA Brasil lideró la elaboración de este acuerdo. Para Casseres, es un reconocimiento a la lucha histórica del movimiento afro brasileño, siendo un instrumento más sofisticado y actual para combatir el racismo. “Es una Convención que ataca la discriminación indirecta y prevé la prohibición de políticas públicas con resultados racialmente discriminatorios, como ejemplo, tenemos las políticas de seguridad pública”, apunta.

“Tenemos por primera vez un instrumento legal que tiene la capacidad de enfrentar la complejidad del fenómeno del racismo. Es un gran beneficio porque es una Convención que tiene instrumentos legales mucho más sofisticados y refinados, capaces de hacer frente a las complejidades del racismo que no pudimos abordar plenamente con el marco legal que existía antes de la ratificación de este acuerdo en Brasil”. Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro.

 En vista de la ratificación de la Convención, Raza e Igualdad enfatiza que para una lucha efectiva contra el racismo, su implementación debe realizarse en consulta con la sociedad civil. Su Capítulo IV, párrafos 4 y 5, de la Convención, establece que se espera que el Estado Parte nombre a un experto, con funciones independientes, para la tarea de seguimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio. Además, se creará un comité para intercambiar ideas y experiencias y revisar los avances realizados por los Estados Partes en su implementación [3]. De esta manera, la consulta con la sociedad civil es un derecho, reconocimiento y oportunidad para el Estado de dialogar con diferentes sectores de la sociedad y, principalmente, con el movimiento afro brasileño, para que los retos en la lucha contra el racismo sean identificados.

Frente a esta nueva coyuntura de posibilidades para combatir el racismo, Raza y Igualdad celebra la labor del movimiento afro en la lucha por la aprobación y ratificación de esta Convención y se compromete a fortalecer y contribuir al avance de la lucha por los derechos humanos y contra el racismo en Brasil. Reconocemos la gran importancia de este acuerdo para la reparación de la deuda social y para la seguridad de la población afro que estructuralmente se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en el país. Así, recomendamos al Estado brasileño:

1 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente en diálogo con el movimiento afro brasileño;

2 – Definir estrategias de ejecución para que los órganos normativos, ejecutivos y judiciales implementen acciones de cumplimiento inmediato de las medidas promulgadas por la Convención;

3 – Diseñar políticas públicas que tengan como objetivo sancionar los actos racistas y reparar el racismo estructural con miras a promover la igualdad para que la población afro pueda acceder a políticas afirmativas en el área de salud, trabajo, bienestar, educación y en el ámbito político, destacando la equidad y protección en el sistema electoral.

[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/senado-aprova-projeto-que-ratifica-texto-da-convencao-interamericana-contra-o-racismo.ghtml

[2] e [3] https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/interamericantreatiesA-68ConvencaoInteramericanaracismoPOR.pdf

 

 

A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Washington D.C., 5 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este miércoles tres de febrero un seminario virtual en el que representantes de la sociedad civil independiente en Cuba abordaron la situación de las mujeres y niñas en la Isla, y además se lanzó el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”.

El evento se denominó “Cuba ante la Agenda 2030. Cumplimiento del ODS-5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas” y contó con la participación de Damaris Rozo López, directora del Observatorio Regional sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Los Andes de Colombia; María Matienzo, periodista, escritora y autora del informe; Marthadela Tamayo, defensora de derechos humanos en la Isla e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y Eroisis González, coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina.

Como moderadora del webinar estuvo Johanna Villegas, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, y las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien recordó que entre las metas del ODS-5 están poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, velar por la participación plena de las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y los derechos de las mujeres a recursos económicos en condiciones de igualdad.

“No dejar a nadie atrás”

La directora del Observatorio Regional sobre los ODS de la Universidad de Los Andes, Damaris Rozo López, señaló que uno de los principios universales que promueve la Agenda 2030 – de la cual se desprenden los ODS—es el de “no dejar a nadie atrás” y, en ese sentido incluye, una mirada interseccional, pues sugiere hacer frente a la pobreza y la desigualdad tomando en cuenta las necesidades y situación particular de los diferentes grupos de mujeres (indígenas, afrodescendientes, LBTI, etc.).

La experta advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan varios retos y dificultades para el alcance de la Agenda 2030. Las estimaciones indican que no se lograrán cumplir los objetivos trazados para el 2030 y, de seguir la tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir los objetivos.

Rozo López apuntó que la pandemia de Covid-19 ha significado un gran rezago en el proceso de implementación de la Agenda; sin embargo, dijo: «Si bien estamos rezagados, no podemos quedarnos ahí; invito a la sociedad civil a presionar a los Estados para que cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Situación en Cuba

Para conocer cómo avanza la implementación del ODS-5 en Cuba, la periodista y escritora María Matienzo presentó un resumen de su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, en el que, con base en registros propios y testimonios de mujeres, analiza cuál es la situación en la Isla. “En Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS-5”, refirió.

Matienzo se centró en dos aspectos: la falta de un ordenamiento jurídico para la protección y equidad de las mujeres, específicamente de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio, y la criminalización del activismo por los derechos humanos. “En noviembre del año 2019 un grupo de 40 mujeres presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley integral, pero fueron desoídas”, dijo sobre el primer punto.

Respecto a la persecución y criminalización de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la periodista y escritora indicó que las agresiones, arrestos y actos de asedio registrados durante el 2020 son un ejemplo del nivel de violencia que enfrentan las mujeres que realizan ese tipo de labor. Como ejemplo puso el caso de la periodista Camila Acosta, quien en varias ocasiones ha sido desalojada de las casas que alquila por presión de la Seguridad del Estado y el pasado 27 de enero fue arrestada al intentar participar en una manifestación en las afueras del Ministerio de Cultura.

En sus comentarios al informe, la defensora de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, y la coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina, Eroisis González, destacaron la particular situación de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan doble discriminación.

Al ser detenidas e interrogadas por su labor, las activistas afrocubanas escuchan de parte de oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía frases discriminatorias como “deberían estar agradecidas porque la Revolución las hizo personas”, refirió Tamayo. En tanto, González apuntó que en medio de la pandemia de Covid-19 las cubanas afrodescendientes han experimentado de forma más marcada el impacto de esta emergencia sanitaria, especialmente aquellas que están fuera de La Habana.

Sus demandas

Las tres activistas cubanas coincidieron en que es necesario que el Gobierno genere estadísticas reales y accesibles sobre la situación de las mujeres y niñas, además que apruebe un marco legal para la igualdad de género y la protección de las mujeres, incluyendo la tipificación del delito de feminicidio. En la Isla, el 2020 cerró con el asesinato de 32 mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras que el primero mes del 2021 terminó con 4 feminicidios registrados, según la iniciativa Yo Sí Te Creo Cuba y la Red Femenina de Cuba, respectivamente.

Desde Raza e Igualdad, apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente en Cuba, incluyendo las que abogan por la equidad y protección de todas las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Llamamos al Gobierno a escuchar las voces de las activistas y defensoras de derechos humanos para que, en correspondencia a sus obligaciones en materia de derechos humanos, diseñe e implemente políticas y leyes que garanticen una sociedad libre y equitativa.

Para consultar y descargar el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, acceda a este enlace.

Puede ver nuevamente el webinar aquí.

Apple apoya a Raza e Igualdad en su trabajo por la equidad racial en las Américas en celebración del Mes de la Historia Afroamericana

Washington D.C., 26 de enero de 2021.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) fue escogido por la compañía Apple para ser una de las seis organizaciones que recibirán apoyo para avanzar en su trabajo por la equidad racial en Estados Unidos y el mundo, como parte de una iniciativa de la multinacional para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, la cual incluye el lanzamiento de la colección Black Unity de Apple Watch.

“Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa global de Apple para celebrar y reconocer la historia y cultura afrodescendientes”, expresó ante el anuncio el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Las otras cinco organizaciones que recibirán apoyo para avanzar en su trabajo por la igualdad y los derechos de las y los afrodescendientes, son: el fondo Black Lives Matter, vía Tides Foundation; la Red Europea contra el Racismo (European Network Against Racism), Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Educational Fund y Souls Grown Deep.

Raza e Igualdad agradece la confianza y el reconocimiento por su trabajo en la promoción y protección de los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, que será beneficiado en gran medida por este apoyo otorgado por Apple. Aprovechamos esta ocasión para reafirmar nuestro compromiso de luchar por una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.

Para conocer más sobre esta iniciativa de Apple y la colección Black Unity de Apple Watch, haga clic aquí.

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Día Mundial de la lucha contra el Sida: Raza e Igualdad pide a Brasil y a Colombia que garanticen equidad en el tratamiento del VIH

Este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su solidaridad y honra a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Esta conmemoración, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 1987, con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo crear conciencia y promover el diálogo sobre los derechos sexuales de una manera inclusiva y receptiva en la prevención del VIH. Además, busca romper los estigmas sobre la realidad de las personas que viven con el virus, siendo una jornada de visibilidad y solidaridad.

Brasil: el racismo y la LGBTIfobia estructurales como barreras en el tratamiento del VIH

En Brasil, durante todo el mes de diciembre, se celebra la campaña de sensibilización “Diciembre Rojo”, cuyo símbolo es una cinta roja que, a nivel mundial, representa la solidaridad y compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, si bien este país ya había sido un referente mundial en el tratamiento contra el virus, actualmente enfrenta el desmantelamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y varios retrocesos en las políticas públicas de salud, como decretos del gobierno de Jair Bolsonaro que eliminaron departamentos que se ocupaban de la vigilancia y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.

El dossier “¿De qué color es lo invisible? La situación de derechos humanos de la población negra LGBTI brasileña”, publicado por Raza e Igualdad, en su capítulo 5, referido al derecho a la salud, recopila diversos datos que explican el preocupante avance del VIH/SIDA en el país[1]. Como señala el documento, el racismo y la LGBTIfobia estructurales combinados con el avance del conservadurismo religioso, constituyen obstáculos para un tratamiento igualitario del VIH para toda la población. La falta de responsabilidad del Estado y su discurso moralista, alientan a la sociedad a desarrollar prácticas prejuiciosas y LGBTIfóbicas sobre la falacia de que el VIH es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales. Como resultado, el debate sobre educación sexual fue eliminado de las escuelas.

Según el informe, entre 2007 y 2017, hubo un aumento del 700% en las tasas de infección por VIH entre las personas de 15 a 24 años. Si bien estos datos se refieren al gobierno anterior, se sabe que, debido al avance del conservadurismo religioso, actualmente hay un aumento de casos de VIH entre jóvenes y adolescentes que no han tenido acceso a la información necesaria en salud pública.  Además, el informe señala el impacto del racismo en los tratamientos de salud, evidenciando la gran discrepancia en la proporción raza y sexo en el aumento de casos de infección por VIH y desarrollo de SIDA, entre 2008 y 2018.

Los datos epidemiológicos, explicados en este informe, muestran que, mientras el número de muertes por SIDA ha disminuido entre las personas blancas, ha aumentado considerablemente entre las y los afrodescendientes. En 2018, hubo 2.885 (40,3%) muertes de hombres blancos y 4.219 (59%) muertes de hombres negros. Para las mujeres la tendencia es la misma. En 2008, hubo 1.804 (47,4%) muertes de mujeres blancas y 1.981 (52,1%) muertes de mujeres negras. En 2018, hubo 1.309 (37,7%) muertes de mujeres blancas y 2.136 (61,5 %) muertes de mujeres negras.

El documento señala también la invisibilidad de las lesbianas, transexuales, travestis y hombres trans en los datos del boletín epidemiológico. Ocultos dentro del patrón de cis-heteronormatividad universal, estos grupos no cuentan con políticas públicas de salud que comprendan sus necesidades reales y, una vez más, son silenciados mientras se vuelven más vulnerables.

“Un meta análisis realizado con datos de 15 países[2], estimó que el 33,1% de las mujeres trans en Brasil vivían con el VIH, solo detrás de Argentina (33,5%) e India (43,7%), con datos actualizados hasta 2011. Esta misma encuesta apuntaba a la alarmante estimación de que las mujeres trans tenían 49 veces más probabilidades de contraer el VIH que otras personas”, revela el dossier.

En este sentido, el dossier saca a la luz el impacto causado por el racismo y la LGBTIfobia estructurales, que condena a gran parte de la población brasileña a situaciones de extrema vulnerabilidad en la atención y tratamiento como condiciones necesarias para una salud digna. Con ello, el avance del VIH/SIDA en Brasil vuelve a poner al país en riesgo de pandemia, ya que el desmantelamiento de programas sociales imprescindibles para el mantenimiento de la salud de la población, sirven de terreno para la proliferación no solo de enfermedades, sino también de desigualdad e intolerancia.

VIH/SIDA en Colombia: una historia de éxito sin victorias

El informe anual mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA ), publicado a mediados de 2020[3], revela que Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde la tasa de infecciones por VIH ha disminuido en la última década. A pesar de ello, las cifras globales ocultan la falta de avances en la atención a los grupos más vulnerables y aún persisten las altas tasas de mortalidad. Existen otras barreras estructurales que impiden que los más vulnerables accedan a los programas ya propuestos por el Gobierno bajo esta estrategia global.

En primer lugar, porque existe una brecha importante en el acceso a los servicios de salud, debido a las altas tasas de desempleo y desocupación en el país, lo que limita las posibilidades de acceso a un diagnóstico de la enfermedad, específicamente a un diagnóstico temprano que permita una pronta acción. En la actualidad, la epidemia se concentra en algunas poblaciones, dos de las cuales pertenecen al colectivo LGBTI: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en la que se incluyen hombres bisexuales y hombres que no se autodenominan “gay”) y mujeres trans, (MT), es decir, personas que nacen hombres y actualmente son mujeres. En estos grupos, los niveles de seropositividad son muy altos.

En Bogotá, en 2018, las tasas de contagio rondaron el 17% (HSH) y el 20% (MT). En contraste, la prevalencia es del 0,5% para el resto de la población de Bogotá, entre los 15 y los 49 años[4]. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia de infección por el VIH del 20,4% y las mujeres transexuales del 23,4%[5]. A pesar de estas cifras, no hay programas específicos que permitan que estos grupos accedan a pruebas rápidas y a la información pertinente sobre cómo acceder a estas.

La segunda gran barrera es la discriminación y los prejuicios que aún persisten sobre el tema. El estigma que representa el VIH/SIDA implica indagaciones irrespetuosas e innecesarias sobre la identidad sexual de las personas, su desempeño como trabajadoras sexuales o el uso de drogas. Esto resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades principales de Colombia, para el 2019, los casos de contagio habían aumentado en las mujeres trans más de 15%, y el trabajo sexual seguía siendo una de sus formas de trabajo más usuales[6]. Existe una carga negativa asociada con la enfermedad que envía un mensaje de muerte y/o indeseabilidad para la sociedad sobre las personas que viven con el VIH/SIDA.

Apenas el año pasado, la Corte Constitucional de Colombia eliminó la sección del código penal que penalizaba la transmisión del VIH, señalando que la ley violó los principios de igualdad y no discriminación, ya que segregaba a las personas que viven con el virus, estigmatizándolas y limitando sus derechos[7]. Mientras no se creen programas específicos para acceder y eliminar los prejuicios sobre estos colectivos y sobre la enfermedad en general, es evidente que el miedo a recibir tratamiento médico y la respuesta de la sociedad prevalecerá sobre la búsqueda del diagnóstico.

