Raza e Igualdad condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces

Washington, D.C. Septiembre 13 de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces, quien después de ser sentenciado por el régimen cubano a un año de cárcel por los delitos de “resistencia” y “desobediencia” fue conducido a prisión el pasado miércoles 11 de septiembre por agentes de la policía nacional.

Roberto Quiñones ha sido víctima de múltiples actos de hostigamiento, represión y violencia policial desde el pasado mes de abril, después de haber sido arbitrariamente detenido por cinco días y brutalmente golpeado por oficiales de policía cuando se disponía cubrir el juicio celebrado contra el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, acusados por “actuar en contra del desarrollo normal de un menor” al querer educar a sus hijos en casa.

El pasado 7 de agosto Quiñones fue sujeto a un juicio sumario sin representación y sin posibilidad de presentar una defensa. Aunque días previos al juicio, el abogado y periodista pidió ver su expediente para presentar una defensa, como es el derecho de los abogados defensores, a este le fue denegada la solicitud. Así mismo, durante el juicio, Roberto Quiñones careció de la presencia de un fiscal y un abogado defensor y uno de los agentes de policía involucrados en el caso presentó acusaciones en contra del activista. Al finalizar el juicio, se informó al periodista que se le condenaba a un año de trabajo correccional con internamiento por “resistencia” y “desobendiencia”. Aunque Quiñones presentó ante el Tribunal Municipal de Guantánamo un recurso de apelación este fue rechazado.

Todos estos hechos constituyen una clara violación de los derechos a la libertad de expresión, prensa y opinión de Roberto Quiñones, además de una falta al derecho a un debido proceso del que fue víctima el periodista durante el proceso de judicialización. Además, se demuestra que, a pesar de la entrada en vigor de una nueva constitución que tiene más protecciones para garantizar el debido proceso, el Estado cubano no pretende cambiar su tratamiento arbitrario hacia los opositores en el país.

Expresamos extrema preocupación por un indiscriminado aumento de la represión contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba por parte del régimen. Alertamos sobre los múltiples casos que denuncian diariamente actos de hostigamiento, censura, represión y violencia por parte de autoridades representantes del Estado Cubano. Preocupa, además, los más de 80 presas y presos políticos que bajo pésimas condiciones en los centros de detención, enfrentan condenas por delitos que no están claramente definidos en el código penal, lo que da paso a la criminalización de quienes expresan opiniones contra el Estado.

Raza e Igualdad demanda al Estado Cubano disponer de las protecciones necesarias para asegurar el respeto al debido proceso del periodista y abogado Roberto Quiñones Haces, además de velar por la integridad de sus derechos. Instamos así mimo al Estado, respetar las garantías de los derechos del señor Quiñones explícitas en las leyes cubanas que hoy están siendo violadas al injustamente judicializar al activista cubano; lo que se contrapone con las obligaciones internacionales del Estado relacionadas con el respeto y la garantía de observancia de los derechos humanos.

Recordamos que el Estado Cubano es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto, está obligado moralmente a respetar y proteger los derechos de todo individuo dentro de su territorio a la libertad de opinión y expresión (Art. 19).

Así mismo, hacemos un llamado al Estado para que cese la persecución e intimidación contra periodistas independientes y velar porque los derechos a la libertad de expresión, opinión y prensa sean garantizados.

Finalmente, instamos a la comunidad internacional a documentar los actos de represión y censura a la que son sometidos diariamente las y los periodistas en Cuba, así como redoblar esfuerzos para que la paz, la verdad y la justicia retornen al país.

Fotografía tomada de: www.cubanet.org

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el sitio.

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por el ataque sufrido.

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos que Ludwika Vega y ANIT ejercen en favor de las mujeres trans.

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar a los responsables.

Puede descargar el pronunciamiento aquí.

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

26 de agosto de 2019. En el marco de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este 10 de septiembre la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento al mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

Desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades del país.

Como consecuencia de esa violencia, hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han muerto al menos 328 personas, dentro de ellos 29 niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 han resultado heridas, miles fueron detenidos arbitrariamente y centenares fueron criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes.

Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos, conforme registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al 28 de julio del corriente.

Además, el esfuerzo de negociación iniciado en febrero de este año entre algunos sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación gubernamental, fue cancelado oficialmente el 30 de julio por decisión unilateral del Gobierno, que había incumplido todos los acuerdos que lograron negociarse.

Estas situaciones reflejan que en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, esta vez de buena fe por parte del Gobierno y respetando los acuerdos alcanzados.

