Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Washington D.C., 6 de agosto de 2020.- Ante la pandemia de COVID-19 que enfrenta el mundo entero, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se propuso analizar el contexto en que la población afrodescendiente de América Latina está viviendo esta emergencia de salud, y formuló ocho recomendaciones para los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional para generar respuestas consensuadas y ajustadas a las realidades y necesidades de las personas afrodescendientes en la región.

El análisis se realizó a partir de la información compartida en seminarios virtuales (webinars) y en diálogos sostenidos por oficiales de Raza e Igualdad con líderes y lideresas afrodescendientes, entre el 27 de marzo y el 17 de mayo del 2020. Asimismo, se analizaron los pronunciamientos de organizaciones de afrodescendientes y de organismos especializados en el tema de discriminación racial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población afrodescendiente en Latinoamérica está conformada por 130 millones de personas, que equivalen al 21% de la población total en la región. A la fecha no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas enfrentan la pandemia.

La falta de información adecuada, las dificultades para acceder a los sistemas de salud y el recrudecimiento de la violencia, tanto de grupos criminales como de la policía, son factores que colocan en gran desventaja a la población, principalmente a aquella que vive en condiciones de marginalidad, como es la población afrodescendiente e indígena. “Para Raza e Igualdad es muy importante conocer a fondo la situación de las personas afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 porque esto nos permite diseñar acciones de apoyo junto a nuestras co-partes, pero también hacer recomendaciones a los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional, para que apliquen medidas adecuadas que garanticen los derechos de esta población”, dijo Elvia Duque, Oficial de Programa para América Latina del Instituto y encargada de la elaboración de este análisis.

En ese sentido, Raza e Igualdad formuló ocho recomendaciones relacionadas a combatir el racismo estructural y la discriminación racial, mejorar los sistemas de salud y educación, principalmente de cara a reducir la brecha entre el sector rural y urbano; garantizar la protección de derechos humanos, recopilar datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales, entre otras, haciendo énfasis en la necesidad que las políticas que se tomen en esta materia deben ser consultadas y elaboradas en coordinación con los líderes y lideresas afrodescendientes.

Acceda al documento con el análisis y las recomendaciones aquí.

Las fotografías que acompañan este artículo fueron facilitadas por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y por Sello Negro ONG.

Un mensaje de unión y fortaleza en el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

Washington D.C. 24 de julio de 2020.– Desde 1992, cada 25 de julio se celebra el Día Internacional de la mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora para conmemorar el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas que tuvo lugar ese año en República Dominicana, y que fue el punto de partida para la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer afro y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados.

Por eso, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de nuestras contrapartes y con el apoyo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), diseñamos una postal* con la participación de mujeres activistas afrodescendientes y lideresas lesbianas y trans representantes de 11 países de América Latina, para reconocer la invaluable labor de las mujeres afrodescendientes de las Américas en su compromiso por preservar su cultura, combatir la discriminación racial, de género y por orientación sexual, y por ser el pilar de sus hogares y comunidades.

Raza e Igualdad concuerda con la premisa de la RMAAD que describe cómo las mujeres afrodescendientes sufren una triple discriminación originada por género, raza y pobreza, por lo que este 25 de julio nos comprometemos a continuar visibilizando los desafíos que estas enfrentan, así como revisar nuestras acciones para valorar su aporte a mejorar la calidad de vida de las mujeres afrodescendientes en la región.

Si bien se estima que la población afrodescendiente en las Américas es de un 30%, que equivale a unas 300 millones de personas, el Banco Mundial considera que en América Latina y el Caribe viven aproximadamente 133 millones de personas afrodescendientes. Reconociendo que actualmente persisten vacíos estadísticos sobre la condición de las mujeres afrodescendientes, hacemos un llamado para mejorar la recolección de estos datos y así contar con las herramientas básicas para dar una adecuada respuesta a las principales demandas de las mujeres afrodescendientes en América Latina.

Ahora que la pandemia del COVID-19 ha incrementado las afectaciones y vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes, queremos alzar sus voces y llevar un mensaje de aliento que motive a muchas otras mujeres a sobrepasar sus crudas realidades, y recomendamos a los Estados crear y/o fortalecer los proyectos, programas y mecanismos necesarios para combatir la violencia y discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes de las Américas, pues solo trabajando unidos podremos cerrar las grandes brechas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en nuestro continente.

*Como un homenaje póstumo se incluyó a Marianita Minda, lideresa ecuatoriana y fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Ecuador, quien falleció en mayo pasado.

 

CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras

Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.

Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.

En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.

Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.

En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.

Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.

Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.

Lea la resolución de la CIDH aquí

Sociedad civil llama la atención de juezas y jueces mexicanos sobre la obligación del Estado de promover y defender los derechos de la población afrodescendiente en el país

Washington D.C., 15 de julio de 2020.– Representantes de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de la población afrodescendiente en México presentaron ante el Consejo de la Judicatura—adscrito al Poder Judicial—la situación de las personas afrodescendientes en el país, haciendo énfasis en la obligatoriedad que tiene el Estado en cumplir los mandatos y tratados internacionales que ha suscrito en esa materia y que tienen igual importancia que la Constitución Política.

