Colombia: Urgen acciones gubernamentales para contrarrestar alarmantes y crecientes cifras de violencia contra la población LGBTI

Colombia: Urgen acciones gubernamentales para contrarrestar alarmantes y crecientes cifras de violencia contra la población LGBTI

Bogotá, 6 de octubre de 2020.– El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), rechaza el alarmante incremento en los índices de violencia y discriminación que sufre la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y hace un llamado para que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y asesinatos por prejuicio y la discriminación de la que han sido objeto las personas LGBTI. Aun cuando recientemente se han alcanzado importantes logros para el respeto y la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tales como el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a las víctimas LGBTI de El Carmen de Bolívar y el reconocimiento de pensión de una mujer trans de acuerdo con el régimen de pensión exigido para las mujeres, las cifras de asesinatos, amenazas y hostigamientos sigue creciendo exponencialmente.

Al 15 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 63 personas LGBTI y 388 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, señalando que durante la pandemia, “se exacerbaron el prejuicio y la discriminación y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad de empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población.” A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 61 casos de ataques contra personas LGBT en Colombia*, en los que hemos reseñado actos de discriminación en espacios públicos, denegación de derechos como la salud y la alimentación, agresiones físicas con armas cortopunzantes, hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

El pasado 05 de septiembre, el ataque homofóbico de un hombre, que “en el nombre de Cristo Jesús” abordó públicamente a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, abiertamente lesbiana, para reprocharle por “enseñar cosas irrespetuosas a la niñez” evidenció que el clima de discriminación y exclusión social en contra de las personas LGBTI no es exclusivo de las instituciones. En Colombia, a pesar de los progresos formales en el reconocimiento de derechos, hace falta avanzar en la construcción de un ambiente favorable y respetuoso de la diversidad sexual desde la sociedad, que resulte en verdaderas transformaciones para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI.

Cifras alarmantes de asesinatos y agresiones

A octubre de 2020, Raza e Igualdad ha documentado 30 casos de violencia en los que han sido asesinadas y/o agredidas gravemente personas LGBTI. Recientemente, el asesinato de Juliana, una mujer trans, por un disparo de un soldado del Ejército, prendió las alarmas sobre la violencia que se ejerce contra las personas LGBTI, en especial, contra las personas trans. En todo el país, se ha evidenciado el aumento en los índices de violencia en los territorios: En Armenia, Quindío, el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana que señala que la población LGBTI se encuentra en alto riesgo; el 01 de septiembre, la Red LGBTI del departamento de Boyacá denunció en sus redes sociales el aumento de los abusos policiales en contra de trabajadoras sexuales, en especial mujeres trans y  en el Caribe, la organización Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, que hagan frente al alarmante aumento en los asesinatos y agresiones en esta zona del país, que ya representan el doble respecto al año 2019.

Liderazgos LGBTI en la mira

Los ataques a los liderazgos y organizaciones LGBTI en diferentes territorios denotan el afán por debilitar las agendas e iniciativas para la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans a lo largo del país. A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 8 casos de ataques, amenazas y asesinatos en contra de liderazgos LGBTI.

Ataques como del que fue víctima Aurora Iglesias, popularmente conocida como “Zunga, la Perra Roja”, lideresa trans de Florencia, Caquetá, quien fue amenazada con un arma de fuego en su vivienda mientras que le exigían cesar con sus labores comunitarias, advierten un patrón de persecución a los procesos LGBTI. El 17 de septiembre, una bandera LGBTI apareció quemada frente al hogar de un líder social en la ciudad de Armenia, Quindío y el 25 de agosto, a un líder gay de El Roble, Sucre, le fue incinerada su casa. Estos sucesos, además de amedrentar a las organizaciones LGBTI que son directamente atacadas, advierten un patrón de hostigamientos que busca también, enviar un mensaje de amenaza a otros procesos organizativos LGBTI a nivel local. Estos hechos se suman a el asesinato de Mateo, un hombre trans líder comunitario y el intento de homicidio de John Restrepo, líder gay que trabaja con víctimas LGBTI del conflicto armado, ambos perpetrados en pleno espacio público, en medio de actividades que adelantaban con la comunidad.