Por todo lo anterior, pedimos a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su informe:

Demandar la inmediata liberación de todas las personas que aún están en prisión por hechos vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 y de aquellos que están siendo imputados por la supuesta comisión de delitos comunes como represalia por su participación en las mismas. En cuanto a las personas que han sido excarceladas, demandar la plena restauración de sus derechos y libertades, así como el cierre de sus procesos penales, la cancelación de los antecedentes y la devolución de sus bienes ocupados.
Urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y persecución a los y las jóvenes, a personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, mujeres, periodistas, personas LGBTIQ y a personas excarceladas quienes continúan siendo asediadas, perseguidas, y amenazadas de ser detenidas y judicializadas. Asimismo, exigir el irrestricto respeto del derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de protección integral del Estado.
Exigir al Estado de Nicaragua el desarme y desmantelamiento de los grupos armados paraestatales que continúan amenazando y atentando contra la población.
Hacer uso de todos los mecanismos existentes del Sistema Universal de Derechos Humanos a fin de lograr una política de atención especializada y urgente que garantice los derechos humanos de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y otros países.
Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.
Instar al Estado de Nicaragua a que entregue los bienes, equipos y licencias de funcionamiento a 100% Noticias, Confidencial y Esta Noche, permitiéndoles desarrollar su labor a estos y otros medios y radios independientes, sin obstáculos ni represalias de ningún tipo.
Haga uso de sus buenos oficios para asegurar el retorno a Nicaragua sin restricciones de los mecanismos de derechos humanos: CIDH y OACNUDH. En este sentido se valora como muy positivo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), incluida su propuesta de crear una Fiscalía Especial y de adoptar un plan integral de reparaciones.
Solicitar al Estado de Nicaragua que deje sin efecto la Ley de Amnistía, por ser contraria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que realice reformas profundas al Sistema Judicial del país; y que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Demandar al Estado de Nicaragua la protección inmediata a los pueblos indígenas y afrodescendientes que están siendo acosados y asesinados en distintas regiones del país; puesto que urge que el Estado los proteja de la agresión de los colonos que los asesinan, roban y destruyen sus tierras.

Mientras que a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas pedimos:

Instar al Estado de Nicaragua a la reanudación de un diálogo inclusivo que permita el cese de la represión y acordar los términos y condiciones para la concreción de una transición democrática.
Instar al Estado de Nicaragua a retomar el proceso de reforma profunda del Sistema Electoral y la legislación de la materia, que contribuya a garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y anticipadas respecto de noviembre de 2021.
Respaldar firmemente la demanda del pueblo nicaragüense de acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Alentar al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones resultantes del Examen Periódico Universal y a implementar de inmediato todas aquellas consideradas urgentes, entre ellas, proceder a desarmar a las fuerzas paramilitares.

Finalmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a:

Renovar el mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que la Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de derechos humanos en dicho país.

Suscriben:

ORGANIZACIONES NICARAGÜENSES

– Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
– Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.
– Unión de Presos y Presas políticos de Nicaragua, UPPN.
– Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCH.
– Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN.
-Canal 100% Noticias
– Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
– Articulación de Movimientos Sociales.
– Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.
– Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
– Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
– Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, IN-Defensoras.
– Fundación Puntos de Encuentro.
– Red de Mujeres de Matagalpa.
– Red de Mujeres Contra la Violencia.
– Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
– Feministas Madrid por Nicaragua.
– Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
– Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas.
– Articulación Feminista de Nicaragua.
– Movimiento Feminista de Nicaragua.
– Programa Feminista La Corriente.
– Mujeral en Acción.
– Grupo Lésbico Feminista Artemisa.
– Fundación Coordinadora de ONG’s que trabajan por los derechos de la Niñez, CODENI.
– SOS Nicaragua UK.
– Morada Feminista Nicaragua UK.
– SOS Nicaragua- Sverige.
– Resistencia Civil Nicaraguense.
– Proyecto Lechuza.
– Popol Na.
– Movimiento por Nicaragua.
– Anides.
– Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto – Punto focal Nicaragua.

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

– Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
– Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras.
– Fundación Para el Debido Proceso, DPLF.
– Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala, UDEFEGUA.
– Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe.
– Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, REDLAD.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

– Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad.
– Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR.
– Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH.
– Just Associates, JASS.
– Freedom House.
– CIVICUS
– Asociación France-Nicaragua.

SANKOFA «Volver al pasado para resignificar el presente»: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

En compañía de mujeres afrobrasileras, trans, travestis y defensoras públicas de Brasil se realizó durante el 15 y 16 de agosto el Foro SANKOFA, un espacio de intercambio y diálogo en lucha y reivindicación por la justicia racial y de género. “Sankofa” palabra africana que simboliza un pájaro de dos cabezas, es el nombre del Foro, que, entre otras acepciones, significa «Volver al pasado para resignificar el presente”.

El espacio organizado por el Instituto Transformar, ANTRA, CEJIL, Criola, Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fórum Justiça, Fórum Estadual de Mulheres Negras, Defensoria Pública y Race and Equality, además contó, por invitación de esta última organización, con la especial participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

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“El Foro SANKOFA un espacio de (des)construcción que se llevó a cabo dentro de la Oficina de la Defensoría Pública con el apoyo y la articulación de Race and Equality, que hizo posible el movimiento e inclusión de diversos agentes e instituciones, pero principalmente la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de la Comisionada Margarete May Macaulay. Su presencia permite que no nos sintamos indefensos y que podamos construir colectivamente una narrativa que pueda cruzar barreras y fronteras territoriales y llevar al debate la importancia de la inserción internacional y la lucha de las personas que siempre han estado en resistencia” señaló Bruna Benavides de ANTRA, Brasil.

