XXIII Reunión Nacional de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA): “Enfrentando los prejuicios y estigmas del VIH con la prevención combinada”

XXIII Reunión Nacional de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA): “Enfrentando los prejuicios y estigmas del VIH con la prevención combinada”

Del 28 al 31 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Tapes, el 23er encuentro nacional de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA); una red de organizaciones trans brasileñas que trabajan para promover los derechos de las personas transgénero.  Con la participación de aproximadamente 60 activistas, en representación de los 21 Estados de Brasil, se abordaron múltiples discusiones sobre los estigmas del VIH con la prevención combinada.

El espacio de encuentro se propuso al interior del país como alegoría a la invisibilidad de las violaciones de derechos humanos que ocurren lejos de los grandes centros urbanos, donde ocurren todos los eventos importantes. De hecho, durante la reunión, muchas activistas del interior informaron sus precarias condiciones para denunciar violaciones de derechos humanos y dar visibilidad a los asesinatos que ocurren sin noticias en los medios.

Pitty Barbosa, activista de ANTRA

“En todo Brasil, las ciudades del interior están en gran parte abandonadas por todos los administradores y carpetas de políticas LGBTI. Debemos tener una visión más clara y precisa de esta población, que carece de derechos. Así que tenemos que hacer más acciones en el interior « Pitty Barbosa, de la ciudad de Iguaíba, ubicada en el interior de Rio Grande do Sul, afiliada a ANTRA.

Debido a la falta de recursos, el encuentro nacional no se había podido realizar desde hace dos años.   Además, a diferencia de otros años, en los que era posible celebrar reuniones regionales antes de las nacionales, no había recursos ni estructura para celebrar las reuniones regionales, lo que hacía imposible profundizar aún más los debates.

Epidemia de VIH en Brasil

Brasil está experimentando actualmente una nueva epidemia de VIH. Según los últimos datos del boletín epidemiológico publicado anualmente por el Ministerio de Salud, entre 2007 y 2017, el número de jóvenes infectados con VIH aumentó de 1.320 a 10.618, un crecimiento alrededor del 700%.[1]

Sin embargo, el aumento alarmante en el número de casos de transmisión del VIH, desarrollo del SIDA y muertes por enfermedades oportunistas, no ha llegado a todos los sectores de la población de manera homogénea. El SIDA en Brasil tiene clase, raza, género y sexualidad.

Por ejemplo, al analizar los datos sobre las categorías de raza / color y género en los últimos 10 años para las muertes por SIDA, se observan grandes discrepancias. Si bien, en los últimos 10 años, los hombres y mujeres blancas han experimentado una gran reducción en el número de muertes, de 5461 en 2007 a 4352 en 2017, no sucedió lo mismo con la población negra: en 2007 hubo 5111 muertes de hombres y mujeres negras, mientras que en 2017 el número aumentó a 6699.[2]

Se observa un movimiento similar si observamos las infecciones por enfermedades de transmisión sexual.   Si en 2007 los hombres heterosexuales representaron el 46.7% (1230) de los expuestos al VIH en Brasil, en 2017 representaron el 34.1% (9027). Los hombres que tienen sexo con hombres, a su vez, pasaron del 45% (1569) al 63.3% (16633) en el mismo intervalo, convirtiéndose en una gran mayoría y mostrando que hubo un fracaso en la prevención.[3]

Las representantes del Ministerio de Salud que asistieron a la reunión de ANTRA mencionaron una encuesta recientemente encargada por el Ministerio que estimó que alrededor del 40% de la población de mujeres transexual y travestis de Brasil actualmente vive con el VIH. Sin embargo, a lo largo del boletín epidemiológico, no se menciona a las personas transgénero.

Esta inviabilidad revela cómo la cis-heteronormatividad se posiciona como el parámetro universal de las instituciones brasileñas, que no están comprometidas con la vida de las personas trans en el país.

Esto se debe a que las travestis y las mujeres transgénero se asignan, por regla general, a la categoría «hombres que tienen sexo con hombres» a menos que, en teoría, hayan podido rectificar su nombre y sexo en el registro civil.

En cualquier caso, la reunión de ANTRA fue una oportunidad para que las diversas activistas presentes en el encuentro reconocieran los mecanismos de prevención combinada del VIH, así como las estrategias que dialogan con las realidades de vida de las travestis y transexuales, caracterizadas por no tener el mismo nivel de información y acceso al aparto estatal que los hombres cis gay blancos que habitan los centros urbanos del país.

