Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH llaman al Estado a cesar represión en contra de mujeres activistas

Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH llaman al Estado a cesar represión en contra de mujeres activistas

Washington D.C., 28 de octubre de 2020.– Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Margarette May Macaulay, demandaron al gobierno de Cuba cesar la persecución y criminalización de mujeres activistas en la Isla, a la vez que mostraron su disposición a seguir registrando y denunciando las violaciones a derechos humanos en el país.

La Relatora Macaulay y tres integrantes de la organización Damas de Blanco participaron este martes 27 de octubre en el evento virtual ¡Cubanas Libres Ya! Situación de las prisioneras políticas en Cuba, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como parte de la campaña #CubanasLibresYa, la cual se viene ejecutando desde marzo pasado y busca visibilizar la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que se organizan para denunciar violaciones de derechos humanos en la Isla y exigir condiciones de vida digna para todas y todos.

Contexto

En sus palabras de bienvenida, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recordó que el Estado cubano ocupe el Código Penal para criminalizar a las personas que expresan opiniones en contra del Gobierno, violando así sus obligaciones internacionales para el respeto y la garantía de los derechos humanos. “Específicamente, las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho Código, como el desacato, el atentado o figuras como la peligrosidad social”, dijo.

En tanto, la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, señaló que entre enero y septiembre de este año el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 1,249 detenciones arbitraria, incluidas 367 detenciones de mujeres, además que actualmente hay al menos 10 prisioneras políticas, ya sea en las cárceles cubanas, bajo arresto domiciliar u obligadas a realizar trabajos correccionales.

Por su parte, la oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Caitlin Kelly, apuntó que, a pesar de los obstáculos para acceder a información confiable, la organización ha tenido acceso a datos que dan cuenta de la situación de marginalización y pobreza que enfrentan las mujeres en Cuba, por lo que tienen muchas razones para alzar sus voces, protestar y exigir cambios al Gobierno. “Sin embargo, como ha reconocido la CIDH, la libertad de expresión en Cuba no existe. La Seguridad del Estado, la Policía, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras autoridades interrumpen violentamente estas manifestaciones y buscan razones para meter a las y los participantes a prisión”, enfatizó Kelly.

Exposición de casos

En el evento se presentó un video documental que resume la situación de las prisioneras políticas en Cuba, y se contó con la participación de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y de las exprisioneras políticas Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes también forman parte de dicha agrupación. Aunque el objetivo fue sostener un conversatorio con las activistas, hubo problemas en la conexión a Internet en el caso de Soler y Santana. No obstante, ambas pudieron compartir sus testimonios a través de videos grabados con anterioridad.

Soler expuso que en los últimos cinco años ha sido detenida más de 200 veces, llegando a ser aprehendida de forma arbitraria hasta tres veces en una sola semana. “Recuerdo en una de las detenciones, dos policías uniformadas me aplicaron la técnica de asfixia, una llave en el cuello para estrangularme, y al mismo tiempo (una de ellas) introduciendo sus dedos dentro de mis ojos, provocándome un derrame ocular. No conformes con esto, me confinaron en una celda por más de 24 horas sin agua para tomar y ni para uso sanitario, y no recibí alimento en todo ese tiempo”, relató la líder de las Damas de Blanco, cuya última detención ocurrió el pasado 8 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Yolanda Santana, cuyo caso es uno de los diez reconstruidos por Raza e Igualdad para la campaña #CubanasLibresYa, señaló que desde que forma parte de las Damas de Blanco ha sido objeto de decenas de multas arbitrarias que, para ella son imposibles de pagar, por lo que en julio de 2018 fue detenida bajo el cargo de “impago de multas” y sometida a un juicio irregular en el que no le permitieron el derecho a la defensa. Santana permaneció un año en el Centro Penitenciario de Mujeres “El Guatao”, donde sufrió tratos inhumanos y degradantes.

La también Dama de Blanco, Xiomara Cruz, participó en el evento desde Miami, donde se encuentra desde inicios de este año gracias a una visa humanitaria que le concedieron para viajar y acceder a un tratamiento adecuado para tratar una enfermedad grave que adquirió estando en prisión. La activista denunció que su delicado estado de salud es producto del mal trato que recibió en la cárcel y la falta de atención adecuada en hospitales cubanos.

Cruz ha sido presa política dos veces. En abril de 2016, fue arrestada en un parque en La Habana junto a tres otras activistas, y detenida en “El Guatao” por un año y ocho meses antes de ser enjuiciada. Recibió la libertad condicional casi dos años después de esa detención inicial, pero en septiembre de 2018 fue detenida nuevamente y condenada a un año y cuatro meses de privación de libertad por “amenazas” luego de sostener una discusión con un vecino que lanzó piedras a su casa.

Una situación que no se puede aceptar

La Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación por la situación de persecución y criminalización con las activistas cubanas. Dijo que, aunque el número de mujeres prisioneras es relativamente pequeño comparado con el de hombres, el efecto del encarcelamiento de mujeres es extremadamente perjudicial no solo para ellas, sino para sus familias y sus comunidades.

Macaulay expresó que esta situación es inaceptable y “debe parar”, a la vez que señaló varios derechos humanos y estándares internacionales para personas privadas de libertad que el Estado cubano viola en estas circunstancias, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, y el acceso a un techo digno y a la higiene.

Enfatizó que, desde su Relatoría y la CIDH misma, mantienen un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en Cuba, por lo que invitó a las organizaciones de la sociedad civil local e internacional a apoyar las acciones de documentación y denuncia para enriquecer los comunicados e informes que realizan. Macaulay expresó que esperan que el Gobierno detenga las detenciones arbitrarias y garantice los derechos a la libertad de expresión y al acceso a información.

En tanto, desde Raza e Igualdad seguiremos atentos a la situación de las prisioneras políticas en Cuba para denunciarla y exigir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Les invitamos a conocer más sobre la campana #CubanasLibresYa, en su sitio web en español https://www.cubanaslibresya.com y en su sitio web en inglés https://www.cubanaslibresyaeng.com

Puede acceder aquí al video documental ¡Cubanas Libres Ya! https://youtu.be/gTQcFGute4g 

Rebeldías Lésbicas: encuentro de voces lesbianas de Brasil y Colombia

“¡Lesbianas contra la guerra! ¡Lesbianas contra el capital! ¡Lesbianas contra el racismo, contra el terrorismo neoliberal!” Fue con estas palabras de liberación que, en febrero de 2007, durante el VII Foro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe, se declaró el 13 de octubre como el día de las Rebeldías Lésbicas [1]. Durante este encuentro de lucha antipatriarcal, con cerca de 200 mujeres lesbianas feministas de varios países, que la Asamblea General del Foro decidió honrar colectivamente el I Foro Regional de Lesbianas Feministas que se llevó a cabo en México, el 13 de octubre 1987.

Según Angelina Marín, activista feminista lesbiana del colectivo Moiras, el 13 de octubre fue consagrado como el día de las brujas y también representa el día de la llegada de los colonizadores a tierras indígenas. Así lo pronunció Marín durante su discurso en Santiago, en una plaza de la ciudad de la capital Chilena, en un encuentro con otras feministas lesbianas para celebrar este día [2]. Esta fecha reúne a colectivos y organizaciones de lesbianas feministas de la región para celebrar la existencia lésbica a través del arte y la cultura como un acto de rebelión contra las opresiones impuestas por un sistema patriarcal que oprime la existencia de quienes desafían una sociedad cis-heteronormativa.

Para honrar los cuerpos de estas mujeres que persisten y resisten el borrado de sus identidades y sus expresiones políticas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) invitó a mujeres lesbianas de Brasil y Colombia a compartir sus voces, puntos de vista y experiencias sobre el significado de este día y los desafíos que enfrentan en sus países. Conoce sus historias rebeldes:

Colombia

Para María Vélez, activista de Caribe Afirmativo, “este 13 de octubre es un día para recordar y agradecer a nuestras hermanas lesbianas mayores por la lucha que iniciaron hace años. Desde el nombramiento, el autorreconocimiento, hasta la convivencia de parejas del mismo sexo, estos fueron los primeros pasos para que hoy podamos disfrutar del reconocimiento de estos derechos”.

María llama la atención sobre el hecho de que las rebeldías lesbianas plantean desafíos, especialmente en un país marcado por un conflicto armado como Colombia. Estas adversidades hacen que las mujeres lesbianas constantemente enfrenten situaciones de violencia íntima en la experiencia privada, desplazamiento forzado, violación en grupo y el embarazo forzado. Ella enfatiza que, por ser un país multicultural y multiétnico, en todas las identidades indígenas y negras se incrusta el racismo estructural y el machismo.

“Por eso, siendo indígenas-LGBTI o Afro-LGBTI, enfrentamos la opresión dentro de nuestras propias comunidades y un tipo particular de violencia en cada territorio. Cuando eres lesbiana y afrodescendiente la violencia toma una forma particular relacionada con la naturaleza exótica de nuestra identidad y la sexualización de nuestros cuerpos como mujeres negras. La sociedad considera que, si usted es una mujer negra, entonces debe ser heterosexual, de lo contrario no conviene”.

Sami Arazabaleta, directora de la ONG Somos Identidad, pone de relieve la importancia del reconocimiento de las mujeres lesbianas de sí mismas como seres sexuales que admiran sus propios cuerpos fuera de las normas heteronormativas y machistas. “Las Rebeldías Lésbicas son un llamado necesario para visibilizar a las lesbianas, nos negamos a seguir siendo invisibles desde la norma global “homosexual”. Hemos aprendido que lo que no se nombra no existe. Una rebelión lésbica es ser y amar a una mujer cara a cara”.

Las Rebeldías Lésbicas son también un acto de repudio a lo binario, las lesbianas feministas denuncian que la forma binaria de ver y estar en el mundo confina a las lesbianas a ciertos estereotipos. Como acto de liberación, las Rebeldías Lesbianas proclaman que sus cuerpos existen para sí mismos, en una relación de interdependencia y co-existencia con la naturaleza. Sami traduce su rebeldía en poesía: “el amor lésbico es sublime, permite a las mujeres ser queridas y reconocidas sin la aprobación masculina. ¡Soy lesbiana porque me amo a mí misma y amo a una mujer! “

Brasil

La cineasta Naira Évine, activista del colectivo Levante Negro, reflexiona sobre la afirmación de que la existencia lésbica dentro de la industria audiovisual es ya en sí mismo un acto de rebeldía. “Porque vamos en contra de todo sistema heterosexual y cis-heteronormativo que se esfuerza por borrar nuestra existencia. Esto lleva a que nuestra memoria no se transmita de generación en generación, que nuestras historias no se cuenten, que nuestras perspectivas no se comenten ni se filmen. Por lo tanto, cuando una directora de cine lésbico, y en mi caso, una mujer negra, se asegura de que todas estas demarcaciones se coloquen en la agenda y se hable de ellas y sean respetadas, creo que eso es ser una mujer rebelde” dice ella.

En 2019, Naira lanzó la película corta “O dia em que resolvi voar” [3] (El día que decidí volar, en español) que retrata historias lésbicas. La cineasta hace énfasis en que las películas hechas por mujeres lesbianas, que hablan de experiencias lésbicas y que tienen una perspectiva racializada o no, de una mujer lesbiana, y son latinoamericanas, ya son un gran acto de rebeldía. La directora recuerda que las lesbianas son diversas y merecen respeto, una vida digna, una vida sana y un buen vivir en el ámbito de los derechos humanos básicos. Por eso, resisten cuando insisten en que se comprenda y respete su existencia.

“No creo que haya una sola forma de ser lesbiana, una forma de demostrar tu orientación sexual. Muchas veces el armario es un lugar de protección, es un lugar de autodefensa y estar dentro del armario no siempre significa cobardía. A veces también es muy valiente no hablar de ello, hay muchos casos. No hay una única forma de soñar con una sociedad más igualitaria. Esta sociedad sería el conglomerado de la existencia de varias lesbianas, bisexuales, homosexuales y las diversas experiencias de diferentes grupos sociales. ¡Estamos rodeadxs de lesbianas rebeldes! ¡Me alegro de que este día exista! ¡Celebremos más y hablemos más de estas valientes mujeres!” ella dice.

Camila Carmo, profesora, investigadora, escritora y activista del colectivo LesbiBahia, destaca que al pensar en cómo sería la rebelión lésbica en un país como Brasil, la construcción de un proyecto político que sea emancipatorio para todas las mujeres y que desafíe el sistema heterosexual es la clave. Como mujer negra lesbiana, entiende que “ser lesbiana en Brasil es lidiar todos los días con el racismo, el machismo, el sexismo y también ponerme en esos movimientos de re-existencia para la construcción de otros modos de existencia”[4].

Camila también señala los problemas estructurales de racismo, pobreza y feminicidio que están presentes dentro del sistema cis-heteronormativo y cómo esto se agrava en territorios marcados por dictaduras e invasiones coloniales. “Creo que el desafío tiene que ver con eliminar los ataques contra los pueblos indígenas y la explotación de las personas, los animales y la naturaleza. Esta reflexión nos atraviesa y nos define a todos, aunque yo diga ‘yo’. Porque cuando digo ‘yo’, también hablo de nosotrxs. No creo que las alianzas sean posibles fuera de un colectivo, por lo que nuestro gran reto es pensar en la manera de actuar de manera colectiva, respetando las diferencias e individualidades,” analiza.

A partir de las historias de estas inspiradoras lesbianas rebeldes, Raza e Igualdad apoya el desafío que surge de fortalecer los lazos afectivos entre la mujer y la naturaleza, entre los derechos humanos y la desobediencia como ruptura con el colonialismo. Reafirmamos nuestro compromiso de visibilizar la agenda y las voces que representan a América Latina, en alianza con activistas y organizaciones de la sociedad civil, y de denunciar las violaciones que afecten la construcción pacífica de una sociedad democrática.