Abusos policiales contra las trabajadoras sexuales, en especial contra personas trans

En medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública, se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía contra las personas LGBTI. Raza e Igualdad ha reportado 12 denuncias públicas de ataques colectivos e individuales por parte de la Policía Nacional en contra las personas trans trabajadoras sexuales. En medio de estos ataques, perpetrados en su mayoría por varios miembros de la Fuerza Pública, se presentan agresiones físicas en procedimientos policiales de requisa injustificados, ataques con armas de fuego y con otras armas de dotación y la exigencia de pagos para permitirles a las trabajadoras sexuales ocupar el espacio público en medio de la pandemia, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido, como es el caso de Medellín, Caldas y Bogotá.

En otro episodio de abuso policial, se registró la muerte de Juan Luis Guzmán, un joven gay de Arboletes, Antioquia, quien apareció muerto en una estación de policía bajo extrañas condiciones, luego de que fuera trasladado allí por infringir las medidas de restricción de la movilidad expedidas frente al COVID-19.

En Colombia, la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra de la población LGBTI. Esta situación de vulnerabilidad se profundiza cuando las víctimas de abuso o violencia policial reclaman o intentan exigir justicia, pues deben enfrentar diferentes barreras de acceso como la falta de enfoque diferencial y de género en los formularios de denuncia, las represalias con posterioridad a la misma o el encubrimiento institucional, la omisión, entre otros.

Frente al contexto previamente descrito, Raza e Igualdad se une a los actos de denuncia y rechazo de la sociedad civil colombiana frente al grave contexto de vulneración de derechos de las personas LGBTI y realiza un llamado al Gobierno Colombiano para que:

  1. De celeridad a las investigaciones judiciales y sancione efectivamente a les responsables en los casos de asesinatos y agresiones contra la población LGBTI, garantizando la integración de un enfoque de diversidad sexual y de género en las diligencias a las que haya lugar, a fin de combatir los altos niveles de impunidad que se registran sobre estos casos.
  2. Fortalezca las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional, así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  3. Asegure a la población LGBTI el acceso sin discriminación a sus derechos como ciudadanes, en particular, el acceso a la justicia, fortaleciendo el monitoreo de las acciones de sensibilización y capacitación en derechos LGBTI a les operadores de justicia y diseñando rutas de atención diferencial para víctimas con orientación sexual e identidad de género diversa.
  4. Rechace públicamente los actos de discriminación y/o violencia en contra de las personas LGBTI y adopte iniciativas de sensibilización y capacitación que permitan desestructurar las conductas y actitudes discriminativas y LGBTfóbicas dentro de la sociedad civil colombiana.

 

*Raza e Igualdad ha realizado un monitoreo de medios y denuncias públicas de ataques y discriminación en contra de la población LGBTI a partir del 25 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta cifra se presenta al 05 de octubre de 2020.

 

Raza e Igualdad lanza Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia

Washington D.C., 21 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I), con el fin de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para la elaboración autónoma de informes de derechos humanos para su incidencia ante los Estados y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

El documento ya se encuentra disponible para consulta y descarga en la sección Publicaciones del sitio web de Raza e Igualdad, y cuenta con dos versiones: una cuyo contenido es principalmente texto, y otra donde la información va acompañada de ilustraciones alusivas al proceso de elaboración de un IDH-I, por lo que se recomienda el uso de esta en caso que las organizaciones usuarias decidan realizar sesiones de réplica con defensoras y defensores de derechos humanos.

La visión de Raza e Igualdad para la elaboración de este Manual es que el éxito en la producción de un IDH-I articulado a un plan de incidencia, puede potenciarse significativamente si la organización emprende un proceso formativo orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos, instrumentos y mecanismos que aportan los órganos internacionales de derechos humanos.

“Nuestra experiencia confirma que los Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I) elaborados por las propias víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, han sido fundamentales para que los Estados adopten las respuestas requeridas”, señaló Pedro León Cortés, asesor de Raza e Igualdad para América Latina.

