Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Washington, D.C. 12 de diciembre, 2018. El Gobierno de Nicaragua escaló en las últimas dos semanas la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos en el país y utilizó a la mayoría parlamentaria del FSLN, partido de gobierno, para cancelar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el país, siendo las últimas dos: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Hagamos Democracia.

Se trata de “una decisión de eliminar todo aquello que se opone, que critica la perversidad de la represión que están impulsando” las autoridades, dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, tras conocer la decisión de la Asamblea Nacional (AN), aunque aseguró que el “compromiso de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, no lo disuelve una ilegal y arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia”.

El pasado 29 de noviembre, la AN canceló la personalidad jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), luego de que las autoridades migratorias despojaran de su nacionalidad nicaragüense a su directora, la defensora de derechos humanos y feminista, Ana Quirós Víquez y la deportaran a Costa Rica. Posteriormente, el 11 de diciembre  le fue cancelada la personalidad jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento dirigido por el académico y activista Félix Maradiaga, quien debió autoexiliarse en Estados Unidos por la criminalización a la que se vio expuesto.

A las cuatro organizaciones, las cuales han tenido un rol aún más determinante durante los últimos ocho meses de crisis sociopolítica y de derechos humanos, se les acusa de forma infundada de haber cometido actos ilícitos, haber violentado el orden público y haber realizado actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. Sin embargo, las autoridades incurrieron en arbitrariedades tales como procesos secretos, expeditos y no permitieron que los representantes legales de dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

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“Hay CENIDH para rato”

El CENIDH nació en 1990 como un centro por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Nicaragua y dos años después obtuvo su personería jurídica. Hoy, 12 de diciembre por la mañana, a solicitud del director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, la Asamblea Nacional recibió con trámite de urgencia la propuesta para cancelar la personería jurídica de esta organización.

Según la exposición de motivos de Sirias, el CENIDH se encontraba acéfalo porque su Junta Directiva estaba vencida, tampoco reportó sus estados financieros para el año 2017 y además “utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Aunque los anteriores argumentos fueron respaldados por diputados del FSLN, en el pleno parlamentario los diputados opositores negaron dichas acusaciones e insistieron en que se trata de una arbitrariedad más del Gobierno nicaragüense contra defensores de derechos humanos.

María Fernanda Flores, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la Asamblea nicaragüense estaba “dejando indefensa a toda una población que a través del CENIDH denuncia a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos”, mientras el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, expresó que con la cancelación de la personería jurídica del CENIDH se está más bien profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril. “Desde los pueblos indígenas hemos sido testigos del trabajo arduo y totalmente dedicado de la doctora Núñez con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas, a todos”, afirmó Rivera.

Finalmente, la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH se aprobó con 70 votos a favor y 17 en contra. Núñez, presidenta de la organización, calificó de “perversa” la iniciativa y se mostró indignada ante los medios de comunicación que la acompañaron en la sede de la institución luego que se aprobara el decreto.

“Hay CENIDH para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su Consejo Directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, a los atropellos que comete el Gobierno”, dijo Núñez acuerpada por los defensores y defensoras del CENIDH.

Sobre las razones presentadas hoy por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ante la Asamblea Nacional, Núñez reveló que el 23 de marzo entregaron al MIGOB su estado financiero relativo al año fiscal del 2017 aunque no se les brindó una constancia de legalidad; y con respecto a la Junta Directiva, dijo que ésta venció el 25 de abril y que la asamblea para elegir a las nuevas autoridades tuvo que ser suspendida por la crítica situación en la que se encontraba el país en esos días en que recién empezaba la crisis.

“Se elige la Junta Directiva y el 30 de noviembre de 2018 se les manda el acta certificada y los requisitos. Ellos no quisieron firmar, no quisieron ponerle presentado y nos entregaron una lista de 15 requisitos que decían que para que pudieran aceptarla teníamos que cumplir”, dijo Núñez, quien expresó que el CENIDH no ha violado ninguno de sus estatutos y todas sus acciones han estado enmarcadas dentro de la ley.

“Estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier invasión de nuestra institución física que quieran hacer, con esto no van a coartar nuestro compromiso”, enfatizó la Presidenta del CENIDH, quien recientemente cumplió 80 años.

Persecución a defensores

El CENIDH presentó en esta semana, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” en el que describe los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En el informe refleja que el Estado de Nicaragua violentó el derecho humano a defender derechos”, porque existe un patrón de ataques dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, abogados, estudiantes y activistas, los cuales han sido víctimas de acciones de intimidación, amenazas, asesinatos, detenciones, allanamientos ilegales, campañas de desprestigio, difamaciones, criminalización, entre otras, con el objetivo de “silenciar sus voces e impedir el ejercicio del derecho a informar, de manifestarse, de expresarse y de defender los derechos humanos”.

El CENIDH había solicitado días atrás permiso para marchar en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, acatando la inconstitucional disposición policial en relación con las manifestaciones. El permiso no sólo fue denegado, sino que la Policía alegó como uno de los supuestos argumentos que la organización estaba siendo investigada por los hechos de abril.

Un día después de que la Asamblea de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica del CENIDH y Hagamos Democracia, esta institución canceló la representación legal de otras cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de la libertad de prensa: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), cuya directora, Haydeé Castillo, ha sufrido múltiples persecuciones, amenazas e incluso le fue impuesta una retención migratoria; la ambientalista Fundación del Río, la cual ya había sido amenazada por difundir información y denunciar arbitrariedades con relación al incendio en la Reserva Indio Maíz; el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), una de las organizaciones nacionales e independientes más capacitadas para observar comicios; la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, líder en la lucha anticanal y cuya directora, Mónica López Baltodano, debió autoexiliarse en Costa Rica por las constantes amenazas a las que se enfrentaba en el país; y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

PRONUNCIAMIENTO

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enérgicamente condena y rechaza la arbitraria decisión del Estado de Nicaragua expresada el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la democracia.

El decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica del ILLS, Fundación del Río, IPADE, Fundación Popol Na, CINCO, así como el que le antecedió para el CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP y CISAS evidencian el estado de represión y grave vulneración a la libertad de expresión, participación asociación y reunión pacífica de la que hoy es víctima el pueblo nicaragüense, defensores y defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes, disidentes del proyecto dictatorial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo al pueblo nicaragüense. 

Rechazamos los señalamientos de diputados del FSLN en la  Asamblea Nacional, que irresponsablemente acusan de “terroristas” y “golpistas” a organizaciones defensoras de derechos humanos que incansablemente, como el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional lo conoce, han reclamado por justicia, democracia y verdad por las víctimas del régimen. 

Con preocupación observamos las gravísimas consecuencias que tiene la inexistencia de un Estado de Derecho de Nicaragua por el accionar del gobierno de turno, que lejos de garantizar, velar y proteger los derechos humanos del pueblo, con obstinada persistencia ha coartado a la sociedad civil sus legítimas posibilidades de participar libremente de la construcción social, lo que abre nuevas, repugnantes  y deliberadas brechas de desigualdad, exclusión y discriminación.

Así mismo, denunciamos que esta determinación del régimen de Ortega y Murillo  nunca logrará invisibilizar  el terror, la vulnerabilidad y violencia que atraviesa el país desde hace ocho meses, y se orienta a perpetuar la impunidad en que continúan  las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses tras los asesinatos, persecuciones e intimidaciones a las que han sido sometidos a causa de su denuncia. 

En Raza e Igualdad estamos convencidos de que sin un nuevo acuerdo político y social no habrá resolución pacífica de la crisis, por tanto, demandamos al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de los nicaragüenses; así como, exigimos respetar  las garantías al debido proceso y derecho a la defensa hoy transgredidos de forma desvergonzada por la Asamblea Nacional al sancionar a dichas organizaciones basados en informes unilaterales que acusan arbitrariamente a las instituciones de realizar actividades distintas a sus objetivos y misión. 

