Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH

Washington, DC. 28 de mayo de 2020 – El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan, y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua para hablar sobre el rol de la CIDH de cara a los impactos que la crisis humanitaria por COVID – 19  ha tenido en la vida de personas LGBTI de América Latina.

El evento, titulado » El rol de la CIDH en la crisis de COVID-19: amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina«, que se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, inició con la intervención de Flávia Piovesan quién centró su presentación en la comprensión del impacto de la pandemia desde los derechos humanos y las amenazas específicas para las personas LGBTI y las estrategias de la CIDH para enfrentarlas.

De acuerdo con la Relatora, es necesario tener presentes tres desafíos estructurales de la región que la pandemia agravó y acentúo: la desigualdad profunda, la discriminación y violencia histórica y los dilemas relativos a la institucionalidad democrática. Las cifras históricas de pobreza y pobreza extrema en América Latina ahondan la desigualdad y la falta de garantía de derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, lo que conlleva a que los efectos de la pandemia sean diferenciados para las poblaciones más vulnerables, “el virus no es discriminatorio pero su impacto si lo es” señaló, citando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michel Bachelet. Esta situación se acentúa cuando la respuesta de los Estados incluye un uso arbitrario y abusivo de la fuerza.

La Relatora señaló que la resolución 1/2020 el 10 de abril de 2020 de la CIDH, por la que se creó la sala situacional de respuesta coordinada a la crisis (SACROI COVID-19), se centró en abordar estos tres desafíos estructurales “desde la perspectiva de los estándares interamericanos, endosando el idioma de los derechos humanos, por un lado, el de los deberes y obligaciones estatales por otro”. Desde un enfoque de diversidad sexual, la CIDH invitó a los Estados a garantizar, para las personas trans, el acceso a la vivienda, refugios seguros y reactivación económica; la publicación de protocolos de salud y sistemas de denuncias para personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas contra la LGBTIfobia.

La intervención de la Relatora finalizó señalando que frente a las amenazas a la población LGBTI, las cuatro prioridades de la CIDH se centran en la protección contra la discriminación contra personas trans y de género diverso; la exclusión social y pobreza histórica de las personas LGBTI; las barreras de acceso a la salud, en especial aquella que se relaciona con las barreras impuestas por grupos religiosos y la violencia doméstica, con especial atención sobre la niñez.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, reafirmó la importancia de entender los desafíos estructurales señalados por la Relatora en su intervención e hizo hincapié en que “se está generando una narrativa de que indicar que las personas vulnerables frente a la pandemia son peligrosas para la sociedad y entre ellas, las personas LGBTI”. De acuerdo con el activista, la respuesta estatal en Colombia ha sido insuficiente para abordar la inseguridad laboral, alimentaria, habitacional y de salud emocional de las personas LGBTI, en especial de aquellas más vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas LGBTI migrantes, las personas con VIH y las personas privadas de la libertad.

Castañeda señaló su preocupación por la implementación de medidas como el pico y género y por los altos índices de asesinatos y episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTI en medio de la crisis. Por ello recomendó a la CIDH fortalecer sus acciones de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas LGBTI, en especial en aquellos Estados con medidas de restricción de movilidad; exhortar a los gobiernos y agencia humanitarias para que tenga enfoques diferenciales y de derechos humanos en sus labores de asistencia y promover una reunión de seguimiento en la región con amplia participación de las poblaciones más vulnerables.

En Nicaragua, la crisis sociopolítica y económica que se presenta desde el 2018, agrava las consecuencias de la pandemia, de acuerdo con Victoria Obando, integrante de Deigeorsex y de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua. “Nuestros representantes no están diciendo la verdad en cuanto la situación que estamos viviendo en el país” señala la activista, quien señala que la situación es peor es para la población LGBTI. Al respecto, Obando expuso el caso de Celia Cruz, una mujer trans detenida en Managua con síntomas de COVID-19, a quien el Gobierno no permite ver ni llevarle productos sanitarios. Victoria hizo un llamado a la CIDH y las organizaciones internacionales para presionar al Estado para que diga la verdad sobre la dimensión de la pandemia en su país.

Maria Ysabel Cedano, abogada de DEMUS de Perú, centró su intervención en la discriminación y violencia que sufren las mujeres lesbianas y las personas no-binarias, y llamó la atención sobre los altos índices de violencia al interior de sus hogares, que se agudizan frente a la pandemia. La lideresa hizo énfasis en las barreras de acceso a la justicia, pues la suspensión de casos judiciales para priorizar los procesos de personas en prisión, limita la posibilidad de que acciones instauradas hace años por mujeres lesbianas para exigir su derecho al reconocimiento de su maternidad, sean resueltas prontamente.