El encuentro fue convocado por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura y se dio de forma virtual el pasado 9 de julio con la participación de aproximadamente 120 jueces y juezas de todo el país. Por parte de la sociedad civil, las exponentes fueron Sagrario Cruz Carretero, profesora investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana; Tobyanne Ledesma, activista de derechos humanos, y Tanya Duarte, socióloga afromexicana y fundadora del Proyecto Afrodescendencia México.

Racismo arraigado

Cruz Carretero apuntó que la invisibilización y discriminación de la población afrodescendiente es un problema arraigado en los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, a la cual describió como “pigmentocéntrica”, pues asegura que desde las familias hasta las esferas públicas las personas son categorizadas según el color de su piel.  La antropóloga recordó que al 2015 las personas afrodescendientes sumaban 1.6 millones, es decir, el 1.2% de la población total, y se encontraban principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el Estado de la Ciudad de México.

Tanya Duarte conoce de cerca ese racismo y esa discriminación, pues gran parte de su vida ha tenido que enfrentarse con oficiales de Migración que la detienen y ponen en tela de juicio su nacionalidad mexicana simplemente por su apariencia, al punto que en varias ocasiones intentaron deportarla de su propio país. “Normalmente la credencial para votar es usada como documento de identificación, pero en mi caso no es suficiente, entonces tengo que cargar con mi pasaporte, mi CURP (Clave Única de Registro de Población) y a veces hasta con mi partida de nacimiento”, contó.

Por tal razón, su presentación ante la Judicatura se centró en la necesidad de que la población conozca y entienda la herencia africana que persiste hasta la actualidad. Entre las acciones y políticas que propuso esta activista está incluir en los libros de texto de educación básica la historia de la contribución afrodescendiente en México, mantener una campaña a nivel nacional sobre la afrodescendencia y capacitar a las autoridades y oficiales de Migración para evitar abusos como los que ella ha sufrido en reiteradas ocasiones.

Nueva conciencia para impartir justicia

Por su parte, la activista de derechos humanos Tobyanne Ledesma, se enfocó en señalar las obligaciones que el Estado ha adquirido para la protección de personas afrodescendientes. Ella reconoce algunos avances, como el reconocimiento de los pueblos afrodescendiente en la Constitución Política con la reforma que se hizo a este texto en 2019, la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la inclusión de la pregunta sobre autorreconocimiento como afrodescendiente en el censo de este año, que se logró gracias al trabajo de incidencia de organizaciones civiles que, a la vez, contaron con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Sin embargo, expresó que es importante que las autoridades, especialmente las del ámbito judicial, conozcan las herramientas para fallar o sentar sus posiciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. Precisó que en México son muy comunes las actitudes racistas y discriminatorias en contra de personas afrodescendientes o indígenas, pero que hasta la fecha no ha habido un fallo a nivel de la Suprema Corte condenando estos actos, como sí lo ha habido en otros países de la región.

“No se puede impartir una justicia equitativa si la población no vive en condiciones equitativas; es necesario que los jueces tomen consciencia de cómo permea su juicio una posición racista o discriminatoria, lamentablemente las leyes están, pero no se conocen”, dijo al respecto la antropóloga Sagrario Cruz Carretero.

Raza e Igualdad continuará trabajando de la mano con las y los activistas afromexicanos para comprender la importancia de perfeccionar las herramientas que ha obtenido el Pueblo afromexicano en el transcurso de estos últimos años.

Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU hace un llamado para la prohibición mundial de las “terapias de conversión”

Washington D.C., 17 de julio de 2020.-  El 14 de julio, el Experto Independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la Orientación Sexual e Identidad de Género (IE SOGI por sus siglas en inglés), Víctor Madrigal- Borloz, presentó su informe sobre las diversas prácticas de las  denominadas “terapias de conversión” en un evento interactivo en línea en español y portugués, luego de su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del 7 al 9 de julio, donde explicó la gravedad de estas prácticas y la necesidad de una prohibición global de estas prácticas para proteger a las personas LGBTI.

El evento contó con la participación de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, y Andrés Sánchez, Representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina Regional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el informe, el término “terapias de conversión” se usa como un término general (o término “sombrilla”) para describir todas aquellas intervenciones de amplio alcance que se llevan a cabo bajo la creencia de que la orientación sexual o identidad de género de una persona puede y debe ser cambiada. Dichas prácticas tienen por objeto (o pretenden tener por objeto) la transformación de las personas homosexuales, lesbianas, o bisexuales a heterosexuales y de trans o género diverso a personas cisgénero.