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y a distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

Agresiones a periodistas independientes escalan de forma alarmante en Nicaragua y motivan reacción internacional

(Foto principal: Cortesía, Oscar Navarrete, La Prensa de Nicaragua).

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Las agresiones a periodistas, directivos, editores y colaboradores de medios de comunicación independientes por parte de autoridades y simpatizantes del FSLN, partido de Gobierno han arreciado en los últimos dos meses en Nicaragua, de acuerdo con testimonios de comunicadores y organizaciones que  defienden la libertad de expresión.

Según la Fundación Violeta B. de Chamorro, (FVBCH), entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre han contabilizado un total de 77 violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. Y desde el 18 de abril, día en que inició la crisis actual de derechos humanos en ese país, hasta la fecha, la suma de agresiones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, asedio, espionajes y requisas e inspecciones fuera de rutina asciende a 497 casos.

Reporteros Sin Fronteras denunció el día de hoy,  que las fuerzas policiales “ya no se contentan con obstruir el trabajo de los periodistas”, sino que “ahora emprenden directamente acciones violentas contra los periodistas que consideran demasiado críticos con el gobierno”.

Nicaragua está sumida en una crisis de derechos humanos causada por la represión gubernamental a miles de manifestantes que se alzaron en protestas en todo el país reclamando justicia y democracia. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicha represión, que se ha desarrollado en cuatro etapas desde abril, ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos, cientos de presos y presas políticas y miles de ciudadanos exiliados.

Agresiones recientes

La última agresión reportada hacia medios de comunicación ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Radio Darío en la ciudad de León, obligaron a los colaboradores que allí se encontraban a apagar los equipos de radioemisión y los esposaron bajo amenaza de ser encarcelados. Tres de los colaboradores de la radio: Leo Cárcamo, Henry Blanco y Audberto Gallo cuentan, así como el director de la radio, cuentan con medidas cautelares No. 693-18, otorgadas por la CIDH el 2 de julio de este año.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

“Fue todo un operativo policial, con un derroche de fuerza y vehículos, rodearon por tres horas la manzana (el perímetro) donde estamos nosotros ubicados”, denunció Aníbal Toruño, director de Radio Darío, al periodista Carlos Fernando Chamorro en el programa de televisión Esta Noche.

Toruño responsabilizó por proceder arbitrariamente al Primer Comisionado de León, Fidel Domínguez, y alertó que las autoridades están “tratando de destruir la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el staff de la Radio Darío”.

La Radio Darío ha sufrido el asedio de las autoridades y simpatizantes del FSLN desde el inicio de la crisis en abril. El 20 de ese mes, las instalaciones de la radio fueron quemadas completamente por dos reconocidos cuadros del partido de Gobierno.

Ahora desde otras instalaciones, Toruño aseguró que la radio continuará transmitiendo su programación regular “asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión”.

También el 3 de diciembre, pero en horas de la mañana, medios oficialistas informaron que simpatizantes del partido de Gobierno presentaron una acusación ante el Ministerio Público contra Miguel Mora, director y propietario del Canal 100% Noticias, por considerarlo “incitador de odio y la violencia” a través de la programación noticiosa que transmite. Además, lo acusaron de forma infundada, por la desaparición y supuesto asesinato de Bismarck Martínez, un ciudadano que habría muerto en un tranque durante el mes de junio.

Mora, quien ha sido acosado y retenido en seis ocasiones por agentes policiales, negó las acusaciones, y aseguró que lo que intentan las autoridades es un artilugio legal para encarcelarlo y acallar las denuncias que diariamente se transmiten en su canal.

“Esto es para censurar y callar a los medios independientes de este país… esto es parte de la campaña sucia de desprestigio que lleva el único objetivo de censurar a 100% Noticias y a mí como su director”, denunció Mora, según recoge el diario La Prensa.

En diversas ocasiones durante los últimos ocho meses, el Canal 100% Noticias ha sido censurado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Hace una semana, Telcor ordenó a dos compañías de cable que retiraran ese canal de su grilla de programación en señal satelital.