Finalmente, volviendo a la idea de que se debe fortalecer una respuesta preventiva por parte del Gobierno colombiano, es importante entender que el fenómeno del VIH/SIDA se presenta como un grave problema de salud pública mundial, en el cual no solo debe cubrir el contexto de la enfermedad, sino que tiene que evolucionar en un proceso que involucre varias dimensiones, como la social, la económica y la cultural.

El contexto de la pandemia de COVID 19 ha exacerbado las dificultades. Aunque ONUSIDA recomendó a todos los países que durante la pandemia no distribuyeran antirretrovirales mes a mes a los pacientes, sino que los administraran para un periodo de tres meses, con el objetivo de evitar que las personas salieran de sus casas, Colombia no aceptó esta disposición[8]. Esta decisión, sumada a las difíciles condiciones socioeconómicas que afectaron de manera diferente a las personas LGBTI, actualmente limita su acceso a los servicios de salud[9].

De esta forma, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región a garantizar la equidad racial y sexual en el tratamiento del VIH/SIDA, además de reforzar la urgente necesidad de campañas de educación sexual, ya sea en ambientes escolares o en espacios públicos. Es necesario romper los estigmas y fortalecer la prevención del VIH para que el mundo no se vea afectado por otra pandemia que, como se sabe, se puede controlar. Sugerimos que los Estados adopten las siguientes recomendaciones:

  1. Implementar las recomendaciones de la CIDH contenidas en su Informe sobre Violencia contra las personas LGBTI (2015) y adoptar medidas integrales que combatan eficazmente la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI en situación de pobreza y pobreza extrema[10]
  2. Que se desarrollen pautas para que las escuelas de medicina y enfermería aborden en sus programas curriculares, en sus grupos de investigación y extensión y en sus eventos académicos, temas como la orientación sexual y la identidad de género, para que, desde su formación, profesionales de la salud conozcan las necesidades específicas de las personas LGBTI, especialmente las personas trans.
  3. Que se adopten medidas de sensibilización y formación de los profesionales que trabajan en el área de la salud, asegurando la igualdad de trato a las personas LGBTI.

 

[1] Dossier disponible en: http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/

[2] Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Países Bajos, India, Indonesia, Italia, Perú, Pakistán, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

[3] Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ 2020_global-aids-report_en.pdf

[4] Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural—revista-arcadia/articulo/la-politica-lgbt-y-el-reto-frente-al-vihsida-en-colombia/68263/

[5] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[6] Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/vih-en-america-latina.html

[7] Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-248-19.htm

[8] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[9] Disponible en: http://oldrace.wp/english/the-emergency-situation-caused-by-covid-19-unveils-the-concerning-reality-of-lgbti-people-in-colombia/

[10] CIDH. Violencia contra personas LGBTI. 2015, pág. 227, párr. 382. Disponible en: www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/ 

Raza e Igualdad condena represión del Gobierno cubano en contra de la sociedad civil y prensa independiente y exige respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica

Washington D.C., 25 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena las acciones de represión que mantiene el Gobierno de Cuba en contra de la sociedad civil independiente en la Isla, a raíz de las protestas por la detención y enjuiciamiento del músico y activista Denis Solís. El domingo pasado estas acciones escalaron a un nivel más alto con la agresión y detención de más de una decena de activistas, además del asedio y censura a la prensa independiente local y extranjera.

Hasta el lunes, se supo de al menos 16 detenciones arbitrarias realizadas el domingo, la mayoría en el Parque Central de La Habana, a donde activistas y periodistas independientes habían acudido para realizar una manifestación pacífica para exigir la liberación del integrante del Movimiento San Isidro, Denís Solís. Solís fue detenido el pasado nueve de noviembre y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Las personas detenidas fueron liberadas poco tiempo después, pero mientras estuvieron retenidas fueron interrogadas, amenazadas y muchas fueron golpeadas. Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), están entre las personas que estuvieron privadas de libertad, así como la Dama de Blanco Berta Soler, el activista Ángel Moya, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, y el periodista independiente Héctor Luis Valdés. En otras provincias también se reportaron incidentes. Por ejemplo, en Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el colaborador del CIR, Esber Rafael Ramírez Argota, mientras que en la provincia de Matanzas las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro también fueron arrestadas.

Según información proporcionada a Raza e Igualdad, la jornada se tornó violenta no sólo por el gran número de oficiales de la Policía Revolucionaria y de la Seguridad del Estado que se dispersaron por el Parque Central en busca de los manifestantes, sino también por la aglomeración de grupos de civiles afines al Gobierno que frente a la omisión de las autoridades cubanas, gritaban ofensas y propinaban golpizas a los activistas y a los periodistas, tanto de la prensa local como internacional. En el caso de las y los activistas afrodescendientes, hubo insultos racistas.

Persecución al CIR

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que integrantes del CIR son detenidos de forma arbitraria en lo que va de noviembre. Por un lado, el coordinador nacional de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana el pasado 12 de noviembre. El líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas y tanto a él como a su hermana Jacqueline Madrazo Luna, les incautaron sus computadoras personales, cinco cámaras de video, tres discos duros, un proyector, una grabadora de periodismo, una impresora, documentos del CIR, dinero en efectivo y otros bienes personales.

En tanto, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, a eso de las 10:30 de la mañana, en las afueras de su vivienda, ubicada en la capital cubana, mientras intentaban trasladarse a la sede del CIR, donde se iba a realizar una conferencia de prensa para abordar la falta de respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Según información compartida por el CIR a Raza e Igualdad, los activistas fueron trasladados en una patrulla a una unidad policial ubicada en Alta Habana, donde estuvieron detenidos por aproximadamente 48 minutos. Fueron obligados a permanecer durante todo ese tiempo en la patrulla encerrados y bajo sol. Luego de este tiempo fueron interrogados por dos oficiales identificados como “Osvaldo” y “Ricardo”; éste último es misma persona que dirigió la detención de Madrazo Luna.

Durante el interrogatorio, “Ricardo” los amenazó para que cesen su activismo con el CIR advirtiéndoles que no “les va a permitir ridiculizar la figura del presidente Díaz-Canel en las redes sociales”. Esto en clara alusión a la campaña que el CIR ha mantenido en el último mes en sus diferentes canales de comunicación para demandar una respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Aproximadamente a las 12:30 pm fueron conducidos a la Unidad de Santiago de Las Vegas, donde finalmente fueron liberados a eso de las 2:50 pm.

En esa ocasión, la conferencia de prensa convocada por el CIR no pudo desarrollarse porque ninguno de los periodistas independientes invitados pudo acceder al lugar del evento. Su coordinador nacional, Juan Antonio Madrazo, dijo que su casa y también sede del CIR amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes permanecieron discretamente escondidos en las esquinas y vestidos de civil atentos a la concurrencia de las personas invitadas.

Represión en aumento

Tras la detención del músico y activista Denis Solís el pasado nueve de noviembre, el Gobierno cubano ha recrudecido las acciones violatorias de la libertad de expresión y ha aumentado las detenciones arbitrarias y ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas, pues estos se han unido para sobreponerse al asedio y censura y exigir a través de diferentes formas la liberación de Solís.

En la sede del Movimiento San Isidro permanecen atrincheradas 14 personas que se reunieron ahí el pasado 18 de noviembre para realizar una peregrinación a modo de protesta, pero fueron sitiadas por oficiales de la Seguridad del Estado, por lo que algunas decidieron iniciar huelga de hambre y/o sed. Hasta el momento se conoce que dos mantienen huelga de hambre y sed, y cinco están en huelga de hambre.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al gobierno cubano para que cesen los hechos de hostigamiento y persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los miembros del CIR. Creemos oportuno recordar la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos que exhortan a los Estados a desistir de la intimidación y suspensión de labores de defensa de los activistas y prohíben su discriminación incluso por motivos políticos. Además, nos unimos al llamado realizado este lunes 23 de noviembre  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se exhorta al Estado cubano “a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

Mire aquí imágenes sobre la represión del domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana:

Foto de los activistas Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz tras ser liberados el pasado 19 de noviembre. 

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

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