PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

Washington, D.C. 18 de febrero de 2018. El pasado sábado, el Gobierno de Nicaragua se reunió con empresarios de la banca nacional y agroindustria, teniendo como testigos al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. En dicho encuentro, según dio a conocer el mismo Gobierno, se confirmó “la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”. Los empresarios, por su parte, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que respalden decididamente una posible nueva negociación con el Gobierno.

Entre mayo y junio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua inició un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como contraparte. Sin embargo, éste se canceló ante la negativa del gobierno de cesar la represión contra el pueblo nicaragüense.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), considera indispensable retomar el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y amplios sectores de la sociedad civil para poder encontrar una salida a la profunda crisis de derechos humanos que permanece y en muchos aspectos se ha agudizado luego de  diez meses.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, la represión a las protestas antigubernamentales dejó como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, y más de 700 hombres y mujeres se encuentran actualmente apresados por haber exigido justicia por las víctimas de la represión y respeto a la democracia.

En los últimos meses, las autoridades han focalizado sus tácticas represivas en defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarticular todo espacio de crítica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Raza e Igualdad cree indispensable que, para que se reinicie el diálogo nacional, el Gobierno de Nicaragua debe dar claras muestras de cumplir  sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • El cese inmediato de la represión y detenciones arbitrarias contra la población nicaragüense.
  • La anulación de los juicios e inmediata liberación de las presas y presos políticos.
  • Autorizar el regreso al país del  Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las cuales fueron expulsadas del país el año pasado.

Con preocupación vemos que las capturas de ciudadanos han continuado en distintas partes del país y que la maquinaria judicial no cesa de imponer centenares de años de prisión irrespetando las garantías del debido proceso. Ambas conductas no abonan de forma alguna a fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

Raza e Igualdad cree firmemente en que un diálogo incluyente es la única salida a la crisis nicaragüense; un diálogo que abone al respeto a los derechos humanos, a la verdad, justicia y a la reparación para las víctimas.

 

*Foto de Oscar Navarrete tomada para La Prensa. 

Presos políticos de Nicaragua: condenan a 216, 210 y 159 años de prisión a tres campesinos

Washington D.C., 18 de febrero de 2019.  Medardo Mairena y Pedro Mena, dos líderes del Movimiento Campesino apresados en julio por exigir justicia y democracia al Gobierno de Nicaragua tras la brutal represión gubernamental contra protestas cívicas, fueron condenados hoy a 216 y 210 años de cárcel, sentencias consideradas excesivas para reos en Nicaragua, puesto que en este país no existe la cadena perpetua y la pena máxima según la Constitución es de 30 años.

Los campesinos habían sido declarados culpables el 17 de diciembre de 2018, acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo y entorpecimiento de servicios públicos. Los defensores que llevaron el caso y expertos en el tema consideraron que había sido el final de un juicio sin garantías, lleno de contradicciones, testigos falsos y pruebas alteradas.

Según medios locales, la sentencia la dio a conocer el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien además condenó a 159 años de prisión a un tercer campesino de nombre Luis Pineda Icabalzeta.

En diciembre, un cuarto acusado llamado Silvio Saúl Pineda Bonilla fue declarado no culpable de los delitos que se le imputaban.

El abogado defensor de Mairena y Mena, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó en diciembre pasado a medios locales que el juez Altamirano “ya tenía preparado el fallo”, el cual se leyó inmediatamente después de que se brindaran los alegatos finales.

Mairena, Mena y Pineda son parte de los más de 760 presos y presas políticas que registró el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua hasta inicios de febrero de este año. Con los tres campesinos, serían más de 140 los presos políticos que ya han sido condenados. Su delito, aseguran sus familiares, ha sido protestar con la bandera de Nicaragua en la mano.

¿Quiénes son?

Mairena era representante de los campesinos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de ciudadanos, estudiantes, empresarios y activistas que participaron del Diálogo Nacional con el Gobierno para buscar una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que hasta mayo había dejado 56 muertos. Hasta la fecha, la represión ha cobrado al menos 325 víctimas mortales, unos 2,000 heridos y más de 50,000 personas refugiadas en Costa Rica.