En el informe, Madrigal- Borloz proporcionó diferentes ejemplos de intervenciones aplicadas al intentar la conversión, que incluyen, entre otros, actos de violencia física, psicológica, abuso sexual, electrocución y medicación forzada, aislamiento y encierro, así como abuso verbal y humillación. También muestra que las “terapias de conversión” someten a las personas LGBTI a muchas formas de abuso físico y mental, lo que constituye un trato inhumano, cruel y degradante y puede constituir tortura dependiendo de la gravedad del dolor y el sufrimiento infligido.  “Todas las prácticas que intentan formas de conversión son inherentemente humillantes, degradantes y discriminatorias”, explicó.

El informe también hace referencia a quiénes perpetran y promueven estas prácticas, así como a la economía que las rodea, mostrando que, a menudo, son un negocio lucrativo para diferentes proveedores en todo el mundo. Señala que, en algunos lugares como Ecuador, se puede estimar que el costo mensual promedio de internamiento en estos centros cuesta alrededor de 500USD por mes.

Antes de este evento, Madrigal- Borloz llevó a cabo una serie de consultas y recibió aportes de diferentes regiones del mundo sobre estas prácticas. Esto incluyó una reunión de expertos celebrada en la Universidad de Harvard, donde más de 30 expertos y activistas de varios países se reunieron para discutir este importante tema. La reunión, apoyada por el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, abrió un diálogo sobre el tema que fue vital para la elaboración del informe.

Durante el evento, el IE SOGI destacó que “ha habido normas sobre lo que se considera la orientación sexual e identidad de género, y los que quedan fuera de esas normas, tales como las personas LGBTI, sufren el estigma y la discriminación”.

El Representante Adjunto de la ONU, Andrés Sánchez, señaló que “el informe revela que estas terapias de conversión se llevan a cabo en todas las regiones del mundo, por una amplia gama de actores y cuentan con la participación activa de los miembros de la familia y miembros de la comunidad. También se destaca cómo los niños son vulnerables a estas prácticas que causan daños graves e irreversibles a su bienestar”.

Continuó explicando que “la descripción del dolor y el sufrimiento de las personas que han soportado estas denominadas terapias de conversión debe preocupar profundamente a toda la población y a los Estados para asegurar que haya respeto y garantía de sus derechos humanos”.

El evento se transmitió en vivo a través de Facebook y se unieron asistentes de varios países de América Latina, quienes expresaron sus inquietudes, preocupaciones y gratitud, y reconocieron la importancia de estos hallazgos para sus comunidades y cómo estos pueden ser los primeros pasos hacia el cambio.

Con base en los hallazgos de su informe, el Experto Independiente pide una prohibición global de tales prácticas y emite las siguientes recomendaciones a los Estados:

  1. Tomar medidas urgentes para proteger a la niñez y la juventud de las prácticas de “terapias de conversión”.
  2. Realizar campañas para sensibilizar a los padres, las familias y las comunidades sobre la invalidez, la ineficacia y el daño causado por las prácticas de “terapias de conversión”.
  3. Adoptar y facilitar la asistencia sanitaria y otros servicios relacionados con la exploración, el libre desarrollo y/o la afirmación de la orientación sexual y/o género de identidad.
  4. Fomentar el diálogo con los principales interesados, incluidas las organizaciones de médicos y profesionales de la salud, organizaciones basadas en la fe, instituciones educativas y las organizaciones comunitarias para aumentar la conciencia acerca de las violaciones de derechos humanos vinculadas a la práctica de las “terapias de conversión”.

Raza e Igualdad continúa apoyando el trabajo del Mandato del Experto Independiente SOGI y se une al llamado a una prohibición global de las prácticas de “terapias de conversión”.

Para obtener más información sobre el informe y ver esta presentación, siga los enlaces a continuación:

Resumen del informe: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/ConversionTherapyReport.pdf

Informe completo: https://undocs.org/A/HRC/44/53

Enlace del evento: https://www.facebook.com/IESOGI/videos/277503046670312

Organizaciones Afro-LGBT dialogan con la Comisión de la Verdad sobre los retos para la visibilización de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Colombia

El pasado 25 y 26 de junio se llevó a cabo un encuentro virtual entre varios líderes y lideresas de organizaciones Afro-LGBT de los municipios del  Valle del Cauca, Nariño y el Caribe colombiano con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Durante el evento, los y las participantes expusieron ante representantes del Grupo de Trabajo de Género y de la Dirección de Pueblos Étnicos de la CEV la importancia de integrar un enfoque interseccional en la labor de esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno.

El anterior encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en especial en tiempos en que los espacios de participación se ven limitados a razón de la emergencia sanitaria por COVID-19”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo colectivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado, y conversaron sobre cuáles son las principales barreras y retos que se tienen para alcanzar la verdad en los casos de vulneraciones a los derechos de las víctimas Afro-LGBT.

Sandra Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad de la ciudad de Cali, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas sexualmente diversas conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y personas LGBT en los territorios. El uso del despojo, del desplazamiento, de la violencia sexual y de la desaparición forzada como principales formas de violencia contra las personas Afro-LGBT eran maneras de desarraigar a las víctimas de su territorio y de su comunidad, añadió la participante.

En este sentido, Vivian Cuello, de Caribe Afirmativo, hizo hincapié en la importancia de que, en su informe final, la CEV vaya más allá de las cifras y realice un análisis de las violencias que sufrieron aquellos grupos poblacionales que en general no representan un gran número de casos, pero cuyas experiencias no pueden ser invisibilizadas, como es el caso de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres LBT, de los hombres trans y de los niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y/o trans.

Por su parte, Angelo Muñoz y Franklin Quiñonez, de la Fundación Arco Iris de Tumaco, señalaron la importancia de contar con cifras oficiales y de establecer mecanismos para superar la impunidad judicial en los casos de violencia contra personas afro-LGBT en el marco del conflicto armado. “La visibilización permitiría avanzar en la desnaturalización de la discriminación y violencia contra las personas Afro-LGBT y facilitaría la construcción de confianza de las víctimas con las entidades estatales”, señaló Quiñonez.

Alejandra Londoño, integrante del Grupo de Trabajo de Género de la CEV, hizo énfasis en que si bien desde el mandato de la CEV se pretende abordar de la manera más precisa los patrones y las causas del conflicto y las implicaciones que tuvieron en la sociedad colombiana, la legitimidad de esta información finalmente deviene de las víctimas y de su ardua labor por acercarse a la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Por ello, hizo énfasis en la necesidad e importancia de que la CEV y las organizaciones Afro-LGBT trabajen conjuntamente, en especial en el actual contexto, en el que hay que reforzar los esfuerzos para acercar a la sociedad civil a estos espacios.

Así mismo, los representantes de la sociedad civil Afro-LGBT coincidieron en que el racismo y la discriminación de las entidades estatales y el histórico abandono estatal de los territorios jugaron un rol fundamental para el asentamiento de las violencias, y recomendaron a la CEV orientar el ejercicio de no repetición a la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión de las víctimas Afro-LGBT y fijar bases para resignificar el rol de las personas LGBT dentro de las comunidades Afro.

Las vidas negras importan: el llamado a una democracia racial resuena en Brasil

Después del brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense, una ola de protestas ha convocado a la sociedad a salir a la calle para luchar por la erradicación del racismo estructural. En un mundo afectado por la fragmentación de los poderes político-institucionales y que vive en medio de un caos exacerbado por la pandemia de coronavirus, que evidenció la crisis en el sistema mundial de salud, el velo del racismo que sirve de base a los privilegios y formas de explotación del capitalismo neocolonial fue levantado. Ante este escenario, las reacciones antirracistas se encendieron en varios países y, en Brasil, un país que experimenta el trauma del racismo colonial diariamente, el llamado a la democracia racial[1] resuena en su población negra.

Sin embargo, es importante señalar que, debido a los diferentes contextos de colonización y las diferentes políticas raciales adoptadas en las historias de ambos países, cualquier análisis que tenga como objetivo comparar las reacciones de la población brasileña y la población estadounidense en el caso de George Floyd implica reconocer, una vez más, las estrategias de opresión de las políticas mundiales de dominación. En este sistema mundial jerárquico, Estados Unidos sirve como punto de referencia para el análisis comparativo y las comparaciones entre los dos países, representan otra expresión de violencia simbólica.

Sin embargo, el racismo es el común denominador de esta estructura de opresión, el vínculo que invita a los descendientes de la diáspora negra en todos los rincones del mundo a unirse a través del lema “Las vidas negras importan“. El quiebre del capitalismo puso en tela de juicio los llamados regímenes democráticos, porque una democracia que se sustenta a través de un sistema necropolítico que busca eliminar a los cuerpos negros, indígenas y otros no blancos, no puede considerarse, como en su significado etimológico, el poder del pueblo. En Brasil, cuando se naturaliza el racismo como inherente a la sociedad, este tiene un impacto en la muerte y exclusión de los cuerpos negros y en su acceso a la ciudadanía plena y los derechos humanos.

Por lo tanto, cualquier suposición de que la lucha para acabar con el racismo en Brasil ha cobrado impulso sólo con las protestas estadounidenses actuales, es ignorar su historia. En la década de 1930, el Frente Negro de Brasil (FNB) [1] tenía como objetivo la igualdad racial en toda la sociedad, pero desaparició a razón de un decreto presidencial durante la dictadura de Vargas. Desde la década de 1970, el Movimiento Negro Unificado (MNU) [2] ha enfrentado de diversas formas la discriminación racial, sin contar los movimientos, las luchas construidas y las ocupaciones en cuclillas que han luchado contra la discriminación racial desde los tiempos de la esclavitud. Durante la abolición, las asociaciones de pueblos negros confirmaron la capacidad de agencia y organización política antirracista.

En 2018, con el asesinato de la concejal Marielle Franco [3], las protestas contra el racismo en Brasil se intensificaron. Miles de personas salieron a las calles reclamando justicia para Marielle y por todo lo que ella representaba: la lucha de resistencia del pueblo negro brasileño. Su cobarde asesinato reveló el racismo estructural e institucional arraigado en la sociedad brasileña: el racismo como estrategia de dominación política que desangra a miles de familias afro. Sin embargo, en Brasil, todavía es necesario demostrar que el racismo existe, mata y encarcela sistemáticamente a la población negra.

Este año, la pandemia de COVID-19 exacerbó unas desigualdades sociales que se materializan de forma racista. En un momento en que la población mundial es llamada a acatar el aislamiento social, en Brasil, la seguridad de quedarse en casa para protegerse contra el coronavirus es un privilegio para una pequeña porción de la sociedad que, por supuesto, es en su mayoría blanca. Irónicamente, la sofocante muerte de George Floyd se traduce como una metáfora en COVID-19, en la que la población negra y pobre es la que más muere debido a las fatales consecuencias respiratorias del virus. En este sentido, la memoria del cautiverio se refleja en el cuerpo negro que, al salir a la calle a trabajar diariamente, se entrega a las manos invisibles de la enfermedad que cuelga en el aire.

Y como el país no puede parar, la política racista del gobierno también se ha ampliado ante la pandemia a través de la arbitrariedad de la violencia policial. Las operaciones de la policía militar, con autorización del Estado de Río de Janeiro, continuaron hasta que se dio la muerte del joven João Pedro, de 14 años, en el municipio de São Gonçalo [4]. En vista de la atención mediática del caso en la sociedad, el Supremo Tribunal Federal tuvo que usar la fuerza de la ley para prohibir que las acciones policiales continuaran en estas comunidades durante el período de aislamiento social [5]. Teniendo en cuenta que, desde una perspectiva racial, los policías que patrullan en las favelas son en su mayoría negros y residentes de estas comunidades, el peso de la violencia racista revela que la policía brasileña es la que más mata, pero también es la que más muere [6].

Frente a esta situación, el peso de las muertes de George Floyd y João Pedro hizo eco en una ola de solidaridad y lucha racial que también llamó a la mayoría blanca a asumir una posición antirracista. Por lo tanto, los movimientos antifascistas se unieron a la lucha antirracista a través del llamado de las organizaciones de clubes antideportivos. Los manifestantes marcharon a las calles para denunciar el genocidio de los negros y exigir una democracia plena [7]. Con el eslogan “Las vidas negras importan” en todo el país, los medios hegemónicos, dominados por la élite brasileña, no tenían forma de evitar el tema del racismo, porque además de Brasil, las manifestaciones están ocurriendo a escala mundial [8].

El movimiento antirracista se está expandiendo estratégicamente y a través de un manifiesto, publicado en periódicos impresos de amplia circulación y virtuales, hace un llamado a toda la población brasileña y sus instituciones a reafirmar y comprometerse con un programa democrático destinado a erradicar las prácticas racistas vigentes en la sociedad brasileña [9]. Titulado “Con el racismo no hay democracia“, el manifiesto fue lanzado por la Coalición Negra, que reúne a organizaciones del movimiento negro de todo el país entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Si los efectos asfixiantes de este brote pandémico logran sofocar la violencia racista, allanando el camino para una posible revolución racial, salir a la calle no habrá sido en vano. Las vidas de João Pedro, George Floyd, entre las más de 450 mil muertes por coronavirus en todo el mundo, deben honrarse con lucha y resistencia para que en el futuro, podamos reescribir la historia exaltando a las personas negras a través de sus capacidades.

De esta manera, Raza e Igualdad apoya las manifestaciones antirracistas y antifascistas en curso en Brasil y en todo el mundo, y recomienda al Estado brasileño que apoye a la población negra, con medidas como:

  • La aplicación de un modelo de propuesta de gobierno democrático que garantice la erradicación de prácticas racistas estructurales e institucionales.
  • Acceso total al sistema de salud pública.
  • Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia [10]
  • Ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia [11]
  • Pensar en estrategias antimilitaristas para combatir el crimen dentro de las comunidades.
  • Adoptar políticas públicas con sesgo interseccional que contemplen las especificidades de las opresiones que afectan a las personas negras.

[1] https://www.geledes.org.br/frente-negra-brasileira-2/

[2] https://www.geledes.org.br/movimento-negro-unificado-miltao/

[3] https://theintercept.com/series/caso-marielle-franco/

[4] https://www.bbc.com/portuguese/geral-52731882

[5]https://radioagencianacional.ebc.com.br/justica/audio/2020-06/stf-proibe-operacoes-policiais-em-favelas-do-rio-durante-pandemia

[6] https://jus.com.br/artigos/74146/policia-brasileira-a-que-mais-mata-ea-que-mais-morre

[7] y [8] https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/vidas-negras-importam-chacoalha-parcela-de-brasileiros-entorpecida-pela-rotina-de-violencia-racista.html

[9] https://comracismonaohademocracia.org.br/

[10] http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[11] http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

 

[1] La democracia racial es un término usado en Brasil que propaga la idea de que las personas blancas y negras vivirán armoniosamente en Brasil, en una fusión armoniosa de varias razas, que disfrutan de igualdad de oportunidades. Comúnmente se refieren a este como un mito que oculta y garantiza la superioridad blanca en las relaciones raciales en Brasil, porque se cree que las personas negras están en peores condiciones porque no se esfuerzan lo suficiente.