Contenido

El Manual está estructurado en dos partes. La primera aborda comprensiones básicas como los derechos humanos, qué es una violación a los derechos humanos y qué es un IDH-I. En la segunda parte explica paso a paso cómo se elabora un IDH-I, desde la delimitación de la situación a denunciar hasta la redacción del informe. Además, incluye una lista de enlaces a sitios claves para que las organizaciones emprendan su propio proceso de documentación.

La elaboración de este documento se fundamenta en la sistematización de la experiencia de Raza e Igualdad en su trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de personas afrodescendientes, LGBTI y afrodescendientes-LGBTI en diferentes países de América Latina, por medio del cual ha facilitado que aprendan a producir de manera autónoma Informes de Derechos Humanos para la Incidencia.

Raza e Igualdad invita a las organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas por los derechos humanos, a consultar, descargar y compartir este Manual para reforzar sus planes de transformación de los factores estructurales que producen o mantienen patrones de violación de derechos humanos.

Acceda al Manual:

Versión ilustrada – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_ilustrado.pdf

Versión texto – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_texto.pdf

Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. «La apuesta principal de los jóvenes es la educación», aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

Para volver a ver este webinar, haga clic aquí.

Raza e Igualdad lanza material informativo para aumentar conocimiento e incidencia ante mecanismos de protección de los derechos humanos

Washington D.C., 20 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de la sociedad civil y activistas de América Latina y el Caribe, material informativo sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus respectivos órganos, y sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de contribuir a aumentar su conocimiento e incidencia ante estas instancias en la defensa y protección de los derechos humanos.

“Como organización que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en la región en la defensa y protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad presenta este material que aborda el funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano como en las Naciones Unidas, con la expectativa de generar mayor acceso a estos de parte de nuestras socias y socios”, señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material consiste en tres videos que abordan el funcionamiento de la OEA, del Sistema Interamericano y de la ONU, respectivamente. A través de la intervención de cuatro personajes animados y con el apoyo de ilustraciones, explican el trabajo que realiza cada una de estas instancias y cuáles son los espacios y mecanismos de incidencia que tienen disponibles para la sociedad civil en materia de la defensa de los derechos humanos.

Cada video está reforzado con un relatograma que, de forma muy sencilla y amigable, brinda más detalles, principalmente en lo referido a los espacios y mecanismos para la participación e incidencia de la sociedad civil, además que incluye los enlaces a los sitios oficiales de las instancias en cuestión, donde las personas pueden encontrar toda la información referida.

Todo este material informativo se suma a la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” que Raza e Igualdad lanzó en mayo pasado con el objetivo de orientar a abogados, abogadas y activistas de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Puedes acceder a los videos a través de los siguientes enlaces:

En tanto, los relatogramas los encontrarás dando clic aquí.

Raza e Igualdad: El prisionero político José Rolando Casares Soto debe obtener libertad definitiva

Washington D.C., August 20, 2020.– Este miércoles se conoció que el prisionero político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional, noticia que él mismo comunicó vía telefónica al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Como organización que promueve y defiende los derechos humanos, celebramos que el activista e integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana no permanezca más en prisión y pueda convivir nuevamente con su familia, pero mantenemos nuestra demanda para que el Gobierno le otorgue la libertad definitiva y se le retiren los cargos que le fueron impuestos a él y a su esposa Yamilka Abascal Sánchez en un proceso viciado en el año 2017.

Casares Soto fue uno de los activistas destacados en nuestro informe Condenas Premeditadas, como ejemplo de la estrategia empleada por el Gobierno cubano para criminalizar a las personas que lo critican. En julio de 2016, Casares Soto fue detenido por una semana cuando él y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, salieron a la defensa de un amigo que estaba siendo detenido por un oficial de la Policia. En la delegación policial, fue obligado a desnudarse para registrarlo y lo sometieron a un interrogatorio. Las autoridades le informaron que estaba acusado de “atentado” y “resistencia”, pero no escuchó nada más del asunto hasta casi seis meses después cuando Casares Soto y Abascal Sánchez recibieron citaciones para juicio oral.

