Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO: Embates al Sistema Interamericano de Derechos Humanos vulneran la protección regional de los DD.HH

Más de 200 organizaciones y personas se suman a un llamado exhortando a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
Para descargar las firmas, haz click aquí.

Las Américas, 2 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y otros grupos de sociedad civil, expresamos nuestra alarma ante las declaraciones realizadas por cinco Estados de la región cuestionando el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Dicho pronunciamiento pareciera reflejar un esfuerzo coordinado para debilitar la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, en la medida que busca recortar las facultades de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 23 de abril un comunicado de prensa emitido por la Cancillería Chilena anunció que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, entregaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una declaración que cuestiona la “operatividad, funcionalidad y eficacia” del SIDH. Los Estados firmantes destacan la necesidad de dar una mayor deferencia a los Estados considerar sus realidades políticas, económicas y sociales, particularmente, al decretar medidas de reparación. A su vez, cuestionan las técnicas de interpretación del Sistema Interamericano, el alcance de las medidas de reparación y los efectos de las sentencias internacionales para restringirlas a los reclamantes. Adicionalmente, ponen bajo escrutinio las medidas adoptadas por la CIDH para resolver la demora en el trámite de casos individuales.

Como organizaciones de derechos humanos de las Américas, nos resulta altamente preocupante el tenor de las sugerencias, ya que todas son de carácter restrictivo y carecen de sustento bajo los estándares y las normas reconocidas por el derecho internacional, a la vez que suponen enormes retrocesos para el correcto funcionamiento del SIDH. Recordamos que, entre 2011 y 2014, un grupo de Estados realizó un cuestionamiento similar, principalmente dirigido a la CIDH, que terminó en una reforma reglamentaria. En ese sentido, la declaración ocurre en un contexto de esfuerzos anteriores que pretendían condicionar las actuaciones y el impacto de los órganos del SIDH, perjudicando su autonomía e independencia. Cabe destacar que todos los Estados firmantes tienen múltiples procesos pendientes ante el SIDH.

Ante ello, las organizaciones firmantes exhortamos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de la protección regional en perjuicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Particularmente, frente a contextos actuales de altas tasas de violencia e impunidad, invitamos a los Estados a desarrollar un proceso interno de reflexión para garantizar un mayor cumplimiento con las recomendaciones del SIDH, a modo de contribuir a su eficacia.

Desde nuestros respectivos países, reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando a apoyar las capacidades y el impacto del sistema regional de derechos humanos, para que pueda responder a las realidades de nuestro continente. Nos mantendremos firmes en nuestro trabajo para garantizar que los órganos del SIDH puedan ejercer su labor de forma autónoma, independiente, y eficaz, brindando una defensa de los derechos humanos que parte desde un esfuerzo colectivo e inclusivo. Asimismo, convocamos al resto de los Estados de la región a sumarse a este esfuerzo.

Para descargar las firmas, haz click aquí.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COMUNICADO: Raza e Igualdad hace un llamado a la paz, la justicia y la democracia para Venezuela

Colombia, 1 de mayo de 2019. Este 30 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse a la “Operación Libertad”, una manifestación masiva para dar inicio a lo que él mismo denominó “comienzo del cese de usurpación” del régimen de Nicolás Maduro. Junto a Guaidó, quien a tempranas horas de la mañana hizo el llamado desde la base militar “La Carlota”, en la capital, también estaba Leopoldo López, quien hasta ayer era un prisionero político que guardaba casa por cárcel y que fue liberado por Guaidó con la ayuda de los militares que lo custodiaban. El régimen de Maduro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado.

La población, no obstante, salió a protestar a las calles para pedir y exigir a las fuerzas militares acudir al llamado a la justicia y libertad del pueblo venezolano, pero la Policía y Guardia Nacional aún aliados del régimen de Maduro reprimieron a los manifestantes de varias ciudades del país dejando decenas de heridos por atropellamientos, perdigones y efectos de gases lacrimógenos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la violencia y represión ejercidas por las autoridades venezolanas contra el pueblo que en su legítimo derecho a la protesta demanda justicia, democracia y libertad.  Urgimos al Estado Venezolano cesar la violencia y garantizar la paz y la garantía de los derechos a la vida, la libertad de expresión y opinión, así mismo como la integridad de la vida de las y los manifestantes que hoy hacen un llamado a la democracia por la vía constitucional.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que ha dejado más de tres millones de desplazamientos de la población hacía diferentes países de la región, según lo reportado por ACNUR Americas; así como graves lesiones a los derechos fundamentales del pueblo que continúa exigiendo su libertad.

¿Qué significa para la comunidad Afro LGBTI+ que Jair Bolsonaro defienda la dictadura militar brasileña?

Brasil, 29 de Abril de 2019.  El mes de abril en Brasil estuvo marcado por varias protestas y actividades políticas contra la dictadura militar. Estas protestas ocurrieron porque, en abril de 2019, fue el 55 aniversario del golpe que estableció una dictadura en el país, de 1964 a 1985.