Añadió que “el temor a ser castigadas, hace que no haya una demanda social,” explicando porque las mujeres lesbianas no cuentan con políticas públicas especificas y son invisibilizadas dentro de una sociedad heteronormativa. Adicionalmente, los bonos universales familiares, una acción del Estado peruano para aliviar la carga económica de las poblaciones más vulnerables, no contó con un enfoque diferencial que protegiera a las personas homosexuales que son invisibilizadas, en especial en pueblos indígenas, afrodescendiente o en zonas rurales.

El evento finalizó con la intervención de Isaac Porto, Consultor para Brasil de Raza e Igualdad, quien hizo un llamado a prestar especial atención a crisis política que se conjuga con la emergencia por la pandemia en este país. El participante señaló la necesidad de que el Gobierno brasilero implemente las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS para la contención de la epidemia y la necesidad de que integre un enfoque diferencial[1] que permita prevenir los contagios y las muertes de la población afrobrasilera, en especial de las personas AfroLGBTI, quienes resultan más impactadas.

Raza e Igualdad se une al llamado de la CIDH y de nuestras organizaciones aliadas a tender puentes y a construir estrategias colectivas para el trabajo en red en la región, que permita la visibilización de estas vulneraciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI y Afro-LGBTI. Este resulta ser un momento de reinvención y transformación para exigir que mejores respuestas institucionales frente a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto nacionales como regionales y por ello, es muy importante prestar atención a la construcción de la agenda post Covid-19.

[1] Incluir programas y políticas públicas que consideren las necesidades específicas de afrodescendientes y grupos indígenas, en combinación con otros factores que agudizan la discriminación como la orientación sexual e identidad de género.

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Lo que la ley de “abolición” de la esclavitud realmente inauguro: racismo y exclusión disfrazada

Por:       Pedro L. Cortes-Ruiz
Asesor – AFRODES Cali
Representante en Colombia –  International Institute on Race, Equality and Human Rights

ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder Ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO. Ningún esclavo menor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si fuere hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere hembra.

ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley, certificados de la presentación, avaluó y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar los referidos certificados por los vales de manumisión mandados expedir por la presente ley.

LEY 2 DE 1851 (Mayo 21) – Sobre libertad de esclavos

La Ley 2 de 1851, que en la narrativa nacional se conoce como la “ley de la abolición de la esclavitud”, en realidad debió titularse la “ley de garantía de los derechos de los esclavizadores”. Esta ley inauguró una estrategia del Estado colombiano que persiste hasta el día de hoy: el uso de la ley para mantener la exclusión y la discriminación racial” dando la apariencia de que hay un compromiso para corregir injusticias.

De los 19 artículos de la ley, el primero hace la declaración de que todos los esclavos serán libres y gozarían de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y los 18 restantes se ocupan de todos los detalles legales y administrativos para que los esclavizadores puedan ser indemnizados económicamente por la pérdida de su mano de obra. El lenguaje y contenido de los artículos no da lugar a equívocos en la interpretación: los afrodescendentes son considerados objetos/bienes a los que se les puede poner un valor monetario. De ahí que no sea extraño que la ley no contemple ninguna medida de compensación o medida afirmativa para generar condiciones que realmente hubieran permitido la igualdad de derechos.

Las evidencias de la persistencia histórica de esta estrategia son abundantes. Baste recordar aquí la Ley 2 de 1959 que define al Pacífico Afrocolombiano como zona forestal y lo declara “baldío”. Es decir, se niega la misa existencia física de los afrodescendientes que históricamente fueron poblando, construyendo y cuidando estos territorios, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

La continuidad de la estrategia con respecto a la Ley 70 de 1993, tiene sus variaciones pero mantiene la misma racionalidad. Efectivamente se hace un reconocimiento de derechos que ha conducido a la expedición de títulos colectivos sobre un área significativa. Sin embargo, después de 27 años, no se ha completado su reglamentación, impidiendo de esta manera la existencia de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos étnico-territoriales. Y paralelamente, todos los gobiernos desde 1993 han desarrollado iniciativas legislativas y de política pública que claramente contradicen los principios y mandatos de la Ley 70.

Frente a las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas, la estrategia también se ha repetido. Se han adoptado leyes y políticas públicas gracias a las órdenes de la Corte Constitucional y la presión internacional, pero no se cumplen a cabalidad y no se les asignan los recursos requeridos. Ordenes de la Corte Constitucional, como las contenidas en la T-025 de 2004 y sus autos 092 de 2009 y 005 de 2010, llevan más de 10 años sin ser cumplidas a cabalidad.

Y recientemente, el gobierno repite la estrategia frente al deber de implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido gracias a los procesos sociales y de incidencia de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. No ha habido aplicación de los principios y salvaguardas del mismo, no se han garantizado condiciones para el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y verificación, no ha habido consulta previa en la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo a nivel de los territorios, y se está dejando a su propias suerte a las comunidades que enfrentan la extrema violencia que ha caracterizado el post-acuerdo.

