Raza e Igualdad impulsa campaña por los derechos de las prisioneras políticas en Cuba

Raza e Igualdad impulsa campaña por los derechos de las prisioneras políticas en Cuba

Washington, D.C. 6 de marzo de 2020. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), emprende la campaña #CubanasLibresYA, espacio que busca visibilizar la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de aquellas que debido a su activismo político por la defensa de los derechos humanos en la isla cumplen arbitrarias e injustas condenas en las prisiones del Estado Cubano.  

La campaña que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, busca relatar la historia de 10 mujeres que son prisioneras políticas del Estado Cubano y actualmente cumplen sentencia en diferentes centros penitencerias de Cuba, que han sido víctimas de detención domiciliaria o fueron presas políticas del gobierno a causa de su activismo.

Las historias serán recogidas en el microsite CubanasLibresYA

“Si bien la represión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros activistas políticos es común en Cuba, su impacto particular en las mujeres no se discute con frecuencia, aun cuando las cifras de detenciones arbitrarias igualan, o en algunos casos, superan la cifra de detenciones en los varones” señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal para Raza e Igualdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YAVpSnWMnFk

Así mismo, Fetterhoff explica que existen violencias diferenciadas en las mujeres activistas que se encuentran en estado de detención, pues existe una brecha significativa en temas de paridad de género, igualdad, reconocimiento e inclusión de derechos que impacta la vida del conjunto social al que pertenece una mujer defensora de derechos humanos cuando es detenida.  “La realidad de las mujeres cubanas es escalofriante, el pleno goce de los derechos económicos, sociales y políticos es muy limitado, razón por la cual cuando una mujer cabeza de familia es encarcelada no sólo tiene un impacto social evidente, sino que impacta desproporcionalmente la vida de la familia y comunidad del que esa mujer depende”, añade la representante de Raza e Igualdad.

La campaña pretende además poner en la agenda pública e internacional la falta de información que existe del estado de las mujeres prisioneras políticas y de las violaciones sistemáticas que al interior de los centros penitenciarios son perpetrados. “Sabemos por algunas conversaciones con ex prisioneras políticas y familiares de las aún en estado de detención que las condiciones son inhumanas, no cuentan con acceso a productos de higiene femenina, atención médica básica y condiciones seguras para dormir. Además, las llamadas telefónicas y las posibilidades de tener visitas de familiares son impedidas muchas veces. No existe información real de lo que sucede con estas mujeres, pues tampoco, ningún organismo internacional ha podido constatar su estado. Situaciones como las de Xiomara Cruz son las que se están presentando en las cárceles de Cuba muy probablemente”, infirió Christina Fetterhoff de Raza e Igualdad.

El lanzamiento de la campaña #CubanasLibresYA se lleva a cabo hoy, 6 de marzo, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres a través de las redes sociales de Raza e Igualdad. 

La campaña dará apertura con la historia de Martha Sánchez, una de las mujeres pertenecientes a la organización de las Damas de Blanco que hoy cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses por portar carteles mientras se dirigia a una misa dominical.

Pueden leer la historia de Martha aquí

La invitación de Raza e Igualdad es a multiplicar el mensaje para poner en evidencia la situación de represión de los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos, que son especialmente perseguidos a causa de su filiación políticas y para evidenciar aún más la situación de derechos humanos de las mujeres que siguen siendo víctimas de lógicas machistas que persisten en el país. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión censura escena de besos entre pareja del mismo sexo

El 29 de febrero el programa televisivo cubano, Pensando en 3D, proyectó el largometraje Love, Simon, o en español “Yo soy Simon”, de origen estadounidense, que relata la historia de un adolescente gay que se enamora de otro joven adolescente. La película relata como Simon se acepta a él mismo y le dice a su familia y amigos que es gay. La película contiene una escena en la que, Nick Robinson, que encarna a Simon, besa a Bram (Josh Duhamel), pero la televisión cubana censuró esa parte de la película causando la indignación en gran parte del colectivo LGBTI cubano.