Además, Medardo era coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de campesinos que desde 2014 busca la derogación de la Ley 840 que concede a una empresa china permiso para construir y operar un canal interoceánico que atravesaría decenas de comunidades rurales de Nicaragua.

Mena también pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como asesor de Mairena, y formaba parte del Movimiento Campesino que se manifestaba contra el proyecto canalero.

Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, que cita el diario La Prensa, Medardo Mairena era el jefe de un “grupo criminal” que orientó la creación de tranques o cortes de carretera en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el funcionamiento del transporte y cometer diversos delitos. Además, se le acusa de ser el “autor intelectual” del asesinato de cinco miembros de la Policía y un civil en el municipio de Morrito, en Río San Juan, el 12 de julio.

Si bien Medardo Mairena apoyaba abiertamente la creación de tranques o cortes de carretera, éstos fueron instalados por el movimiento campesino, estudiantes y ciudadanos en todo el país como forma de protesta cívica contra la represión gubernamental. Los lugareños, según cita el diario digital Confidencial, le atribuyen los asesinatos a parapoliciales afines al Gobierno que ese mismo día atacaron una marcha pacífica de ciudadanos en Morrito. Según los familiares de Mairena y Mena, ellos están siendo criminalizados por participar activamente de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las demandas de justicia y democracia por los actos de represión cometidos a partir de abril.

Detención

Medardo Mairena y Pedro Mena se encontraban en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuando fueron detenidos el 13 de julio sin orden de captura. Desde allí, la Policía los trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.

A través de un comunicado, la Policía anunció que había detenido a Mairena “cuando pretendía huir del país”.  El hermano del líder campesino, Alfredo Mairena, aseguró al medio digital Confidencial, que Medardo y Pedro se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, a una reunión de solidaridad con el movimiento campesino. En ese momento, la Policía no dio razón de Mena.

El comunicado policial señalaba directamente a Medardo como “un terrorista” y “cabecilla” de una organización criminal.

Proceso judicial

Cuatro días después de su detención, un juez de Managua realizó la audiencia preliminar contra Mairena y Mena a puertas cerradas, de acuerdo con el diario La Prensa. Tras dicha audiencia, los dos líderes habrían sido trasladados al Sistema Penitenciario “La Modelo”, en donde, según fue denunciado, han sido continuamente torturados. El 25 de julio, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que los líderes estaban siendo golpeados continuamente por un funcionario del reclusorio conocido como “El Chacal”.

Luego de una audiencia inicial realizada el 15 de agosto, el juicio de Medardo, Mena y Pineda fue reprogramado tres veces, hasta que finalmente se celebró el 13 de noviembre. La defensa alegó “retardación de justicia”, y durante esos meses de espera las torturas y tratos inhumanos y degradantes continuaron.

Julio Montenegro comentó el 6 de noviembre a periodistas locales que desde que fueron remitidos a “La Modelo”, los líderes campesinos permanecían en una celda conocida como “El Infiernillo”, un espacio reducido con poca ventilación y sin luz. Además, denunció que era continua la presencia de insectos, alacranes, cucarachas y zancudos, y que la alimentación que se les brindaba era “precaria”.

Después de nueve días de juicio, este 17 de diciembre concluyó el proceso con un fallo de responsabilidad penal para los tres campesinos. En ninguna de las audiencias se le permitió la entrada a delegados del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a organismos de derechos humanos nicaragüenses, pese a que las leyes en Nicaragua establecen que las audiencias deben ser públicas.

Las pruebas y testigos

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró ayer en conferencia de prensa que ninguna prueba presentada por la Fiscalía, ya fuera imagen, audio o video, demostró contundentemente que Medardo Mairena hubiera orientado alguna acción contra los policías o que organizó los tranques en carreteras.

Incluso, señaló Montenegro, el video que pretendía ser la prueba más importante de los fiscales, era una secuencia de tres escenas distintas que “no cuadran”. “En la primera, Medardo va sobre una calle adoquinada con un grupo de personas con banderas azul y blanco, la segunda que empalma con un grupo de personas que están en un cruce de calle con banderas roja y negra, y la tercera imagen en donde se mira una batalla campal donde no aparece Medardo Mairena”.

