Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

«Enterezas» el informe de Caribe Afirmativo que reconoce las voces de mujeres trans, lesbianas y bisexuales

Washington, D.C. 24 de octubre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) saluda a Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil colombiana, por el lanzamiento de su informe, “Enterezas”. El informe es producto de un trabajo intensivo que refleja las voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano, La República Dominicana y Honduras y se proponen estrategias para mejorar la respuesta frente a la violencia que se gesta contra ellas.

El documento fue presentado durante un congreso en Barranquilla los días 22 al 24 de octubre donde participaron mujeres lesbianas, bisexuales y trans de los ocho departamentos del Caribe colombiano. Las mujeres, que representaban varias organizaciones de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y crear alianzas entre ellas. También, hubo un intercambio de saberes entre varios representantes de organizaciones colombianas e internacionales que abogan por los derechos de las personas LGBTI, entre ellos Raza e Igualdad, PROMSEX de Perú y Aireana de Paraguay. Así mismo, una representante de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó en el Congreso, además de la activista mexicana Amaranta Gómez.

La violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales ha sido poco documentada y entendida, por tanto, los actos que atentan contra los derechos, vida e integridad, tanto de ellas, como las ejecutadas contra mujeres trans, queda con frecuencia en impunidad. El informe de Caribe Afirmativo es un paso significativo para ayudar a estas mujeres a acceder a la justicia y hacer público todo tipo de violencias que se gesten contra ellas.

Raza e Igualdad rechaza enfáticamente la violencia por perjuicio contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y reitera su compromiso para acompañar los procesos por la defensa y reconocimiento de sus derechos.

Más información sobre la publicación: http://caribeafirmativo.lgbt/2018/10/22/mujeres-lbt-del-caribe-se-reunen-encuentro-regional-enterezas/

COMUNICADO PÚBLICO: Raza e Igualdad, Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans solicita la pronta y efectiva investigación del trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez en República Dominicana

Washington, D.C. 17 de octubre de 2018 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresa su preocupación por los graves hechos denunciados por las organizaciones Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) con relación al trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez quien era conocida como “Haitianita” (en registro público como Richard Félix Sanchez), una mujer trans, afrodescendiente, trabajadora sexual de 30 años de nacionalidad haitiana.

Según las denuncias realizadas por las organizaciones locales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre del presente año en el municipio de Verón, Punta Cana, donde Marisa se desempeñaba como trabajadora sexual desde el año 2015 en la Avenida Barceló de Verón, lugar donde, al parecer, fue realizado el levantamiento del cadáver. Trabajadoras sexuales, compañeras de la víctima, aseguraron verla salir con un cliente de t-shirt color rojo, en motocicleta, y también señalaron haber visto a la misma persona regresar al área con el cadáver de Marisa. En imágenes que han circulado se puede ver el cuerpo de Marisa ensangrentado, con una profunda herida en el área craneal y con evidentes señales de violencia.

Asimismo, según información que ha circulado por redes sociales, se indica que las autoridades policiales que acudieron al área encontraron un preservativo (condón), lo que hace presumir que los hechos pudieron estar precedidos por violencia sexual.

Raza e Igualdad, en conjunto con TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans consideran que los hechos denunciados se relacionan con un crimen por prejuicio, específicamente un trans-feminicidio por motivos relacionados con la identidad de género femenina de la víctima. De igual forma, notamos con preocupación que este hecho se enmarca en un grave contexto de violencia física, sexual y asesinatos de mujeres trans que han sido denunciados por organizaciones como TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans.

Raza e Igualdad hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma pronta y efectiva la investigación de estos hechos, pues por el contexto de violencia física y sexual, puede tratarse de un trans-feminicidio, ello a pesar de las limitaciones legales de República Dominicana, que no ha reconocido el delito de feminicidio, ni la identidad de género de las mujeres trans como elementos de análisis jurídico penal.

Ante las mencionadas limitaciones legales y en aras de evitar la impunidad, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado para que en todo caso se valoren los factores diferenciales de identidad de género, raza, vulnerabilidad del trabajo sexual y la nacionalidad de la víctima para que se analice la mejor aplicación de los artículos sobre homicidio (art. 295 CP) o asesinato (art. 296 CP) a partir del contexto que se derive de los hechos y si en ellos pudo mediar premeditación (art. 297 CP) o acechanza (art. 298 CP). Así mismo, se tenga presente que de los hechos relatados se puede inferir que medió violencia sexual ya sea por el delito de violación (art. 331 CP) o agresión sexual (art. 333 CP) en los términos del Código Penal.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con la organización TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans extendemos un llamado a la Procuraduría General de la República, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género, intrafamiliar y Delitos Sexuales de Verón, Punta Cana y a su Fiscal titular, a que investiguen los hechos señalados, atendiendo a  los múltiples elementos diferenciales que rodearon la muerte de la víctima. Asimismo, extendemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus Relatorías sobre los Derechos de las Personas LGBTI, Mujeres y Personas Afrodescendientes, y a la oficina de Naciones Unidas República Dominicana y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que monitoreen la situación y se sumen al seguimiento de este caso.

Finalmente, solicitamos se agoten todos los procedimientos para que su muerte no quede impune, pues es preciso que el Estado Dominicano envíe un mensaje claro de cero tolerancias a la violencia contra mujeres trans como parte del Plan Nacional Contra La Violencia de Género, el cual fue puesto en marcha el pasado 8 de noviembre del 2017.

#NIUNAMENOSRD

Diplomáticos cubanos boicotean lanzamiento de la campaña ¿Presos para qué? en la Cámara de las Naciones Unidas

Boicot de diplomáticos cubanos en la Cámara de las Naciones Unidas es clara evidencia de la represión a la libertad de expresión presente en el país

Nueva York. Octubre 16 de 2018. Delegación cubana boicotea lanzamiento de la campaña “JailedForWhat?” – “¿Presos, Por Qué?” organizado por La Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado del mismo país.  Durante el espacio que se llevó a cabo en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York un numeroso grupo afín al régimen cubano irrumpió desde inicio de la actividad golpeando mesas, “zapateando” y gritando consignas como “Cuba SI, bloqueo No” y “Fuera de la ONU”.  Aunque el ruido impidió que los altavoces se escucharan correctamente en la cámara, la interrupción no impidió que se escuchara su mensaje.

 

 

El evento tenía por objetivo presentar la situación de derechos humanos de los presos políticos en Cuba, además de precisar sobre los sistemáticos actos represivos utilizados por el gobierno nacional para silenciar a las voces disidentes.  La Embajadora Kelley E. Currie, Representante de los Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pronunció un discurso de apertura sobre los gritos de los funcionarios cubanos, señalando que «los presos políticos de Cuba son un signo claro e inequívoco de la naturaleza represiva del régimen. El encarcelamiento representa una flagrante afrenta a las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Por su parte, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a pesar de los disturbios ocasionados por el grupo de oficiales cubanos, denunció el encarcelamiento por razones políticas y injustificadas de personas que se atreven a expresar opiniones contrarias a las políticas del gobierno.

Además, señaló que la represión no sólo es manifiesta hacía los ciudadanos dentro del país, sino que exporta su experiencia represiva a toda Latinoamérica, refiriéndose a los casos de Nicaragua y Venezuela, países que bajo injerencia y respaldo cubano han desmantelado progresivamente la democracia del país para sistemáticamente convertirlos en estados de excepción. Así mismo, Almagro señaló que los activistas son encarcelados como medidas tomadas por el gobierno cubano para evitar que la difícil situación de los presos políticos sea conocida por el mundo; intervención que terminó señalando que América Latina está pagando el precio por no atender oportunamente estas situaciones que ponen en riesgo la vida, integridad y derechos de la humanidad.

Por su parte, el Embajador Michael Kozak de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; agradeció con sarcasmo a los manifestantes por dar muestra explícita de lo que es el respeto por la libertad de expresión y opinión en la isla, e invitó a los espectadores a dimensionar la preocupante situación de violencia en la que se encuentran miles de cubanas y cubanos oprimidos por lógicas como las evidenciadas en la cámara de las Naciones Unidas. “Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas ¿Pueden imaginarse lo que sucede entonces con esos ciudadanos que hacen uso de su derecho a expresarse con libertad en Cuba?” señaló el Embajador.

Contrario al propósito de los manifestantes, el evento pudo concluirse con las intervenciones de Carlos Quesada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quien advirtió durante su intervención que el gobierno utiliza varios aspectos de su legislación doméstica para criminalizar a los defensores de derechos, periodistas y cualquier persona que exprese una opinión en contra del gobierno, así como señaló que Cuba debe respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión y liberar a los 139 presos políticos hoy víctimas de funestas condiciones, sometidos a largas jornadas labores y castigos que violentan los derechos fundamentales.

Alejandro González ex preso – político del gobierno Cubano describió la experiencia vivida durante su tiempo de detención e hizo un llamado a solidarizarse con los presos políticos que siguen bajo el régimen; así mismo, indicó la necesidad de trascender en esta voluntad para instar al gobierno cubano permitir la entrada al país de organizaciones de derechos humanos internacionales que monitoreen la delicada situación.  Finalmente, Miriam Cardet Concepción, hermana del prisionero político Dr. Eduardo Cardet Concepción, presentó comentarios a través de un video. No pudo hablar en el evento en persona porque el gobierno cubano no la dejó salir de la isla.

Rechazamos rotundamente los hechos de intolerancia presentados el día de hoy en la sede de las Naciones Unidas y condenamos enérgicamente las constantes violaciones a los derechos de libertad de expresión, prensa, circulación y protesta social a la que son sometidos las y los cubanos, especialmente, activistas, periodistas, defensoras y defensores de Derechos Humanos.  Así mismo, demandamos al Estado cubano liberar a los 139 presos políticos hoy víctimas de múltiples agresiones que degradan y atentan con la integridad de la persona.  Insistimos en la fehaciente necesidad de que Cuba reforme el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal para eliminar la criminalización de la expresión y asegurar que el derecho al debido proceso de todos las y los cubanos sea respetado.

Instamos a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos por la defensa y reconocimiento de los derechos de todo el pueblo cubano. Ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de cada ciudadano y ciudadana en Cuba y nuestra voluntad por continuar luchando por la liberación de todos los presos políticos del régimen.

Vea aquí transmisión en vivo del evento: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/jailed-for-what-plight-of-cubas-political-prisoners-meeting-called-by-the-united-states/5849574028001

Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Boulder, Colorado. 2 de Octubre de 2018.  Periodistas y defensores de derechos humanos participaron el pasado 2 de octubre en el 169º Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contexto de las protestas sociales.

Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua se encuentra inmersa en una grave crisis de derechos humanos. Hasta la fecha la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social, ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas por medio de un decreto policial emitido el pasado 28 de septiembre. Dicho decreto responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a la policía y a particulares, y además prohibe las manifestaciones públicas y amenaza con procesar judicialmente a quienes las convoquen y participen en ellas; lo que quiere decir, una política de terror para sumar a la desproporcionada cifra de presos políticos del gobierno nacional.

Durante la audiencia pública defensores de derechos humanos y periodistas describieron la evolución de la crisis en Nicaragua, que ha estado atravesada, como se ha mencionado en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por distintas etapas represivas  y niveles de intensidad que obedecen a prácticas violentas contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Adicionalmente, se expuso las graves violaciones a la libertad de expresión y libertad prensa, sometidas en el último tiempo a agresiones, intimidación, ataques, robos, persecución y censura.

Según el reporte ofrecido por Marco Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los grupos paramilitares y para-policiales continúan operando en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, quienes además son responsables de más de 320 asesinatos en el país, dentro de los cuales se encuentran 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. En su discurso, Carmona advirtió que más de 3000 personas han resultado heridas y 1500 han sido detenidas arbitrariamente, de las cuales un 90% han sido torturadas con prácticas violentas como golpes, choques eléctricos, extracción de uñas, violencias sexuales, entre otras. “De las 603 personas que todavía continúan detenidas, sólo 203 han sido puestas a orden de un juez acusadas por delitos graves como terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado, a quienes también se le ha violado el derecho a un debido proceso” señaló el representante nicaragüense.

Por otra parte, Carmona indicó que las represalias contras las organizaciones no cesan, por lo que promotores, que incluso gozan de medidas cautelares, se han visto obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas, lo que confirma un estado de indefensión del pueblo y un recrudecimiento de la violencia por los llamados a “mantener el orden público” quienes por orden del jefe de estado están arremetiendo contra quienes tan sólo portan banderas o globos azules y blancos, colores insignia de la bandera nicaragüense.

En su intervención, Patricia Orozco, representante de la radio independiente Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y de prensa, legítimo derecho de los periodistas, es un delito para el régimen de Ortega por el hecho de no estar alienados con las políticas dictatoriales de su gobierno. “Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno. Menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales, y paramilitares, por informar lo que sucede” testificó la periodista.

En relación a lo planteado, Joel Hernández, comisionado encargado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad lamentó la ausencia del estado nicaragüense, y su falta de voluntad política para tramitar un diálogo y  la crisis hoy latente en el país.  Además planteó con mucha preocupación que el asedio hacía medios de comunicación y/o periodistas independientes puede constituirse como una cuarta etapa de represión del gobierno de turno, después de las ya denunciadas por la misma Comisión en relación al asesinato, intimidación, señalamiento y amenazas por parte del régimen.

En adición, el Comisionado Hernández, declaró que producto de la visita recientemente realizada al país, de la cuál no recibió respuesta del gobierno nacional, pudo identificar un patrón regular, hallado en los testimonios de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil.  Este patrón está relacionado con los procesos penales, condiciones de internación y centros penitenciarios que enfrentan los presos políticos del régimen. El Comisionado advirtió, que el poder judicial debe ejercer un mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la “alteración del orden constitucional”, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo; acusación utilizada frecuentemente como argumento de enjuiciamientos y sentencia hacía los presos políticos.

En este sentido, Paulo Abrão, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteó con preocupación que se está avizorando en el país una situación muy grave relacionada con la normalización o normatización del conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho.  Según lo planteado por el representante, es necesario estar muy pendientes, pues todo parece apuntar a una intención de transformación de un estado de derecho a un estado de excepción. Así mismo, Abrão señaló que la forma de resolver  la normalización de la excepción, sería respetando la independencia judicial, a través de las denuncias de los jueces por las injerencias y abusos de poder por parte de la policía al no permitir detenciones arbitrarias, lo que a la fecha no está sucediendo.

Sergio León, director de la «La Costenísima» se declaró víctima de constantes amenazas por su labor, alegando que ser periodista hoy representa un gran peligro en el país, especialmente en el Caribe, zona donde fue asesinado el periodista Ángel Gahona, delito por el cual fueron procesados y condenados dos jóvenes afrodescendientes bajo un proceso judicial inconsistente.  En este sentido, Edison Lanza Relator  Especial para la Libertad de Expresión señaló: “La persecución se intensifica pues hay una intención del estado de falsear la realidad a través de una narrativa que no corresponda al contexto nacional para así encubrir un ejercicio de terror”

La Comisionada y Relatora para el Estado de Nicaragua de la Comisión IDH, Antonia Urrejola, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a no tomar represalias contra las personas partícipes en la audiencia, por lo que instó velar por su protección.

Representantes de la sociedad civil presentes en la audiencia pública solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Además, pidieron que la CIDH inste al gobierno a cesar de inmediato la represión contra el pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social.  Así mismo, se solicitó instar al gobierno cesar el acoso, intimidación, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales.  Por otra parte,  se solicitó  al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos, otorgar oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos y finalmente, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares.

Vea audiencia completa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=XECN6lLBEUU&t=2063s 

Líderes y lideresas cubanas denuncian actos de criminalización del Estado Cubano en el 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Boulder, Colorado. 1 de Octubre de 2018.  Periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos cubanos participaron del 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado 1 de octubre.  Durante el espacio víctimas de violencia, represión, criminalización y hostigamiento describieron ante comisionados de la CIDH las prácticas utilizadas por el estado cubano para silenciar sus voces de denuncia.

Según cifras ofrecidas por organizaciones sociales en Cuba, aproximadamente 1.633 casos de detención arbitraria se han registrado hasta el mes de agosto del año en curso, de los cuales un 1.129 actos de detención bajo uso desmedido de la fuerza fue contra mujeres y 504 contra hombres. El gobierno continua usando tácticas represivas, como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje e intimidación.

 

Durante la Audiencia Pública activistas cubanos denunciaron que las autoridades cubanas, amparados por el Código Penal y el Código Procedimental Penal, tiene poder de sancionar a opositores sin necesidad dar suficientes justificaciones, lo que quiere decir, que en la mayoría de ocasiones las detenciones se dan sin órdenes judiciales que argumenten legalmente las razones de dichas detenciones. En adición, se denunció que muchas de las figuras de los delitos en el Código Penal son ampliamente definidas, por lo que permiten interpretaciones múltiples, que, para este caso, son utilizadas para desfavorecer la libertad de expresión y/o opinión no alienadas con el gobierno.

Aunque en repetidas ocasiones las y los activistas han tenido oportunidad de denunciar las agresiones, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias e intimidación a la sociedad civil por parte del Estado Cubano ante organismo internacionales, la situación sigue vigente en la isla y se incrementa; como es el caso de la organización Damas de Blanco, grupo de mujeres altamente criminalizadas y agredidas por su participación en espacios de protesta por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles del país. Frente a esta situación, el comisionado Joel Hernández, relator encargado para las Personas Privadas de Libertad, aplaudió la valentía de los exponentes además de mencionar que las condiciones en las que se encuentran presos políticos en Cuba violentan indiscriminadamente los derechos humanos básicos de cualquier individuo.   Actualmente son cinco Damas de Blanco las que se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento, anunció Blanca Reyes representante de las Damas de Blanco y una de sus fundadoras.

 

 

Por su parte, Pablo Díaz, director del medio de comunicación independiente Diario de Cuba denunció la represión hacía medios de comunicación, que según considera, se ha incrementado debido a los procesos de coyuntura nacional relacionados con espacios de transformación, como el traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel y la reforma constitucional; y de la sensible exposición o atención de la comunidad internacional hacía el país como la Cumbre de las Americas y el Examen Periódico Universal (EPU); razón por la cual, las denuncias anunciadas por medios de comunicación independientes resultan desestabilizar el “orden nacional” que el régimen intenta mantener.  Así mismo, el representante del periódico cubano, anunció que los nuevos patrones en la represión a periodistas, con respecto a períodos anteriores, responden al afán de no dejar “huella jurídica”, lo que quiere decir que se abordan procedimientos judiciales ilegales que permitan acallar voces y que a su vez no provoquen la pérdida de crédito internacional: “una represión que a menudo viola incluso las propias normas ya de por sí abusivas del régimen”, señaló Díaz.   En el video a continuación periodistas ejemplifican diferentes violaciones sufridas por autoridades por el hecho de ejercer un periodismo no alienado con las lógicas del gobierno nacional.

 

 

En su intervención la comisionada Esmeralda Arosemena lamentó la ausencia del Estado Cubano, parte importante en el proceso de reconocimiento del estado de derechos de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; pues hasta la fecha, las declaraciones ofrecidas por representantes del estado Cubano en otros espacios, se ha considerado quienes están en contra de las lógicas del régimen como “mercenarios” de fuerzas extranjeras que intentan corromper las dinámicas socio-políticas del país, por tanto, sus actuaciones están, según el código penal del país, al margen de la ley.  Así mismo, la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Cuba indagó a la audiencia sobre las posibilidades de nuevos escenarios de cara al proceso de reforma electoral y constitucional, aspecto frente al cual el director de Diario de Cuba advirtió: “No vemos una luz a la salida del túnel, pues lo que está teniendo lugar es un traspaso de poder a dedo, por esto nuestra opinión no es más que un traje a la medida para condicionar o amoldar a sus intereses».   Finalmente, El relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza admiró la labor periodística que realizan los medios independientes en Cuba a pesar del bloqueo del estado a medios independientes y manifestó interés en poder realizar un reporte detallado de la situación de libertad de expresión en la isla, pues hasta la fecha por las condiciones gubernamentales esto no ha sido posible.

Entre las recomendaciones propuestas por el grupo de representantes cubanos presentes en la Audiencia se solicitó a la Comisión Interamericana de derechos instar al estado cubano garantizar la libre circulación quienes pretendan salir de la isla, además de solicitar al gobierno permitir al libre acceso a internet a los ciudadanos de la isla y levantar el bloqueo a los medios independientes; así mismo, se solicitó a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de pronuncie sobre los presos políticos en Cuba y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres lo haga sobre las Damas de Blanco. Por otra parte, las y los peticionarios instaron a la Comisión adoptar el término “criminalización del ejercicio periodístico” para denominar las represiones bajo las cuales el gobierno cubano obstaculiza las labores de informadores; y finalmente, se solicitó que la comisión en colaboración con activistas cubanos diseñe estrategias para incidir efectivamente para que Cuba haga parte del Sistema Interamericano.

Vea el video de la audiencia pública completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uNkdElQwPNM&feature=youtu.be 

Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. “Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

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