La sentencia

La pareja fue enjuiciada al mismo tiempo durante un juicio cerrado al público que no respetó las normas del debido proceso. Abascal Sanchez fue condenada por “desacato” y cumplió una condena de dos años de limitación de libertad desde su casa, mientras que Casares Soto fue condenado por “atentado” y “ultraje sexual”. El Gobierno lo acusó de “ultraje sexual” porque se desnudó en la estación de Policía durante su arresto en julio de 2016, pero su versión indica que fue obligado a desnudarse para buscar una memoria flash que contenía información sobre las actividades de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

En el caso de Casares Soto la pena fue de cinco años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y el 24 de mayo de 2017 le notificaron que debía cumplirla en la empresa de Construcción Civil del municipio, pero no se presentó. Por eso, su condena luego fue cambiada a cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que después de la citación del 24 de mayo, Casares Soto no volvió a recibir ninguna otra comunicación del Tribunal o del Ministerio del Interior y luego solo se conoció de su detención el 3 de agosto de 2017 en plena calle, cuando iba a comprar medicinas para sus hijos. También se debe mencionar que cinco años de privación de libertad es una condena más larga de lo normal. Los presos políticos en Cuba frecuentemente reciben condenas entre uno y tres años.

Tres años de sufrimiento

Caseres Soto permaneció en la Prisión Kilo 5 de Pinar del Río hasta agosto de 2019, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de mínima seguridad “Kilo 4”. Durante su tiempo en la cárcel, presentó problemas de salud relacionados con una prótesis dental que se le rompió al momento de ser detenido, y a una prótesis en el intestino que tiene desde que era niño. Además, el 11 de mayo de 2020 fue trasladado a un hospital después de varios días con un fuerte dolor de estómago. En el centro asistencial le encontraron que tenía un cálculo renal que fue tratado con una inyección para el dolor sin que se le prescribiera ningún otro tratamiento curativo.

Casares Soto perdió tres años de su vida en prisión solo por sus creencias políticas y sufrió mucho por no poder estar con su esposa e hijos todo ese tiempo, pues cuando lo arrestaron en agosto de 2017 para cumplir su condena en la cárcel, su hija tenía un año y su hijo menor había nacido en abril pasado. “Al fin nuestros hijos disfrutarán del amor que se perdieron de su papá por tres años lucha contra el régimen totalitario (…) seguiré apoyando y exigiendo la liberación de los demás presos políticos que aún continúan encarcelados injustamente”, escribió en la red social Facebook su esposa Yamilka Abascal Sánchez, quien llegó a ser amenazada por la Seguridad del Estado con quitarle a sus hijos si continuaba con su demanda.

Este martes 18 de agosto, el Gobierno por fin aprobó una de sus varias solicitudes para libertad condicional y Casares Soto regresó a su casa. Sin embargo, todavía está sujeto a varias condiciones. Tras obtener la libertad condicional, Casares Soto denunció que en la cárcel hay personas que no han cometido ningún delito y expresó que está dispuesto a denunciar las condiciones infrahumanas en que se encuentran otros pesos políticos.

Irregularidades

Raza e Igualdad presentó peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en nombre de Casares Soto y Abascal Sánchez, considerando que ambos han sido sometidos a detenciones arbitrarias en violación de las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Encontramos en su caso una serie de irregularidades como la falta de un fundamento jurídico par su detención, la violación de sus derechos al mantenerlo en prisión sin una orden judicial y sin informarle sobre los motivos, así como la falta de supervisión judicial en los siete días que permaneció detenido en régimen de incomunicación en 2016. Las autoridades cubanas violaron su derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Todo ello motivado por su participación en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, desde donde se manejan posiciones críticas al Gobierno y se aboga por una reforma al sistema electoral cubano. Por tanto, Raza e Igualdad demanda que a Casares Soto se le otorgue la libertad definitiva y se le respeten sus derechos a la libertad de opinión y expresión.

Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Washington D.C., 6 de agosto de 2020.- Ante la pandemia de COVID-19 que enfrenta el mundo entero, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se propuso analizar el contexto en que la población afrodescendiente de América Latina está viviendo esta emergencia de salud, y formuló ocho recomendaciones para los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional para generar respuestas consensuadas y ajustadas a las realidades y necesidades de las personas afrodescendientes en la región.