También hubo serias contradicciones entre varios de los 45 testigos presentados por la Fiscalía, quienes eran en su totalidad funcionarios públicos. “A uno de los testigos lo pusieron a leer de una pantalla gigante lo que iba a declarar”, dijo Montenegro.

La defensa de Mairena y Mena logró presentar en el noveno día de juicio a tres testigos y un video que revelaban que el día de los hechos en Morrito, Mairena participaba de una marcha en Managua.

Montenegro aseguró ayer que interpondrá un recurso de apelación, cuestionando en primer lugar la validez del juicio, debido a innumerables anomalías en el proceso.

 

*Una versión anterior de este artículo del 19 de diciembre de 2018 fue publicada cuando los campesinos fueron declarados culpables. Esta nueva versión se ha actualizado con las penas a las que fueron condenados.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera que la condena de Medardo Mairena y Pedro Mena, así como la detención  e irregulares procesos que se siguen  a quienes  se acusa por las protestas de abril y meses subsiguientes, se dan en el contexto de la respuesta que dio el Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron hace ocho meses.

Lo anterior fue caracterizado por OACNUDH en su Informe  “Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos de la siguiente forma:

“la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos…”.

También los procesos, las condenas y  la persecución y represión imperante ahora en Nicaragua hacia distintos sectores, debe valorarse teniendo en cuenta lo dicho por OACNUDH en su Informe antes citado:

 “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce……”.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de los presos políticos  y que el Estado de Nicaragua acepte su responsabilidad por la violencia desatada por las autoridades que dejó al menos 325 personas muertas, entre ellos 24 niños y niñas.

Por ello, Raza e Igualdad exige al Estado de Nicaragua verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Micro-violencias por Identidad de Género y Raza contra las Mujeres Afro-trans

Washington, D.C. Febrero 12 de 2019. En el marco de la serie de procesos de formación que adelanta el Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el pasado 12 de febrero de 2019 se realizó en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, el segundo encuentro de diálogo: ¿Por qué hablar sobre Afro-LGBTI?, el cual contó con la participación de más de 60 activistas y defensores de derechos humanos principalmente Afro-LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana, quienes fueron convocados por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

El punto de apertura de este segundo espacio de diálogo, moderado por Cristian King de TRANSSA, se focalizó en la situación de discriminación que la activista Afro-Trans Belén Zapata, perteneciente a la organización de Jóvenes Afro-peruanos Ashanti, vivió en el proceso de ingreso a la ciudad de Santo Domingo, en el aeropuerto las Américas.

La situación de discriminación que afrontó Belén podría resumirse diciendo que ella, tras superar los controles legales de migración, al disponerse a salir del aeropuerto, un funcionario sin identificarse retuvo su pasaporte sin razón para ello, obligándola a estar apoyada contra una pared por cerca de 40 minutos expuesta a las miradas de las personas que se movilizaban por el aeropuerto. Después de ello, junto con un grupo de 10 personas más (en su mayoría afrodescendientes), es conducida a diferentes controles y escaneos en los que es revisada repetidamente y se concluye que ella no porta drogas. Ante las preguntas de Belén sobre las razones de dicho procedimiento, no existe respuesta alguna, solo hasta que ella misma entiende que se trata de un control de drogas. En todo caso se le informa que el procedimiento es rutinario para los nuevos visitantes al país.

Toda la situación vivida por Belén, no supera más de una hora. La situación misma no deja ninguna consecuencia a nivel legal contra ella, no se ejerce ninguna violencia física y, además, los procedimientos aparentemente se justifican en un confuso argumento de control de drogas y procedimiento estándar de control a nuevos visitantes del país. ¿Los responsables? Tras un comunicado y un tweet realizado por Raza e Igualdad denunciando la situación, Aerodom  (el operador aeroportuario de República Dominicana) señaló que son una entidad privada y la responsabilidad le corresponde a otras entidades: ¿conclusión? Tampoco existe un ente específico que pueda responder a la situación.

