Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de diversas organizaciones sociales de países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, coordinará diferentes espacios de discusión que pretenden analizar el panorama de derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos sociales y países que actualmente se enfrentan a graves situaciones de violencia y vulneración.

Todos los eventos serán transmitidos en vivo a través de la página en Facebook de Raza e Igualdad.  Así mismo se hará cubrimiento de los eventos a través de redes sociales con el hashtag #AsambleaOEA #RazaeIgualdadOEA

A continuación, compartimos el detalle de los espacios que propiciaremos durante la semana de incidencia regional:

 

Foro Interamericano contra la Discriminación
Objetivo:  Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la situación de derechos las personas afrodecendientes de América Latina y el Caribe en el marco del Decenio de los Afrodescendientes de cara a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos OEA.

Día:  Martes, 25 de junio de 2019
Hora:  8:30 – 1:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro Medellín
Transmisión en Vivo

Puede encontrar el programa completo dando click aquí.

Palabras de inauguración

Carlos Quesada – Director ejecutivo de Raza e Igualdad

Panelistas:
Erlendy Cuero Bravo – Vicepresidenta AFRODES, Colombia
Paola Yánez – Coordinadora Regional Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas de la Diáspora
Margarette May Macaulay – Relatora CIDH de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial
Christian King – Director ejecutivo Trans Siempre Amigas, República Dominicana
Rodnei Jerico da Silva – Coordinador SOS Racismo, Brasil
Catherine Pognant, Directora de la Oficina de Sociedad Civil OEA, Washington D.C.
Juan Antonio Madrazo, Coordinador Nacional Comité Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Harvey Maradiaga, Coordinador ADISNIC, Nicaragua
Elvia Duque, representante de Raza e Igualdad

Moderadores:
Adriana Rodríguez –  Raza e Igualdad
Cecilia Ramírez – Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Conversatorio: «La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios Afrocolombianos»
Objetivo:  Generar un espacio de discusión y análisis alrededor de las oportunidades de una real y efectiva implementación del acuerdo de paz en los territorios colombianos, y así mismo, identificar las causas que han generado el incremento de homicidios a líderes y lideresas sociales afrodescendientes.

Día:  Martes, 25 de junio, 2019
Hora:  5:00 – 7:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro

Panelistas:
Comisionada Ángela Salazar, Comisión de la Verdad
Nixon Ortiz, Fundación Arcoíris libre de Tumaco
Audes Jiménez, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
Emigdio Cuesta Pino, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA
Melquiceded Blandon, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

Moderadores:
Elvia Duque, Raza e Igualdad
Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo

Conversatorio:  ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos
Objetivo: 
Conversar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta Nicaragua tras 14 meses de crisis, sobre los principales desafíos y limitaciones para la garantía de los derechos humanos en el país y sobre la ruta para que se retome el diálogo entre el Gobierno deNicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Panelistas:

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua en OACNUDH
Antonia Urrejola, Comisionada y Relatora de país para Nicaragua de la CIDH
Sofía Macher, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH
Azahalea Solís, Miembra de la Alianza Cívica y representante del MAM
Lucía Pineda, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias

Moderadora:
Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad

Lanzamiento en Colombia del informe de la CIDH “Reconocimiento de Derechos de las personas LGBTI” y diálogos con personas LGBT y afro-descendientes de Colombia, Brasil y Perú

Raza e Igualdad presentará  por primera vez en Colombia los resultados de un informe de la CIDH lanzado en mayo  pasado sobre los avances han realizado los Estados de las Américas para garantizar la protección de las personas LGBTI  a fin de que los demás países logren avanzar en la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación para la población LGBTI.

Panelistas:

Antonia Urrejola, Comisionada de la CIDH y Relatora de país para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ernesto Zelayandia, Becario para la relatoría de las personas LGBTI
Sandra Milena Arizabaleta, miembra de Somos Identidad, Colombia
Alessandra Ramos, miembra de Transformar, Brasil
Belén Zapata, miembra de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashantí, Perú

Moderador: 

Mauricio Noguera, Oficial LGBTI de Raza e Igualdad

Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora participan en taller sobre Sistema Interamericano de cara a la 49ava Asamblea General de la OEA

Washington, D.C. Junio 6 de 2019.  En compañía de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo el taller “Organización de Estados Americanos – OEA.  Funcionamiento y órganos” un espacio de diálogo, capacitación y encuentro que tenía por objetivo presentar, ante las mujeres representantes de los diferentes nodos que integran la Red en la región, el funcionamiento, estructura y sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados; esto de cara a la 49ava Asamblea General de la OEA a realizar el próximo 25 de junio en Medellín, Colombia.

El taller que contó con la participación de enlaces e integrantes de la Red de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala y Uruguay; además permitió el intercambio de saberes entre organizaciones de la región que han venido realizando incidencia en organizaciones del Sistema Interamericano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A lo largo del taller, llevado a cabo durante los días 30 y 31 de mayo en la ciudad de Cali, se describió la situación de derechos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en cada uno de los países representados en el espacio; así como los retos que esto representa para el reconocimiento, garantía y protección de sus derechos a la luz de los diferentes compromisos internacionales que en su mayoría fueron asumidos por los diferentes Estados de la Región.

En este sentido, oficial de Raza e igualdad presentó los diferentes mecanismos de protección de derechos que proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes formas en que las organizaciones pueden presentar sus casos ante esta organización.

Así mismo, el escenario de encuentro posibilitó la configuración y articulación de las bases para la construcción del discurso que la representante de la Coalición Afrodescendiente, Erlendy Cuero Bravo, presentará durante el espacio de diálogo de la Organización de Estados Americanos con la Sociedad Civil durante la Asamblea General de la OEA.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora es un espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la interculturalidad.

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO: Embates al Sistema Interamericano de Derechos Humanos vulneran la protección regional de los DD.HH

Más de 200 organizaciones y personas se suman a un llamado exhortando a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
Para descargar las firmas, haz click aquí.

Las Américas, 2 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y otros grupos de sociedad civil, expresamos nuestra alarma ante las declaraciones realizadas por cinco Estados de la región cuestionando el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Dicho pronunciamiento pareciera reflejar un esfuerzo coordinado para debilitar la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, en la medida que busca recortar las facultades de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 23 de abril un comunicado de prensa emitido por la Cancillería Chilena anunció que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, entregaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una declaración que cuestiona la “operatividad, funcionalidad y eficacia” del SIDH. Los Estados firmantes destacan la necesidad de dar una mayor deferencia a los Estados considerar sus realidades políticas, económicas y sociales, particularmente, al decretar medidas de reparación. A su vez, cuestionan las técnicas de interpretación del Sistema Interamericano, el alcance de las medidas de reparación y los efectos de las sentencias internacionales para restringirlas a los reclamantes. Adicionalmente, ponen bajo escrutinio las medidas adoptadas por la CIDH para resolver la demora en el trámite de casos individuales.

Como organizaciones de derechos humanos de las Américas, nos resulta altamente preocupante el tenor de las sugerencias, ya que todas son de carácter restrictivo y carecen de sustento bajo los estándares y las normas reconocidas por el derecho internacional, a la vez que suponen enormes retrocesos para el correcto funcionamiento del SIDH. Recordamos que, entre 2011 y 2014, un grupo de Estados realizó un cuestionamiento similar, principalmente dirigido a la CIDH, que terminó en una reforma reglamentaria. En ese sentido, la declaración ocurre en un contexto de esfuerzos anteriores que pretendían condicionar las actuaciones y el impacto de los órganos del SIDH, perjudicando su autonomía e independencia. Cabe destacar que todos los Estados firmantes tienen múltiples procesos pendientes ante el SIDH.

Ante ello, las organizaciones firmantes exhortamos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de la protección regional en perjuicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Particularmente, frente a contextos actuales de altas tasas de violencia e impunidad, invitamos a los Estados a desarrollar un proceso interno de reflexión para garantizar un mayor cumplimiento con las recomendaciones del SIDH, a modo de contribuir a su eficacia.

Desde nuestros respectivos países, reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando a apoyar las capacidades y el impacto del sistema regional de derechos humanos, para que pueda responder a las realidades de nuestro continente. Nos mantendremos firmes en nuestro trabajo para garantizar que los órganos del SIDH puedan ejercer su labor de forma autónoma, independiente, y eficaz, brindando una defensa de los derechos humanos que parte desde un esfuerzo colectivo e inclusivo. Asimismo, convocamos al resto de los Estados de la región a sumarse a este esfuerzo.

Para descargar las firmas, haz click aquí.

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COMUNICADO: Raza e Igualdad hace un llamado a la paz, la justicia y la democracia para Venezuela

Colombia, 1 de mayo de 2019. Este 30 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse a la “Operación Libertad”, una manifestación masiva para dar inicio a lo que él mismo denominó “comienzo del cese de usurpación” del régimen de Nicolás Maduro. Junto a Guaidó, quien a tempranas horas de la mañana hizo el llamado desde la base militar “La Carlota”, en la capital, también estaba Leopoldo López, quien hasta ayer era un prisionero político que guardaba casa por cárcel y que fue liberado por Guaidó con la ayuda de los militares que lo custodiaban. El régimen de Maduro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado.

La población, no obstante, salió a protestar a las calles para pedir y exigir a las fuerzas militares acudir al llamado a la justicia y libertad del pueblo venezolano, pero la Policía y Guardia Nacional aún aliados del régimen de Maduro reprimieron a los manifestantes de varias ciudades del país dejando decenas de heridos por atropellamientos, perdigones y efectos de gases lacrimógenos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la violencia y represión ejercidas por las autoridades venezolanas contra el pueblo que en su legítimo derecho a la protesta demanda justicia, democracia y libertad.  Urgimos al Estado Venezolano cesar la violencia y garantizar la paz y la garantía de los derechos a la vida, la libertad de expresión y opinión, así mismo como la integridad de la vida de las y los manifestantes que hoy hacen un llamado a la democracia por la vía constitucional.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que ha dejado más de tres millones de desplazamientos de la población hacía diferentes países de la región, según lo reportado por ACNUR Americas; así como graves lesiones a los derechos fundamentales del pueblo que continúa exigiendo su libertad.

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