El caso de George Floyd, una expresión de racismo estructural

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las voces de denuncia, rechazo e indignación por el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano víctima del racismo y la violencia policial que ocasionaron su muerte el pasado 25 de mayo. Los hechos por los que hoy miles de ciudadanos en Estados Unidos y el mundo se manifiestan son la consecuencia de un racismo estructural que se ha institucionalizado, y el cual reproduce patrones de pobreza, violencia, discriminación y formas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos fundamentales de las y los afroamericanos.

El caso de George Floyd no es ajeno ni está aislado de los múltiples patrones de discriminación que se han invisibilizado y/o ignorado por 400 años en los Estados Unidos, sobre todo de la extrema violencia policial contra la comunidad afroamericana que se ha visibilizado en las ultimas décadas. Raza e Igualdad hoy se une a las voces de las personas y representantes de la sociedad civil que están respondiendo a las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros, gritando “LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN”, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión para exigir un cambio en estos patrones.

Nos preocupa la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a las extensas protestas a lo largo y ancho del país, puesto que miles de manifestantes han sido objeto de represión por parte de las fuerzas policiales e incluso de miembros de la Guardia Nacional, quienes se han desplegado en sus vehículos militares cargando bayonetas como forma de intimidación a la población e impedirles que ejerzan sus derechos. Como resultado de esta reacción, incitada abiertamente por el Presidente Donald Trump, se han reportado casos de ciudadanos que han perdido los ojos, han sufrido lesiones e incluso han sido asesinados en el contexto de las manifestaciones de la última semana. Estas acciones violan los derechos a la libertad de opinión, expresión y asamblea, garantizados en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos derechos son fundamentales para la democracia y para lograr el cambio social.

Hoy levantamos nuestra voz para que las vidas de los pueblos afrodescendientes sean reconocidas, reivindicadas y respetadas. Exigimos a los Estados que transformen las prácticas policiales conocidas como el “perfilamiento racial” e instamos a las autoridades a iniciar un diálogo con organizaciones y comunidades afrodescendientes para buscar y aplicar soluciones conjuntas a este problema.

Las vidas negras importan no sólo por un asunto racial o de color de piel. La situación de George Floyd es la expresión de una realidad que ya no se puede esconder: la discriminación y el racismo son un flagelo que continúa quebrantando las estructuras sociales políticas, económicas y culturales de nuestros Estados, imposibilitando la configuración de sociedades justas, equitativas y pacíficas.

El silencio ante las injusticias, la constante violencia y los estereotipos hacia las personas afroamericanas en Estados Unidos han justificado, por mucho tiempo el maltrato y los asesinatos de los miembros de esta comunidad, los cuales son ignorados por el sistema de justicia, que ha propiciado que ni los agentes policiales y ni las personas que agreden a los afroamericanos sean juzgados y condenados apropiadamente.

Exigimos que los responsables del asesinato de George Floyd sean puestos a disposición de la justicia y juzgados como corresponde, para acabar con el ciclo de la impunidad en que se escudan muchos de los crímenes cometidos en contra de afrodescendientes.

Raza e Igualdad hace un llamado urgente a los organismos internacionales y a los Estados para redoblar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para erradicar cualquier forma de discriminación en todas sus formas y manifestaciones, de tal manera que se prevengan y combatan las doctrinas y prácticas racistas que menoscaban los ideales de toda sociedad humana.

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH

Washington, DC. 28 de mayo de 2020 – El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan, y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua para hablar sobre el rol de la CIDH de cara a los impactos que la crisis humanitaria por COVID – 19  ha tenido en la vida de personas LGBTI de América Latina.

El evento, titulado ” El rol de la CIDH en la crisis de COVID-19: amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina“, que se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, inició con la intervención de Flávia Piovesan quién centró su presentación en la comprensión del impacto de la pandemia desde los derechos humanos y las amenazas específicas para las personas LGBTI y las estrategias de la CIDH para enfrentarlas.

De acuerdo con la Relatora, es necesario tener presentes tres desafíos estructurales de la región que la pandemia agravó y acentúo: la desigualdad profunda, la discriminación y violencia histórica y los dilemas relativos a la institucionalidad democrática. Las cifras históricas de pobreza y pobreza extrema en América Latina ahondan la desigualdad y la falta de garantía de derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, lo que conlleva a que los efectos de la pandemia sean diferenciados para las poblaciones más vulnerables, “el virus no es discriminatorio pero su impacto si lo es” señaló, citando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michel Bachelet. Esta situación se acentúa cuando la respuesta de los Estados incluye un uso arbitrario y abusivo de la fuerza.