En el marco del conversatorio, los y las participantes pudieron reflexionar sobre la naturalización de este tipo de violencias. Aunque sus efectos conllevan varias vulneraciones, tales como la violación al debido proceso, la restricción injustificada de la movilidad y el abuso arbitrario de la autoridad, vemos estas situaciones como menores porque no conllevan malos tratos físicos de alta gravedad. En ese sentido, nos enfrentamos a lo que podemos denominar “micro-violencias” que son naturalizadas por las víctimas, porque creen que no es grave o simplemente porque no existe expectativa de una respuesta frente a la denuncia de esta ante la autoridad.

En desarrollo de la conversación, se evidenció el valor de Belén al poner de presente esta situación, ya que algunas de las personas asistentes al evento, expresaron como han vivido situaciones análogas, ya sea por su raza o por su orientación sexual y/o identidad de género. Así mismo se señaló la gravedad de estos hechos, cuando la falta de identificación de los funcionarios y la arbitrariedad de los procedimientos, impide señalar responsabilidades específicas. De otra parte, se cuestionó la ausencia de estrategias articuladas de trabajo por parte de las entidades aeroportuarias en este caso, que como en otros, es la consecuencia de considerar que la respuesta a las situaciones de discriminación estructural, corresponde a otros y no a todos.

Otra situación ilustrativa fue narrada por una participante afro-trans que señaló las limitaciones al acceso a la salud que ella ha vivido como mujer trans. La participante narró una situación en la que fue objeto de burlas al solicitar atención a un urólogo por problemas asociados a su próstata. Por este simple hecho fue ridiculizada y se le negó inicialmente la entrega de resultados médicos a exámenes que ella se tomó, aunque finalmente los pudo obtener por su insistencia.

De nuevo, si bien hubo acceso a la atención médica y la situación se podría calificar como una simple cuestión de indebida atención al usuario, este tipo de violencias que parecieran “micro” tienen un impacto importante en la confianza con las instituciones médicas por parte de las personas trans y en este caso, afro-trans. Se trata de una situación en la que el servicio médico se vuelve tortuoso y se pone en riesgo la salud o incluso la vida misma cuándo la denegación de servicios lleva a que las personas por si solas dejen de buscar atención adecuada.

Estas dos sencillas reflexiones, en torno a las violencias de las mujeres afro-trans, si bien nos sacan de la discusiones clásicas en torno a graves violencias contra la población afro, trans y LGBTI, nos ponen de presente que muchas veces el germen de las graves violencias que estas poblaciones viven se haya en la cotidianidad, en la denegación de un servicio o en procedimientos irregulares que aunque no dejen una huella permanente, hacen que gota a gota, horaden la dignidad humana e integridad de las personas afro-trans.

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales.

Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

Organizaciones fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

Las Américas/ Europa, 16 de enero de 2019.- A 9 meses del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos son cada vez más difíciles de sostener y es continua la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente.

En este contexto, un grupo de organizaciones se unieron para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta es una articulación de organizaciones internacionales, con larga trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, que tendrán como objetivo monitorear de manera constante y coordinada la situación de derechos humanos y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Otra de las metas del Observatorio es, a partir del monitoreo de la situación en el país centroamericano, brindar recomendaciones a instituciones nacionales e internacionales con base en los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, en donde de acuerdo con la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

El Observatorio está formado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Este espacio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

 

Foto principal: Carlos Herrera-Confidencial/Cortesía

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

¿Por qué hablar de Afro – LGBTI? Líderes y lideresas se reunieron para reflexionar sobre los retos de esta intersección

Cali, Colombia – Diciembre 21 de 2018 – En alianza con organizaciones de Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominica; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) adelanta un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las personas afrodescendientes LGBTI.  En el marco de dicho proyecto, se llevó a cabo del 16 al 20 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cali (Colombia) el primer encuentro de las organizaciones partícipes del proyecto que dan inicio a esta estrategia de trabajo conjunta y articulada justamente por las aproximaciones a estas discusiones que las instituciones han tenido, ya sea por su trabajo con población afrodescendiente, por su trabajo con población LGBTI o porque el enfoque de su trabajo se centra en ambas temáticas.