Una semana antes, el 30 de noviembre, la Radio Mi Voz de León, anunció que cerraría operaciones temporalmente ante las múltiples invasiones que realizó la Policía de Nicaragua a la radio. Su director, Álvaro Montalván, quien fue detenido y golpeado por la policía en varias ocasiones, aseguró que el asedio al personal de la emisora lo empujaba a tomar esa decisión.

La situación es tan grave, que Reporteros Sin Fronteras señaló que varios periodistas han tenido que abandonar el país debido a constantes amenazas de muerte y persecución que padecen, y advirtió sobre la posibilidad de que más periodistas deban seguir el mismo camino.

En abril, el periodista de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, murió asesinado a balazos mientras transmitía un Facebook Live sobre una manifestación antigubernamental. Aunque los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables por el crimen, tanto los familiares de ellos como los de Gahona señalan que el verdadero asesino continúa impune.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), condena enérgicamente las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que el Gobierno de Nicaragua ha cometido contra medios de comunicación, directores de medios y periodistas independientes que exponen en sus noticieros y programas de opinión las denuncias de nicaragüenses víctimas de la represión estatal.

Las intimidaciones, persecuciones, retenciones temporales injustificadas e invasiones a medios de comunicación sin orden judicial exponen la voluntad del régimen Ortega Murillo de quebrantar y violentar las legítimas libertades y derechos que la Constitución del país les otorga a los hombres y mujeres de prensa. Exigimos a las autoridades nicaragüenses que cesen por completo la represión contra la prensa independiente.

Defensores LGBTI aún se enfrentan a grandes desafíos en Latinoamérica

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Aunque las protecciones legales de la comunidad LGBTI se han ido fortaleciendo en América Latina y el reconocimiento de sus derechos humanos ha ganado grandes espacios, esta población  aún se enfrenta a patrones graves de discriminación y violencia que se han visto atizados por circunstancias que incluyen discursos de odio construidos por grupos religiosos o problemáticas políticas coyunturales, explicaron hoy en Washington D.C. expertos en el tema que trabajan en la región.

Durante el conversatorio “Defender los derechos LGBTIQ en Centroamérica: obstáculos y avances en derecho y cultura”, organizado por Diálogo Interamericano, los ponentes también se enfocaron en los aspectos que limitan aún más el acceso a derechos por parte de las personas LGBTI, como la racialidad o la pobreza.

Fanny Gómez, Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales de Synergia y Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales de Panamá y Abraham Banegas Molina, Oficial técnico de Cozumel Trans de Honduras,  dialogaron este martes para compartir sus opiniones y experiencias con Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Continuidad de la violencia y discriminación

La continuidad de la violencia hacia la población LGBTI fue un tema central en la conversación, en la que se resaltaron distintas perspectivas.

Según Fanny Gómez, de Synergia, en los últimos 5 ó 7 años se han visto avances en materia de protección de personas con base en su orientación sexual e identidad de género que van desde pronunciamientos por parte de autoridades, hasta la aprobación de leyes de identidad de género o matrimonio igualitario. “Pero esto no ha significado que haya disminuido la violencia”, enfatizó.

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Carlos Quesada además resaltó que a pesar de los avances en la región sobre derechos humanos para la comunidad LGBTIQ, estos impactan de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Consecuentemente, esta población se vuelve más vulnerable ante la violencia.

“En el caso concreto de Brasil, cada 30 horas muere una persona por su orientación sexual e identidad de género y el 90% de estas personas son afrodescendientes”, ejemplificó el directivo de Raza e Igualdad.

Para la comunidad trans, según Quesada, la violencia hacia sus cuerpos se ha convertido en “una enfermedad en la región”. “Por un lado tenemos países como Colombia que han creado instituciones de manera formal para defender e investigar los crímenes de odio, pero no tenemos un personal sensibilizado que pueda hacer su trabajo efectivamente”, dijo Quesada, resaltando que situaciones como estas propician que la violencia y la impunidad continúen.