Estas protestas fueron motivadas porque Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, había determinado que el Ministerio de Defensa realizaría conmemoraciones por el 55 aniversario del golpe. En 2011, la ex presidenta Dilma Rousseff había prohibido al Ejército realizar conmemoraciones de esa fecha.

De hecho, es la primera vez desde la re-democratización de Brasil que un presidente defiende pública y abiertamente la dictadura militar. En el día del voto de destitución de Dilma, Bolsonaro declaró que su voto fue en honor a Carlos Brilhante Ustra, conocido en Brasil como el mayor torturador de la dictadura militar.

Se hicieron muchos esfuerzos para borrar de la memoria brasileña la censura política y la tortura a la que fueron sometidas las personas políticamente organizadas para oponerse al régimen militar. Sin embargo, poco se debate sobre qué tipo de relación construyó la dictadura brasileña con la población LGBTI +, especialmente con las personas negras LGBTI +. Por lo tanto, es esencial preguntar cuáles fueron los efectos del autoritarismo de la dictadura militar en la comunidad negra LGBTI +, y en qué medida este modelo de régimen creó y profundizó la forma violenta en que el Estado brasileño trata estas vidas hasta que hoy.

Violencia contra personas LGBTI + en la dictadura brasileña.

En 2012, se instaló una Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional da Verdade) en Brasil, con el objetivo de no ocultar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado para reprimir a todos aquellos que fueron considerados opositores al régimen, así como para llevar al Estado a asumir la responsabilidad de estas violaciones. En 2014, esta Comisión publicó un informe que buscaba dar a conocer las violaciones que se han producido en relación con las personas LGBTI +.

El intento de contar una historia no contada de una dictadura que intentó borrar sus huellas hace que sea extremadamente difícil evaluar el alcance de esta violencia, especialmente cuando se trata de la comunidad afro LGBTI +. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos para superar los obstáculos a la escasez de registros oficiales.

Es importante señalar que, en la opinión del régimen militar, no había distinción entre la orientación sexual y la identidad de género. Todos ellos eran «homosexuales», vistos como una masa homogénea. Esta es otra dificultad, porque los registros oficiales se consideran a sí mismos como homosexuales aquellos que se identificaron como personas trans o “travestis”, por ejemplo. Travesti es una identidad de género que existe en algunos países latinoamericanos como Brasil y que describe a las personas asignadas a hombres al nacer que asumen un rol de género femenino y una expresión de género, a veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios o las inyecciones de silicona.

Como señala el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, no ha habido una política estatal formalizada para exterminar a la población LGBTI + ni para criminalizarla, sin embargo, la ideología que justificaba el golpe y la privación de derechos de los derechos democráticos y otros tipos de violencia estaba impregnada de valores conservadores y una perspectiva lgbtfóbica que consideraba que la diversidad sexual y las posibilidades de identidad de género estaban relacionadas con la subversión. Esta asociación de LGBTI + con subversión fue lo que justificó las represiones que se cometieron contra ellos; por lo tanto, fue posible ver el crecimiento de una visión del Estado que vio a LGBTI + como dañina, peligrosa, contraria a la familia, la moral y los buenos modales, que legitimaron la violencia contra esta población.

La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) confirma que las mujeres trans, los homosexuales y otras personas vistas como pervertidas fueron sometidas a persecución, detención arbitraria, despidos, censura, asesinatos y otras formas de violencia porque fueron vistas como personas indeseables.

En São Paulo, por ejemplo, la Ordenanza Conjunta nº 390/76 autorizó el arresto de aquellos que se identificaron como “travestis”, que se encontraron en la región central de la ciudad para consultas, determinando que los registros policiales de los travestis deberían ser Ilustrado con «imágenes de los pervertidos, para que los jueces puedan evaluar su grado de peligrosidad».

En 1987, en la transición entre el régimen militar y la redemocratización, São Paulo fue también el escenario de una operación policial que se conoció como «Operación Tarántula». Esta operación quería arrestar a los travestis en los principales puntos de prostitución de la ciudad, por lo tanto, se presentó como una contribución de la policía para reducir el número de casos de SIDA. Más de 300 travestis fueron detenidos.

São Paulo es un ejemplo de cómo el gobierno militar adoptó técnicas de persecución, con especial atención a travestis, para sanear el espacio público a través de su exterminio, considerándolos peligrosos en los sentidos más diversos.

Lo anterior significa que se tuvieron que encontrar algunas estrategias para sobrevivir. La travesti negra Weluma Brum dijo que una vez que fue detenida por la policía cuando era prostituta en Río de Janeiro, cuatro policías la golpearon, le dieron descargas eléctricas y la obligaron a tener sexo oral con ellos. Más tarde, descubrió una estrategia común entre los travestis para evitar arrestos arbitrarios: «Nos cortamos con una navaja de afeitar, para que la policía no nos arrestara, mira, todavía tengo cicatrices. Temían que nos cortáramos», refiriéndose a la asociación. eso se hizo (y persiste hasta hoy) entre travestis y seropositividad.