El foro estuvo nutrido por las voces e historias de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos, comunidades Quilombolas y personas travestís, prostitutas y personas trans de dos Favelas en Brasíl, que a viva voz expusieron la situación actual de sus derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país especialmente para estos grupos históricamente discriminados y marginados.

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Durante los días de encuentro las asistentes discutieron sobre las posibilidades que existen para el pleno ejercicio y garantía de sus derechos, resaltando que sigue siendo vigente un estado de racismo, discriminación y extrema violencia; en el que la política de “blanqueamiento” socialmente aceptada minimiza la vida de las personas negras y naturaliza un estado de privilegios de las personas blancas en el país; lo que imposibilita que la comunidad afrobrasilera y LGBTI participe en espacios de poder. “La sociedad esta construida a partir de una política del blanqueamiento de la población que inferioriza a los cuerpos negros y permite que los blancos no discutan sus privilegios” Ana Carolina Mattoso- Docente de Derecho.

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

A lo largo del Foro, Bruna Benavides de la Asociación Nacional de Travestís y Transexuales, ANTRA hizo entrega oficial a la Comisionada Macaulay del último informe sobre asesinatos y violencias contra población trans y travestí de Brasil; documento que evidencia una preocupante cifra de asesinatos de esta población, invisibilizada por los medios de comunicación nacional, que continua ubicando al país en el primer lugar donde más asesinatos de personas trans se cometen al año a nivel mundial.

En relación al informe Mariah Rafaela miembra de las organizaciones Instituto Transformar e Conexão G señaló: “Existe un Sistema que permite la muerte de personas trans y negras. La noción de justicia debe surgir de la experiencia de las personas que no tienen una mínima dignidad para vivir. Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Por su parte, Alessandra Ramos del Instituto Transformar planteó la necesidad de avanzar en una resignificación de lo que implica ser una mujer afro y “transgénero” basada en las experiencias y representaciones de las personas que habitan estos cuerpos, y superar la caracterización asignada por personas blancas, precisamente por unas afectaciones diferenciadas por raza e identidad que históricamente atraviesan a estás mujeres en el país. Así mismo, la lideresa advirtió que no en vano, se estima que un 38% de las mujeres trans y travestís en Brasil vivan con VIH y que el mayor porcentaje esté ocurriendo entre esta población del país.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

Así mismo, en el marco del Foro, Raza e Igualdad facilitó encuentros privados entre activistas y la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; espacio en el que participó, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada y el Consultor para Brasil de asunto LGBTI, Isaac Porto, quienes conocieron de primera mano múltiples casos de violencia que hoy enfrentan activistas de derechos humanos en los lugares de mayor marginación del país.

Entre los testimonios de los asistentes temas como mutilación en ninxs intersexuales, la situación de VIH entre jóvenes de Brasil, el aumento de asesinato de mujeres lesbianas, las dificultades de acceso de las personas LGBTI a salud, educación, trabajo digno y espacios de participación; fueron constantemente referenciados a lo largo de la socialización.

“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

La Comisionada Macaulay se refirió a la deuda histórica que el Estado brasilero tiene con el pueblo afrodescendiente víctima de la esclavitud, situación que aún persiste en la estructura social del país, por las jerarquías socioraciales que impiden el acceso y goce pleno de los derechos de las comunidades afrobrasileras. Así mismo, la Comisionada de la CIDH señaló la responsabilidad y obligaciones que tiene el Estado como garante del pueblo sin importar condición.

Por otra parte, Macaulay señaló la importancia de que las organizaciones de sociedad civil ofrezcan información detallada a la Comisión sobre los casos de violencia que permitan dar cuenta de la situación de vulneración que vive la comunidad afro y LGBTI en el país, por lo que enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente para superar la grave crisis de derechos que enfrenta Brasil.

Así mismo, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad reiteró durante los espacios de encuentro el compromiso que representa para el Instituto la denuncia, acompañamiento en la documentación de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento técnico de las organizaciones para incidencia en escenarios internacionales.

El foro SANKOFA como espacio creado para provocar el diálogo entre la Defensoría Pública de Brasil y las mujeres negras, trans y travestís líderes de movimientos y organizaciones sociales se propone como escenario para fortalecer las instituciones estatales comprometidas con la agenda del movimiento social del país; además como una forma de ampliar las oportunidades de capacitación y articulación de líderes y lideresas a nivel nacional; y finalmente como recurso que facilita información suficiente a las activistas sobre mecanismos de protección de derecho internacional.

Pronunciamiento: Raza e Igualdad está comprometida con el acompañamiento de organizaciones sociales en Brasil, para la documentación, denuncia y visibilización ante el Sistema Intermericano y Universal de violaciones de derechos humanos especialmente de los pueblos afrobrasileros y personas con expresiones sexuales e identidades de género diversas, aún víctimas de discriminación, marginación y violencia a causa de estructuras sociales que imposibilitan el goce pleno de sus derechos.

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En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del pacífico y centro de Nicaragua, eran conductas ya conocidas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. “Estas modalidades de represión ya las hemos vivido en nuestras comunidades desde 2015”, aunque bajo motivaciones distintas, afirma la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham.

En medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados predominantemente de dos formas: por la violación a su autodeterminación y autonomía y por falta de saneamiento de las propiedades comunales, denunció la abogada y activista, quien se encuentra profundamente preocupada por la situación de impunidad y la falta de garantías institucionales para estas poblaciones.

Autodeterminación

En el Atlántico Norte y Sur de Nicaragua cada comunidad es autónoma y debería contar con su propia forma de organización. Los pueblos indígenas se organizan con base en sus costumbres y tradiciones, por lo que existen autoridades comunales y territoriales que deben elegirse según un procedimiento regulado jurídicamente. Pero la injerencia del partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ha generado frecuentes conflictos en las comunidades.

“Esto ha venido a crear muchos problemas, es decir, que es una forma que ha venido a confrontar las comunidades, porque por la injerencia partidaria ha creado gobiernos paralelos, crea algunas figuras que no son parte de la autoridad tradicional”, explica Cunningham.

Según la activista, los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), también existentes en el Pacífico y en áreas urbanas, son realmente mecanismos de vigilancia, y no cumplen su rol como autoridades tradicionales. El Gobierno es el encargado de entregar, luego de cada elección, un certificado de nombramiento como autoridad, pero a quienes se elige según la tradición les es negado dicho certificado, y más bien se les otorga a personas que acatan mandatos del partido.

“Así van creando un fraccionamiento de la familia indígena, de la comunidad indígena. Y en esos conflictos, incluso ha habido heridos, derramamiento de sangre”, lamenta Cunningham. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Kamla, municipio de Bilwi, Caribe Norte, cuando el 26 de junio simpatizantes sandinistas agredieron a la líder comunal y concejal municipal Marcela Foster, causándole la pérdida del ojo izquierdo y una fractura en uno de sus brazos.

“Nosotros ahora estamos preocupados por la omisión de los funcionarios públicos, la Policía, el Ministerio Público que no actúan, y como ha continuado la impunidad, esto puede agravarse”, advirtió Cunningham. “En las comunidades indígenas ha aumentado el asedio y la criminalización y nosotros tenemos mucho temor…”, añadió.

Falta de saneamiento

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). En 2003, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos.

Debido a la inoperancia estatal, la falta de saneamiento ha empezado a surtir efectos negativos para la seguridad de los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales por los mismos. “Los colonos han venido armados hasta los perímetros más cercanos de la comunidad, usurpando, ocupando tierras”, asegura Cunningham, quien relata: “Cuando nosotros vamos a las asambleas comunales, es triste, lloran las mujeres porque te cuentan cómo no pueden ir a recopilar su alimento, no pueden ir a pescar, no pueden ir a recopilar su medicina tradicional, porque ellos no viven de una pulpería o de una farmacia, viven del bosque”.

También se han reportado casos de secuestros de indígenas, por parte de colonos, tanto para advertirles que no pasen los límites que ellos arbitrariamente han delimitado, como para forzar a las mujeres a levantar la cosecha de frijoles. “Tenemos indígenas desaparecidos, tenemos indígenas que han muerto, asesinados atrozmente, que les han cortado la cabeza, cortado las manos, sacado los ojos…”, describiendo así la violencia extrema que ha caracterizado a algunos hechos recientes.

Cunningham aseguró que la Policía no acude a las áreas comunales, y más bien son los líderes que demandan el saneamiento de las comunidades los que han sido apresados y criminalizados. “En vez avanzar en el saneamiento ahorita estamos viendo juicios de delitos comunes, que les montan un expediente con delitos comunes y nosotros sabemos que eso no es cierto, no hay pruebas, porque nosotros conocemos a la gente y conocemos que son también acciones selectivas”, señala.

De acuerdo con Cunningham, las autoridades permiten estas tomas de tierras para “mantenerse en el poder, porque los indígenas casi no les dan los votos a los partidos nacionales”. Además, también han brindado concesiones a empresas de oro y madereras sin que los gobiernos territoriales las hubieran avalado, como lo mandata el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

“Por la crisis social de 2018, ha entrado una masiva invasión de colonos. Y el Estado de Nicaragua lo sabe”, lamenta Cunningham.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a garantizar el respeto a la propiedad colectiva, a su autonomía para elegir a sus autoridades así como condiciones de seguridad que protejan sus vidas e integridad personal ante la violencia que hoy les aqueja.

Instamos al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones del Examen Periódico Universal respecto a estos pueblos en la próxima sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y a la pronta implementación de las mismas.

Fotos de Flickr.

Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

San José, Costa Rica. Un grupo de refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de julio de este año, para propiciar una discusión en torno a diferentes derechos que han sido vulnerados en esta población, entre ellos la discriminación por su orientación sexual e identidad de género en contextos laborales y de acceso a vivienda.