La Relatora señaló que la resolución 1/2020 el 10 de abril de 2020 de la CIDH, por la que se creó la sala situacional de respuesta coordinada a la crisis (SACROI COVID-19), se centró en abordar estos tres desafíos estructurales “desde la perspectiva de los estándares interamericanos, endosando el idioma de los derechos humanos, por un lado, el de los deberes y obligaciones estatales por otro”. Desde un enfoque de diversidad sexual, la CIDH invitó a los Estados a garantizar, para las personas trans, el acceso a la vivienda, refugios seguros y reactivación económica; la publicación de protocolos de salud y sistemas de denuncias para personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas contra la LGBTIfobia.

La intervención de la Relatora finalizó señalando que frente a las amenazas a la población LGBTI, las cuatro prioridades de la CIDH se centran en la protección contra la discriminación contra personas trans y de género diverso; la exclusión social y pobreza histórica de las personas LGBTI; las barreras de acceso a la salud, en especial aquella que se relaciona con las barreras impuestas por grupos religiosos y la violencia doméstica, con especial atención sobre la niñez.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, reafirmó la importancia de entender los desafíos estructurales señalados por la Relatora en su intervención e hizo hincapié en que “se está generando una narrativa de que indicar que las personas vulnerables frente a la pandemia son peligrosas para la sociedad y entre ellas, las personas LGBTI”. De acuerdo con el activista, la respuesta estatal en Colombia ha sido insuficiente para abordar la inseguridad laboral, alimentaria, habitacional y de salud emocional de las personas LGBTI, en especial de aquellas más vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas LGBTI migrantes, las personas con VIH y las personas privadas de la libertad.

Castañeda señaló su preocupación por la implementación de medidas como el pico y género y por los altos índices de asesinatos y episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTI en medio de la crisis. Por ello recomendó a la CIDH fortalecer sus acciones de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas LGBTI, en especial en aquellos Estados con medidas de restricción de movilidad; exhortar a los gobiernos y agencia humanitarias para que tenga enfoques diferenciales y de derechos humanos en sus labores de asistencia y promover una reunión de seguimiento en la región con amplia participación de las poblaciones más vulnerables.

En Nicaragua, la crisis sociopolítica y económica que se presenta desde el 2018, agrava las consecuencias de la pandemia, de acuerdo con Victoria Obando, integrante de Deigeorsex y de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua. “Nuestros representantes no están diciendo la verdad en cuanto la situación que estamos viviendo en el país” señala la activista, quien señala que la situación es peor es para la población LGBTI. Al respecto, Obando expuso el caso de Celia Cruz, una mujer trans detenida en Managua con síntomas de COVID-19, a quien el Gobierno no permite ver ni llevarle productos sanitarios. Victoria hizo un llamado a la CIDH y las organizaciones internacionales para presionar al Estado para que diga la verdad sobre la dimensión de la pandemia en su país.

Maria Ysabel Cedano, abogada de DEMUS de Perú, centró su intervención en la discriminación y violencia que sufren las mujeres lesbianas y las personas no-binarias, y llamó la atención sobre los altos índices de violencia al interior de sus hogares, que se agudizan frente a la pandemia. La lideresa hizo énfasis en las barreras de acceso a la justicia, pues la suspensión de casos judiciales para priorizar los procesos de personas en prisión, limita la posibilidad de que acciones instauradas hace años por mujeres lesbianas para exigir su derecho al reconocimiento de su maternidad, sean resueltas prontamente.

Añadió que “el temor a ser castigadas, hace que no haya una demanda social,” explicando porque las mujeres lesbianas no cuentan con políticas públicas especificas y son invisibilizadas dentro de una sociedad heteronormativa. Adicionalmente, los bonos universales familiares, una acción del Estado peruano para aliviar la carga económica de las poblaciones más vulnerables, no contó con un enfoque diferencial que protegiera a las personas homosexuales que son invisibilizadas, en especial en pueblos indígenas, afrodescendiente o en zonas rurales.

El evento finalizó con la intervención de Isaac Porto, Consultor para Brasil de Raza e Igualdad, quien hizo un llamado a prestar especial atención a crisis política que se conjuga con la emergencia por la pandemia en este país. El participante señaló la necesidad de que el Gobierno brasilero implemente las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS para la contención de la epidemia y la necesidad de que integre un enfoque diferencial[1] que permita prevenir los contagios y las muertes de la población afrobrasilera, en especial de las personas AfroLGBTI, quienes resultan más impactadas.

Raza e Igualdad se une al llamado de la CIDH y de nuestras organizaciones aliadas a tender puentes y a construir estrategias colectivas para el trabajo en red en la región, que permita la visibilización de estas vulneraciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI y Afro-LGBTI. Este resulta ser un momento de reinvención y transformación para exigir que mejores respuestas institucionales frente a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto nacionales como regionales y por ello, es muy importante prestar atención a la construcción de la agenda post Covid-19.

[1] Incluir programas y políticas públicas que consideren las necesidades específicas de afrodescendientes y grupos indígenas, en combinación con otros factores que agudizan la discriminación como la orientación sexual e identidad de género.

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Lo que la ley de “abolición” de la esclavitud realmente inauguro: racismo y exclusión disfrazada

Por:       Pedro L. Cortes-Ruiz
Asesor – AFRODES Cali
Representante en Colombia –  International Institute on Race, Equality and Human Rights

ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder Ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO. Ningún esclavo menor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si fuere hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere hembra.

ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley, certificados de la presentación, avaluó y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar los referidos certificados por los vales de manumisión mandados expedir por la presente ley.

LEY 2 DE 1851 (Mayo 21) – Sobre libertad de esclavos

La Ley 2 de 1851, que en la narrativa nacional se conoce como la “ley de la abolición de la esclavitud”, en realidad debió titularse la “ley de garantía de los derechos de los esclavizadores”. Esta ley inauguró una estrategia del Estado colombiano que persiste hasta el día de hoy: el uso de la ley para mantener la exclusión y la discriminación racial” dando la apariencia de que hay un compromiso para corregir injusticias.

De los 19 artículos de la ley, el primero hace la declaración de que todos los esclavos serán libres y gozarían de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y los 18 restantes se ocupan de todos los detalles legales y administrativos para que los esclavizadores puedan ser indemnizados económicamente por la pérdida de su mano de obra. El lenguaje y contenido de los artículos no da lugar a equívocos en la interpretación: los afrodescendentes son considerados objetos/bienes a los que se les puede poner un valor monetario. De ahí que no sea extraño que la ley no contemple ninguna medida de compensación o medida afirmativa para generar condiciones que realmente hubieran permitido la igualdad de derechos.

Las evidencias de la persistencia histórica de esta estrategia son abundantes. Baste recordar aquí la Ley 2 de 1959 que define al Pacífico Afrocolombiano como zona forestal y lo declara “baldío”. Es decir, se niega la misa existencia física de los afrodescendientes que históricamente fueron poblando, construyendo y cuidando estos territorios, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

La continuidad de la estrategia con respecto a la Ley 70 de 1993, tiene sus variaciones pero mantiene la misma racionalidad. Efectivamente se hace un reconocimiento de derechos que ha conducido a la expedición de títulos colectivos sobre un área significativa. Sin embargo, después de 27 años, no se ha completado su reglamentación, impidiendo de esta manera la existencia de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos étnico-territoriales. Y paralelamente, todos los gobiernos desde 1993 han desarrollado iniciativas legislativas y de política pública que claramente contradicen los principios y mandatos de la Ley 70.

Frente a las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas, la estrategia también se ha repetido. Se han adoptado leyes y políticas públicas gracias a las órdenes de la Corte Constitucional y la presión internacional, pero no se cumplen a cabalidad y no se les asignan los recursos requeridos. Ordenes de la Corte Constitucional, como las contenidas en la T-025 de 2004 y sus autos 092 de 2009 y 005 de 2010, llevan más de 10 años sin ser cumplidas a cabalidad.

Y recientemente, el gobierno repite la estrategia frente al deber de implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido gracias a los procesos sociales y de incidencia de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. No ha habido aplicación de los principios y salvaguardas del mismo, no se han garantizado condiciones para el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y verificación, no ha habido consulta previa en la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo a nivel de los territorios, y se está dejando a su propias suerte a las comunidades que enfrentan la extrema violencia que ha caracterizado el post-acuerdo.

La Ley de la “abolición” de la esclavitud no fue el resultado de un proceso sociopolítico que se basará en un consenso/convencimiento sobre la dignidad humana  y un reconocimiento genuino para reparar los daños sobre los esclavizados afrodescendientes. Es cierto que hubo personajes políticos comprometidos con una visión de anteponer la dignidad humana como principio de nuestro contrato social. Pero en términos substanciales, la expedición de esta ley obedeció a un acuerdo entre las élites políticas y económicas que tenían una confrontación político-militar. La predominancia en los contenidos de la ley de medidas para garantizar los derechos de los esclavizadores es un indicador contundente de que se trató de un acuerdo para mantener un régimen que no le importaba la dignidad humana de los esclavizados. Como lo sugieren algunos análisis de Foucault, las leyes constituyen la “guerra por otros medios”; las leyes dan continuidad a los privilegios de los reales vencedores.

El Pueblo Afrocolombiano ha re-significado el 21 de Mayo como el Dia de la Afrocolombianidad. Se ha convertido en una oportunidad simbólica para el reconocimiento de nuestros aportes a la construcción del país, y también en un espacio de reflexión para analizar y denunciar la persistencia del racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. En esa perspectiva, también es necesario recordar los orígenes y trayectorias de las estrategias institucionales que sostienen los factores estructurales del racismo y la discriminación racial. No se han ido; han mutado como los virus que hoy nos están afectando desproporcionalmente.

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