Durante el espacio, las activistas también compartieron diferentes testimonios en los que relataban las dificultades vividas para acceder al sistema de salud, entre las que resaltaron serologías expuestas, desatención médica para control de carga viral, hospitales con desabastecimientos de medicamentos antirretroviral, entre muchas otras cosas que tienen un impacto en la posibilidad de que las mujeres travestis y transexuales en Brasil tengan acceso adecuado al tratamiento contra el VIH.

En un momento en que el conservadurismo fundamentalista ha estado creciendo en Brasil, las campañas de prevención del VIH se han visto perjudicadas, esto como estrategia que “impide sexualizar” a los jóvenes.  En este sentido, las organizaciones que participaron de la reunión organizada por ANTRA estuvieron de acuerdo que existe una urgente necesidad de apoyar las políticas de prevención para que puedan hacerse efectivas en la población que más lo necesita.   La vida de las personas transgénero no se puede dejarse de lado.

Race and Equality está comprometido con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de Brasil que trabajan por combatir el racismo, el machismo y la LGBTIfobia en el país, aún cuando estas expresiones de violencia se manifiesten en espacios institucionales. Felicitamos a la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales por el evento y pedimos al Estado brasileño que emprenda trabajos específicos de acción para enfrentar la epidemia de VIH / SIDA que vulnera de manera especial los derechos a la salud y la vida de la población negra, LGBT y trans tan afectada por esta epidemia.

[1] Boletim epidemiológico: HIV AIDS 2018. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018

[2] Idem, p. 57.

[3] Idem, p. 33.

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Autor:
Isaac Porto, Consultor LGBTI de Raza e Igualdad en Brasil

El Pueblo Afro-Mexicano y los Migrantes Afrodescendientes en México atentos al Censo 2020

Washington DC, Noviembre 1, 2019. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad, inició sus Conversatorios para analizar y aportar al proceso censal 2020 e incrementar la participación efectiva de los Afrodescendientes en México.

El primer Conversatorio denominado “AfroMexicanos: Análisis del Proceso Censal 2020 y Pasos a Seguir” se realizó en CDMX el 24 de Octubre en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED), donde su presidenta, Licenciada Geraldina González de la Vega Hernández, dio la bienvenida a los participantes. Como panelista local, se contó con la participación de la reconocida Tanya Duarte quien es la Directora de Proyecto Afrodescendencia en México.

Dicho espacio de diálogo también tuvo lugar en Pinotepa, México el pasado 26 de octubre.  Los panelistas en esta ocasión fueron los distinguidos lideres Sergio Peñaloza Presidente de la organización México Negro; Beatriz Amaro, Presidente de la organización Unidad para el Progreso de Oaxaca (UNPROAX), y Néstor Ruiz Presidente de Enlace de Pueblos  Organizaciones Costeñas Autónomas – EPOCA. Por problemas técnicos el líder Fenel Saint Juste, Miembro, Asociación de Defensa de los Migrantes Haitianos (ADIH-TBC) no logro hacer su presentación virtual. Ambos espacios contaron con la presencia de nuestra invitada especial, la licenciada Nancy Hidalgo, Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – Perú).

Este primer conversatorio permitió dialogar con los líderes y lideresas Afro-Mexicanos sobre sus percepciones del actual proceso censal 2020, quienes resaltaron la necesidad de mejorar los diálogos con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para avanzar efectivamente en lo restante de este proceso. Los líderes se mostraron con grandes expectativas y expresaron que continúan sensibilizando a sus comunidades para lograr una mayor auto-identificación afrodescendiente en comparación con la arrojada por la Encuesta Intercensal del 2015.

A pesar del fuerte interés en el Censo 2020, estos reconocieron que es una difícil labor la que estos realizan, especialmente por la falta de apoyo estatal, pues el mayor pedido para alcanzar las metas trazadas recae en fortalecer los conocimientos de los líderes y lideresas en el tema, e informar a sus comunidades sobre la importancia de auto-identificarse con los etnominos utilizados por el censo.

Esta es la primera vez que el Censo en México incluirá la pregunta de auto-identificación afrodescendiente, por ende, es una etapa importante por la cual está atravesando el pueblo Afro-Mexicano como los migrantes afrodescendientes, pero es una etapa con grandes desafíos.

Raza e Igualdad, desea aportar mediante el intercambio de experiencias por la cual han atravesado otros países. Líderes/sas, académicos y personal de INEs, quienes están abiertos a trabajar de la mano con el pueblo AfroMexicano y los migrantes de afrodescendientes.

Raza e Igualdad demanda atención médica efectiva para la activista cubana Xiomara Cruz Miranda

Fotografía de: Radio Martí

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa extrema preocupación por el estado de salud de la activista Xiomara Cruz Miranda quien en los últimos días ha presentado empeoramiento en su condición sin contar aún con un diagnóstico certero. Esta situación también es muy preocupante ya que Xiomara Cruz es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo reportado por el medio independiente Diario de Cuba y lo relatado por familiares de la activista, el estado de salud de Xiomara Cruz continua siendo delicado e incierto.  “…sigue muy debilitada, con fiebres continuas y dolores musculares severos. Los médicos continúan administrándole medicamentos diarios y realizando exámenes, pero aún las respuestas siguen siendo vagas a nuestras preguntas y no proporcionan ningún registro impreso” añadió familiar de Cruz Miranda.

Al principio, los médicos dijeron que Xiomara tenía tuberculosis y hasta la fecha había sido tratada para contrarrestar dicha enfermedad, sin embargo, a principios de agosto los estudios médicos realizados salieron negativos para la enfermedad, aspecto que, según lo relatado por Clara Iznaga a Diario de Cuba, no pudo ser explicado por los médicos al indicar que “no entienden por qué Xiomara continua con dolores”. “Los médicos cambian de opinión y nunca dan un diagnóstico claro. Un día es tubercolusis, otro día es cáncer de pulmón. A pesar de que han hecho varias pruebas diagnósticas, nunca han mostrado los resultados de ellas a los familiares de Xiomara, por lo que desconfiamos mucho de los médicos” señala Clara Iznaga.

Aunque varios medios de comunicación han reportado que Xiomara Cruz será enviada a su casa, pues la fase contagiosa de la enfermedad por la que fue diagnosticada ya ha sido superada, activistas de derechos humanos de Cuba han publicado en sus redes que en realidad Cruz Miranda será trasladada a otro centro médico para realizar otros estudios y descartar algún tipo de cárcer, enfermedad que ya había sido valorada, descartada y ahora nuevamente es considerada por familiares de la activista al no encontrar respuesta al grave estado de salud de la lideresa. 

“Lo que están haciendo con nosotros es pasarnos por un laberinto” señaló un familiar de Xiomara al referirse a la forma equívoca y negligente de los médicos para tratar la situación de salud de la activista y de su familia; teniendo en cuenta que todavía falta por dar respuesta a la posibilidad de que Xiomara sufra de alguna infección bacteriana en sus pulmones.

Según informe del medio de comunicación Diario de Cuba,  Cruz Miranda fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de «amenaza». Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada tras presentar lesiones en la piel, además de diversos problemas de salud que no han hecho más que empeorar desde entonces.

En julio pasado tuvo que ser traslada a la capital, donde reside, y hospitalizada en la sala de penados del centro médico La Covadonga. A fines del pasado mes de julio fue internada en terapia intermedia con la hemoglobina baja, hígado graso, líquido en los pulmones, falta de aire y un análisis de sangre que le reportó el eritro alto, además de eccemas en la piel.

Raza e Igualdad urge al Estado cubano proveer prioritaria y diligente atención médica a la activista Xiomara Cruz Miranda, de tal manera, que se pueda garantizar un real y efectivo derecho a la salud de la activista. Xiomara entró a la custodia del Estado cubano sana y sin problemas de salud, y ahora su vida está severamente en peligro. Tiene fiebre todos los días, ha bajado mucho de peso y está muy débil. Los eventos hasta la fecha sufridos por Xiomara evidencian negligencia médica e inminentes violaciones a sus derechos fundamentales como a la vida, la salud y el trato digno.  Urgimos a la comunidad internacional pronunciarse ante esta situación en la que se evidencia un alto riesgo para la vida de la activista.

“La odisea de ser mujer afrodescendiente y trans en Colombia”

The Trans Support and Action Group Foundation (GAAT, for its initials in Spanish), in partnership with ICASO, carried out the event “Transcending Barriers: Rights and full citizenship for people with experience of trans life” from the 16th to the 19th of September 2019. This event was attended by trans activists from eleven different regions of Colombia that met in Bogotá to discuss how their human rights are being guaranteed, what are the barriers they struggle with to access services, and how to create some strategies to overcome these challenges.

The event was also attended by five Afro-descendant activists with diverse sexual orientations and gender identities -four trans women and a non-binary person- from the departments of Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Chocó and the municipality of Montes de María; who addressed their reflections from the experiences that frame their reality as Afro-trans people living in Colombia.

Among the comments highlighted by the activists was the latent discrimination they live with in their territories, generated by barriers to access to different rights such as health, education, and work.

“… the Constitutional Court ruled that trans people who wanted legal recognition of their gender identity in their EPS could do it, and this issue is still a complication in the territory…” Afro-trans Chocó activist.

“… In hospitals as elsewhere, there is not yet a focus on differential care for trans men and trans women. So, that makes (going to) the doctor a complete torture, […] the treatments that one can already follow, but then they give you a lot of obstacles and paperwork, and in such a way that finally you get tired and don’t go to receive your hormones, or go to the doctor at all… ” Afro trans non-binary activist from Valle del Cauca.

The activists also denounced teachers and classmates who use strong dynamics of discrimination in educational spaces; in addition, they stated that there are policies that deny the gender identity of diverse people, because authorities refuse to issue official documents with the identifying names of those people.

Regarding the guarantees of access to work, the leaders expressed that there are no labor inclusion policies for trans people, therefore, they are not even interviewed for the positions they aspire to have, or there are more requirements imposed on them – such as the completion of multiple courses – to delay their applications.

“… Work for transgender people in my municipality is very scarce. It is something sad, because there we talk about labor inclusion [but] a trans girl […] just for having her male name on her ID, is called by her masculine name, not by her identifying name […] When [whoever is in charge of the job interview] enters, [says] ‘what a shame, the interview cannot be done because you appear under another name’.” Afro trans activist from Montes de María.

“Our race is also a cause of violence and a factor that generates new dynamics of discrimination and marginality,” said one of the Afro-trans activists, referring to the differentiated violence that Afro-descendant women face in comparison to the rest of the population classified as “mestizo white.” Accordingly, the leaders referred to a social and state discourse that denies the existence of racism and systems of structural discrimination by pointing out that racism has diminished or does not exist. This creates an invisibility of their identities in official statistics.

“… In the prosecutor’s office or in any other entity, they do not take the time to ask one how one identifies oneself […] I realized this through a process that I took to the prosecutor’s office […] I had the right to say that I am an Afro-descendant trans person. I went to the official, I approached and told him. [He replied:] ‘But you have to understand that everyone is recognized as white or mestizo. There is no Afro.’” Afro trans activist from Montes de María

Structural racism is also illustrated by the stratification of the territories, where Afro people inhabit the poorest areas, and those who have a better standard of living do so through a lot of work or association with mestizo white people. Because of this situation, there is a lack of the guarantee of rights in places predominantly inhabited by Afro people. In turn, this barrier is accentuated when Afro people also have diverse sexual orientations or gender identities because their violence becomes more complex.

“We could say that you have to take sides, or defend yourself as an afro person, or defend yourself as a diverse person, but not both, impossible, that would be death». Afro trans activist from the Caribbean.

Systematic forms of psychological violence and discrimination in the territories are other situations that, according to the stories told by the leaders, violate the integrity and rights of Afro-trans people. “Generally, the first thing that is affected is self-esteem, because to understand that they begin to look at you first, to judge you without even knowing you, sometimes simply because of your skin color, that is brutal. And the other thing is that […] you have your hair and you have your afro, and they come to want to touch your hair without asking, that is already violent because they are invading your space and they don’t even ask,” details non-binary Afro trans leader from Valle del Cauca.

Finally, within their own family, or even in spaces shared with LGBTI people, their ideas are not validated by their peers in the same way as the ideas of their white mestizo companions and counterparts.

“If you are black, it is a proposal, but if you are white, the proposal is validated.” GAAT Executive Director.

Given the various structural problems that undermine and deepen the circles of poverty, racism, discrimination, and marginalization of Afro people with diverse sexual identities and orientations, activists pointed out the importance of creating spaces in the territories that reinforce the ideas of family building, outside the “traditional-conventional” biological form that reduces the construction of the family bond to the consanguinity traits of family members. In addition, they proposed the creation of policies for access to health, work and education for trans people.

At the same time, they pointed out that the State institutions require pedagogies and trainings regarding the Afro-trans issues with a territorial focus. “These activities must be directed by people who are empathic with the issue in order to create much deeper discussions and lessons,” stressed the activists. They also said that it is important that there is greater empowerment of new Afro-trans leaderships, and pointed out relevant ways that social organizations should strive to create greater spaces of inclusion for Afro people who understand first-hand the specific complexity of their daily lives in the territories.

The Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) was invited by GAAT to hold a short workshop during the afternoon of September 16th. This invitation was motivated by the need found by the executive direction of the organization to incorporate the relationship and intersection of gender identity with ethnic-racial belonging into the agendas, activisms, and work with communities. The workshop was composed of a brief reference to the existence and activities carried out by the Afro-LGBTI Network of Latin America and the Caribbean, as well as a series of findings from documentary reviews made by the member organizations of the Network. Thus, we deepened the need for the incorporation of intersectional approaches in trans activism, referring to situations in which structural racism, together with the dynamics of prejudice against LGBTI people, increase the vulnerability of people who find themselves mostly in contexts of poverty and without protection from the State.

At Race and Equality, we celebrate the completion of these types of conferences in which our counterparts can establish working relationships, as well as expand their relationships, with activisms that work tirelessly for the defense of transgender rights.  . We also highlight the growing interest and commitment in the visibility and social and political impact of the rights situation for Afro-LGBTI people. We believe that this type of interaction is essential for new human rights activists and organizations present in the different regions of Colombia to start creating intersectional analysis efforts from their own agendas.

15 personas transgénero de Brasil fueron asesinadas en el mes de septiembre

El asesinato de personas transgénero en Brasil sigue siendo un problema extremadamente preocupante. Solo en septiembre, según la Asociacilón Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 15 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil, lo que resultó en un promedio de 1 persona transgénero asesinada cada 48h. Desde enero hasta el 30 de septiembre, 89 personas transgénero habían sido asesinadas en el país. La mayoría de los asesinatos muestran signos de gran violencia en el acto, como veremos a través de los siguientes tres ejemplos:

En el estado de São Paulo, el cuerpo de Bruna Torres, una travesti[1] de 26 años, fue encontrado en una carretera el 15 de septiembre. Tenía el cuello roto y las manos y los pies atados.

El 20 de septiembre, en un área forestal de la región metropolitana del estado de São Paulo, se encontró el cuerpo de la niña transexual Médely Razard, de solo 15 años. Médely estaba amordazada y en su cuerpo había signos de agresión física. La policía cree que fue estrangulada con un cordón alrededor de su cuello y que fue abusada sexualmente.

En Uberlândia, Minas Gerais, el cuerpo de la travesti Junia Bispo fue encontrado el 29 de septiembre, con varios signos de violencia y sin vida. La policía encontró trece perforaciones causadas por un instrumento punzante.

En agosto de este año, al entregar el dossier sobre «asesinatos y violencia contra travestis y transexuales en Brasil en 2018» a la comisionada Margarette May Macaulay, Bruna Benevides, secretaria de política de ANTRA, dijo:

«Este dossier está manchado de sangre y construido principalmente como un pedido de ayuda: ¿qué más podemos hacer como instituciones, como compañeros y compañeras, como organizaciones, como movimientos, para que otras travestis, mujeres transexuales, hombres trans y personas no binarias no sean asesinados por ser quienes son?»

Brasil es el país donde más personas trans son asesinadas en el mundo. Solo en 2018, hubo 163 casos. Está claro que las personas trans en Brasil viven en un contexto de gran violencia, y que el Estado brasileño no consigue, ni tiene el objetivo de proteger sus vidas.

En el momento político en que Brasil atraviesa una verdadera cruzada contra la población LGBTI, es esencial dar visibilidad al peligro para las personas trans, cuyo mayor desafío es la supervivencia.

Raza e igualdad continuará su lucha por la igualdad y convoca al Estado brasileño a investigar las muertes de las mujeres travestis y transgénero en el país y, sobre todo, a garantizar que todas las personas puedan expresar su orientación sexual y su identidad de género libremente en Brasil.

[1] Travesti es una identidad de género que existe en algunos países latinoamericanos como Brasil y que describe a las personas asignadas a hombres al nacer que asumen un rol de género femenino, a veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios o las inyecciones de silicona.

MANISFESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL BRASILEÑA SOBRE LA CANDIDATURA DE BRASIL AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU



Las organizaciones brasileñas de la sociedad civil, apoyadas por varias organizaciones extranjeras, regionales e internacionales, expresan su profunda y grave preocupación por la candidatura brasileña al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período de tres años 2020-2022. Estas preocupaciones ya han sido expresadas varias veces por la sociedad civil y se reiteran en vista de la posición adoptada por el gobierno brasileño en los espacios de las Naciones Unidas, incluido y particularmente reiterado por el propio presidente en su discurso en la apertura de la 74a Asamblea General de la ONU.

Las manifestaciones del gobierno brasileño justificando su candidatura contradicen la tradición brasileña acumulada hace décadas en las relaciones multilaterales y que siempre caminó en defensa del universalismo de los derechos humanos.

Esas manifestaciones no reconocen los derechos humanos como sistema de protección para tod@s y cada un@ porque se guían por la defensa de los «buenos humanos», «los humanos correctos» para los cuales solamente los derechos humanos serían aplicables, mientras que otros seres humanos, los «criminales» y aquellos que los apoyan no son titulares de derechos. Las posiciones de este tipo promueven la exclusión y el ataque a temas como mujeres, LGBTI, pueblos indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, negras y negros, jóvenes, entre otros. Estas reiteradas manifestaciones, que también se están convirtiendo en prácticas del gobierno brasileño, no son aceptables. Un gobierno que actúa con serias reservas a derechos humanos, y que promueve acciones que conducen a reveses en la realización de los derechos, es anti universalista y no puede querer que la comunidad internacional crea que tiene una disposición efectiva para comprometerse con la realización progresiva, universal, interdependiente e indivisible de los derechos. Todos los derechos humanos para todas y para todos.

Las organizaciones firmantes rechazan las acciones resultantes de estas posiciones del gobierno brasileño, como la glorificación de las atrocidades, incluso ataques contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el desmantelamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en violación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; el desmantelamiento de los consejos de participación social; la orientación del Presidente de la República a los cuarteles para conmemorar el golpe de estado de 1964 y la negación oficial del mismo golpe; la negativa categórica a continuar el proceso de demarcación de los territorios indígenas; falta de respeto y ataque a los pueblos y comunidades tradicionales; el rechazo del reconocimiento de la cuestión de género por explicación de voto durante la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; la represalia al defensor de los derechos humanos Jean Wyllys durante la 40ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; los retrocesos en la lucha contra el trabajo esclavo; incitación a la violencia contra los pueblos y comunidades tradicionales, sus tierras y territorios; sanción de las leyes de posesión de armas para los propietarios de tierras y declaraciones que autoricen la violencia contra estas poblaciones, incluidas las personas sin tierra, entre otras medidas.

Dichas posiciones y acciones son incompatibles con los objetivos del Consejo de Derechos Humanos, cuyo trabajo debe guiarse por la universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación para mejorar la promoción y protección de todos los derechos, de conformidad con el Artículo 4 de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma Resolución, en su artículo 9, determina que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben mantener el más alto nivel de protección y promoción de los Derechos Humanos. Esto significa que, para calificar para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, un estado candidato debe dar el ejemplo y hacer los mejores esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes afirman que el Estado brasileño no cumple con las condiciones mínimas para solicitar la renovación de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos considerando los parámetros de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que no recomiendan a la comunidad internacional de Estados votar por Brasil para una de las vacantes de GRULAC para el período de tres años 2020-2022. Además, las organizaciones de la sociedad civil esperan que la comunidad internacional de estados controle más de cerca la situación de los derechos humanos en Brasil.

Descargue aquí listado de organizaciones firmantes y organizaciones aliadas



Raza e Igualdad rechaza acusaciones de autoridades del régimen cubano contra José Daniel Ferrer miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza categóricamente la represión y violación a los derechos y libertades fundamentales del activista y líder político José Daniel Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido arbitrariamente el pasado martes primero de octubre después de un fuerte operativo militar llevado a cabo en las sedes de la organización.

El líder político se encuentra actualmente detenido en el Centro de Operaciones de Vesalles, del Departamento de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, acusado por su postura de desafío al régimen cubano, por supuestamente apoyar medidas de política de los Estados Unidos en contra del gobierno cubano, además de ser acusado de agredir al activista Sergio García Gonzáles, quien en día pasados habría sufrido un accidente en su motocicleta para posteriormente ser presionado por la seguridad del Estado para testificar en contra de Ferrer y otros activistas de la UNPACU, como autores de las lesiones sufridas.

“Lo tienen amenazado con llevarlo a la cárcel queriendo fabricar un delito por supuestas lesiones, para que así quede como un preso común y no como un preso político” señaló la hija de Ferrer en su cuenta de twitter.

A través de un video publicado en las horas de la tarde del día de ayer, el miembro de la UNPACU Carlos Amel Oliva entrevistó a la esposa del activista Sergio García Gonzáles, quien confirma que Ferrer no es responsable de las lesiones de su esposo.   Aunque el activista García Gonzáles se ha rehusado a ser contactado por autoridades del gobierno y por representantes de la Unión Patriótica de Cuba, el peligro de ser obligado a testificar contra Ferrer sigue siendo una posibilidad.

https://www.facebook.com/100010293360012/videos/959492631070507/

Ciertamente, no es la primera vez que el Estado cubano intenta fabricar un delito contra José Daniel Ferrer; el año pasado el líder político también fue víctima de una campaña de desprestigio que buscaba acusarlo de “asesinato” del oficial de la policía Dainier Suárez Pagán, quien intentaba incriminarlo al intentar ser atropellado por un carro.  Para este entonces testigos comprobaron que Ferrer era inocente de los cargos por los que se le acusaba.

En su más reciente informe sobre el sistema de justicia en Cuba, Raza e Igualdad alerta sobre los métodos utilizados por el Estado Cubano para incriminar, señalar y acusar a opositores del régimen y sistema político de Cuba; fabricando delitos que son sustentados a través de un Código Penal que vagamente ha definido los delitos por los que frecuentemente se les acusa a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

Como organización comprometida con los derechos humanos del pueblo cubano, hacemos un llamado al Estado cubano garantizar y respetar los derechos humanos del activista de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recordando que la libertad política, así como la libertad expresión, asociación son derechos elementales de cualquier individuo sin importar nacionalidad o filiación política.  Raza e Igualdad demanda la inmediata libertad del dirigente político Ferrer así como de los demás activistas que permanecen en arbitraria detención. Solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse ante estos hechos de evidente violación y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Fotografía tomada de: www.cibercuba.com

VIDEO: ¡Por la inclusión del pueblo afropanameño en el CENSO 2020!

La realidad de los pueblos afrodescendientes en América Latina pasa por lógicas estructurales de racismo y discriminación que subyacen en los contextos sociales, económicos y políticos de la mayoría de los Estados; situaciones de violencia, pobreza, desempleo y pocas garantías de acceso a salud, educación, vivienda digna afectan la vida de personas afrodescendientes, aspectos en su gran mayoría desconocidos por los gobiernos de turno, debido a una inminente carencia de datos estadísticos que les permitan tener una radiografía de los círculos de violencia y marginalidad que circundan a los pueblos afrodescendientes; y por tanto, la carencia de planes, proyectos o políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en ejercicios de encuestas de hogares recientes y en preparacion al censo 2020, la población Afropanameña paso de 9.2% a 24.5%.

Atendiendo a esta realidad, Raza e Igualdad, de la mano de múltiples organizaciones de la sociedad civil afropanameña ha venido trabajando por la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en Panamá; esto a través de proyectos que garanticen la visibilización de sus realidades, fortalezcan el carácter identitario e incremente los índices de apropiación de los derechos ciudadanos de esta población.  Es por esta razón, que la inclusión de la población afrodescendiente en el próximo censo de población y vivienda 2020, para la caracterización y reconocimiento de sus realidades, constituye un espacio fundamental de participación, empoderamiento y apropiación que permitan la identificación de una serie de problemáticas que aquejan a esta población y que urgen la atención inmediata del Estado panameño.

Para garantizar la real y efectiva participación de las y los afropanameños en el próximo censo 2020, organizaciones sociales afropanameñas, con el apoyo de Raza e Igualdad, han emprendido una campaña de sensibilización y visibilización para el pueblo afrodescendiente, esto como estrategia de formación que posibilite espacios de diálogo y empoderamiento, que a su vez permitan a la población comprender la importancia de su participación y el impacto del censo para la exigibilidad de sus derechos.  

“Ciertamente el censo del 2010 no arrojó datos certeros y precisos sobre la realidad de los pueblos afropanameños, según esta encuesta para este año sólo el 9% de la población se reconocía como afrodescendiente, situación que nos dejó profundamente preocupados porque esto no correspondía con la realidad, después de indagar y analizar la situación nos dimos cuenta que muchas personas o no entienden el término afropanameño o no se identifican con él, por lo que pudimos determinar que el subregistro se debió a una falta de compresión de la pregunta en relación a la identificación étnica y una falta de conocimiento del encuestador para poder explicarla, es por esta razón que para este censo no estamos tomando la tarea de explicar que existen muchos etnonimos para el panameño afrodescendiente”  lideresa afropanameña.

Con el fin de garantizar el reconocimiento e inclusión del pueblo afropanameño, y su compresión de la pregunta étnico – racial, o que algunos denominan “pregunta afrodescendiente” que se ha propuesto para el censo 2020 de panamá, se ha producido un material audiovisual titulado «Censo Afropanameño 2020» una herramienta que se estará promocionando en redes sociales con la esperanza de visibilizar ante el pueblo afrodescendiente de Panamá los étnominos o conceptos que se utilizarán durante el censo.

Le invitamos a compartir este material para garantizar la inclusión del pueblo afropanameño en los resultados del censo 2020.

Video: Censo Afropanameño 2020 «Por la inclusión de todos los pueblos»

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad, continuará trabajando por los derechos fundamentales de las y los afropanameños, para que el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos sea una realidad en la construcción de una nación incluyente y equitativa.

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

“Pese a una reforma constitucional en Cuba se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos”: Activistas cubanos denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Durante el 173 Periodo de Audiencias temáticas de la Comisión Interamericana llevadas a cabo en Washington, DC del 23 al 2 de octubre de 2019; defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes cubanos denunciaron ante Comisionados del órgano interamericano la preocupante situación de derechos humanos que viven en el país.

En presencia de periodistas de Diario de Cuba, Cubanet, tremenda nota y de activistas de Cubalex y Cofradía de las Negritudes; Caitlin Kelly abogada para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció que pese a una reforma constitucional que vela por los derechos del pueblo cubano, y un nuevo jefe de estado que no pertenece a la familia Castro, la situación de persecución, hostigamiento y represión siguen siendo aspectos de extrema preocupación; especialmente por una falta de voluntad política del gobierno cubano a garantizar el estado de derechos de
aquellos activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que disienten de las políticas dictatoriales del régimen. 

«Vemos con preocupación cómo el régimen cubano utiliza el código penal para criminalizar las voces disidentes.  Delitos como el desacato, atentado, resistencia y desobediencia además de la figura del estado peligroso son las
más utilizadas para criminalizar» señaló la abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo de la audiencia se denunció que entre el 2016 y el 2018, se reportaron cerca de 171 detenciones arbitrarias y más de 700 casos de restricción de movilidad tanto dentro como fuera del país de periodistas, siendo esta una de las principales formas de represión que utiliza el Estado cubano para impedir que periodistas independientes lleven a
cabo su labor, según lo reportado por Pablo Díaz, director general del medio independiente Diario de Cuba.

«En este momento en Cuba las restricciones de viaje a activistas, artistas y periodistas independientes es la principal herramienta de represión que utiliza el régimen en contraposición a la política migratoria de 2013 establecida por el
Estado»

 

Por su parte, el periodista Carlos Alejandro Rodríguez periodista de “Tremenda Nota” señaló que hasta hoy el gobierno cubano mantiene bloqueados y censurados aquellos medios de comunicación que no pueden regular “Nuestros medios pasaron de la alegalidad a la ilegalidad con el decreto impuesto que no permite medios que no compartan ideales políticos del régimen» añadió Rodríguez durante la audiencia.

Así mismo, el periodista de “Tremenda Nota” hizo hincapié sobre los abusos, detenciones arbitrarias y decomisos de su material de trabajo de los que son objeto los periodistas independientes en cuba, señalando que ser periodista independiente en Cuba y hablar con la verdad es someterse a todas formas de coerción para abandonar su labor, convertirse en informantes o exiliarse del país.

En este orden de ideas, la activista de Cubalex Laritza Diversent, alertó sobre las formas de violencia y represión a las que son sometidas las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, quien asegura que los los malos tratos están marcados por amenazas y tratos humillantes «Muchas de las periodistas detenidas son obligadas a desnundarse y hacer “cuclillas”. La represión normalmente hacía estas está relacionada con sus familares» expuso la directora para Cubalex.   Al respecto, la Comisionada por los derechos de las personas afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Margarette May Macaulay solicitó más información al respecto de esta situación.

Por su parte, el activista por los derechos de las y los afrocubanos y director de la organización Cofradía de las Negritudes, Norberto Mesa Carbonell, describió ante la audiencia las múltiples formas de represión y violencia a las que ha sido sometido por parte de autoridades cubanas a razón de su activismo. «Como activistas hemos sido víctimas de un régimen violento que atenta contra los derechos humanos de los y las activistas.  Prohibición al derecho a reunirnos pacíficamente, detenciones arbitrarias de corta duración, son algunas de las formas que el gobierno utiliza para silenciar nuestras voces».

Con relación a las formas de discriminación y racismo aún vigentes en Cuba y que el régimen cubano ha decidido invisibilizar, Laritza Diversent añadió: “Legalmente no hay ninguna reforma ni tampoco intenciones del gobierno de reconocer que existe discriminación racial en Cuba.  No está tipificado en el código penal la discriminación racial como un delito lo que le imposibilita que la sociedad pueda demandar justicia en este sentido”.

Finalmente, Antonia Urrejola, Relatora para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que graves violaciones de derechos humanos continúen, aún bajo la reforma de una nueva constitución; al respecto, solicitó a los activistas y periodistas presentes enviar más información para la consolidación del informe sobre el país en el que actualmente se encuentra trabajando la Comisión.

Raza e Igualdad seguirá trabajando por la defensa, visibilización y promoción de los derechos de activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos en Cuba, consciente del estado de vulneración y desprotección en que se encuentran en Cuba.  Así mismo, continuará documento los casos de violencia y formas de represión que el régimen cubano implementa para hacer un llamado contundente a la comunidad internacional para continuar monitoreando la situación de derechos en el país.

 

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