Historia de Aymara Nieto, prisionera política del Estado Cubano

Historia de Aymara Nieto, prisionera política del Estado Cubano

En los actos escolares las niñas bailan y preparan pequeñas obras de teatro, ansiosas por exhibir sus talentos al público. Pero las hijas menores de Aymara Nieto, de 7 y 12 años, no se sienten del todo contentas cuando se organizan estas actividades. Su madre no puede llegar a verlas bailar o actuar, porque desde 2018 que fue apresada por ejercer su derecho a la protesta y exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

“Ellas quieren tener a su madre al lado el día que tienen actividad en la escuela, y ahora están privadas de eso, ellas son bastante fuertes para estar pasando lo que están pasando”, cuenta la madre de Aymara, Griselda Muñoz.

Cada mes, las niñas iban a visitar a su madre a la prisión de El Guatao, en la capital, y allí le contaban lo que no había podido ver personalmente, la abrazaban, y se llevaban las cartas que les escribía Aymara para que la recordaran en casa. Pero a mediados de marzo, Aymara fue trasladada a la prisión provincial de mujeres “El manatí”, en la Provincia de Las Tunas, casi a 700 kilómetros de distancia de La Habana, donde viven sus hijas. El cambio no fue explicado por las autoridades y la distancia hará sumamente complicado que ahora la madre de Aymara y sus hijas puedan visitarla frecuentemente.

Detención

Aymara, actualmente de 43 años, es miembro de las Damas de Blanco, un grupo de activistas, en su mayoría familiares o esposas de presos políticos del Gobierno de Cuba, que protestan para que los prisioneros de conciencia sean liberados. Aunque había pertenecido a otros grupos de la sociedad civil, se había unido a ese grupo de mujeres desde que su esposo, Ismael Bori Reñí, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), un grupo opositor cubano, fuera detenido en abril de 2018.

En mayo de 2018, Aymara se disponía a salir de su casa en horas del mediodía, para dirigirse a protestar como parte de la campaña “Todos Marchamos”, dirigida a presionar a las autoridades por la liberación de los prisioneros políticos. Pero ese domingo 6 de mayo no fue como lo había planeado.

“La detuvieron saliendo de la casa, le mandaron unas policías mujeres y desde que ella salió de la casa la cogieron por el pelo y sin preguntar nada, empezaron a darle golpes. Después la llevaron para la prisión de Santiago de Las Vegas, allí la tuvieron varios días como para que se le curaran los moretones”, cuenta Griselda.

Tras quince días de haber sido detenida, le permitieron a Aymara ver a sus familiares. “Mami, eso fue una patraña de ellos, lo hicieron para callarme”, le dijo la activista a su madre.

Casi un año después, en marzo de 2019, Aymara fue condenada a 4 años de prisión bajo los cargos de atentado y daños. En el juicio, la Fiscalía indicó que la Dama de Blanco “protagonizaba una manifestación contraria al proceso revolucionario”, y que mientras estaba siendo arrestada “rompió la camisa de uniforme de una oficial de la Policía, le lanzó varios manotazos y le ocasionó rasguños en el cuello”.

Durante el juicio no le permitieron tener un abogado de confianza, no se respetaron los plazos procesales, no se permitió que el proceso fuera público y la jueza se mantuvo parcializada.

Dentro de El Guatao

La vida dentro de prisión en Cuba es compleja, y aún más para una presa política. A Aymara no le han garantizado su derecho a la salud, a la alimentación o al trato digno: si se enferma, no hay medicamentos para tratarla, la comida a veces es servida en mal estado, y es maltratada por las agentes.

Las visitas que su familia le hacía en la prisión de El Guateo eran monitoreadas por agentes penitenciarias, y si denunciaba un abuso para alguna de sus compañeras, es sancionada en celdas de castigo. Las Damas de Blanco reportaron que tras el cambio de prisión de Aymara, la activista se encontraba en una celda de castigo, aunque se desconocen más detalles.

“Mi hija donde está no tiene condiciones, le violan los derechos, le están pasando los años por arriba. Yo sufro porque es mi única hija”, dice Griselda Muñoz, la madre de la activista.

El esposo de Aymara, Ismael, continúa en prisión, y desde hace 4 meses que les niegan la visita conyugal, el único espacio que tienen ambos para encontrarse. Se espera que a finales de marzo sea liberado.

En 2016, ambos ya habían sido detenidos por repartir material informativo, acusados de desorden público y condenados a un año de cárcel. Fueron liberados en julio de 2017. No obstante, Ismael fue detenido y liberado intermitentemente hasta noviembre de 2018, cuando fue acusado por tres delitos de desacato. En agosto de 2019 fue sentenciado a dos años de cárcel.

Cambio de vida

A Griselda, de 63 años, le ha tocado mudarse a la casa de Aymara y asumir la crianza de sus dos nietas. También se ha convertido en el único sustento económico de su hija y su yerno. Su nieta mayor, la primogénita de Aymara, tiene 24 años y vive de forma independiente.

“Es una tarea bastante dura. Ahora a esta edad yo ya no tengo fuerzas, pero estoy trabajando para que mis nietas no dejen de comer”, cuenta Griselda, quien ha buscado trabajo como ayudante de cocina y recepcionista. Los domingos, asiste a una iglesia con sus nietas en busca de fuerzas para seguir adelante mientras su hija sea liberada. Ese es su mayor anhelo.

“Ella (Aymara) siempre ha sido aguerrida y por eso le tienen tanta saña, que la meten presa y le hacen lo que le hacen, porque saben que ella es leal a sus principios, a las Damas (de Blanco)”, asegura.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de América Latina y el Caribe a tener en cuenta a las personas LGBTI en tiempos de crisis por COVID – 19

In the face of the of the recent crisis, caused by the COVID-19 pandemic, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) reminds States of the importance of safeguarding the health of the entire population regardless of sexual orientation or gender identity; Public policies that encompass the crisis must be thought of from intersectional approaches that address gender and human rights perspectives.

Race and Equality warns about the differential impact on rights that crises like these can have on historically marginalized and socially vulnerable populations such as LGBTI people. “The social reality of LGBTI people in Latin America and the Caribbean is characterized by precarious access to health services, education, work and comprehensive well-being, realities that must be considered by the States when designing virus containment strategies,” says Zuleika Rivera, LGBTI Program Officer at Race and Equality.

«The state of alert starts precisely because, although these measures affect the entire social group, those who have always lived in a state of vulnerability, tend to be mostly affected. For example, trans women sex workers are very affected by the strategies that are being used so far, especially because in order to eat and pay rent in the place where they live, they must work, which not only puts them at risk, but a whole social group in imminent risk, ” she continues.

The situation in Latin America

LGBTI civil society organizations in Latin America and the Caribbean expressed to us their concern about the containment strategies used by States without taking into account differential and rights-based approaches.

In Peru, for example, they have expressed concern about the impacts of the measures taken so far by the State to prevent the spread of the virus.  These strategies impact LGBT people who mostly live from informal work, as is the case of the trans population. In addition, the self-financing of trans and LGBTI foster homes is in danger.  “If the LGBTI population has to continue working or needs treatment for HIV / AIDS, how are they going to mobilize? Or if someone gets sick who guarantees that they will not be discriminated against because of their sexual orientation or gender identity? ” added Santiago Balvín, an independent trans rights activist.

On the other hand, Peruvian LGBTI organizations have shown concern about the actions of Congress and what that may mean for LGBTI rights in the country, since it is a time when the rights of said population could be limited.

In the Dominican Republic, the trans organization TRANSSA has expressed uncertainty because the State has not declared a national emergency, which puts the lives of many people in the country at risk, including LGBTI people. Likewise, they pointed out that the LGBTI population with informal or independent work will be the most affected if a curfew or a national quarantine is decreed, then highlighting the state of collective panic over the disinformation in the networks about COVID-19. They also have shown concern about access to health for the population with HIV / AIDS.

In Brazil, many of the same worries were expressed by civil society organizations who explain that the State has not taken any serious action to prevent the spread of the virus and has not recommended or imposed any type of quarantine.

Given racial inequality within the country, the Afro-descendant population can suffer more serious impacts in relation to COVID-19, since they live in situations of great precariousness and are the most dependent on the health system. Many of these populations live in favelas, removed from their homes, without access to water or health, or are sex workers. Some communities have been without clean water or basic sanitation for weeks. “Mental health is another serious concern as many struggle with anxiety or depression or have a higher tendency to develop anxiety or depression, and given all the information on social media, it could lead to an increase in episodes of mental health, not to mention the detrimental effects of isolation and confinement ”pointed out, among other things, Bruna Benavides, secretary of the political coordination of the National Association of Transvestites and Transsexuals, ANTRA.

Some local organizations, such as ANTRA, have published recommendations for trans people who work in the informal labor market at the following link: https://antrabrasil.org/cartilhas/

In the case of Colombia, the exponential growth of the confirmed cases of people carrying COVID-19 is worrisome.[1] Although the National Government has enacted measures related to the closure of maritime and ground borders, and has promoted measures for education and work from homes to promote isolation, the lack of social and economic measures that take into account the conditions =of the most marginalized and vulnerable population is still troublesome.

In Cuba, uncertainty regarding the actions that the government may take continues.  To date, no state of emergency or quarantine has been declared. Citizens are concerned that the government is not taking drastic measures to prevent the spread of COVID-19, and that there is no focus on self-responsibility and self-care about preventive measures that citizens can take.

Recommendations to States

Race and Equality and our counterparts call on the States of the region, and in accordance with the curfew measures that have been declared in some areas of the region, request the surveillance and protection of the human rights of those who could be most affected by these events that could affect their lives and personal integrity.

Likewise, we urge states to include LGBTI populations in their national plans to combat COVID-19 taking into account the differential impact of the crisis and to continue informing the population about the progression of the virus, as well as the services available for this population’s particular needs.

We call on States to protect the economic income of the poorest households[2] and those unable to telework; measures that allow the flexibility of payments of bank and financial obligations; policies that guarantee adequate treatment and protection for people over 60 years of age, especially those belonging to the LGBTI[3] sectors, and measures that ensure access to sanitary conditions to prevent the spread of the virus, such as access to public toilets, especially for migrants, sex workers, the homeless, and imprisoned people[4].

Additionally, we call on States not to use the health crisis to implement legislation that limits or presents setbacks in the area of ​​human and LGBTI rights.

We call on the LGBTI population to follow the recommendations of the Ministry of Health and the WHO, remain calm, and apply preventive measures.

[1] As of March 19, 2020, at 12:00 noon, 93 cases of people carrying COVID-19 have been registered, according to figures from the Ministry of Health.

[2] LGBT people often face poverty, social exclusion, and lack of access to housing. LGBT people are often expelled from their families and schools, and in some cases they cannot even get jobs that pay the minimum wage. This situation could push them towards the informal economy or criminal activity.

[3] The lack of family support and social rejection accentuate the conditions of loneliness, isolation, poverty, and lack of access to housing and health services for LGBTI elders.

[4] «Inmates of La Picota protest against measures against the coronavirus (Covid-19)» https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/internos-de-la-picota-protestan-por-medidas-contra-el-coronavirus-covid19/20200318/nota/4023683.aspx

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.

[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

Raza e Igualdad impulsa campaña por los derechos de las prisioneras políticas en Cuba

Washington, D.C. 6 de marzo de 2020. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), emprende la campaña #CubanasLibresYA, espacio que busca visibilizar la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de aquellas que debido a su activismo político por la defensa de los derechos humanos en la isla cumplen arbitrarias e injustas condenas en las prisiones del Estado Cubano.  

La campaña que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, busca relatar la historia de 10 mujeres que son prisioneras políticas del Estado Cubano y actualmente cumplen sentencia en diferentes centros penitencerias de Cuba, que han sido víctimas de detención domiciliaria o fueron presas políticas del gobierno a causa de su activismo.

Las historias serán recogidas en el microsite CubanasLibresYA

“Si bien la represión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros activistas políticos es común en Cuba, su impacto particular en las mujeres no se discute con frecuencia, aun cuando las cifras de detenciones arbitrarias igualan, o en algunos casos, superan la cifra de detenciones en los varones” señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal para Raza e Igualdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YAVpSnWMnFk

Así mismo, Fetterhoff explica que existen violencias diferenciadas en las mujeres activistas que se encuentran en estado de detención, pues existe una brecha significativa en temas de paridad de género, igualdad, reconocimiento e inclusión de derechos que impacta la vida del conjunto social al que pertenece una mujer defensora de derechos humanos cuando es detenida.  “La realidad de las mujeres cubanas es escalofriante, el pleno goce de los derechos económicos, sociales y políticos es muy limitado, razón por la cual cuando una mujer cabeza de familia es encarcelada no sólo tiene un impacto social evidente, sino que impacta desproporcionalmente la vida de la familia y comunidad del que esa mujer depende”, añade la representante de Raza e Igualdad.

La campaña pretende además poner en la agenda pública e internacional la falta de información que existe del estado de las mujeres prisioneras políticas y de las violaciones sistemáticas que al interior de los centros penitenciarios son perpetrados. “Sabemos por algunas conversaciones con ex prisioneras políticas y familiares de las aún en estado de detención que las condiciones son inhumanas, no cuentan con acceso a productos de higiene femenina, atención médica básica y condiciones seguras para dormir. Además, las llamadas telefónicas y las posibilidades de tener visitas de familiares son impedidas muchas veces. No existe información real de lo que sucede con estas mujeres, pues tampoco, ningún organismo internacional ha podido constatar su estado. Situaciones como las de Xiomara Cruz son las que se están presentando en las cárceles de Cuba muy probablemente”, infirió Christina Fetterhoff de Raza e Igualdad.

El lanzamiento de la campaña #CubanasLibresYA se lleva a cabo hoy, 6 de marzo, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres a través de las redes sociales de Raza e Igualdad. 

La campaña dará apertura con la historia de Martha Sánchez, una de las mujeres pertenecientes a la organización de las Damas de Blanco que hoy cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses por portar carteles mientras se dirigia a una misa dominical.

Pueden leer la historia de Martha aquí

La invitación de Raza e Igualdad es a multiplicar el mensaje para poner en evidencia la situación de represión de los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos, que son especialmente perseguidos a causa de su filiación políticas y para evidenciar aún más la situación de derechos humanos de las mujeres que siguen siendo víctimas de lógicas machistas que persisten en el país. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión censura escena de besos entre pareja del mismo sexo

El 29 de febrero el programa televisivo cubano, Pensando en 3D, proyectó el largometraje Love, Simon, o en español “Yo soy Simon”, de origen estadounidense, que relata la historia de un adolescente gay que se enamora de otro joven adolescente. La película relata como Simon se acepta a él mismo y le dice a su familia y amigos que es gay. La película contiene una escena en la que, Nick Robinson, que encarna a Simon, besa a Bram (Josh Duhamel), pero la televisión cubana censuró esa parte de la película causando la indignación en gran parte del colectivo LGBTI cubano.

Por tal motivo activistas de la isla convocaron para el domingo 1 de marzo de 2020, a una Besada pública frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), ubicado en el Vedado. El objetivo de la acción era reclamarle al ICRT la censura de la escena, que se disculpara y que mostrara la película sin censura.

El activista cubano, Yadiel Cepero, radicado en la provincia de Matanzas, lanzó una convocatoria para una besada al frente de la ICRT. Esto conllevó a un debate en las redes sociales entre personas que defendian la postura de la ICRT y otras que le hacían echo al llamado de Cepero.

Llegado el día 1 de marzo, varios activistas denunciaron intentos de silenciarlos o amenazas a que no llegaran a Vedado. A pesar de eso y aun sabiendo que la Seguridad del Estado estaría allí o en cualquier punto para impedir que activistas y defensores de derechos humanos fueran al lugar convocado, activistas LGBTI se autoconvocaron frente al ICRT.

Tal es el caso del activista Jancel Moreno, quien se encontraba en Matanzas en casa de su novio y en la mañana se dispuso para salir hacia La Habana para reportar en vivo la Besada. Moreno se encontraba en el Viaducto de Matanzas donde esperaba para trasladarse a la capital y fue cuando un auto lo interceptó. Moreno relata que “salieron los tenientes Alejandro y David, según dijeron, y me dijeron que tenía que acompañarles. Llegamos a una casa entre Matanzas y el puente de Bacunayagua y me retuvieron ahí por varias horas con el fin de que no pudiera desplazarme hacia La Habana”.

El domingo también fue sitiado en su casa por la policía cubana el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaba preparándose para ir a la besada pública: “Estoy sitiado por la policía política para impedirme ir a la besada fuera del ICRT. Nos vemos ahí”. La activista, Claudia Genlui Hidalgo, novia de Luis Manuel Otero, fue golpeada por la policía en medio del Barrio San Isidro, porque ella, quería impedir que se llevaran preso a Luis Manuel.

Ese mismo día, el ICRT, hizo pública una declaración en su página web diciendo que pedía disculpas por la mutilación de la escena del beso:

“Ante este error informamos que se realiza el correspondiente análisis (con las personas que quitaron la escena) pues la omisión no responde a posturas homofóbicas del ICRT y sus directos de la Televisión Cubana, como algunos han referido en las redes sociales”.

Ante esta declaración el ICRT decidió retrasmitir la película el próximo sábado con la escena del beso entre los dos adolescentes. Después de las disculpas, la convocatoria se cayó pero una descena de activistas LGBTI vocalizaron que la besada era más que por una censura en la televisión.

El director de la revista independiente Tremenda Nota y activista por los derechos LGBT, Maykel González Vivero, también fue amenazado en las redes sociales por el usuario Elpidio Valdés, quien le dijo a este que: Veremos si puedes salir (a la besada) de tu alquiler barato en el Vedado.

González Vivero, periodista independiente que cubrió la besada frente al ICRT, informó en su perfil de Facebook que el evento se habría cancelado tras la disculpa del ICRT. Muchas están de acuerdo con que la TV cubana debería hacer pública esa disculpa por algún espacio televisivo.

Cuentan varios activistas que pudieron llegar al Vedado, que la zona donde se ubica el ICRT estaba sitiada por miembros de la Seguridad del Estado y por la policía. Al igual había edificios que tenían banderas cubanas y carteles alegóricos a la Revolución cubana y a Fidel y Raúl Castro, pero pudieron llegar al menos una veintena de personas que hicieron acto de presencia frente a las oficinas del ICRT.

La Comunidad LGBTI cubana siente indignación por el hecho y recuerda varios acontecimientos ocurridos en dicho instituto, en programas televisivos donde se han propiciado ofensas hacia la comunidad gay y se han permitido, al igual, cometarios racistas. Hacemos un llamado al Estado cubano a que respete sus obligaciones internacionales, cese la discriminación contra la población LGBTI por parte de funcionarios públicos y trabaje para sensibilizar a la población y funcionarios sobre los derechos LGBTI.

En el marco de la conmemoración de su quinto aniversario, Raza e Igualdad realiza acto de Reconocimiento al Estado México por ratificación de convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 18 de febrero de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo, el pasado 13 de febrero, un acto de reconocimiento dirigido al Estado mexicano en reconocimiento por la reciente ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.  Dicho evento, que se enmarca en la conmemoración del quinto aniversario de trabajo de Raza e Igualdad, se realizó en el Museo de Arte de las Américas, con la especial participación de la misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El acto de reconocimiento convocó a embajadores ante la OEA y ONGs de derechos humanos; y contó con la presencia de la excelentísima Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Durante el espacio la excelentísima Embajadora Luz Elena Baños señaló la importancia que refiere para el actual gobierno mexicano trabajar de la mano de las comunidades que han sido históricamente vulneradas, razón por la cual, resulta indispensable para México hacer uso de las herramientas necesarias para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual, entre otras.  “En este contexto, reafirmo nuestro compromiso para que, desde la OEA y en particular desde los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), se asegure que todas las personas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia y discriminación” concluyó la Embajadora Baños.

Por su parte,  la Sra. Mitzy Bowen, y el Sr. Carlos Quesada de Raza e Igualdad destacaron la gran contribución que la ratificación de estas dos convenciones representa para combatir la discriminación que vive la población afrodescendiente e indígena en México.  Así mismo, aplaudieron el liderazgo asumido por el gobierno mexicano al ratificar Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación  e Intolerancia, pues dicha decisión, permite que ésta entre en vigor para que sea incluida la voz de muchos sectores que sufren de discriminación e intolerancia por razones de sexo, orientación sexual, opiniones políticas, condición de migrante, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, etc.

El Estado mexicano se encuentra trabajando por la erradicación de cualquier forma de discriminación, y la ratificación de ambas convenciones es un ejemplo de las muchas acciones que se están llevando acabo al interior del país dirigidas a favor de sus grupos étnicos y demás grupos vulnerados.

México se posesiona como el quinto país en ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y el segundo en ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad felicita una vez más al Estado mexicano, y de la mano de sus contrapartes étnicas y LGBTI, espera continuar aportando para la construcción de un México mas inclusivo y libre de discriminación.

Raza e Igualdad celebra el nombramiento de personas trans en cargos públicos en Colombia y condena actos de discriminación basados en género u orientación sexual

On December 26, 2019, the mayor-elect of Manizales, a city in the Colombian department of Caldas, announced that the well-known trans activist Matilda Gonzalez would lead the city’s Office of Women’s and Gender Affairs. Gonzalez holds a law degree from the University of the Andes and a Master of Laws in international law from American University. She has worked for the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)’s Rapporteurship on the Rights of LGBTI People, the LGBTI rights organization Colombia Diversa and the Office of Childhood and Adolescence in the Colombian Family Welfare Institute.  In addition, she has consulted for the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) and for the International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO).

In another groundbreaking appointment, the mayor-elect of Bogotá recently named Deysi Johana Olarte Navarro as the city’s Deputy Director of LGBTI Affairs. As a political scientist at the National University of Colombia, Deisy studied gender-based violence, national and international policies on transgender issues. She is also recognized for her extensive career as a grassroots activist, working with trans people in Kennedy, Ciudad Bolívar and Santa Fe, which are all among Bogotá’s most marginalized areas.

In Colombia, transgender people not only suffer daily acts of direct violence and discrimination but also face prejudices that limit their access to work, education, and health. In turn, they suffer criminalization, segregation, marginalization, and poverty. The appointments of these trans women represent breakthroughs for equity, diversity, and inclusion. As directors of important public bodies, Ms. Gonzalez and Ms. Olarte will have the power to formulate and implement public policies that seek to guarantee the rights of women and LGBTI people. Race and Equality celebrates and encourages the appointment of people with diverse gender identities to executive positions. Such appointments are an opportunity to transform society’s image of what is possible, put the human right to political participation into practice, and advance the rights of the entire LGBTI population in Colombia.

However, there is still much to do. Conservative groups in Manizales responded to Ms. Gonzalez appointment with a campaign that filed more than 2,500 petitions to the Mayor’s Office asking for her dismissal.[1] The groups claim that Matilda is not suitable for the role because she was not ‘born biologically as a woman,’ a discriminatory argument ignoring the reality that there are many different possibilities for gender identity. Women’s life experiences, including their experiences of gender, are all different, making it impossible to judge their gender based only on the sex assigned to them at birth. Several bodies, including the Colombian Constitutional Court,[2] have recognized that a person’s internal and individual experience of gender differs from biological sex and that an environment which prevents someone from expressing their gender identity violates their dignity and their right to freedom of expression.

Race and Equality rejects any form of discrimination that seeks to limit the rights of transgender people and urges national, regional, and local leaders to appoint people of diverse sexual orientations and gender identities to public office, especially to the offices responsible for promoting and guaranteeing the rights of the LGBTI population.

[1] Conservative groups request the resignation of the Women’s Secretary of Manizales: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/grupos-conservadores-piden-renuncia-de-matilda-gonzalez-en-manizales-452142

[2] See Colombian Constitutional Court decisions T-143 (2018), T-804 (2014), T-363 (2016), T-476 (2014) and T-562 (2013), among others.

México ratifica convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 22 de enero de 2020. La misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), depositó ayer ante la Secretaría General de la OEA un instrumento de adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, avanzando así en su compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia dentro del territorio mexicano.

Además, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, con lo que entrará en vigencia este instrumento en la región.

El depósito de los documentos fue hecho por la Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, Cristofer Ballinas, este martes por la mañana.

“El depósito de estos instrumentos es muestra de la amplísima apertura que tiene México al escrutinio internacional y demuestra corresponsabilidad para enfrentar los grandes retos globales que forman parte de una política exterior activa, multilateral, de nuestro país”, dijo Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un video publicado en redes sociales.

“Nuestro país con esto busca detonar un esfuerzo regional que es indispensable para que podamos garantizar un entendimiento entre todos los países que formamos parte de esta organización; para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual”, agregó Delgado.

Convención Contra el Racismo

Con la ratificación de la Convencion Interamericana Contra el Racismo, la Discriminacion Racial y Formas conexas de Intolerancia, México se convertirá en el quinto país de la región en donde entrará en vigor la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia. Desde la adopción de esta normativa en junio de 2013, la han firmado y ratificado los Estados de Costa Rica, Uruguay, Antigua y Barbuda y Ecuador.

La Convención establece que cualquier Estado que se adhiera a ella debe adoptar políticas especiales y acciones afirmativas, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para personas o grupos sujetos a situaciones de racismo, discriminación o intolerancia; adoptar legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación y la intolerancia; asegurar a las víctimas de racismo, discriminación e intolerancia un tratamiento equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico, procesos ágiles y eficaces y una justa reparación en ámbito civil y penal; entre otros.

El primer paso para adherirse a la Convención es la firma del documento, un proceso que el Estado mexicano había realizado el 13 de noviembre de 2018. Posteriormente, los países deben ratificarlas a nivel interno siguiendo sus procedimientos constitucionales. La misión mexicana cumplió esos dos pasos y avanzó en el procedimiento depositando finalmente el documento de adhesión de la Convención. El siguiente paso es la entrada en vigor de la Convención en México, que será en 30 días a partir de hoy.

Convención Contra la Discriminación

En el caso de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, México es el segundo país en ratificarla, después de Uruguay.

La Convención establece que todos los Estados partes deben prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de conformidad con sus normas constitucionales y las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, así como adoptar las políticas especiales y las acciones afirmativas necesarias para asegurar el disfrute o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos que están sujetos a discriminación o intolerancia con el propósito de promover condiciones equitativas para la igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para tales personas o grupos.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad considera que este es un paso importante para la región, donde actualmente observamos con preocupacion un aumento del racismo y la discriminacion, por lo tanto, que los Estados tomen las medidas nacionales, regionales e internaconales para proteger los derechos de los grupos vulnerados por el racismo estructurado y tod tipo de discriminacion es esencial para crear sociedades tolerantes y equitativas. Las expectativas ante ambas Convenciones son grandes, pero esperamos que la adhesion y uso de estas permita su perfeccionamiento.

Postula al curso gratuito sobre herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe

En alianza con la Red Regional de Información sobre Violencias contra Personas LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI); Raza e Igualdad participa de la construcción del curso virtual “Cuando el prejuicio mata” una herramienta virtual que busca fortalecer las capacidades jurídicas de fiscales, abogadas y abogados que litigan casos de violencia contra personas LGBTI, para poder impulsar los procesos penales, promover el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

El curso fue diseñado por FLACSO Argentina, a partir de contenidos construidos por Raza e Igualdad en cabeza de su oficial enlace para los derechos LGBTI en América Latina y el Caribe, Mauricio Noguera;  ex fiscal colombiano que direccionó el primer equipo de investigaciones de violencias contra población LGBTI en Colombia.

Esta “Herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBTI en América Latina y el Caribe” se trata de una iniciativa regional que se enfocará en el impulso de procesos penales por homicidios contra personas LGBTI e incluirá casos, estándares y estrategias que le pueda servir a cualquier persona que litigue en este contexto en América Latina y el Caribe, por lo que será útil independientemente del marco normativo de cada país.

El curso, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de enero de 2020, es gratuito y 100% virtual, se realizará en español y será certificado por FLACSO .

Una vez cerrado el periodo de inscripciones, un comité evaluador revisará los perfiles de todas las personas inscritas y seleccionarán a las/os mejores candidatas/os para la realización del curso. La decisión será comunicada a más tardar el 3 de febrero de 2020.

Es de destacar que, aunque el curso está abierto al público, se promoverá la participación de personas que trabajen en los países que hacen parte de la Red: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana. Así mismo, si bien está dirigido a abogadas/os principalmente, pueden aplicar personas y/o activistas que estén vinculadas directamente al litigio de casos de personas LGBTI.

Para postulaciones ingresar y diligenciar el siguiente formulario: lgbti.espaciovirtual.org 

Cinco años trabajando por la inclusión, igualdad y diversidad en America Latina

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se vuelve necesario hacer un repaso por nuestros comienzos, los logros que hemos alcanzado, el trabajo desarrollado y sus transformaciones, y los desafíos que aún enfrentamos como organización social en las Américas.

En noviembre de 2014 se abrió una oportunidad de crear una organización enfocada en temas de discriminación racial y discriminación por orientación sexual e identidad de género, y dos meses después, en enero de 2015, empezó a funcionar Raza e Igualdad. Somos hasta la fecha la única organización en la región que trabaja estas dos temáticas de cara al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos, especialmente con un enfoque de interseccionalidad (Afro-LGBT).

Hace cinco años, iniciamos nuestro trabajo con ocho contrapartes en Cuba, Colombia, Brasil y Perú, desde nuestra oficina en Washington D.C. Hoy en día, nuestro equipo está compuesto por 25 personas, distribuidas en las oficinas de Washington, Bogotá y Ginebra, desde donde colaboramos con más de 50 contrapartes en ocho países y tres redes regionales, con quienes tenemos relaciones contractuales o de alianzas. En la actualidad trabajamos no solamente los enfoques de discriminación, sino también violaciones de derechos humanos centradas en los derechos civiles y políticos, especialmente en Cuba y Nicaragua, y los censos poblacionales para incluir la variable étnica, como lo hemos hecho recientemente en Panamá, Perú y México.

El método de trabajo de Raza e Igualdad se basa en fortalecer la capacidad técnica de nuestras contrapartes para que sean ellas quienes puedan utilizar tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Hemos logrado que nuestras contrapartes conozcan cómo funcionan los mecanismos de protección regional e internacional de derechos humanos, y que además logren utilizarlos. Bajo este enfoque, no somos nosotros los protagonistas, sino que estamos detrás del escenario ayudando a nuestras contrapartes para que ellas lo sean.

En el Sistema Interamericano, hemos apoyado a organizaciones para asistir a audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), para visibilizar violaciones de derechos humanos y la situación de la población Afro-LGBT de manera más contundente, para esto último seguimos trabajando con la Relatoría Afrodescendiente de la CIDH. Asimismo, hemos logrado gestionar medidas cautelares de la CIDH para nuestras contrapartes en Cuba, Colombia y Nicaragua, así como medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para algunas de nuestras contrapartes en Nicaragua.

En el Sistema Universal, nuestros equipos han facilitado que activistas y aliados de toda la región participen de este mecanismo para denunciar de primera mano las violaciones que están ocurriendo en su país, a través de reuniones con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, de las evaluaciones del Examen Periódico Universal (EPU), de las revisiones ante los Comites de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la  Convencion  para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).

En Nicaragua, país que atraviesa una profunda crisis de derechos humanos desde abril de 2018, hemos logrado dar respuesta brindando acompañamiento técnico para documentar violaciones de derechos humanos, propiciando espacios de encuentro con organismos internacionales, visibilizando la situación de las y los prisioneros políticos. En Cuba, seguimos visibilizando las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren nuestras contrapartes, solo por el hecho de pensar distinto e intentar que el gobierno respete los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. En Colombia continuamos monitoreando el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz y la situación de la población Afro-LGBT, dada la situación de violencia que persiste y la cantidad de asesinatos de líderes sociales.

Otro de nuestros grandes logros durante estos cinco años de trabajo fue la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia por parte de los Gobiernos de Costa Rica y Uruguay, que permitió que la misma entrara en vigencia.

Seguimos creciendo, aunque desgraciadamente por las razones equivocadas: la situación de derechos humanos en la región es realmente preocupante. En los últimos cinco años el tema de discriminación racial se ha recrudecido en la región. Hay un discurso racista, pero además homofóbico, transfóbico y lesbofóbico que está siendo legitimado por mandatarios; esto ha hecho que los derechos que se habían logrado en los últimos 10 o 15 años, se vean amenazados. En materia de derechos civiles y políticos el retroceso quedó reflejado en lo que viene ocurriendo en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil y Chile, por mencionar solo algunos. Aunque hay muchos retos en América Latina en materia de derechos humanos, confiamos en que estamos bien posicionados para ofrecer asistencia técnica a nuestras contrapartes y poder seguir denunciando las situaciones de violaciones a los derechos humanos en la región.

Quiero agradecer a quienes han confiado en nosotros y en nuestra capacidad: Nuestras contrapartes y un especial agradecimiento a los donantes, quienes con su apoyo han permitido que podamos hacer frente de una manera eficaz y eficiente a las violaciones de los derechos humanos.

Carlos Quesada
Director Ejecutivo
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

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