VIDEO: ¡Por la inclusión del pueblo afropanameño en el CENSO 2020!

VIDEO: ¡Por la inclusión del pueblo afropanameño en el CENSO 2020!

La realidad de los pueblos afrodescendientes en América Latina pasa por lógicas estructurales de racismo y discriminación que subyacen en los contextos sociales, económicos y políticos de la mayoría de los Estados; situaciones de violencia, pobreza, desempleo y pocas garantías de acceso a salud, educación, vivienda digna afectan la vida de personas afrodescendientes, aspectos en su gran mayoría desconocidos por los gobiernos de turno, debido a una inminente carencia de datos estadísticos que les permitan tener una radiografía de los círculos de violencia y marginalidad que circundan a los pueblos afrodescendientes; y por tanto, la carencia de planes, proyectos o políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en ejercicios de encuestas de hogares recientes y en preparacion al censo 2020, la población Afropanameña paso de 9.2% a 24.5%.

Atendiendo a esta realidad, Raza e Igualdad, de la mano de múltiples organizaciones de la sociedad civil afropanameña ha venido trabajando por la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en Panamá; esto a través de proyectos que garanticen la visibilización de sus realidades, fortalezcan el carácter identitario e incremente los índices de apropiación de los derechos ciudadanos de esta población.  Es por esta razón, que la inclusión de la población afrodescendiente en el próximo censo de población y vivienda 2020, para la caracterización y reconocimiento de sus realidades, constituye un espacio fundamental de participación, empoderamiento y apropiación que permitan la identificación de una serie de problemáticas que aquejan a esta población y que urgen la atención inmediata del Estado panameño.

Para garantizar la real y efectiva participación de las y los afropanameños en el próximo censo 2020, organizaciones sociales afropanameñas, con el apoyo de Raza e Igualdad, han emprendido una campaña de sensibilización y visibilización para el pueblo afrodescendiente, esto como estrategia de formación que posibilite espacios de diálogo y empoderamiento, que a su vez permitan a la población comprender la importancia de su participación y el impacto del censo para la exigibilidad de sus derechos.  

“Ciertamente el censo del 2010 no arrojó datos certeros y precisos sobre la realidad de los pueblos afropanameños, según esta encuesta para este año sólo el 9% de la población se reconocía como afrodescendiente, situación que nos dejó profundamente preocupados porque esto no correspondía con la realidad, después de indagar y analizar la situación nos dimos cuenta que muchas personas o no entienden el término afropanameño o no se identifican con él, por lo que pudimos determinar que el subregistro se debió a una falta de compresión de la pregunta en relación a la identificación étnica y una falta de conocimiento del encuestador para poder explicarla, es por esta razón que para este censo no estamos tomando la tarea de explicar que existen muchos etnonimos para el panameño afrodescendiente”  lideresa afropanameña.

Con el fin de garantizar el reconocimiento e inclusión del pueblo afropanameño, y su compresión de la pregunta étnico – racial, o que algunos denominan “pregunta afrodescendiente” que se ha propuesto para el censo 2020 de panamá, se ha producido un material audiovisual titulado “Censo Afropanameño 2020” una herramienta que se estará promocionando en redes sociales con la esperanza de visibilizar ante el pueblo afrodescendiente de Panamá los étnominos o conceptos que se utilizarán durante el censo.

Le invitamos a compartir este material para garantizar la inclusión del pueblo afropanameño en los resultados del censo 2020.

Video: Censo Afropanameño 2020 “Por la inclusión de todos los pueblos”

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad, continuará trabajando por los derechos fundamentales de las y los afropanameños, para que el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos sea una realidad en la construcción de una nación incluyente y equitativa.

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

“Pese a una reforma constitucional en Cuba se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos”: Activistas cubanos denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Durante el 173 Periodo de Audiencias temáticas de la Comisión Interamericana llevadas a cabo en Washington, DC del 23 al 2 de octubre de 2019; defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes cubanos denunciaron ante Comisionados del órgano interamericano la preocupante situación de derechos humanos que viven en el país.

En presencia de periodistas de Diario de Cuba, Cubanet, tremenda nota y de activistas de Cubalex y Cofradía de las Negritudes; Caitlin Kelly abogada para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció que pese a una reforma constitucional que vela por los derechos del pueblo cubano, y un nuevo jefe de estado que no pertenece a la familia Castro, la situación de persecución, hostigamiento y represión siguen siendo aspectos de extrema preocupación; especialmente por una falta de voluntad política del gobierno cubano a garantizar el estado de derechos de
aquellos activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que disienten de las políticas dictatoriales del régimen. 

“Vemos con preocupación cómo el régimen cubano utiliza el código penal para criminalizar las voces disidentes.  Delitos como el desacato, atentado, resistencia y desobediencia además de la figura del estado peligroso son las
más utilizadas para criminalizar” señaló la abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo de la audiencia se denunció que entre el 2016 y el 2018, se reportaron cerca de 171 detenciones arbitrarias y más de 700 casos de restricción de movilidad tanto dentro como fuera del país de periodistas, siendo esta una de las principales formas de represión que utiliza el Estado cubano para impedir que periodistas independientes lleven a
cabo su labor, según lo reportado por Pablo Díaz, director general del medio independiente Diario de Cuba.

“En este momento en Cuba las restricciones de viaje a activistas, artistas y periodistas independientes es la principal herramienta de represión que utiliza el régimen en contraposición a la política migratoria de 2013 establecida por el
Estado”

 

Por su parte, el periodista Carlos Alejandro Rodríguez periodista de “Tremenda Nota” señaló que hasta hoy el gobierno cubano mantiene bloqueados y censurados aquellos medios de comunicación que no pueden regular “Nuestros medios pasaron de la alegalidad a la ilegalidad con el decreto impuesto que no permite medios que no compartan ideales políticos del régimen” añadió Rodríguez durante la audiencia.

Así mismo, el periodista de “Tremenda Nota” hizo hincapié sobre los abusos, detenciones arbitrarias y decomisos de su material de trabajo de los que son objeto los periodistas independientes en cuba, señalando que ser periodista independiente en Cuba y hablar con la verdad es someterse a todas formas de coerción para abandonar su labor, convertirse en informantes o exiliarse del país.

En este orden de ideas, la activista de Cubalex Laritza Diversent, alertó sobre las formas de violencia y represión a las que son sometidas las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, quien asegura que los los malos tratos están marcados por amenazas y tratos humillantes “Muchas de las periodistas detenidas son obligadas a desnundarse y hacer “cuclillas”. La represión normalmente hacía estas está relacionada con sus familares” expuso la directora para Cubalex.   Al respecto, la Comisionada por los derechos de las personas afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Margarette May Macaulay solicitó más información al respecto de esta situación.

Por su parte, el activista por los derechos de las y los afrocubanos y director de la organización Cofradía de las Negritudes, Norberto Mesa Carbonell, describió ante la audiencia las múltiples formas de represión y violencia a las que ha sido sometido por parte de autoridades cubanas a razón de su activismo. “Como activistas hemos sido víctimas de un régimen violento que atenta contra los derechos humanos de los y las activistas.  Prohibición al derecho a reunirnos pacíficamente, detenciones arbitrarias de corta duración, son algunas de las formas que el gobierno utiliza para silenciar nuestras voces”.

Con relación a las formas de discriminación y racismo aún vigentes en Cuba y que el régimen cubano ha decidido invisibilizar, Laritza Diversent añadió: “Legalmente no hay ninguna reforma ni tampoco intenciones del gobierno de reconocer que existe discriminación racial en Cuba.  No está tipificado en el código penal la discriminación racial como un delito lo que le imposibilita que la sociedad pueda demandar justicia en este sentido”.

Finalmente, Antonia Urrejola, Relatora para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que graves violaciones de derechos humanos continúen, aún bajo la reforma de una nueva constitución; al respecto, solicitó a los activistas y periodistas presentes enviar más información para la consolidación del informe sobre el país en el que actualmente se encuentra trabajando la Comisión.

Raza e Igualdad seguirá trabajando por la defensa, visibilización y promoción de los derechos de activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos en Cuba, consciente del estado de vulneración y desprotección en que se encuentran en Cuba.  Así mismo, continuará documento los casos de violencia y formas de represión que el régimen cubano implementa para hacer un llamado contundente a la comunidad internacional para continuar monitoreando la situación de derechos en el país.

 

¡Dejen de matarnos!: Grupo Conexão G de la Favela da Maré en Brasil

Washington, DC. Septiembre 25 de 2019.  Del 6 al 8 de septiembre se realizó en la Favela de Maré de Brasil el 1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de las Favelas, espacio que estuvo marcado por un operativo policial que se extendió por aproximadamente 20 horas y que dejó dos personas muertas; razón por la cual hoy la comunidad de Maré reclaman: ¡Déjennos de matar!

Desde 2006, Grupo Conexão G lleva a cabo un trabajo importante dentro del “Complexo da Maré”, un conglomerado de 19 favelas ubicado en Río de Janeiro, entre las principales vías de acceso de la ciudad y cerca del aeropuerto internacional. En 2010, cuando el gobierno federal realizó el último censo, Maré tenía alrededor de 130,000 habitantes.

Maré es una de las favelas más peligrosas de Brasil. Bajo el mando de los narcotraficantes, Maré es constantemente un foco de guerra entre facciones rivales y la policía. La lógica de la guerra está autorizada por un discurso de lucha contra las drogas que realmente criminaliza a toda la población de  las favelas. En un escenario en el que se niegan sistemáticamente derechos como a la salud, la educación, el trabajo, el ocio, entre otros, la relación principal que el Estado mantiene con estas personas es a través de la violencia.

Conexão G fue la primera organización en Brasil que comenzó a trabajar directa y exclusivamente con la población LGBTI de la favela. Desde su nacimiento, esta organización ha llevado a cabo proyectos destinados a la seguridad pública, la empleabilidad, la salud, la educación y la cultura de la población LGBTI negra. La interseccionalidad es una de las características de la organización.

En una conversación con Raza e Igualdad, Gilmara Cunha, mujer transgénero, directora y fundadora de Conexão G, expresó que cuando surgió la organización, las personas LGBTI vivían en un contexto de gran violencia y opresión ejercida por otros habitantes de las favelas, un contexto que persiste para este día:

“En ese momento, e incluso hoy, estábamos experimentando mucha violencia y opresión por parte de otros habitantes. No pudimos participar en algunos espacios, porque fueron atacados física y verbalmente. Uno de los momentos más memorables fue cuando éramos un grupo de travestis en el lugar donde tocaban samba, cuando algunas personas comenzaron a arrojarnos cebollas y palos y tuvimos que retirarnos de ese entorno; a partir de ahí, pensamos: hay que hacer algo para transformar esta realidad y transformar la política del movimiento LGBT, que fue y sigue siendo un movimiento de clase media. Surgimos en este momento, pensando en una agenda que podría ayudar e incluir a la población de favelas, porque las políticas que se crean están diseñadas para la clase media y estas políticas no nos llegan”, dijo.

Como ejemplo, Gilmara cita la reciente aprobación del crimen de homofobia por parte de la Corte Suprema del país, que la equiparó con el crimen de racismo:

 “Mira, la homofobia ha sido criminalizada y equiparada con el crimen de racismo. Si estamos dentro de este territorio y hacemos ununa denuncia, la policía no vendrá aquí. Si viene la policía, pone en riesgo nuestras vidas, porque todos se conocen y sabrán quienes hicieron la denuncia” expresó Gilmara.

De hecho, en muchos casos, las personas que viven en las Favelas tienen prohibido por los traficantes ir a la policía cuando tienen algún tipo de problema que pueda derivarse en una investigación; especialmente porque los traficantes no quieren a la policía en su territorio.

1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de Favelas: marcado por la Truculencia de la Policía

Desde 2010, Conexão G ha celebrado el Desfile LGBTI Favela da Maré todos los años. Este año, además del Desfile, también celebraron el 1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de Favelas, un evento con presentaciones artísticas, políticas y profesionales, pensando en el arte, la cultura, la moda, la sostenibilidad, la política y el emprendimiento. Las actividades se llevaron a cabo del 6 al 8 de septiembre, terminando con el Desfile LGBTI.

Sin embargo, el primer día del evento, se realizó una operación policial en Favela da Maré que duró aproximadamente 20 horas.  Durante este tiempo fueron asesinadas dos personas.

Uno de los mayores problemas que está experimentando la Favela da Maré en este momento es el de las operaciones policiales. El actual gobierno de Río de Janeiro ha adoptado una política de verdadera “masacre” dentro de las favelas, con policías disparando indiscriminadamente directamente desde helicópteros. Como resultado, de enero a junio de 2019, 881 personas fueron asesinadas en operaciones policiales en el Estado, el número más alto en los últimos 17 años, según lo reportado en el medio de comunicación digital Noticias UOL de Brasil.

La operación policial afectó la programación del evento realizado por Conexão G:

 

 

 

“Es una guerra que no es contra las drogas, sino contra la población pobre, negra y  de favela. Por ejemplo: ayer hubo 2 personas asesinadas, varias casas fueron destruidas. Esto afectó nuestro horario durante esta semana, especialmente el primer día. Estaba disparando todo el tiempo. Nos quedamos atrapados en el Centro de Artes Maré y no podíamos irnos. Esto hace preguntarme: ¿Qué Estado es este que no considera este espacio como parte de la ciudad? El sentimiento no es solo de miedo, sino de impotencia, de que aquí ya no se puede hacer nada. Pero estamos allí en la resistencia “, dijo Gilmara a Raza e Igualdad.

Mariah Rafaela, otra mujer trans que trabaja en Conexão G y con el Instituto Transformar de Brasil expresó que aunque la situación es bastante complicada por los múltiples obstáculos sociales la tarea consiste en persistir y no rendirse.

 

 

“Fue terrible. Cuando nos dimos cuenta, la policía estaba entrando a la favela y comenzamos a escuchar el sonido de disparos, lo que ciertamente nos preocupaba mucho por la integridad física de las personas que estaban en el evento. Hubo muchos disparos y tuvimos que cancelar las actividades. Cerramos la puerta y quedamos atrapados adentro, esperando que los disparos terminaran o que tuvieran un breve momento para salir de donde estábamos. Es muy difícil producir este trabajo en Maré, pero continuaremos persistiendo “.

Por esta razón, el Desfile LGBTI de Favela, celebrado el 8 de septiembre, estuvo marcado por la denuncia contra la violencia policial. Durante el espacio Gilmara Cunha pronunció públicamente:

 

“¡Este Estado nos mata todos los días! ¡Dejen de matarnos! ¡Estamos aquí reclamando vidas! ¡Vivimos, durante estos días, prácticamente en plena violencia, donde la policía entró a nuestras casas, asesinó a nuestros habitantes, y no podemos permitir que eso suceda! ¡Maré es parte de esta ciudad! ¡No podemos aceptar lo que acabamos de vivir como si fuera normal! ¡Suficiente! ¡Esto debe parar! ¡Dejen de matar a la población de las Favelas! ¡Estamos aquí para reclamar derechos! ¡Estar aquí hoy es un acto de resistencia!”

 

Gilmara Cunha también informó que, dado el escenario político brasileño, este será el último año en que se realiza el Desfile LGBTI de la Favela da Maré. “En principio este es el último desfile LGBTI.  Sólo Dios sabe cómo estarán las cosas el próximo año”.

Raza e Igualdad reconoce que la vida de la población de favelas LGBTI requiere atención y visibilidad especiales, y felicita a Conexão G por su valiente acción ante  la violencia que ocurre en las favelas de Brasil.  Así mismo, continuaremos trabajando por la documentación, visibilización y denuncia de la situación de derechos humanos de la población LGBTI negra y periférica de Brasil. Así como seguiremos exigiendo plenas garantías para el trabajo que viene haciendo Conexión G.

Deixem de nos matar!: Grupo Conexão G da Favela da Maré

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Foto:  Paulo Oliveira/ Revista CABINE /Vía Flickr

Raza e Igualdad condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces

Washington, D.C.  Septiembre 13 de 2019.   El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces, quien después de ser sentenciado por el régimen cubano a un año de cárcel por los delitos de “resistencia” y “desobediencia” fue conducido a prisión el pasado miércoles 11 de septiembre por agentes de la policía nacional.

Roberto Quiñones ha sido víctima de múltiples actos de hostigamiento, represión y violencia policial desde el pasado mes de abril, después de haber sido arbitrariamente detenido por cinco días y brutalmente golpeado por oficiales de policía cuando se disponía cubrir el juicio celebrado contra el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, acusados por “actuar en contra del desarrollo normal de un menor” al querer educar a sus hijos en casa.

El pasado 7 de agosto Quiñones fue sujeto a un juicio sumario sin representación y sin posibilidad de presentar una defensa. Aunque días previos al juicio, el abogado y periodista pidió ver su expediente para presentar una defensa, como es el derecho de los abogados defensores, a este le fue denegada la solicitud. Así mismo, durante el juicio, Roberto Quiñones careció de la presencia de un fiscal y un abogado defensor y uno de los agentes de policía involucrados en el caso presentó acusaciones en contra del activista.   Al finalizar el juicio, se informó al periodista que se le condenaba a un año de trabajo correccional con internamiento por “resistencia” y “desobendiencia”. Aunque Quiñones presentó ante el Tribunal Municipal de Guantánamo un recurso de apelación este fue rechazado.

Todos estos hechos constituyen una clara violación de los derechos a la libertad de expresión, prensa y opinión de Roberto Quiñones, además de una falta al derecho a un debido proceso del que fue víctima el periodista durante el proceso de judicialización. Además, se demuestra que, a pesar de la entrada en vigor de una nueva constitución que tiene más protecciones para garantizar el debido proceso, el Estado cubano no pretende cambiar su tratamiento arbitrario hacia los opositores en el país.

Expresamos extrema preocupación por un indiscriminado aumento de la represión contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba por parte del régimen. Alertamos sobre los múltiples casos que denuncian diariamente actos de hostigamiento, censura, represión y violencia por parte de autoridades representantes del Estado Cubano. Preocupa, además, los más de 80 presas y presos políticos que bajo pésimas condiciones en los centros de detención, enfrentan condenas por delitos que no están claramente definidos en el código penal, lo que da paso a la criminalización de quienes expresan opiniones contra el Estado.

Raza e Igualdad demanda al Estado Cubano disponer de las protecciones necesarias para asegurar el respeto al debido proceso del periodista y abogado Roberto Quiñones Haces, además de velar por la integridad de sus derechos.  Instamos así mimo al Estado, respetar las garantías de los derechos del señor Quiñones explícitas en las leyes cubanas que hoy están siendo violadas al injustamente judicializar al activista cubano; lo que se contrapone con las obligaciones internacionales del Estado relacionadas con el respeto y la garantía de observancia de los derechos humanos.

Recordamos que el Estado Cubano es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto, está obligado moralmente a respetar y proteger los derechos de todo individuo dentro de su territorio a la libertad de opinión y expresión (Art. 19).

Así mismo, hacemos un llamado al Estado para que cese la persecución e intimidación contra periodistas independientes y velar porque los derechos a la libertad de expresión, opinión y prensa sean garantizados.

Finalmente, instamos a la comunidad internacional a documentar los actos de represión y censura a la que son sometidos diariamente las y los periodistas en Cuba, así como redoblar esfuerzos para que la paz, la verdad y la justicia retornen al país.

Fotografía tomada de:  www.cubanet.org

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el sitio.

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por el ataque sufrido.

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos que Ludwika Vega y ANIT ejercen en favor de las mujeres trans.

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar a los responsables.

Puede descargar el pronunciamiento aquí.

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

26 de agosto de 2019. En el marco de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este 10 de septiembre la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento al mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

Desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades del país.

Como consecuencia de esa violencia, hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han muerto al menos 328 personas, dentro de ellos 29 niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 han resultado heridas, miles fueron detenidos arbitrariamente y centenares fueron criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes.

Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos, conforme registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al 28 de julio del corriente.

Además, el esfuerzo de negociación iniciado en febrero de este año entre algunos sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación gubernamental, fue cancelado oficialmente el 30 de julio por decisión unilateral del Gobierno, que había incumplido todos los acuerdos que lograron negociarse.

Estas situaciones reflejan que en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, esta vez de buena fe por parte del Gobierno y respetando los acuerdos alcanzados.

Por todo lo anterior, pedimos a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su informe:

  1. Demandar la inmediata liberación de todas las personas que aún están en prisión por hechos vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 y de aquellos que están siendo imputados por la supuesta comisión de delitos comunes como represalia por su participación en las mismas. En cuanto a las personas que han sido excarceladas, demandar la plena restauración de sus derechos y libertades, así como el cierre de sus procesos penales, la cancelación de los antecedentes y la devolución de sus bienes ocupados.
  2. Urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y persecución a los y las jóvenes, a personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, mujeres, periodistas, personas LGBTIQ y a personas excarceladas quienes continúan siendo asediadas, perseguidas, y amenazadas de ser detenidas y judicializadas. Asimismo, exigir el irrestricto respeto del derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de protección integral del Estado.
  3. Exigir al Estado de Nicaragua el desarme y desmantelamiento de los grupos armados paraestatales que continúan amenazando y atentando contra la población.
  4. Hacer uso de todos los mecanismos existentes del Sistema Universal de Derechos Humanos a fin de lograr una política de atención especializada y urgente que garantice los derechos humanos de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y otros países.
  5. Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.
  6. Instar al Estado de Nicaragua a que entregue los bienes, equipos y licencias de funcionamiento a 100% Noticias, Confidencial y Esta Noche, permitiéndoles desarrollar su labor a estos y otros medios y radios independientes, sin obstáculos ni represalias de ningún tipo.
  7. Haga uso de sus buenos oficios para asegurar el retorno a Nicaragua sin restricciones de los mecanismos de derechos humanos: CIDH y OACNUDH. En este sentido se valora como muy positivo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), incluida su propuesta de crear una Fiscalía Especial y de adoptar un plan integral de reparaciones.
  8. Solicitar al Estado de Nicaragua que deje sin efecto la Ley de Amnistía, por ser contraria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que realice reformas profundas al Sistema Judicial del país; y que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
  9. Demandar al Estado de Nicaragua la protección inmediata a los pueblos indígenas y afrodescendientes que están siendo acosados y asesinados en distintas regiones del país; puesto que urge que el Estado los proteja de la agresión de los colonos que los asesinan, roban y destruyen sus tierras.

Mientras que a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas pedimos:

  1. Instar al Estado de Nicaragua a la reanudación de un diálogo inclusivo que permita el cese de la represión y acordar los términos y condiciones para la concreción de una transición democrática.
  2. Instar al Estado de Nicaragua a retomar el proceso de reforma profunda del Sistema Electoral y la legislación de la materia, que contribuya a garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y anticipadas respecto de noviembre de 2021.
  3. Respaldar firmemente la demanda del pueblo nicaragüense de acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
  4. Alentar al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones resultantes del Examen Periódico Universal y a implementar de inmediato todas aquellas consideradas urgentes, entre ellas, proceder a desarmar a las fuerzas paramilitares.

Finalmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a:

  1. Renovar el mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que la Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de derechos humanos en dicho país.

Suscriben: 

ORGANIZACIONES NICARAGÜENSES 

  • – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
  • – Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.
  • – Unión de Presos y Presas políticos de Nicaragua, UPPN.
  • – Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCH.
  • – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN.
  • -Canal 100% Noticias
  • – Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
  • – Articulación de Movimientos Sociales.
  • – Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.
  • – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
  • – Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
  • – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, IN-Defensoras.
  • – Fundación Puntos de Encuentro.
  • – Red de Mujeres de Matagalpa.
  • – Red de Mujeres Contra la Violencia.
  • – Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
  • – Feministas Madrid por Nicaragua.
  • – Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
  • – Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas.
  • – Articulación Feminista de Nicaragua.
  • – Movimiento Feminista de Nicaragua.
  • – Programa Feminista La Corriente.
  • – Mujeral en Acción.
  • – Grupo Lésbico Feminista Artemisa.
  • – Fundación Coordinadora de ONG’s que trabajan por los derechos de la Niñez, CODENI.
  • – SOS Nicaragua UK.
  • – Morada Feminista Nicaragua UK.
  • – SOS Nicaragua- Sverige.
  • – Resistencia Civil Nicaraguense.
  • – Proyecto Lechuza.
  • – Popol Na.
  • – Movimiento por Nicaragua.
  • – Anides.
  • – Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto – Punto focal Nicaragua.

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

  • – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
  • – Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras.
  • – Fundación Para el Debido Proceso, DPLF.
  • – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala, UDEFEGUA.
  • – Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe.
  • – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, REDLAD.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

  • – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad.
  • – Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR.
  • – Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH.
  • – Just Associates, JASS.
  • – Freedom House.
  • – CIVICUS
  • – Asociación France-Nicaragua.

SANKOFA “Volver al pasado para resignificar el presente”: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

En compañía de mujeres afrobrasileras, trans, travestis y defensoras públicas de Brasil se realizó durante el 15 y 16 de agosto el Foro SANKOFA, un espacio de intercambio y diálogo en lucha y reivindicación por la justicia racial y de género.  “Sankofa” palabra africana que simboliza un pájaro de dos cabezas, es el nombre del Foro, que, entre otras acepciones, significa “Volver al pasado para resignificar el presente”.

El espacio organizado por el Instituto Transformar, ANTRA, CEJIL, Criola, Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fórum Justiça, Fórum Estadual de Mulheres Negras, Defensoria Pública y Race and Equality, además contó, por invitación de esta última organización, con la especial participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.  

“El Foro SANKOFA un espacio de (des)construcción que se llevó a cabo dentro de la Oficina de la Defensoría Pública con el apoyo y la articulación de Race and Equality, que hizo posible el movimiento e inclusión de diversos agentes e instituciones, pero principalmente la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de la Comisionada Margarete May Macaulay. Su presencia permite que no nos sintamos indefensos y que podamos construir colectivamente una narrativa que pueda cruzar barreras y fronteras territoriales y llevar al debate la importancia de la inserción internacional y la lucha de las personas que siempre han estado en resistencia” señaló Bruna Benavides de ANTRA, Brasil.

El foro estuvo nutrido por las voces e historias de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos, comunidades Quilombolas y personas travestís, prostitutas y personas trans de dos Favelas en Brasíl, que a viva voz expusieron la situación actual de sus derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país especialmente para estos grupos históricamente discriminados y marginados.

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Durante los días de encuentro las asistentes discutieron sobre las posibilidades que existen para el pleno ejercicio y garantía de sus derechos, resaltando que sigue siendo vigente un estado de racismo, discriminación y extrema violencia; en el que la política de “blanqueamiento” socialmente aceptada minimiza la vida de las personas negras y naturaliza un estado de privilegios de las personas blancas en el país; lo que imposibilita que la comunidad afrobrasilera y LGBTI participe en espacios de poder.  “La sociedad esta construida a partir de una política del blanqueamiento de la población que inferioriza a los cuerpos negros y permite que los blancos no discutan sus privilegios” Ana Carolina Mattoso- Docente de Derecho.

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

A lo largo del Foro, Bruna Benavides de la Asociación Nacional de Travestís y Transexuales, ANTRA hizo entrega oficial a la Comisionada Macaulay del último informe sobre asesinatos y violencias contra población trans y travestí de Brasil; documento que evidencia una preocupante cifra de asesinatos de esta población, invisibilizada por los medios de comunicación nacional, que continua ubicando al país en el primer lugar donde más asesinatos de personas trans se cometen al año a nivel mundial.

En relación al informe Mariah Rafaela miembra de las organizaciones Instituto Transformar e Conexão G señaló: “Existe un Sistema que permite la muerte de personas trans y negras. La noción de justicia debe surgir de la experiencia de las personas que no tienen una mínima dignidad para vivir.  Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Por su parte, Alessandra Ramos del Instituto Transformar planteó la necesidad de avanzar en una resignificación de lo que implica ser una mujer afro y “transgénero” basada en las experiencias y representaciones de las personas que habitan estos cuerpos, y superar la caracterización asignada por personas blancas, precisamente por unas afectaciones diferenciadas por raza e identidad que históricamente atraviesan a estás mujeres en el país.   Así mismo, la lideresa advirtió que no en vano, se estima que un 38% de las mujeres trans y travestís en Brasil vivan con VIH y que el mayor porcentaje esté ocurriendo entre esta población del país.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

Así mismo, en el marco del Foro, Raza e Igualdad facilitó encuentros privados entre activistas y la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; espacio en el que participó, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada y el Consultor para Brasil de asunto LGBTI, Isaac Porto, quienes conocieron de primera mano múltiples casos de violencia que hoy enfrentan activistas de derechos humanos en los lugares de mayor marginación del país.

Entre los testimonios de los asistentes temas como mutilación en ninxs intersexuales, la situación de VIH entre jóvenes de Brasil, el aumento de asesinato de mujeres lesbianas, las dificultades de acceso de las personas LGBTI a salud, educación, trabajo digno y espacios de participación; fueron constantemente referenciados a lo largo de la socialización.

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“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

La Comisionada Macaulay se refirió a la deuda histórica que el Estado brasilero tiene con el pueblo afrodescendiente víctima de la esclavitud, situación que aún persiste en la estructura social del país, por las jerarquías socioraciales que impiden el acceso y goce pleno de los derechos de las comunidades afrobrasileras.  Así mismo, la Comisionada de la CIDH señaló la responsabilidad y obligaciones que tiene el Estado como garante del pueblo sin importar condición.

Por otra parte, Macaulay señaló la importancia de que las organizaciones de sociedad civil ofrezcan información detallada a la Comisión sobre los casos de violencia que permitan dar cuenta de la situación de vulneración que vive la comunidad afro y LGBTI en el país, por lo que enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente para superar la grave crisis de derechos que enfrenta Brasil.

Así mismo, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad reiteró durante los espacios de encuentro el compromiso que representa para el Instituto la denuncia, acompañamiento en la documentación de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento técnico de las organizaciones para incidencia en escenarios internacionales.

El foro SANKOFA como espacio creado para provocar el diálogo entre la Defensoría Pública de Brasil y las mujeres negras, trans y travestís líderes de movimientos y organizaciones sociales se propone como escenario para fortalecer las instituciones estatales comprometidas con la agenda del movimiento social del país; además como una forma de ampliar las oportunidades de capacitación y articulación de líderes y lideresas a nivel nacional; y finalmente como recurso que facilita información suficiente a las activistas sobre mecanismos de protección de derecho internacional.

Pronunciamiento:  Raza e Igualdad está comprometida con el acompañamiento de organizaciones sociales en Brasil, para la documentación, denuncia y visibilización ante el Sistema Intermericano y Universal de violaciones de derechos humanos especialmente de los pueblos afrobrasileros y personas con expresiones sexuales e identidades de género diversas, aún víctimas de discriminación, marginación y violencia a causa de estructuras sociales que imposibilitan el goce pleno de sus derechos.

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En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del pacífico y centro de Nicaragua, eran conductas ya conocidas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. “Estas modalidades de represión ya las hemos vivido en nuestras comunidades desde 2015”, aunque bajo motivaciones distintas, afirma la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham.

En medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados predominantemente de dos formas: por la violación a su autodeterminación y autonomía y por falta de saneamiento de las propiedades comunales, denunció la abogada y activista, quien se encuentra profundamente preocupada por la situación de impunidad y la falta de garantías institucionales para estas poblaciones.

Autodeterminación

En el Atlántico Norte y Sur de Nicaragua cada comunidad es autónoma y debería contar con su propia forma de organización. Los pueblos indígenas se organizan con base en sus costumbres y tradiciones, por lo que existen autoridades comunales y territoriales que deben elegirse según un procedimiento regulado jurídicamente. Pero la injerencia del partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ha generado  frecuentes conflictos en las comunidades.

“Esto ha venido a crear muchos problemas, es decir, que es una forma que ha venido a confrontar las comunidades, porque por la injerencia partidaria ha creado gobiernos paralelos, crea algunas figuras que no son parte de la autoridad tradicional”, explica Cunningham.

Según la activista, los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), también existentes en el Pacífico y en áreas urbanas, son realmente mecanismos de vigilancia, y no cumplen su rol como autoridades tradicionales. El Gobierno es el encargado de entregar, luego de cada elección, un certificado de nombramiento como autoridad, pero a quienes se elige según la tradición les es negado dicho certificado, y más bien se les otorga a personas que acatan mandatos del partido.

“Así van creando un fraccionamiento de la familia indígena, de la comunidad indígena. Y en esos conflictos, incluso ha habido heridos, derramamiento de sangre”, lamenta Cunningham. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Kamla, municipio de Bilwi, Caribe Norte, cuando el 26 de junio simpatizantes sandinistas agredieron a la líder comunal y concejal municipal Marcela Foster, causándole la pérdida del ojo izquierdo y una fractura en uno de sus brazos.

“Nosotros ahora estamos preocupados por la omisión de los funcionarios públicos, la Policía, el Ministerio Público que no actúan, y como ha continuado la impunidad, esto puede agravarse”, advirtió Cunningham. “En las comunidades indígenas ha aumentado el asedio y la criminalización y nosotros tenemos mucho temor…”, añadió.

Falta de saneamiento

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). En 2003, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos.

Debido a la inoperancia estatal, la falta de saneamiento ha empezado a surtir efectos negativos para la seguridad de los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales por los mismos. “Los colonos han venido armados hasta los perímetros más cercanos de la comunidad, usurpando, ocupando tierras”, asegura Cunningham, quien relata: “Cuando nosotros vamos a las asambleas comunales, es triste, lloran las mujeres porque te cuentan cómo no pueden ir a recopilar su alimento, no pueden ir a pescar, no pueden ir a recopilar su medicina tradicional, porque ellos no viven de una pulpería o de una farmacia, viven del bosque”.

También se han reportado casos de secuestros de indígenas, por parte de colonos, tanto para advertirles que no pasen los límites que ellos arbitrariamente han delimitado, como para forzar a las mujeres a levantar la cosecha de frijoles. “Tenemos indígenas desaparecidos, tenemos indígenas que han muerto, asesinados atrozmente, que les han cortado la cabeza, cortado las manos, sacado los ojos…”, describiendo así la violencia extrema que ha caracterizado a algunos hechos recientes.

Cunningham aseguró que la Policía no acude a las áreas comunales, y más bien son los líderes que demandan el saneamiento de las comunidades los que han sido apresados y criminalizados. “En vez avanzar en el saneamiento ahorita estamos viendo juicios de delitos comunes, que les montan un expediente con delitos comunes y nosotros sabemos que eso no es cierto, no hay pruebas, porque nosotros conocemos a la gente y conocemos que son también acciones selectivas”, señala.

De acuerdo con Cunningham, las autoridades permiten estas tomas de tierras para “mantenerse en el poder, porque los indígenas casi no les dan los votos a los partidos nacionales”. Además, también han brindado concesiones a empresas de oro y madereras sin que los gobiernos territoriales las hubieran avalado, como lo mandata el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

“Por la crisis social de 2018, ha entrado una masiva invasión de colonos. Y el Estado de Nicaragua lo sabe”, lamenta Cunningham.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a garantizar el respeto a la propiedad colectiva, a su autonomía para elegir a sus autoridades así como condiciones de seguridad que protejan sus vidas e integridad personal ante la violencia que hoy les aqueja.

Instamos al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones del Examen Periódico Universal respecto a estos pueblos en la próxima sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y a la pronta implementación de las mismas.

Fotos de Flickr. 

Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

San José, Costa Rica. Un grupo de refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de julio de este año, para propiciar una discusión en torno a diferentes derechos que han sido vulnerados en esta población, entre ellos la discriminación por su orientación sexual e identidad de género en contextos laborales y de acceso a vivienda.

En el desarrollo del taller, organizado por la Mesa LGBTI de Nicaragua y apoyado por Raza e Igualdad, fue reiterativo que tanto los hechos iniciales que motivaron su salida de Nicaragua, en muchos casos asociadas a graves violaciones de derechos humanos, así como las situaciones forzosas de desapego familiar, la precariedad para sobrevivir en otro país, la discriminación, por mencionar solo algunos aspectos, tienen en su conjunto un grave impacto en la salud emocional y mental de los refugiados. Esta situación no ha sido identificada y atendida debidamente a pesar de que la depresión ha pasado a ser un denominador común entre los/as refugiadas, dándose en julio de 2019, incluso, el suicidio de un joven gay nicaragüense refugiado en Costa Rica.

La mayoría de estos refugiados nicaragüenses LGBTI se vieron forzados/as a salir de su país por motivos de asedio por redes sociales, persecución política, detención arbitraria y en varios casos, graves violaciones a sus derechos humanos que además de la libertad, incluyeron la integridad personal, sexual y psíquica.

Si bien los/as asistentes al taller evidenciaron la necesidad de judicialización de las violaciones a sus derechos que dieron origen a la salida de su país, el contexto actual durante su proceso de adaptación a los países receptores también es bastante preocupante y requiere acompañamiento e intervención urgente en los diversos países en que se encuentran ubicados, particularmente Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Derechos vulnerados

En primer lugar, los asistentes contaron su proceso inicial de salida de Nicaragua. En muchos casos esta decisión se tomó en cuestión de horas o días, lo cual tuvo repercusiones a nivel emocional, ya que no contaron con el tiempo para despedirse de amigos y familiares. A nivel financiero, algunos asistentes contaron que salieron con 40 dólares hacia Costa Rica; y en temas de seguridad, algunos lo hicieron por ruta terrestre de forma irregular, exponiéndose a riesgos que incluían la integridad sexual, como relataron algunas mujeres lesbianas.

Otro de los aspectos discutidos guarda relación con el contexto actual de los países receptores. Si bien, acorde a los principios internacionales la orientación sexual e identidad de género (OSIG) de los solicitantes de refugio son aspectos relevantes a tener en cuenta y que han sido reconocidos por gobiernos como el costarricense, hay otros países receptores como Honduras, Salvador o Guatemala, en los que el reconocimiento de la OSIG de los solicitantes no es tomado como relevante e incluso se convierte en un aspecto que problematiza la relación entre los funcionarios públicos y los solicitantes de refugio.

Sin embargo, ya sea en Costa Rica o cualquier otro país, en todos los casos, los asistentes evidenciaron que sus condiciones de vida se afectaban gravemente cuando mediaba la visibilidad de su OSIG.

Este impacto diferenciado se hace evidente en el ejercicio cotidiano de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. La ubicación de un lugar digno de vivienda ha sido particularmente problemático para mujeres trans y quienes tienen expresiones de género no binarias. Agresiones verbales cotidianas, vigilancia vecinal, denegación de contratos y cancelaciones anticipadas de arrendamiento hacen parte de la cotidianidad de los/as refugiadas nicaragüenses LGBTI en los países receptores. Esta situación se agrava cuando además se niegan contratos de arrendamiento por la xenofobia, es decir, por el hecho de ser nicaragüenses.

Algo similar ocurre con relación al derecho al trabajo. Además de las dificultades connaturales a estar fuera de su país y sus contextos locales para conseguir un trabajo, en algunos casos las mujeres trans se han visto obligadas a eliminar en su cotidianidad su expresión de género femenina como condición misma para obtener un empleo. Algunos de los migrantes son jóvenes que aún estudiaban y no han podido homologar y completar sus estudios. La suma de estas situaciones de precariedad ha llevado que en algunos casos se realice, como lo denominan ellos y ellas, “trabajo sexual por sobrevivencia”, lo que los y las ha expuesto además a una situación de riesgo sobre su salud sexual.

A pesar de este contexto tan adverso, todos/as los/as asistentes destacaron que el apoyo mutuo fue fundamental para su sobrevivencia, desde compartir espacios de vivienda solidarios, generación de fondos de apoyo financiero común y respaldo al respeto de sus identidades de género u orientación sexual frente a agresiones. Es por ello fundamental seguir trabajando en red con los y las refugiadas nicaragüenses LGBTI, para seguir articulando estrategias conjuntas de exigibilidad de sus derechos a nivel local, en los países receptores, a nivel regional como diáspora y para continuar exigiendo la garantía de sus derechos y su retorno seguro y con garantías a Nicaragua.

Acciones futuras

En este sentido, Raza e Igualdad se sumará a los esfuerzos de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua y su capítulo de trabajo en Costa Rica para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia regional sobre esta y otras poblaciones LGBTI solicitantes de refugio en la región. Por otra parte, esperamos seguir trabajando conjuntamente con nuestras contrapartes en Nicaragua y la diáspora en la región, para monitorear su situación y definir estrategias de documentación que nos permitan seguir avanzando en acciones que contribuyan a la plena garantía de sus derechos.

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