Exigimos se garantice la integridad personal de las madres en huelga de hambre y de las personas detenidas en Nicaragua

Exigimos se garantice la integridad personal de las madres en huelga de hambre y de las personas detenidas en Nicaragua

Viernes 15 de noviembre de 2019 – Trece activistas y personas de los derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente la noche del 14 de noviembre, cuando prestaban ayuda humanitaria a un grupo de madres de presas y presos políticos que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua.

La detención la realizó un grupo de policías, que permanecen asediando a las mujeres en huelga de hambre, impidiendo que nadie entre o salga del lugar y cortando el servicio de luz y agua.

Las personas detenidas son Amaya Coppens, Ivania Alvárez, Wendy Juarez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Neyma Hernández Jesús Tefel, Roberto Büstching, Derlis Hernández y Melvin Peralta, quieres fueron trasladas a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote” en la madrugada del viernes.

Tal situación resulta especialmente preocupante debido a las constantes denuncias que se han recibido respecto de hechos de tortura, tratos crueles y degradantes, así como violencia sexual en contra de las personas privadas de libertad, riesgo que se puede acrecentar por el hecho de que algunas de ellas son figuras muy representativas de la oposición, defensoras de derechos humanos y presas políticas excarceladas.

Igual de alarmante resulta la situación de las mujeres que permanecen en huelga de hambre, pues el hecho de que se encuentren privadas de agua potable, puede generar graves riesgos para su salud, ya que llevan casi 24 horas sin ingerir comida y sin contar tampoco con agua o medicamentos.

Estos hechos se dan en un contexto marcado por un incremento del discurso del odio, ataques y hostigamientos contra personas presas políticas excarceladas, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación críticos con el gobierno.

Ante tal situación, las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes:

  1. Exigimos al Estado nicaragüense la inmediata liberación de las personas detenidas arbitrariamente y que cese el asedio y hostigamiento a las madres de las presas y los presos políticos y el restablecimiento de los servicios de luz y agua en la iglesia.
  2. Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier afectación sobre la integridad personal de las personas privadas de libertad y de las mujeres que se encuentran en huelga de hambre.
  3. Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que se mantenga pendiente y actúe ante el agravamiento de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 y ante el recrudecimiento de la persecución y represión que enfrentan activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y presas políticas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras) – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Plataforma Internacional Contra la Impunidad – Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) – JASS (Asociadas por lo Justo) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) Nicaragua – Oxfam Nicaragua – Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más – Ipas Centroamérica – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) – Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIISH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG), Guatemala – Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN – Defensores Sin Fronteras – Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua – Asociación de Jueces por la Democracia Honduras – Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.- Asistencia Legal por los Derchos Humanos A.C. (ASILEGALMÉXICO) – APRODEH-Perú – La Sombrilla Centroamericana – Front Line Defenders – Centro para la Acción No violenta y Cultura de Paz en Centroamérica – ProDESC – Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil (AMS) – Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli – Red de Mujeres de Matagalpa – Feministas Madrid por Nicaragua – Feminista por Nicaragua Euskal Herria – Colectivo Feminista Ecuador – Agrupación Ciudadana por la Despenalizacion del aborto – Popol Na Nicaragua – Agrupación de Mujeres Trans y Culturales AMTC – Centro de Investigación y Acción de la Mujer CIAM – Centro de mujeres ACCIÓN YA – Colectivo de Mujeres de Matagalpa – Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto – Punto Focal Nicaragua – Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Enlace Nacional Nicaragua – Mujeres en Acción,Costa Rica – Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – Agrupación Ciudadana por la despenalizacion del aborto – Red Salvadoreña De Defensoras De Derechos Humanos – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres – Colectiva Lupa Feminista – Movimiento Autónomo de Mujeres – Articulación Feminista de Nicaragua – Fundación Acceder Costa Rica – Abuenica – Cooperacció – Handmaids Costa Rica – Ni una menos Costa Rica – Instituto de Liderazgo de las segovias – Coalición Cívica 19 de Abril Matagalpa – Asociación Agentes de Cambio Nicaragua – Nicaragua Protesta – Activismo Digital Nicaragüense (ADNIC) – Movimiento 19 de Abril Jinotega – Alianza Civica de Jinotega -Grupo Anonymous de Nicaragua – Comité Cívico Universitario UCA – REACNIC – Fundenic – Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia – Alianza Universitaria Nicaragüense AUN – Alianza Azul y Blanco Chichigalpa – Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial -Movimiento Sociales de las Segovias – Accion Universitaria – CODENI – Asociación NicaLibre – Sos Nicaragua Madrid – NicaSeattle – Unidad por los Exiliados Nicaragüenses en Panama – SosNicaragua Barcelona – SOSNicaraguaHolanda – Collectif de Solidarité avec le Peuple du Nicaragua -Nicaragua Karavaan – SosBelgique-Nicaragua – SosNicaragua-Europa – SoyNicaragua en Zaragoza – Sos Nicaragua España – SosNicaragua Galicia A Coruña – SOSNicaragua-Sverige – SOS France Nicaragua – Texas Nicaraguan community – SOSNicaragua Finlandia – Guanared Costa Rica y más.

“La situación de violencia contra personas Afro-LGBTI es invisibilizada y sistemática en América Latina” alertan activistas ante la CIDH

Quito, Ecuador. November 12, 2019. In the thematic hearing held during the 174 period of Hearings of the Inter-American Commission on Human Rights in Quito, Ecuador, LGBTI activists and Afro-descendants from Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru presented on the situation of violence, lack of protection, and lack of knowledge of their prevailing rights in each of these States.

Throughout the space, the activists highlighted how Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities are at greater risk of suffering from violations of their rights, especially by the States’ general lack of knowledge on the differentiated effects suffered by people living this reality.

Likewise, the activists presented a summary of different cases of murder and violence against transgender people and Afro-descendants, especially those committed with a high degree of cruelty and hatred; in addition to remaining completely unpunished. 

Bruna Benavides, ANTRA activist

“In January of this year, in Brazil, a trans woman had her heart torn out and then replaced by the image of a saint. Her murderer was acquitted of the charge, even though he narrated in great detail how he had killed her and kept her heart at home with a smile on his face,” said Afro-Brazilian activist Bruna Benavides, a member of the National Association of Transvestites and Transsexuals, or ANTRA in Brazil.

According to information given by Benavides, this year alone, 110 trans people were killed in Brazil, 85% of them black. Likewise, the activist reported that 90% of the population of transvestites and trans women in this country are engaged in prostitution due to the lack of job opportunities.

Furthermore, she pointed out that this group of people are recurring victims of different State institutions due to the inaccessibility of appropriate healthcare services and of fair employment opportunities and recognition, as well as having a lack of respect for their identities. In this regard, Benavides added ,“… today we are afraid to walk the streets again, and as a defender of human rights, I do not feel safe despite the progress we have made because our leaders have common policies of racist hatred , male chauvinism…”

In this order, the leader Justo Arevalo representative of the Colombian organizations Arco Iris de Tumaco, the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), and Somos Identidad, highlighted that contexts of rejection, violence, and discrimination within these communities towards people who assume a non-normative sexual orientation or gender identity create other types of cyclical and systemic violence that threaten the integrity of AfroLGBTI people. An example of this is in Colombia, where there is forced displacement towards cities that sharpen the circles of violence in which these people live.

Justo Arevalo, Colombian activist

“In March of 2019, a report on the realities experienced by Afro-LGBTI people was filed in Bogotá before the Jurisdiction for Peace, whose main findings show that documented violence and impact are blocked by very racial and class-particular relations, typical of the sociocultural, economic, and political environment in which they occur, prejudice as a factor of violence, and the responsibility of illegal armed actors in the face of serious violations of rights against Afro LGBT people, “Arevalo added in his speech.

Belén Zapata, an Afro-descendant trans activist from Peru, alerted the audience of the impact that police abuse has on the lives of Afro-descendant and transvestite people, highlighting that it sets a pattern of deep violence against their right to personal integrity in countries like Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, and Peru.

Likewise, the activist referred to the access of healthcare services by trans-descendant Afro-descendant women in the region, which is characterized in its generality for not being efficient or worthy of use by this population.

In this regard, the activist added: “There are still cases in which medical personnel offer inadequate and/or improper care to Afro-descendant transgender women. This pattern is particularly serious in cases of care for Afro-descendant transgender women who perform sex work and are taken in for injuries as a result of physical aggressions. But also, in cases where the request for other services is related to reproductive health or HIV / AIDS. “

Violation of the rights of Afro-LGBTI people is systematic

“As long as we avoid highlighting the intersection between race and sexual diversity, we will continue to perpetuate a system that makes the Afro-descendant LGBTI community invisible; we will continue to have legal structures, public policies, and government institutions that do not protect or guarantee the human rights of the Afro LGBTI population,” added Katherine Ventura, representative of the American University Legal Clinic. She also pointed out that there are patterns of violence that are particular to the Afro-LGBTI population, naming three: 1) Absence of rights’ guarantees focused on the Afro-LGBTI community; 2) Lack of implementation of existing laws and 3) Inadequate data collection, particularly in criminal investigation processes against Afro-LGBTI people.

On this matter, the Commissioners of the IACHR indicated the responsibility of the States to collect data, generate policies, and promote processes that guarantee the reparation, respect, and recognition of the rights of Afro-LGBTI people. In this regard, Commissioner Margarette May Macaulay urged States to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination as an alternative that seeks to address the issues of Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities.

To finalize the hearing, the organizations requested that the IACHR to urge the States of Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru to:

1. Urgently investigate cases of homicide and police abuse that involve Afro-LGBTI persons and, consequently, register and characterize them properly.

2. Implement the recommendations of the Afro-LGBTI population that this Commission has made since 2015, particularly those focused on the development of public policies that explicitly include the Afro-LGBTI population.

3. As part of the fulfillment of the objectives proposed in the Decade of Afro-descendants 2015-2024, the Afro-LGBTI population should be included as a beneficiary of justice and development-oriented measures in the region, and it should be requested that all states comply with the recommendations of the Inter-American Commission regarding the importance of providing differentiated data on sexual orientation and gender identity.

4. Suggest the ratification of the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerances and the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance to all States.

5. That the Inter-American Commission publish the report of the on-site visit to Brazil in 2018 and the rapporteur on the rights of Afro-descendants and racial discrimination visit Brazil to better know the situation of the Afro-LGBTI population, with effective participation of civil society organizations.

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Víctor Madrigal: “Que los Estados consideren los valiosos aportes de las personas LGBTI para la construcción del tejido social es una de las formas de garantizar su reconocimiento e inclusión”

Fotografía tomada de: Agencia Presentes

En su más reciente informe, el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal, presentó un análisis de las formas en que leyes, normas sociales y culturales discriminatorias siguen marginando y excluyendo a las personas en razón a su orientación sexual y/o identidad de género en diferentes esferas de la sociedad, situaciones que según el documento, se ven agravadas cuando al inter-relacionarse con otras formas de discriminación como la etnia, raza, la condición socio-económica, origen nacional, entre otras, conducen a estados definitivos de exclusión y marginación.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) habló con el experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Naciones para que a la luz de la realidad de los pueblos de América Latina presentara algunas consideraciones sobre la situación de las personas LGBTI, las formas múltiples de violencia que hoy experimentan, y algunas propuestas que posibiliten la superación de estás formas de exclusión.

¿Cuál es la situación actual de las personas LGBTI en América Latina, cómo la caracterizaría y en este sentido ¿Cuál es su lectura sobre el escenario actual de derecho de las personas LGBTI en América Latina?

Víctor Madrigal (V.M):  La problemática que enfrentan los derechos humanos de las personas LGBTI está condicionada, primero por un marco histórico que se ha construido a través de siglos, sistemas de exclusión y estigma que están basados en nociones acerca de cuáles deben ser los roles que adquieren las personas de acuerdo con sus configuraciones genitales.  La idea aquí es tratar de comprender cuáles son esas estructuras, entender, además, cuáles son las maneras en que se estructura el poder en la sociedad y así entender cómo las existencias de las personas LGBTI, que son subversivas a estos sistemas construidos a lo largo de décadas y siglos, se ven vulneradas a través de esquemas que lo que pretenden es defender estas estructuras de poder.

Lo que el Mandato ha hecho a lo largo de este tiempo es estudiar las causas básicas del estigma y la discriminación y ha llegado a entender que existen ciertas manifestaciones estructurales:  La primera de ella es lo que se conoce como la “negación”  relacionada con la idea existente en algunos ordenamientos ( o el mensaje político que se ha intentado difundir), es que las personas LGBT realmente no existen en ese contexto determinado, justificando su posición sobre la premisa de que estás son ideas importadas de algún otro contexto.

La segunda manifestación o mecanismo es el de la “estigma”, que yo he categorizado dentro de tres categorías:  1. Atribuir a las existencias LGBT una naturaleza delictiva, es decir, a través del crimen, de la legislación criminal.   En este momento todavía existen en el mundo 69 países que criminalizan la homosexualidad, y de ellos 9 están en la Región del Caribe. 

2. Otro de los mecanismos es la idea de que las vidas de las personas LGBT son pecaminosas en su naturaleza.  De aquí es toda la estructura de la iglesia que es utilizada para crear mensajes de exclusión y discriminación; y la última manifestación o mecanismo es la idea de la patologización, que está conectada con la idea básica de que las existencias LGBTI son de alguna manera u otra enfermizas o son reflejo de patologías.

Entonces la fenomenología de los problemas de derechos humanos que enfrentan las personas LGBT está inscrita en este contexto y está enraizada profundamente en estructura patriarcales, en estructuras sociales que son prevalentes en América Latina y que tienen como resultados altísimos niveles de exclusión social y de violencias.

En su informe sobre “Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” A/HRC/41/45 plantea el uso de datos como parte de la estrategia de superación de estos contextos y discriminación de violencias.  Podría explicarnos un poco ¿de qué manera se expresa esto?

Víctor Madrigal:  El contexto en el que yo planteo esto es mi convicción de que los procesos de estigma están basados en pre-concepciones, en prejuicios y en una explotación de preocupaciones que la generalidad de las personas tienen sobre la existencia misma de las personas LGBT que no está basada en ninguna base empírica, es decir, que no está basada en evidencia, y por lo tanto, considero que la estrategia para contrarrestar estas estructuras de prejuicio es la producción de evidencia y en esto la data es esencial. 

Cuando yo empecé a trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creamos la relatoría LGBT, una de las primeras cosas que hicimos fue crear un registro de violencia y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la problemática de violencia contra las mujeres trans estaba completamente invisibilizada en la data, y por lo tanto en la política pública, esto porque la mujeres trans que eran asesinadas y violentadas usualmente eran registradas en los registros policiales como hombres y por lo tanto existía una completa invisibilización de su problemática desde el punto de vista de la política pública, pero también con respecto a la conciencia social; entonces los mensajes eran muy poderosos desde todo nivel, era poderoso el hecho de que no existía data desagregada desde el punto de vista de esta población, reconocimiento de la existencia de esta población a la base de la violencia, pero también habían mensajes muy poderosos por parte de los medios escritos que constantemente reportaban asesinatos de mujeres trans como asesinatos de un hombre vestido de mujer, o un hombre travesti, o un hombre etiquetado automáticamente como un trabajador sexual, en fin, una cantidad de pre-conceptos que no tenían realmente ningún asidero desde la base empírica. 

Entonces, para mí la creación de una base de evidencia, que permita reflejar la verdadera naturaleza del problema de violencia, pero también la verdadera naturaleza de la existencia social de las personas LGBT es una parte esencial de la solución del problema del ejercicio.

Acorde a su último informe sobre inclusión socio-cultural y económica de la población (https://undocs.org/A/74/181) ¿Qué aspectos considera más fundamentales para la sociedad civil y los Estados en Latino-América?

Víctor Madrigal:  Sobre la base de todo está la producción de conocimiento con respecto a las realidad de vida de las personas LGBTI, insisto:  obtener data desagregada que nos permita entender la situación de las personas LGBT con relación a los sectores de educación, salud, vivienda y otros sectores resaltados en mi informe es fundamental, sin esa base de conocimiento, sin esa base de evidencia va a ser absolutamente imposible tener políticas públicas que dialoguen y tengan incidencia con estas realidades vividas de las personas LGBT.

Seguidamente, es importante que haya esta voluntad de conectar esta base empírica con la política pública, es fundamental asegurarse que la política pública esté informada por la base empírica, pero además cuando esté siendo realizada haya un ejercicio consciente de involucrar las comunidades, pueblos y poblaciones que están siendo afectadas.

Todo formador de política pública debe conocer de una manera muy clara las limitaciones sobre lo que no conocemos, sobre las realidades de estas poblaciones; en tanto, traerlas a los procesos de consulta, realizar procesos participativos es la única manera de asegurar que las políticas públicas vayan a tener un impacto sustentable.

Un tercer elemento, estaría relacionado con que en estos procesos existan manifestaciones políticas muy claras, sobre la manera en que los Estados reciben y promueven el mensaje de las vidas y existencias de las personas LGBT, en tanto, consideren que estas aportan al tejido social, que son existencias valiosas y dignas en el tejido social y que la habilidad y posibilidad de estas personas de vivir libres e iguales en el contexto de estas sociedades es una manifestaciones de sus derechos humanos, que no son derechos especiales, que no son derechos únicos, sino que es una base esencial de su derecho humano el poder vivir en esta igual y esta libertad. 

Y sobre la base de estas condiciones, creo que el último elemento que debe darse ahí, es el hecho que los Estados reconozcan que en estos reconocimientos y en esta manera de proceder existe una clave fundamental de asegurar todo el potencial de la contribución de las personas LGBT nuestra sociedad, de realzar y hacer posible que se desencadene y se asegure todo el potencial de la contribución social de estas personas en nuestros contextos.


Desde el ejercicio de su mandato, ha tenido la experiencia de trabajar con diversos activismos LGBTI del mundo. Que particularidades en el activismo, vulneraciones de derechos humanos o resultados exitosos ha podido identificar en sectores LGBTI racializados y/o pauperizados?

Víctor Madrigal:  Creo que el primer logro a resaltar es lo relacionado con el litigio estratégico en materia de descriminalización.  Es extraordinario lo que se ha logrado a través del activismo judicial, por ejemplo, en desmantelar sistemas de criminalización en la India, en el Caribe mismo tenemos el ejemplo de Trinidad y Tobago, tenemos el ejemplo de Belice.

Otros logros que podría mencionar estar relacionados con el acceso a servicios y disposiciones de no discriminación.

Yo no participo en la disposición de políticas de creación y disposición del Mandato, pero me ha parecido muy importante como la creación de coaliciones de la sociedad civil ha generado el mandato y ahora ha generado una renovación extraordinaria a través de la coalición de más de 1300 organizaciones de la sociedad civil que vienen de 174 países y que han creado realmente una sinergia maravillosa para que el mandato sea renovado con una mayoría bastante contundente por parte de la comunidad internacional. También creo que la creación de redes es un gran logro para la incidencia en materia de exigibilidad de los derechos de las personas LGBT.

Si alguna prueba tenemos de la experiencia vivida de los últimos 25 años es que el cambio social es posible en nuestra generación, hemos pasado de contextos de criminalización y patologización ha contextos de dignidad, y yo creo que esa energía de cambios, ese cambio de paradigmas es algo que cabe esperar que continúe.   Para los siguientes 25 años tengo la expectativa de un mundo libre de criminalización para el año 2030 y la expectativa de un mundo en el cual va a existir una verdadera inclusión social para la próxima generación.

Vea aquí presentación del informe sobre inclusión socio-cultural y económica de la población LGBTI a partir del minuto 47:34

Descargue aquí el informe

XXIII Reunión Nacional de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA): “Enfrentando los prejuicios y estigmas del VIH con la prevención combinada”

Del 28 al 31 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Tapes, el 23er encuentro nacional de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA); una red de organizaciones trans brasileñas que trabajan para promover los derechos de las personas transgénero.  Con la participación de aproximadamente 60 activistas, en representación de los 21 Estados de Brasil, se abordaron múltiples discusiones sobre los estigmas del VIH con la prevención combinada.

El espacio de encuentro se propuso al interior del país como alegoría a la invisibilidad de las violaciones de derechos humanos que ocurren lejos de los grandes centros urbanos, donde ocurren todos los eventos importantes. De hecho, durante la reunión, muchas activistas del interior informaron sus precarias condiciones para denunciar violaciones de derechos humanos y dar visibilidad a los asesinatos que ocurren sin noticias en los medios.

Pitty Barbosa, activista de ANTRA

“En todo Brasil, las ciudades del interior están en gran parte abandonadas por todos los administradores y carpetas de políticas LGBTI. Debemos tener una visión más clara y precisa de esta población, que carece de derechos. Así que tenemos que hacer más acciones en el interior “ Pitty Barbosa, de la ciudad de Iguaíba, ubicada en el interior de Rio Grande do Sul, afiliada a ANTRA.

Debido a la falta de recursos, el encuentro nacional no se había podido realizar desde hace dos años.   Además, a diferencia de otros años, en los que era posible celebrar reuniones regionales antes de las nacionales, no había recursos ni estructura para celebrar las reuniones regionales, lo que hacía imposible profundizar aún más los debates.

Epidemia de VIH en Brasil

Brasil está experimentando actualmente una nueva epidemia de VIH. Según los últimos datos del boletín epidemiológico publicado anualmente por el Ministerio de Salud, entre 2007 y 2017, el número de jóvenes infectados con VIH aumentó de 1.320 a 10.618, un crecimiento alrededor del 700%.[1]

Sin embargo, el aumento alarmante en el número de casos de transmisión del VIH, desarrollo del SIDA y muertes por enfermedades oportunistas, no ha llegado a todos los sectores de la población de manera homogénea. El SIDA en Brasil tiene clase, raza, género y sexualidad.

Por ejemplo, al analizar los datos sobre las categorías de raza / color y género en los últimos 10 años para las muertes por SIDA, se observan grandes discrepancias. Si bien, en los últimos 10 años, los hombres y mujeres blancas han experimentado una gran reducción en el número de muertes, de 5461 en 2007 a 4352 en 2017, no sucedió lo mismo con la población negra: en 2007 hubo 5111 muertes de hombres y mujeres negras, mientras que en 2017 el número aumentó a 6699.[2]

Se observa un movimiento similar si observamos las infecciones por enfermedades de transmisión sexual.   Si en 2007 los hombres heterosexuales representaron el 46.7% (1230) de los expuestos al VIH en Brasil, en 2017 representaron el 34.1% (9027). Los hombres que tienen sexo con hombres, a su vez, pasaron del 45% (1569) al 63.3% (16633) en el mismo intervalo, convirtiéndose en una gran mayoría y mostrando que hubo un fracaso en la prevención.[3]

Las representantes del Ministerio de Salud que asistieron a la reunión de ANTRA mencionaron una encuesta recientemente encargada por el Ministerio que estimó que alrededor del 40% de la población de mujeres transexual y travestis de Brasil actualmente vive con el VIH. Sin embargo, a lo largo del boletín epidemiológico, no se menciona a las personas transgénero.

Esta inviabilidad revela cómo la cis-heteronormatividad se posiciona como el parámetro universal de las instituciones brasileñas, que no están comprometidas con la vida de las personas trans en el país.

Esto se debe a que las travestis y las mujeres transgénero se asignan, por regla general, a la categoría “hombres que tienen sexo con hombres” a menos que, en teoría, hayan podido rectificar su nombre y sexo en el registro civil.

En cualquier caso, la reunión de ANTRA fue una oportunidad para que las diversas activistas presentes en el encuentro reconocieran los mecanismos de prevención combinada del VIH, así como las estrategias que dialogan con las realidades de vida de las travestis y transexuales, caracterizadas por no tener el mismo nivel de información y acceso al aparto estatal que los hombres cis gay blancos que habitan los centros urbanos del país.

Durante el espacio, las activistas también compartieron diferentes testimonios en los que relataban las dificultades vividas para acceder al sistema de salud, entre las que resaltaron serologías expuestas, desatención médica para control de carga viral, hospitales con desabastecimientos de medicamentos antirretroviral, entre muchas otras cosas que tienen un impacto en la posibilidad de que las mujeres travestis y transexuales en Brasil tengan acceso adecuado al tratamiento contra el VIH.

En un momento en que el conservadurismo fundamentalista ha estado creciendo en Brasil, las campañas de prevención del VIH se han visto perjudicadas, esto como estrategia que “impide sexualizar” a los jóvenes.  En este sentido, las organizaciones que participaron de la reunión organizada por ANTRA estuvieron de acuerdo que existe una urgente necesidad de apoyar las políticas de prevención para que puedan hacerse efectivas en la población que más lo necesita.   La vida de las personas transgénero no se puede dejarse de lado.

Race and Equality está comprometido con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de Brasil que trabajan por combatir el racismo, el machismo y la LGBTIfobia en el país, aún cuando estas expresiones de violencia se manifiesten en espacios institucionales. Felicitamos a la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales por el evento y pedimos al Estado brasileño que emprenda trabajos específicos de acción para enfrentar la epidemia de VIH / SIDA que vulnera de manera especial los derechos a la salud y la vida de la población negra, LGBT y trans tan afectada por esta epidemia.

[1] Boletim epidemiológico: HIV AIDS 2018. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018

[2] Idem, p. 57.

[3] Idem, p. 33.

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Autor:
Isaac Porto, Consultor LGBTI de Raza e Igualdad en Brasil

El Pueblo Afro-Mexicano y los Migrantes Afrodescendientes en México atentos al Censo 2020

Washington DC, Noviembre 1, 2019. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad, inició sus Conversatorios para analizar y aportar al proceso censal 2020 e incrementar la participación efectiva de los Afrodescendientes en México.

El primer Conversatorio denominado “AfroMexicanos: Análisis del Proceso Censal 2020 y Pasos a Seguir” se realizó en CDMX el 24 de Octubre en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED), donde su presidenta, Licenciada Geraldina González de la Vega Hernández, dio la bienvenida a los participantes. Como panelista local, se contó con la participación de la reconocida Tanya Duarte quien es la Directora de Proyecto Afrodescendencia en México.

Dicho espacio de diálogo también tuvo lugar en Pinotepa, México el pasado 26 de octubre.  Los panelistas en esta ocasión fueron los distinguidos lideres Sergio Peñaloza Presidente de la organización México Negro; Beatriz Amaro, Presidente de la organización Unidad para el Progreso de Oaxaca (UNPROAX), y Néstor Ruiz Presidente de Enlace de Pueblos  Organizaciones Costeñas Autónomas – EPOCA. Por problemas técnicos el líder Fenel Saint Juste, Miembro, Asociación de Defensa de los Migrantes Haitianos (ADIH-TBC) no logro hacer su presentación virtual. Ambos espacios contaron con la presencia de nuestra invitada especial, la licenciada Nancy Hidalgo, Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – Perú).

Este primer conversatorio permitió dialogar con los líderes y lideresas Afro-Mexicanos sobre sus percepciones del actual proceso censal 2020, quienes resaltaron la necesidad de mejorar los diálogos con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para avanzar efectivamente en lo restante de este proceso. Los líderes se mostraron con grandes expectativas y expresaron que continúan sensibilizando a sus comunidades para lograr una mayor auto-identificación afrodescendiente en comparación con la arrojada por la Encuesta Intercensal del 2015.

A pesar del fuerte interés en el Censo 2020, estos reconocieron que es una difícil labor la que estos realizan, especialmente por la falta de apoyo estatal, pues el mayor pedido para alcanzar las metas trazadas recae en fortalecer los conocimientos de los líderes y lideresas en el tema, e informar a sus comunidades sobre la importancia de auto-identificarse con los etnominos utilizados por el censo.

Esta es la primera vez que el Censo en México incluirá la pregunta de auto-identificación afrodescendiente, por ende, es una etapa importante por la cual está atravesando el pueblo Afro-Mexicano como los migrantes afrodescendientes, pero es una etapa con grandes desafíos.

Raza e Igualdad, desea aportar mediante el intercambio de experiencias por la cual han atravesado otros países. Líderes/sas, académicos y personal de INEs, quienes están abiertos a trabajar de la mano con el pueblo AfroMexicano y los migrantes de afrodescendientes.

Raza e Igualdad demanda atención médica efectiva para la activista cubana Xiomara Cruz Miranda

Fotografía de: Radio Martí

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa extrema preocupación por el estado de salud de la activista Xiomara Cruz Miranda quien en los últimos días ha presentado empeoramiento en su condición sin contar aún con un diagnóstico certero. Esta situación también es muy preocupante ya que Xiomara Cruz es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo reportado por el medio independiente Diario de Cuba y lo relatado por familiares de la activista, el estado de salud de Xiomara Cruz continua siendo delicado e incierto.  “…sigue muy debilitada, con fiebres continuas y dolores musculares severos. Los médicos continúan administrándole medicamentos diarios y realizando exámenes, pero aún las respuestas siguen siendo vagas a nuestras preguntas y no proporcionan ningún registro impreso” añadió familiar de Cruz Miranda.

Al principio, los médicos dijeron que Xiomara tenía tuberculosis y hasta la fecha había sido tratada para contrarrestar dicha enfermedad, sin embargo, a principios de agosto los estudios médicos realizados salieron negativos para la enfermedad, aspecto que, según lo relatado por Clara Iznaga a Diario de Cuba, no pudo ser explicado por los médicos al indicar que “no entienden por qué Xiomara continua con dolores”. “Los médicos cambian de opinión y nunca dan un diagnóstico claro. Un día es tubercolusis, otro día es cáncer de pulmón. A pesar de que han hecho varias pruebas diagnósticas, nunca han mostrado los resultados de ellas a los familiares de Xiomara, por lo que desconfiamos mucho de los médicos” señala Clara Iznaga.

Aunque varios medios de comunicación han reportado que Xiomara Cruz será enviada a su casa, pues la fase contagiosa de la enfermedad por la que fue diagnosticada ya ha sido superada, activistas de derechos humanos de Cuba han publicado en sus redes que en realidad Cruz Miranda será trasladada a otro centro médico para realizar otros estudios y descartar algún tipo de cárcer, enfermedad que ya había sido valorada, descartada y ahora nuevamente es considerada por familiares de la activista al no encontrar respuesta al grave estado de salud de la lideresa. 

“Lo que están haciendo con nosotros es pasarnos por un laberinto” señaló un familiar de Xiomara al referirse a la forma equívoca y negligente de los médicos para tratar la situación de salud de la activista y de su familia; teniendo en cuenta que todavía falta por dar respuesta a la posibilidad de que Xiomara sufra de alguna infección bacteriana en sus pulmones.

Según informe del medio de comunicación Diario de Cuba,  Cruz Miranda fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de “amenaza”. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada tras presentar lesiones en la piel, además de diversos problemas de salud que no han hecho más que empeorar desde entonces.

En julio pasado tuvo que ser traslada a la capital, donde reside, y hospitalizada en la sala de penados del centro médico La Covadonga. A fines del pasado mes de julio fue internada en terapia intermedia con la hemoglobina baja, hígado graso, líquido en los pulmones, falta de aire y un análisis de sangre que le reportó el eritro alto, además de eccemas en la piel.

Raza e Igualdad urge al Estado cubano proveer prioritaria y diligente atención médica a la activista Xiomara Cruz Miranda, de tal manera, que se pueda garantizar un real y efectivo derecho a la salud de la activista. Xiomara entró a la custodia del Estado cubano sana y sin problemas de salud, y ahora su vida está severamente en peligro. Tiene fiebre todos los días, ha bajado mucho de peso y está muy débil. Los eventos hasta la fecha sufridos por Xiomara evidencian negligencia médica e inminentes violaciones a sus derechos fundamentales como a la vida, la salud y el trato digno.  Urgimos a la comunidad internacional pronunciarse ante esta situación en la que se evidencia un alto riesgo para la vida de la activista.

“La odisea de ser mujer afrodescendiente y trans en Colombia”

The Trans Support and Action Group Foundation (GAAT, for its initials in Spanish), in partnership with ICASO, carried out the event “Transcending Barriers: Rights and full citizenship for people with experience of trans life” from the 16th to the 19th of September 2019. This event was attended by trans activists from eleven different regions of Colombia that met in Bogotá to discuss how their human rights are being guaranteed, what are the barriers they struggle with to access services, and how to create some strategies to overcome these challenges.

The event was also attended by five Afro-descendant activists with diverse sexual orientations and gender identities -four trans women and a non-binary person- from the departments of Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Chocó and the municipality of Montes de María; who addressed their reflections from the experiences that frame their reality as Afro-trans people living in Colombia.

Among the comments highlighted by the activists was the latent discrimination they live with in their territories, generated by barriers to access to different rights such as health, education, and work.

“… the Constitutional Court ruled that trans people who wanted legal recognition of their gender identity in their EPS could do it, and this issue is still a complication in the territory…” Afro-trans Chocó activist.

“… In hospitals as elsewhere, there is not yet a focus on differential care for trans men and trans women. So, that makes (going to) the doctor a complete torture, […] the treatments that one can already follow, but then they give you a lot of obstacles and paperwork, and in such a way that finally you get tired and don’t go to receive your hormones, or go to the doctor at all… ” Afro trans non-binary activist from Valle del Cauca.

The activists also denounced teachers and classmates who use strong dynamics of discrimination in educational spaces; in addition, they stated that there are policies that deny the gender identity of diverse people, because authorities refuse to issue official documents with the identifying names of those people.

Regarding the guarantees of access to work, the leaders expressed that there are no labor inclusion policies for trans people, therefore, they are not even interviewed for the positions they aspire to have, or there are more requirements imposed on them – such as the completion of multiple courses – to delay their applications.

“… Work for transgender people in my municipality is very scarce. It is something sad, because there we talk about labor inclusion [but] a trans girl […] just for having her male name on her ID, is called by her masculine name, not by her identifying name […] When [whoever is in charge of the job interview] enters, [says] ‘what a shame, the interview cannot be done because you appear under another name’.” Afro trans activist from Montes de María.

“Our race is also a cause of violence and a factor that generates new dynamics of discrimination and marginality,” said one of the Afro-trans activists, referring to the differentiated violence that Afro-descendant women face in comparison to the rest of the population classified as “mestizo white.” Accordingly, the leaders referred to a social and state discourse that denies the existence of racism and systems of structural discrimination by pointing out that racism has diminished or does not exist. This creates an invisibility of their identities in official statistics.

“… In the prosecutor’s office or in any other entity, they do not take the time to ask one how one identifies oneself […] I realized this through a process that I took to the prosecutor’s office […] I had the right to say that I am an Afro-descendant trans person. I went to the official, I approached and told him. [He replied:] ‘But you have to understand that everyone is recognized as white or mestizo. There is no Afro.’” Afro trans activist from Montes de María

Structural racism is also illustrated by the stratification of the territories, where Afro people inhabit the poorest areas, and those who have a better standard of living do so through a lot of work or association with mestizo white people. Because of this situation, there is a lack of the guarantee of rights in places predominantly inhabited by Afro people. In turn, this barrier is accentuated when Afro people also have diverse sexual orientations or gender identities because their violence becomes more complex.

“We could say that you have to take sides, or defend yourself as an afro person, or defend yourself as a diverse person, but not both, impossible, that would be death”. Afro trans activist from the Caribbean.

Systematic forms of psychological violence and discrimination in the territories are other situations that, according to the stories told by the leaders, violate the integrity and rights of Afro-trans people. “Generally, the first thing that is affected is self-esteem, because to understand that they begin to look at you first, to judge you without even knowing you, sometimes simply because of your skin color, that is brutal. And the other thing is that […] you have your hair and you have your afro, and they come to want to touch your hair without asking, that is already violent because they are invading your space and they don’t even ask,” details non-binary Afro trans leader from Valle del Cauca.

Finally, within their own family, or even in spaces shared with LGBTI people, their ideas are not validated by their peers in the same way as the ideas of their white mestizo companions and counterparts.

“If you are black, it is a proposal, but if you are white, the proposal is validated.” GAAT Executive Director.

Given the various structural problems that undermine and deepen the circles of poverty, racism, discrimination, and marginalization of Afro people with diverse sexual identities and orientations, activists pointed out the importance of creating spaces in the territories that reinforce the ideas of family building, outside the “traditional-conventional” biological form that reduces the construction of the family bond to the consanguinity traits of family members. In addition, they proposed the creation of policies for access to health, work and education for trans people.

At the same time, they pointed out that the State institutions require pedagogies and trainings regarding the Afro-trans issues with a territorial focus. “These activities must be directed by people who are empathic with the issue in order to create much deeper discussions and lessons,” stressed the activists. They also said that it is important that there is greater empowerment of new Afro-trans leaderships, and pointed out relevant ways that social organizations should strive to create greater spaces of inclusion for Afro people who understand first-hand the specific complexity of their daily lives in the territories.

The Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) was invited by GAAT to hold a short workshop during the afternoon of September 16th. This invitation was motivated by the need found by the executive direction of the organization to incorporate the relationship and intersection of gender identity with ethnic-racial belonging into the agendas, activisms, and work with communities. The workshop was composed of a brief reference to the existence and activities carried out by the Afro-LGBTI Network of Latin America and the Caribbean, as well as a series of findings from documentary reviews made by the member organizations of the Network. Thus, we deepened the need for the incorporation of intersectional approaches in trans activism, referring to situations in which structural racism, together with the dynamics of prejudice against LGBTI people, increase the vulnerability of people who find themselves mostly in contexts of poverty and without protection from the State.

At Race and Equality, we celebrate the completion of these types of conferences in which our counterparts can establish working relationships, as well as expand their relationships, with activisms that work tirelessly for the defense of transgender rights.  . We also highlight the growing interest and commitment in the visibility and social and political impact of the rights situation for Afro-LGBTI people. We believe that this type of interaction is essential for new human rights activists and organizations present in the different regions of Colombia to start creating intersectional analysis efforts from their own agendas.

15 personas transgénero de Brasil fueron asesinadas en el mes de septiembre

El asesinato de personas transgénero en Brasil sigue siendo un problema extremadamente preocupante. Solo en septiembre, según la Asociacilón Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 15 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil, lo que resultó en un promedio de 1 persona transgénero asesinada cada 48h. Desde enero hasta el 30 de septiembre, 89 personas transgénero habían sido asesinadas en el país. La mayoría de los asesinatos muestran signos de gran violencia en el acto, como veremos a través de los siguientes tres ejemplos:

En el estado de São Paulo, el cuerpo de Bruna Torres, una travesti[1] de 26 años, fue encontrado en una carretera el 15 de septiembre. Tenía el cuello roto y las manos y los pies atados.

El 20 de septiembre, en un área forestal de la región metropolitana del estado de São Paulo, se encontró el cuerpo de la niña transexual Médely Razard, de solo 15 años. Médely estaba amordazada y en su cuerpo había signos de agresión física. La policía cree que fue estrangulada con un cordón alrededor de su cuello y que fue abusada sexualmente.

En Uberlândia, Minas Gerais, el cuerpo de la travesti Junia Bispo fue encontrado el 29 de septiembre, con varios signos de violencia y sin vida. La policía encontró trece perforaciones causadas por un instrumento punzante.

En agosto de este año, al entregar el dossier sobre “asesinatos y violencia contra travestis y transexuales en Brasil en 2018” a la comisionada Margarette May Macaulay, Bruna Benevides, secretaria de política de ANTRA, dijo:

“Este dossier está manchado de sangre y construido principalmente como un pedido de ayuda: ¿qué más podemos hacer como instituciones, como compañeros y compañeras, como organizaciones, como movimientos, para que otras travestis, mujeres transexuales, hombres trans y personas no binarias no sean asesinados por ser quienes son?”

Brasil es el país donde más personas trans son asesinadas en el mundo. Solo en 2018, hubo 163 casos. Está claro que las personas trans en Brasil viven en un contexto de gran violencia, y que el Estado brasileño no consigue, ni tiene el objetivo de proteger sus vidas.

En el momento político en que Brasil atraviesa una verdadera cruzada contra la población LGBTI, es esencial dar visibilidad al peligro para las personas trans, cuyo mayor desafío es la supervivencia.

Raza e igualdad continuará su lucha por la igualdad y convoca al Estado brasileño a investigar las muertes de las mujeres travestis y transgénero en el país y, sobre todo, a garantizar que todas las personas puedan expresar su orientación sexual y su identidad de género libremente en Brasil.

[1] Travesti es una identidad de género que existe en algunos países latinoamericanos como Brasil y que describe a las personas asignadas a hombres al nacer que asumen un rol de género femenino, a veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios o las inyecciones de silicona.

MANISFESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL BRASILEÑA SOBRE LA CANDIDATURA DE BRASIL AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU



Las organizaciones brasileñas de la sociedad civil, apoyadas por varias organizaciones extranjeras, regionales e internacionales, expresan su profunda y grave preocupación por la candidatura brasileña al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período de tres años 2020-2022. Estas preocupaciones ya han sido expresadas varias veces por la sociedad civil y se reiteran en vista de la posición adoptada por el gobierno brasileño en los espacios de las Naciones Unidas, incluido y particularmente reiterado por el propio presidente en su discurso en la apertura de la 74a Asamblea General de la ONU.

Las manifestaciones del gobierno brasileño justificando su candidatura contradicen la tradición brasileña acumulada hace décadas en las relaciones multilaterales y que siempre caminó en defensa del universalismo de los derechos humanos.

Esas manifestaciones no reconocen los derechos humanos como sistema de protección para tod@s y cada un@ porque se guían por la defensa de los “buenos humanos”, “los humanos correctos” para los cuales solamente los derechos humanos serían aplicables, mientras que otros seres humanos, los “criminales” y aquellos que los apoyan no son titulares de derechos. Las posiciones de este tipo promueven la exclusión y el ataque a temas como mujeres, LGBTI, pueblos indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, negras y negros, jóvenes, entre otros. Estas reiteradas manifestaciones, que también se están convirtiendo en prácticas del gobierno brasileño, no son aceptables. Un gobierno que actúa con serias reservas a derechos humanos, y que promueve acciones que conducen a reveses en la realización de los derechos, es anti universalista y no puede querer que la comunidad internacional crea que tiene una disposición efectiva para comprometerse con la realización progresiva, universal, interdependiente e indivisible de los derechos. Todos los derechos humanos para todas y para todos.

Las organizaciones firmantes rechazan las acciones resultantes de estas posiciones del gobierno brasileño, como la glorificación de las atrocidades, incluso ataques contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el desmantelamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en violación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; el desmantelamiento de los consejos de participación social; la orientación del Presidente de la República a los cuarteles para conmemorar el golpe de estado de 1964 y la negación oficial del mismo golpe; la negativa categórica a continuar el proceso de demarcación de los territorios indígenas; falta de respeto y ataque a los pueblos y comunidades tradicionales; el rechazo del reconocimiento de la cuestión de género por explicación de voto durante la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; la represalia al defensor de los derechos humanos Jean Wyllys durante la 40ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; los retrocesos en la lucha contra el trabajo esclavo; incitación a la violencia contra los pueblos y comunidades tradicionales, sus tierras y territorios; sanción de las leyes de posesión de armas para los propietarios de tierras y declaraciones que autoricen la violencia contra estas poblaciones, incluidas las personas sin tierra, entre otras medidas.

Dichas posiciones y acciones son incompatibles con los objetivos del Consejo de Derechos Humanos, cuyo trabajo debe guiarse por la universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación para mejorar la promoción y protección de todos los derechos, de conformidad con el Artículo 4 de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma Resolución, en su artículo 9, determina que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben mantener el más alto nivel de protección y promoción de los Derechos Humanos. Esto significa que, para calificar para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, un estado candidato debe dar el ejemplo y hacer los mejores esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes afirman que el Estado brasileño no cumple con las condiciones mínimas para solicitar la renovación de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos considerando los parámetros de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que no recomiendan a la comunidad internacional de Estados votar por Brasil para una de las vacantes de GRULAC para el período de tres años 2020-2022. Además, las organizaciones de la sociedad civil esperan que la comunidad internacional de estados controle más de cerca la situación de los derechos humanos en Brasil.

Descargue aquí listado de organizaciones firmantes y organizaciones aliadas



Raza e Igualdad rechaza acusaciones de autoridades del régimen cubano contra José Daniel Ferrer miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza categóricamente la represión y violación a los derechos y libertades fundamentales del activista y líder político José Daniel Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido arbitrariamente el pasado martes primero de octubre después de un fuerte operativo militar llevado a cabo en las sedes de la organización.

El líder político se encuentra actualmente detenido en el Centro de Operaciones de Vesalles, del Departamento de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, acusado por su postura de desafío al régimen cubano, por supuestamente apoyar medidas de política de los Estados Unidos en contra del gobierno cubano, además de ser acusado de agredir al activista Sergio García Gonzáles, quien en día pasados habría sufrido un accidente en su motocicleta para posteriormente ser presionado por la seguridad del Estado para testificar en contra de Ferrer y otros activistas de la UNPACU, como autores de las lesiones sufridas.

“Lo tienen amenazado con llevarlo a la cárcel queriendo fabricar un delito por supuestas lesiones, para que así quede como un preso común y no como un preso político” señaló la hija de Ferrer en su cuenta de twitter.

A través de un video publicado en las horas de la tarde del día de ayer, el miembro de la UNPACU Carlos Amel Oliva entrevistó a la esposa del activista Sergio García Gonzáles, quien confirma que Ferrer no es responsable de las lesiones de su esposo.   Aunque el activista García Gonzáles se ha rehusado a ser contactado por autoridades del gobierno y por representantes de la Unión Patriótica de Cuba, el peligro de ser obligado a testificar contra Ferrer sigue siendo una posibilidad.

https://www.facebook.com/100010293360012/videos/959492631070507/

Ciertamente, no es la primera vez que el Estado cubano intenta fabricar un delito contra José Daniel Ferrer; el año pasado el líder político también fue víctima de una campaña de desprestigio que buscaba acusarlo de “asesinato” del oficial de la policía Dainier Suárez Pagán, quien intentaba incriminarlo al intentar ser atropellado por un carro.  Para este entonces testigos comprobaron que Ferrer era inocente de los cargos por los que se le acusaba.

En su más reciente informe sobre el sistema de justicia en Cuba, Raza e Igualdad alerta sobre los métodos utilizados por el Estado Cubano para incriminar, señalar y acusar a opositores del régimen y sistema político de Cuba; fabricando delitos que son sustentados a través de un Código Penal que vagamente ha definido los delitos por los que frecuentemente se les acusa a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

Como organización comprometida con los derechos humanos del pueblo cubano, hacemos un llamado al Estado cubano garantizar y respetar los derechos humanos del activista de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recordando que la libertad política, así como la libertad expresión, asociación son derechos elementales de cualquier individuo sin importar nacionalidad o filiación política.  Raza e Igualdad demanda la inmediata libertad del dirigente político Ferrer así como de los demás activistas que permanecen en arbitraria detención. Solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse ante estos hechos de evidente violación y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Fotografía tomada de: www.cibercuba.com

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