Por tal motivo activistas de la isla convocaron para el domingo 1 de marzo de 2020, a una Besada pública frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), ubicado en el Vedado. El objetivo de la acción era reclamarle al ICRT la censura de la escena, que se disculpara y que mostrara la película sin censura.

El activista cubano, Yadiel Cepero, radicado en la provincia de Matanzas, lanzó una convocatoria para una besada al frente de la ICRT. Esto conllevó a un debate en las redes sociales entre personas que defendian la postura de la ICRT y otras que le hacían echo al llamado de Cepero.

Llegado el día 1 de marzo, varios activistas denunciaron intentos de silenciarlos o amenazas a que no llegaran a Vedado. A pesar de eso y aun sabiendo que la Seguridad del Estado estaría allí o en cualquier punto para impedir que activistas y defensores de derechos humanos fueran al lugar convocado, activistas LGBTI se autoconvocaron frente al ICRT.

Tal es el caso del activista Jancel Moreno, quien se encontraba en Matanzas en casa de su novio y en la mañana se dispuso para salir hacia La Habana para reportar en vivo la Besada. Moreno se encontraba en el Viaducto de Matanzas donde esperaba para trasladarse a la capital y fue cuando un auto lo interceptó. Moreno relata que “salieron los tenientes Alejandro y David, según dijeron, y me dijeron que tenía que acompañarles. Llegamos a una casa entre Matanzas y el puente de Bacunayagua y me retuvieron ahí por varias horas con el fin de que no pudiera desplazarme hacia La Habana”.

El domingo también fue sitiado en su casa por la policía cubana el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaba preparándose para ir a la besada pública: “Estoy sitiado por la policía política para impedirme ir a la besada fuera del ICRT. Nos vemos ahí”. La activista, Claudia Genlui Hidalgo, novia de Luis Manuel Otero, fue golpeada por la policía en medio del Barrio San Isidro, porque ella, quería impedir que se llevaran preso a Luis Manuel.

Ese mismo día, el ICRT, hizo pública una declaración en su página web diciendo que pedía disculpas por la mutilación de la escena del beso:

“Ante este error informamos que se realiza el correspondiente análisis (con las personas que quitaron la escena) pues la omisión no responde a posturas homofóbicas del ICRT y sus directos de la Televisión Cubana, como algunos han referido en las redes sociales”.

Ante esta declaración el ICRT decidió retrasmitir la película el próximo sábado con la escena del beso entre los dos adolescentes. Después de las disculpas, la convocatoria se cayó pero una descena de activistas LGBTI vocalizaron que la besada era más que por una censura en la televisión.

El director de la revista independiente Tremenda Nota y activista por los derechos LGBT, Maykel González Vivero, también fue amenazado en las redes sociales por el usuario Elpidio Valdés, quien le dijo a este que: Veremos si puedes salir (a la besada) de tu alquiler barato en el Vedado.

González Vivero, periodista independiente que cubrió la besada frente al ICRT, informó en su perfil de Facebook que el evento se habría cancelado tras la disculpa del ICRT. Muchas están de acuerdo con que la TV cubana debería hacer pública esa disculpa por algún espacio televisivo.

Cuentan varios activistas que pudieron llegar al Vedado, que la zona donde se ubica el ICRT estaba sitiada por miembros de la Seguridad del Estado y por la policía. Al igual había edificios que tenían banderas cubanas y carteles alegóricos a la Revolución cubana y a Fidel y Raúl Castro, pero pudieron llegar al menos una veintena de personas que hicieron acto de presencia frente a las oficinas del ICRT.

La Comunidad LGBTI cubana siente indignación por el hecho y recuerda varios acontecimientos ocurridos en dicho instituto, en programas televisivos donde se han propiciado ofensas hacia la comunidad gay y se han permitido, al igual, cometarios racistas. Hacemos un llamado al Estado cubano a que respete sus obligaciones internacionales, cese la discriminación contra la población LGBTI por parte de funcionarios públicos y trabaje para sensibilizar a la población y funcionarios sobre los derechos LGBTI.

En el marco de la conmemoración de su quinto aniversario, Raza e Igualdad realiza acto de Reconocimiento al Estado México por ratificación de convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 18 de febrero de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo, el pasado 13 de febrero, un acto de reconocimiento dirigido al Estado mexicano en reconocimiento por la reciente ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.  Dicho evento, que se enmarca en la conmemoración del quinto aniversario de trabajo de Raza e Igualdad, se realizó en el Museo de Arte de las Américas, con la especial participación de la misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El acto de reconocimiento convocó a embajadores ante la OEA y ONGs de derechos humanos; y contó con la presencia de la excelentísima Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Durante el espacio la excelentísima Embajadora Luz Elena Baños señaló la importancia que refiere para el actual gobierno mexicano trabajar de la mano de las comunidades que han sido históricamente vulneradas, razón por la cual, resulta indispensable para México hacer uso de las herramientas necesarias para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual, entre otras.  “En este contexto, reafirmo nuestro compromiso para que, desde la OEA y en particular desde los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), se asegure que todas las personas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia y discriminación” concluyó la Embajadora Baños.

Por su parte,  la Sra. Mitzy Bowen, y el Sr. Carlos Quesada de Raza e Igualdad destacaron la gran contribución que la ratificación de estas dos convenciones representa para combatir la discriminación que vive la población afrodescendiente e indígena en México.  Así mismo, aplaudieron el liderazgo asumido por el gobierno mexicano al ratificar Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación  e Intolerancia, pues dicha decisión, permite que ésta entre en vigor para que sea incluida la voz de muchos sectores que sufren de discriminación e intolerancia por razones de sexo, orientación sexual, opiniones políticas, condición de migrante, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, etc.

El Estado mexicano se encuentra trabajando por la erradicación de cualquier forma de discriminación, y la ratificación de ambas convenciones es un ejemplo de las muchas acciones que se están llevando acabo al interior del país dirigidas a favor de sus grupos étnicos y demás grupos vulnerados.

México se posesiona como el quinto país en ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y el segundo en ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad felicita una vez más al Estado mexicano, y de la mano de sus contrapartes étnicas y LGBTI, espera continuar aportando para la construcción de un México mas inclusivo y libre de discriminación.

Raza e Igualdad celebra el nombramiento de personas trans en cargos públicos en Colombia y condena actos de discriminación basados en género u orientación sexual

On December 26, 2019, the mayor-elect of Manizales, a city in the Colombian department of Caldas, announced that the well-known trans activist Matilda Gonzalez would lead the city’s Office of Women’s and Gender Affairs. Gonzalez holds a law degree from the University of the Andes and a Master of Laws in international law from American University. She has worked for the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)’s Rapporteurship on the Rights of LGBTI People, the LGBTI rights organization Colombia Diversa and the Office of Childhood and Adolescence in the Colombian Family Welfare Institute.  In addition, she has consulted for the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) and for the International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO).

In another groundbreaking appointment, the mayor-elect of Bogotá recently named Deysi Johana Olarte Navarro as the city’s Deputy Director of LGBTI Affairs. As a political scientist at the National University of Colombia, Deisy studied gender-based violence, national and international policies on transgender issues. She is also recognized for her extensive career as a grassroots activist, working with trans people in Kennedy, Ciudad Bolívar and Santa Fe, which are all among Bogotá’s most marginalized areas.

In Colombia, transgender people not only suffer daily acts of direct violence and discrimination but also face prejudices that limit their access to work, education, and health. In turn, they suffer criminalization, segregation, marginalization, and poverty. The appointments of these trans women represent breakthroughs for equity, diversity, and inclusion. As directors of important public bodies, Ms. Gonzalez and Ms. Olarte will have the power to formulate and implement public policies that seek to guarantee the rights of women and LGBTI people. Race and Equality celebrates and encourages the appointment of people with diverse gender identities to executive positions. Such appointments are an opportunity to transform society’s image of what is possible, put the human right to political participation into practice, and advance the rights of the entire LGBTI population in Colombia.

However, there is still much to do. Conservative groups in Manizales responded to Ms. Gonzalez appointment with a campaign that filed more than 2,500 petitions to the Mayor’s Office asking for her dismissal.[1] The groups claim that Matilda is not suitable for the role because she was not ‘born biologically as a woman,’ a discriminatory argument ignoring the reality that there are many different possibilities for gender identity. Women’s life experiences, including their experiences of gender, are all different, making it impossible to judge their gender based only on the sex assigned to them at birth. Several bodies, including the Colombian Constitutional Court,[2] have recognized that a person’s internal and individual experience of gender differs from biological sex and that an environment which prevents someone from expressing their gender identity violates their dignity and their right to freedom of expression.

Race and Equality rejects any form of discrimination that seeks to limit the rights of transgender people and urges national, regional, and local leaders to appoint people of diverse sexual orientations and gender identities to public office, especially to the offices responsible for promoting and guaranteeing the rights of the LGBTI population.

[1] Conservative groups request the resignation of the Women’s Secretary of Manizales: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/grupos-conservadores-piden-renuncia-de-matilda-gonzalez-en-manizales-452142

[2] See Colombian Constitutional Court decisions T-143 (2018), T-804 (2014), T-363 (2016), T-476 (2014) and T-562 (2013), among others.

México ratifica convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 22 de enero de 2020. La misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), depositó ayer ante la Secretaría General de la OEA un instrumento de adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, avanzando así en su compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia dentro del territorio mexicano.

Además, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, con lo que entrará en vigencia este instrumento en la región.

El depósito de los documentos fue hecho por la Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, Cristofer Ballinas, este martes por la mañana.

“El depósito de estos instrumentos es muestra de la amplísima apertura que tiene México al escrutinio internacional y demuestra corresponsabilidad para enfrentar los grandes retos globales que forman parte de una política exterior activa, multilateral, de nuestro país”, dijo Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un video publicado en redes sociales.

“Nuestro país con esto busca detonar un esfuerzo regional que es indispensable para que podamos garantizar un entendimiento entre todos los países que formamos parte de esta organización; para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual”, agregó Delgado.

Convención Contra el Racismo

Con la ratificación de la Convencion Interamericana Contra el Racismo, la Discriminacion Racial y Formas conexas de Intolerancia, México se convertirá en el quinto país de la región en donde entrará en vigor la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia. Desde la adopción de esta normativa en junio de 2013, la han firmado y ratificado los Estados de Costa Rica, Uruguay, Antigua y Barbuda y Ecuador.

La Convención establece que cualquier Estado que se adhiera a ella debe adoptar políticas especiales y acciones afirmativas, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para personas o grupos sujetos a situaciones de racismo, discriminación o intolerancia; adoptar legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación y la intolerancia; asegurar a las víctimas de racismo, discriminación e intolerancia un tratamiento equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico, procesos ágiles y eficaces y una justa reparación en ámbito civil y penal; entre otros.

El primer paso para adherirse a la Convención es la firma del documento, un proceso que el Estado mexicano había realizado el 13 de noviembre de 2018. Posteriormente, los países deben ratificarlas a nivel interno siguiendo sus procedimientos constitucionales. La misión mexicana cumplió esos dos pasos y avanzó en el procedimiento depositando finalmente el documento de adhesión de la Convención. El siguiente paso es la entrada en vigor de la Convención en México, que será en 30 días a partir de hoy.

Convención Contra la Discriminación

En el caso de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, México es el segundo país en ratificarla, después de Uruguay.

La Convención establece que todos los Estados partes deben prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de conformidad con sus normas constitucionales y las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, así como adoptar las políticas especiales y las acciones afirmativas necesarias para asegurar el disfrute o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos que están sujetos a discriminación o intolerancia con el propósito de promover condiciones equitativas para la igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para tales personas o grupos.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad considera que este es un paso importante para la región, donde actualmente observamos con preocupacion un aumento del racismo y la discriminacion, por lo tanto, que los Estados tomen las medidas nacionales, regionales e internaconales para proteger los derechos de los grupos vulnerados por el racismo estructurado y tod tipo de discriminacion es esencial para crear sociedades tolerantes y equitativas. Las expectativas ante ambas Convenciones son grandes, pero esperamos que la adhesion y uso de estas permita su perfeccionamiento.

Postula al curso gratuito sobre herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe

En alianza con la Red Regional de Información sobre Violencias contra Personas LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI); Raza e Igualdad participa de la construcción del curso virtual “Cuando el prejuicio mata” una herramienta virtual que busca fortalecer las capacidades jurídicas de fiscales, abogadas y abogados que litigan casos de violencia contra personas LGBTI, para poder impulsar los procesos penales, promover el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

El curso fue diseñado por FLACSO Argentina, a partir de contenidos construidos por Raza e Igualdad en cabeza de su oficial enlace para los derechos LGBTI en América Latina y el Caribe, Mauricio Noguera;  ex fiscal colombiano que direccionó el primer equipo de investigaciones de violencias contra población LGBTI en Colombia.

Esta “Herramientas para la argumentación penal en casos de asesinatos de personas LGBTI en América Latina y el Caribe” se trata de una iniciativa regional que se enfocará en el impulso de procesos penales por homicidios contra personas LGBTI e incluirá casos, estándares y estrategias que le pueda servir a cualquier persona que litigue en este contexto en América Latina y el Caribe, por lo que será útil independientemente del marco normativo de cada país.

El curso, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de enero de 2020, es gratuito y 100% virtual, se realizará en español y será certificado por FLACSO .

Una vez cerrado el periodo de inscripciones, un comité evaluador revisará los perfiles de todas las personas inscritas y seleccionarán a las/os mejores candidatas/os para la realización del curso. La decisión será comunicada a más tardar el 3 de febrero de 2020.

Es de destacar que, aunque el curso está abierto al público, se promoverá la participación de personas que trabajen en los países que hacen parte de la Red: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana. Así mismo, si bien está dirigido a abogadas/os principalmente, pueden aplicar personas y/o activistas que estén vinculadas directamente al litigio de casos de personas LGBTI.

Para postulaciones ingresar y diligenciar el siguiente formulario: lgbti.espaciovirtual.org 

Cinco años trabajando por la inclusión, igualdad y diversidad en America Latina

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se vuelve necesario hacer un repaso por nuestros comienzos, los logros que hemos alcanzado, el trabajo desarrollado y sus transformaciones, y los desafíos que aún enfrentamos como organización social en las Américas.

En noviembre de 2014 se abrió una oportunidad de crear una organización enfocada en temas de discriminación racial y discriminación por orientación sexual e identidad de género, y dos meses después, en enero de 2015, empezó a funcionar Raza e Igualdad. Somos hasta la fecha la única organización en la región que trabaja estas dos temáticas de cara al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos, especialmente con un enfoque de interseccionalidad (Afro-LGBT).

Hace cinco años, iniciamos nuestro trabajo con ocho contrapartes en Cuba, Colombia, Brasil y Perú, desde nuestra oficina en Washington D.C. Hoy en día, nuestro equipo está compuesto por 25 personas, distribuidas en las oficinas de Washington, Bogotá y Ginebra, desde donde colaboramos con más de 50 contrapartes en ocho países y tres redes regionales, con quienes tenemos relaciones contractuales o de alianzas. En la actualidad trabajamos no solamente los enfoques de discriminación, sino también violaciones de derechos humanos centradas en los derechos civiles y políticos, especialmente en Cuba y Nicaragua, y los censos poblacionales para incluir la variable étnica, como lo hemos hecho recientemente en Panamá, Perú y México.

El método de trabajo de Raza e Igualdad se basa en fortalecer la capacidad técnica de nuestras contrapartes para que sean ellas quienes puedan utilizar tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Hemos logrado que nuestras contrapartes conozcan cómo funcionan los mecanismos de protección regional e internacional de derechos humanos, y que además logren utilizarlos. Bajo este enfoque, no somos nosotros los protagonistas, sino que estamos detrás del escenario ayudando a nuestras contrapartes para que ellas lo sean.

En el Sistema Interamericano, hemos apoyado a organizaciones para asistir a audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), para visibilizar violaciones de derechos humanos y la situación de la población Afro-LGBT de manera más contundente, para esto último seguimos trabajando con la Relatoría Afrodescendiente de la CIDH. Asimismo, hemos logrado gestionar medidas cautelares de la CIDH para nuestras contrapartes en Cuba, Colombia y Nicaragua, así como medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para algunas de nuestras contrapartes en Nicaragua.

En el Sistema Universal, nuestros equipos han facilitado que activistas y aliados de toda la región participen de este mecanismo para denunciar de primera mano las violaciones que están ocurriendo en su país, a través de reuniones con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, de las evaluaciones del Examen Periódico Universal (EPU), de las revisiones ante los Comites de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la  Convencion  para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).

En Nicaragua, país que atraviesa una profunda crisis de derechos humanos desde abril de 2018, hemos logrado dar respuesta brindando acompañamiento técnico para documentar violaciones de derechos humanos, propiciando espacios de encuentro con organismos internacionales, visibilizando la situación de las y los prisioneros políticos. En Cuba, seguimos visibilizando las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren nuestras contrapartes, solo por el hecho de pensar distinto e intentar que el gobierno respete los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. En Colombia continuamos monitoreando el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz y la situación de la población Afro-LGBT, dada la situación de violencia que persiste y la cantidad de asesinatos de líderes sociales.

Otro de nuestros grandes logros durante estos cinco años de trabajo fue la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia por parte de los Gobiernos de Costa Rica y Uruguay, que permitió que la misma entrara en vigencia.

Seguimos creciendo, aunque desgraciadamente por las razones equivocadas: la situación de derechos humanos en la región es realmente preocupante. En los últimos cinco años el tema de discriminación racial se ha recrudecido en la región. Hay un discurso racista, pero además homofóbico, transfóbico y lesbofóbico que está siendo legitimado por mandatarios; esto ha hecho que los derechos que se habían logrado en los últimos 10 o 15 años, se vean amenazados. En materia de derechos civiles y políticos el retroceso quedó reflejado en lo que viene ocurriendo en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil y Chile, por mencionar solo algunos. Aunque hay muchos retos en América Latina en materia de derechos humanos, confiamos en que estamos bien posicionados para ofrecer asistencia técnica a nuestras contrapartes y poder seguir denunciando las situaciones de violaciones a los derechos humanos en la región.

Quiero agradecer a quienes han confiado en nosotros y en nuestra capacidad: Nuestras contrapartes y un especial agradecimiento a los donantes, quienes con su apoyo han permitido que podamos hacer frente de una manera eficaz y eficiente a las violaciones de los derechos humanos.

Carlos Quesada
Director Ejecutivo
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Raza e Igualdad coordina visita académica del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal

El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas (ONU), señor Víctor Madrigal, realizará una vista académica a Brasil que será coordinada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del 20 al 25 de enero, para dar a conocer el alcance de su mandato a organizaciones de la sociedad civil Afro LGBTI.

En el marco de esta visita, el Experto Independiente acompañará dos conversatorios que Raza e Igualdad de la mano de organizaciones de la sociedad civil afrobrasilera LGBTI, llevarán a cabo sobre la situación de derechos de dicha población a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

Dichos eventos públicos tendrán lugar en Salvador de Bahía el próximo 22 de enero; y el 24 de enero en Rio de Janeiro.   Los dos espacios de diálogo contarán con la participación de representantes de líderes y lideresas Afro LGBTI y del Experto Independiente, quien hablará sobre los métodos de trabajo que actualmente tiene el mandato y la manera como estos dialogan con el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la sociedad civil.

Les invitamos seguir los eventos a través de nuestra cuenta en Facebook:  https://www.facebook.com/raceandequality/

22 de enero
Conversatorio: «Resistencia LGBTI Negra – Perspectivas interseccionales para la lucha por los derechos humanos»

Confirme su asistencia aquí

24 de enero
Conversatorio: Visibilidad en tiempos de odio: desafíos para la  inclusión de las personas transgénero en la agenda multilateral de derechos humanos

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91 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, asedio continúa

Washington D.C., 9 de enero de 2020. El Gobierno de Nicaragua excarceló el pasado 30 de diciembre a 91 presos y presas políticas que se encontraban detenidos en diversos centros penitenciarios del país desde hacía dos y hasta dieciocho meses, entre ellos dieciséis activistas que fueron apresados por repartir agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre.   

Las excarcelaciones se dan en un contexto de amplia presión nacional e internacional por la liberación de los presos políticos. Las autoridades reconocieron el acompañamiento en el proceso del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag.

El pasado 30 de diciembre, los presos políticos fueron trasladados a sus viviendas bajo el régimen de convivencia familiar, según informó el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Esto significa que aún tienen abiertos los procesos judiciales, y que tienen ciertas restricciones de movilización.

La banda de las y los aguadores, como es conocida la agrupación de 16 activistas excarcelados, denunciaron este miércoles que todo su proceso judicial se dio “de forma totalmente irregular, y condicionado con una serie de restricciones, que nos dejan muy en claro que seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados”. Su juicio está programado para el 30 de enero.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre los 91 excarcelados, se encuentran 41 que ya habían sido condenados, 39 que están siendo procesados, y 4 que estaban detenidos pero sin tener un proceso judicial abierto.

Represión continúa

Varios excarcelados además han reportado que desde su salida de prisión han sido víctimas de amenazas, asedio y hostigamientos por parte de grupos afines al Gobierno y la misma Policía Nacional.

La joven belga-nicaragüense Amaya Coppens, ha sido blanco de diversas agresiones. El 1 y 2 de enero, un grupo de hombres a bordo de motocicletas, lanzaron aceite negro en las paredes de su casa y piedras a los ventanales de la vivienda ubicada en la ciudad de Estelí. El lugar, además, es continuamente vigilado por patrullas policiales.

“Las agresiones, el asedio, continúan en el día a día, es difícil saber que mi familia sigue siendo víctima también, pero intentamos mantenernos protegidos hasta donde podemos”, dijo Coppens este miércoles, tras una conferencia de prensa.  

El CENIDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluar la permanencia del riesgo de que se produzca un daño irreparable en los derechos a la vida y la integridad física de la familia Coppens Zamora, y que urja al Estado de Nicaragua a cesar las “agresiones y hostigamientos de sus grupos parapoliciales y funcionarios en contra de todos los miembros” de dicha familia.

Amaya, al igual que los otros 15 jóvenes detenidos por llevar agua a madres de presos políticos, recibieron a finales de diciembre medidas cautelares de la CIDH por considerar que su vida e integridad física se encontraban en riesgo dentro de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.

Otros excarcelados, entre ellos Roberto Buchting, también han reportado constantes hostigamientos, los que incluyen vigilancia continua de sus viviendas por parte de paramilitares, amenazas a través de redes sociales e incluso invasión de la propiedad con intenciones intimidatorias.

Todavía en prisión

Según el CENIDH, después de un amplio cotejo de las listas de personas excarceladas, se confirmó que aún falta por liberar a 65 prisioneros políticos. 

“Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca, a pesar (de) que el 30 de diciembre fuimos excarceladas 91 personas, aún quedan más de 65 presas y presos políticos, incluidas Katherine Martínez y Mayela Cruz, activista trans”, aseguraron los 16 activistas.

Raza e Igualdad exige la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, y el cierre de los procesos judiciales, así como la cancelación de sus antecedentes penales. Llamamos a las autoridades a cesar la represión, hostigamiento y persecución en contra de quienes estuvieron apresados arbitrariamente. Es primordial que su retorno a casa esté libre de cualquier amenaza o asedio contra ellos o sus familiares.

CERD recomienda a Colombia recopilar información fiable sobre población afrodescendiente

The UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) issued a recommendation to the Colombian State to adopt an appropriate methodology that ensures “accurate and trustworthy” data statistics are collected on the Afro-Colombian, Black, Palenquera & Raizal population, for its next population census.

The recommendation was presented alongside more than 40 other recommendations published in a follow-up document to the CERD country review, held on November 27 and 28 in Geneva, during its 100th period of sessions.  During the review, the Committee carried out an extensive review of the level of compliance of commitments carried by the State since its last review in 2015 that seek the eradication of any form of racial discrimination and racism in the country.

With respect to the 2018 Population Census, the Committee expressed concern that the data published on the Black, Afro-Colombian, Palenquera and Raizal Communities “doesn’t accurately reflect” the reality – given that the final results present nearly a 31% decrease in the specified population with respects to the figures of the 2005 Census. The CERD Committee stressed that the State must “ensure that the criteria for self-identification be applied and collected appropriately.”

This issue was precisely shared to the Commitee by Colombian civil society organizations during the review in November, calling it a “statistical genocide” against Afro-descendant populations. Civil society also stressed that the numbers published in 2018 further deepen the levels of social invisibility for these communities, and seriously limit the possibility to create public policies that can transform their condition of structural exclusion.

Reparations to Victims and the Ethnic Chapter

Another recommendation from the CERD Committee to the State was to conduct “extensive and effective investigations to process and sanction those responsible for violations of human rights committed against members of indigenous and Afro-descendant communities affected by the armed conflict.

The violence in Colombia, which continues to persist even after the signing of the Peace Accords, has created a context of risk for indigenous and Afro-descendant communities. In particular, the Committee expressed its concern at the increase in paramilitary intrusion into ethnic communities’ territories, the selective killings of Afro-descendant and indigenous community leaders, the increase of internal and mass forced displacement and the lack of protection given to these communities and the continued recruitment of children by non-state military actors.

With these issues in mind, the Committee urged the Colombian State to implement the “necessary means to ensure an integral reparation to the victims [of the conflict,] and to guarantee the distribution of necessary resources.”

In addition, the Committee expressed concern about the lack of implementation of the Ethnic Chapter of the Peace Accords and recommended that it be implemented by way of appropriate financing and through the participation of members from indigenous and Afro-descendant communities, particularly women. The recommendation then adds that “the processes of leadership selection in indigenous and Afro-descendant communities be respected.”

In Colombia, the situation of violence, vulnerability and marginalization continue to affect ethnic communities directly and disproportionately, as seen by the alarming levels of social leaders killed, threatened and displaced from their territories, this according to Colombian human rights defenders.

Other recommendations

  • To ensure that all the cases of racial discrimination, xenophobia, hate speech or violence for racial reasons be investigated and that those responsible for these violations be trialed and correspondingly sanctioned.
  • To categorize as a crime any diffusion of ideas that promote or justify racial hate and to prohibit organizations that promote racial discrimination and/or instigate it – as a way to comply with the previous recommendations of the Committee,
  • To increase efforts to prevent and eliminate the forced recruitment of indigenous and Afro-descendant children and youth by non-state armed actors and to ensure the application of means to de-mobilize and reintegrate them into society.
  • To guarantee protection of indigenous and Afro-descendant people against discrimination from State entities and government employees, as well as any other person, group or organization.
  • To increase efforts to combat the multiple forms of discrimination to which Afro-descendant and indigenous women are subject to, in order to ensure that they have adequate and effective access to justice, work, education and health (including reproductive health,) regardless of cultural and linguistic differences.
  • To adopt the necessary measures to prevent sexual violence against indigenous and Afro-descendant women and to guarantee victim’s access to adequate assistance and methods of protection that are both effective and culturally respectful.

Statement of Declaration

Race and Equality urges the Colombian State to take note of the recommendations from the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which seek to guarantee respect for the rights of the Afro-descendant and indigenous population in Colombia. We also urge the Colombian State to work alongside Afro-descendant civil society as the only true mechanism that guarantees participation, inclusion and true dialogue seeking to overcome the barriers of discrimination, racism and marginalization – structural conditions as a result of the invisibility of acts of discrimination which are still present in today’s social fabric.

Likewise, we call on civil society organizations to follow-up on each of the recommendations made by CERD, so that their statements can be used as accountability for the rights of all ethnic groups in Colombia.  

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