Raza e Igualdad celebra el nombramiento de personas trans en cargos públicos en Colombia y condena actos de discriminación basados en género u orientación sexual

Raza e Igualdad celebra el nombramiento de personas trans en cargos públicos en Colombia y condena actos de discriminación basados en género u orientación sexual

On December 26, 2019, the mayor-elect of Manizales, a city in the Colombian department of Caldas, announced that the well-known trans activist Matilda Gonzalez would lead the city’s Office of Women’s and Gender Affairs. Gonzalez holds a law degree from the University of the Andes and a Master of Laws in international law from American University. She has worked for the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)’s Rapporteurship on the Rights of LGBTI People, the LGBTI rights organization Colombia Diversa and the Office of Childhood and Adolescence in the Colombian Family Welfare Institute.  In addition, she has consulted for the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) and for the International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO).

In another groundbreaking appointment, the mayor-elect of Bogotá recently named Deysi Johana Olarte Navarro as the city’s Deputy Director of LGBTI Affairs. As a political scientist at the National University of Colombia, Deisy studied gender-based violence, national and international policies on transgender issues. She is also recognized for her extensive career as a grassroots activist, working with trans people in Kennedy, Ciudad Bolívar and Santa Fe, which are all among Bogotá’s most marginalized areas.

In Colombia, transgender people not only suffer daily acts of direct violence and discrimination but also face prejudices that limit their access to work, education, and health. In turn, they suffer criminalization, segregation, marginalization, and poverty. The appointments of these trans women represent breakthroughs for equity, diversity, and inclusion. As directors of important public bodies, Ms. Gonzalez and Ms. Olarte will have the power to formulate and implement public policies that seek to guarantee the rights of women and LGBTI people. Race and Equality celebrates and encourages the appointment of people with diverse gender identities to executive positions. Such appointments are an opportunity to transform society’s image of what is possible, put the human right to political participation into practice, and advance the rights of the entire LGBTI population in Colombia.

However, there is still much to do. Conservative groups in Manizales responded to Ms. Gonzalez appointment with a campaign that filed more than 2,500 petitions to the Mayor’s Office asking for her dismissal.[1] The groups claim that Matilda is not suitable for the role because she was not ‘born biologically as a woman,’ a discriminatory argument ignoring the reality that there are many different possibilities for gender identity. Women’s life experiences, including their experiences of gender, are all different, making it impossible to judge their gender based only on the sex assigned to them at birth. Several bodies, including the Colombian Constitutional Court,[2] have recognized that a person’s internal and individual experience of gender differs from biological sex and that an environment which prevents someone from expressing their gender identity violates their dignity and their right to freedom of expression.

Race and Equality rejects any form of discrimination that seeks to limit the rights of transgender people and urges national, regional, and local leaders to appoint people of diverse sexual orientations and gender identities to public office, especially to the offices responsible for promoting and guaranteeing the rights of the LGBTI population.

[1] Conservative groups request the resignation of the Women’s Secretary of Manizales: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/grupos-conservadores-piden-renuncia-de-matilda-gonzalez-en-manizales-452142

[2] See Colombian Constitutional Court decisions T-143 (2018), T-804 (2014), T-363 (2016), T-476 (2014) and T-562 (2013), among others.

México ratifica convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 22 de enero de 2020. La misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), depositó ayer ante la Secretaría General de la OEA un instrumento de adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, avanzando así en su compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia dentro del territorio mexicano.

Además, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, con lo que entrará en vigencia este instrumento en la región.

El depósito de los documentos fue hecho por la Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, Cristofer Ballinas, este martes por la mañana.

“El depósito de estos instrumentos es muestra de la amplísima apertura que tiene México al escrutinio internacional y demuestra corresponsabilidad para enfrentar los grandes retos globales que forman parte de una política exterior activa, multilateral, de nuestro país”, dijo Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un video publicado en redes sociales.

“Nuestro país con esto busca detonar un esfuerzo regional que es indispensable para que podamos garantizar un entendimiento entre todos los países que formamos parte de esta organización; para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual”, agregó Delgado.

Convención Contra el Racismo

Con la ratificación de la Convencion Interamericana Contra el Racismo, la Discriminacion Racial y Formas conexas de Intolerancia, México se convertirá en el quinto país de la región en donde entrará en vigor la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia. Desde la adopción de esta normativa en junio de 2013, la han firmado y ratificado los Estados de Costa Rica, Uruguay, Antigua y Barbuda y Ecuador.

La Convención establece que cualquier Estado que se adhiera a ella debe adoptar políticas especiales y acciones afirmativas, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para personas o grupos sujetos a situaciones de racismo, discriminación o intolerancia; adoptar legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación y la intolerancia; asegurar a las víctimas de racismo, discriminación e intolerancia un tratamiento equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico, procesos ágiles y eficaces y una justa reparación en ámbito civil y penal; entre otros.

El primer paso para adherirse a la Convención es la firma del documento, un proceso que el Estado mexicano había realizado el 13 de noviembre de 2018. Posteriormente, los países deben ratificarlas a nivel interno siguiendo sus procedimientos constitucionales. La misión mexicana cumplió esos dos pasos y avanzó en el procedimiento depositando finalmente el documento de adhesión de la Convención. El siguiente paso es la entrada en vigor de la Convención en México, que será en 30 días a partir de hoy.

Convención Contra la Discriminación

En el caso de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, México es el segundo país en ratificarla, después de Uruguay.

La Convención establece que todos los Estados partes deben prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de conformidad con sus normas constitucionales y las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, así como adoptar las políticas especiales y las acciones afirmativas necesarias para asegurar el disfrute o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos que están sujetos a discriminación o intolerancia con el propósito de promover condiciones equitativas para la igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para tales personas o grupos.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad considera que este es un paso importante para la región, donde actualmente observamos con preocupacion un aumento del racismo y la discriminacion, por lo tanto, que los Estados tomen las medidas nacionales, regionales e internaconales para proteger los derechos de los grupos vulnerados por el racismo estructurado y tod tipo de discriminacion es esencial para crear sociedades tolerantes y equitativas. Las expectativas ante ambas Convenciones son grandes, pero esperamos que la adhesion y uso de estas permita su perfeccionamiento.

Postula al curso gratuito sobre herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe

En alianza con la Red Regional de Información sobre Violencias contra Personas LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI); Raza e Igualdad participa de la construcción del curso virtual “Cuando el prejuicio mata” una herramienta virtual que busca fortalecer las capacidades jurídicas de fiscales, abogadas y abogados que litigan casos de violencia contra personas LGBTI, para poder impulsar los procesos penales, promover el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

El curso fue diseñado por FLACSO Argentina, a partir de contenidos construidos por Raza e Igualdad en cabeza de su oficial enlace para los derechos LGBTI en América Latina y el Caribe, Mauricio Noguera;  ex fiscal colombiano que direccionó el primer equipo de investigaciones de violencias contra población LGBTI en Colombia.

Esta “Herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBTI en América Latina y el Caribe” se trata de una iniciativa regional que se enfocará en el impulso de procesos penales por homicidios contra personas LGBTI e incluirá casos, estándares y estrategias que le pueda servir a cualquier persona que litigue en este contexto en América Latina y el Caribe, por lo que será útil independientemente del marco normativo de cada país.

El curso, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de enero de 2020, es gratuito y 100% virtual, se realizará en español y será certificado por FLACSO .

Una vez cerrado el periodo de inscripciones, un comité evaluador revisará los perfiles de todas las personas inscritas y seleccionarán a las/os mejores candidatas/os para la realización del curso. La decisión será comunicada a más tardar el 3 de febrero de 2020.

Es de destacar que, aunque el curso está abierto al público, se promoverá la participación de personas que trabajen en los países que hacen parte de la Red: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana. Así mismo, si bien está dirigido a abogadas/os principalmente, pueden aplicar personas y/o activistas que estén vinculadas directamente al litigio de casos de personas LGBTI.

Para postulaciones ingresar y diligenciar el siguiente formulario: lgbti.espaciovirtual.org 

Cinco años trabajando por la inclusión, igualdad y diversidad en America Latina

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se vuelve necesario hacer un repaso por nuestros comienzos, los logros que hemos alcanzado, el trabajo desarrollado y sus transformaciones, y los desafíos que aún enfrentamos como organización social en las Américas.

En noviembre de 2014 se abrió una oportunidad de crear una organización enfocada en temas de discriminación racial y discriminación por orientación sexual e identidad de género, y dos meses después, en enero de 2015, empezó a funcionar Raza e Igualdad. Somos hasta la fecha la única organización en la región que trabaja estas dos temáticas de cara al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos, especialmente con un enfoque de interseccionalidad (Afro-LGBT).

Hace cinco años, iniciamos nuestro trabajo con ocho contrapartes en Cuba, Colombia, Brasil y Perú, desde nuestra oficina en Washington D.C. Hoy en día, nuestro equipo está compuesto por 25 personas, distribuidas en las oficinas de Washington, Bogotá y Ginebra, desde donde colaboramos con más de 50 contrapartes en ocho países y tres redes regionales, con quienes tenemos relaciones contractuales o de alianzas. En la actualidad trabajamos no solamente los enfoques de discriminación, sino también violaciones de derechos humanos centradas en los derechos civiles y políticos, especialmente en Cuba y Nicaragua, y los censos poblacionales para incluir la variable étnica, como lo hemos hecho recientemente en Panamá, Perú y México.

El método de trabajo de Raza e Igualdad se basa en fortalecer la capacidad técnica de nuestras contrapartes para que sean ellas quienes puedan utilizar tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Hemos logrado que nuestras contrapartes conozcan cómo funcionan los mecanismos de protección regional e internacional de derechos humanos, y que además logren utilizarlos. Bajo este enfoque, no somos nosotros los protagonistas, sino que estamos detrás del escenario ayudando a nuestras contrapartes para que ellas lo sean.

En el Sistema Interamericano, hemos apoyado a organizaciones para asistir a audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), para visibilizar violaciones de derechos humanos y la situación de la población Afro-LGBT de manera más contundente, para esto último seguimos trabajando con la Relatoría Afrodescendiente de la CIDH. Asimismo, hemos logrado gestionar medidas cautelares de la CIDH para nuestras contrapartes en Cuba, Colombia y Nicaragua, así como medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para algunas de nuestras contrapartes en Nicaragua.

En el Sistema Universal, nuestros equipos han facilitado que activistas y aliados de toda la región participen de este mecanismo para denunciar de primera mano las violaciones que están ocurriendo en su país, a través de reuniones con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, de las evaluaciones del Examen Periódico Universal (EPU), de las revisiones ante los Comites de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la  Convencion  para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).

En Nicaragua, país que atraviesa una profunda crisis de derechos humanos desde abril de 2018, hemos logrado dar respuesta brindando acompañamiento técnico para documentar violaciones de derechos humanos, propiciando espacios de encuentro con organismos internacionales, visibilizando la situación de las y los prisioneros políticos. En Cuba, seguimos visibilizando las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren nuestras contrapartes, solo por el hecho de pensar distinto e intentar que el gobierno respete los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. En Colombia continuamos monitoreando el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz y la situación de la población Afro-LGBT, dada la situación de violencia que persiste y la cantidad de asesinatos de líderes sociales.

Otro de nuestros grandes logros durante estos cinco años de trabajo fue la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia por parte de los Gobiernos de Costa Rica y Uruguay, que permitió que la misma entrara en vigencia.

Seguimos creciendo, aunque desgraciadamente por las razones equivocadas: la situación de derechos humanos en la región es realmente preocupante. En los últimos cinco años el tema de discriminación racial se ha recrudecido en la región. Hay un discurso racista, pero además homofóbico, transfóbico y lesbofóbico que está siendo legitimado por mandatarios; esto ha hecho que los derechos que se habían logrado en los últimos 10 o 15 años, se vean amenazados. En materia de derechos civiles y políticos el retroceso quedó reflejado en lo que viene ocurriendo en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil y Chile, por mencionar solo algunos. Aunque hay muchos retos en América Latina en materia de derechos humanos, confiamos en que estamos bien posicionados para ofrecer asistencia técnica a nuestras contrapartes y poder seguir denunciando las situaciones de violaciones a los derechos humanos en la región.

Quiero agradecer a quienes han confiado en nosotros y en nuestra capacidad: Nuestras contrapartes y un especial agradecimiento a los donantes, quienes con su apoyo han permitido que podamos hacer frente de una manera eficaz y eficiente a las violaciones de los derechos humanos.

Carlos Quesada
Director Ejecutivo
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Raza e Igualdad coordina visita académica del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal

El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas (ONU), señor Víctor Madrigal, realizará una vista académica a Brasil que será coordinada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del 20 al 25 de enero, para dar a conocer el alcance de su mandato a organizaciones de la sociedad civil Afro LGBTI.

En el marco de esta visita, el Experto Independiente acompañará dos conversatorios que Raza e Igualdad de la mano de organizaciones de la sociedad civil afrobrasilera LGBTI, llevarán a cabo sobre la situación de derechos de dicha población a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

Dichos eventos públicos tendrán lugar en Salvador de Bahía el próximo 22 de enero; y el 24 de enero en Rio de Janeiro.   Los dos espacios de diálogo contarán con la participación de representantes de líderes y lideresas Afro LGBTI y del Experto Independiente, quien hablará sobre los métodos de trabajo que actualmente tiene el mandato y la manera como estos dialogan con el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la sociedad civil.

Les invitamos seguir los eventos a través de nuestra cuenta en Facebook:  https://www.facebook.com/raceandequality/

22 de enero
Conversatorio: «Resistencia LGBTI Negra – Perspectivas interseccionales para la lucha por los derechos humanos»

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24 de enero
Conversatorio: Visibilidad en tiempos de odio: desafíos para la  inclusión de las personas transgénero en la agenda multilateral de derechos humanos

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91 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, asedio continúa

Washington D.C., 9 de enero de 2020. El Gobierno de Nicaragua excarceló el pasado 30 de diciembre a 91 presos y presas políticas que se encontraban detenidos en diversos centros penitenciarios del país desde hacía dos y hasta dieciocho meses, entre ellos dieciséis activistas que fueron apresados por repartir agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre.   

Las excarcelaciones se dan en un contexto de amplia presión nacional e internacional por la liberación de los presos políticos. Las autoridades reconocieron el acompañamiento en el proceso del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag.

El pasado 30 de diciembre, los presos políticos fueron trasladados a sus viviendas bajo el régimen de convivencia familiar, según informó el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Esto significa que aún tienen abiertos los procesos judiciales, y que tienen ciertas restricciones de movilización.

La banda de las y los aguadores, como es conocida la agrupación de 16 activistas excarcelados, denunciaron este miércoles que todo su proceso judicial se dio “de forma totalmente irregular, y condicionado con una serie de restricciones, que nos dejan muy en claro que seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados”. Su juicio está programado para el 30 de enero.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre los 91 excarcelados, se encuentran 41 que ya habían sido condenados, 39 que están siendo procesados, y 4 que estaban detenidos pero sin tener un proceso judicial abierto.

Represión continúa

Varios excarcelados además han reportado que desde su salida de prisión han sido víctimas de amenazas, asedio y hostigamientos por parte de grupos afines al Gobierno y la misma Policía Nacional.

La joven belga-nicaragüense Amaya Coppens, ha sido blanco de diversas agresiones. El 1 y 2 de enero, un grupo de hombres a bordo de motocicletas, lanzaron aceite negro en las paredes de su casa y piedras a los ventanales de la vivienda ubicada en la ciudad de Estelí. El lugar, además, es continuamente vigilado por patrullas policiales.

“Las agresiones, el asedio, continúan en el día a día, es difícil saber que mi familia sigue siendo víctima también, pero intentamos mantenernos protegidos hasta donde podemos”, dijo Coppens este miércoles, tras una conferencia de prensa.  

El CENIDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluar la permanencia del riesgo de que se produzca un daño irreparable en los derechos a la vida y la integridad física de la familia Coppens Zamora, y que urja al Estado de Nicaragua a cesar las “agresiones y hostigamientos de sus grupos parapoliciales y funcionarios en contra de todos los miembros” de dicha familia.

Amaya, al igual que los otros 15 jóvenes detenidos por llevar agua a madres de presos políticos, recibieron a finales de diciembre medidas cautelares de la CIDH por considerar que su vida e integridad física se encontraban en riesgo dentro de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.

Otros excarcelados, entre ellos Roberto Buchting, también han reportado constantes hostigamientos, los que incluyen vigilancia continua de sus viviendas por parte de paramilitares, amenazas a través de redes sociales e incluso invasión de la propiedad con intenciones intimidatorias.

Todavía en prisión

Según el CENIDH, después de un amplio cotejo de las listas de personas excarceladas, se confirmó que aún falta por liberar a 65 prisioneros políticos. 

“Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca, a pesar (de) que el 30 de diciembre fuimos excarceladas 91 personas, aún quedan más de 65 presas y presos políticos, incluidas Katherine Martínez y Mayela Cruz, activista trans”, aseguraron los 16 activistas.

Raza e Igualdad exige la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, y el cierre de los procesos judiciales, así como la cancelación de sus antecedentes penales. Llamamos a las autoridades a cesar la represión, hostigamiento y persecución en contra de quienes estuvieron apresados arbitrariamente. Es primordial que su retorno a casa esté libre de cualquier amenaza o asedio contra ellos o sus familiares.

CERD recomienda a Colombia recopilar información fiable sobre población afrodescendiente

The UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) issued a recommendation to the Colombian State to adopt an appropriate methodology that ensures “accurate and trustworthy” data statistics are collected on the Afro-Colombian, Black, Palenquera & Raizal population, for its next population census.

The recommendation was presented alongside more than 40 other recommendations published in a follow-up document to the CERD country review, held on November 27 and 28 in Geneva, during its 100th period of sessions.  During the review, the Committee carried out an extensive review of the level of compliance of commitments carried by the State since its last review in 2015 that seek the eradication of any form of racial discrimination and racism in the country.

With respect to the 2018 Population Census, the Committee expressed concern that the data published on the Black, Afro-Colombian, Palenquera and Raizal Communities “doesn’t accurately reflect” the reality – given that the final results present nearly a 31% decrease in the specified population with respects to the figures of the 2005 Census. The CERD Committee stressed that the State must “ensure that the criteria for self-identification be applied and collected appropriately.”

This issue was precisely shared to the Commitee by Colombian civil society organizations during the review in November, calling it a “statistical genocide” against Afro-descendant populations. Civil society also stressed that the numbers published in 2018 further deepen the levels of social invisibility for these communities, and seriously limit the possibility to create public policies that can transform their condition of structural exclusion.

Reparations to Victims and the Ethnic Chapter

Another recommendation from the CERD Committee to the State was to conduct “extensive and effective investigations to process and sanction those responsible for violations of human rights committed against members of indigenous and Afro-descendant communities affected by the armed conflict.

The violence in Colombia, which continues to persist even after the signing of the Peace Accords, has created a context of risk for indigenous and Afro-descendant communities. In particular, the Committee expressed its concern at the increase in paramilitary intrusion into ethnic communities’ territories, the selective killings of Afro-descendant and indigenous community leaders, the increase of internal and mass forced displacement and the lack of protection given to these communities and the continued recruitment of children by non-state military actors.

With these issues in mind, the Committee urged the Colombian State to implement the “necessary means to ensure an integral reparation to the victims [of the conflict,] and to guarantee the distribution of necessary resources.”

In addition, the Committee expressed concern about the lack of implementation of the Ethnic Chapter of the Peace Accords and recommended that it be implemented by way of appropriate financing and through the participation of members from indigenous and Afro-descendant communities, particularly women. The recommendation then adds that “the processes of leadership selection in indigenous and Afro-descendant communities be respected.”

In Colombia, the situation of violence, vulnerability and marginalization continue to affect ethnic communities directly and disproportionately, as seen by the alarming levels of social leaders killed, threatened and displaced from their territories, this according to Colombian human rights defenders.

Other recommendations

  • To ensure that all the cases of racial discrimination, xenophobia, hate speech or violence for racial reasons be investigated and that those responsible for these violations be trialed and correspondingly sanctioned.
  • To categorize as a crime any diffusion of ideas that promote or justify racial hate and to prohibit organizations that promote racial discrimination and/or instigate it – as a way to comply with the previous recommendations of the Committee,
  • To increase efforts to prevent and eliminate the forced recruitment of indigenous and Afro-descendant children and youth by non-state armed actors and to ensure the application of means to de-mobilize and reintegrate them into society.
  • To guarantee protection of indigenous and Afro-descendant people against discrimination from State entities and government employees, as well as any other person, group or organization.
  • To increase efforts to combat the multiple forms of discrimination to which Afro-descendant and indigenous women are subject to, in order to ensure that they have adequate and effective access to justice, work, education and health (including reproductive health,) regardless of cultural and linguistic differences.
  • To adopt the necessary measures to prevent sexual violence against indigenous and Afro-descendant women and to guarantee victim’s access to adequate assistance and methods of protection that are both effective and culturally respectful.

Statement of Declaration

Race and Equality urges the Colombian State to take note of the recommendations from the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which seek to guarantee respect for the rights of the Afro-descendant and indigenous population in Colombia. We also urge the Colombian State to work alongside Afro-descendant civil society as the only true mechanism that guarantees participation, inclusion and true dialogue seeking to overcome the barriers of discrimination, racism and marginalization – structural conditions as a result of the invisibility of acts of discrimination which are still present in today’s social fabric.

Likewise, we call on civil society organizations to follow-up on each of the recommendations made by CERD, so that their statements can be used as accountability for the rights of all ethnic groups in Colombia.  

Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Parte del equipo de Raza e Igualdad con defensores de derechos humanos de América Latina.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Política de “regulación” del Estado atenta nuevamente contra el derecho a la libertad de circulación de las y los cubanos.

Fotografía tomada de: www.cubanet.org

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la prohibición de salida del país de varias activistas cubanas de los derechos de la mujer y las graves violaciones a sus derechos humanos.

El 5 de diciembre a varias activistas cubanas de varias organizaciones de derechos humanos le prohibieron la salida del país. Mientras algunas fueron explícitamente informadas que estaban “reguladas”, termino que usa la Seguridad del Estado para prohibirle la salida del país a los y las activistas y periodistas independientes, otras fueron remitidas a la Oficina de la Ciudadanía.  

La Seguridad del Estado fue a la casa de Madelyn Rodríguez Martin, abogada de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica, y la amenazó. El capitán Otoniel le dijo que sabía que ella iba a viajar y que era mejor que no fuera, si intentaba salir de su casa la iban a detener por 72 horas.

En el caso de Irina León Valladares, activista del movimiento Dignidad, el mayor Oreste Ayala de la Seguridad del Estado, fue a la casa de su mamá, que padece de hipertensión, diabetes y otras enfermedades, y le indicaron que le informara a su hija que no podía salir del país, que estaba regulada y solo la dejarían salir si no regresaba. El 6 de diciembre la Sra. León Valladares se dirigió a la Oficina de Inmigración y allí le dijeron que está regulada.

En el caso de  Neurelina Cardo Brizo, activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), el mayor Alejandro fue a su casa a informarle que estaba regulada y citada para el 6 de diciembre a las 10 am. Tampoco le indicaron las razones por las que se encontraba regulada.

Otra activista llegó al aeropuerto y allí, autoridades aeroportuarias le indicaron  que tenía prohibida la salida del país; cuando trató de indagar más le dijeron que debía dirigirse a la Oficina de la Ciudadanía en Santiago de Cuba.

Ninguna de ellas fue informada de las razones por las que se encontraban reguladas o los motivos por los cuales les habían impedido salir del país. Estas acciones de la Seguridad del Estado se suman al incremento en prohibición de salidas del país en los últimos dos meses y vulnera los derechos de libre circulación de estas activistas.

Raza e Igualdad llama al Estado Cubano a cesar el hostigamiento contra los y las activistas de derechos humanos y sus familias, y le recuerda al Estado que la defensa de los derechos humanos no es un acto delictivo, sino es un derecho consagrado en varios de los tratados ratificados por Cuba. Le recordamos al Estado que los y las defensores de derechos humanos juegan un rol fundamental en el pleno desarrollo de una sociedad igualitaria y la defensa de los derechos de todo ser humano. Varios órganos internacionales han resaltado su rol fundamental y la necesidad del Estado cubano proteger y garantizar sus derechos.

A causa de su ejercicio a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, Nancy Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alerta sobre graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de la activista y defensora de derechos humanos Nancy Alfaya, mujer afrocubana y coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad adscrita al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR); promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC) y del proyecto cultural Puente a la Vista (PALV); defensora de los derechos de la mujer y co-fundadora de la organización de las Damas de Blanco.

Como activista que trabaja por la eliminación de las violencias contra la mujer, Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano.  Después de ausentarse durante 21 meses del país por estudios que estaría realizando su esposo en Estados Unidos, Nancy Alfaya ha tenido que enfrentar fuertes agresiones, actos de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades cubanas, todo debido al activismo que desde diversos colectivos ha sostenido por el respeto y reconocimiento de los derechos de la mujer en Cuba.

Recientemente, Nancy Alfaya ha sido objeto de continuos actos de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de la policía política cubana. El pasado 22 de octubre Alfaya y su esposo fueron detenidos al salir de una actividad organizada en la Embajada Americana; mientras su esposo fue dejado en libertad en un municipio cercano a la Habana, Nancy permaneció arbitrariamente detenida durante 25 horas sin poder comunicar a su esposo donde se encontraba. 

“Al llegar a la estación de policía me sentaron en una sala de espera; cuando le expresé al mayor Alejandro, que fue quien me llevó a la estación, que necesitaba ir al baño me agredió verbalmente y me gritó que me sentara de manera brusca y agresiva. Después de dos horas me llevaron a la estación de policía del Municipio de la Regla donde me sentaron en un pasillo que conducía a los calabozos. Estuve detenida por 25 horas en un celda donde solo había varones… cuando me dejaron salir me devolvieron el celular roto” añade Alfaya.

Desde su liberación, Nancy Alfaya no ha podido salir de su casa sin estar sujeta a estricta vigilancia. “Jorge (su esposo) puede salir con total libertad sin que la policía lo observe o lo detenga, pero tan pronto yo intento moverme de mi casa, agentes de la policía aparecen, me persiguen…” señala Alfaya señalando que siente miedo de salir de su casa.

Nancy ha sido objeto de detenciones arbitrarias múltiples veces durante una misma semana, sin ninguna justificación legal. El pasado 21 de noviembre de 2019, Nancy fue detenida a la 1:30 de la tarde al salir de su casa nuevamente por el Mayor Alejandro.  Fue liberada después de cuatro horas y multada por 150 pesos. Al día siguiente fue detenida nuevamente a las 9:30 am en la vía pública cuando se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos para una reunión.

Actualmente la activista y defensora de derechos humanos se encuentra “regulada” por el Estado cubano. Dicha “figura” es utilizada frecuentemente por las autoridades para negar la salida a activistas de derechos humanos, especialmente, que requieran salir del país para participar de alguna actividad de denuncia de la situación de opresión que viven en el país.

“Me di cuenta que estaba regulada por primera vez el 7 de noviembre de 2018 cuando me disponía salir del país para participar de una actividad de mujeres convocada por una organización en Perú. En el aeropuerto no supieron darme ninguna explicación, por lo que me indicaron que me dirigiera a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Inmigración y Extranjería, allí me dijeron que estaba en proceso investigativo y que por eso no podía salir del país…” relata Alfaya a Raza e Igualdad.

Alfaya también ha sido amenazada de ser judicializada por el delito de peligrosidad social en varias ocasiones, por parte de autoridades policiales.