La travesti Thina Rodrigues, de la ciudad de Fortaleza, capital de Ceará, dice que fue arrestada por ser una travesti razón por la cual ha decidido ocultarse porque tiene miedo a vivir esta experiencia: «En ese momento, la Secretaria de Seguridad Pública dijo que Fortaleza debería limpiar su suciedad». Y para la sociedad, los homosexuales, travestis, lesbianas, prostitutas y personas sin hogar fueron todos los delincuentes que mataron la imagen de Fortaleza y tuvieron que ser tomados de Duque de Caxias, en el centro de Fortaleza ”.

Las travestis negras solían sufrir más agresiones físicas y, según Marcelly Malta, era común que simplemente desaparecieran después de que los policías se acercaran a ellas.

Según el sexólogo Armando Januário, muchos de ellos fueron torturados, llevados a playas donde se encontraban en el mar, o sus policías les quitaron sus pertenencias y solo fueron liberados si usaban ropa de hombre. Esto significó que muchos de ellos fueron detenidos solo porque su existencia desafiaba la norma de género: una norma que es cis, heterosexual, masculina y blanca.

Además de la población negra, la población indígena también fue severamente afectada. Durante la dictadura, la Fundación Nacional de Indios (FUNAI) mantuvo en Minas Gerais dos centros para la detención de indígenas considerados «delincuentes», donde se llevaron a más de 100 personas de diferentes grupos étnicos. Eran el reformatorio de Krenak y la granja guaraní, ambos en Minas Gerais. Hay un gran número de denuncias de violaciones de derechos humanos en ambos lugares, como la práctica generalizada de tortura.

Como causa de los arrestos, algunos documentos mencionan el uso de «relaciones sexuales inapropiadas» y «pederastia», además de las drogas, la prostitución, la vagancia, entre otros.

Por su parte, la intelectual negra Lélia González dijo que la represión policial sistemática impuso una sumisión psicológica a través del miedo, con la intención de evitar cualquier forma de unidad y organización del grupo que sufrió la represión, utilizando todos los medios que podrían perpetuar su división interna. De hecho, esta represión generalizada llevó a un movimiento político organizado que comenzó a existir a fines de la década de 1970 porque hubo una represión dirigida a neutralizar los procesos de articulación de las personas LGBTI +.

Lo que queda hoy

Aunque es extremadamente importante dar visibilidad a la violencia y las estrategias de supervivencia durante el período de la dictadura militar, no es suficiente pensar en cuáles fueron sus efectos en la población afro LGBTI +. No es suficiente preguntar qué pasó con esta población durante ese período y saber qué tipo de violencia específica se cometió sobre ellos. Es esencial investigar cuál es el legado de la dictadura militar sobre la forma en que el Estado brasileño trata las vidas de las personas LGBTI + negras hasta el día de hoy. Es decir, lo que queda de este autoritarismo.

Hasta hoy en día, la forma en que la policía en Brasil trata con las personas LGBTI + es extremadamente violenta, y no es infrecuente escuchar informes, especialmente de personas LGBTI + negras, que han sido atacadas físicamente por agentes de la policía o que han sido ridiculizadas por ellos. Hasta el día de hoy, la policía controla el derecho a estar en la calle, especialmente el de mujeres trans y travestis.

Hay una sistematicidad en la represión policial-sexual propia de la dictadura militar, que todavía existe en la actualidad. El hecho de que no haya habido ninguna ruptura con esta forma de tratar con LGBTI + en Brasil ayuda a explicar cómo ha sido posible el crecimiento de un movimiento tan conservador en el país en los últimos años, así como a explicar por qué Brasil es tan Lugar peligroso para estas vidas.

Cuando Jair Bolsonaro, apoyado por varios brasileños, pide que se celebre el golpe militar y niega que haya habido una dictadura en Brasil, niega la posibilidad de romper con un pasado que haya asegurado jerarquías que determinan que gays, lesbianas, bisexuales, Las personas travestis, transexuales y otros disidentes sexuales, especialmente los negros, se encuentran en posiciones de desventaja política y social hasta el día de hoy. Más que eso, se celebra y exige que el Estado tenga derecho a exterminar las vidas consideradas indeseables.

O que significa para a população afro LGBTI+ a defesa que Jair Bolsonaro faz da ditadura militar brasileira?

Leia aqui artigo em português

Sobre el Autor:

Isaac Porto – Consultor LGBTI para Raza e Igualdad en Brasil

Evento #VenezuelaMigra – Presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil de personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional

A la fecha son más de 3.4 millones de personas que han abandonado Venezuela en los últimos dos años, según la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. De éstos, cerca de 1.2 millones de personas radican en Colombia, convirtiéndose así en el país que acoge al mayor número de ellas en América Latina. Frente a ello, la sociedad civil responde.

Acompaña a integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana el Jueves 25 de abril en el auditorio de la CINEP en Bogotá, Colombia de 9:00 a 11:00 AM para la presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional, documento que busca aportar soluciones a esta crisis de manera regional, coordinada y con un enfoque de derechos.

Más información a seguir. Para descargar el programa preliminar, haz click aquí. 

Para conocer más sobre el Grupo de Trabajo y el Plan de Acción, visita:http://www.movhuve.org/

Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos