¿Qué significa para la comunidad Afro LGBTI+ que Jair Bolsonaro defienda la dictadura militar brasileña?

¿Qué significa para la comunidad Afro LGBTI+ que Jair Bolsonaro defienda la dictadura militar brasileña?

Brasil, 29 de Abril de 2019.  El mes de abril en Brasil estuvo marcado por varias protestas y actividades políticas contra la dictadura militar. Estas protestas ocurrieron porque, en abril de 2019, fue el 55 aniversario del golpe que estableció una dictadura en el país, de 1964 a 1985.

Estas protestas fueron motivadas porque Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, había determinado que el Ministerio de Defensa realizaría conmemoraciones por el 55 aniversario del golpe. En 2011, la ex presidenta Dilma Rousseff había prohibido al Ejército realizar conmemoraciones de esa fecha.

De hecho, es la primera vez desde la re-democratización de Brasil que un presidente defiende pública y abiertamente la dictadura militar. En el día del voto de destitución de Dilma, Bolsonaro declaró que su voto fue en honor a Carlos Brilhante Ustra, conocido en Brasil como el mayor torturador de la dictadura militar.

Se hicieron muchos esfuerzos para borrar de la memoria brasileña la censura política y la tortura a la que fueron sometidas las personas políticamente organizadas para oponerse al régimen militar. Sin embargo, poco se debate sobre qué tipo de relación construyó la dictadura brasileña con la población LGBTI +, especialmente con las personas negras LGBTI +. Por lo tanto, es esencial preguntar cuáles fueron los efectos del autoritarismo de la dictadura militar en la comunidad negra LGBTI +, y en qué medida este modelo de régimen creó y profundizó la forma violenta en que el Estado brasileño trata estas vidas hasta que hoy.

Violencia contra personas LGBTI + en la dictadura brasileña.

En 2012, se instaló una Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional da Verdade) en Brasil, con el objetivo de no ocultar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado para reprimir a todos aquellos que fueron considerados opositores al régimen, así como para llevar al Estado a asumir la responsabilidad de estas violaciones. En 2014, esta Comisión publicó un informe que buscaba dar a conocer las violaciones que se han producido en relación con las personas LGBTI +.

El intento de contar una historia no contada de una dictadura que intentó borrar sus huellas hace que sea extremadamente difícil evaluar el alcance de esta violencia, especialmente cuando se trata de la comunidad afro LGBTI +. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos para superar los obstáculos a la escasez de registros oficiales.

Es importante señalar que, en la opinión del régimen militar, no había distinción entre la orientación sexual y la identidad de género. Todos ellos eran «homosexuales», vistos como una masa homogénea. Esta es otra dificultad, porque los registros oficiales se consideran a sí mismos como homosexuales aquellos que se identificaron como personas trans o “travestis”, por ejemplo. Travesti es una identidad de género que existe en algunos países latinoamericanos como Brasil y que describe a las personas asignadas a hombres al nacer que asumen un rol de género femenino y una expresión de género, a veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios o las inyecciones de silicona.

Como señala el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, no ha habido una política estatal formalizada para exterminar a la población LGBTI + ni para criminalizarla, sin embargo, la ideología que justificaba el golpe y la privación de derechos de los derechos democráticos y otros tipos de violencia estaba impregnada de valores conservadores y una perspectiva lgbtfóbica que consideraba que la diversidad sexual y las posibilidades de identidad de género estaban relacionadas con la subversión. Esta asociación de LGBTI + con subversión fue lo que justificó las represiones que se cometieron contra ellos; por lo tanto, fue posible ver el crecimiento de una visión del Estado que vio a LGBTI + como dañina, peligrosa, contraria a la familia, la moral y los buenos modales, que legitimaron la violencia contra esta población.

La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) confirma que las mujeres trans, los homosexuales y otras personas vistas como pervertidas fueron sometidas a persecución, detención arbitraria, despidos, censura, asesinatos y otras formas de violencia porque fueron vistas como personas indeseables.

En São Paulo, por ejemplo, la Ordenanza Conjunta nº 390/76 autorizó el arresto de aquellos que se identificaron como “travestis”, que se encontraron en la región central de la ciudad para consultas, determinando que los registros policiales de los travestis deberían ser Ilustrado con «imágenes de los pervertidos, para que los jueces puedan evaluar su grado de peligrosidad».

En 1987, en la transición entre el régimen militar y la redemocratización, São Paulo fue también el escenario de una operación policial que se conoció como «Operación Tarántula». Esta operación quería arrestar a los travestis en los principales puntos de prostitución de la ciudad, por lo tanto, se presentó como una contribución de la policía para reducir el número de casos de SIDA. Más de 300 travestis fueron detenidos.

São Paulo es un ejemplo de cómo el gobierno militar adoptó técnicas de persecución, con especial atención a travestis, para sanear el espacio público a través de su exterminio, considerándolos peligrosos en los sentidos más diversos.

Lo anterior significa que se tuvieron que encontrar algunas estrategias para sobrevivir. La travesti negra Weluma Brum dijo que una vez que fue detenida por la policía cuando era prostituta en Río de Janeiro, cuatro policías la golpearon, le dieron descargas eléctricas y la obligaron a tener sexo oral con ellos. Más tarde, descubrió una estrategia común entre los travestis para evitar arrestos arbitrarios: «Nos cortamos con una navaja de afeitar, para que la policía no nos arrestara, mira, todavía tengo cicatrices. Temían que nos cortáramos», refiriéndose a la asociación. eso se hizo (y persiste hasta hoy) entre travestis y seropositividad.

La travesti Thina Rodrigues, de la ciudad de Fortaleza, capital de Ceará, dice que fue arrestada por ser una travesti razón por la cual ha decidido ocultarse porque tiene miedo a vivir esta experiencia: «En ese momento, la Secretaria de Seguridad Pública dijo que Fortaleza debería limpiar su suciedad». Y para la sociedad, los homosexuales, travestis, lesbianas, prostitutas y personas sin hogar fueron todos los delincuentes que mataron la imagen de Fortaleza y tuvieron que ser tomados de Duque de Caxias, en el centro de Fortaleza ”.

Las travestis negras solían sufrir más agresiones físicas y, según Marcelly Malta, era común que simplemente desaparecieran después de que los policías se acercaran a ellas.

Según el sexólogo Armando Januário, muchos de ellos fueron torturados, llevados a playas donde se encontraban en el mar, o sus policías les quitaron sus pertenencias y solo fueron liberados si usaban ropa de hombre. Esto significó que muchos de ellos fueron detenidos solo porque su existencia desafiaba la norma de género: una norma que es cis, heterosexual, masculina y blanca.

Además de la población negra, la población indígena también fue severamente afectada. Durante la dictadura, la Fundación Nacional de Indios (FUNAI) mantuvo en Minas Gerais dos centros para la detención de indígenas considerados «delincuentes», donde se llevaron a más de 100 personas de diferentes grupos étnicos. Eran el reformatorio de Krenak y la granja guaraní, ambos en Minas Gerais. Hay un gran número de denuncias de violaciones de derechos humanos en ambos lugares, como la práctica generalizada de tortura.

Como causa de los arrestos, algunos documentos mencionan el uso de «relaciones sexuales inapropiadas» y «pederastia», además de las drogas, la prostitución, la vagancia, entre otros.

Por su parte, la intelectual negra Lélia González dijo que la represión policial sistemática impuso una sumisión psicológica a través del miedo, con la intención de evitar cualquier forma de unidad y organización del grupo que sufrió la represión, utilizando todos los medios que podrían perpetuar su división interna. De hecho, esta represión generalizada llevó a un movimiento político organizado que comenzó a existir a fines de la década de 1970 porque hubo una represión dirigida a neutralizar los procesos de articulación de las personas LGBTI +.

Lo que queda hoy

Aunque es extremadamente importante dar visibilidad a la violencia y las estrategias de supervivencia durante el período de la dictadura militar, no es suficiente pensar en cuáles fueron sus efectos en la población afro LGBTI +. No es suficiente preguntar qué pasó con esta población durante ese período y saber qué tipo de violencia específica se cometió sobre ellos. Es esencial investigar cuál es el legado de la dictadura militar sobre la forma en que el Estado brasileño trata las vidas de las personas LGBTI + negras hasta el día de hoy. Es decir, lo que queda de este autoritarismo.

Hasta hoy en día, la forma en que la policía en Brasil trata con las personas LGBTI + es extremadamente violenta, y no es infrecuente escuchar informes, especialmente de personas LGBTI + negras, que han sido atacadas físicamente por agentes de la policía o que han sido ridiculizadas por ellos. Hasta el día de hoy, la policía controla el derecho a estar en la calle, especialmente el de mujeres trans y travestis.

Hay una sistematicidad en la represión policial-sexual propia de la dictadura militar, que todavía existe en la actualidad. El hecho de que no haya habido ninguna ruptura con esta forma de tratar con LGBTI + en Brasil ayuda a explicar cómo ha sido posible el crecimiento de un movimiento tan conservador en el país en los últimos años, así como a explicar por qué Brasil es tan Lugar peligroso para estas vidas.

Cuando Jair Bolsonaro, apoyado por varios brasileños, pide que se celebre el golpe militar y niega que haya habido una dictadura en Brasil, niega la posibilidad de romper con un pasado que haya asegurado jerarquías que determinan que gays, lesbianas, bisexuales, Las personas travestis, transexuales y otros disidentes sexuales, especialmente los negros, se encuentran en posiciones de desventaja política y social hasta el día de hoy. Más que eso, se celebra y exige que el Estado tenga derecho a exterminar las vidas consideradas indeseables.

O que significa para a população afro LGBTI+ a defesa que Jair Bolsonaro faz da ditadura militar brasileira?

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Sobre el Autor:

Isaac Porto – Consultor LGBTI para Raza e Igualdad en Brasil

Evento #VenezuelaMigra – Presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil de personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional

A la fecha son más de 3.4 millones de personas que han abandonado Venezuela en los últimos dos años, según la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. De éstos, cerca de 1.2 millones de personas radican en Colombia, convirtiéndose así en el país que acoge al mayor número de ellas en América Latina. Frente a ello, la sociedad civil responde.

Acompaña a integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana el Jueves 25 de abril en el auditorio de la CINEP en Bogotá, Colombia de 9:00 a 11:00 AM para la presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional, documento que busca aportar soluciones a esta crisis de manera regional, coordinada y con un enfoque de derechos.

Más información a seguir. Para descargar el programa preliminar, haz click aquí. 

Para conocer más sobre el Grupo de Trabajo y el Plan de Acción, visita:http://www.movhuve.org/

Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

«El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población», agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

150 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, pero 600 continúan en las cárceles

Washington, D.C., 15 de marzo de 2019. Oficialmente 150 prisioneros políticos del Gobierno de Nicaragua han sido excarcelados y pasado al régimen de convivencia familiar en las últimas tres semanas, en el marco de las negociaciones que sostienen una delegación gubernamental con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018.

Esta mañana, medios locales reportaron que cinco buses salieron del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, una cárcel de hombres conocida como “La Modelo”, en los que las autoridades penitenciarias trasladaban a los prisioneros que serían entregados casa por casa, en diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Gobernación publicó hoy en su sitio web una lista de 50 personas, 8 mujeres y 42 hombres, que a partir de hoy recibieron medidas cautelares, entre ellas los líderes estudiantiles Yaritza Rostrán y Levis Artola, y las estudiantes matagalpinas Nelly Roque y Solange Centeno.  

“La prisión en su totalidad es espantosa, pero hay muchas chavalas que son en realidad guerreras”, le dijo Rostrán a periodistas, según informó el diario La Prensa. Los familiares de los presos políticos y sus defensores han reportado en diversas ocasiones que estos sufren tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

Otros 100 prisioneros de conciencia, 12 mujeres y 88 hombres, fueron liberados el 27 de febrero, el mismo día que iniciaron nuevamente las negociaciones luego de que en junio de 2018 se suspendiera el Diálogo Nacional a consecuencia de la continua represión a manifestantes por parte de policías y agentes paraestatales.

Negociaciones

La excarcelación del último grupo de prisioneros que se realizó hoy, ocurre luego de que la Alianza Cívica se retirara hace una semana de la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno de Nicaragua de dar “gestos creíbles” para alcanzar verdaderos cambios. El miércoles 13 de marzo, las autoridades anunciaron que liberarían a una “cantidad apreciable” de personas, lo que impulsó que las negociaciones se reanudaran este jueves.

“La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno”, dijo ayer a Confidencial el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y delegado de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua, al menos 777 personas están privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta, lo que significaría que aún quedan más de 600 personas encarceladas por ejercer ese derecho humano.

Según el gobierno, las 150 personas excarceladas cometieron “delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” durante las propuestas antigubernamentales.

Esta decisión de enviar a sus casas a 50 nicaraguenses que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente, coincide con la negativa policial de permitir la Marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 17 de marzo, que demandaría la liberación incondicional de todos los presos políticos y con el aumento de la presencia policial en la capital para intimidar a la población y persuadirla de que no salga a protestar.

Desde abril, fecha en que inició una crisis de derechos humanos en Nicaragua producto de la represión estatal a manifestaciones cívicas en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que fallecieron al menos 325 personas y otras 2mil resultaron lesionadas.

Raza e Igualdad demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua.

