Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

«El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población», agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

150 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, pero 600 continúan en las cárceles

Washington, D.C., 15 de marzo de 2019. Oficialmente 150 prisioneros políticos del Gobierno de Nicaragua han sido excarcelados y pasado al régimen de convivencia familiar en las últimas tres semanas, en el marco de las negociaciones que sostienen una delegación gubernamental con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018.

Esta mañana, medios locales reportaron que cinco buses salieron del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, una cárcel de hombres conocida como “La Modelo”, en los que las autoridades penitenciarias trasladaban a los prisioneros que serían entregados casa por casa, en diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Gobernación publicó hoy en su sitio web una lista de 50 personas, 8 mujeres y 42 hombres, que a partir de hoy recibieron medidas cautelares, entre ellas los líderes estudiantiles Yaritza Rostrán y Levis Artola, y las estudiantes matagalpinas Nelly Roque y Solange Centeno.  

“La prisión en su totalidad es espantosa, pero hay muchas chavalas que son en realidad guerreras”, le dijo Rostrán a periodistas, según informó el diario La Prensa. Los familiares de los presos políticos y sus defensores han reportado en diversas ocasiones que estos sufren tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

Otros 100 prisioneros de conciencia, 12 mujeres y 88 hombres, fueron liberados el 27 de febrero, el mismo día que iniciaron nuevamente las negociaciones luego de que en junio de 2018 se suspendiera el Diálogo Nacional a consecuencia de la continua represión a manifestantes por parte de policías y agentes paraestatales.

Negociaciones

La excarcelación del último grupo de prisioneros que se realizó hoy, ocurre luego de que la Alianza Cívica se retirara hace una semana de la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno de Nicaragua de dar “gestos creíbles” para alcanzar verdaderos cambios. El miércoles 13 de marzo, las autoridades anunciaron que liberarían a una “cantidad apreciable” de personas, lo que impulsó que las negociaciones se reanudaran este jueves.

“La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno”, dijo ayer a Confidencial el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y delegado de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua, al menos 777 personas están privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta, lo que significaría que aún quedan más de 600 personas encarceladas por ejercer ese derecho humano.

Según el gobierno, las 150 personas excarceladas cometieron “delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” durante las propuestas antigubernamentales.

Esta decisión de enviar a sus casas a 50 nicaraguenses que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente, coincide con la negativa policial de permitir la Marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 17 de marzo, que demandaría la liberación incondicional de todos los presos políticos y con el aumento de la presencia policial en la capital para intimidar a la población y persuadirla de que no salga a protestar.

Desde abril, fecha en que inició una crisis de derechos humanos en Nicaragua producto de la represión estatal a manifestaciones cívicas en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que fallecieron al menos 325 personas y otras 2mil resultaron lesionadas.

Raza e Igualdad demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua.

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

Organización afrocolombiana y grupo de investigación de American University se articulan para documentar situación de derechos de la población afro – LGBTI en Colombia

Grupo de investigación de American University en articulación con la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- SOMOS IDENTIDAD avanzan en la documentación de las violencias que atentan contra la vida e integridad de personas afrocolombianas por su orientación sexual o identidad de género diversa.

Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales (DRL) de los Estados Unidos y en el marco del proyecto de investigación que Raza e Igualdad y siete organizaciones de América Latina y el Caribe vienen desarrollando, con el objetivo de documentar la situación de derechos que viven las personas afro y LGBTI de la Región; Somos Identidad en alianza con un grupo de investigación del Washington College of Law de American University, avanzan en la documentación y análisis del contexto político-legal en el que las personas afrocolombianas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se encuentran inmersas; considerando especialmente, todos aquellos aspectos que garantizan o imposibilitan el goce pleno de los derechos fundamentales del grupo de personas que viven bajo esta intersección.

 

Según Johana Caicedo, representante legal de Somos Identidad, Colombia es uno de los países de la región que más reporta avances legislativos en materia de derechos de la población LGBTI y derechos de la población afrodescendiente, sin embargo, cuando se trata de la intersección de estas dos variables no existe un trabajo legislativo que garantice y vele por los derechos del conjunto de personas afro-LGBTI; y sin bien existe la legislación, su materialización en la garantía de los derechos todavía es débil y esto tiende a tener un impacto significativo en la exigibilidad de derechos de este grupo de personas estructural e históricamente marginadas, añadió Caicedo.

Durante las jornadas de trabajo entre la organización afrocolombiana de la Universidad del Valle del Cauca, y el grupo de investigación de American University, realizadas durante la última semana del mes de febrero y la primera semana de marzo de 2019, se llevaron a cabo reuniones con personas negra/afros diversas sexualmente en Cali; además de diferentes encuentros con activistas, representantes de organizaciones sociales afro y LGBTI como Santa María Fundación, además de espacios de diálogo con representantes de entidades gubernamentales como la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Se espere que este material de investigación aporte a la construcción de un mapa del estado de los derechos de la población afro – LGBTI en Colombia, además se consolide como una herramienta de incidencia ante el Sistema Interamericano a favor de este grupo de personas.

Promueven derechos humanos LGBTI en 4 Ward Miami

Washington, D.C. 19 de febrero, 2019. Durante tres días, decenas de líderes, defensores y activistas de la comunidad LGBTI del continente americano se reunieron en el evento 4Ward Miami, organizado por 4Ward America, para compartir sus experiencias, conocimientos y buscar oportunidades de conexión a través de diferentes actividades.

El evento, que se desarrolló entre el 16 y el 18 de febrero, contó con la participación de más de 30 ponentes que expusieron la situación de las personas LGBTI en sus respectivos países a través de distintos temas. Además, tuvo la participación de funcionarios públicos como Fabrice Houdart, Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susan Harper, Cónsul General de Canadá en Miami; y el congresista David Richardson, representante de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de patrocinador oficial del evento, fue partícipe en las ponencias a través de su Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica, Mauricio Noguera, y diferentes copartes: Cristian King, Director Ejecutivo de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgéneros de la República Dominicana (TRANSSA); Bruna Benevides, Secretaria de la Articulación Política de la Asociación Nacional de Transexuales de Brazil (ANTRA); y Luna Sharlotte Humerez, Presidenta de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgénero Femeninas de Bolivia (OTRAF).

Noguera expuso sobre el estado actual de los derechos LGBTI en Latinoamérica, Humerez y Benavides hablaron sobre la situación de las mujeres LGBTI en las Américas, específicamente en sus países de origen y en determinadas esferas, como las mujeres indígenas trans; y King participó en una ponencia sobre el estado actual de población LGBTI con VIH y SIDA en la región, en la que se enfocó especialmente en explicar una legislación sobre el tema que se aplica en República Dominicana.

“Fue relevante para nuestras copartes que pudieran ser escuchadas en este tipo de foros internacionales, que pudieran traer la información sobre sus países y ponerla presente en este espacio. Además, fue revelante para todos encontrarnos para dialogar, analizar problemáticas comunes, hacer alianzas y compartir preocupaciones”, analizó Noguera

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales antes mencionados.

En el simposio sobre Derechos Humanos LGBTI también se abordaron temas como la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la salud, la inmigración y los deportes, todo esto enfocado en la medida en que se intersectan con los diversos grados de seguridad, equidad y libertad que las personas LGBTI experimentan.

PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

Washington, D.C. 18 de febrero de 2018. El pasado sábado, el Gobierno de Nicaragua se reunió con empresarios de la banca nacional y agroindustria, teniendo como testigos al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. En dicho encuentro, según dio a conocer el mismo Gobierno, se confirmó “la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”. Los empresarios, por su parte, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que respalden decididamente una posible nueva negociación con el Gobierno.

Entre mayo y junio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua inició un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como contraparte. Sin embargo, éste se canceló ante la negativa del gobierno de cesar la represión contra el pueblo nicaragüense.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), considera indispensable retomar el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y amplios sectores de la sociedad civil para poder encontrar una salida a la profunda crisis de derechos humanos que permanece y en muchos aspectos se ha agudizado luego de  diez meses.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, la represión a las protestas antigubernamentales dejó como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, y más de 700 hombres y mujeres se encuentran actualmente apresados por haber exigido justicia por las víctimas de la represión y respeto a la democracia.

En los últimos meses, las autoridades han focalizado sus tácticas represivas en defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarticular todo espacio de crítica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Raza e Igualdad cree indispensable que, para que se reinicie el diálogo nacional, el Gobierno de Nicaragua debe dar claras muestras de cumplir  sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • El cese inmediato de la represión y detenciones arbitrarias contra la población nicaragüense.
  • La anulación de los juicios e inmediata liberación de las presas y presos políticos.
  • Autorizar el regreso al país del  Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las cuales fueron expulsadas del país el año pasado.

Con preocupación vemos que las capturas de ciudadanos han continuado en distintas partes del país y que la maquinaria judicial no cesa de imponer centenares de años de prisión irrespetando las garantías del debido proceso. Ambas conductas no abonan de forma alguna a fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

Raza e Igualdad cree firmemente en que un diálogo incluyente es la única salida a la crisis nicaragüense; un diálogo que abone al respeto a los derechos humanos, a la verdad, justicia y a la reparación para las víctimas.

 

*Foto de Oscar Navarrete tomada para La Prensa. 

Presos políticos de Nicaragua: condenan a 216, 210 y 159 años de prisión a tres campesinos

Washington D.C., 18 de febrero de 2019.  Medardo Mairena y Pedro Mena, dos líderes del Movimiento Campesino apresados en julio por exigir justicia y democracia al Gobierno de Nicaragua tras la brutal represión gubernamental contra protestas cívicas, fueron condenados hoy a 216 y 210 años de cárcel, sentencias consideradas excesivas para reos en Nicaragua, puesto que en este país no existe la cadena perpetua y la pena máxima según la Constitución es de 30 años.

Los campesinos habían sido declarados culpables el 17 de diciembre de 2018, acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo y entorpecimiento de servicios públicos. Los defensores que llevaron el caso y expertos en el tema consideraron que había sido el final de un juicio sin garantías, lleno de contradicciones, testigos falsos y pruebas alteradas.

Según medios locales, la sentencia la dio a conocer el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien además condenó a 159 años de prisión a un tercer campesino de nombre Luis Pineda Icabalzeta.

En diciembre, un cuarto acusado llamado Silvio Saúl Pineda Bonilla fue declarado no culpable de los delitos que se le imputaban.

El abogado defensor de Mairena y Mena, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó en diciembre pasado a medios locales que el juez Altamirano “ya tenía preparado el fallo”, el cual se leyó inmediatamente después de que se brindaran los alegatos finales.

Mairena, Mena y Pineda son parte de los más de 760 presos y presas políticas que registró el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua hasta inicios de febrero de este año. Con los tres campesinos, serían más de 140 los presos políticos que ya han sido condenados. Su delito, aseguran sus familiares, ha sido protestar con la bandera de Nicaragua en la mano.

¿Quiénes son?

Mairena era representante de los campesinos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de ciudadanos, estudiantes, empresarios y activistas que participaron del Diálogo Nacional con el Gobierno para buscar una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que hasta mayo había dejado 56 muertos. Hasta la fecha, la represión ha cobrado al menos 325 víctimas mortales, unos 2,000 heridos y más de 50,000 personas refugiadas en Costa Rica.

Además, Medardo era coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de campesinos que desde 2014 busca la derogación de la Ley 840 que concede a una empresa china permiso para construir y operar un canal interoceánico que atravesaría decenas de comunidades rurales de Nicaragua.

Mena también pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como asesor de Mairena, y formaba parte del Movimiento Campesino que se manifestaba contra el proyecto canalero.

Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, que cita el diario La Prensa, Medardo Mairena era el jefe de un “grupo criminal” que orientó la creación de tranques o cortes de carretera en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el funcionamiento del transporte y cometer diversos delitos. Además, se le acusa de ser el “autor intelectual” del asesinato de cinco miembros de la Policía y un civil en el municipio de Morrito, en Río San Juan, el 12 de julio.

Si bien Medardo Mairena apoyaba abiertamente la creación de tranques o cortes de carretera, éstos fueron instalados por el movimiento campesino, estudiantes y ciudadanos en todo el país como forma de protesta cívica contra la represión gubernamental. Los lugareños, según cita el diario digital Confidencial, le atribuyen los asesinatos a parapoliciales afines al Gobierno que ese mismo día atacaron una marcha pacífica de ciudadanos en Morrito. Según los familiares de Mairena y Mena, ellos están siendo criminalizados por participar activamente de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las demandas de justicia y democracia por los actos de represión cometidos a partir de abril.

Detención

Medardo Mairena y Pedro Mena se encontraban en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuando fueron detenidos el 13 de julio sin orden de captura. Desde allí, la Policía los trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.

A través de un comunicado, la Policía anunció que había detenido a Mairena “cuando pretendía huir del país”.  El hermano del líder campesino, Alfredo Mairena, aseguró al medio digital Confidencial, que Medardo y Pedro se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, a una reunión de solidaridad con el movimiento campesino. En ese momento, la Policía no dio razón de Mena.

El comunicado policial señalaba directamente a Medardo como “un terrorista” y “cabecilla” de una organización criminal.

Proceso judicial

Cuatro días después de su detención, un juez de Managua realizó la audiencia preliminar contra Mairena y Mena a puertas cerradas, de acuerdo con el diario La Prensa. Tras dicha audiencia, los dos líderes habrían sido trasladados al Sistema Penitenciario “La Modelo”, en donde, según fue denunciado, han sido continuamente torturados. El 25 de julio, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que los líderes estaban siendo golpeados continuamente por un funcionario del reclusorio conocido como “El Chacal”.

Luego de una audiencia inicial realizada el 15 de agosto, el juicio de Medardo, Mena y Pineda fue reprogramado tres veces, hasta que finalmente se celebró el 13 de noviembre. La defensa alegó “retardación de justicia”, y durante esos meses de espera las torturas y tratos inhumanos y degradantes continuaron.

Julio Montenegro comentó el 6 de noviembre a periodistas locales que desde que fueron remitidos a “La Modelo”, los líderes campesinos permanecían en una celda conocida como “El Infiernillo”, un espacio reducido con poca ventilación y sin luz. Además, denunció que era continua la presencia de insectos, alacranes, cucarachas y zancudos, y que la alimentación que se les brindaba era “precaria”.

Después de nueve días de juicio, este 17 de diciembre concluyó el proceso con un fallo de responsabilidad penal para los tres campesinos. En ninguna de las audiencias se le permitió la entrada a delegados del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a organismos de derechos humanos nicaragüenses, pese a que las leyes en Nicaragua establecen que las audiencias deben ser públicas.

Las pruebas y testigos

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró ayer en conferencia de prensa que ninguna prueba presentada por la Fiscalía, ya fuera imagen, audio o video, demostró contundentemente que Medardo Mairena hubiera orientado alguna acción contra los policías o que organizó los tranques en carreteras.

Incluso, señaló Montenegro, el video que pretendía ser la prueba más importante de los fiscales, era una secuencia de tres escenas distintas que “no cuadran”. “En la primera, Medardo va sobre una calle adoquinada con un grupo de personas con banderas azul y blanco, la segunda que empalma con un grupo de personas que están en un cruce de calle con banderas roja y negra, y la tercera imagen en donde se mira una batalla campal donde no aparece Medardo Mairena”.

También hubo serias contradicciones entre varios de los 45 testigos presentados por la Fiscalía, quienes eran en su totalidad funcionarios públicos. “A uno de los testigos lo pusieron a leer de una pantalla gigante lo que iba a declarar”, dijo Montenegro.

La defensa de Mairena y Mena logró presentar en el noveno día de juicio a tres testigos y un video que revelaban que el día de los hechos en Morrito, Mairena participaba de una marcha en Managua.

Montenegro aseguró ayer que interpondrá un recurso de apelación, cuestionando en primer lugar la validez del juicio, debido a innumerables anomalías en el proceso.

 

*Una versión anterior de este artículo del 19 de diciembre de 2018 fue publicada cuando los campesinos fueron declarados culpables. Esta nueva versión se ha actualizado con las penas a las que fueron condenados.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera que la condena de Medardo Mairena y Pedro Mena, así como la detención  e irregulares procesos que se siguen  a quienes  se acusa por las protestas de abril y meses subsiguientes, se dan en el contexto de la respuesta que dio el Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron hace ocho meses.

Lo anterior fue caracterizado por OACNUDH en su Informe  “Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos de la siguiente forma:

“la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos…”.

También los procesos, las condenas y  la persecución y represión imperante ahora en Nicaragua hacia distintos sectores, debe valorarse teniendo en cuenta lo dicho por OACNUDH en su Informe antes citado:

 “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce……”.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de los presos políticos  y que el Estado de Nicaragua acepte su responsabilidad por la violencia desatada por las autoridades que dejó al menos 325 personas muertas, entre ellos 24 niños y niñas.

Por ello, Raza e Igualdad exige al Estado de Nicaragua verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Micro-violencias por Identidad de Género y Raza contra las Mujeres Afro-trans

Washington, D.C. Febrero 12 de 2019. En el marco de la serie de procesos de formación que adelanta el Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el pasado 12 de febrero de 2019 se realizó en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, el segundo encuentro de diálogo: ¿Por qué hablar sobre Afro-LGBTI?, el cual contó con la participación de más de 60 activistas y defensores de derechos humanos principalmente Afro-LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana, quienes fueron convocados por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

El punto de apertura de este segundo espacio de diálogo, moderado por Cristian King de TRANSSA, se focalizó en la situación de discriminación que la activista Afro-Trans Belén Zapata, perteneciente a la organización de Jóvenes Afro-peruanos Ashanti, vivió en el proceso de ingreso a la ciudad de Santo Domingo, en el aeropuerto las Américas.

La situación de discriminación que afrontó Belén podría resumirse diciendo que ella, tras superar los controles legales de migración, al disponerse a salir del aeropuerto, un funcionario sin identificarse retuvo su pasaporte sin razón para ello, obligándola a estar apoyada contra una pared por cerca de 40 minutos expuesta a las miradas de las personas que se movilizaban por el aeropuerto. Después de ello, junto con un grupo de 10 personas más (en su mayoría afrodescendientes), es conducida a diferentes controles y escaneos en los que es revisada repetidamente y se concluye que ella no porta drogas. Ante las preguntas de Belén sobre las razones de dicho procedimiento, no existe respuesta alguna, solo hasta que ella misma entiende que se trata de un control de drogas. En todo caso se le informa que el procedimiento es rutinario para los nuevos visitantes al país.

Toda la situación vivida por Belén, no supera más de una hora. La situación misma no deja ninguna consecuencia a nivel legal contra ella, no se ejerce ninguna violencia física y, además, los procedimientos aparentemente se justifican en un confuso argumento de control de drogas y procedimiento estándar de control a nuevos visitantes del país. ¿Los responsables? Tras un comunicado y un tweet realizado por Raza e Igualdad denunciando la situación, Aerodom  (el operador aeroportuario de República Dominicana) señaló que son una entidad privada y la responsabilidad le corresponde a otras entidades: ¿conclusión? Tampoco existe un ente específico que pueda responder a la situación.

En el marco del conversatorio, los y las participantes pudieron reflexionar sobre la naturalización de este tipo de violencias. Aunque sus efectos conllevan varias vulneraciones, tales como la violación al debido proceso, la restricción injustificada de la movilidad y el abuso arbitrario de la autoridad, vemos estas situaciones como menores porque no conllevan malos tratos físicos de alta gravedad. En ese sentido, nos enfrentamos a lo que podemos denominar “micro-violencias” que son naturalizadas por las víctimas, porque creen que no es grave o simplemente porque no existe expectativa de una respuesta frente a la denuncia de esta ante la autoridad.

En desarrollo de la conversación, se evidenció el valor de Belén al poner de presente esta situación, ya que algunas de las personas asistentes al evento, expresaron como han vivido situaciones análogas, ya sea por su raza o por su orientación sexual y/o identidad de género. Así mismo se señaló la gravedad de estos hechos, cuando la falta de identificación de los funcionarios y la arbitrariedad de los procedimientos, impide señalar responsabilidades específicas. De otra parte, se cuestionó la ausencia de estrategias articuladas de trabajo por parte de las entidades aeroportuarias en este caso, que como en otros, es la consecuencia de considerar que la respuesta a las situaciones de discriminación estructural, corresponde a otros y no a todos.

Otra situación ilustrativa fue narrada por una participante afro-trans que señaló las limitaciones al acceso a la salud que ella ha vivido como mujer trans. La participante narró una situación en la que fue objeto de burlas al solicitar atención a un urólogo por problemas asociados a su próstata. Por este simple hecho fue ridiculizada y se le negó inicialmente la entrega de resultados médicos a exámenes que ella se tomó, aunque finalmente los pudo obtener por su insistencia.

De nuevo, si bien hubo acceso a la atención médica y la situación se podría calificar como una simple cuestión de indebida atención al usuario, este tipo de violencias que parecieran “micro” tienen un impacto importante en la confianza con las instituciones médicas por parte de las personas trans y en este caso, afro-trans. Se trata de una situación en la que el servicio médico se vuelve tortuoso y se pone en riesgo la salud o incluso la vida misma cuándo la denegación de servicios lleva a que las personas por si solas dejen de buscar atención adecuada.

Estas dos sencillas reflexiones, en torno a las violencias de las mujeres afro-trans, si bien nos sacan de la discusiones clásicas en torno a graves violencias contra la población afro, trans y LGBTI, nos ponen de presente que muchas veces el germen de las graves violencias que estas poblaciones viven se haya en la cotidianidad, en la denegación de un servicio o en procedimientos irregulares que aunque no dejen una huella permanente, hacen que gota a gota, horaden la dignidad humana e integridad de las personas afro-trans.

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales.

Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

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