Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

Organización afrocolombiana y grupo de investigación de American University se articulan para documentar situación de derechos de la población afro – LGBTI en Colombia

Grupo de investigación de American University en articulación con la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- SOMOS IDENTIDAD avanzan en la documentación de las violencias que atentan contra la vida e integridad de personas afrocolombianas por su orientación sexual o identidad de género diversa.

Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales (DRL) de los Estados Unidos y en el marco del proyecto de investigación que Raza e Igualdad y siete organizaciones de América Latina y el Caribe vienen desarrollando, con el objetivo de documentar la situación de derechos que viven las personas afro y LGBTI de la Región; Somos Identidad en alianza con un grupo de investigación del Washington College of Law de American University, avanzan en la documentación y análisis del contexto político-legal en el que las personas afrocolombianas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se encuentran inmersas; considerando especialmente, todos aquellos aspectos que garantizan o imposibilitan el goce pleno de los derechos fundamentales del grupo de personas que viven bajo esta intersección.

 

Según Johana Caicedo, representante legal de Somos Identidad, Colombia es uno de los países de la región que más reporta avances legislativos en materia de derechos de la población LGBTI y derechos de la población afrodescendiente, sin embargo, cuando se trata de la intersección de estas dos variables no existe un trabajo legislativo que garantice y vele por los derechos del conjunto de personas afro-LGBTI; y sin bien existe la legislación, su materialización en la garantía de los derechos todavía es débil y esto tiende a tener un impacto significativo en la exigibilidad de derechos de este grupo de personas estructural e históricamente marginadas, añadió Caicedo.

Durante las jornadas de trabajo entre la organización afrocolombiana de la Universidad del Valle del Cauca, y el grupo de investigación de American University, realizadas durante la última semana del mes de febrero y la primera semana de marzo de 2019, se llevaron a cabo reuniones con personas negra/afros diversas sexualmente en Cali; además de diferentes encuentros con activistas, representantes de organizaciones sociales afro y LGBTI como Santa María Fundación, además de espacios de diálogo con representantes de entidades gubernamentales como la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Se espere que este material de investigación aporte a la construcción de un mapa del estado de los derechos de la población afro – LGBTI en Colombia, además se consolide como una herramienta de incidencia ante el Sistema Interamericano a favor de este grupo de personas.

Promueven derechos humanos LGBTI en 4 Ward Miami

Washington, D.C. 19 de febrero, 2019. Durante tres días, decenas de líderes, defensores y activistas de la comunidad LGBTI del continente americano se reunieron en el evento 4Ward Miami, organizado por 4Ward America, para compartir sus experiencias, conocimientos y buscar oportunidades de conexión a través de diferentes actividades.

El evento, que se desarrolló entre el 16 y el 18 de febrero, contó con la participación de más de 30 ponentes que expusieron la situación de las personas LGBTI en sus respectivos países a través de distintos temas. Además, tuvo la participación de funcionarios públicos como Fabrice Houdart, Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susan Harper, Cónsul General de Canadá en Miami; y el congresista David Richardson, representante de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de patrocinador oficial del evento, fue partícipe en las ponencias a través de su Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica, Mauricio Noguera, y diferentes copartes: Cristian King, Director Ejecutivo de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgéneros de la República Dominicana (TRANSSA); Bruna Benevides, Secretaria de la Articulación Política de la Asociación Nacional de Transexuales de Brazil (ANTRA); y Luna Sharlotte Humerez, Presidenta de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgénero Femeninas de Bolivia (OTRAF).

Noguera expuso sobre el estado actual de los derechos LGBTI en Latinoamérica, Humerez y Benavides hablaron sobre la situación de las mujeres LGBTI en las Américas, específicamente en sus países de origen y en determinadas esferas, como las mujeres indígenas trans; y King participó en una ponencia sobre el estado actual de población LGBTI con VIH y SIDA en la región, en la que se enfocó especialmente en explicar una legislación sobre el tema que se aplica en República Dominicana.

“Fue relevante para nuestras copartes que pudieran ser escuchadas en este tipo de foros internacionales, que pudieran traer la información sobre sus países y ponerla presente en este espacio. Además, fue revelante para todos encontrarnos para dialogar, analizar problemáticas comunes, hacer alianzas y compartir preocupaciones”, analizó Noguera

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales antes mencionados.

En el simposio sobre Derechos Humanos LGBTI también se abordaron temas como la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la salud, la inmigración y los deportes, todo esto enfocado en la medida en que se intersectan con los diversos grados de seguridad, equidad y libertad que las personas LGBTI experimentan.

PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

Washington, D.C. 18 de febrero de 2018. El pasado sábado, el Gobierno de Nicaragua se reunió con empresarios de la banca nacional y agroindustria, teniendo como testigos al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. En dicho encuentro, según dio a conocer el mismo Gobierno, se confirmó “la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”. Los empresarios, por su parte, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que respalden decididamente una posible nueva negociación con el Gobierno.

Entre mayo y junio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua inició un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como contraparte. Sin embargo, éste se canceló ante la negativa del gobierno de cesar la represión contra el pueblo nicaragüense.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), considera indispensable retomar el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y amplios sectores de la sociedad civil para poder encontrar una salida a la profunda crisis de derechos humanos que permanece y en muchos aspectos se ha agudizado luego de  diez meses.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, la represión a las protestas antigubernamentales dejó como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, y más de 700 hombres y mujeres se encuentran actualmente apresados por haber exigido justicia por las víctimas de la represión y respeto a la democracia.

En los últimos meses, las autoridades han focalizado sus tácticas represivas en defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarticular todo espacio de crítica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Raza e Igualdad cree indispensable que, para que se reinicie el diálogo nacional, el Gobierno de Nicaragua debe dar claras muestras de cumplir  sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • El cese inmediato de la represión y detenciones arbitrarias contra la población nicaragüense.
  • La anulación de los juicios e inmediata liberación de las presas y presos políticos.
  • Autorizar el regreso al país del  Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las cuales fueron expulsadas del país el año pasado.

Con preocupación vemos que las capturas de ciudadanos han continuado en distintas partes del país y que la maquinaria judicial no cesa de imponer centenares de años de prisión irrespetando las garantías del debido proceso. Ambas conductas no abonan de forma alguna a fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

Raza e Igualdad cree firmemente en que un diálogo incluyente es la única salida a la crisis nicaragüense; un diálogo que abone al respeto a los derechos humanos, a la verdad, justicia y a la reparación para las víctimas.

 

*Foto de Oscar Navarrete tomada para La Prensa. 

Presos políticos de Nicaragua: condenan a 216, 210 y 159 años de prisión a tres campesinos

Washington D.C., 18 de febrero de 2019.  Medardo Mairena y Pedro Mena, dos líderes del Movimiento Campesino apresados en julio por exigir justicia y democracia al Gobierno de Nicaragua tras la brutal represión gubernamental contra protestas cívicas, fueron condenados hoy a 216 y 210 años de cárcel, sentencias consideradas excesivas para reos en Nicaragua, puesto que en este país no existe la cadena perpetua y la pena máxima según la Constitución es de 30 años.

Los campesinos habían sido declarados culpables el 17 de diciembre de 2018, acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo y entorpecimiento de servicios públicos. Los defensores que llevaron el caso y expertos en el tema consideraron que había sido el final de un juicio sin garantías, lleno de contradicciones, testigos falsos y pruebas alteradas.

Según medios locales, la sentencia la dio a conocer el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien además condenó a 159 años de prisión a un tercer campesino de nombre Luis Pineda Icabalzeta.

En diciembre, un cuarto acusado llamado Silvio Saúl Pineda Bonilla fue declarado no culpable de los delitos que se le imputaban.

El abogado defensor de Mairena y Mena, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó en diciembre pasado a medios locales que el juez Altamirano “ya tenía preparado el fallo”, el cual se leyó inmediatamente después de que se brindaran los alegatos finales.

Mairena, Mena y Pineda son parte de los más de 760 presos y presas políticas que registró el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua hasta inicios de febrero de este año. Con los tres campesinos, serían más de 140 los presos políticos que ya han sido condenados. Su delito, aseguran sus familiares, ha sido protestar con la bandera de Nicaragua en la mano.

¿Quiénes son?

Mairena era representante de los campesinos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de ciudadanos, estudiantes, empresarios y activistas que participaron del Diálogo Nacional con el Gobierno para buscar una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que hasta mayo había dejado 56 muertos. Hasta la fecha, la represión ha cobrado al menos 325 víctimas mortales, unos 2,000 heridos y más de 50,000 personas refugiadas en Costa Rica.

Además, Medardo era coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de campesinos que desde 2014 busca la derogación de la Ley 840 que concede a una empresa china permiso para construir y operar un canal interoceánico que atravesaría decenas de comunidades rurales de Nicaragua.

Mena también pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como asesor de Mairena, y formaba parte del Movimiento Campesino que se manifestaba contra el proyecto canalero.

Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, que cita el diario La Prensa, Medardo Mairena era el jefe de un “grupo criminal” que orientó la creación de tranques o cortes de carretera en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el funcionamiento del transporte y cometer diversos delitos. Además, se le acusa de ser el “autor intelectual” del asesinato de cinco miembros de la Policía y un civil en el municipio de Morrito, en Río San Juan, el 12 de julio.

Si bien Medardo Mairena apoyaba abiertamente la creación de tranques o cortes de carretera, éstos fueron instalados por el movimiento campesino, estudiantes y ciudadanos en todo el país como forma de protesta cívica contra la represión gubernamental. Los lugareños, según cita el diario digital Confidencial, le atribuyen los asesinatos a parapoliciales afines al Gobierno que ese mismo día atacaron una marcha pacífica de ciudadanos en Morrito. Según los familiares de Mairena y Mena, ellos están siendo criminalizados por participar activamente de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las demandas de justicia y democracia por los actos de represión cometidos a partir de abril.

Detención

Medardo Mairena y Pedro Mena se encontraban en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuando fueron detenidos el 13 de julio sin orden de captura. Desde allí, la Policía los trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.

A través de un comunicado, la Policía anunció que había detenido a Mairena “cuando pretendía huir del país”.  El hermano del líder campesino, Alfredo Mairena, aseguró al medio digital Confidencial, que Medardo y Pedro se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, a una reunión de solidaridad con el movimiento campesino. En ese momento, la Policía no dio razón de Mena.

El comunicado policial señalaba directamente a Medardo como “un terrorista” y “cabecilla” de una organización criminal.

Proceso judicial

Cuatro días después de su detención, un juez de Managua realizó la audiencia preliminar contra Mairena y Mena a puertas cerradas, de acuerdo con el diario La Prensa. Tras dicha audiencia, los dos líderes habrían sido trasladados al Sistema Penitenciario “La Modelo”, en donde, según fue denunciado, han sido continuamente torturados. El 25 de julio, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que los líderes estaban siendo golpeados continuamente por un funcionario del reclusorio conocido como “El Chacal”.

Luego de una audiencia inicial realizada el 15 de agosto, el juicio de Medardo, Mena y Pineda fue reprogramado tres veces, hasta que finalmente se celebró el 13 de noviembre. La defensa alegó “retardación de justicia”, y durante esos meses de espera las torturas y tratos inhumanos y degradantes continuaron.

Julio Montenegro comentó el 6 de noviembre a periodistas locales que desde que fueron remitidos a “La Modelo”, los líderes campesinos permanecían en una celda conocida como “El Infiernillo”, un espacio reducido con poca ventilación y sin luz. Además, denunció que era continua la presencia de insectos, alacranes, cucarachas y zancudos, y que la alimentación que se les brindaba era “precaria”.

Después de nueve días de juicio, este 17 de diciembre concluyó el proceso con un fallo de responsabilidad penal para los tres campesinos. En ninguna de las audiencias se le permitió la entrada a delegados del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a organismos de derechos humanos nicaragüenses, pese a que las leyes en Nicaragua establecen que las audiencias deben ser públicas.

Las pruebas y testigos

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró ayer en conferencia de prensa que ninguna prueba presentada por la Fiscalía, ya fuera imagen, audio o video, demostró contundentemente que Medardo Mairena hubiera orientado alguna acción contra los policías o que organizó los tranques en carreteras.

Incluso, señaló Montenegro, el video que pretendía ser la prueba más importante de los fiscales, era una secuencia de tres escenas distintas que “no cuadran”. “En la primera, Medardo va sobre una calle adoquinada con un grupo de personas con banderas azul y blanco, la segunda que empalma con un grupo de personas que están en un cruce de calle con banderas roja y negra, y la tercera imagen en donde se mira una batalla campal donde no aparece Medardo Mairena”.

También hubo serias contradicciones entre varios de los 45 testigos presentados por la Fiscalía, quienes eran en su totalidad funcionarios públicos. “A uno de los testigos lo pusieron a leer de una pantalla gigante lo que iba a declarar”, dijo Montenegro.

La defensa de Mairena y Mena logró presentar en el noveno día de juicio a tres testigos y un video que revelaban que el día de los hechos en Morrito, Mairena participaba de una marcha en Managua.

Montenegro aseguró ayer que interpondrá un recurso de apelación, cuestionando en primer lugar la validez del juicio, debido a innumerables anomalías en el proceso.

 

*Una versión anterior de este artículo del 19 de diciembre de 2018 fue publicada cuando los campesinos fueron declarados culpables. Esta nueva versión se ha actualizado con las penas a las que fueron condenados.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera que la condena de Medardo Mairena y Pedro Mena, así como la detención  e irregulares procesos que se siguen  a quienes  se acusa por las protestas de abril y meses subsiguientes, se dan en el contexto de la respuesta que dio el Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron hace ocho meses.

Lo anterior fue caracterizado por OACNUDH en su Informe  “Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos de la siguiente forma:

la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos…”.

También los procesos, las condenas y  la persecución y represión imperante ahora en Nicaragua hacia distintos sectores, debe valorarse teniendo en cuenta lo dicho por OACNUDH en su Informe antes citado:

 “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce……”.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de los presos políticos  y que el Estado de Nicaragua acepte su responsabilidad por la violencia desatada por las autoridades que dejó al menos 325 personas muertas, entre ellos 24 niños y niñas.

Por ello, Raza e Igualdad exige al Estado de Nicaragua verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Micro-violencias por Identidad de Género y Raza contra las Mujeres Afro-trans

Washington, D.C. Febrero 12 de 2019. En el marco de la serie de procesos de formación que adelanta el Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el pasado 12 de febrero de 2019 se realizó en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, el segundo encuentro de diálogo: ¿Por qué hablar sobre Afro-LGBTI?, el cual contó con la participación de más de 60 activistas y defensores de derechos humanos principalmente Afro-LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana, quienes fueron convocados por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

El punto de apertura de este segundo espacio de diálogo, moderado por Cristian King de TRANSSA, se focalizó en la situación de discriminación que la activista Afro-Trans Belén Zapata, perteneciente a la organización de Jóvenes Afro-peruanos Ashanti, vivió en el proceso de ingreso a la ciudad de Santo Domingo, en el aeropuerto las Américas.

La situación de discriminación que afrontó Belén podría resumirse diciendo que ella, tras superar los controles legales de migración, al disponerse a salir del aeropuerto, un funcionario sin identificarse retuvo su pasaporte sin razón para ello, obligándola a estar apoyada contra una pared por cerca de 40 minutos expuesta a las miradas de las personas que se movilizaban por el aeropuerto. Después de ello, junto con un grupo de 10 personas más (en su mayoría afrodescendientes), es conducida a diferentes controles y escaneos en los que es revisada repetidamente y se concluye que ella no porta drogas. Ante las preguntas de Belén sobre las razones de dicho procedimiento, no existe respuesta alguna, solo hasta que ella misma entiende que se trata de un control de drogas. En todo caso se le informa que el procedimiento es rutinario para los nuevos visitantes al país.

Toda la situación vivida por Belén, no supera más de una hora. La situación misma no deja ninguna consecuencia a nivel legal contra ella, no se ejerce ninguna violencia física y, además, los procedimientos aparentemente se justifican en un confuso argumento de control de drogas y procedimiento estándar de control a nuevos visitantes del país. ¿Los responsables? Tras un comunicado y un tweet realizado por Raza e Igualdad denunciando la situación, Aerodom  (el operador aeroportuario de República Dominicana) señaló que son una entidad privada y la responsabilidad le corresponde a otras entidades: ¿conclusión? Tampoco existe un ente específico que pueda responder a la situación.

En el marco del conversatorio, los y las participantes pudieron reflexionar sobre la naturalización de este tipo de violencias. Aunque sus efectos conllevan varias vulneraciones, tales como la violación al debido proceso, la restricción injustificada de la movilidad y el abuso arbitrario de la autoridad, vemos estas situaciones como menores porque no conllevan malos tratos físicos de alta gravedad. En ese sentido, nos enfrentamos a lo que podemos denominar “micro-violencias” que son naturalizadas por las víctimas, porque creen que no es grave o simplemente porque no existe expectativa de una respuesta frente a la denuncia de esta ante la autoridad.

En desarrollo de la conversación, se evidenció el valor de Belén al poner de presente esta situación, ya que algunas de las personas asistentes al evento, expresaron como han vivido situaciones análogas, ya sea por su raza o por su orientación sexual y/o identidad de género. Así mismo se señaló la gravedad de estos hechos, cuando la falta de identificación de los funcionarios y la arbitrariedad de los procedimientos, impide señalar responsabilidades específicas. De otra parte, se cuestionó la ausencia de estrategias articuladas de trabajo por parte de las entidades aeroportuarias en este caso, que como en otros, es la consecuencia de considerar que la respuesta a las situaciones de discriminación estructural, corresponde a otros y no a todos.

Otra situación ilustrativa fue narrada por una participante afro-trans que señaló las limitaciones al acceso a la salud que ella ha vivido como mujer trans. La participante narró una situación en la que fue objeto de burlas al solicitar atención a un urólogo por problemas asociados a su próstata. Por este simple hecho fue ridiculizada y se le negó inicialmente la entrega de resultados médicos a exámenes que ella se tomó, aunque finalmente los pudo obtener por su insistencia.

De nuevo, si bien hubo acceso a la atención médica y la situación se podría calificar como una simple cuestión de indebida atención al usuario, este tipo de violencias que parecieran “micro” tienen un impacto importante en la confianza con las instituciones médicas por parte de las personas trans y en este caso, afro-trans. Se trata de una situación en la que el servicio médico se vuelve tortuoso y se pone en riesgo la salud o incluso la vida misma cuándo la denegación de servicios lleva a que las personas por si solas dejen de buscar atención adecuada.

Estas dos sencillas reflexiones, en torno a las violencias de las mujeres afro-trans, si bien nos sacan de la discusiones clásicas en torno a graves violencias contra la población afro, trans y LGBTI, nos ponen de presente que muchas veces el germen de las graves violencias que estas poblaciones viven se haya en la cotidianidad, en la denegación de un servicio o en procedimientos irregulares que aunque no dejen una huella permanente, hacen que gota a gota, horaden la dignidad humana e integridad de las personas afro-trans.

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales.

Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

Organizaciones fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

Las Américas/ Europa, 16 de enero de 2019.- A 9 meses del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos son cada vez más difíciles de sostener y es continua la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente.

En este contexto, un grupo de organizaciones se unieron para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta es una articulación de organizaciones internacionales, con larga trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, que tendrán como objetivo monitorear de manera constante y coordinada la situación de derechos humanos y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Otra de las metas del Observatorio es, a partir del monitoreo de la situación en el país centroamericano, brindar recomendaciones a instituciones nacionales e internacionales con base en los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, en donde de acuerdo con la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

El Observatorio está formado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Este espacio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

 

Foto principal: Carlos Herrera-Confidencial/Cortesía

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

¿Por qué hablar de Afro – LGBTI? Líderes y lideresas se reunieron para reflexionar sobre los retos de esta intersección

Cali, Colombia – Diciembre 21 de 2018 – En alianza con organizaciones de Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominica; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) adelanta un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las personas afrodescendientes LGBTI.  En el marco de dicho proyecto, se llevó a cabo del 16 al 20 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cali (Colombia) el primer encuentro de las organizaciones partícipes del proyecto que dan inicio a esta estrategia de trabajo conjunta y articulada justamente por las aproximaciones a estas discusiones que las instituciones han tenido, ya sea por su trabajo con población afrodescendiente, por su trabajo con población LGBTI o porque el enfoque de su trabajo se centra en ambas temáticas.

El espacio del taller se dinamizó con la participación de representantes de diferentes  países de la región entre quienes se pueden distinguir El Instituto Trans-formar y la Red Nacional de Negros y Negras LGBT de Brasil, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Fundación Afro-colombiana Arco iris de Tumaco y la Fundación Somos Identidad de Colombia,  la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, y finalmente la organización Transsa Siempre Amigas de República Dominica.  Durante un primer momento del taller las organizaciones tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir un espacios de diálogo y discusión acerca de la necesidad de este enfoque específico de interseccionalidad en el análisis de las violencias de Derechos Humanos de la población LGBTI en América Latina y el Caribe.

Durante tres días de trabajo las organizaciones discutieron elementos básicos para la construcción de un informe Regional Latinoamericano sobre la situación de violencia contra la población Afro-LGBTI, su pertinencia, alcance y las necesidades más apremiantes que deben reflejarse en dicho documento. Discusiones teóricas en torno a su contenido y las complejidades inherentes a las definiciones raciales o encasillamientos bajo categorías específicas, fueron parte del taller de trabajo que busca complejizar las discusiones en torno a las intersecciones de raza y diversidad sexual enmarcado en un análisis de los derechos humanos.

Para un segundo momento de dicho encuentro, se abrió un espacio de conversación que posibilitó un diálogo de saberes y experiencias entre organizaciones LGBTI que hacen parte del denominado Sur Global. Durante este espacio los y las participantes pudieron compartir experiencias de trabajo con representantes de organizaciones sociales colombianas como la Red Comunitaria Trans,  proceso comunitario de la ciudad de Bogotá del que hace parte Katalina Ángel Ortíz, activista trans que trabaja, entre otras cosas, por el reconocimiento y defensa de los derechos de personas LGBTI privadas de libertad, como parte de una estrategia de trabajo de base social con mujeres trans que realizan trabajo sexual en una de las zonas de tolerancia de la capital colombiana.

Así mismo, el espacio permitió que Alexander Pérez, docente e investigador de la organización Caribe Afirmativo compartiera su experiencia de trabajo alrededor de la investigación del informe “Enterezas” un documento que da cuenta de la situación de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano.  Caribe Afirmativo  cuenta con un amplio trabajo en el caribe colombiano y Latino Americano en la defensa de derechos de las personas LGBTI.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2018, los y las asistentes del taller, tuvieron la oportunidad de contar con un espacio abierto al público en la ciudad de Cali en torno a la reflexión ¿“Por qué hablar de Afro-LGBTI? Dicho conversatorio se propuso como un espacio de reflexión que posibilitara el intercambio de experiencias entre los activistas de la región y activistas de la ciudad. Dicho encuentro fue un punto de inflexión para los y las participantes, pues la discusión se abrió con valiosos cuestionamientos en torno a la necesidad de mayor participación de personas afro-trans y preguntas sobre el por qué de la participación de personas “blanco-mestizas” en dicho tipo de discusiones.

Estas preguntas, tensiones y discusiones, hacen parte del inicio de un proceso de aproximación a la intersección entre racialidad y diversidad sexual.  Se trató de un primer espacio de análisis y debate, que se seguirá replicando en próximos eventos y fortaleciéndose con la participación de la sociedad civil.

Raza e Igualdad en conjunto con las organizaciones parte de este proyecto seguirá trabajando en el fortalecimiento de la sociedad civil afro-LGBTI con estrategias de impacto en el ámbito interamericano. En el marco de este proyecto, se adelantará en el mes de febrero de 2019 el segundo encuentro de trabajo sobre el uso del Sistema Interamericano y la solicitud de Medidas Cautelares de protección para la población afro-LGBTI que se adelantará en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana.  

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