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

Organización afrocolombiana y grupo de investigación de American University se articulan para documentar situación de derechos de la población afro – LGBTI en Colombia

Grupo de investigación de American University en articulación con la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- SOMOS IDENTIDAD avanzan en la documentación de las violencias que atentan contra la vida e integridad de personas afrocolombianas por su orientación sexual o identidad de género diversa.

Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales (DRL) de los Estados Unidos y en el marco del proyecto de investigación que Raza e Igualdad y siete organizaciones de América Latina y el Caribe vienen desarrollando, con el objetivo de documentar la situación de derechos que viven las personas afro y LGBTI de la Región; Somos Identidad en alianza con un grupo de investigación del Washington College of Law de American University, avanzan en la documentación y análisis del contexto político-legal en el que las personas afrocolombianas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se encuentran inmersas; considerando especialmente, todos aquellos aspectos que garantizan o imposibilitan el goce pleno de los derechos fundamentales del grupo de personas que viven bajo esta intersección.

 

Según Johana Caicedo, representante legal de Somos Identidad, Colombia es uno de los países de la región que más reporta avances legislativos en materia de derechos de la población LGBTI y derechos de la población afrodescendiente, sin embargo, cuando se trata de la intersección de estas dos variables no existe un trabajo legislativo que garantice y vele por los derechos del conjunto de personas afro-LGBTI; y sin bien existe la legislación, su materialización en la garantía de los derechos todavía es débil y esto tiende a tener un impacto significativo en la exigibilidad de derechos de este grupo de personas estructural e históricamente marginadas, añadió Caicedo.

Durante las jornadas de trabajo entre la organización afrocolombiana de la Universidad del Valle del Cauca, y el grupo de investigación de American University, realizadas durante la última semana del mes de febrero y la primera semana de marzo de 2019, se llevaron a cabo reuniones con personas negra/afros diversas sexualmente en Cali; además de diferentes encuentros con activistas, representantes de organizaciones sociales afro y LGBTI como Santa María Fundación, además de espacios de diálogo con representantes de entidades gubernamentales como la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Se espere que este material de investigación aporte a la construcción de un mapa del estado de los derechos de la población afro – LGBTI en Colombia, además se consolide como una herramienta de incidencia ante el Sistema Interamericano a favor de este grupo de personas.

Promueven derechos humanos LGBTI en 4 Ward Miami

Washington, D.C. 19 de febrero, 2019. Durante tres días, decenas de líderes, defensores y activistas de la comunidad LGBTI del continente americano se reunieron en el evento 4Ward Miami, organizado por 4Ward America, para compartir sus experiencias, conocimientos y buscar oportunidades de conexión a través de diferentes actividades.

El evento, que se desarrolló entre el 16 y el 18 de febrero, contó con la participación de más de 30 ponentes que expusieron la situación de las personas LGBTI en sus respectivos países a través de distintos temas. Además, tuvo la participación de funcionarios públicos como Fabrice Houdart, Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susan Harper, Cónsul General de Canadá en Miami; y el congresista David Richardson, representante de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de patrocinador oficial del evento, fue partícipe en las ponencias a través de su Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica, Mauricio Noguera, y diferentes copartes: Cristian King, Director Ejecutivo de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgéneros de la República Dominicana (TRANSSA); Bruna Benevides, Secretaria de la Articulación Política de la Asociación Nacional de Transexuales de Brazil (ANTRA); y Luna Sharlotte Humerez, Presidenta de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgénero Femeninas de Bolivia (OTRAF).

Noguera expuso sobre el estado actual de los derechos LGBTI en Latinoamérica, Humerez y Benavides hablaron sobre la situación de las mujeres LGBTI en las Américas, específicamente en sus países de origen y en determinadas esferas, como las mujeres indígenas trans; y King participó en una ponencia sobre el estado actual de población LGBTI con VIH y SIDA en la región, en la que se enfocó especialmente en explicar una legislación sobre el tema que se aplica en República Dominicana.

“Fue relevante para nuestras copartes que pudieran ser escuchadas en este tipo de foros internacionales, que pudieran traer la información sobre sus países y ponerla presente en este espacio. Además, fue revelante para todos encontrarnos para dialogar, analizar problemáticas comunes, hacer alianzas y compartir preocupaciones”, analizó Noguera

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales antes mencionados.

En el simposio sobre Derechos Humanos LGBTI también se abordaron temas como la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la salud, la inmigración y los deportes, todo esto enfocado en la medida en que se intersectan con los diversos grados de seguridad, equidad y libertad que las personas LGBTI experimentan.

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