Abraham Banegas, de Cozumel Trans de Honduras, concordó en que los hombres y mujeres trans en Honduras son, de la comunidad LGBTI, los “más afectados” por la violencia.

Discursos de odio

Banegas resaltó además que en Honduras el “principal adversario” de los derechos para las personas LGBTI es el fundamentalismo religioso.

“Atacan a nuestros compañeros basados en el nombre de Dios”, dijo el activista, quien lamentó que estas congregaciones religiosas con miles de seguidores promuevan mensajes de odio tanto en sus feligreses como en los políticos y tomadores de decisiones.

Para Fanny Gómez, el reciente crecimiento y fortalecimiento de esos “mensajes de odio” que promueven la intolerancia por parte de grupos conservadores también pone en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

“Cada vez que hay un mensaje homófobo, transfóbico, lesbofóbico, de parte de un líder, eso significa luego una muerte para algún compañero o compañera de nuestra comunidad”, lamentó Banegas.

Avances en materia legal

Los expertos expusieron algunos avances en materia legislativa en las Américas como resoluciones sobre orientación sexual adoptadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en noviembre de 2017.

Esta última reconoce que los Estados tienen el deber y la obligación de reconocer la identidad de género de las personas, el derecho de las personas a modificar su componente de sexo, su nombre e imagen en los documentos de identidad a través de procesos administrativos, y además tienen el deber de reconocer el matrimonio y las familias compuestas por parejas del mismo sexo.

No obstante, Carlos Quesada señaló que por parte de las organizaciones de la sociedad civil “todavía falta mucha capacitación técnica para poder usar el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”.

“Como reto, tenemos que capacitarnos sobre cómo usar las legislaciones nacionales pero además cómo usar el sistema interamericano de protección y el sistema universal para la defensa de la población LGBT”.

Retrocesos en legislación

En Panamá, expuso Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales, “no hay una ley, una política pública que reconozca a las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales o intersex”, y la única ley de discriminación no incluye personas LGBTI.

Recientemente, según Chanis, la negación por parte de las autoridades panameñas a inscribir tres matrimonios igualitarios realizados en el exterior, provocó que se empezara a discutir el tema en ese país, lo que incluso ha sido debatido por los candidatos presidenciales de las elecciones de 2019. “Panamá es un país que siempre ha respetado los derechos humanos y el Sistema Interamericano, pero ahora a la gente no le gusta la Corte (IDH) por la opinión consultiva sobre derechos LGBTI”.

“Los Estados, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el Caribe, han fallado en el mundo moderno para proteger sus democracias al mantener políticas totalmente discriminatorias hacia la población LGBTI”, enfatizó Chanis.

Sobre el caso específico de Honduras, Banegas refirió que en el nuevo Código Penal se penalizó de forma más leve la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y prohíbe el matrimonio igualitario. Asimismo, en una reciente reforma al Código de la Niñez se estableció que las personas de mismo sexo no pueden adoptar niños. “En Honduras las legislaciones se van acomodando con el fin de ir bloqueando los derechos de las personas LGTB”, denunció el activista.

No obstante, señaló que actualmente están trabajando en una “Ley de Igualdad y equidad”, un instrumento legal que podría brindar más protección a los derechos de la población LGBTI en Honduras si es aprobada por el Congreso.

Comunidad LGBTI es más vulnerable tras el inicio de la crisis de Nicaragua, afirman defensores

Washington, DC. Noviembre 30 de 2018. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido vulnerados reiteradamente durante la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril pasado. Según activistas y defensores que conversaron con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), esta comunidad ha sufrido en los últimos meses discriminación y asedio de forma más dirigida y sistemática.

“El ser gay o el ser lesbiana en Nicaragua, y aún en este contexto en que la violencia está más justificada socialmente, es una condición de vulnerabilidad más”, sostiene Alex, un joven gay de 25 años que vive en un municipio al norte de Nicaragua. Según el joven activista, están expuestos “no solamente porque no estás de acuerdo con un sistema político totalitario, sino porque sos disidente sexual”.

De tal forma, que “en la calle no solamente te van a atacar por ser Azul y Blanco sino porque van a decir ‘el cochón’ Azul y Blanco, ‘la lesbiana’ Azul y Blanco”, relata Alex.

Él es parte de los miles de ciudadanos que se unieron a las protestas pacíficas que en un primer momento exigían anular unas reformas del Instituto de Seguridad Social, pero que tras una brutal represión gubernamental que ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de presos y presas políticas, se volcaron a las calles a reclamar justicia y respeto a los derechos humanos. Los llaman “Azul y Blanco” porque utilizan la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta.

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“A partir de mi participación en las protestas he sufrido asedio, persecución”, relata, añadiendo que continuamente pasan frente a su casa grupos de motorizados afines al Gobierno que le gritan frases como “golpista” o lo amenazan con que lo van a matar “por cochón”. “Hacen bastante énfasis en el tema de mi identidad y de mi opción sexual y de vida”, asegura Alex.

Francisca, una mujer lesbiana que prefiere omitir su nombre real por temor, sostiene que antes de la crisis la comunidad LGBTI había avanzado significativamente en el campo del respeto y la igualdad. “Pero en estos tiempos de crisis, muchas cosas en las cuales habíamos avanzado, han retrocedido”, asegura.

Al igual que Alex, Francisca participó de las manifestaciones cívicas, tras lo cual empezó a recibir amenazas y una intensa campaña de descalificación en las redes sociales.

“Me amenazaban directamente, me decían ‘esta es la cochona’, o ‘mirá, ya sabemos dónde vivís, te vamos a caer, alístate’ o ‘te vamos a enseñar lo que es un hombre, talvez así te curás’. Hasta incluso, me sacaron en listas de Whatsapp y de Facebook en las que me ponían como la pro aborto, la feminista loca”.

Esta situación, más una llamada en la que le alertaban que su captura era inminente, obligó a Francisca a huir de su hogar. “Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”, relata la joven.

Ahora vive prácticamente escondida en otra ciudad, junto con su novia. Pero el miedo a que la apresen es constante. La situación de Alex es similar. Según el activista, los que decidieron quedarse en Nicaragua deben vivir “prácticamente en la clandestinidad”.

“Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”. Mujer lesbiana, 33 años.

Desde el 13 de octubre, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de cualquier tipo de movilización que no fuera autorizada por esa institución. Un día después, un grupo de 38 ciudadanos y activistas fueron detenidos por agentes policiales por realizar un plantón sin haber solicitado dichos permisos.

“Estamos en mayor peligro, porque como no hay marchas, no hay movilizaciones, el Estado y su aparato represor tiene más facilidad de encontrarte, buscarte y hacer cualquier acción con tu vida y con tu cuerpo. Ahora la represión, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluso para los defensores y defensoras LGBT, son más focalizados”, explica Alex.

Más agresiones

Las mujeres transgénero también han sufrido distintos tipos de agresiones. “Hay casos de compañeras transgénero que han sido tomadas por la policía o fuerzas paramilitares, que han sido agredidas salvajemente, golpeadas y dejadas tiradas en las calles. Lo que dicen es que eso es una muestra de lo que les va a seguir pasando a los ‘Azul y Blanco’”, cuenta Dámaso Vargas, una mujer transgénero de 25 años y activista de Managua.

Una de las formas de protesta que encontró Dámaso fue abandonar el sistema educativo público. Este año cursaba el último año de bachillerato. “Estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando y para mí también es un modo de decir que no estoy de acuerdo, que no voy a seguir dando validez a un Estado que en realidad no está haciendo el trabajo que debería hacer”, sostiene.

Además, hay cuatro mujeres trans que están actualmente apresadas en el sistema penitenciario varonil de La Modelo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El caso más mediático es el de Victoria Obando, una mujer trans de 27 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien se atrincheró en su centro de estudios y pertenecía a la Coordinadora Universitaria. Desde finales de agosto fue apresada y las autoridades la acusan de varios delitos como terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

“La compañera Victoria dice que la desnudan delante del resto de reos, los abucheos de parte de los policías, frases como de que ‘aquí lo que hay son huevones, hombres, machos’, sabiendo que no queremos sentirnos así y no nos sentimos así”, comenta Dámaso, quien asegura sentir impotencia y tristeza ante tal situación.

Las violaciones sexuales también se han convertido en una forma de represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado 12 casos de hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante detenciones ilegales o secuestros cometidos por agentes policiales y parapoliciales.

“Son testimonios totalmente terribles que en la actualidad no pueden aspirar a justicia en este contexto precisamente por los miedos y los temores porque no hay instituciones que puedan investigar a las autoridades”, comentó Wendy Flores, abogada del Cenidh, durante el conversatorio “Mujeres en resistencia ante la represión”, organizado por DeHumo la semana pasada.

En el mismo conversatorio Tania Sánchez denunció que a su hermana, Kisha López, mujer trans apresada en La Modelo, un hombre la intentó abusar dentro de la cárcel para hombres en la que se encuentra. “Kisha se defendió y le dio con una escoba en las costillas, porque ella dice que independientemente de lo que ella sea, la tienen que respetar”, señaló Sánchez.

Indígenas

Para las comunidades indígenas, pertenecer a la población LGBTI es un doble factor de vulnerabilidad, indica un indígena miskitu gay, quien prefiere identificarse como Arturo.

Desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en la Costa Caribe de Nicaragua.

En la opinión del activista y abogado, en la Costa Caribe de Nicaragua “la crisis no es de 7 meses, sino que es una situación que se ha mantenido en el conflicto por la misma exclusión y la discriminación que los poderes del Estado imponen a la sociedad en las comunidades”. Y esto lo ejemplifica con el siguiente dato: desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. “El trasfondo también es una persecución a esta comunidad”, asegura.

El mismo Arturo afirma haber sido atacado y amenazado en las redes sociales, tanto por su orientación sexual como por “ser defensor de derechos humanos, y por promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos territoriales”.

Continuarán trabajando

Aunque las vulneraciones de derechos humanos en el contexto actual de crisis en Nicaragua no son exclusivas hacia la comunidad LGBTI, los activistas que conversaron con Raza e Igualdad insistieron en la necesidad de que se visibilicen sus problemáticas y desafíos.

Tal como mencionó Alex, “las acciones que hacemos día a día, las reuniones, las estrategias de movilización, los contenidos de redes, la defensa y denuncia de nuestras presas y presos políticos, con énfasis en los LGBTI, es lo que nos mueve”.

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

«Enterezas» el informe de Caribe Afirmativo que reconoce las voces de mujeres trans, lesbianas y bisexuales

Washington, D.C. 24 de octubre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) saluda a Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil colombiana, por el lanzamiento de su informe, “Enterezas”. El informe es producto de un trabajo intensivo que refleja las voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano, La República Dominicana y Honduras y se proponen estrategias para mejorar la respuesta frente a la violencia que se gesta contra ellas.

El documento fue presentado durante un congreso en Barranquilla los días 22 al 24 de octubre donde participaron mujeres lesbianas, bisexuales y trans de los ocho departamentos del Caribe colombiano. Las mujeres, que representaban varias organizaciones de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y crear alianzas entre ellas. También, hubo un intercambio de saberes entre varios representantes de organizaciones colombianas e internacionales que abogan por los derechos de las personas LGBTI, entre ellos Raza e Igualdad, PROMSEX de Perú y Aireana de Paraguay. Así mismo, una representante de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó en el Congreso, además de la activista mexicana Amaranta Gómez.

La violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales ha sido poco documentada y entendida, por tanto, los actos que atentan contra los derechos, vida e integridad, tanto de ellas, como las ejecutadas contra mujeres trans, queda con frecuencia en impunidad. El informe de Caribe Afirmativo es un paso significativo para ayudar a estas mujeres a acceder a la justicia y hacer público todo tipo de violencias que se gesten contra ellas.

Raza e Igualdad rechaza enfáticamente la violencia por perjuicio contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y reitera su compromiso para acompañar los procesos por la defensa y reconocimiento de sus derechos.

Más información sobre la publicación: http://caribeafirmativo.lgbt/2018/10/22/mujeres-lbt-del-caribe-se-reunen-encuentro-regional-enterezas/

COMUNICADO PÚBLICO: Raza e Igualdad, Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans solicita la pronta y efectiva investigación del trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez en República Dominicana

Washington, D.C. 17 de octubre de 2018 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresa su preocupación por los graves hechos denunciados por las organizaciones Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) con relación al trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez quien era conocida como “Haitianita” (en registro público como Richard Félix Sanchez), una mujer trans, afrodescendiente, trabajadora sexual de 30 años de nacionalidad haitiana.

Según las denuncias realizadas por las organizaciones locales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre del presente año en el municipio de Verón, Punta Cana, donde Marisa se desempeñaba como trabajadora sexual desde el año 2015 en la Avenida Barceló de Verón, lugar donde, al parecer, fue realizado el levantamiento del cadáver. Trabajadoras sexuales, compañeras de la víctima, aseguraron verla salir con un cliente de t-shirt color rojo, en motocicleta, y también señalaron haber visto a la misma persona regresar al área con el cadáver de Marisa. En imágenes que han circulado se puede ver el cuerpo de Marisa ensangrentado, con una profunda herida en el área craneal y con evidentes señales de violencia.

Asimismo, según información que ha circulado por redes sociales, se indica que las autoridades policiales que acudieron al área encontraron un preservativo (condón), lo que hace presumir que los hechos pudieron estar precedidos por violencia sexual.

Raza e Igualdad, en conjunto con TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans consideran que los hechos denunciados se relacionan con un crimen por prejuicio, específicamente un trans-feminicidio por motivos relacionados con la identidad de género femenina de la víctima. De igual forma, notamos con preocupación que este hecho se enmarca en un grave contexto de violencia física, sexual y asesinatos de mujeres trans que han sido denunciados por organizaciones como TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans.

Raza e Igualdad hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma pronta y efectiva la investigación de estos hechos, pues por el contexto de violencia física y sexual, puede tratarse de un trans-feminicidio, ello a pesar de las limitaciones legales de República Dominicana, que no ha reconocido el delito de feminicidio, ni la identidad de género de las mujeres trans como elementos de análisis jurídico penal.

Ante las mencionadas limitaciones legales y en aras de evitar la impunidad, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado para que en todo caso se valoren los factores diferenciales de identidad de género, raza, vulnerabilidad del trabajo sexual y la nacionalidad de la víctima para que se analice la mejor aplicación de los artículos sobre homicidio (art. 295 CP) o asesinato (art. 296 CP) a partir del contexto que se derive de los hechos y si en ellos pudo mediar premeditación (art. 297 CP) o acechanza (art. 298 CP). Así mismo, se tenga presente que de los hechos relatados se puede inferir que medió violencia sexual ya sea por el delito de violación (art. 331 CP) o agresión sexual (art. 333 CP) en los términos del Código Penal.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con la organización TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans extendemos un llamado a la Procuraduría General de la República, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género, intrafamiliar y Delitos Sexuales de Verón, Punta Cana y a su Fiscal titular, a que investiguen los hechos señalados, atendiendo a  los múltiples elementos diferenciales que rodearon la muerte de la víctima. Asimismo, extendemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus Relatorías sobre los Derechos de las Personas LGBTI, Mujeres y Personas Afrodescendientes, y a la oficina de Naciones Unidas República Dominicana y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que monitoreen la situación y se sumen al seguimiento de este caso.

Finalmente, solicitamos se agoten todos los procedimientos para que su muerte no quede impune, pues es preciso que el Estado Dominicano envíe un mensaje claro de cero tolerancias a la violencia contra mujeres trans como parte del Plan Nacional Contra La Violencia de Género, el cual fue puesto en marcha el pasado 8 de noviembre del 2017.

#NIUNAMENOSRD

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