La Ley de la “abolición” de la esclavitud no fue el resultado de un proceso sociopolítico que se basará en un consenso/convencimiento sobre la dignidad humana  y un reconocimiento genuino para reparar los daños sobre los esclavizados afrodescendientes. Es cierto que hubo personajes políticos comprometidos con una visión de anteponer la dignidad humana como principio de nuestro contrato social. Pero en términos substanciales, la expedición de esta ley obedeció a un acuerdo entre las élites políticas y económicas que tenían una confrontación político-militar. La predominancia en los contenidos de la ley de medidas para garantizar los derechos de los esclavizadores es un indicador contundente de que se trató de un acuerdo para mantener un régimen que no le importaba la dignidad humana de los esclavizados. Como lo sugieren algunos análisis de Foucault, las leyes constituyen la “guerra por otros medios”; las leyes dan continuidad a los privilegios de los reales vencedores.

El Pueblo Afrocolombiano ha re-significado el 21 de Mayo como el Dia de la Afrocolombianidad. Se ha convertido en una oportunidad simbólica para el reconocimiento de nuestros aportes a la construcción del país, y también en un espacio de reflexión para analizar y denunciar la persistencia del racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. En esa perspectiva, también es necesario recordar los orígenes y trayectorias de las estrategias institucionales que sostienen los factores estructurales del racismo y la discriminación racial. No se han ido; han mutado como los virus que hoy nos están afectando desproporcionalmente.

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

Historia de Yolanda Santana. Dama de Blanco ex prisionera política del Estado Cubano pero víctima de represión

Tantas veces la han detenido, que Yolanda ya no recuerda cuántas veces han sido. Cree que fueron unas 200 veces, pero la cifra podría ser más alta. Los arrestos casi siempre sucedían después de ir a la iglesia, cuando las Damas de Blanco, el grupo al que pertenecía desde el 2013, protestaban por la libertad y la democracia del pueblo cubano.

Algunas veces ocurría en plena calle: la Seguridad del Estado las atacaba a golpes, las esposaba y las llevaba a la comisaría; otras veces, los agentes esperaban a que abordaran el transporte público después de la protesta: detenían el bus, localizaban a las mujeres vestidas de blanco y las bajaban para golpearlas y escupirlas; y en varias ocasiones las tuvieron retenidas en una patrulla policial, con los vidrios arriba y bajo el sol abrasivo de La Habana en pleno verano.

Casi siempre las liberaban muy tarde por la noche, pero en algunas ocasiones las retenían por más de 24 horas, sin poder comunicarse con sus familiares, sin acceso a comida ni a servicios higiénicos. Lo seguro era que les impusieran multas de 150 pesos, bajo la excusa de que habían violado dispositivos de la Seguridad del Estado.

“Yo no puedo entender de que haya violado dispositivos de la Seguridad del Estado al salir yo de mi vivienda y tratar de llegar a una iglesia, yo no he cometido ningún delito”, reflexiona Yolanda Santana, de 55 años.

Juicio

Y fue precisamente por esas multas que se iban acumulando, que un 6 de julio de 2018 la citaron al Tribunal de Arroyo Naranjo. Ese mismo día, las autoridades judiciales le montaron un juicio exprés y la condenaron a un año de prisión por incumplimiento de pago de 12 multas de 150 pesos. En las multas que le impusieron, la acusaban de venta ilícita y trámites de licencia de venta, una acusación que además de ser ilegal, Yolanda desconocía. La deuda, según el Estado cubano, ascendía a 18 mil pesos.

“No me pusieron abogado y yo no puse tampoco. No pude presentar pruebas ni testigos a mi favor porque la Seguridad del Estado no lo permitió”, cuenta la activista. Ella se rehusaba a pagar las multas porque las detenciones habían sido arbitrarias, y por lo tanto, las multas también lo eran.

Prisión

Poco después la trasladaron a la Prisión de Mujeres de Occidente, “El Guatao”, una cárcel que alberga a mujeres que han sido víctimas de las arbitrariedades del sistema de justicia penal de Cuba, incluyendo a las presas políticas. Yolanda, como muchas otras mujeres, denunció que las condiciones en El Guatao eran deplorables: “La comida era podrida, causaba vómitos, no te la podías comer”, cuenta. Además de que había hacinamiento en las celdas, pues en cada una dormían 28 reclusas, los policías golpeaban a las mujeres, les quitaban el derecho a recibir visita conyugal y de hacer llamadas a sus familiares.

Esto último le pasó a Yolanda: por tres meses no tuvo derecho a usar el teléfono, en represalia por haber denunciado las condiciones de la prisión. En un par de ocasiones, también fue hostigada por otras mujeres internas, quienes Yolanda cree fueron enviadas por la Seguridad del Estado.

“Mis hijos, mi madre y mis nietos sufrieron mucho por esta condena, pero se mantuvieron fuertes apoyándome”, asegura Yolanda.

Cada vez que se despedía de sus familiares, quienes la visitaban en El Guatao, era una prueba de fuego para la activista cubana: “tener que levantar la cabeza y tragarme mis lágrimas para que ellos no me vieran mal. Es muy triste estar en prisión”, relata.

Finalmente, el 6 de julio de 2019 Yolanda cumplió su condena y salió de prisión.

En casa, pero sin libertades

Yolanda comparte su hogar con su hijo, de 31 años, su nuera y su nieto de 12 años. Su otra hija, de 35 años, y sus otros tres nietos, todos menores de edad, viven muy cerca de ella. La activista fue “madre y padre para sus hijos” y también es fuente de apoyo para sus nietos, quienes le llaman “Mima”.

Poco tiempo después de salir de prisión, Yolanda se reintegró a su activismo dentro de las Damas de Blanco. Desde 2013 se había unido al grupo porque su propio hermano había sido un preso político del Gobierno de Cuba. Sintió que era un deber unirse nuevamente a sus compañeras para seguir haciendo incidencia por las personas apresadas por motivos políticos.

Hasta la fecha, la represión en su contra y las amenazas continúan por parte de los oficiales cubanos. Sus hijos también han sido detenidos en varias ocasiones. El pasado 15 de marzo, mientras salía de la sede nacional de las Damas de Blanco, unos agentes se acercaron a Yolanda para amenazarla con que la llevarían nuevamente a prisión, pero esta vez por una condena de 4 a 8 años. En menos de un año que lleva en libertad, ya le han asignado nuevas multas como forma de amedrentarla.

Pero la convicción de Yolanda es difícil de tumbar. “Si me toca nuevamente por mi activismo político pues estoy lista, siempre estamos listas y mi familia preparada, si ellos pensaron que con eso iban a doblegar se equivocaron porque lo que hicieron fue fortalecerme”.

Presa política en huelga de hambre: Raza e Igualdad exige al Gobierno cubano que libere de inmediato a las mujeres presas políticas en medio de la crisis del COVID-19

Washington, D.C. 16 abril 2020. Con la llegada del coronavirus a Cuba, y en el marco de la campaña #CubanasLibresYa , el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta al Gobierno cubano a liberar a todas las mujeres presas políticas. Hasta el 15 de abril, 766 casos de infecciones y 21 muertes por COVID-19 han sido reportadas en Cuba. El virus se está extendiendo rápidamente en la isla y el gobierno está implementando medidas de distanciamiento social para proteger a los cubanos.  Sin embargo, las personas privadas de libertad en las prisiones en Cuba no pueden distanciarse socialmente y enfrentan riesgos extremos. Las condiciones deplorables que estas mujeres están enfrentando actualmente han causado que Martha Sánchez González, una presa política en la Prisión Provincial para Mujeres El Guatao, se declare en huelga de hambre.

Como Raza e Igualdad documentó en su informe Condenas premeditadas: Análisis de la Situación de la Administración de Justicia en Cuba, las prisiones en Cuba son conocidas por sus condiciones inhumanas, tales como el hacinamiento, mala circulación de aire y falta de acceso al aire fresco. Se ha reportado que estas condiciones han causado bronquitis y otras infecciones respiratorias, creando el entorno perfecto para que el COVID-19 se propague y agrave la enfermedad. Aunque el Gobierno cubano recientemente anunció que en las prisiones ya no se recibirán más visitantes , los prisioneros y las prisioneras todavía enfrentan el riesgo de contagiarse de las autoridades penitenciarias, quienes todavía circulan en la comunidad. En los Estados Unidos, esto ha causado la propagación del virus en los reclusos de las cárceles y prisiones con efectos devastadores.

En reconocimiento del riesgo extremo que enfrentan las personas privadas de libertad, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet hizo un llamado a los gobiernos a tomar medidas para proteger a los reclusos, entre ellos la reducción del número de las personas en detención. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la  “gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región… frente a los efectos de la pandemia del COVID-19” y ha instado a los Estados a “reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia”.

El riesgo que el COVID-19 plantea a las mujeres presas políticas es especialmente preocupante dado que las autoridades cubanas han negado atención médica a las presas políticas en el pasado o han brindado atención inadecuada. Por ejemplo, Xiomara Cruz Miranda, una Dama de Blanco condenada por “amenazas”, se enfermó gravemente en la prisión. Finalmente, fue trasladada a un hospital, pero su condición empeoró mientras los médicos cubanos ocultaron información a sus familiares y no pudieron proporcionar un tratamiento efectivo. Más tarde, Xiomara se fue del país para buscar atención médica en los Estados Unidos. Dado este mal precedente en el manejo de las necesidades médicas de las presas políticas, es dudoso que el Gobierno brinde la atención suficiente a las presas políticas que contraigan el COVID-19.

Las autoridades penitenciarias en Cuba también dejaron de permitir a los familiares de los presos llevar comida, como una manera de detener la propagación del COVID-19. Sin embargo, no han proporcionado un reemplazo para esta comida, de la cual dependen los prisioneros para sobrevivir dado que la comida provista por la prisión a menudo se pudre y carece de nutrientes. De acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), “todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”. Esta semana, a Martha Sánchez González y Aymara Nieto Muñoz se les negó la entrada de comida que con mucho trabajo sus familiares les hicieron llegar, lo cual es especialmente difícil porque estas mujeres se encuentran en centros de detención alejados de sus hogares y el transporte en el país ha sido drásticamente limitado debido al virus. A la familia de Aymara Nieto Muñoz le dijeron que la comida fue rechazada no por la crisis del coronavirus, sino porque fue pagada con “dinero del imperio”.

Dado el riesgo extremo que los reclusos enfrentan, Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para que libere a todas las presas políticas en su territorio, incluidas Melkis Faure Hechavarria, Maite Hernández Guerra, Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González. Estas mujeres fueron condenadas por delitos que no cometieron después de protestar pacíficamente contra el gobierno cubano. No son delincuentes, no son violentas y no deberían estar tras las rejas en ningún momento, pero especialmente durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

Mantener a estas mujeres en prisión es una violación continua de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Cuba, por lo que Cuba debe liberar a estas mujeres inmediatamente. Raza e Igualdad pide a la comunidad internacional que continúe monitoreando la situación en Cuba y exigiendo el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres presas políticas. Invitamos al público a unirse a nuestra campaña #CubanasLibresYa, para proteger el derecho a la vida y la salud de las mujeres presas políticas. Conozca la campaña aquí.

“En Cuba no podemos contrarrestar los efectos del coronavirus de la misma manera que lo hacen otros países” Activista de derechos humanos relata cómo vive el país la llegada del virus.

Los impactos que ha enfrentado el mundo a causa del COVID 19 han sido múltiples, sus efectos no solo han cobrado la vida de más de 60.000 personas alrededor del mundo, según datos publicados recientemente por BBC News[1]; sino que sus efectos ha tenido considerables consecuencias en escenarios sociales, económicos y políticos de todos los continentes.  

En Latinoamérica los impactos son diferenciados, las tasas de pobreza, desempleo y violencia representan un precedente importante a tener en cuenta por los Estados para establecer estrategias de contención de la crisis sin que esto vulnere la realidad de los derechos de muchos sectores sociales de la región históricamente marginados.

Países como Cuba hoy se ven amenazados, por lo que varios medios han denominado “la peor catástrofe humanitaria” no sólo por las deficiencias en el sistema de salud que hoy enfrenta el país, sino por las situaciones de pobreza, desempleo y desabastecimiento general que desde hace varias décadas vive la isla.

Aunque el Estado cubano ya empezó a tomar medidas para enfrentar el virus, y desde el 21 de marzo tiene cerrado el aeropuerto para entrada de turistas y ha puesto en marcha protocolos de contención por expansión del coronavirus, varios días pasaron antes de que el Estado tomara dicha decisiones y por el contrario declarara al país, el pasado 14 de marzo,  como lugar “seguro” para recibir extranjeros[2], aun cuando la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo, había declarado el COVID-19 como una pandemia y recomendaba a los Estados tomar medidas al respecto.

Hoy el número de casos en el país por contagio de coronavirus asciende alrededor de los 300, siendo un 10% de los casos perteneciente a niños y niñas[3]; esto según lo reportado recientemente por Diario de Cuba.  Así mismo, este medio de comunicación notificó que en la Habana se concentra el epicentro de la epidemia con 108 casos[4].  En relación a esta realidad, activistas de derechos humanos y medios de comunicación han expresado preocupación por las condiciones en que la isla recibe al virus. 

“La verdad se vive mucha incertidumbre, no tenemos la información completa porque el Estado a través de las cadenas nacionales, que son las que tenemos, no transmite la información completa, además no hay medicamentos, la infraestructura de los hospitales no tiene la capacidad de enfrentar una situación como está y además desde hace varias semanas estamos desabastecidos, no tenemos qué comer” señala activista cubana sobre la situación que hoy se vive en la isla a causa del virus.

Las estrategias de contención que el Estado Cubano ha tomado para mitigar los efectos del virus son muy parecidas a las que otros países de la región han aplicado, sin embargo, la realidad de Cuba no permite que estas estrategias sean efectivas en la isla, pues según lo explicado por activistas de derechos humanos “la situación del país no permite que podamos quedarnos en nuestras casas para contrarrestar los efectos del virus, los cubanos viven del diario” expresan activistas cubanos a través de video enviados a Raza e Igualdad.

“Entre las recomendaciones que el Estado está haciendo se anunciaron medidas como la atención a los ancianos que están en los asilos, los que viven solos y los que pernoctan en las calles que no son pocos. Se repite mucho que estas personas no deben salir a las calles.  Las aglomeraciones se mantienen porque llevamos meses desabastecidos. Los niños de hogares y los ancianos son los únicos que tienen atención especial, el resto de la población tiene igualdad de trato en cuanto a las medidas tomadas”

Activistas de derechos humanos han denunciado a través de redes sociales sin número de situaciones que atentan contra la integridad de la persona y sus derechos fundamentales, entre las denuncias recurrentes se encuentra la de falta de alimentos en la isla, situación que impide a las personas del país permanecer en casa y salir a buscar sustento diario.

Así mismo, El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales un incremento de las violaciones de derechos de los cubanos en medio de la pandemia.  Según la organización durante el último mes se registraron 251 acciones represivas por parte de autoridades del Estado cubano, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias y 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente; cifras que enmarcan al mes de marzo como el más represivo en lo que va del 2020.

Por otra parte, organizaciones cubanas han manifestado preocupación por la vida de las mujeres que sufren violencia en sus hogares. “Un grupo preocupante son las mujeres maltratadas. No se habla desde las instituciones de los peligros que se pueden intensificar al convivir con el maltratador porque están expuestas a más tiempo con ellos. Por esta razón, plataformas de activistas como “Yo si te creo en Cuba” están divulgando contenido de acompañamiento y denuncias” expresa activista cubana Lidia Romero.

Las afectaciones a causa del virus tienden a tener mayor impacto en los grupos sociales que carecen de reconocimiento y garantía de sus derechos.   En este sentido, las personas LGBTI, especialmente las mujeres trans, trabajadoras sexuales se han visto preocupantemente afectadas por la situación del COVID-19, pues el estado de aislamiento no ha permitido que puedan salir a trabajar lo que las pone en grave estado de indefensión y precariedad económica. Según Lidia Romero, para contrarrestar los efectos, activistas LGBTI se han coordinado a través de un grupo de whatsapp para coordinar ayuda con recursos propios. Se han priorizado aproximadamente 17 casos de personas LGBTI necesitadas, de las cuales 10 son mujeres trans.

Preocupa especialmente a Raza e Igualdad los impactos en materia de derechos y garantías que la implementación de protocolos de contención propuestos por el Estado Cubano pueda tener en grupos menos favorecidos, como lo son las mujeres, las personas afrodescendientes y las personas LGBTI.   Especialmente de este último grupo, expresamos especial preocupación por las condiciones en que mujeres trans trabajadoras sexuales puedan estar debido a las limitaciones para llevar a cabo su trabajo, además de la poca información diferenciada que se pueda conocer al respecto de su situación.

Por tal razón, recordamos al Estado cubano que las estrategias de contención para contrarrestar los efectos del virus deben contemplar la situación de derechos que vive el país, además, se deben implementar protocolos con enfoques diferenciales de derechos que garantice que aquellos grupos sociales que históricamente han sido víctimas de marginación, pobreza y violación a sus derechos fundamentales, como las mujeres, personas adultas mayores, personas LGBTI no sean re-victimizadas a causa de los planes indiscriminados que implemente el Estado.  Así mismo urgimos al Estado garantizar el acceso a la salud, alimentación y bienestar de su pueblo, derechos fundamentales para respetar la integridad de cualquier ser humano.

Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas instar al Estado cubano la atención de todo su pueblo sin discriminación alguna.  Solicitamos a los organismos internacionales monitorear la situación para garantizar el bienestar de la población cubana.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060

[2] https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474142252815/cuba-se-declara-pais-seguro-para-recibir-turistas-pese-al-coronavirus.html

[3] https://diariodecuba.com/cuba/1586279874_15666.html

[4] https://diariodecuba.com/cuba/1586254554_15556.html

Historia de Melkis Faure Hechavarría, prisionera política del Estado Cubano

El día que la detuvieron, Melkis no sabía que estaba embarazada. Salió a protestar el 6 de agosto de 2016 con un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ya no regresó a su hogar. Cargaba carteles de protesta en la calle Monte de La Habana Vieja cuando la policía se le acercó. Melkis se tiró al piso pacíficamente, al estilo de Mahatma Ghandi.

La trasladaron a la estación de policía de Sanja y posteriormente al centro de detención conocido como El Vivac, donde estuvo 46 días sin comunicarse con su familia, aislada y sin que se levantaran cargos en su contra. Fue allí que perdió el primer embarazo, según su esposo, Freddie Michel.

Después fue trasladada a la penitenciaría de El Guatao. Allí la visitaba Freddie y al cabo de unos meses Melkis sospechó que estaba embarazada nuevamente. Sería su sexto hijo.

“Cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada, pedimos que la mandaran al médico para revisarla, pero solamente la miraron por arribita y le dijeron que tenía un fibroma”

cuenta Freddie.