“El 13 de agosto de este año me presenté ante la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior con una solicitud de respuesta sobre mi situación legal, porque llevaba 9 meses procesada, en dicho encuentro me propusieron negociar mi status legal de regulación si cooperaba con el gobierno, prometiéndome levantar la medida regulación, propuestas a las que me negué. Dicha situación repercutió que, al día siguiente, el 14 de agosto, miembros de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionara boicoteara un evento de poesía que teníamos en las oficinas del CIR. Este día el Mayor Alejandro me detuvo, porque no quise retirarme y me amenazó con procesarme bajo el delito de “peligrosidad social” por no tener un trabajo y no tener una licencia de “cuentapropista”.

Con extrema preocupación por la situación de vulnerabilidad y amenaza en que se encuentra la activista Nancy Alfaya, demandamos al Estado Cubano velar y garantizar los derechos fundamentales de la lideresa Alfaya. Recordamos que la defensa de los derechos humanos no constituye bajo ninguna circunstancia en un acto delictivo, pues hace parte de las legítimas libertades de cualquier ser humano según lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos tratados ratificados por el Estado cubano. En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “que la defensa de los derechos humanos sólo puede ser libremente ejercida cuando personas defensoras no están sujetos a amenazas o cualquier tipo de agresión física, psicológica y moral u otras formas de hostigamiento”[1]. Igualmente, estos juegan un rol fundamental “en la sociedad puesto que las defensoras y defensores promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia”[2].

Desde Raza e Igualdad continuaremos denunciando todo acto de violación a los derechos fundamentales de activistas cubanos, así como, seguiremos apoyando el trabajo de promoción y protección de los derechos del pueblo cubano, que defensores y defensoras llevan a cabo a luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En los últimos años, la represión en Cuba ha tomado la forma de la criminalización de los y las defensores y defensoras de derechos humanos y principalmente se ha usado el Código Penal para enjuiciar a dichas personas, usando leyes ambiguas o aprovechando las leyes cubanas que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales[3]. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), hubo por lo menos 2,525 casos de detenciones arbitrarias en el 2018 en Cuba, de la cuales, por lo menos 1,700 eran mujeres[4].  Así mismo, durante el 2019, hemos visto otro incremento en el uso de la detención arbitraria y el hostigamiento por parte de los agentes de seguridad del Estado hacia defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas independientes entre otros[5].

Por otro lado, las mujeres defensoras de derechos humanos han sido las más afectadas por esta nueva ola de represión. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 2019, 14 personas fueron reguladas, de las cuales ocho de ellos eran mujeres[6]. En una entrevista con Diario de Cuba, la activista Sara Cuba Delgado, resalta que “somos el actor más vulnerable con respecto al tema de género, algo que se manifiesta en las detenciones” [7]. También se les impide la salida del país, son amenazadas o las califican como “malas madres” por defender los derechos humanos y no encajar dentro del rol tradicional de la mujer en la sociedad.

[1] CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 13. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[2] CIDH, Resolución 8/2016, Medidas Cautelares No. 112/16, Asunto miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres respecto de Honduras, 5 de marzo de 2016; CIDH, Resolución 46/2015, Medidas Cautelares No. 589/15, Asunto de Integrantes de la Asociación para una vida mejor, Honduras, 22 de enero de 2014, párr. 12; CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 227.

[3] Ibid. párr.3; CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 89. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[4] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 2018- Detenciones arbitrarias. Disponible en https://observacuba.org/informes-ddhh/detenciones-arbitrarias/2018-detenciones-arbitrarias/

[5] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Gobierno de Díaz-Canel casi duplica las detenciones arbitrarias en septiembre (2019). Disponible en: https://observacuba.org/gobierno-de-diaz-canel-casi-duplica-las-detenciones-arbitrarias-en-septiembre/; Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Aumentaron detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba en julio, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2019): Disponible en: https://observacuba.org/aumentaron-detenciones-arbitrarias-y-actos-represivos-en-cuba-en-julio-denuncia-el-observatorio-cubano-de-derechos-humanos/

[6] Cubanet, “Esperaba que me recibieran así,” (2019). Disponible en: https://www.cubanet.org/destacados/cuba-camila-acosta-esperaba-que-me-recibieran-asi/

[7] Diario de Cuba, Doble violencia y cero amparo gubernamental: activistas cubanas por los derechos de la mujer (2019). Disponible en: https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1570816620_936.html

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