El análisis se realizó a partir de la información compartida en seminarios virtuales (webinars) y en diálogos sostenidos por oficiales de Raza e Igualdad con líderes y lideresas afrodescendientes, entre el 27 de marzo y el 17 de mayo del 2020. Asimismo, se analizaron los pronunciamientos de organizaciones de afrodescendientes y de organismos especializados en el tema de discriminación racial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población afrodescendiente en Latinoamérica está conformada por 130 millones de personas, que equivalen al 21% de la población total en la región. A la fecha no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas enfrentan la pandemia.

La falta de información adecuada, las dificultades para acceder a los sistemas de salud y el recrudecimiento de la violencia, tanto de grupos criminales como de la policía, son factores que colocan en gran desventaja a la población, principalmente a aquella que vive en condiciones de marginalidad, como es la población afrodescendiente e indígena. «Para Raza e Igualdad es muy importante conocer a fondo la situación de las personas afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 porque esto nos permite diseñar acciones de apoyo junto a nuestras co-partes, pero también hacer recomendaciones a los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional, para que apliquen medidas adecuadas que garanticen los derechos de esta población», dijo Elvia Duque, Oficial de Programa para América Latina del Instituto y encargada de la elaboración de este análisis.

En ese sentido, Raza e Igualdad formuló ocho recomendaciones relacionadas a combatir el racismo estructural y la discriminación racial, mejorar los sistemas de salud y educación, principalmente de cara a reducir la brecha entre el sector rural y urbano; garantizar la protección de derechos humanos, recopilar datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales, entre otras, haciendo énfasis en la necesidad que las políticas que se tomen en esta materia deben ser consultadas y elaboradas en coordinación con los líderes y lideresas afrodescendientes.

Acceda al documento con el análisis y las recomendaciones aquí.

Las fotografías que acompañan este artículo fueron facilitadas por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y por Sello Negro ONG.

Un mensaje de unión y fortaleza en el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

Washington D.C. 24 de julio de 2020.– Desde 1992, cada 25 de julio se celebra el Día Internacional de la mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora para conmemorar el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas que tuvo lugar ese año en República Dominicana, y que fue el punto de partida para la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer afro y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados.

Por eso, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de nuestras contrapartes y con el apoyo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), diseñamos una postal* con la participación de mujeres activistas afrodescendientes y lideresas lesbianas y trans representantes de 11 países de América Latina, para reconocer la invaluable labor de las mujeres afrodescendientes de las Américas en su compromiso por preservar su cultura, combatir la discriminación racial, de género y por orientación sexual, y por ser el pilar de sus hogares y comunidades.

Raza e Igualdad concuerda con la premisa de la RMAAD que describe cómo las mujeres afrodescendientes sufren una triple discriminación originada por género, raza y pobreza, por lo que este 25 de julio nos comprometemos a continuar visibilizando los desafíos que estas enfrentan, así como revisar nuestras acciones para valorar su aporte a mejorar la calidad de vida de las mujeres afrodescendientes en la región.

Si bien se estima que la población afrodescendiente en las Américas es de un 30%, que equivale a unas 300 millones de personas, el Banco Mundial considera que en América Latina y el Caribe viven aproximadamente 133 millones de personas afrodescendientes. Reconociendo que actualmente persisten vacíos estadísticos sobre la condición de las mujeres afrodescendientes, hacemos un llamado para mejorar la recolección de estos datos y así contar con las herramientas básicas para dar una adecuada respuesta a las principales demandas de las mujeres afrodescendientes en América Latina.

Ahora que la pandemia del COVID-19 ha incrementado las afectaciones y vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes, queremos alzar sus voces y llevar un mensaje de aliento que motive a muchas otras mujeres a sobrepasar sus crudas realidades, y recomendamos a los Estados crear y/o fortalecer los proyectos, programas y mecanismos necesarios para combatir la violencia y discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes de las Américas, pues solo trabajando unidos podremos cerrar las grandes brechas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en nuestro continente.

*Como un homenaje póstumo se incluyó a Marianita Minda, lideresa ecuatoriana y fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Ecuador, quien falleció en mayo pasado.