El médico le recetó unos medicamentos, pero esos más bien estaban contraindicados para mujeres gestantes. “Al cabo de un tiempo se fue en sangre y fue cuando perdió la barriga”, relata. La atención médica deficiente, la retardación de seguimiento y la falta de exámenes tuvieron resultados dañinos para la activista. 

Activismo

Melkis Faure Hechavarría, de 42 años, empezó su rol de activismo en 2013 como parte de las Damas de Blanco. Siendo una ama de casa, madre de cinco, tuvo durante mucho tiempo dificultades de vivienda y pobreza. Aunque pidió a las autoridades en reiteradas ocasiones que le garantizaran un albergue, nunca lo recibió. Después se unió a la UNPACU y empezó a protestar por otras leyes injustas del Gobierno cubano.

“Ella mantiene su posición como opositora, nunca cambia sus ideales”,

describe su esposo Freddie, de 36 años.

Después de su detención, a Melkis la acusaron de los delitos de desorden público, desacato y resistencia. “Se manifiesta de forma pública contra la revolución, por ello se reúne con personas antisociales y contrarrevolucionarias”, señaló la Fiscalía dentro de la acusación legal. Para las autoridades cubanas, el derecho a la protesta que ejercía Melkis, quien cargaba carteles como “Abajo Raúl Castro y los aduaneros ladrones”, es un delito que se paga con cárcel.

Un año después de su detención, Melkis fue declarada culpable por un juez afín al gobierno y condenada a 3 años de privación de libertad por desórdenes publicos y desacato. Meses despues, fue enjuiciada a 4 años de prision por otro incidente antes de su detención, esta vez por actividades economicas ilicitas, atentado y desacato, y finalmente tuvo ambas sentencias liquidadas, dictando una sanción conjunta por 5 años y cuatro meses, comenzando desde el 23 de octubre de 2017. En ninguno de los juicios tuvo derecho a una defensa imparcial ni a un juicio justo.

En prisión

“Esto es incontable, el sufrimiento que se pasa aquí adentro”, se oye decir a Melkis en un audio grabado en 2017 y publicado por la UNPACU. Pero hasta la fecha, las condiciones no han cambiado. “En el Guatao pasó hambre, necesidades y torturas por parte de los oficiales”, cuenta su esposo Freddie.

A finales del año pasado, Melkis fue trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba Cuatro en la provincia de Artemisa. Allí las condiciones son mejores que en la prisión, pero no escapa del maltrato y la mala alimentación. Para que las reclusas no reclamen sus derechos, los oficiales las amenazan con quitarles el beneficio de visita al hogar o con enviarlas de nuevo a El Guatao.

Familia

Dos hijos de Melkis son mayores de edad y viven con su abuela materna. Pero los tres menores de 10, 12 y 15 años, son los más afectados por su condición penitenciaria. Actualmente viven bajo el cuidado del esposo de Melkis, Freddie Michel.

“Para mí hacerme cargo de los tres niños ha sido increíble, lo he hecho con amor porque los amo, yo decidí dar mi vida por ellos porque realmente ellos no tienen a más nadie”

relata Freddie, quien debe buscar diferentes fuentes de ingresos para mantener a los niños.

Recientemente, en el contexto de la pandemia del Covid-19, la situación económica para el esposo de Melkis ha empeorado debido a las restricciones de movilidad y los cierres de espacios de trabajo.

La condena de Melkis se acabaría en 2023, dentro de tres años que parecen interminables para sus hijos y esposo. “Nos hace falta que ella esté aquí en la casa para estar todos juntos en familia, para seguir luchando por un futuro mejor y por la libertad”, concluye Freddie.  

Visite la página web de la campaña aquí

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that «in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.

[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

Los Estados de América deben garantizar la salud y vida de personas migrantes y refugiadas frente a emergencia por el COVID-19

The Americas, March 30th, 2020.- Over the past few weeks, we have seen how the measures implemented by governments calling for quarantines, shut downs, deportations, border closures and militarization to address the emergency caused by the spread of COVID-19 are disproportionately affecting migrants and petitioners for international protections.

Multiple concerning situations as well as human rights violations of the migrant and refugee population have been denounced, among them, the situation of Venezuelan migrants stranded after both Colombia and Brazil closed their borders; the detention of at least 80Haitian nationals in Guatemala; the closing of the border between Mexico and the United States to asylum seekers, as well as the rise in deportations of Mexican and Central American people; the lack of sanitary and adequate conditions and the high risk of infection in migration stations, detention centers, and quarantine centers for people who were deported; and the violent repression on behalf of Mexico’s National Guard; the overflow of shelters, among others.

Given these facts, it is likely that migrants and refugees will continue to be affected in the following weeks and months. We, the undersigned organizations, urge the governments of our region to implement the necessary measures to guarantee the rights to life, health, physical, mental, and moral integrity of this population, in equal conditions and without any form of discrimination, including discrimination based on their migratory status or nationality.