El espacio del taller se dinamizó con la participación de representantes de diferentes  países de la región entre quienes se pueden distinguir El Instituto Trans-formar y la Red Nacional de Negros y Negras LGBT de Brasil, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Fundación Afro-colombiana Arco iris de Tumaco y la Fundación Somos Identidad de Colombia,  la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, y finalmente la organización Transsa Siempre Amigas de República Dominica.  Durante un primer momento del taller las organizaciones tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir un espacios de diálogo y discusión acerca de la necesidad de este enfoque específico de interseccionalidad en el análisis de las violencias de Derechos Humanos de la población LGBTI en América Latina y el Caribe.

Durante tres días de trabajo las organizaciones discutieron elementos básicos para la construcción de un informe Regional Latinoamericano sobre la situación de violencia contra la población Afro-LGBTI, su pertinencia, alcance y las necesidades más apremiantes que deben reflejarse en dicho documento. Discusiones teóricas en torno a su contenido y las complejidades inherentes a las definiciones raciales o encasillamientos bajo categorías específicas, fueron parte del taller de trabajo que busca complejizar las discusiones en torno a las intersecciones de raza y diversidad sexual enmarcado en un análisis de los derechos humanos.

Para un segundo momento de dicho encuentro, se abrió un espacio de conversación que posibilitó un diálogo de saberes y experiencias entre organizaciones LGBTI que hacen parte del denominado Sur Global. Durante este espacio los y las participantes pudieron compartir experiencias de trabajo con representantes de organizaciones sociales colombianas como la Red Comunitaria Trans,  proceso comunitario de la ciudad de Bogotá del que hace parte Katalina Ángel Ortíz, activista trans que trabaja, entre otras cosas, por el reconocimiento y defensa de los derechos de personas LGBTI privadas de libertad, como parte de una estrategia de trabajo de base social con mujeres trans que realizan trabajo sexual en una de las zonas de tolerancia de la capital colombiana.

Así mismo, el espacio permitió que Alexander Pérez, docente e investigador de la organización Caribe Afirmativo compartiera su experiencia de trabajo alrededor de la investigación del informe “Enterezas” un documento que da cuenta de la situación de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano.  Caribe Afirmativo  cuenta con un amplio trabajo en el caribe colombiano y Latino Americano en la defensa de derechos de las personas LGBTI.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2018, los y las asistentes del taller, tuvieron la oportunidad de contar con un espacio abierto al público en la ciudad de Cali en torno a la reflexión ¿“Por qué hablar de Afro-LGBTI? Dicho conversatorio se propuso como un espacio de reflexión que posibilitara el intercambio de experiencias entre los activistas de la región y activistas de la ciudad. Dicho encuentro fue un punto de inflexión para los y las participantes, pues la discusión se abrió con valiosos cuestionamientos en torno a la necesidad de mayor participación de personas afro-trans y preguntas sobre el por qué de la participación de personas “blanco-mestizas” en dicho tipo de discusiones.

Estas preguntas, tensiones y discusiones, hacen parte del inicio de un proceso de aproximación a la intersección entre racialidad y diversidad sexual.  Se trató de un primer espacio de análisis y debate, que se seguirá replicando en próximos eventos y fortaleciéndose con la participación de la sociedad civil.

Raza e Igualdad en conjunto con las organizaciones parte de este proyecto seguirá trabajando en el fortalecimiento de la sociedad civil afro-LGBTI con estrategias de impacto en el ámbito interamericano. En el marco de este proyecto, se adelantará en el mes de febrero de 2019 el segundo encuentro de trabajo sobre el uso del Sistema Interamericano y la solicitud de Medidas Cautelares de protección para la población afro-LGBTI que se adelantará en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana.  

Misiones de la CIDH en Nicaragua fueron expulsadas por el Gobierno

Washington, D.C. 20 de diciembre de 2018. Las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): MESENI y GIEI,  que se encontraban trabajando en Nicaragua con el objetivo de monitorear las violaciones de derechos humanos y coadyuvar a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre abril y mayo tras el inicio de las protestas ciudadanas, fueron conminadas el día de ayer, por el Gobierno de Nicaragua a abandonar el país de forma inmediata.

La expulsión del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país el 24 de junio, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que inició labores el 2 de julio, ambos en cumplimiento de recomendaciones presentadas por la CIDH en su Informe Graves Violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, ocurre un día antes de que el GIEI presentara un informe sobre sus seis meses de trabajo, y al cumplirse ocho meses del inicio de la crisis de derechos humanos que provocó la brutal represión gubernamental a protestas ciudadanas, cuyo saldo se calcula en al menos 325 muertos, más de 2,000 heridos y alrededor de 565 presos políticos.

En el caso de la CIDH y del MESENI, el Gobierno determinó suspender termporalmente su presencia y visitas en el país. Y en el caso del GIEI, el Gobierno alegó la expiración del plazo, objetivos y mision, dando por concluido su mandato para la visita y permanencia del GIEI en el país.

La resolución del Gobierno impide también que relatores especiales y funcionarios de la CIDH realicen una serie de visitas que ya estaban programadas para realizarse en el primer trimestre de 2019.

“El perjuicio más importante (de la expulsión) es hacia las víctimas y sus familiares, porque el valor principal de nuestro trabajo es poder acercar las víctimas a la verdad, a la justicia, ese es nuestro pesar más profundo”, dijo en conferencia de prensa la Coordinadora del Meseni, Ana María Tello, momentos después de conocer la decisión de las autoridades.

Un informe del Meseni publicado el mismo miércoles por la mañana, advertía sobre “la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal” caracterizada, entre otras cosas,  por el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y la expulsión arbitraria ―o amenaza de expulsión― de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

Meses antes, el 31 de agosto, el Gobierno expulsó del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dos días antes había presentado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en el contexto de las protestas.

Las razones

Miembros del Meseni y los cuatro expertos del GIEI (Sofia Macher, Claudia Paz y Paz, Amérigo Incalcaterra y Pablo Parenti) asistieron el miércoles por la tarde a una cita con el Canciller Denis Moncada, en la que este les comunicó la unilateral decisión gubernamental.

La nota que Moncada leyó a los funcionarios de la CIDH, publicada posteriormente por medios oficialistas, justifica la medida asegurando que estos no cumplieron con sus objetivos y que “la CIDH, MESENI, GIEI y OACNUDH se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”. Además, señala que los integrantes del GIEI no respondieron a una contrapropuesta del Gobierno sobre su “Protocolo de Actuación” y que por lo tanto, realizaron “una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo” y las leyes nacionales.

Incalcaterra explicó posteriormente que el incumplimiento respecto al protocolo que alega el Canciller Moncada “es falso” porque todas las comunicaciones estatales fueron respondidas por los expertos. “(Las autoridades) no han exigido al GIEI un comportamiento distinto o que se hiciera de tal o cual manera el trabajo”, alegó, denunciando más bien que nunca tuvieron acceso a expedientes judiciales, a información oficial que les permitiera cumplir plenamente su mandato o a audiencias judiciales, a pesar de que estas últimas son públicas.

“Los motivos que nos han dado no nos satisfacen de ninguna manera, pensamos que son argumentos que han sido construidos para, en el caso concreto del GIEI, evitar la presentación del informe de las actividades que iba a ser mañana”, agregó el experto, quien no dio detalles del informe porque las autoridades le “sugirieron” no presentarlo en Nicaragua.

Tello, del Meseni, también explicó a periodistas locales que su misión envió más de 70 notas diplomáticas al Gobierno para solicitar información o reuniones con autoridades, pero ninguna fue respondida. “Nunca hubo presiones del Gobierno porque no tuvimos diálogo con él”, aseguró.

