En Europa, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH registradas en la Isla

En Europa, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 30 de marzo de 2023 – Tres activistas de Cuba: Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex; Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba; y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, estuvieron del 16 al 21 de marzo en las ciudades de Ginebra, en Suiza, y Bruselas, en Bélgica, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, especialmente luego de las protestas pacíficas de julio de 2021, también conocidas como 11J.

Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Alain, Frisia y Darcy se reunieron con representantes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil en Europa, con quienes dialogaron sobre el incremento de los casos de feminicidio, la falta de una Ley integral contra la violencia de género, las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2018 que fueron incumplidas por el Estado cubano, la crisis migratoria, el desabastecimiento de alimentos, los cortes de internet, la represión a personas defensoras de derechos humanos, las desapariciones forzadas de corta duración, y las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla.

“Visibilizar la situación de derechos humanos ante estos órganos tiene una importancia crucial en la búsqueda de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Cuba, y garantizar el respeto de las libertades individuales a los ciudadanos”: afirma Espinosa.

La coordinadora de la Red Femenina de Cuba, por su parte, asegura que la organización que representa hizo un pedido de recomendaciones a la comunidad internacional en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, para que el Estado cubano apruebe pronto una Ley contra la violencia de género. “Este estatus de ley crearía las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que sea realmente efectivo para la ciudadanía”, agrega Batista.

Durante las reuniones que se llevaron a cabo en ambas ciudades, los activistas también se refirieron a las más de 1.800 personas que han sido detenidas después de las protestas del 11J. De esta cifra, de acuerdo con Barrero, todavía permanecen en prisión más de 600 cubanos y cubanas. “Es importante que en Europa y en cualquier otra parte del mundo se sepa que hay defensores de derechos humanos pendientes de la situación de los presos políticos en Cuba, y que esa realidad se ponga en la agenda”, cuenta la integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.

Con las denuncias que se hicieron en Europa, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Cuba el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en la Isla, independientemente de su posición política, creencia religiosa, color de piel, y orientación sexual e identidad de género. Desde Raza e Igualdad seguiremos impulsando acciones para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y para lograr que mejoren las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas.

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

El combate al racismo y la discriminación racial, una tarea de Raza e Igualdad permanente y en crecimiento

Washington D.C., 21 de marzo de 2023.– El combate al racismo y la discriminación racial debe formularse y ejecutarse a la altura de las manifestaciones e impactos que tienen estas violaciones de derechos humanos. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos destacar el trabajo que hemos venido realizando para la promoción y protección de los derechos de poblaciones étnicas, principalmente las afrodescendientes e indígenas en la región.

Para el desempeño de esta labor, entendemos que en la medida en que se reconocen los diferentes factores que exponen a una persona o una población a sufrir racismo y discriminación racial, se pueden aplicar medidas integrales de protección y reparación. Por ello, la interseccionalidad es una característica constante en los proyectos que formulamos y ejecutamos de la mano de organizaciones aliadas en Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y México.

Resulta oportuno que este 2023, Naciones Unidas dedique esta fecha a la urgencia de combatir el racismo y la discriminación racial. Esta urgencia se ve respaldada por hechos que van desde la respuesta policial que en 1960 dejó a 69 personas muertas por manifestarse contra el Apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica—razón por la cual Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial—hasta la muerte a manos de policías de personas afrodescendientes como George Floyd (2020) y Tyre Nichols (2023), y la precaria situación de la población indígena Yanomami en Brasil.

La consolidación del trabajo de Raza e Igualdad sobre justicia racial ha sido impulsada por la adopción—tanto a nivel del Sistema Universal como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos—de mecanismos especiales de protección, como el nuevo Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que a pesar de haber sido adoptada hace casi una década, representa una herramienta clave y eficaz en la materia.

La adecuada recolección de datos estadísticos, un paso clave

Raza e Igualdad se ha posicionado como una organización aliada de referencia para la inclusión de la pregunta para autorreconocimiento afrodescendiente en censos nacionales. De la mano de contrapartes locales y por medio de un trabajo que incluye la sensibilización y capacitación de actores clave y el desarrollo de campañas educativas, hemos aportado en el aumento de la data afrodescendiente recolectada. Por ejemplo, en Perú, aumentó de 1% (ENAHO – 2000) a 3.6% (CPV – 2017) y en México, aumentó de 1.2% (EIC – 2015) a 2% (CPV – 2020).

Por otro lado, Raza e Igualdad cuenta con la única campaña regional que promueve la firma, ratificación e implementación efectiva de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En este proceso, hemos sensibilizado sobre las potencialidades de esta Convención y su importancia entre las poblaciones étnicas, brindando apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil y Estados. Por medio de esta campaña, hemos sentado en la mesa a autoridades y representantes de grupos étnicos de la región para aportar a la generación de estrategias a favor de las poblaciones afrodescendientes, indígenas y rrom (también conocidas como romaní o gitana), permitiendo intercambiar experiencias y esfuerzos por un bien común.