As the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet has stated: “Under international human rights law, States have an obligation to take steps to prevent foreseeable threats to public health and have a duty to ensure that all who need vital medical care can receive it”. This includes access to prevention measures dictated by the World Health Organization, including access to COVID-19 testing, health services, and the necessary medical attention to treat the disease, to all people including migrants and refugees.

Additionally, States must halt deportations, and guarantee the access of all people to seek and be granted asylum. As the High Commissioner for Refugees (UNHCR) has previously indicated, States have an obligation to guarantee that all people are able to seek and be granted asylum, as well as respecting the principle of non-refoulment. This means that States must abstain from returning individuals to territories where their lives or liberties are at risk, including through the use of rejection or non-admission at the border. The measures implemented in response to COVID-19 cannot prevent those seeking international protection from asking for it. Even in extenuating circumstances like the one we currently face, implementing measures that prevent the admission of refugees or asylum seekers, without protecting them against refoulment, is a violation of their human rights and against international obligations of States.

In that sense, the measures implemented as a response to this crisis cannot be discriminatory, or result in undesirable outcomes that would negatively impact the enjoyment of human rights. On the contrary, these measures must be proportional, strictly necessary, and developed and implemented with a human rights and gender perspective. They must also ensure the participation of civil society organizations. Moreover, these measures cannot justify the systematic detention of migrants, asylum-seekers or refugees.

On this front, we urge States to abstain from detaining migrants and refugees, free people currently in detention, and guarantee their access to housing, food, and medical services in public shelters, ensuring the necessary sanitary conditions and qualified medical staff to avoid contagion. Furthermore, group-specific attention must be provided to those who are most vulnerable to the virus, including the elderly, people with disabilities, women, LGBTIQ+ people and children. These same measures must be implemented in the country of origin of those who would have been deported, while the quarantine is in effect.

Additionally, the current restrictions to mobility and/or constitutional guarantees defined by multiple governments will impact in a particular manner the ability of migrants to access work. In this regard, States in the region must guarantee their access to livelihood, just like they would to the rest of the population.

On the militarization of borders and reports of repression, we remind governments that military forces must abstain from taking on duties related to ensuring civilian safety, health, or serving as migration officials. Using the military in such duties exposes the population to higher risks and to new human rights violations.

Similarly, States must guarantee the access to relevant, timely and clear information that is based off of scientific evidence regarding the pandemic. States must abstain from using discriminatory speeches or measures, which are stigmatizing or xenophobic, and from blocking or criminalizing the work of all who defend the rights of migrants and refugees. Likewise, governments must adopt positive measures to fight discriminatory discourse or actions of third parties regarding the crisis.

Finally, we, the undersigned organizations, emphasize that none of the measures implemented to respond to the COVID-19 emergency can justify human rights violations. We hope that States respond to the health emergency in accordance with their international obligations and we will remain vigilant in monitoring and denouncing the human rights situation of people in situations of human mobility and others in situations of risk.

In a region that has been vastly impacted by inequality, poverty, corruption, and extractivism, we hope that States take this opportunity to build up protection mechanisms, strengthen their social safety nets, and ensure the full access to water and health for every person, and the recognition and the guarantee to the human rights of the entire population without any form of discrimination.

Undersigned organizations:

International:

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) Refugees International

Women’s Link Worldwide

Regional:

Alianza Americas

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) Misión Scalabriniana Ecuador

Organización Negra Centroamericana

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC) Red de Coaliciones Sur (RCS)

Synergia – Iniciativas por los Derechos Humanos

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF

Brazil:

Conectas Direitos Humanos Missão Paz

Chile:

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales Clinica Juridica Universidad Alberto Hurtado

Servicio Jesuita a Migrantes Chile

Colombia:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Corporación Caribe Afirmativo

Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado – Corporación Opción Legal – Colombia

Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Costa Rica:

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)

El Salvador:

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

United States of America:

Comunidades Organizando El Poder y la Acción Latina (COPAL) Cooperación Migrante

CRECEN

Houston’s America For All

Latin America Working Group (LAWG) Lila LGBTQ Iniciative Inc

Women’s Refugee Commission (WRC) Women Working Together USA

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) The Chelsea Collaborative

Guatemala:

Asociación Pop N’oj

Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz (IRIPAZ)

Instituto de investigación y proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

Mexico:

Asylum Access México (AAMX) A.C. Colectivo de Mujeres Transnacionales Club Mujeres con Decisión

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. DHIA Sin Fronteras IAP

Nicaragua:

Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua (SJM-Nicaragua)

Panama:

Fe y Alegría

Paraguay:

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA)

Dominican Republic:

Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)

Venezuela:

CIVILIS Derechos Humanos Prepara Familia

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Venezuela)

Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Acción Solidaria

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

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