25J: Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en los espacios para la protección y defensa de los derechos de la población afrodescendiente

25J: Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en los espacios para la protección y defensa de los derechos de la población afrodescendiente

Washington D.C., 25 de julio de 2023.– La creación de nuevos mecanismos internacionales para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, marca una oportunidad clave e histórica para superar el racismo y la discriminación que enfrenta esta población. Por ello, este Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos un llamado para que en estos espacios se tengan en cuenta las perspectivas de género e interseccional, de tal forma que estas marquen el trabajo de vigilancia de la situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Del 25 de julio y la lucha por la justicia racial

El 25 de julio fue establecido como Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se celebró un día como hoy, pero de 1992, en Santo Domingo (República Dominicana), en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

En nuestra línea de trabajo sobre igualdad racial, hemos venido incorporando los enfoques de género e interseccional en todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación), pues consideramos que a través de esas perspectivas se pueden garantizar la inclusión de las mujeres y todas aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Asimismo, ante la creación de mecanismos internacionales sobre población afrodescendiente, hemos apoyado la participación de mujeres afrodescendientes en nuevos espacios como el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés) y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés), así como en otros de vieja data como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Mujeres afrodescendientes marcando agenda en nuevos mecanismos

En la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York, organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana conformaron una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina. Con el apoyo de Raza e Igualdad y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), dicha delegación también planteó la necesidad de construir agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres en la región.

“Lo importante de estar presente en este espacio fue que pude llevar las voces de varias mujeres silenciadas. Grada Kilomba, artista, escritora e intelectual negra, dice que el hombre blanco está en la cima de la pirámide social, luego viene la mujer blanca, luego el hombre negro, y la mujer negra es invisible en la base de la pirámide. Y queremos cambiar eso”, asegura Monique Damas, abogada y Directora Ejecutiva del Selo Juristas Negras, una de las organizaciones que conformó la delegación.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y quien también fue parte de la Delegación de Justicia Racial ante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, valora que garantizar la perspectiva de género en estos espacios es esencial debido a la persistencia de acciones de racismo y discriminación encaminadas a dañar su integridad no solo por ser mujeres, sino por ser también mujeres afrodescendientes.

“Somos nosotras las que sufrimos el impacto desproporcionado del conflicto armado, cuando nuestros cuerpos siguen siendo abusados sexualmente como estrategias para el destierro y desarraigo de nuestros territorios, cuando no podemos acceder a educación, empleo, vivienda digna, salud, etc.”, dice.

Respecto a qué se espera con la participación de las mujeres afrodescendientes en estos nuevos mecanismos, así como en otros que ya llevan varias décadas en funcionamiento como el CERD y el Comité CEDAW, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), asegura: “Sociedades más justas, igualitarias y equitativas, garantizar la autonomía de las mujeres afrodescendientes; asimismo, aumentar las capacidades de las jóvenes afrodescendientes y brindarles  las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial”.

“Esperamos que desde nuestros estados puedan generarse acciones afirmativas y políticas públicas con presupuestos que garanticen acortar las brechas de desigualdad que enfrentamos no solo por nuestra condición de género sino también por nuestra pertenencia étnica”, añade Ramírez. Cabe destacar que durante la revisión del Comité CEDAW a Perú en 2022, se contó por primera vez con la participación de activistas afroperuanas, por medio de CEDEMUNEP con el apoyo de Raza e Igualdad.

Desde Cuba, Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), destaca el enfoque de género y la interseccionalidad como herramientas clave en espacios sobre población afrodescendiente. “Porque son espacios necesarios para que estas poblaciones expliquen o narren las realidades que viven desde todas las intersecciones que atraviesan en su día a día en sus barrios o comunidades”, afirma.

“Además estos espacios pueden ser escenarios muy positivos para que las mujeres podamos articularnos, desarrollarnos y participar de la vida política y pública de un país”, agrega.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo la participación de las mujeres afrodescendientes en los mecanismos regionales e internacionales existentes para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Es fundamental que las perspectivas de género e interseccional sean tomadas en cuenta en la recolección de datos, análisis de situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

COMUNICADO: Raza e Igualdad condena los recientes actos de violencia policial racista y urge al estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 19 de julio del 2023.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – (Raza e Igualdad) condena enfáticamente el asesinato de jóvenes afrodescendientes a manos de agentes de la Policía, en medio de procedimientos irregulares en varias zonas del país[1]. Así mismo, urgimos al Gobierno Nacional a que implemente una reforma integral a la Policía Nacional, a fin de erradicar prácticas asociadas a violencia policial que afectan de manera diferencial a las personas afrodescendientes en Colombia.

El 28 de junio de este año, Milton Andrés Perlaza, un joven afrodescendiente de 17 años, falleció trágicamente después de recibir un disparo de un oficial de policía en Pradera, Valle del Cauca[2]. La comunidad afirma que el oficial, quien ya tenía antecedentes de maltrato, intentó ahogar al menor en un charco. Por otra parte, el pasado 15 de julio un hombre afrodescendiente fue asesinado por miembros de la Policía de Colombia durante un procedimiento policial en las Islas de Barú, en Cartagena[3]. Según el reporte, durante un incidente un Policía hizo uso de su arma reglamentaria y le disparó al hombre involucrado, quien falleció camino al centro de salud.

La situación descrita refleja el complejo contexto que enfrentan las personas afrodescendientes en Colombia debido a prácticas racistas y discriminatorias cometidas por agentes del orden. Históricamente, esta población ha sufrido discriminación por parte de la Fuerza Pública, siendo víctima de violencia policial, manifestada a través del perfilamiento racial, la violencia física y el uso excesivo de la fuerza en zonas habitadas por personas afrodescendientes.

Raza e Igualdad, Insta al Gobierno de Colombia para que adopte, acate e implemente de manera efectiva los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación, como son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación 36 de 2020 contra el perfilamiento racial, y el Programa de Acción de Durban. También es importante la adopción e implementación de los estándares que se han desarrollado contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH): Resolución 43/1, Resolución 47/21 y la implementación de la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

Instamos al Estado a comprometerse plenamente en la realización de una Reforma Integral de la Policía Nacional que asegure la participación genuina y efectiva de la sociedad civil, especialmente de las víctimas de la violencia policial racista, desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta su pertenencia étnica en la planificación y ejecución de iniciativas destinadas a transformar dicha institución. Es importante destacar la necesidad de implementar una reforma policial que busque eliminar la reproducción de prácticas racistas sistémicas y discriminatorias al interior de las fuerzas del Estado.

 

[1] https://twitter.com/bantuashanti/status/1680375706147069958

[2] https://www.elespanol.com/mundo/america/20230717/rico-suena-arma-policia-dispara-arroja-rio-adolescente-negro-colombia/779672249_0.html

[3] https://www.elpais.com.co/judicial/impactante-video-hombre-murio-por-presunto-abuso-de-autoridad-en-procedimiento-policial-en-cartagena-1544.html

Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo

Washington D.C., 28 de junio de 2023.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea dedicar este artículo a reconocer, celebrar y visibilizar la presencia de personas LGBTI+ de la región en el campo del arte y la cultura que siempre han sido formas de resistencia, sobrevivencia y orgullo para las personas LBGTI+. Sus disruptivas formas de expresión artística han revolucionado este sector, no solo enriqueciéndolo sino desafiado y transformado las narrativas dominantes de la cisheteronormatividad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, en el informe A/HRC/14/36 de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales de las Naciones Unidas señala que, en muchos aspectos, los derechos culturales son esenciales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. A través de estos, se protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo -individuales y colectivos-, y abarcan libertades importantes relacionadas con cuestiones de identidad[1].

En ese sentido, la representación y la visibilidad digna de grupos históricamente vulnerados, como la población LGBTI+, son fundamentales para reivindicar sus cuerpos e identidades, y promover sus derechos humanos. “Combate el estigma y la discriminación. La representación positiva en la cultura contribuye a desafiar los estereotipos y prejuicios negativos que existen la entorno a la diversidad sexual y de género”, menciona Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua, quien señala que esto también sucede con une misme cuando los personajes y narrativas reflejan experiencias propias que contribuyen a desarrollar mayor confianza y aceptar su identidad de género u orientación sexual sin sentir vergüenza o culpa.

“La manifestación artística diversa visibiliza, expone, retrata y enriquece. Poder disfrutar del arte de manos de personas de la diversidad sexual y de género brinda una perspectiva diferente al público, humanizando y volviendo suyas las expresiones”, dice Fhran Medina, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTI+ de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Desde el significado del arte y la cultura, más que tener un fin instrumental, Guillermo Valdizán dice en su libro Creación Heroica que “las formas de producción cultural están íntimamente ligadas a los procesos de transformación de las sociedades”[2]. Es decir, la producción cultural no existe sino en un contexto social, político y económico determinado y ha continuado presente a lo largo de la historia de las sociedades; por ello, son parte del proceso social y no solo una herramienta. Como dice Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia, existe una apropiación de la esfera cultural más visible por parte de las personas LGBTI+ que produce nuevas representaciones y reflexionan sobre la sexualidad y el género, y desde este espacio se gestan transformaciones culturales también.

A continuación, las contrapartes de Raza e Igualdad recomiendan algunos ejemplos notables de producciones culturales que han contribuido a la visibilidad de las personas LGBTI+:

Yunior Pino, fotógrafo y activista cubano: “Somos personas valerosas, dotadas de talentos y dones; educamos para erradicar los tabúes que por generaciones han causado mucho daño y discriminación. Recomiendo el filme cubano titulado “Fátima” porque cuenta la cruda realidad que vive en su mayoría la comunidad LGBTI+ en Cuba, ante una sociedad machista, discriminatoria y un sistema que obliga a ejercer la separación familiar y la prostitución”.

Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia: “Me gustaría que el trabajo de Kia sonorica, una artista trans paraguaya, pudiera conocerse más. Ella también es historiadora anticolonial, conoce bien la historia del arte; y ahora es una de las artistas Latinoamericanas pioneras en el uso de la inteligencia artificial para producir obras artísticas”.

Fhran Medina, abogado y activista peruano: “Antay es mi cantautor peruano favorito, no solo por ser un gran cantante, sino por el trabajo y el enorme corazón que le pone a cada canción y presentación. Sus letras son ternura y también mucho arte. Como cantautor trans, lleva consigo muchas historias y vivencias de la población trans. El videocip de la canción “Júrame” es algo que todas las personas deberíamos ver, pueden encontrar más de sus producciones en Spotify y Youtube”.

Articulación Brasileña de Lésbicas – Rede ABL: “Recomendamos el trabajo de Bia Ferreira en la música porque es una mujer negra y ‘sapatão’* que trae en sus canciones verdaderos ‘evangelios’ de liberación. Es importante que otras personas conozcan su trabajo porque explica de forma didáctica la causa y las soluciones a diversas cuestiones sociales”.

Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua: “Recomiendo a la artista Ru Paul, es una Drag Queen icónica y presentadora del programa RuPaul’s Drag Race, ha sido una figura importante en la cultura LGBTI+ y ha promovido la aceptación y la celebración de la diversidad”.

En conclusión, la visibilidad de las personas LGBTI+ en el campo del arte y la cultura es un indicador poderoso del progreso en materia de derechos humanos. A través del cine, la música, la danza, el teatro, arte visual y más, se ha conquistado un espacio en el que estas voces trascendentales pueden ser escuchadas y sus experiencias pueden ser representadas de forma más auténtica. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de promover la visibilidad y la representación de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida y les desea un mes del Orgullo con mucha música, arte y cultura. Todas las personas merecen vivir en una sociedad sin violencia, más justa y sin discriminación. ¡Derechos Humanos Siempre!

*’Sapatão’ es una palabra de orgullo que hace referencia a las mujeres lesbianas de Brasil. Es similar a que el movimento trans valoró la palabra ‘travesti’.

…………

[1] Report of the independent expert in the field of cultural rights, Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10/23 of the Human Rights Council. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/124/40/PDF/G1012440.pdf?OpenElement

[2] Valdizán, Guillermo (2021). Creación Heroica: Neoliberalismo, políticas culturales y estrategia comunitaria en el Perú del siglo XXI. Lima: RGC Ediciones

Anulación de registros civiles y cancelación de cédulas a personas colombo-venezolanas: presentamos concepto técnico

Colombia, 15 de junio del 2023.– La nacionalidad es un vínculo legal, político y jurídico que une a un Estado con una persona y es instrumental para el acceso a múltiples derechos fundamentales y servicios. Este derecho ha sido particularmente importante para las personas retornadas, es decir, hijas e hijos de madres y/o padres colombianos que, por la crisis humanitaria, política y social que atraviesa Venezuela, han decidido establecerse en Colombia. 

Sin embargo, en los últimos 2 años este derecho ha sido fuertemente amenazado. El 30 de julio de 2021 entró en vigencia la Resolución 7300 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), que desarrolla el proceso de anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por supuesta falsa identidad. A septiembre de 2022, la RNEC había cancelado aproximadamente 43.700 documentos de identidad, de los cuales 26.812 correspondían a personas colombianas nacidas en Venezuela, impactando de manera específica los derechos de esta población. 

Entre esos casos, se encuentra el de una mujer colombo-venezolana retornada que presentó una acción de tutela al verse afectada por la anulación de su registro civil y cancelación de su cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vulnerando de esta forma sus derechos a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, la nacionalidad y a la personalidad jurídica, que condicionan el acceso a múltiples servicios y garantías fundamentales.

Este caso motivó a que la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos; y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad —Dejusticia, presentáramos un concepto técnico a la Corte Constitucional, donde sostenemos que facilitar el acceso a documentación a través de la inscripción en el registro civil de nacimiento y la obtención de la cédula de ciudadanía es un mecanismo crucial para promover la integración de la población colombo-venezolana. 

Sin embargo, en los últimos años, este proceso se ha complicado debido a las barreras existentes en Venezuela para acceder a documentación oficial apostillada; y por las medidas de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que ha inaplicado la norma que permitía hacer la inscripción extemporánea de la nacionalidad sin documentos apostillados. 

A partir del análisis de las barreras que enfrentan las personas colombo-venezolanas que han realizado la inscripción extemporánea de su nacimiento, ofrecimos una serie de pautas concretas para dar una solución al caso particular, pero que a su vez sirvan en casos similares.

En el concepto técnico, reiteramos el deber que tiene el Estado colombiano de brindar protección y garantizar derechos. Además, resaltamos que la nacionalidad es un derecho que abre la puerta para poder ejercer otros derechos y acceder a servicios básicos como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. No tener nacionalidad, implica el riesgo de convertirse en apátrida, es decir, de no existir jurídicamente al no ser reconocido por ningún Estado.

La anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de más de 43.700 personas representa una violación sistemática, masiva y generalizada de sus derechos fundamentales. Esto derivó, en particular, en violaciones a los derechos al debido proceso que se materializaron en resoluciones de grupos de 50 personas. Al tratarse de actuaciones masivas, no se exponen de manera congruente las razones de hecho y derecho que motivaron la actuación de la RNEC.

La RNEC no evaluó los aspectos de legalidad, proporcionalidad y necesidad, que implicaban valorar los impactos que esto generaría en la vida de los individuos y sus familias, así como el riesgo de apatridia que supone la medida para niños, niñas y adolescentes.

Por ello hacemos un llamado a la Corte Constitucional, para que no solo proteja los derechos fundamentales de quien interpuso la acción de tutela, sino de todas aquellas personas que comparten la misma situación jurídica y fáctica de la accionante y que enfrentan las mismas afectaciones a sus derechos fundamentales, como consecuencia de las actuaciones inconstitucionales de la RNEC.

La Corte Constitucional puede amplificar la decisión cuando evidencia que la accionante pertenece a un grupo de personas que se encuentran en condiciones similares. Las personas afectadas por las actuaciones administrativas de la RNEC pertenecen a la población migrante, es decir, son sujetos de especial protección constitucional. A estas personas se les han desconocido en similares condiciones sus derechos fundamentales al debido proceso y al principio de legalidad y, por otra parte, esta masiva vulneración de derechos fundamentales conlleva el desconocimiento de otras garantías.

Por eso solicitamos a la Corte Constitucional que revoque el fallo, amparando los derechos de la accionante, entendiendo la importancia de prevenir y evitar que esta acción se repita. Así como sugerimos que la Registraduría Nacional del Estado Civil revise, en concordancia con el principio de legalidad, el procedimiento de anulación de registro civil y la consecuente cancelación de cédula de la accionante. Finalmente, solicitamos a la Corte Constitucional que emita un fallo con efectos inter comunis para que los casos de la población retornada que se encuentra en condiciones fácticas y jurídicas similares también puedan ser remediados.

Descarga el concepto técnico que presentamos a la Corte Constitucional 

Transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con verdadera participación: Mesa por la Reforma Policial

Las organizaciones y plataformas de derechos humanos exigimos un diálogo amplio, con garantías y orientado a transformaciones reales e integrales.

Colombia 14 de junio de 2023. Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa por la Reforma Policial, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso de transformación interno de la Policía Nacional, que se ha caracterizado como endógeno y cosmético, lo que no propicia transformaciones integrales y debates reales sobre la función policial en nuestra democracia y en escenarios de construcción de paz.

  1. Incumplimimiento del programa de Gobierno “Por una seguridad humana que se mida en vidas”

Entre las propuestas de campaña del nuevo Gobierno[1] se encontraban la exclusión de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y su traslado a un ministerio de carácter civil[2]; el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-; y la promoción del diálogo social sobre los problemas que subyacen a la protesta social.  Mientras se abandonó la discusión sobre la ubicación de la Policía Nacional, la institución policial avanza en reformas que no han sido discutidas amplia y democráticamente. Ejemplo de ello, es la expedición de la Resolución 1091 de 2023, a través de la cual se establece el procedimiento de actuación de la nueva Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO- que reemplazaría al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD-.

La nueva reglamentación para la atención policial de manifestaciones, recibió observaciones previas de la sociedad civil en una convocatoria que, además de ser limitada a un número muy reducido de actores, no propició una discusión completa y de fondo sobre aspectos sensibles de la resolución, para  llegar a consensos que recogieran las experiencias de las organizaciones sociales y de las víctimas de violencia policial. La participación se restringió a la presentación por escrito de unos comentarios que, en su mayoría, no fueron considerados en la construcción de la norma final. La resolución fue expedida sin un diálogo previo sobre las observaciones enviadas, generando inconformidad entre las organizaciones que participaron en las reuniones previas, quienes además habían llamado la atención sobre la importancia de otorgar amplitud al proceso de consulta.

La nueva UNDMO, aunque sustituye el ESMAD, no desmonta la antigua estructura y pretende legitimar prácticas abusivas y violatorias de derechos humanos en otros escenarios. Es así como se amplía el margen de actuación de esta Unidad a procedimientos de erradicación de cultivos ilícitos, control de la minería informal, control externo a motines penitenciarios y carcelarios, sin que se tenga en cuenta, de manera clara, la aplicación de reglas de tratamiento diferenciado a grupos de especial protección como población campesina, carcelaria, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas privadas de la libertad. Igualmente, se desaprovecha la oportunidad para afrontar y poner fin a prácticas de discriminación contra , mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversas y racismo estructural contra población afro y comunidades étnicas.

  1.  Las limitaciones del componente de diálogo en la nueva UNDMO

La novedad que resalta la Policía en esta nueva resolución tiene que ver con la constitución de equipos de diálogo al interior de las unidades de intervención y de atención, dedicados a la mediación para la resolución de los conflictos, articulándose con los equipos de diálogo y mediación de las demás entidades y el Ministerio Público.

La inclusión de estos equipos resulta insuficiente, por las siguientes razones: (i) no hay claridad en el  procedimiento, creación y la utilización de armas por parte de sus integrantes (ii) la vinculación de apenas dos personas a los Equipos de Diálogo frente a 25 agentes que integrarían los Equipos Móviles de Intervención, EMI; (iii) los policías con funciones de diálogo están bajo el mando del comandante de los dispositivos; (iv) la ineficacia del “enfoque de construcción de confianza”, al carecer de canales de facilitación más allá de los ya establecidos y (v) falta de integración y representación de las organizaciones y veedurías civiles.  En suma, se mantiene el énfasis en una noción reactiva pero no facilitadora y asertiva en la gestión de conflictos sociales.

Resulta inaceptable con las víctimas de violencia policial – sobre las cuales se mantiene en la impunidad la responsabilidad por las agresiones en su contra- que la nueva unidad de diálogo procure agotar la intervención violenta a la protesta en una tanqueta “modificada” para generar dentro de ella una presunta mediación con las y los manifestantes.  Tampoco existe claridad en la propuesta sobre las circunstancias de terminación del diálogo bajo el argumento indefinido de “peligro inminente”.

Adicionalmente, los agentes de policía dispuestos para el diálogo harán uso de colores y elementos de distintivos históricamente usados utilizados por el movimiento de DDHH, organismos humanitarios y organizaciones internacionales.

  1. Ineficiente regulación del procedimiento de las Unidades de la Policía en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica

Aún más preocupante dentro de las etapas de actuación de las unidades de Policía, que en la anterior resolución se identificaban como acciones previas, concomitantes y posteriores, ahora se incluyen las etapas de anticipación y preparación, dentro de las cuales se prevén acciones de inteligencia que busquen prevenir la comisión de delitos.

Autorizan el uso de dispositivos tecnológicos, sin embargo, falta reglamentar el procedimiento/protocolo para definir: (i) ¿cuáles tecnologías serán utilizadas?; (ii) ¿quiénes tendrán acceso a la información recaudada por los dispositivos tecnológicos? (Ej. drones, body cams o imsi catcher) y en cuáles condiciones; (iii)¿cuál será acceso a la información por parte de las autoridades civiles, organizaciones civiles, ciudadanía y los organismos de control, (iv) la cadena de custodia del material probatorio y; (v) el presupuesto y controles a la adquisición de tecnologías, incluido un estudio de impacto en derechos humanos, entre otros.  Varias organizaciones sociales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado acerca de los riesgos de las actividades de ciberpatrullaje a través de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas -OSINT- y otras herramientas tecnológicas con capacidades de vigilancia masiva en internet.

La previsión de estas acciones en la reglamentación oficial implica legitimar prácticas de hostigamiento y persecución a través de la criminalización arbitraria de quienes promueven y participan en las manifestaciones públicas, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-7641 del 22 de septiembre de 2020. Por ello, la falta de regulación específica sobre la valoración táctica de riesgos y amenazas por parte de los comandantes de los Dispositivos Especializados de Intervención -DEI- genera incertidumbre sobre una posible y excesiva discrecionalidad de los agentes para intervenir en la protesta social, hostigar y perseguir a la población.

  1.  La falta de agenda del Gobierno frente a la reforma policial 

El proceso de transformación policial, carece de espacios de discusión entre la ciudadanía y las instituciones del Estado que permitan por un lado una amplia participación, en el sentido de cobijar a todas las actorías, todas las regiones e incluso todas las instituciones interesadas; y por el otro el replanteamiento de la doctrina militar, la cual sigue orientada por la noción de “enemigo interno” al interior de la fuerza pública. La intención de dejar atrás esta concepción no ha pasado del discurso y, por ello, los actuales intentos de cambiar prácticas de violencia sistémica al interior de la Policía Nacional son insuficientes.

Exigimos que el Gobierno Nacional lleve a cabo una reforma policial integral y participativa, que tenga en cuenta: i) los derechos de las víctimas de la violencia policial y contribuya de manera real a la desmilitarización de la institución y de la sociedad; ii) a un cambio doctrinal basado en los derechos humanos y enfoque diferencial; iii) una reforma estructural que garantice un mando civil; iv) creación de mecanismos de control fuera de la institución que investiguen y sancionen efectiva e imparcialmente a los responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Todo lo anterior hace parte del programa de Gobierno que la actual administración presentó a la sociedad colombiana y no debe reducirse a discusiones internas en la Policía, sino que debe traducirse en debates abiertos y profundos que garanticen eficazmente los derechos de la ciudadanía y frenen por fin el abuso policial.

Suscriben,

Las redes:

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE

Movimiento en Resistencia Contra Las Agresiones Oculares del ESMAD – MOCAO

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDHDD

Alianza de organizaciones sociales y afines

Las organizaciones:

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo -Cajar)

Colectivo Justicia Racial

Fundación Karisma

Fundación Trenza

ILEX  Acción Jurídica

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP

Fundación Lazos de Dignidad – FLD

Fundación La Manada Feminista de Derechos Humanos

Temblores Ong

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Corporación Justicia y Democracia

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad

 

[1] https://gustavopetro.co/seguridad/ Por una seguridad humana que se mida en vidas. Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social

[2] En un primer momento, el Gobierno propuso la creación de un Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. https://www.ambitojuridico.com/noticias/congreso/administrativo-y-contratacion/gobierno-estudia-la-creacion-del-ministerio-de

Activistas afrodescendientes de América Latina y el Caribe se toman Nueva York y Washington D.C.

Washington D.C., 31 de mayo de 2023 – En vista de la celebración de la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (PFPAD por sus siglas en ingles), que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York (EE.UU.), organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana han conformado una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina.  Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), la Delegación de Justicia Racial tiene como objetivo resaltar la condición de las mujeres afrodescendientes y la urgente respuesta para obtener apoyo internacional en la construcción de agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres latinas.

Además, Raza e Igualdad junto con la Open Society Foundation están fomentando la participación de otras 15 organizaciones representadas en su mayoría por mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe en el Foro Permanente de los Afrodescendientes.  Con esto, cerca de 30 organizaciones formarán parte de esta Delegación de Justicia Racial presente en el Foro en un llamado conjunto a la cooperación internacional para poner fin a la violencia racial y de género en las Américas.  El objetivo de esta delegación es también preparar un informe con recomendaciones y opiniones sobre los períodos de sesiones primero y segundo del Foro Permanente, para ser presentado en el tercer período de sesiones, que está previsto que tenga lugar en Brasil en 2023.

El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes fue creado en 2021 gracias a la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo un mecanismo consultivo con el propósito de contribuir a la lucha contra el racismo y la consolidación de los derechos de la población afrodescendiente, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU.  La primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza, y durante el año 2023, además de la próxima sesión en Nueva York, el mecanismo tiene previsto reunirse en diciembre en Brasil. El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se estableció entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y está presidido por Epsy Campbell Bar, ex vicepresidenta de Costa Rica.

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

El jueves 1 de junio, a la 1:15 p.m. (hora de Nueva York), en el Church Center de Naciones Unidas, se llevará a cabo el evento ‘Violencia racial y de género en América Latina’, que hará un llamado a los actores políticos presentes en Nueva York, para que escuchen sobre la realidad de las mujeres negras y LBTI latinoamericanas. Con los conversatorios: ‘Derechos de las mujeres e interseccionalidad’ y ‘La visión de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género en América Latina’, este espacio, que se realizará en el marco del Foro Permanente de los Afrodescendientes, pretende contribuir a que las lideresas latinoamericanas dialoguen sobre los diferentes contextos en los que viven, lugares donde la brutalidad del racismo estructural es totalmente similar en términos de discriminación y violencia.

Además, la urgencia de abordar el tema de la violencia racial y de género se basa en datos que apuntan a América Latina como una de las regiones más violentas del eje sur global, siendo la población negra la principal afectada por la ausencia de políticas específicas. Por lo tanto, esta delegación tiene como objetivo aportar en la construcción de la agenda y declaración del Foro Permanente con un enfoque dirigido a combatir la violencia racial y de género en América Latina. Junto con esto, establecer canales adecuados para la obtención de datos desagregados para una mejor ejecución y proposición de políticas públicas adecuadas a las realidades de las personas afrodescendientes, especialmente de las mujeres afrodescendientes.

Semana de incidencia política en Washington D.C.

 Con el fin de fortalecer y continuar el trabajo que se llevará a cabo en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, del 5 al 7 de junio esta delegación se dirigirá a Washington D.C. Allí, con el apoyo de organizaciones como la Washington Brasil Office (WBO) y Black Women Radicals, se reunirán con representantes del Departamento de Estado y con organizaciones afronorteamericanas, como el Black Caucus. También sostendrán encuentros con misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igualmente, la Delegación de Justicia Racial actuará estratégicamente para la implementación y fortalecimiento de tratados internacionales bilaterales entre sus países, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI),  el Plan de Acción Conjunto para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica y la Promoción de la Igualdad (JAPER), que acaba de ser reactivado entre Brasil y los Estados Unidos;   y el Plan de Acción entre los Estados Unidos  y Colombia para la Igualdad Racial y Étnica (CAPREE).

“Para esta delegación, es crucial que sean directamente las mujeres afrodescendientes quienes expongan sus realidades y recomendaciones para un cambio positivo porque ocupan un rol clave en la defensa de sus comunidades. Además, el contexto de justicia racial en las Américas es uno de los puntos de importancia para fomentar el intercambio entre organizaciones afrolatinoamericanas y afronorteamericanas”, explica Elvia Duque, Oficial de Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Para cerrar la semana de incidencia política, también se llevará a cabo el 7 de junio, a partir de las 11 a.m. (hora Washington D.C), el evento Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C., que se realizará en el centro de reuniones para mujeres afrodescendientes ÌPÀDÉ. El conversatorio sobre estrategias de comunicación y movilización contra el racismo y la violencia racial en las Américas contará con las lideresas que conforman la delegación.

Agenda

Delegación de Justicia Racial de Mujeres Afrodescendientes de América Latina y el Caribe

 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes – 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

Jueves 1 de junio, 1:15 p.m. (hora de Nueva York),

Lugar: UN Church Center – 777 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.  Situado a dos minutos a pie de la sede de la ONU.

Semana de incidencia en Washington DC – 5-7 de junio

Evento: Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C.

Miércoles 7 de junio a las 11 a.m. (DC).

Lugar: ÌPÀDÉ – 1734 20th St NW, Washington, DC 20009

4 años del 11M en Cuba: ¡Exigimos que cese la represión contra la población LGBTI+ de la Isla!

Washington D.C., 11 de mayo de 2023 – Hoy se conmemoran cuatro años de una manifestación pública en La Habana, Cuba, que terminó con decenas de personas LGBTI+ detenidas y violentadas. El 11 de mayo de 2019, también conocido como 11M, un grupo de cubanos y cubanas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se alistaba para participar en una conga (baile cubano que se acompaña con tambores) con la que se conmemoraría el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (conmemoración que se lleva a cabo en el mundo cada 17 de mayo); pero este evento se canceló a última hora, generando la indignación de esta población, que ese día igual salió a las calles a exigir sus derechos, sin la aprobación del órgano oficial que coordina esta actividad, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

Personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias se reunieron en aquel entonces en el Parque Central de la capital cubana, y a partir de las 4 de la tarde empezaron a marchar sin un rumbo establecido. Se movilizaron de forma pacífica y realizaron una besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta), hasta que miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la marcha, y agredieron a decenas de manifestantes que se habían aglomerado rápidamente, gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales.

“El 11M tuvo una connotación importante, sobre todo para un grupo de personas LGBTI+ de la Isla, porque fue la manera de desobedecer al CENESEX, la organización del gobierno que monitorea y controla todos los temas relacionados con las personas con orientación sexual e identidad de género diversas”, afirma la activista cubana Kirenia Núñez, coordinadora de la organización Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

Sin garantías

Han transcurrido cuatro años de esta fecha y las personas LGBTI+ en la Isla continúan sin poder salir a las calles a exigir que se reconozcan sus derechos. La conga por la diversidad no se celebró entre 2019 y 2022, se espera que el próximo miércoles 17 de mayo se lleve a cabo este baile para rechazar todas las formas de violencia contra esta población, que ha sido reprimida en los últimos años.

A partir de 2022, las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar, gracias a la aprobación del Código de las Familias. Sin embargo, aún hace falta que las autoridades cubanas brinden garantías integrales y suficientes para enfrentar la violencia que afecta a las personas LGBTI+. “La discriminación continúa siendo una realidad en la Isla”, cuenta el activista cubano Isbel Díaz Torres, quien participó en la marcha del 11M, y fue víctima de detención arbitraria.

En este país, una mujer trans permanece recluida en un centro penitenciario masculino desde el 11 de julio de 2021, día en que iniciaron las protestas conocidas como 11J. Brenda Díaz, como es su nombre, cumple una condena de 14 años de cárcel en una prisión donde le cortaron el pelo y, de acuerdo con Isbel, le suspendieron el remplazo hormonal. En la Isla tampoco hay un registro oficial sobre las violencias que padecen las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. No hay una Ley Integral contra la Violencia de Género que prevenga y mejore la atención de este tipo de agresiones ejercidas a mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

Decenas de activistas independientes LGBTI+ han sido obligados a abandonar la Isla debido a su posición crítica al gobierno cubano. “Varios organizadores de la marcha del 11M, por ejemplo, hoy por hoy permanecen en el exilio”, dice el activista cubano Jimmy Roque Martínez, quien también participó en esta manifestación, y reside en Estados Unidos.

A propósito de los cuatro años de la marcha del 11 de mayo de 2019, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), exigimos que cese la represión contra las personas LGBTI+ de la Isla que luchan por sus derechos. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que reconozca la libertad de expresión y de asociación de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y también garantice los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de esta población.

EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

Colombia, 28 de abril del 2023.-Han transcurrido dos años desde que el Paro Nacional inició en Colombia. Esta serie de manifestaciones y protestas sociales que comenzaron el fueron una respuesta de diversas organizaciones sindicales y sociales para protestar contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque y también para exigir cambios en el sistema de salud, educación y seguridad del país. Desde su inicio, el Paro Nacional puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado,  en particular la violencia policial y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, así como malestares históricos relacionados con el racismo estructural, la inequidad y la falta de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dos años después, El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en conjunto con la Mesa por la Reforma Policial[1], hacen un llamado urgente al Gobierno Colombiano a que desarrolle una reforma integral a la Policía Nacional que tenga en cuenta las perspectivas y necesidades de diversos grupos poblacionales que, basados en su experiencia, buscan un país que promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier abuso de poder.

La violencia policial racista: una manifestación de la violencia del Estado

Desde el inicio del Paro Nacional se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, incluidos casos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes. Además, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han atacado a personas manifestantes y han sembrado el terror en las comunidades  Según el informe de Temblores   el informe “SILENCIO E IMPUNIDAD: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, presentado por las organizaciones sociales Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, CODHES y Raza e Igualdad, evidenció que, como consecuencia del perfilamiento racial durante el Paro Nacional del 2021, las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente como  víctimas de violencia policial racista en ciudades como Cali.

El informe Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali realizado por varias organizaciones sociales[4]presenta los impactos y afectaciones diferenciales contra personas afrodescendientes generados principalmente por parte de la Fuerza Pública. En este informe, se registraron 64 casos de personas afrodescendientes víctimas de homicidio, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.  Asimismo, se indica que, la violencia policial tiene patrones de territorialización que ha afectado de forma desproporcional los territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes en la ciudad, el oriente, en las comunas 12,13,14,15,16 y 21 y en territorios con una estratificación socioeconómica 1 y 2.Por otra parte, los hallazgos de este informe presenta los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes durante el Paro Nacional; tales como: Impactos psicosociales, físicos, económicos, colectivo, comunitarios, desplazamientos intraurbanos y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública. 

A las alarmantes cifras se suma la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de las autoridades y algunos sectores políticos y mediáticos. Esto ha llevado a que se utilicen figuras penales como el terrorismo y la conspiración para perseguir a manifestantes y líderes sociales.

Cabe resaltar que, el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país.  Sin embargo, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la falta de identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los manifestantes, han generado un clima de impunidad y de temor que limita el ejercicio de este derecho. [5]

La violencia policial racista es una manifestación de la violencia del Estado perpetrada por agentes de la Fuerza Pública, ejercida contra personas racializadas, que se caracteriza por la brutalidad en sus acciones. Esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos, incluyendo palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo y el uso indiscriminado de agentes de represión en manifestaciones. Por consiguiente, la violencia policial racista se basa en prejuicios y estereotipos infundados contra las personas afrodescendientes, lo que las hace más propensas a ser blanco de sospecha y persecución por parte de agentes de la Policía. Esta tendencia se vio agravada durante la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en Colombia. Así mismo, esta forma de violencia racista se intensifica cuando intersecta con otros factores de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la clase social. Por lo tanto, las mujeres negras y las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han padecido impactos diferenciados de la violencia policial racista ejercida por agentes del orden.

La urgencia de desmontar el ESMAD

 El uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las protestas sociales en Colombia dejó más de 100 víctimas de lesiones oculares.[6] Ataques que, según describen varias de las víctimas, fueron cometidos con el objetivo principal de castigarles, como consecuencia de hacer uso legítimo de su derecho a la protesta social. En respuesta a estas críticas, se presentó un proyecto de reforma al ESMAD en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de mejorar la actuación de este cuerpo policial en la atención de manifestaciones, huelgas y protestas, cuando las circunstancias lo ameriten. El proyecto de reforma incluyó propuestas como la prohibición del uso de armas letales, la creación de protocolos de actuación más precisos y la obligación de llevar cámaras de video durante las operaciones.

Además, como parte de la reforma al ESMAD, se propuso la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una unidad especializada en la disolución de mecanismos de control que sustituiría al ESMAD en situaciones de control de disturbios y manifestaciones. La UNDMO estaría conformada por miembros de la policía, pero también tendría la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de garantizar una actuación más responsable y respetuosa de los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa  por la Reforma Policial expresaron al Gobierno su preocupación ante la falta de diálogo por la propuesta de reforma que, para ellos debe ser socializada con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los que han sido vulnerables al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano. Entre los principales temas expuestos por la Mesa se encuentran: El uso de armas de impacto, indiscriminado y de letalidad reducida y sus impactos, la inclusión de enfoques diferenciales en el uso de la fuerza en territorios rurales y la adopción de recomendaciones de Naciones Unidas en relación con la focalización de las acciones en respuesta a actos violentos durante las manifestaciones.

Así mismo, solicitan la implementación de mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar abusos y excesos por parte del ESMAD. También se propone la presencia de veedores ciudadanos en las operaciones del ESMAD y la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Además, se sugiere una formación especializada para los miembros del ESMAD en aspectos como el respeto a los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza y la mediación en situaciones de conflicto. El objetivo es garantizar que el ESMAD cumpla con su función de mantener el orden público, pero siempre respetando los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza. Esto es un paso crucial hacia una policía más moderna, eficiente y comprometida con  el respecto irrestricto a los derechos humanos

Los estándares internacionales para el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden; s han sido herramientas centrales para monitorear y generar recomendaciones para el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública. De igual forma, estos instrumentos han sido importantes para promover debates en torno a reformas nacionales que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

 

Este sistema internacional de protección, en 1990 emite los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas Funcionarias Encargadas de Hacer Cumplir la Ley[8].Estos principios tienen el objetivo de promover la implementación de medidas que garanticen el uso de la fuerza y de armas de fuego a través de procesos de monitoreo, formación sobre la aplicación de la Ley y restricciones sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza garantizando los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

En el año 2021 se estableció la Resolución 47/21[9], la cual propone la creación del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden (EMLER). Su objetivo es monitorear y establecer recomendaciones sobre las medidas implementadas a nivel global para combatir el uso excesivo de la fuerza hacia personas afrodescendientes, así como garantizar su acceso a la justicia y rendición de cuentas.

En línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se encuentra vigente desde 1969, se emitió en 2020 la Recomendación número 36 de 20208. Esta recomendación se enfoca en combatir el perfilamiento racial y el uso de tecnologías que reproducen estereotipos racistas y xenofóbicos. Se señala cómo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, se basan en representaciones racistas y discriminatorias que han sido fundamentadas socialmente mediante acciones sistemáticas de criminalización y persecución por parte de agentes del orden.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia es una herramienta importante para promover y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esta convención reconoce e incorpora las realidades específicas de la región en la lucha contra el racismo y formas conexas de discriminación que reproducen los agentes de Fuerza Pública. Sin embargo, solo siete países han firmado esta convención en la región, y solo seis la han ratificado.

Estos estándares establecen un reconocimiento  de las afectaciones diferenciales e impactos del uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y las barreras de acceso a justicia que enfrentan diariamente. Por lo tanto, estos instrumentos hacen un llamado global a los Estados para que reconozcan, implementen y garanticen acciones contra el racismo sistémico que se ha fundamentado en instituciones como la Fuerza Pública y todo el sistema de justicia. Esto incluye adoptar medidas para prevenir prácticas como el perfilamiento  y contar con información desagregada que considere la pertenencia étnico-racial, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. en casos de abuso policial, garantizandomedidas de reparación integrales para las víctimas.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

La falta de medidas de reparación refleja patrones de impunidad e injusticia que revictimizan a las personas afrodescendientes. Así mismo, esta forma de violencia en Colombia muestra el racismo estructural que viven jóvenes, mujeres y personas afro-LGBTI; por eso es de suma importancia visibilizar los impactos de la violencia policial racista y diseñar acciones de reparación con un enfoque étnico-racial y de género, así como garantizar la incorporación de estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial en las reformas policiales.

Mecanismo de seguimiento de la CIDH

 

El informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia[10] anunció la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”[11] Dicho mecanismo tiene el propósito de hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la CIDH, sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia que están relacionadas con la protección del derecho a la protesta, el respeto al debido proceso de personas detenidas en el contexto de manifestaciones, la necesidad de procesos de transformación de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional, el acceso a justicia y reparaciones de las víctimas, entre otras.

En particular, tales recomendaciones instan al Estado Colombiano a ejecutar en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales[12].Además, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa; garantizar mecanismos de acceso a justica con enfoques diferenciales; adoptar medidas para evitar la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, etc.; así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas.

Tras los urgentes llamados realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil al Estado Colombiano reiterando la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento,[13]en enero de 2023 el Gobierno Colombiano y la CIDH acordaron la creación del mismo. A la fecha, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil desconocen cuándo se instalará el Mecanismo de Seguimiento y de qué forma podrán involucrarse activamente en el mismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en América. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la CIDH es una instancia idónea para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial. Así mismo, la Comisión cuenta con expertos en derechos humanos y en temas de seguridad ciudadana, lo que le permite realizar investigaciones exhaustivas y hacer recomendaciones adecuadas para prevenir la violencia policial y garantizar la justicia para las víctimas.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH también incluye la participación de las víctimas y sus representantes legales, lo que les permite tener un papel activo en el proceso de investigación y seguimiento de sus denuncias.

Propuestas de organizaciones – pliego de peticiones

El pasado 02 de marzo, el Instituto Raza e Igualdad en conjunto con la Mesa Nacional por la Reforma Policial entregaron al Gobierno Nacional y la opinión pública, el pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia se reforme de forma integral y  se convierta en servicio público para la paz.

Este documento es resultado de un proceso de discusión y colaboración en el que se valoró la participación de diversos grupos de la sociedad. La elaboración del mismo se originó a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, lo que evidenció la necesidad de llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía desde una perspectiva diferencial que ponga en primer plano los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, respondiendo a sus situaciones específicas. Entre las propuestas destacan 5 puntos clave:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles

2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz

3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social

4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad

 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial.

 Recomendaciones

En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social, el Instituto Raza e Igualdad insta al Estado Colombiano para que reconozca los impactos diferenciales de la violencia policial incluidos los impactos psicosociales, colectivos y comunitarios. Se deben implementar acciones de reparación con un enfoque colectivo, étnico-racial y de género a nivel psicosocial para ayudar a las personas y familias que han sufrido violencia policial, garantizando la acción sin daño. Es esencial que las reformas policiales nacionales y regionales incluyan los estándares internacionales contra la discriminación racial y el racismo, y se monitoree su cumplimiento; Para eso es de suma importancia que cualquier iniciativa de reforma a la policía se haga de forma articulada con las organizaciones sociales y los mecanismos internacionales de derechos, a fin de reconocer las visiones, conocimientos y necesidades de las diversas poblaciones del país; y garantizar así, la igualdad en la protección de los derechos de todas las personas y comunidades, evitando cualquier forma de discriminación.

Así mismo, exhortamos al Gobierno nacional para que impulse la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y consolide de forma efectiva su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y la violencia policial racista.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre el papel de la Policía Nacional como institución y limitar su uso de la violencia al mínimo posible, respetando los protocolos, las leyes, la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a los principios fundamentales del uso de la fuerza y las armas letales y no letales. También es importante que se monitoreen los cambios sociales del país para evaluar el papel y la importancia de la Policía Nacional dentro del Estado.

#ReformaPolicialYA

 

 

 

 

[1] organizaciones sociales, académicos y académicas, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/paramilitares-encapuchados-estarian-disparando-para-disipar-marchas-en-monteria/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/29/temblores-ong-registro-44-homicidios-durante-el-paro-cuyo-presunto-agresor-seria-un-miembro-de-la-fuerza-publica/

[4] Organizaciones sociales que participaron de la elaboración del informe: Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD), Movimiento Ciudadano ORIENTADOSAsociación de Líderes El Perfil, ORIENTADOS, La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOGROVALLE), La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Raza e Igualdad.

[5]Código de conducta de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la Ley

  • Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
  • Resolución 43/1, la Resolución 47/21 que crea el Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad en la Aplicación de la Ley
  • La Declaración y Programa de Acción de Durban
  • Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o Degradantes

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-actuar-desmedido-esmad-durante-paro-nacional-dejo-mas-100-personas-traumas-oculares/

[7] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-nueva-unidad-nacional-de-dialogo-y-mantenimiento-del-orden-706024

[8] OHCHR. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

[9] Naciones Unidas. (2021). Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Consultado en: ﷟Htps://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/06/PDF/G2119906.pdf?OpenElement

[10] CIDH. Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia. 2021. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

[11] Ibid. Párr. 187

[12] Ibid. Pág 42

[13] Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones urgen a CIDH mecanismo de seguimiento a situación de derechos humanos durante el paro nacional. 26 de Octubre de 2021. Disponible en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=594

Documental Dos Patrias: Un filme sobre las violaciones a los DDHH en Cuba

Washington D.C., 4 de abril de 2023 – “Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche, ¿o son una las dos?”. Con este fragmento de uno de los poemas más conocidos del político cubano José Martí, inicia el documental Dos Patrias, una producción del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Producciones La Tiorba, que reflexiona sobre las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba.

El filme de 70 minutos se presentó públicamente a mediados del pasado mes de marzo en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en la ciudad de Miami (EEUU), y revela imágenes y testimonios de personas que han sufrido la represión de las autoridades cubanas.

“El documental ‘Dos patrias’ aborda las vivencias de tres activistas: Eduardo Cardet, Xiomara Cruz y Aymara Nieto, quien cumple una condena de cinco años de prisión por su posición crítica al gobierno de Cuba. Sus luchas reflejan a muchas personas de la Isla que han sido y son hostigadas y violentadas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

El filme, que se presentará a finales de abril en Bruselas, Bélgica, detalla cómo estas tres personas han perdido su libertad por exigir que Cuba sea libre, lo que para la directora y productora de ‘Dos patrias’, Hilda Hidalgo Xirinachs, “es una paradoja irresoluble”.

“Durante la investigación para esta producción descubrí que Xiomara estuvo en prisión 1215 días, Eduardo 1095 y Aymara lleva más de 1600 días en la cárcel. Esto, y en general todo el proceso de hacer este documental fue descarnado para mí”, dice Hidalgo, una costarricense que también estudió cine en la Isla.

Con el documental ‘Dos patrias’, desde Raza e Igualdad denunciamos que las autoridades cubanas desconocen los derechos fundamentales de las personas que residen en la isla, y evidenciamos que activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes, son víctimas de la represión ejercida desde el Estado. Exigimos al gobierno de este país que cesen todas las formas de violencia contra las voces críticas y disidentes, y que se liberen de inmediato a las personas privadas de la libertad por motivos políticos.

En Europa, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 30 de marzo de 2023 – Tres activistas de Cuba: Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex; Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba; y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, estuvieron del 16 al 21 de marzo en las ciudades de Ginebra, en Suiza, y Bruselas, en Bélgica, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, especialmente luego de las protestas pacíficas de julio de 2021, también conocidas como 11J.

Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Alain, Frisia y Darcy se reunieron con representantes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil en Europa, con quienes dialogaron sobre el incremento de los casos de feminicidio, la falta de una Ley integral contra la violencia de género, las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2018 que fueron incumplidas por el Estado cubano, la crisis migratoria, el desabastecimiento de alimentos, los cortes de internet, la represión a personas defensoras de derechos humanos, las desapariciones forzadas de corta duración, y las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla.

“Visibilizar la situación de derechos humanos ante estos órganos tiene una importancia crucial en la búsqueda de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Cuba, y garantizar el respeto de las libertades individuales a los ciudadanos”: afirma Espinosa.

La coordinadora de la Red Femenina de Cuba, por su parte, asegura que la organización que representa hizo un pedido de recomendaciones a la comunidad internacional en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, para que el Estado cubano apruebe pronto una Ley contra la violencia de género. “Este estatus de ley crearía las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que sea realmente efectivo para la ciudadanía”, agrega Batista.

Durante las reuniones que se llevaron a cabo en ambas ciudades, los activistas también se refirieron a las más de 1.800 personas que han sido detenidas después de las protestas del 11J. De esta cifra, de acuerdo con Barrero, todavía permanecen en prisión más de 600 cubanos y cubanas. “Es importante que en Europa y en cualquier otra parte del mundo se sepa que hay defensores de derechos humanos pendientes de la situación de los presos políticos en Cuba, y que esa realidad se ponga en la agenda”, cuenta la integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.

Con las denuncias que se hicieron en Europa, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Cuba el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en la Isla, independientemente de su posición política, creencia religiosa, color de piel, y orientación sexual e identidad de género. Desde Raza e Igualdad seguiremos impulsando acciones para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y para lograr que mejoren las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas.

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