Raza e Igualdad recomienda a los Estados de la región:

  1. Adelantar todos los esfuerzos necesarios para combatir la lesbofobia en la sociedad, impulsar acciones que promuevan y respeten la diversidad sexual, y combatan los prejuicios y la discriminación;
  2.  Crear políticas públicas para combatir la lesbofobia en el ámbito educativo y para inhibir las iniciativas que busquen prohibir los debates sobre raza, género y sexualidad en las escuelas y universidades;
  3. Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

[1] http://feministautonoma.blogspot.com/2007/10/13-de-octubre-da-de-rebeldas-lesbianas.html

[2] http://feministautonoma.blogspot.com/2007/10/13-de-octubre-da-de-rebeldas-lesbianas.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=FYjs54EfwxY&t=26s&ab_channel=Naira%C3%89vine

[4] Sobre el concepto de (re) existencias, Camila hace referencia a la profesora Ana Lúcia da Silva Souza.

Asedios y represalias escalan durante septiembre en Nicaragua

Washington, D.C., 6 de octubre de 2020. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población, especialmente los excarcelados, las personas opositoras, los jóvenes, los defensores de derechos humanos, los periodistas y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subieron de tono durante el mes de septiembre, e incluyeron tres iniciativas de reformas legislativas que amenazan con derruir los escasos espacios que aun quedan para que la sociedad civil y la ciudadanía crítica pueda reclamar respeto a los derechos humanos.

La primera es la intención de establecer la cadena perpetua para los denominados “delitos de odio” entendidos en un sentido amplio que más alla de no resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, amenaza a los sectores de oposición a quienes según Ortega también aplicaría la decisión, luego de llamarles asesinos, vendepatrias, cobardes y torturadores.

Mediante la segunda iniciativa se pretende aprobar una ley de Regulación de Agentes Extranjeros que busca obligar a los nicaragüenses y las organizaciones a auto incriminarse, registrándose como Agentes Extranjeros, si reciben recursos provenientes de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades, o asociaciones extranjeras, bajo cualquier concepto. Según la iniciativa, los agentes extranjeros no podrán intervenir en asuntos de política interna ni financiar o promover el financiamiento a organizaciones políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas, además que no podrán desempeñar cargos públicos ni ser elegidos en cargos de elección popular. Quienes no se inscriban podrían recibir  sanciones que incluyen la confiscación de bienes muebles e inmuebles e incluso, acciones en la vía penal que podrían derivar en la prisión.

La intención de aplicar la cadena perpetua, combinada con la Ley de Agentes Extranjeros representan una seria amenaza hacia la oposición, para la labor de defensa de los derechos humanos y también hacia el periodismo independiente, respecto de este último caso ya que muchos de los espacios digitales se apoyan en recursos de la cooperación internacional para continuar funcionando. Ambas son evidencia de que el Gobierno está dispuesto a perdurar aun cuando para ello sea necesario encarcelar a quienes incurran en cualquier forma de disidencia.

El día 28 de septiembre se conoció otra iniciativa: La Ley Especial del Ciberdelito, que se orienta a criminalizar las publicaciones en las redes sociales con penas que van desde 1 a 4 años de prisión, y propone perseguir a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al público, así como a bancos y aseguradoras y el resto del sistema financiero.

Mediante esta iniciativa, el régimen busca frenar las filtraciones de información para impedir la divulgación por parte de la ciudadanía de los abusos en los que incurren las autoridades, los cuales desde la perspectiva del Gobierno son “noticias falsas”.

El establecimiento de la cadena perpetua y la eventual aprobación de las dos iniciativas antes comentadas, en caso de ser aprobadas, serán determinantes para el deterioro extremo del entorno para defender la democracia, los derechos humanos y de la libertad de expresión, prensa e información.

Igual que como ocurrió con la Ley Antiterrorismo, que estableció tipos penales vagos, abiertos que en la práctica significaron violaciones a los derechos humanos, las dos iniciativas ya presentadas dan un amplio margen de discrecionalidad a la actuación de las autoridades y la posibilidad de ocasionar daños significativos a personas jurídicas y personas naturales.

El derecho a la vida

En septiembre Nicaragua se vio estremecida por la violación y el femicidio de dos niñas en Lisawe, Mulukuku, Región Autónoma del Caribe Norte (RAAN). A los pocos días, el 17 de septiembre, una mujer embarazada de 20 años de edad en Ayapal, fue víctima de femicidio. Las muertes por femicidio se elevaron a 50 en agosto y la violación y el asesinato de las niñas de Lisawe fue aprovechada por Ortega y Murillo para plantear el establecimiento de la cadena perpetua.

Situación prisioneros políticos

De la situación de los prisioneros políticos destacamos que las autoridades siguen aplicando el aislamiento discrecionalmente, por tiempo indefinido y sin el seguimiento debido. Tal es el caso del estudiante Kevin Solís, quien permanece en una celda muy pequeña, de máxima seguridad, en el penal Jorge Navarro en Tipitapa, llamada “La 300” y de John Cerna, quien recientemente, por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! ha sido confinado en una celda de máxima seguridad y está siendo torturado.

También se continúan conociendo casos en los que las personas prisioneras denuncian torturas y tratos contrarios a la dignidad humana, sin que las autoridades tomen las medidas del caso para sancionarlos y prevenir que hechos similares continúen ocurriendo.

Represalias hacia periodistas continúan

En septiembre continuó el asedio policial contra Radio Darío. El incidente más reciente se registró el 12 de septiembre, cuando patrullas policiales volvieron a presentarse frente a la radio en actitud intimidatoria.

La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, en Bluefields, fue condenada el 23 de septiembre, por injurias y calumnias, en un proceso violatorio de las garantías. La fiscalía solicitó una pena que va de 120 a 300 días multa.

Una nueva embestida se registró hacia la televisión abierta, mediante el embargo de las cuentas y bienes del propietario de Canal 12 de Televisión, uno de los dos canales que aún mantienen una linea independiente respecto del gobierno, por un cobro de 21 millones de Córdobas, por parte del fisco.

Asedio a movimientos de mujeres

El 25 de septiembre, la policía cercó las instalaciones del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) en la ciudad de Managua, impidiendo por varias horas que las mujeres que trabajan en dicha organización ingresaran a la sede de la misma. Su directora, Sandra Ramos, reaccionó enérgicamente contra el asedio, expresando que no les tienen miedo y que lo que molesta al poder es que ellas defienden a la “pobretería” que el gobierno dice defender, aludiendo a las mujeres trabajadoras y desempleadas que la organización ha defendido por más de 20 años de existencia.

El mismo día, la Policía detuvo a dos de los integrantes del Movimiento Feminista La Corriente, quienes intentaban trasladar a una bodega materiales de campañas sociales. Al menos una docena de agentes policiales y antidisturbios les rodearon, les pidieron información personal y les amenazaron porque los materiales que trasladaban tenían logos de la cooperación.

Persecución policial a las actividades de la oposición política

Distintas iniciativas de la oposición para reunirse en los territorios han encontrado el asedio y la persecución policial y paraestatal como respuesta. Los días 26 y 27 de septiembre, más de un centenar de opositores, activistas y defensores de derechos humanos sufrieron una nueva ola de represión por parte la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, incluyendo cinco detenciones arbitrarias, la obstrucción de reuniones, asedios en cinco viviendas y seis retenciones acompañadas de requisas y persecución.

Las denuncias registradas en redes sociales y medios de comunicación confirman que en Managua, Río San Juan y Chinandega se dieron distintos hechos de asedio: el asedio policial en una reunión de 92 integrantes de la Coalición Nacional, la retención y persecución del director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro por parte de la Policía que colocó un retén a la entrada de la urbanización donde habita; la detención del presidente del Gobierno Territorial Rama Kriol, Jaime Mcrea, además de la retención arbitraria de 17 indígenas y afrodescendientes en el contexto de una visita planificada a la reserva Indio Maíz para confirmar la continuidad de las invasiones.

Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.

Colombia: Urgen acciones gubernamentales para contrarrestar alarmantes y crecientes cifras de violencia contra la población LGBTI

Bogotá, 6 de octubre de 2020.– El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), rechaza el alarmante incremento en los índices de violencia y discriminación que sufre la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y hace un llamado para que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y asesinatos por prejuicio y la discriminación de la que han sido objeto las personas LGBTI. Aun cuando recientemente se han alcanzado importantes logros para el respeto y la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tales como el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a las víctimas LGBTI de El Carmen de Bolívar y el reconocimiento de pensión de una mujer trans de acuerdo con el régimen de pensión exigido para las mujeres, las cifras de asesinatos, amenazas y hostigamientos sigue creciendo exponencialmente.

Al 15 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 63 personas LGBTI y 388 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, señalando que durante la pandemia, “se exacerbaron el prejuicio y la discriminación y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad de empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población.” A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 61 casos de ataques contra personas LGBT en Colombia*, en los que hemos reseñado actos de discriminación en espacios públicos, denegación de derechos como la salud y la alimentación, agresiones físicas con armas cortopunzantes, hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

El pasado 05 de septiembre, el ataque homofóbico de un hombre, que “en el nombre de Cristo Jesús” abordó públicamente a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, abiertamente lesbiana, para reprocharle por “enseñar cosas irrespetuosas a la niñez” evidenció que el clima de discriminación y exclusión social en contra de las personas LGBTI no es exclusivo de las instituciones. En Colombia, a pesar de los progresos formales en el reconocimiento de derechos, hace falta avanzar en la construcción de un ambiente favorable y respetuoso de la diversidad sexual desde la sociedad, que resulte en verdaderas transformaciones para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI.