Continuarán monitoreando

El trabajo de la CIDH en Nicaragua en el contexto de la crisis actual inició con una visita “in loco” realizada entre el 17 y el 21 de mayo, la cual tuvo como resultado un informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Desde entonces, el Meseni ha elaborado decena de informes semanales sobre sus labores de monitoreo, han gestionado medidas cautelares para más de cien personas y distintos relatores especiales de ese organismo regional de derechos humanos han visitado el país. Además, el Secretario General de la CIDH, Paulo Abraõ, ha expuesto la situación de Nicaragua en diversos espacios, como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha admitido la realización de cuatro audiencias públicas sobre Nicaragua en el marco de su 170 Período de Sesiones, la última de las cuales fue el pasado 6 de diciembre.

Ana María Tello destacó que ni la CIDH ni el Meseni dejarán de monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, aunque ahora lo tendrán que hacer desde Washington D.C., Estados Unidos. Los miembros del GIEI, por su parte, anunciaron que publicarán su informe en los próximos días desde otra locación.

“La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”, señala un comunicado de esa Comisión.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza absolutamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta arbitraria decisión del Estado de Nicaragua no sólo transgrede los acuerdos establecidos con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto que deja en entredicho la disposición del Estado de Nicaragua a retomar un diálogo pacífico que posibilite la construcción de acuerdos colectivos y participativos, sino que fomenta el estado de desprotección de las y los nicaragüenses en un momento de recrudecimiento de la violencia, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos en general disidentes de las lógicas dictatoriales del régimen.

Con preocupación observamos una clara voluntad del Estado de imponer un estado de terror en el país que violenta los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Hacemos un urgente llamado a toda la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de crisis en Nicaragua y seguir demandando la  protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Como organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la denuncia y lucha de todos los actos que menoscaban la posibilidad de construir democracia, justicia y libertad en Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO Continúan agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Washington D.C., 14 de diciembre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente los violentos allanamientos ilegales cometidos a partir de la madrugada de este viernes por la Policía de Nicaragua a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Fundación Popol Na, Fundación del Río, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), todas estas  organizaciones a las cuales la Asamblea Nacional les había cancelado su personalidad jurídica de forma arbitraria. Asimismo, Raza e Igualdad repudia el allanamiento realizado al medio de comunicación digital Confidencial, en donde también funcionan los estudios de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana y la ocupación ilegal de sus equipos de trabajo.

Las organizaciones denunciaron que para ingresar, los agentes de la Policía abusaron de su autoridad, agredieron físicamente a vigilantes, rompieron puertas, destrozaron mobiliario e incautaron ilegalmente documentos, equipos de trabajo, computadoras e incluso vehículos.

Ante este hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense, expresamos nuestro repudio a la arbitrariedad e impunidad con la que actúan las autoridades nicaragüenses dispuestas a violar las libertades fundamentales de asociación y reunión pacífica de los defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y activistas disidentes, para servir a los fines de la dictadura Ortega Murillo. Tal proceder confirma una abrupta reducción y restricción de los espacios de participación democrática y los derechos políticos de los grupos que han decidido reclamar por justicia y paz en Nicaragua.

Así mismo, declaramos que los allanamientos ilegales realizados por la Policía no sólo transgreden el derecho a la propiedad e intimidad de las y los defensores directamente implicados y persistentemente agredidos, criminalizados y perseguidos, sino que son una contundente expresión del totalitarismo y política de miedo que el Estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo han instalado en el país centroamericano.

Demandamos al gobierno de Ortega restablecer la personalidad jurídica de las asociaciones antes mencionadas y regresar los bienes sustraídos.

Estos hechos son evidencia del estado de represión y crisis de derechos humanos que enfrenta el pueblo de Nicaragua, por tal razón, urgimos a la  comunidad internacional pronunciarse ante estos actos que transgreden el bienestar de todo ser humano, coartan la participación e imposibilitan la construcción de sociedades democráticas que buscan alcanzar el bienestar, la justicia y la paz.

Organizaciones de derechos humanos condenamos acciones estatales para dejar en indefensión a población nicaragüense

Washington, D.C. 13 de diciembre de 2018. El día de ayer, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una solicitud por parte del gobierno de Daniel Ortega en la cual se cancela la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la organización Hagamos Democracia. Hoy, 13 de diciembre, fueron canceladas las personerías de 5 organizaciones más: Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

Esta acción se suma a otros decretos que fueron aprobados en días pasados para cancelar la personería de la organización Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Para justificar estas decisiones, la Asamblea Nacional argumenta falta de requisitos administrativos, así como la presunta participación en actos golpistas. En la realidad, todas las organizaciones afectadas tienen una amplia trayectoria en la defensa de la democracia, la justicia y de los derechos humanos.

La actuación contra el CENIDH reviste particular preocupación por su rol como defensores históricos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en un país sin institucionalidad capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales. En este sentido, las actuaciones estatales no solo impactan a las organizaciones, sino que dejan en indefensión a miles de personas.

Hasta la fecha, 325 personas han sido asesinadas por causa de la represión, 24 de ellas niños y niñas. Además, se documentan más de 603 presos y presas políticos (40 de ellas mujeres), 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo; más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica; y, 417 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. Con respecto a la libertad de expresión, tan solo en los últimos dos meses se acumulan 56 de esas violaciones que van desde la intimidación hasta las agresiones directas contra periodistas.

Estas cifras demuestran que la situación se agrava día con día y amenaza con desestabilizar aún más a toda la región centroamericana.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad ante los y las colegas defensoras de derechos humanos en Nicaragua y les decimos que acompañamos su lucha. No están solos.

Asimismo, condenamos de manera enérgica esta arbitrariedad que solo demuestra el cierre absoluto de espacios democráticos en este país. Finalmente, hacemos los siguientes llamados:

1.    A la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque de manera inmediata al Consejo Permanente y emitan una resolución que condene estos hechos, así como realice todas las acciones posibles para que Nicaragua cese en sus actos represivos.

2.    Al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se envíe una delegación de alto nivel a Nicaragua y se ofrezcan sus buenos oficios a efectos de generar vías que permitan una pronta salida a esta crisis

3.    Al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Unión Europea, y demás países que conforman la comunidad internacional para que se pronuncien condenando los hechos descritos y tomen todas las acciones necesarias para apoyar a las personas defensoras en este país, así como para exhortar a las autoridades a rectificar sus actuaciones.

4.    A todas las personas, organizaciones, y movimientos sociales que creen en la democracia y en la justicia para que levanten sus voces y expresen solidaridad ante el pueblo nicaragüense.

Organizaciones firmantes:

Argentina:
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Ningunas Santas, mujeres por la perspectiva de género

Brasil:
Instituto de Estudos da Religião (ISER)
Conectas Direitos Humanos

Bolivia:
Oficina Jurídica para la Mujer

Colombia:
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar)
Grupo Interdisciplinario (GIDH)
Sisma Mujer

Costa Rica:
Asociación Ciudadana ACCEDER
Asociación MANU
Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos)
Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina)
Colectivo Furia Rosa / Peras del Olmo
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectivo Transcendentes
Costa Rica Afro
Mujeres en Acción
Observatorio Ético Caribe y América Central (OBETICA)

Ecuador:
Acción Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial
Fundación Pachamama
Terra Mater

España:
Observatorio Ético Internacional (OBETI)

Estados Unidos:
Washington Office on Latin America (WOLA)
Peace and Hope International
American Jewish World Service

Guatemala:
Centro para la Defensa Legal Indígena
Condena total
Convergencia por los Derechos Humanos:
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
CPR-Sierra
Fundación Myrna Mack
Fundación para la Juventud (FUNDAJU)
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Honduras:
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)

Inglaterra:
#SOSNicaragua

México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Colectivo de Mujeres (COLEM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS)

Paraguay:
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri)

Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos
CLADEM
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus)
Movimiento Manuela Ramos
Paz y Esperanza
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos

Suiza:
Plataforma Internacional Contra la Impunidad

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:
Acción Solidaria
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Regionales:
Asociación Interamericana para la defensa del  Ambiente (AIDA)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Ciudadano Inteligente
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los derechos Humanos de las Mujeres
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Hivos
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights
Nexos, Programa Centroamericano de Derechos Humanos
Synergía – Initiatives for Human Rights
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales

Globales:
Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS)
International Service for Human Rights (ISHR)
Robert F. Kennedy Human Rights
Oxfam International

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos