Organizaciones fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

Organizaciones fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

Las Américas/ Europa, 16 de enero de 2019.- A 9 meses del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos son cada vez más difíciles de sostener y es continua la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente.

En este contexto, un grupo de organizaciones se unieron para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta es una articulación de organizaciones internacionales, con larga trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, que tendrán como objetivo monitorear de manera constante y coordinada la situación de derechos humanos y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Otra de las metas del Observatorio es, a partir del monitoreo de la situación en el país centroamericano, brindar recomendaciones a instituciones nacionales e internacionales con base en los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, en donde de acuerdo con la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

El Observatorio está formado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Este espacio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

 

Foto principal: Carlos Herrera-Confidencial/Cortesía

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

¿Por qué hablar de Afro – LGBTI? Líderes y lideresas se reunieron para reflexionar sobre los retos de esta intersección

Cali, Colombia – Diciembre 21 de 2018 – En alianza con organizaciones de Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominica; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) adelanta un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las personas afrodescendientes LGBTI.  En el marco de dicho proyecto, se llevó a cabo del 16 al 20 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cali (Colombia) el primer encuentro de las organizaciones partícipes del proyecto que dan inicio a esta estrategia de trabajo conjunta y articulada justamente por las aproximaciones a estas discusiones que las instituciones han tenido, ya sea por su trabajo con población afrodescendiente, por su trabajo con población LGBTI o porque el enfoque de su trabajo se centra en ambas temáticas.

El espacio del taller se dinamizó con la participación de representantes de diferentes  países de la región entre quienes se pueden distinguir El Instituto Trans-formar y la Red Nacional de Negros y Negras LGBT de Brasil, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Fundación Afro-colombiana Arco iris de Tumaco y la Fundación Somos Identidad de Colombia,  la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, y finalmente la organización Transsa Siempre Amigas de República Dominica.  Durante un primer momento del taller las organizaciones tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir un espacios de diálogo y discusión acerca de la necesidad de este enfoque específico de interseccionalidad en el análisis de las violencias de Derechos Humanos de la población LGBTI en América Latina y el Caribe.

Durante tres días de trabajo las organizaciones discutieron elementos básicos para la construcción de un informe Regional Latinoamericano sobre la situación de violencia contra la población Afro-LGBTI, su pertinencia, alcance y las necesidades más apremiantes que deben reflejarse en dicho documento. Discusiones teóricas en torno a su contenido y las complejidades inherentes a las definiciones raciales o encasillamientos bajo categorías específicas, fueron parte del taller de trabajo que busca complejizar las discusiones en torno a las intersecciones de raza y diversidad sexual enmarcado en un análisis de los derechos humanos.

Para un segundo momento de dicho encuentro, se abrió un espacio de conversación que posibilitó un diálogo de saberes y experiencias entre organizaciones LGBTI que hacen parte del denominado Sur Global. Durante este espacio los y las participantes pudieron compartir experiencias de trabajo con representantes de organizaciones sociales colombianas como la Red Comunitaria Trans,  proceso comunitario de la ciudad de Bogotá del que hace parte Katalina Ángel Ortíz, activista trans que trabaja, entre otras cosas, por el reconocimiento y defensa de los derechos de personas LGBTI privadas de libertad, como parte de una estrategia de trabajo de base social con mujeres trans que realizan trabajo sexual en una de las zonas de tolerancia de la capital colombiana.

Así mismo, el espacio permitió que Alexander Pérez, docente e investigador de la organización Caribe Afirmativo compartiera su experiencia de trabajo alrededor de la investigación del informe “Enterezas” un documento que da cuenta de la situación de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano.  Caribe Afirmativo  cuenta con un amplio trabajo en el caribe colombiano y Latino Americano en la defensa de derechos de las personas LGBTI.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2018, los y las asistentes del taller, tuvieron la oportunidad de contar con un espacio abierto al público en la ciudad de Cali en torno a la reflexión ¿“Por qué hablar de Afro-LGBTI? Dicho conversatorio se propuso como un espacio de reflexión que posibilitara el intercambio de experiencias entre los activistas de la región y activistas de la ciudad. Dicho encuentro fue un punto de inflexión para los y las participantes, pues la discusión se abrió con valiosos cuestionamientos en torno a la necesidad de mayor participación de personas afro-trans y preguntas sobre el por qué de la participación de personas “blanco-mestizas” en dicho tipo de discusiones.

Estas preguntas, tensiones y discusiones, hacen parte del inicio de un proceso de aproximación a la intersección entre racialidad y diversidad sexual.  Se trató de un primer espacio de análisis y debate, que se seguirá replicando en próximos eventos y fortaleciéndose con la participación de la sociedad civil.

Raza e Igualdad en conjunto con las organizaciones parte de este proyecto seguirá trabajando en el fortalecimiento de la sociedad civil afro-LGBTI con estrategias de impacto en el ámbito interamericano. En el marco de este proyecto, se adelantará en el mes de febrero de 2019 el segundo encuentro de trabajo sobre el uso del Sistema Interamericano y la solicitud de Medidas Cautelares de protección para la población afro-LGBTI que se adelantará en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana.  

Misiones de la CIDH en Nicaragua fueron expulsadas por el Gobierno

Washington, D.C. 20 de diciembre de 2018. Las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): MESENI y GIEI,  que se encontraban trabajando en Nicaragua con el objetivo de monitorear las violaciones de derechos humanos y coadyuvar a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre abril y mayo tras el inicio de las protestas ciudadanas, fueron conminadas el día de ayer, por el Gobierno de Nicaragua a abandonar el país de forma inmediata.

La expulsión del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país el 24 de junio, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que inició labores el 2 de julio, ambos en cumplimiento de recomendaciones presentadas por la CIDH en su Informe Graves Violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, ocurre un día antes de que el GIEI presentara un informe sobre sus seis meses de trabajo, y al cumplirse ocho meses del inicio de la crisis de derechos humanos que provocó la brutal represión gubernamental a protestas ciudadanas, cuyo saldo se calcula en al menos 325 muertos, más de 2,000 heridos y alrededor de 565 presos políticos.

En el caso de la CIDH y del MESENI, el Gobierno determinó suspender termporalmente su presencia y visitas en el país. Y en el caso del GIEI, el Gobierno alegó la expiración del plazo, objetivos y mision, dando por concluido su mandato para la visita y permanencia del GIEI en el país.

La resolución del Gobierno impide también que relatores especiales y funcionarios de la CIDH realicen una serie de visitas que ya estaban programadas para realizarse en el primer trimestre de 2019.

“El perjuicio más importante (de la expulsión) es hacia las víctimas y sus familiares, porque el valor principal de nuestro trabajo es poder acercar las víctimas a la verdad, a la justicia, ese es nuestro pesar más profundo”, dijo en conferencia de prensa la Coordinadora del Meseni, Ana María Tello, momentos después de conocer la decisión de las autoridades.

Un informe del Meseni publicado el mismo miércoles por la mañana, advertía sobre “la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal” caracterizada, entre otras cosas,  por el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y la expulsión arbitraria ―o amenaza de expulsión― de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

Meses antes, el 31 de agosto, el Gobierno expulsó del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dos días antes había presentado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en el contexto de las protestas.

Las razones

Miembros del Meseni y los cuatro expertos del GIEI (Sofia Macher, Claudia Paz y Paz, Amérigo Incalcaterra y Pablo Parenti) asistieron el miércoles por la tarde a una cita con el Canciller Denis Moncada, en la que este les comunicó la unilateral decisión gubernamental.

La nota que Moncada leyó a los funcionarios de la CIDH, publicada posteriormente por medios oficialistas, justifica la medida asegurando que estos no cumplieron con sus objetivos y que “la CIDH, MESENI, GIEI y OACNUDH se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”. Además, señala que los integrantes del GIEI no respondieron a una contrapropuesta del Gobierno sobre su “Protocolo de Actuación” y que por lo tanto, realizaron “una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo” y las leyes nacionales.

Incalcaterra explicó posteriormente que el incumplimiento respecto al protocolo que alega el Canciller Moncada “es falso” porque todas las comunicaciones estatales fueron respondidas por los expertos. “(Las autoridades) no han exigido al GIEI un comportamiento distinto o que se hiciera de tal o cual manera el trabajo”, alegó, denunciando más bien que nunca tuvieron acceso a expedientes judiciales, a información oficial que les permitiera cumplir plenamente su mandato o a audiencias judiciales, a pesar de que estas últimas son públicas.

“Los motivos que nos han dado no nos satisfacen de ninguna manera, pensamos que son argumentos que han sido construidos para, en el caso concreto del GIEI, evitar la presentación del informe de las actividades que iba a ser mañana”, agregó el experto, quien no dio detalles del informe porque las autoridades le “sugirieron” no presentarlo en Nicaragua.

Tello, del Meseni, también explicó a periodistas locales que su misión envió más de 70 notas diplomáticas al Gobierno para solicitar información o reuniones con autoridades, pero ninguna fue respondida. “Nunca hubo presiones del Gobierno porque no tuvimos diálogo con él”, aseguró.

Continuarán monitoreando

El trabajo de la CIDH en Nicaragua en el contexto de la crisis actual inició con una visita “in loco” realizada entre el 17 y el 21 de mayo, la cual tuvo como resultado un informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Desde entonces, el Meseni ha elaborado decena de informes semanales sobre sus labores de monitoreo, han gestionado medidas cautelares para más de cien personas y distintos relatores especiales de ese organismo regional de derechos humanos han visitado el país. Además, el Secretario General de la CIDH, Paulo Abraõ, ha expuesto la situación de Nicaragua en diversos espacios, como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha admitido la realización de cuatro audiencias públicas sobre Nicaragua en el marco de su 170 Período de Sesiones, la última de las cuales fue el pasado 6 de diciembre.

Ana María Tello destacó que ni la CIDH ni el Meseni dejarán de monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, aunque ahora lo tendrán que hacer desde Washington D.C., Estados Unidos. Los miembros del GIEI, por su parte, anunciaron que publicarán su informe en los próximos días desde otra locación.

“La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”, señala un comunicado de esa Comisión.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza absolutamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta arbitraria decisión del Estado de Nicaragua no sólo transgrede los acuerdos establecidos con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto que deja en entredicho la disposición del Estado de Nicaragua a retomar un diálogo pacífico que posibilite la construcción de acuerdos colectivos y participativos, sino que fomenta el estado de desprotección de las y los nicaragüenses en un momento de recrudecimiento de la violencia, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos en general disidentes de las lógicas dictatoriales del régimen.

Con preocupación observamos una clara voluntad del Estado de imponer un estado de terror en el país que violenta los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Hacemos un urgente llamado a toda la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de crisis en Nicaragua y seguir demandando la  protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Como organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la denuncia y lucha de todos los actos que menoscaban la posibilidad de construir democracia, justicia y libertad en Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO Continúan agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Washington D.C., 14 de diciembre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente los violentos allanamientos ilegales cometidos a partir de la madrugada de este viernes por la Policía de Nicaragua a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Fundación Popol Na, Fundación del Río, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), todas estas  organizaciones a las cuales la Asamblea Nacional les había cancelado su personalidad jurídica de forma arbitraria. Asimismo, Raza e Igualdad repudia el allanamiento realizado al medio de comunicación digital Confidencial, en donde también funcionan los estudios de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana y la ocupación ilegal de sus equipos de trabajo.

Las organizaciones denunciaron que para ingresar, los agentes de la Policía abusaron de su autoridad, agredieron físicamente a vigilantes, rompieron puertas, destrozaron mobiliario e incautaron ilegalmente documentos, equipos de trabajo, computadoras e incluso vehículos.

Ante este hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense, expresamos nuestro repudio a la arbitrariedad e impunidad con la que actúan las autoridades nicaragüenses dispuestas a violar las libertades fundamentales de asociación y reunión pacífica de los defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y activistas disidentes, para servir a los fines de la dictadura Ortega Murillo. Tal proceder confirma una abrupta reducción y restricción de los espacios de participación democrática y los derechos políticos de los grupos que han decidido reclamar por justicia y paz en Nicaragua.

Así mismo, declaramos que los allanamientos ilegales realizados por la Policía no sólo transgreden el derecho a la propiedad e intimidad de las y los defensores directamente implicados y persistentemente agredidos, criminalizados y perseguidos, sino que son una contundente expresión del totalitarismo y política de miedo que el Estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo han instalado en el país centroamericano.

Demandamos al gobierno de Ortega restablecer la personalidad jurídica de las asociaciones antes mencionadas y regresar los bienes sustraídos.

Estos hechos son evidencia del estado de represión y crisis de derechos humanos que enfrenta el pueblo de Nicaragua, por tal razón, urgimos a la  comunidad internacional pronunciarse ante estos actos que transgreden el bienestar de todo ser humano, coartan la participación e imposibilitan la construcción de sociedades democráticas que buscan alcanzar el bienestar, la justicia y la paz.

Organizaciones de derechos humanos condenamos acciones estatales para dejar en indefensión a población nicaragüense

Washington, D.C. 13 de diciembre de 2018. El día de ayer, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una solicitud por parte del gobierno de Daniel Ortega en la cual se cancela la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la organización Hagamos Democracia. Hoy, 13 de diciembre, fueron canceladas las personerías de 5 organizaciones más: Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

Esta acción se suma a otros decretos que fueron aprobados en días pasados para cancelar la personería de la organización Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Para justificar estas decisiones, la Asamblea Nacional argumenta falta de requisitos administrativos, así como la presunta participación en actos golpistas. En la realidad, todas las organizaciones afectadas tienen una amplia trayectoria en la defensa de la democracia, la justicia y de los derechos humanos.

La actuación contra el CENIDH reviste particular preocupación por su rol como defensores históricos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en un país sin institucionalidad capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales. En este sentido, las actuaciones estatales no solo impactan a las organizaciones, sino que dejan en indefensión a miles de personas.

Hasta la fecha, 325 personas han sido asesinadas por causa de la represión, 24 de ellas niños y niñas. Además, se documentan más de 603 presos y presas políticos (40 de ellas mujeres), 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo; más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica; y, 417 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. Con respecto a la libertad de expresión, tan solo en los últimos dos meses se acumulan 56 de esas violaciones que van desde la intimidación hasta las agresiones directas contra periodistas.

Estas cifras demuestran que la situación se agrava día con día y amenaza con desestabilizar aún más a toda la región centroamericana.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad ante los y las colegas defensoras de derechos humanos en Nicaragua y les decimos que acompañamos su lucha. No están solos.

Asimismo, condenamos de manera enérgica esta arbitrariedad que solo demuestra el cierre absoluto de espacios democráticos en este país. Finalmente, hacemos los siguientes llamados:

1.    A la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque de manera inmediata al Consejo Permanente y emitan una resolución que condene estos hechos, así como realice todas las acciones posibles para que Nicaragua cese en sus actos represivos.

2.    Al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se envíe una delegación de alto nivel a Nicaragua y se ofrezcan sus buenos oficios a efectos de generar vías que permitan una pronta salida a esta crisis

3.    Al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Unión Europea, y demás países que conforman la comunidad internacional para que se pronuncien condenando los hechos descritos y tomen todas las acciones necesarias para apoyar a las personas defensoras en este país, así como para exhortar a las autoridades a rectificar sus actuaciones.

4.    A todas las personas, organizaciones, y movimientos sociales que creen en la democracia y en la justicia para que levanten sus voces y expresen solidaridad ante el pueblo nicaragüense.