Cifras alarmantes de asesinatos y agresiones

A octubre de 2020, Raza e Igualdad ha documentado 30 casos de violencia en los que han sido asesinadas y/o agredidas gravemente personas LGBTI. Recientemente, el asesinato de Juliana, una mujer trans, por un disparo de un soldado del Ejército, prendió las alarmas sobre la violencia que se ejerce contra las personas LGBTI, en especial, contra las personas trans. En todo el país, se ha evidenciado el aumento en los índices de violencia en los territorios: En Armenia, Quindío, el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana que señala que la población LGBTI se encuentra en alto riesgo; el 01 de septiembre, la Red LGBTI del departamento de Boyacá denunció en sus redes sociales el aumento de los abusos policiales en contra de trabajadoras sexuales, en especial mujeres trans y  en el Caribe, la organización Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, que hagan frente al alarmante aumento en los asesinatos y agresiones en esta zona del país, que ya representan el doble respecto al año 2019.

Liderazgos LGBTI en la mira

Los ataques a los liderazgos y organizaciones LGBTI en diferentes territorios denotan el afán por debilitar las agendas e iniciativas para la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans a lo largo del país. A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 8 casos de ataques, amenazas y asesinatos en contra de liderazgos LGBTI.

Ataques como del que fue víctima Aurora Iglesias, popularmente conocida como “Zunga, la Perra Roja”, lideresa trans de Florencia, Caquetá, quien fue amenazada con un arma de fuego en su vivienda mientras que le exigían cesar con sus labores comunitarias, advierten un patrón de persecución a los procesos LGBTI. El 17 de septiembre, una bandera LGBTI apareció quemada frente al hogar de un líder social en la ciudad de Armenia, Quindío y el 25 de agosto, a un líder gay de El Roble, Sucre, le fue incinerada su casa. Estos sucesos, además de amedrentar a las organizaciones LGBTI que son directamente atacadas, advierten un patrón de hostigamientos que busca también, enviar un mensaje de amenaza a otros procesos organizativos LGBTI a nivel local. Estos hechos se suman a el asesinato de Mateo, un hombre trans líder comunitario y el intento de homicidio de John Restrepo, líder gay que trabaja con víctimas LGBTI del conflicto armado, ambos perpetrados en pleno espacio público, en medio de actividades que adelantaban con la comunidad.

Abusos policiales contra las trabajadoras sexuales, en especial contra personas trans

En medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública, se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía contra las personas LGBTI. Raza e Igualdad ha reportado 12 denuncias públicas de ataques colectivos e individuales por parte de la Policía Nacional en contra las personas trans trabajadoras sexuales. En medio de estos ataques, perpetrados en su mayoría por varios miembros de la Fuerza Pública, se presentan agresiones físicas en procedimientos policiales de requisa injustificados, ataques con armas de fuego y con otras armas de dotación y la exigencia de pagos para permitirles a las trabajadoras sexuales ocupar el espacio público en medio de la pandemia, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido, como es el caso de Medellín, Caldas y Bogotá.

En otro episodio de abuso policial, se registró la muerte de Juan Luis Guzmán, un joven gay de Arboletes, Antioquia, quien apareció muerto en una estación de policía bajo extrañas condiciones, luego de que fuera trasladado allí por infringir las medidas de restricción de la movilidad expedidas frente al COVID-19.

En Colombia, la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra de la población LGBTI. Esta situación de vulnerabilidad se profundiza cuando las víctimas de abuso o violencia policial reclaman o intentan exigir justicia, pues deben enfrentar diferentes barreras de acceso como la falta de enfoque diferencial y de género en los formularios de denuncia, las represalias con posterioridad a la misma o el encubrimiento institucional, la omisión, entre otros.

Frente al contexto previamente descrito, Raza e Igualdad se une a los actos de denuncia y rechazo de la sociedad civil colombiana frente al grave contexto de vulneración de derechos de las personas LGBTI y realiza un llamado al Gobierno Colombiano para que:

  1. De celeridad a las investigaciones judiciales y sancione efectivamente a les responsables en los casos de asesinatos y agresiones contra la población LGBTI, garantizando la integración de un enfoque de diversidad sexual y de género en las diligencias a las que haya lugar, a fin de combatir los altos niveles de impunidad que se registran sobre estos casos.
  2. Fortalezca las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional, así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  3. Asegure a la población LGBTI el acceso sin discriminación a sus derechos como ciudadanes, en particular, el acceso a la justicia, fortaleciendo el monitoreo de las acciones de sensibilización y capacitación en derechos LGBTI a les operadores de justicia y diseñando rutas de atención diferencial para víctimas con orientación sexual e identidad de género diversa.
  4. Rechace públicamente los actos de discriminación y/o violencia en contra de las personas LGBTI y adopte iniciativas de sensibilización y capacitación que permitan desestructurar las conductas y actitudes discriminativas y LGBTfóbicas dentro de la sociedad civil colombiana.

 

*Raza e Igualdad ha realizado un monitoreo de medios y denuncias públicas de ataques y discriminación en contra de la población LGBTI a partir del 25 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta cifra se presenta al 05 de octubre de 2020.

 

Raza e Igualdad lanza Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia

Washington D.C., 21 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I), con el fin de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para la elaboración autónoma de informes de derechos humanos para su incidencia ante los Estados y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

El documento ya se encuentra disponible para consulta y descarga en la sección Publicaciones del sitio web de Raza e Igualdad, y cuenta con dos versiones: una cuyo contenido es principalmente texto, y otra donde la información va acompañada de ilustraciones alusivas al proceso de elaboración de un IDH-I, por lo que se recomienda el uso de esta en caso que las organizaciones usuarias decidan realizar sesiones de réplica con defensoras y defensores de derechos humanos.

La visión de Raza e Igualdad para la elaboración de este Manual es que el éxito en la producción de un IDH-I articulado a un plan de incidencia, puede potenciarse significativamente si la organización emprende un proceso formativo orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos, instrumentos y mecanismos que aportan los órganos internacionales de derechos humanos.

“Nuestra experiencia confirma que los Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I) elaborados por las propias víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, han sido fundamentales para que los Estados adopten las respuestas requeridas”, señaló Pedro León Cortés, asesor de Raza e Igualdad para América Latina.

Contenido

El Manual está estructurado en dos partes. La primera aborda comprensiones básicas como los derechos humanos, qué es una violación a los derechos humanos y qué es un IDH-I. En la segunda parte explica paso a paso cómo se elabora un IDH-I, desde la delimitación de la situación a denunciar hasta la redacción del informe. Además, incluye una lista de enlaces a sitios claves para que las organizaciones emprendan su propio proceso de documentación.

La elaboración de este documento se fundamenta en la sistematización de la experiencia de Raza e Igualdad en su trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de personas afrodescendientes, LGBTI y afrodescendientes-LGBTI en diferentes países de América Latina, por medio del cual ha facilitado que aprendan a producir de manera autónoma Informes de Derechos Humanos para la Incidencia.

Raza e Igualdad invita a las organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas por los derechos humanos, a consultar, descargar y compartir este Manual para reforzar sus planes de transformación de los factores estructurales que producen o mantienen patrones de violación de derechos humanos.

Acceda al Manual:

Versión ilustrada – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_ilustrado.pdf

Versión texto – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_texto.pdf

Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. “La apuesta principal de los jóvenes es la educación”, aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

Para volver a ver este webinar, haga clic aquí.

Raza e Igualdad lanza material informativo para aumentar conocimiento e incidencia ante mecanismos de protección de los derechos humanos

Washington D.C., 20 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de la sociedad civil y activistas de América Latina y el Caribe, material informativo sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus respectivos órganos, y sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de contribuir a aumentar su conocimiento e incidencia ante estas instancias en la defensa y protección de los derechos humanos.

“Como organización que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en la región en la defensa y protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad presenta este material que aborda el funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano como en las Naciones Unidas, con la expectativa de generar mayor acceso a estos de parte de nuestras socias y socios”, señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material consiste en tres videos que abordan el funcionamiento de la OEA, del Sistema Interamericano y de la ONU, respectivamente. A través de la intervención de cuatro personajes animados y con el apoyo de ilustraciones, explican el trabajo que realiza cada una de estas instancias y cuáles son los espacios y mecanismos de incidencia que tienen disponibles para la sociedad civil en materia de la defensa de los derechos humanos.

Cada video está reforzado con un relatograma que, de forma muy sencilla y amigable, brinda más detalles, principalmente en lo referido a los espacios y mecanismos para la participación e incidencia de la sociedad civil, además que incluye los enlaces a los sitios oficiales de las instancias en cuestión, donde las personas pueden encontrar toda la información referida.

Todo este material informativo se suma a la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” que Raza e Igualdad lanzó en mayo pasado con el objetivo de orientar a abogados, abogadas y activistas de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Puedes acceder a los videos a través de los siguientes enlaces:

En tanto, los relatogramas los encontrarás dando clic aquí.

Raza e Igualdad: El prisionero político José Rolando Casares Soto debe obtener libertad definitiva

Washington D.C., August 20, 2020.– Este miércoles se conoció que el prisionero político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional, noticia que él mismo comunicó vía telefónica al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Como organización que promueve y defiende los derechos humanos, celebramos que el activista e integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana no permanezca más en prisión y pueda convivir nuevamente con su familia, pero mantenemos nuestra demanda para que el Gobierno le otorgue la libertad definitiva y se le retiren los cargos que le fueron impuestos a él y a su esposa Yamilka Abascal Sánchez en un proceso viciado en el año 2017.

Casares Soto fue uno de los activistas destacados en nuestro informe Condenas Premeditadas, como ejemplo de la estrategia empleada por el Gobierno cubano para criminalizar a las personas que lo critican. En julio de 2016, Casares Soto fue detenido por una semana cuando él y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, salieron a la defensa de un amigo que estaba siendo detenido por un oficial de la Policia. En la delegación policial, fue obligado a desnudarse para registrarlo y lo sometieron a un interrogatorio. Las autoridades le informaron que estaba acusado de “atentado” y “resistencia”, pero no escuchó nada más del asunto hasta casi seis meses después cuando Casares Soto y Abascal Sánchez recibieron citaciones para juicio oral.

La sentencia

La pareja fue enjuiciada al mismo tiempo durante un juicio cerrado al público que no respetó las normas del debido proceso. Abascal Sanchez fue condenada por “desacato” y cumplió una condena de dos años de limitación de libertad desde su casa, mientras que Casares Soto fue condenado por “atentado” y “ultraje sexual”. El Gobierno lo acusó de “ultraje sexual” porque se desnudó en la estación de Policía durante su arresto en julio de 2016, pero su versión indica que fue obligado a desnudarse para buscar una memoria flash que contenía información sobre las actividades de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

En el caso de Casares Soto la pena fue de cinco años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y el 24 de mayo de 2017 le notificaron que debía cumplirla en la empresa de Construcción Civil del municipio, pero no se presentó. Por eso, su condena luego fue cambiada a cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que después de la citación del 24 de mayo, Casares Soto no volvió a recibir ninguna otra comunicación del Tribunal o del Ministerio del Interior y luego solo se conoció de su detención el 3 de agosto de 2017 en plena calle, cuando iba a comprar medicinas para sus hijos. También se debe mencionar que cinco años de privación de libertad es una condena más larga de lo normal. Los presos políticos en Cuba frecuentemente reciben condenas entre uno y tres años.

Tres años de sufrimiento

Caseres Soto permaneció en la Prisión Kilo 5 de Pinar del Río hasta agosto de 2019, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de mínima seguridad “Kilo 4”. Durante su tiempo en la cárcel, presentó problemas de salud relacionados con una prótesis dental que se le rompió al momento de ser detenido, y a una prótesis en el intestino que tiene desde que era niño. Además, el 11 de mayo de 2020 fue trasladado a un hospital después de varios días con un fuerte dolor de estómago. En el centro asistencial le encontraron que tenía un cálculo renal que fue tratado con una inyección para el dolor sin que se le prescribiera ningún otro tratamiento curativo.

Casares Soto perdió tres años de su vida en prisión solo por sus creencias políticas y sufrió mucho por no poder estar con su esposa e hijos todo ese tiempo, pues cuando lo arrestaron en agosto de 2017 para cumplir su condena en la cárcel, su hija tenía un año y su hijo menor había nacido en abril pasado. “Al fin nuestros hijos disfrutarán del amor que se perdieron de su papá por tres años lucha contra el régimen totalitario (…) seguiré apoyando y exigiendo la liberación de los demás presos políticos que aún continúan encarcelados injustamente”, escribió en la red social Facebook su esposa Yamilka Abascal Sánchez, quien llegó a ser amenazada por la Seguridad del Estado con quitarle a sus hijos si continuaba con su demanda.

Este martes 18 de agosto, el Gobierno por fin aprobó una de sus varias solicitudes para libertad condicional y Casares Soto regresó a su casa. Sin embargo, todavía está sujeto a varias condiciones. Tras obtener la libertad condicional, Casares Soto denunció que en la cárcel hay personas que no han cometido ningún delito y expresó que está dispuesto a denunciar las condiciones infrahumanas en que se encuentran otros pesos políticos.

Irregularidades

Raza e Igualdad presentó peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en nombre de Casares Soto y Abascal Sánchez, considerando que ambos han sido sometidos a detenciones arbitrarias en violación de las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Encontramos en su caso una serie de irregularidades como la falta de un fundamento jurídico par su detención, la violación de sus derechos al mantenerlo en prisión sin una orden judicial y sin informarle sobre los motivos, así como la falta de supervisión judicial en los siete días que permaneció detenido en régimen de incomunicación en 2016. Las autoridades cubanas violaron su derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Todo ello motivado por su participación en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, desde donde se manejan posiciones críticas al Gobierno y se aboga por una reforma al sistema electoral cubano. Por tanto, Raza e Igualdad demanda que a Casares Soto se le otorgue la libertad definitiva y se le respeten sus derechos a la libertad de opinión y expresión.

Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

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