En el desarrollo del taller, organizado por la Mesa LGBTI de Nicaragua y apoyado por Raza e Igualdad, fue reiterativo que tanto los hechos iniciales que motivaron su salida de Nicaragua, en muchos casos asociadas a graves violaciones de derechos humanos, así como las situaciones forzosas de desapego familiar, la precariedad para sobrevivir en otro país, la discriminación, por mencionar solo algunos aspectos, tienen en su conjunto un grave impacto en la salud emocional y mental de los refugiados. Esta situación no ha sido identificada y atendida debidamente a pesar de que la depresión ha pasado a ser un denominador común entre los/as refugiadas, dándose en julio de 2019, incluso, el suicidio de un joven gay nicaragüense refugiado en Costa Rica.

La mayoría de estos refugiados nicaragüenses LGBTI se vieron forzados/as a salir de su país por motivos de asedio por redes sociales, persecución política, detención arbitraria y en varios casos, graves violaciones a sus derechos humanos que además de la libertad, incluyeron la integridad personal, sexual y psíquica.

Si bien los/as asistentes al taller evidenciaron la necesidad de judicialización de las violaciones a sus derechos que dieron origen a la salida de su país, el contexto actual durante su proceso de adaptación a los países receptores también es bastante preocupante y requiere acompañamiento e intervención urgente en los diversos países en que se encuentran ubicados, particularmente Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Derechos vulnerados

En primer lugar, los asistentes contaron su proceso inicial de salida de Nicaragua. En muchos casos esta decisión se tomó en cuestión de horas o días, lo cual tuvo repercusiones a nivel emocional, ya que no contaron con el tiempo para despedirse de amigos y familiares. A nivel financiero, algunos asistentes contaron que salieron con 40 dólares hacia Costa Rica; y en temas de seguridad, algunos lo hicieron por ruta terrestre de forma irregular, exponiéndose a riesgos que incluían la integridad sexual, como relataron algunas mujeres lesbianas.

Otro de los aspectos discutidos guarda relación con el contexto actual de los países receptores. Si bien, acorde a los principios internacionales la orientación sexual e identidad de género (OSIG) de los solicitantes de refugio son aspectos relevantes a tener en cuenta y que han sido reconocidos por gobiernos como el costarricense, hay otros países receptores como Honduras, Salvador o Guatemala, en los que el reconocimiento de la OSIG de los solicitantes no es tomado como relevante e incluso se convierte en un aspecto que problematiza la relación entre los funcionarios públicos y los solicitantes de refugio.

Sin embargo, ya sea en Costa Rica o cualquier otro país, en todos los casos, los asistentes evidenciaron que sus condiciones de vida se afectaban gravemente cuando mediaba la visibilidad de su OSIG.

Este impacto diferenciado se hace evidente en el ejercicio cotidiano de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. La ubicación de un lugar digno de vivienda ha sido particularmente problemático para mujeres trans y quienes tienen expresiones de género no binarias. Agresiones verbales cotidianas, vigilancia vecinal, denegación de contratos y cancelaciones anticipadas de arrendamiento hacen parte de la cotidianidad de los/as refugiadas nicaragüenses LGBTI en los países receptores. Esta situación se agrava cuando además se niegan contratos de arrendamiento por la xenofobia, es decir, por el hecho de ser nicaragüenses.

Algo similar ocurre con relación al derecho al trabajo. Además de las dificultades connaturales a estar fuera de su país y sus contextos locales para conseguir un trabajo, en algunos casos las mujeres trans se han visto obligadas a eliminar en su cotidianidad su expresión de género femenina como condición misma para obtener un empleo. Algunos de los migrantes son jóvenes que aún estudiaban y no han podido homologar y completar sus estudios. La suma de estas situaciones de precariedad ha llevado que en algunos casos se realice, como lo denominan ellos y ellas, “trabajo sexual por sobrevivencia”, lo que los y las ha expuesto además a una situación de riesgo sobre su salud sexual.

A pesar de este contexto tan adverso, todos/as los/as asistentes destacaron que el apoyo mutuo fue fundamental para su sobrevivencia, desde compartir espacios de vivienda solidarios, generación de fondos de apoyo financiero común y respaldo al respeto de sus identidades de género u orientación sexual frente a agresiones. Es por ello fundamental seguir trabajando en red con los y las refugiadas nicaragüenses LGBTI, para seguir articulando estrategias conjuntas de exigibilidad de sus derechos a nivel local, en los países receptores, a nivel regional como diáspora y para continuar exigiendo la garantía de sus derechos y su retorno seguro y con garantías a Nicaragua.

Acciones futuras

En este sentido, Raza e Igualdad se sumará a los esfuerzos de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua y su capítulo de trabajo en Costa Rica para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia regional sobre esta y otras poblaciones LGBTI solicitantes de refugio en la región. Por otra parte, esperamos seguir trabajando conjuntamente con nuestras contrapartes en Nicaragua y la diáspora en la región, para monitorear su situación y definir estrategias de documentación que nos permitan seguir avanzando en acciones que contribuyan a la plena garantía de sus derechos.

Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Términos Referencia

Evaluación externa del trabajo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Introducción

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Fortalecemos a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se base en la capacitación técnica, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Raza e Igualdad lleva a cabo proyectos en los cuales intenta fortalecer las capacidades de activistas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para hacer mejor uso de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, los procesos tienen enfoque en la documentación de violaciones de derechos humanos, la preparación de informes y la incidencia en espacios y ante actores claves.

Propósito y alcance de la evaluación

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está interesado en realizar una evaluación independiente para valorar el impacto de su proyecto que buscaba apoyar a los activistas latinoamericanos en la realización de documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas. El objetivo fundamental de la evaluación es brindar una valoración que identifique los logros, las contribuciones de Raza e Igualdad para generar cambios positivos, las oportunidades desaprovechadas y los retos del proyecto. Esta valoración deberá servir para mejorar trabajos futuros en el tema del proyecto y otros tópicos relacionados con el. Desde esta perspectiva, la audiencia primaria de la evaluación será Raza e Igualdad, su Director Ejecutivo y el equipo de trabajo.

La evaluación deberá abordar las siguientes arreas clave del proyecto:

Resultados e impacto
Relevancia
Efectividad para alcanzar los objetivos
Procesos internos y administración del proyecto
Inclusión de la perspectiva inter-seccional (género y LGBT)

El reporte final deberá incluir recomendaciones para la construcción de modelos exitosos, lecciones aprendidas así como sugerencias para superar cualquier limitación en el trabajo actual y futuro de Raza e Igualdad.

Metodología

Para esta evaluación se recomienda preferiblemente la aplicación de métodos cualitativos que hagan uso de diversas técnicas de recolección de datos. Esta aproximación puede incluir revisión con base en documentación de las investigaciones y acciones de incidencia ejecutadas, un análisis de la cronología de las actividades del proyecto así como de sus productos y resultados, análisis de la correspondencia electrónica, entrevistas con participantes del proyecto y actores externos relevantes, cuestionarios escritos, revisión de reportes y documentación asociada al proyecto, incluyendo artículos publicados en medios de comunicación y comunicados de prensa. Durante la evaluación, se espera que el evaluador se involucre con varios actores internos y externos al proyecto; esto incluye a pero no se limita a:

Equipo de trabajo de Raza e Igualdad, incluyendo su Director Ejecutivo, el Oficial del Programa a cargo del proyecto, el Asistente de Programa.
Participantes del proyecto.
Conferencistas y capacitadores que participaron en las actividades del proyecto.
Actores de la sociedad civil de la región que participaron en actividades del proyecto.
Personal de instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

La lista final de actores que deberán consultarse para la evaluación será definida conjuntamente entre Raza e Igualdad y el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad realizará una preselección de posibles evaluadores (lista corta) a los que solicitará: una breve descripción de la metodología que usarían para la evaluación, propuesta económica, y un borrador de plan de trabajo con cronograma específico. El evaluador seleccionado trabajaría en colaboración con el equipo del Instituto para refinar la metodología y desarrollar un plan de evaluación detallado. Durante las fases de investigación y análisis de la evaluación, el consultor trabajara en forma independiente.

Productos principales

Los productos principales que el evaluador deberá entregar son:

Una metodología de evaluación detallada y un plan de evaluación
Una presentación breve con los hallazgos iniciales de la evaluación.
Un documento preliminar de reporte final para ofrecer comentarios
Un reporte final de la evaluación (máximo 20 páginas)

Marco temporal tentativo y proceso de selección

Raza e Igualdad espera que la evaluación se inicie el 15 de agosto de y termine el 30 de septiembre de 2019. Dentro de este periodo calendario de tiempo, se espera que evaluador realice la evaluación en 20 días laborales. Las fechas exactas se concertarán con el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad está interesado en recibir aplicaciones del mayor número posible de evaluadores. Las aplicaciones deben incluir:

Una carta que presente al evaluador y destaque sus habilidades y competencias para esta evaluación.

Las aplicaciones deben remitirse a jobs@oldrace.wp hasta el 15 de agosto de 2019.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Periodista Lucía Pineda Ubau: “Nos robaron seis meses de nuestras vidas en prisión”

Después de estar seis meses en la cárcel como prisionera política, la periodista Lucía Pineda Ubau se paró frente a una cámara y comenzó a transmitir en vivo para la audiencia de 100% Noticias desde la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. En un par de minutos, más de 3 mil personas se habían conectado a la transmisión y celebraban el suceso. “Hacerlo ahora en libertad, es una sensación de felicidad”, cuenta Lucía.

La última vez que había reportado en vivo fue el 21 de diciembre de 2018, denunciando el allanamiento del canal donde trabajaba y la detención del director del medio, Miguel Mora Barberena. No le dio tiempo para reportar que también la llevaban capturada. Casi seis meses después, el 11 de junio de este año, a través de una cuestionada Ley de Amnistía, las autoridades nicaragüenses liberaron a Lucía y a 50 de los prisioneros políticos más mediáticos que se encontraban injustamente encarcelados, muchas veces expuestos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Desde entonces, la periodista nica-costarricense de 45 años se ha dedicado a “seguir tocando las puertas” a nivel internacional y “elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua”. Un par de días después de su liberación, viajó a Costa Rica a reencontrarse con su familia y se reunió con el presidente Carlos Alvarado Quesada, la vicepresidenta Epsy Campbell y varios funcionarios, así como con medios de comunicación. La semana pasada, en Medellín, también despertó el interés de diversos medios colombianos e internacionales que la entrevistaron ampliamente.

En esta entrevista, brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Lucía Pineda comenta sobre su experiencia en prisión, la situación actual del periodismo en Nicaragua y sus planes de poner a funcionar nuevamente el Canal 100% Noticias, desde donde reporteaba “para toda la bolita del mundo”.

¿Qué la motivó a realizar esa transmisión luego de 6 meses de cárcel y cómo se sintió en ese momento?

Me sentí feliz porque es lo que a mí me gusta, me apasiona mi carrera. Tenía ya 6 meses de no hacer transmisiones en vivo. La última fue precisamente reportando el allanamiento, la toma, ocupación y encarcelamiento de nuestro director, Miguel Mora. Hacerlo ahora en libertad es una sensación de felicidad. Incluso yo no tenía acreditación para entrar, pero logré escribirle al que acredita y le dije que como yo acabo de salir de la cárcel, que si me podían acreditar, y lo conseguí. Ya que estaba en ese momento, en ese escenario los representantes de los diferentes países y la delegación azul y blanco que vino de Nicaragua pues decidí hacer la transmisión en vivo y en el Facebook de 100% Noticias. Según las reacciones que he visto, ya quieren que arranque de nuevo, pero lo estamos haciendo al suave. Todavía no está todo el personal, hay unos que están en el exilio, hay que esperar que el gobierno devuelva lo que tienen confiscado.

Como periodista está acostumbrada a entrevistar, pero últimamente ha sido usted el foco de la noticia. ¿Cómo ha asumido ese rol?

Es un poco complicado. Es cierto que uno está acostumbrado a preguntarle a los actores de la noticia, pero uno nunca piensa que te vas a convertir en actor de la noticia, en protagonista de esa noticia. Ahora entiendo a los entrevistados. Salen unas preguntas capciosas y tengo que saber bien qué es lo que voy a responder. Hoy me preguntaban qué era para mí el odio. Dije que es todo lo que le hizo la dictadura al pueblo de Nicaragua, toda la persecución de la prensa en Nicaragua, juzgar a personas inocentes. Eso es el odio, lo que hizo la dictadura a la prensa independiente por informar la verdad. Es medio incómodo estar al otro lado, pero hay que saberlo manejar.

Hace poco más de dos semanas que la liberaron. ¿Por qué decidió viajar a Medellín a hacer incidencia?

Me invitan y yo decido ir porque creo que a nivel internacional hay que seguir tocando las puertas y elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua. Que estén siempre pendientes de nosotros para conquistar y recuperar algo que ya había sido conquistado, como son las libertades, la democracia, y seguir denunciando que nuestros medios de comunicación todavía están tomados, incluidos Confidencial y Esta Semana, de Carlos Fernando Chamorro. Que no hay todavía garantías de seguridad para que los periodistas informen en Nicaragua. Demandando que haya presión al Gobierno para que recapacite. Solo se ha logrado una excarcelación, y no de todos, porque todavía hay 86 en prisión y no se han cumplido los diferentes compromisos que firmaron en el diálogo con la Alianza Cívica. La gente todavía no puede salir a protestar ni a manifestarse. El ciudadano no se siente en libertad y eso se tiene que garantizar, digo yo, bajo la vigilancia de la comunidad internacional.

Hablaba sobre la situación de los periodistas. En general, ¿entonces todavía no se han reestablecido las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua?

No, todavía no hay libertades. No hay una garantía de que se respete tu derecho constitucional de expresión, de información, de manifestación. Siempre está la amenaza de que te van a llevar preso o hasta que te pueden matar. Nicaragua no está normal, no es normal que se te persiga por informar, no es normal que dos medios de comunicación importantes estén todavía tomados por la Policía sandinista, lo normal sería que estuviéramos informando, que no nos hubieran echado presos, que no nos ocuparan nuestros instrumentos de trabajo, que no nos censuraran. Hay muchos colegas que han estado haciendo diferentes esfuerzos tanto dentro de Nicaragua como en el exilio.

El exilio ha sido duro para ellos. Yo me reuní con periodistas exiliados en Costa Rica y la están pasando muy mal. Hay unos que se han dedicado a la construcción, otros a ser vigilantes de seguridad, otros han andado vendiendo lotería o en tiendas, y en medio de todo eso ellos siempre se mantienen activos en sus plataformas haciendo sus propios esfuerzos. Pero también se necesita fortalecerlos a ellos en algún tipo de financiamiento para que se mantengan vivos esos espacios. Si ayudás en este momento a los periodistas independientes, están derrotando la censura. Es el momento de apoyar a la prensa independiente.

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Usted tiene veinticinco años haciendo periodismo, ¿cuál ha sido su experiencia cuestionando a los poderosos?

La experiencia más fuerte la hemos tenido ahorita. Yo nunca pensé que Daniel Ortega me fuera a echar presa, o a Miguel Mora, o a cualquier periodista por informar. Precisamente porque él estuvo preso en una dictadura luchando por libertades. Más bien pensaba que algún día Arnoldo Alemán (Presidente de Nicaragua en periodo 1997-2002) de molesto me mandaba a echar presa, porque había mucho cuestionamiento al doctor Alemán, él era muy temperamental, se peleaba mucho con nosotros los periodistas, él explotaba y te decía cualquier cosa. Pero no nos mandó a echar presos, no nos censuró, no pasaba del enojo o que me puso el apodo de «la chilindrina».

Daniel Ortega sobrepasó todos los niveles, retrocedimos en el tiempo. Es lamentable que hayamos retrocedido a vivir esos capítulos que se vivieron en el tiempo del somocismo. A Daniel Ortega no le gusta la crítica, no le gusta que le digan la verdad, que la gente se exprese con la verdad en los diferentes medios independientes.

¿Fue eso lo que incomodó tanto a Daniel Ortega?

Es por eso que a nosotros nos cierran y nos encarcelan. Nosotros siempre informamos con la verdad, con los mismos videos que la población filmaba, porque esta ha sido la represión más documentada. Precisamente la gente, las víctimas, lo filmaban. No hay dónde perderse, las víctimas te daban sus relatos. La verdad la contó la gente, la verdad está documentada, el mundo ya sabe qué es lo que pasó en Nicaragua, que no hubo ningún intento de golpe de Estado, que lo que hubo fue un estallido social y que el Gobierno reaccionó de forma brutal con mucha represión que dejó más de 325 personas fallecidas y más de 2 mil heridos.

Estuvo seis meses en prisión, ¿cómo ve desde ahora en retrospectiva ese tiempo?

Nos robaron seis meses de nuestras vidas allí. Yo no le renegaba a Dios porqué estaba allí, sino que le preguntaba cuál era mi propósito. Dios te pone metas y en estos sucesos nos dio la misión de informar. Y así lo hicimos, que fuéramos valientes, que fuéramos firmes y comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Y así actuamos, con obediencia a esa misión de informar. Yo comenzaba a reflexionar, a pensar allí dentro de prisión y decía: pues sí valió la pena. Vale la pena decir la verdad, vale la pena hacer un periodismo comprometido con las necesidades del pueblo de Nicaragua, un periodismo que vaya en pro de garantizarle al pueblo nicaragüense las necesidades, la democracia, la vida, sobre todo. Cuando uno informa hasta salvás vidas, y eso fue lo que hizo la prensa independiente de Nicaragua.

Uno siente satisfacción de que informás hasta el último momento. Cuando me llevaron a la celda preventiva, yo le dije a Miguel: por lo menos cerramos con broche de oro, me dio tiempo de lanzar el «última hora». Nos querían callar, pero más bien nos elevaron el perfil.

Usted ha dicho que hubo maltrato psicológico más que físico…

Lo psicológico es desde el hecho que me mantienen aislada, sin socializar. Los seres humanos somos seres sociales, y te encierran seis meses, solo abren la puerta tres veces al día para darte la comida y te sacan una vez a la semana una hora de sol, como si fueras un animalito. Eso es un daño psicológico, es una tortura psicológica. Yo traté de mitigar el impacto de esa tortura, pero he conocido relatos de otras mujeres que estuvieron solas apenas 12 días y ya se les vino en mente la idea de querer matarse. A mí nunca se me pasó eso por la mente. Mi rutina era de oración, de alabanza, de lectura bíblica. También hacía ejercicio, hacía 1500 trotes por día dentro de la celda, para la circulación. Me guiaba por los turnos de las oficiales, hacían cambio cada seis horas. Eso fue lo que me mantuvo: mi fe, que nunca la perdí. En mis oraciones yo oraba por ellos y hasta los perdoné, porque yo quería cuidar mi corazón, no quería salir resentida ni con odio. Pero uno no olvida todo lo que han hecho.

¿Tienen planes específicos para el futuro?

Vamos a ir viendo cómo nos vamos a reestructurar, cómo restablecer la sala de redacción, si hacerla en Nicaragua o en Costa Rica o hacer una combinación. El Facebook Live fue una prueba, para calentar motores, pero ya entrar las 24 horas, con todos los fierros, ya lo vamos a estar trabajando después de que nos demos un poco de tiempo para nosotros.

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019. En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

Raza e Igualdad condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces

Raza e Igualdad condena violación a los derechos fundamentales del abogado y periodista Roberto Quiñones Haces

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

SANKOFA «Volver al pasado para resignificar el presente»: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

Pronunciamiento

Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

Organizaciones firmantes de la declaración:

Periodista Lucía Pineda Ubau: “Nos robaron seis meses de nuestras vidas en prisión”

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

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