 

CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras

Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.

Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.

En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.

Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.

En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.

Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.

Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.

Lea la resolución de la CIDH aquí

Sociedad civil llama la atención de juezas y jueces mexicanos sobre la obligación del Estado de promover y defender los derechos de la población afrodescendiente en el país

Washington D.C., 15 de julio de 2020.– Representantes de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de la población afrodescendiente en México presentaron ante el Consejo de la Judicatura—adscrito al Poder Judicial—la situación de las personas afrodescendientes en el país, haciendo énfasis en la obligatoriedad que tiene el Estado en cumplir los mandatos y tratados internacionales que ha suscrito en esa materia y que tienen igual importancia que la Constitución Política.

El encuentro fue convocado por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura y se dio de forma virtual el pasado 9 de julio con la participación de aproximadamente 120 jueces y juezas de todo el país. Por parte de la sociedad civil, las exponentes fueron Sagrario Cruz Carretero, profesora investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana; Tobyanne Ledesma, activista de derechos humanos, y Tanya Duarte, socióloga afromexicana y fundadora del Proyecto Afrodescendencia México.

Racismo arraigado

Cruz Carretero apuntó que la invisibilización y discriminación de la población afrodescendiente es un problema arraigado en los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, a la cual describió como “pigmentocéntrica”, pues asegura que desde las familias hasta las esferas públicas las personas son categorizadas según el color de su piel.  La antropóloga recordó que al 2015 las personas afrodescendientes sumaban 1.6 millones, es decir, el 1.2% de la población total, y se encontraban principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el Estado de la Ciudad de México.

Tanya Duarte conoce de cerca ese racismo y esa discriminación, pues gran parte de su vida ha tenido que enfrentarse con oficiales de Migración que la detienen y ponen en tela de juicio su nacionalidad mexicana simplemente por su apariencia, al punto que en varias ocasiones intentaron deportarla de su propio país. “Normalmente la credencial para votar es usada como documento de identificación, pero en mi caso no es suficiente, entonces tengo que cargar con mi pasaporte, mi CURP (Clave Única de Registro de Población) y a veces hasta con mi partida de nacimiento”, contó.

Por tal razón, su presentación ante la Judicatura se centró en la necesidad de que la población conozca y entienda la herencia africana que persiste hasta la actualidad. Entre las acciones y políticas que propuso esta activista está incluir en los libros de texto de educación básica la historia de la contribución afrodescendiente en México, mantener una campaña a nivel nacional sobre la afrodescendencia y capacitar a las autoridades y oficiales de Migración para evitar abusos como los que ella ha sufrido en reiteradas ocasiones.

Nueva conciencia para impartir justicia

Por su parte, la activista de derechos humanos Tobyanne Ledesma, se enfocó en señalar las obligaciones que el Estado ha adquirido para la protección de personas afrodescendientes. Ella reconoce algunos avances, como el reconocimiento de los pueblos afrodescendiente en la Constitución Política con la reforma que se hizo a este texto en 2019, la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la inclusión de la pregunta sobre autorreconocimiento como afrodescendiente en el censo de este año, que se logró gracias al trabajo de incidencia de organizaciones civiles que, a la vez, contaron con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Sin embargo, expresó que es importante que las autoridades, especialmente las del ámbito judicial, conozcan las herramientas para fallar o sentar sus posiciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. Precisó que en México son muy comunes las actitudes racistas y discriminatorias en contra de personas afrodescendientes o indígenas, pero que hasta la fecha no ha habido un fallo a nivel de la Suprema Corte condenando estos actos, como sí lo ha habido en otros países de la región.

“No se puede impartir una justicia equitativa si la población no vive en condiciones equitativas; es necesario que los jueces tomen consciencia de cómo permea su juicio una posición racista o discriminatoria, lamentablemente las leyes están, pero no se conocen”, dijo al respecto la antropóloga Sagrario Cruz Carretero.

Raza e Igualdad continuará trabajando de la mano con las y los activistas afromexicanos para comprender la importancia de perfeccionar las herramientas que ha obtenido el Pueblo afromexicano en el transcurso de estos últimos años.

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