Organizaciones firmantes:

Argentina:
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Ningunas Santas, mujeres por la perspectiva de género

Brasil:
Instituto de Estudos da Religião (ISER)
Conectas Direitos Humanos

Bolivia:
Oficina Jurídica para la Mujer

Colombia:
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar)
Grupo Interdisciplinario (GIDH)
Sisma Mujer

Costa Rica:
Asociación Ciudadana ACCEDER
Asociación MANU
Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos)
Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina)
Colectivo Furia Rosa / Peras del Olmo
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectivo Transcendentes
Costa Rica Afro
Mujeres en Acción
Observatorio Ético Caribe y América Central (OBETICA)

Ecuador:
Acción Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial
Fundación Pachamama
Terra Mater

España:
Observatorio Ético Internacional (OBETI)

Estados Unidos:
Washington Office on Latin America (WOLA)
Peace and Hope International
American Jewish World Service

Guatemala:
Centro para la Defensa Legal Indígena
Condena total
Convergencia por los Derechos Humanos:
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
CPR-Sierra
Fundación Myrna Mack
Fundación para la Juventud (FUNDAJU)
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Honduras:
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)

Inglaterra:
#SOSNicaragua

México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Colectivo de Mujeres (COLEM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS)

Paraguay:
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri)

Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos
CLADEM
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus)
Movimiento Manuela Ramos
Paz y Esperanza
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos

Suiza:
Plataforma Internacional Contra la Impunidad

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:
Acción Solidaria
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Regionales:
Asociación Interamericana para la defensa del  Ambiente (AIDA)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Ciudadano Inteligente
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los derechos Humanos de las Mujeres
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Hivos
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights
Nexos, Programa Centroamericano de Derechos Humanos
Synergía – Initiatives for Human Rights
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales

Globales:
Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS)
International Service for Human Rights (ISHR)
Robert F. Kennedy Human Rights
Oxfam International

Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Washington, D.C. 12 de diciembre, 2018. El Gobierno de Nicaragua escaló en las últimas dos semanas la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos en el país y utilizó a la mayoría parlamentaria del FSLN, partido de gobierno, para cancelar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el país, siendo las últimas dos: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Hagamos Democracia.

Se trata de “una decisión de eliminar todo aquello que se opone, que critica la perversidad de la represión que están impulsando” las autoridades, dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, tras conocer la decisión de la Asamblea Nacional (AN), aunque aseguró que el “compromiso de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, no lo disuelve una ilegal y arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia”.

El pasado 29 de noviembre, la AN canceló la personalidad jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), luego de que las autoridades migratorias despojaran de su nacionalidad nicaragüense a su directora, la defensora de derechos humanos y feminista, Ana Quirós Víquez y la deportaran a Costa Rica. Posteriormente, el 11 de diciembre  le fue cancelada la personalidad jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento dirigido por el académico y activista Félix Maradiaga, quien debió autoexiliarse en Estados Unidos por la criminalización a la que se vio expuesto.

A las cuatro organizaciones, las cuales han tenido un rol aún más determinante durante los últimos ocho meses de crisis sociopolítica y de derechos humanos, se les acusa de forma infundada de haber cometido actos ilícitos, haber violentado el orden público y haber realizado actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. Sin embargo, las autoridades incurrieron en arbitrariedades tales como procesos secretos, expeditos y no permitieron que los representantes legales de dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

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“Hay CENIDH para rato”

El CENIDH nació en 1990 como un centro por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Nicaragua y dos años después obtuvo su personería jurídica. Hoy, 12 de diciembre por la mañana, a solicitud del director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, la Asamblea Nacional recibió con trámite de urgencia la propuesta para cancelar la personería jurídica de esta organización.

Según la exposición de motivos de Sirias, el CENIDH se encontraba acéfalo porque su Junta Directiva estaba vencida, tampoco reportó sus estados financieros para el año 2017 y además “utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Aunque los anteriores argumentos fueron respaldados por diputados del FSLN, en el pleno parlamentario los diputados opositores negaron dichas acusaciones e insistieron en que se trata de una arbitrariedad más del Gobierno nicaragüense contra defensores de derechos humanos.

María Fernanda Flores, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la Asamblea nicaragüense estaba “dejando indefensa a toda una población que a través del CENIDH denuncia a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos”, mientras el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, expresó que con la cancelación de la personería jurídica del CENIDH se está más bien profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril. “Desde los pueblos indígenas hemos sido testigos del trabajo arduo y totalmente dedicado de la doctora Núñez con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas, a todos”, afirmó Rivera.

Finalmente, la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH se aprobó con 70 votos a favor y 17 en contra. Núñez, presidenta de la organización, calificó de “perversa” la iniciativa y se mostró indignada ante los medios de comunicación que la acompañaron en la sede de la institución luego que se aprobara el decreto.

“Hay CENIDH para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su Consejo Directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, a los atropellos que comete el Gobierno”, dijo Núñez acuerpada por los defensores y defensoras del CENIDH.

Sobre las razones presentadas hoy por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ante la Asamblea Nacional, Núñez reveló que el 23 de marzo entregaron al MIGOB su estado financiero relativo al año fiscal del 2017 aunque no se les brindó una constancia de legalidad; y con respecto a la Junta Directiva, dijo que ésta venció el 25 de abril y que la asamblea para elegir a las nuevas autoridades tuvo que ser suspendida por la crítica situación en la que se encontraba el país en esos días en que recién empezaba la crisis.

“Se elige la Junta Directiva y el 30 de noviembre de 2018 se les manda el acta certificada y los requisitos. Ellos no quisieron firmar, no quisieron ponerle presentado y nos entregaron una lista de 15 requisitos que decían que para que pudieran aceptarla teníamos que cumplir”, dijo Núñez, quien expresó que el CENIDH no ha violado ninguno de sus estatutos y todas sus acciones han estado enmarcadas dentro de la ley.

“Estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier invasión de nuestra institución física que quieran hacer, con esto no van a coartar nuestro compromiso”, enfatizó la Presidenta del CENIDH, quien recientemente cumplió 80 años.

Persecución a defensores

El CENIDH presentó en esta semana, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” en el que describe los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En el informe refleja que el Estado de Nicaragua violentó el derecho humano a defender derechos”, porque existe un patrón de ataques dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, abogados, estudiantes y activistas, los cuales han sido víctimas de acciones de intimidación, amenazas, asesinatos, detenciones, allanamientos ilegales, campañas de desprestigio, difamaciones, criminalización, entre otras, con el objetivo de “silenciar sus voces e impedir el ejercicio del derecho a informar, de manifestarse, de expresarse y de defender los derechos humanos”.

El CENIDH había solicitado días atrás permiso para marchar en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, acatando la inconstitucional disposición policial en relación con las manifestaciones. El permiso no sólo fue denegado, sino que la Policía alegó como uno de los supuestos argumentos que la organización estaba siendo investigada por los hechos de abril.

Un día después de que la Asamblea de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica del CENIDH y Hagamos Democracia, esta institución canceló la representación legal de otras cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de la libertad de prensa: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), cuya directora, Haydeé Castillo, ha sufrido múltiples persecuciones, amenazas e incluso le fue impuesta una retención migratoria; la ambientalista Fundación del Río, la cual ya había sido amenazada por difundir información y denunciar arbitrariedades con relación al incendio en la Reserva Indio Maíz; el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), una de las organizaciones nacionales e independientes más capacitadas para observar comicios; la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, líder en la lucha anticanal y cuya directora, Mónica López Baltodano, debió autoexiliarse en Costa Rica por las constantes amenazas a las que se enfrentaba en el país; y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

PRONUNCIAMIENTO

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enérgicamente condena y rechaza la arbitraria decisión del Estado de Nicaragua expresada el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la democracia.

El decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica del ILLS, Fundación del Río, IPADE, Fundación Popol Na, CINCO, así como el que le antecedió para el CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP y CISAS evidencian el estado de represión y grave vulneración a la libertad de expresión, participación asociación y reunión pacífica de la que hoy es víctima el pueblo nicaragüense, defensores y defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes, disidentes del proyecto dictatorial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo al pueblo nicaragüense. 

Rechazamos los señalamientos de diputados del FSLN en la  Asamblea Nacional, que irresponsablemente acusan de “terroristas” y “golpistas” a organizaciones defensoras de derechos humanos que incansablemente, como el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional lo conoce, han reclamado por justicia, democracia y verdad por las víctimas del régimen. 

Con preocupación observamos las gravísimas consecuencias que tiene la inexistencia de un Estado de Derecho de Nicaragua por el accionar del gobierno de turno, que lejos de garantizar, velar y proteger los derechos humanos del pueblo, con obstinada persistencia ha coartado a la sociedad civil sus legítimas posibilidades de participar libremente de la construcción social, lo que abre nuevas, repugnantes  y deliberadas brechas de desigualdad, exclusión y discriminación.

Así mismo, denunciamos que esta determinación del régimen de Ortega y Murillo  nunca logrará invisibilizar  el terror, la vulnerabilidad y violencia que atraviesa el país desde hace ocho meses, y se orienta a perpetuar la impunidad en que continúan  las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses tras los asesinatos, persecuciones e intimidaciones a las que han sido sometidos a causa de su denuncia. 

En Raza e Igualdad estamos convencidos de que sin un nuevo acuerdo político y social no habrá resolución pacífica de la crisis, por tanto, demandamos al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de los nicaragüenses; así como, exigimos respetar  las garantías al debido proceso y derecho a la defensa hoy transgredidos de forma desvergonzada por la Asamblea Nacional al sancionar a dichas organizaciones basados en informes unilaterales que acusan arbitrariamente a las instituciones de realizar actividades distintas a sus objetivos y misión. 

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y a distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

Agresiones a periodistas independientes escalan de forma alarmante en Nicaragua y motivan reacción internacional

(Foto principal: Cortesía, Oscar Navarrete, La Prensa de Nicaragua).

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Las agresiones a periodistas, directivos, editores y colaboradores de medios de comunicación independientes por parte de autoridades y simpatizantes del FSLN, partido de Gobierno han arreciado en los últimos dos meses en Nicaragua, de acuerdo con testimonios de comunicadores y organizaciones que  defienden la libertad de expresión.

Según la Fundación Violeta B. de Chamorro, (FVBCH), entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre han contabilizado un total de 77 violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. Y desde el 18 de abril, día en que inició la crisis actual de derechos humanos en ese país, hasta la fecha, la suma de agresiones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, asedio, espionajes y requisas e inspecciones fuera de rutina asciende a 497 casos.

Reporteros Sin Fronteras denunció el día de hoy,  que las fuerzas policiales “ya no se contentan con obstruir el trabajo de los periodistas”, sino que “ahora emprenden directamente acciones violentas contra los periodistas que consideran demasiado críticos con el gobierno”.

Nicaragua está sumida en una crisis de derechos humanos causada por la represión gubernamental a miles de manifestantes que se alzaron en protestas en todo el país reclamando justicia y democracia. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicha represión, que se ha desarrollado en cuatro etapas desde abril, ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos, cientos de presos y presas políticas y miles de ciudadanos exiliados.

Agresiones recientes

La última agresión reportada hacia medios de comunicación ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Radio Darío en la ciudad de León, obligaron a los colaboradores que allí se encontraban a apagar los equipos de radioemisión y los esposaron bajo amenaza de ser encarcelados. Tres de los colaboradores de la radio: Leo Cárcamo, Henry Blanco y Audberto Gallo cuentan, así como el director de la radio, cuentan con medidas cautelares No. 693-18, otorgadas por la CIDH el 2 de julio de este año.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

“Fue todo un operativo policial, con un derroche de fuerza y vehículos, rodearon por tres horas la manzana (el perímetro) donde estamos nosotros ubicados”, denunció Aníbal Toruño, director de Radio Darío, al periodista Carlos Fernando Chamorro en el programa de televisión Esta Noche.

Toruño responsabilizó por proceder arbitrariamente al Primer Comisionado de León, Fidel Domínguez, y alertó que las autoridades están “tratando de destruir la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el staff de la Radio Darío”.

La Radio Darío ha sufrido el asedio de las autoridades y simpatizantes del FSLN desde el inicio de la crisis en abril. El 20 de ese mes, las instalaciones de la radio fueron quemadas completamente por dos reconocidos cuadros del partido de Gobierno.

Ahora desde otras instalaciones, Toruño aseguró que la radio continuará transmitiendo su programación regular “asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión”.

También el 3 de diciembre, pero en horas de la mañana, medios oficialistas informaron que simpatizantes del partido de Gobierno presentaron una acusación ante el Ministerio Público contra Miguel Mora, director y propietario del Canal 100% Noticias, por considerarlo “incitador de odio y la violencia” a través de la programación noticiosa que transmite. Además, lo acusaron de forma infundada, por la desaparición y supuesto asesinato de Bismarck Martínez, un ciudadano que habría muerto en un tranque durante el mes de junio.

Mora, quien ha sido acosado y retenido en seis ocasiones por agentes policiales, negó las acusaciones, y aseguró que lo que intentan las autoridades es un artilugio legal para encarcelarlo y acallar las denuncias que diariamente se transmiten en su canal.

“Esto es para censurar y callar a los medios independientes de este país… esto es parte de la campaña sucia de desprestigio que lleva el único objetivo de censurar a 100% Noticias y a mí como su director”, denunció Mora, según recoge el diario La Prensa.

En diversas ocasiones durante los últimos ocho meses, el Canal 100% Noticias ha sido censurado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Hace una semana, Telcor ordenó a dos compañías de cable que retiraran ese canal de su grilla de programación en señal satelital.

Una semana antes, el 30 de noviembre, la Radio Mi Voz de León, anunció que cerraría operaciones temporalmente ante las múltiples invasiones que realizó la Policía de Nicaragua a la radio. Su director, Álvaro Montalván, quien fue detenido y golpeado por la policía en varias ocasiones, aseguró que el asedio al personal de la emisora lo empujaba a tomar esa decisión.

La situación es tan grave, que Reporteros Sin Fronteras señaló que varios periodistas han tenido que abandonar el país debido a constantes amenazas de muerte y persecución que padecen, y advirtió sobre la posibilidad de que más periodistas deban seguir el mismo camino.

En abril, el periodista de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, murió asesinado a balazos mientras transmitía un Facebook Live sobre una manifestación antigubernamental. Aunque los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables por el crimen, tanto los familiares de ellos como los de Gahona señalan que el verdadero asesino continúa impune.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), condena enérgicamente las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que el Gobierno de Nicaragua ha cometido contra medios de comunicación, directores de medios y periodistas independientes que exponen en sus noticieros y programas de opinión las denuncias de nicaragüenses víctimas de la represión estatal.

Las intimidaciones, persecuciones, retenciones temporales injustificadas e invasiones a medios de comunicación sin orden judicial exponen la voluntad del régimen Ortega Murillo de quebrantar y violentar las legítimas libertades y derechos que la Constitución del país les otorga a los hombres y mujeres de prensa. Exigimos a las autoridades nicaragüenses que cesen por completo la represión contra la prensa independiente.

Defensores LGBTI aún se enfrentan a grandes desafíos en Latinoamérica

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Aunque las protecciones legales de la comunidad LGBTI se han ido fortaleciendo en América Latina y el reconocimiento de sus derechos humanos ha ganado grandes espacios, esta población  aún se enfrenta a patrones graves de discriminación y violencia que se han visto atizados por circunstancias que incluyen discursos de odio construidos por grupos religiosos o problemáticas políticas coyunturales, explicaron hoy en Washington D.C. expertos en el tema que trabajan en la región.

Durante el conversatorio “Defender los derechos LGBTIQ en Centroamérica: obstáculos y avances en derecho y cultura”, organizado por Diálogo Interamericano, los ponentes también se enfocaron en los aspectos que limitan aún más el acceso a derechos por parte de las personas LGBTI, como la racialidad o la pobreza.

Fanny Gómez, Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales de Synergia y Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales de Panamá y Abraham Banegas Molina, Oficial técnico de Cozumel Trans de Honduras,  dialogaron este martes para compartir sus opiniones y experiencias con Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Continuidad de la violencia y discriminación

La continuidad de la violencia hacia la población LGBTI fue un tema central en la conversación, en la que se resaltaron distintas perspectivas.

Según Fanny Gómez, de Synergia, en los últimos 5 ó 7 años se han visto avances en materia de protección de personas con base en su orientación sexual e identidad de género que van desde pronunciamientos por parte de autoridades, hasta la aprobación de leyes de identidad de género o matrimonio igualitario. “Pero esto no ha significado que haya disminuido la violencia”, enfatizó.

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Carlos Quesada además resaltó que a pesar de los avances en la región sobre derechos humanos para la comunidad LGBTIQ, estos impactan de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Consecuentemente, esta población se vuelve más vulnerable ante la violencia.

“En el caso concreto de Brasil, cada 30 horas muere una persona por su orientación sexual e identidad de género y el 90% de estas personas son afrodescendientes”, ejemplificó el directivo de Raza e Igualdad.

Para la comunidad trans, según Quesada, la violencia hacia sus cuerpos se ha convertido en “una enfermedad en la región”. “Por un lado tenemos países como Colombia que han creado instituciones de manera formal para defender e investigar los crímenes de odio, pero no tenemos un personal sensibilizado que pueda hacer su trabajo efectivamente”, dijo Quesada, resaltando que situaciones como estas propician que la violencia y la impunidad continúen.

Abraham Banegas, de Cozumel Trans de Honduras, concordó en que los hombres y mujeres trans en Honduras son, de la comunidad LGBTI, los “más afectados” por la violencia.

Discursos de odio

Banegas resaltó además que en Honduras el “principal adversario” de los derechos para las personas LGBTI es el fundamentalismo religioso.

“Atacan a nuestros compañeros basados en el nombre de Dios”, dijo el activista, quien lamentó que estas congregaciones religiosas con miles de seguidores promuevan mensajes de odio tanto en sus feligreses como en los políticos y tomadores de decisiones.

Para Fanny Gómez, el reciente crecimiento y fortalecimiento de esos “mensajes de odio” que promueven la intolerancia por parte de grupos conservadores también pone en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

“Cada vez que hay un mensaje homófobo, transfóbico, lesbofóbico, de parte de un líder, eso significa luego una muerte para algún compañero o compañera de nuestra comunidad”, lamentó Banegas.

Avances en materia legal

Los expertos expusieron algunos avances en materia legislativa en las Américas como resoluciones sobre orientación sexual adoptadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en noviembre de 2017.

Esta última reconoce que los Estados tienen el deber y la obligación de reconocer la identidad de género de las personas, el derecho de las personas a modificar su componente de sexo, su nombre e imagen en los documentos de identidad a través de procesos administrativos, y además tienen el deber de reconocer el matrimonio y las familias compuestas por parejas del mismo sexo.

No obstante, Carlos Quesada señaló que por parte de las organizaciones de la sociedad civil “todavía falta mucha capacitación técnica para poder usar el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”.

“Como reto, tenemos que capacitarnos sobre cómo usar las legislaciones nacionales pero además cómo usar el sistema interamericano de protección y el sistema universal para la defensa de la población LGBT”.

Retrocesos en legislación

En Panamá, expuso Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales, “no hay una ley, una política pública que reconozca a las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales o intersex”, y la única ley de discriminación no incluye personas LGBTI.

Recientemente, según Chanis, la negación por parte de las autoridades panameñas a inscribir tres matrimonios igualitarios realizados en el exterior, provocó que se empezara a discutir el tema en ese país, lo que incluso ha sido debatido por los candidatos presidenciales de las elecciones de 2019. “Panamá es un país que siempre ha respetado los derechos humanos y el Sistema Interamericano, pero ahora a la gente no le gusta la Corte (IDH) por la opinión consultiva sobre derechos LGBTI”.

“Los Estados, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el Caribe, han fallado en el mundo moderno para proteger sus democracias al mantener políticas totalmente discriminatorias hacia la población LGBTI”, enfatizó Chanis.

Sobre el caso específico de Honduras, Banegas refirió que en el nuevo Código Penal se penalizó de forma más leve la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y prohíbe el matrimonio igualitario. Asimismo, en una reciente reforma al Código de la Niñez se estableció que las personas de mismo sexo no pueden adoptar niños. “En Honduras las legislaciones se van acomodando con el fin de ir bloqueando los derechos de las personas LGTB”, denunció el activista.

No obstante, señaló que actualmente están trabajando en una “Ley de Igualdad y equidad”, un instrumento legal que podría brindar más protección a los derechos de la población LGBTI en Honduras si es aprobada por el Congreso.

Comunidad LGBTI es más vulnerable tras el inicio de la crisis de Nicaragua, afirman defensores

Washington, DC. Noviembre 30 de 2018. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido vulnerados reiteradamente durante la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril pasado. Según activistas y defensores que conversaron con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), esta comunidad ha sufrido en los últimos meses discriminación y asedio de forma más dirigida y sistemática.

“El ser gay o el ser lesbiana en Nicaragua, y aún en este contexto en que la violencia está más justificada socialmente, es una condición de vulnerabilidad más”, sostiene Alex, un joven gay de 25 años que vive en un municipio al norte de Nicaragua. Según el joven activista, están expuestos “no solamente porque no estás de acuerdo con un sistema político totalitario, sino porque sos disidente sexual”.

De tal forma, que “en la calle no solamente te van a atacar por ser Azul y Blanco sino porque van a decir ‘el cochón’ Azul y Blanco, ‘la lesbiana’ Azul y Blanco”, relata Alex.

Él es parte de los miles de ciudadanos que se unieron a las protestas pacíficas que en un primer momento exigían anular unas reformas del Instituto de Seguridad Social, pero que tras una brutal represión gubernamental que ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de presos y presas políticas, se volcaron a las calles a reclamar justicia y respeto a los derechos humanos. Los llaman “Azul y Blanco” porque utilizan la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta.

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“A partir de mi participación en las protestas he sufrido asedio, persecución”, relata, añadiendo que continuamente pasan frente a su casa grupos de motorizados afines al Gobierno que le gritan frases como “golpista” o lo amenazan con que lo van a matar “por cochón”. “Hacen bastante énfasis en el tema de mi identidad y de mi opción sexual y de vida”, asegura Alex.

Francisca, una mujer lesbiana que prefiere omitir su nombre real por temor, sostiene que antes de la crisis la comunidad LGBTI había avanzado significativamente en el campo del respeto y la igualdad. “Pero en estos tiempos de crisis, muchas cosas en las cuales habíamos avanzado, han retrocedido”, asegura.

Al igual que Alex, Francisca participó de las manifestaciones cívicas, tras lo cual empezó a recibir amenazas y una intensa campaña de descalificación en las redes sociales.

“Me amenazaban directamente, me decían ‘esta es la cochona’, o ‘mirá, ya sabemos dónde vivís, te vamos a caer, alístate’ o ‘te vamos a enseñar lo que es un hombre, talvez así te curás’. Hasta incluso, me sacaron en listas de Whatsapp y de Facebook en las que me ponían como la pro aborto, la feminista loca”.

Esta situación, más una llamada en la que le alertaban que su captura era inminente, obligó a Francisca a huir de su hogar. “Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”, relata la joven.

Ahora vive prácticamente escondida en otra ciudad, junto con su novia. Pero el miedo a que la apresen es constante. La situación de Alex es similar. Según el activista, los que decidieron quedarse en Nicaragua deben vivir “prácticamente en la clandestinidad”.

“Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”. Mujer lesbiana, 33 años.

Desde el 13 de octubre, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de cualquier tipo de movilización que no fuera autorizada por esa institución. Un día después, un grupo de 38 ciudadanos y activistas fueron detenidos por agentes policiales por realizar un plantón sin haber solicitado dichos permisos.

“Estamos en mayor peligro, porque como no hay marchas, no hay movilizaciones, el Estado y su aparato represor tiene más facilidad de encontrarte, buscarte y hacer cualquier acción con tu vida y con tu cuerpo. Ahora la represión, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluso para los defensores y defensoras LGBT, son más focalizados”, explica Alex.

Más agresiones

Las mujeres transgénero también han sufrido distintos tipos de agresiones. “Hay casos de compañeras transgénero que han sido tomadas por la policía o fuerzas paramilitares, que han sido agredidas salvajemente, golpeadas y dejadas tiradas en las calles. Lo que dicen es que eso es una muestra de lo que les va a seguir pasando a los ‘Azul y Blanco’”, cuenta Dámaso Vargas, una mujer transgénero de 25 años y activista de Managua.

Una de las formas de protesta que encontró Dámaso fue abandonar el sistema educativo público. Este año cursaba el último año de bachillerato. “Estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando y para mí también es un modo de decir que no estoy de acuerdo, que no voy a seguir dando validez a un Estado que en realidad no está haciendo el trabajo que debería hacer”, sostiene.

Además, hay cuatro mujeres trans que están actualmente apresadas en el sistema penitenciario varonil de La Modelo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El caso más mediático es el de Victoria Obando, una mujer trans de 27 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien se atrincheró en su centro de estudios y pertenecía a la Coordinadora Universitaria. Desde finales de agosto fue apresada y las autoridades la acusan de varios delitos como terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

“La compañera Victoria dice que la desnudan delante del resto de reos, los abucheos de parte de los policías, frases como de que ‘aquí lo que hay son huevones, hombres, machos’, sabiendo que no queremos sentirnos así y no nos sentimos así”, comenta Dámaso, quien asegura sentir impotencia y tristeza ante tal situación.

Las violaciones sexuales también se han convertido en una forma de represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado 12 casos de hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante detenciones ilegales o secuestros cometidos por agentes policiales y parapoliciales.

“Son testimonios totalmente terribles que en la actualidad no pueden aspirar a justicia en este contexto precisamente por los miedos y los temores porque no hay instituciones que puedan investigar a las autoridades”, comentó Wendy Flores, abogada del Cenidh, durante el conversatorio “Mujeres en resistencia ante la represión”, organizado por DeHumo la semana pasada.

En el mismo conversatorio Tania Sánchez denunció que a su hermana, Kisha López, mujer trans apresada en La Modelo, un hombre la intentó abusar dentro de la cárcel para hombres en la que se encuentra. “Kisha se defendió y le dio con una escoba en las costillas, porque ella dice que independientemente de lo que ella sea, la tienen que respetar”, señaló Sánchez.

Indígenas

Para las comunidades indígenas, pertenecer a la población LGBTI es un doble factor de vulnerabilidad, indica un indígena miskitu gay, quien prefiere identificarse como Arturo.

Desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en la Costa Caribe de Nicaragua.

En la opinión del activista y abogado, en la Costa Caribe de Nicaragua “la crisis no es de 7 meses, sino que es una situación que se ha mantenido en el conflicto por la misma exclusión y la discriminación que los poderes del Estado imponen a la sociedad en las comunidades”. Y esto lo ejemplifica con el siguiente dato: desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. “El trasfondo también es una persecución a esta comunidad”, asegura.

El mismo Arturo afirma haber sido atacado y amenazado en las redes sociales, tanto por su orientación sexual como por “ser defensor de derechos humanos, y por promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos territoriales”.

Continuarán trabajando

Aunque las vulneraciones de derechos humanos en el contexto actual de crisis en Nicaragua no son exclusivas hacia la comunidad LGBTI, los activistas que conversaron con Raza e Igualdad insistieron en la necesidad de que se visibilicen sus problemáticas y desafíos.

Tal como mencionó Alex, “las acciones que hacemos día a día, las reuniones, las estrategias de movilización, los contenidos de redes, la defensa y denuncia de nuestras presas y presos políticos, con énfasis en los LGBTI, es lo que nos mueve”.

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