Litigando ante el Sistema Interamericano

Solo en 2022, a solicitud de Raza e Igualdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó tres medidas cautelares a personas afrodescendientes, en cuyos casos se solicitó a los respectivos Estados su implementación con enfoque étnico-racial y de género. De estas medidas cautelares, dos corresponden a Colombia (a favor de Silvia Gelen Rodríguez y su Núcleo familiar, y a favor de A.A.V.B. y su Núcleo familiar), y una a Brasil (Benny Briolly y Otros).

Junto con organizaciones colombianas y regionales que litigan ante el Sistema interamericano de Derechos humanos, logramos que la CIDH concediera una audiencia sobre implementación de medidas cautelares en Colombia, en la que hicimos una presentación sobre la falta de implementación de las medidas cautelares con enfoque étnico-racial y de género, y formulamos solicitudes sobre la necesidad de un protocolo de implementación de las medidas que garantice la incorporación de dicho enfoque.

Asimismo, logramos documentar y presentar ante la CIDH dos peticiones denunciando al Estado de Colombia. Una referente al asesinato de un líder afrocolombiano luego de que le fueran retiradas las medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP); y otra por la negativa del Estado colombiano de reparar y proteger a una organización de mujeres afrocolombianas desplazadas por el conflicto armado y que continúan viviendo en latente riesgo.

En alianza

En el marco del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, Raza e Igualdad cuenta en Brasil con cuatro socios que desarrollan programas dirigidos a documentar el cierre de espacios de participación con perspectiva racial. A través de convenios con CRIOLA y GELEDES se ha venido documentado el cierre de espacios y se han desarrollado acciones e incidencia para llamar la atención sobre la discriminación y falta de espacios de participación en el espacio político para mujeres negras, cis y trans. Con el Instituto Marielle Franco, se están desarrollando acciones para monitorear el impacto del marco legal en materia equidad racial. Finalmente, a través del trabajo con el Instituto de Investigación y formación Indígena (IEPE), se están desarrollando acciones para fortalecer el conocimiento de lideres indígenas sobre los mecanismos universal y regional de protección de los derechos humanos.

En Nicaragua, el Consorcio trabaja con organizaciones que promueven la defensa y protección de comunidades indígenas que han visto amenazada su subsistencia producto de la usurpación de tierras y depredación de sus recursos naturales. El trabajo, que se concentra en la costa Caribe Norte, busca fortalecer el desarrollo de capacidades para las poblaciones de mujeres y jóvenes defensoras que hacen parte de 15 comunidades.

En este país, en 2022, acompañamos a varias organizaciones indígenas y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe sur a presentar información ante el CERD. Representantes de dichas organizaciones participaron en agosto pasado en una gira de incidencia en Ginebra durante la revisión realizada al Estado de Nicaragua, que se ausentó. En sus observaciones finales el Comité expresó preocupación por la discriminación racial existente en el país y recomendó, inter alia, que se adoptaran medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales; así como para avanzar en el proceso de demarcación y titulación de tierras comunales.

Asimismo, queremos destacar nuestro compromiso con la población haitiana y dominico-haitiana en República Dominicana, donde hemos venido acompañando a nuestras contrapartes, el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y la Red Jacques View, en diferentes audiencias temáticas, incluso en su audiencia de marzo 2022, aportando a visualizar la realidad que enfrenta esta población en este país.

Un pilar en Brasil

En Brasil, la justicia racial es un pilar de todos nuestros proyectos. En el último año desarrollamos actividades de incidencia nacional e internacional, así como proyectos y litigios estratégicos para promover la democracia y proteger los derechos humanos en el país. Entre estas acciones podemos destacar la visita promocional de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, que en 2022 estuvo en Brasil para tratar temas como violencia política, derechos LGBT, violencia policial y racismo religioso.

En materia de incidencia internacional, trabajamos intensamente en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), donde promovemos una serie de encuentros, en julio y agosto, entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de raza, género y orientación sexual en Brasil, con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en Ginebra, Suiza. También desarrollamos la Semana de Incidencia Afrolatina (Afrolatin Advocacy Week) en la que llevamos a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia a Washington, DC para promover los derechos de las personas negras y LGBTI+ con congresistas, departamentos estatales y organizaciones internacionales. Cabe mencionar que participamos en la 108ª sesión de revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Brasil, donde apoyamos técnicamente 10 de los 15 informes presentados, y todas las recomendaciones hechas por nuestras contrapartes fueron incluidas en el informe final del CERD.

En Cuba

La lucha contra la discriminación por motivos de raza ha sido una de las principales líneas de trabajo en Cuba debido al persistente racismo institucional en la Isla. Uno de los objetivos centrales ha sido evidenciar esta realidad ante los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Para ello, hemos promovido reuniones de incidencia con los procedimientos especiales y órganos de los tratados de Naciones Unidas, con la Unión Europea, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, hemos brindado asistencia y representación legal a víctimas de violaciones a los derechos humanos, en concreto hemos enviado una petición y solicitudes de medidas cautelares destacando cómo ser afrocubano/a ha afectado de manera diferenciada a las víctimas. Asimismo, hemos presentado una carta de alegación a nombre de un líder de una religión de matriz africana en Cuba, y su esposa, quienes se encuentran privados de libertad de manera arbitraria.

También hemos compartido información con el sistema de Naciones Unidas atendiendo solicitudes de información con motivo del estudio que realizó el Consejo de Derechos Humanos en su 54 Período de Sesiones, sobre el racismo sistemático, estructural e institucional, y la justicia racial. Igualmente proveemos capacitaciones y asistencia técnica constante a las contrapartes sobre temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y nos encontramos dando seguimiento al tema del censo en Cuba.

Como parte de esta asistencia hemos apoyado la elaboración de reportes de incidencia que han analizado la situación de los afrodescendientes y el ejercicio de sus derechos humanos en Cuba; además, hemos guiado la preparación de informes alternativos para el IV ciclo del EPU, destacando la deuda pendiente que tiene Cuba con las personas afrocubanas.

Sobre los nuevos mecanismos

Hemos participado en solicitudes de aportaciones para la preparación del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para promover la justicia e igualdad racial en el contexto de la aplicación de la ley; y el cuestionario de seguimiento dentro del marco de la Visita de la CIDH a Colombia de junio 2021 en el contexto del Paro Nacional. También participamos presencialmente en la primera consulta en América del Sur realizada en Chile del Mecanismo de Expertos y en la Sesión de Seguimiento de ACNUDH sobre espacio cívico y la situación de los defensores de derechos humanos afrodescendientes en América del Sur.

A partir de estas nuevas herramientas a nivel internacional, nos hemos dado a la tarea de sensibilizar y capacitar a contrapartes para que las incluyan dentro de sus agendas institucionales como temas esenciales para alzar sus demandas y recomendaciones por la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Justicia racial en México

En México, se impulsan diversos procesos de profesionalización y acompañamiento de las organizaciones afrodescendientes, indígenas, migrantes y de derechos humanos que coadyuvan en las acciones de defensa e incidencia con instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Asimismo, promovemos estrategias integrales en la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, que continúan naturalizadas en la sociedad mexicana.

Actualmente, implementamos el proyecto “Promoción de una Agenda Antirracista para Fortalecer el Trabajo de las OSC en la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial en México”. La actividad forma parte de una estrategia integral enfocada en mejorar y promover acciones contra el racismo estructural y la promoción de herramientas internacionales como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), con nuestras contrapartes e instituciones educativas.

Reciente documentación

La recolección de evidencia es un eje clave en la labor de Raza e Igualdad. En ese sentido publicamos los informes “Huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali” y “Silencio e Impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, los cuales construimos con organizaciones aliadas.

De esta forma, Raza e Igualdad espera contribuir a una sociedad más justa y equitativa, especialmente en lo relativo al combate del racismo y la discriminación racial que tanta violencia y desigualdad generan en la región. Al mismo tiempo que escuchamos las necesidades de las poblaciones afrodescendientes, indígenas y romaní, incidimos ante los Estados para que, atendiendo a sus obligaciones internacionales, garanticen los derechos de estas personas. Por eso, nuestro trabajo de litigio internacional es una pieza clave, la cual seguimos fortaleciendo.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, alzamos nuestras voces por quienes están en la indefensión y llamamos a los Estados a asumir con urgencia el combate al racismo y la discriminación racial. La evidencia y las herramientas están ahí.

Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU, visita Brasil para dialogar con organizaciones de movimientos negros e indígenas

El evento, que tiene lugar en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial, reunirá a autoridades y activistas importantes para discutir acciones en la lucha contra el racismo

Brasil,  20 de marzo de 2023 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asociación con la ONG Criola, Geledés – Instituto de la Mujer Afro, Sello Juristas Negras, Grupo Conexión G de Ciudadanía LGBT de Favelas, Renafro Saúde e Ilê Omolu y Oxum, Instituto Iepé y Hutukara Asociación Yanomami, celebrará el miércoles 22 de marzo de 2023 el evento «Mecanismos sobre la raza en el sistema universal de derechos humanos: estrategias y próximos pasos en Brasil».

El evento contará con la presencia de Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU, así como Ministros de Estado, Embajadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil brasileña. «Quiero conocer aún más la situación de la población afro en Brasil, especialmente las mujeres afros», explica Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU.

La reunión se celebrará en el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial y el Día Nacional de las Tradiciones Africanas y Naciones de Candomblé, una fecha importante para la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad racial. El objetivo del evento es examinar estrategias y próximos pasos para fortalecer los mecanismos sobre raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como las recomendaciones formuladas por el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y por el Examen Periódico Universal (EPU).

Uno de los puntos que se tratará durante las mesas es la garantía de protección de los derechos humanos de las personas afros e indígenas para combatir el racismo en todas sus formas, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de estas poblaciones. “Será una gran oportunidad para conversar con las organizaciones de la sociedad civil y dar a conocer la importancia de esta alianza para que podamos llevar sus demandas al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que se reunirá por segunda vez en mayo de este año, en Nueva York”, destaca Campbell.

Paneles

El panel ‘El Papel del Estado Brasileño en el Proceso de Implementación de las Recomendaciones Internacionales’, tendrá la participación de Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad; Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial; Sônia Guajajara, Ministra de los Pueblos Indígenas; el Embajador de Brasil en Kenia, Silvio Albuquerque; Fabrício Prado, Primer Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) y Rodnei Jericó da Silva, Coordinador del Programa Brasil de Raza e Igualdad.

El panel ‘Participación de la Sociedad Civil ante los Mecanismos Internacionales’ tendrá a Lúcia Xavier, Coordinadora General  ONG Criola; Gilmara Cunha, Directora Ejecutiva del Grupo Conexión G; Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política de Geledés; Madre Nilce  de Iansã, Coordinadora Nacional de RENAFRO e Iyá Egbe do Ilê Omolu y Oxum; Lívia Sant’Anna Vaz, Coordinadora del Selo de Juristas Negras; Maurício Ye Kuana, Director  de la Asociación Hatukara Yanomami; y como moderadora, Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil de Raza e Igualdad.

«Es un honor llevar a Epsy Campbell a una escucha directa de la sociedad civil en diálogo directo con el Poder Ejecutivo. Los derechos de la población afro e indígena han sufrido un gran retroceso en los últimos años y con la creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes, los mecanismos internacionales están más atentos a las violaciones de los derechos de estas poblaciones en Brasil», dijo Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de Raza e Igualdad en Brasil.

El evento se realizará en formato híbrido (presencial y online) el 22 de marzo, de 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia) / 13h30 a las 17h30 (Washington DC), en el Hotel Cullinan HPlus de Brasilia. También contará con interpretación simultánea en portugués y español y será transmitido por Facebook Live en la página @raceandequality. Las personas interesadas en participar en el evento deben registrarse de forma gratuita a través de la plataforma Zoom https://bit.ly/3llo0kY

 

Programa: «Mecanismos sobre la raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos: Estrategias y próximos pasos en Brasil»

Fecha: 22 de marzo de 2023

Horario: 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia)/ 13h30 a las 17h30 (Washington DC)

Ubicación: Hotel Cullinan Hplus Premium – Brasilia

Registro virtual por zoom: https://bit.ly/3llo0kY

“De Cuba se extraña todo”: activistas forzados al exilio

Washington D.C., 13 de febrero de 2023 – Durante el 2022, más de 270.000 personas provenientes de Cuba llegaron por tierra y mar a los Estados Unidos, según la aduana estadounidense y la guardia costera de este país[1]. Cerca de 70 migrantes cubanos y cubanas murieron o desaparecieron en el Caribe, la gran mayoría debido a las malas condiciones climáticas que dificultan la navegación y el uso de embarcaciones que no son aptas para navegar en alta mar, de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[2].

Las cifras de personas que salieron de la Isla en 2022 superaron las olas migratorias pasadas: la ocurrida tras el triunfo de la Revolución Castrista entre 1959 y 1962, en el que 250.000 ciudadanos fueron expatriados; la llevada a cabo en 1980 en el puerto del municipio de Mariel, donde salieron unos 125.000 cubanos y cubanas; y la crisis de los balseros en 1994, en el que más de 30.000 personas abandonaron el país[3].

La mayoría de las personas provenientes de Cuba han salido de la Isla por la grave crisis económica, el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, la falta de empleo, y la difícil situación política y social, que ha empeorado luego de las históricas protestas ciudadanas de julio de 2021, también conocidas como 11J. Sin embargo, existe un grupo de cubanos y cubanas que han emigrado porque han sido obligados/as al exilio. Activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, juristas, y personas críticas con el gobierno han sido forzadas a abandonar la Isla en los últimos años[4], a cambio de no ser enjuiciadas y encarceladas, especialmente luego de que entrara en vigor el nuevo Código Penal, que recrudece la criminalización a las personas y organizaciones que luchan dentro del país por el reconocimiento de los derechos humanos.[5]

Ellos y ellas, que ya no están en Cuba, se encuentran en Estados Unidos y en otros países con el propósito de comenzar una vida donde se sientan libres y sin miedo.

Con atención psicológica en Argentina

La escritora y periodista independiente, María Matienzo; y su pareja, la activista Kirenia Núñez, llegaron el 22 de agosto del año pasado a Buenos Aires, Argentina. Allí se instalaron luego de huir de la represión y el hostigamiento constante que venían sufriendo a raíz de las denuncias que realizaron en contra del gobierno cubano. “Fuimos detenidas en muchas ocasiones en La Habana, y si agrupamos todas las veces de retención, tendríamos un año de privación de libertad”, dice Matienzo, quien permanece en este país gracias al apoyo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organización que también le ha permitido recibir atención psicológica.

“No he logrado disfrutar (Buenos Aires) como he querido. He estado muchísimo tiempo recuperándome, no es tan fácil como la gente piensa. De hecho, los primeros días cuando llegamos acá había muchos policías en la calle, que apenas nos miraban. Pero igual no pudimos evitar sentirnos nerviosas”, afirma María, quien junto con Kirenia permanecen de forma irregular en Argentina.

A la espera de un asilo político en Alemania

La historia de María y Kirenia es muy similar a la del activista Jancel Moreno y su pareja Wilfredo Carmenate, quienes tuvieron que salir de la Isla el 13 de septiembre de 2022. Con una mochila sobre las espaldas arribaron a Frankfurt, Alemania, donde han solicitado asilo político y han tenido que demostrar cómo el gobierno cubano amenazaba a Jancel con llevarlo a prisión, y dejó de suministrar los medicamentos que toma Wilfredo para tratar una artrosis de cadera, que le aqueja desde hace varios años.

Entre julio y septiembre del año pasado, Jancel fue hostigado aproximadamente tres veces por la Seguridad del Estado. Le dijeron que, si no renunciaba públicamente al activismo y salía de Cuba, sería acusado por los delitos de “mercenarismo, incitación a delinquir, usurpación de funciones y propaganda enemiga”. Todo esto mientras amenazaban a su pareja con procesarlo por el delito de “actividad económica ilícita”.

Jancel y Wilfredo permanecen en un campo para personas migrantes en la ciudad de Zirndorf. Están esperando que el gobierno alemán les dé una respuesta a la solicitud de asilo político, que podría conocerse luego de un año; mientras tanto, aprenden el idioma de este país europeo, y esperan ser trasladados a otra zona de Alemania.

Sobreviven en Estados Unidos

El periodista independiente Orelvys Cabrera y su pareja Yunior Pino también fueron forzados a abandonar la Isla. “El 19 de diciembre de 2021 salí de Cuba porque fui amenazado luego de que me dijeran que podrían acusarme de una serie de delitos que sumaban unos 30 años de cárcel. Me dieron un ultimátum: si estás aquí el 5 de enero de 2022, serás judicializado. Entonces, mi pareja y yo vendimos todo y nos fuimos a Moscú”, afirma Orelvys.

En la capital de Rusia estuvieron tres meses, hasta que Orelvys fue nuevamente hostigado, esta vez por denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren migrantes de Cuba en este país asiático. De allí se trasladaron a Egipto, donde una organización internacional les informó que el Parlamento de la República Checa les había otorgado un asilo político, entonces viajaron a ese territorio. Pero al cabo de un tiempo, notaron que era muy difícil aprender checo (idioma oficial en este país), y por ende encontrar un trabajo; entonces decidieron irse a México, y allí atravesaron la frontera con Estados Unidos y se entregaron a las autoridades norteamericanas el 28 de marzo del año pasado.

Orelvys y su pareja se encuentran en Miami protegidos por el formulario I-220A, que impide que sean deportados o llevados a prisión. Ambos están en espera que un juez de migración les otorgue un asilo político.

Se acogió a la Ley de Ajuste Cubano

La historiadora del arte Claudia Genlui es otra de las activistas que fue forzada al exilio. Ella salió de Cuba el 1 de noviembre de 2021, cuatro meses después de las protestas pacíficas del 11J. Llegó a Miami, Estados Unidos, luego de ser asediada constantemente por la Seguridad del Estado, que la vigilaba y hostigaba por denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y por ser integrante del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas cubanos y cubanas fundado por su pareja, el artista de performance y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de cinco años de prisión por exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

“Pensar Cuba es esa herida abierta que siempre está ahí. Yo todavía no he logrado dar un paso al frente sobre eso, es extremadamente doloroso para mí, sobre todo porque yo nunca deseé salir… De Cuba se extraña todo”, afirma Genlui, quien asegura también que fue difícil dejar a Luis Manuel, y a su familia en general, especialmente a su abuela, una mujer de más de 80 años que vivía con ella antes de su partida.

Claudia se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, una ley federal que permite solicitar la residencia estadounidense luego de estar un año y un día en el país norteamericano. Ella está a la espera de una respuesta por parte del gobierno de este país, mientras tanto estudia inglés.

Las historias de María, Kirenia, Jancel, Wilfredo, Orelvys, Junior y Claudia, representan a cientos de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y críticos del gobierno cubano que han sido obligados a salir de Cuba. Ellos y ellas han sido forzados a dejar sus familias para adentrarse a países con idiomas, culturas y tradiciones diferentes.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigimos al Estado de Cuba que cese el uso de estrategias de represión como el exilio forzado, y que se reconozcan y garanticen los derechos humanos de cada una de las personas que residen en su territorio. Reiteramos nuestro llamado al gobierno de la Isla para que cumpla las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y exhortamos a la comunidad internacional para que se garantice la protección de las personas migrantes cubanas, independientemente de su estatus migratorio.

***

[1] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[2] En 2022, cifra récord de migrantes desaparecidos en el Caribe. Enero 24 de 2023. Disponible: https://www.iom.int/es/news/en-2022-cifra-record-de-migrantes-desaparecidos-en-el-caribe

[3] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[4] Cuba: Crisis migratoria y prácticas represivas en el contexto de la movilidad humana. Octubre 27 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuba-crisis-migratoria-y-practicas-represivas-en-el-contexto-de-la-movilidad-humana/

[5] Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Junio 14 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

Asesinato de Tyre Nichols, una completa deshumanización de las vidas afroamericanas ¡Basta ya!

Washington DC, 30 de enero de 2023.- A la luz de la evidencia sobre la violencia policial racista que provocó la muerte del joven afroamericano Tyre Nichols, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expone su máxima condena de los hechos y llama la atención sobre la persistencia del racismo y del uso desproporcionado de la fuerza en la Policía en Estados Unidos y el mundo.

Una vez más vemos cómo el racismo sistémico se manifiesta de forma brutal y mortal. La violencia verbal y física que ejercieron los cinco agentes que abordaron a Nichols son muestra de la deshumanización que pesa sobre las vidas afroamericanas, tal como ocurrió en el arresto que llevó a la muerte de George Floyd en mayo del 2020.

Ante el hecho de que los cinco policías en cuestión sean también afroamericanos, hacemos hincapié en que el racismo sistémico debe ser visto más allá del color de piel de las personas que reproducen sus manifestaciones. Es, en definitiva, un conjunto de expresiones –y también omisiones—que conllevan a un trato deshumanizante de las personas afrodescendientes y afroamericanas, sobre todo aquellas de bajos ingresos.

A pocos días de haber conmemorado la lucha por la igualdad racial de Martin Luther King, Jr. (16 de enero) y a las puertas del Mes de la Historia Afro-estadounidense, Raza e Igualdad llama la atención sobre la gravedad de estos hechos y reitera la urgencia de implementar un plan de acción para desentrañar, de una vez por todas, el racismo sistémico en la Policía de Estados Unidos, tomando en cuenta los mecanismos internacionales en materia de combate a la violencia policial racista y promoción de la justicia racial.

Recalcamos también la importancia que tiene en este contexto la visita a Estados Unidos del Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés), a realizarse del 24 de abril al 5 de mayo. Exhortamos a sus integrantes a programar una visita a la ciudad de Memphis para reforzar su misión a la luz de los nuevos acontecimientos, del clamor de las víctimas y de las demandas y propuestas de la sociedad civil que lucha por la igualdad racial.

Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen arbitrariamente más de 1500 personas privadas de libertad por motivos políticos, denuncia Raza e Igualdad

Washington D.C., 23 de enero de 2023 – En el marco de la VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia que Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen la mayor cantidad de personas privadas de libertad por motivos políticos en toda América. En estos tres países, más de 1500 personas han sido o están en proceso de ser sometidas a juicios sin garantías, y tortura física y psicológica.

Cuba es el país que tiene más personas privadas de libertad. Hasta el 10 de enero de 2023, más de 600 personas permanecían detenidas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, de acuerdo con cifras del grupo de trabajo Justicia 11J.

Sin embargo, la cifra de cubanos y cubanas que han sido detenidos por exigir sus derechos es aún mayor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló a finales del año pasado que más de mil ciudadanos permanecen en prisión por motivos políticos en la Isla. 

Hasta el 17 de enero de 2023, Foro Penal registró 274 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, el segundo país con mayores registros de este tipo de detención arbitraria, mientras que en Nicaragua la cifra continúa aumentando y a noviembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba más de 235 personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos.

Debido a esta situación, Raza e Igualdad está realizando una serie de acciones de denuncia en Argentina, país donde se celebrará la VII Cumbre de la CELAC, para que los jefes de Estado tengan presente que se debe continuar exigiendo la liberación de estas personas.

Como parte de estas acciones estratégicas en el marco de la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, hemos instalado 200 carteles verticales a dos caras que están a la altura de la vista de los transeúntes, con un mensaje exigiendo que las más de mil personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela sean liberadas. 

Estos fueron colocados en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, incluidas las cercanías del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, donde se realizará la Cumbre.

De igual manera, instalamos dos vallas durante un período de tres días (del 20 al 22 de enero); una exigiendo la liberación de las más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y otra por las más de 235 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua. Estas estuvieron colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández. 

Vallas exigiendo la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Reiteramos nuestro compromiso con las personas privadas de libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que sus historias sean conocidas al igual que las arbitrariedades a las que han sido sometidas. 

Las organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela que demandan la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos estarán acompañándonos en las denuncias y exigencias de libertad, y las y los familiares también elevarán su voz ante los medios de comunicación, para que la inmediata liberación  de las personas detenidas arbitrariamente, continúe en la agenda y alcancemos pronto el resultado esperado. 

Desde Raza e Igualdad y las organizaciones aliadas, continuamos realizando acciones de litigio e incidencia ante los órganos internacionales del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, que faciliten el  camino hacia la libertad de todas las personas injustamente privadas de su libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Tragedia anunciada: la articulación de los movimientos antidemocráticos debe ser investigada por el Estado brasileño

Brasil, 10 de enero de 2022 – La acción de los manifestantes bolsonaristas que culminó en el estrago del patrimonio público e histórico brasileño en la capital federal, en un vil intento de golpe antidemocrático, se consolidó como una tragedia anunciada. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Estado brasileño para que priorice en su plan de seguridad pública la investigación y contención de los actos antidemocráticos en aumento en el país. Por ello, instamos a la rendición de cuentas bajo el más estricto peso de la ley de todos los involucrados en actos de vandalismo en la sede de los Tres Poderes, así como la identificación de los financiadores de esta articulación criminal.

Tras el establecimiento del Estado Democrático de Derecho brasileño, por primera vez, este hecho insurgente amenaza la democracia brasileña a nivel nacional e internacional.  Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 son preocupantes no solo porque atentan contra la voluntad popular soberana establecida en el proceso electoral de 2022 y contra las instituciones democráticas nacionales, sino también porque buscan legitimar los crímenes de odio y la escalada de violencia bajo el manto de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos sumamos al repudio internacional y llamamos a la celeridad y rigidez en las investigaciones con la observación del debido proceso.

La omisión de la Policía Militar y la conveniencia del Ejército resuenan como una advertencia a los gobernantes de que algo peor puede suceder.  En vista de esto, Brasil necesita priorizar, a nivel nacional, la agenda de seguridad democrática alineada para enfrentar este escenario de fuerte polarización desde el anuncio de la victoria del presidente Lula. Los casi 150 autobuses que llegaron a Brasilia con manifestantes bolsonaristas eran conocidos por el Estado y las fuerzas de seguridad. Luego, la omisión deliberada de la invasión de edificios públicos, además de representar una afrenta a la democracia brasileña, revela la certeza de la impunidad como símbolo político de un país sin memoria histórica, que favorece a sectores privilegiados. La caricatura del ‘Capitolio bolsonarista’ es elitista, racista, sexista y LGBTIfóbica.

Así, Raza e Igualdad, como organización de derechos humanos, repudia los ataques contra los Tres Poderes y espera que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda restablecer la defensa de la paz y la democracia. También es esencial promover una política de confrontación  y monitoreo de los movimientos antidemocráticos que, motivados por la agenda bolsonarista, no cesarán durante los próximos cuatro años de mandato. Por lo tanto, es urgente que cualquier posibilidad de amnistía esté fuera de discusión para que la República de Brasil avance hacia la equidad y la justicia social.

Foro Permanente de los Afrodescendientes de la ONU: Raza e Igualdad y OSCs brasileñas reafirman su compromiso de combatir el racismo sistémico

Brasil, 23 de deciembre de 2022 – Entre el 5 y el 8 de diciembre, el primer período de sesiones del Foro Permanente de los Afrodescendientes tuvo lugar en Ginebra (Suiza). Creado a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, el propósito de este mecanismo consultivo es contribuir a combatir el racismo y consolidar los derechos de la población negra, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) estuvo presente en el Foro con organizaciones brasileñas co-partes, entre ellas: la ONG Criola, Ilê Axé Omiojuaro, Geledés – Instituto de Mujeres Negras y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

La creación de este Foro era algo esperado entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, por lo que su realización fue celebrada por todas las personas presentes. El evento contó con la presencia de Epsy Campbell Bar, Presidenta del Foro Permanente y ex Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, Vicepresidenta de Colombia y Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La mesa de apertura estuvo presidida por la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Foro contó con más de 900 personas (virtuales y presenciales), con casi 700 personas presentes durante cuatro días de intensos debates, incluyendo activistas de derechos humanos, expertos de las Naciones Unidas, actores estatales y sociedad civil de varios países que actúan por los derechos de la población negra.

La convención se llevó a cabo a través de paneles temáticos, reuniones y también contó con 27 eventos paralelos. De este modo, fue posible identificar los temas prioritarios en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, pero también compartir estrategias de buenas prácticas entre la sociedad civil. Los principales debates tuvieron lugar en torno a la lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial; la inclusión de los afrodescendientes en la agenda de desarrollo sostenible – el caso de la justicia climática; la necesidad del derecho a la reparación; la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes; la necesidad de equidad para todos, destacando la necesidad de interseccionalidad para comprender las diversas formas de discriminación racial, con énfasis en los derechos de las mujeres, los jóvenes, personas LGBTI+ y migrantes.

El último día, el debate giró en torno al futuro del Foro Permanente. Todos los paneles contaron con la participación de líderes de la sociedad civil presentes, a través de declaraciones sobre los temas propuestos. Cabe señalar que la Declaración de Durban y su Plan de Acción fueron mencionados continuamente por todos los presentes. Además, aproximadamente 300 personas pudieron presentar sus contribuciones para colaborar con la construcción del Foro. El evento también contó con actividad cultural, a través de la presentación del grupo «Escuelita del Ritmo», de Panamá, y el Grupo “Ubufakazi Besoweto”, de Sudáfrica.

Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña participaron en los debates, incluidas las OSCs co-partes de Raza e Igualdad en Brasil. Este grupo tuvo la oportunidad de denunciar el racismo en los cuerpos de las mujeres cis y trans, la mortalidad materna, el racismo sistémico en el sistema de justicia, la importancia de combatir el racismo religioso y reivindicar el compromiso del Foro con las mujeres trans negras. Por Raza e Igualdad, estuvieron presentes el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa de Raza y Género en Brasil, Leilane Reis. En su intervención,  Leilane Reis destacó la importancia de la interacción de la futura Declaración de las Naciones Unidas con la Convención Interamericana contra el Racismo, enfatizando que los Estados presentes que se han comprometido a ratificar e implementar el documento cumplan esta promesa en pos de la lucha efectiva contra el racismo.

Como cierre de los cuatro días de trabajo, luego del intenso proceso de escucha, el Relator Michael Eachrane señaló algunas observaciones preliminares al Plan de Trabajo del Foro con miras a los próximos tres años, además de resaltar la necesidad de extender el Decenio de los Afrodescendientes hasta 2034. La próxima reunión tendrá lugar en mayo de 2023 en Nueva York. Raza e Igualdad celebra la implementación del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes, y planea contribuir a todas las oportunidades de construcción colectiva, siempre llamando a la participación de la sociedad civil y activistas afrodescendientes para la lucha efectiva por los derechos humanos.

Ante la grave crisis en el Perú organizaciones internacionales y nacionales solicitan visita conjunta al país por parte de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Diciembre 15, 2022. Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos preocupaciones en materia de derechos humanos derivadas de la crisis institucional y la declaratoria de Estado de emergencia en el Perú. La declaratoria se da en respuesta a la protesta social a lo largo del país, como consecuencia del grave contexto de inestabilidad institucional que atraviesa el Perú. Situación que nos lleva a solicitar una visita conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el más breve plazo.

El Estado de emergencia, declarado el 14 de diciembre, tiene efecto en todo el territorio nacional por 30 días y suspende derechos constitucional e internacionalmente protegidos. Específicamente los derechos a la libertad de reunión, libertad de tránsito por el territorio nacional, inviolabilidad de domicilio y seguridad personales. También permite la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales.

Esta declaratoria de emergencia genera serias preocupaciones y un alto riesgo de que se generen violaciones a derechos humanos en el contexto actual de protesta social que vive el país. En la última semana, se han documentado actos de violencia, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, ataques a la prensa e incluso se han registrado varias muertes en el marco de las protestas, algunas antes de la declaratoria.

Las instituciones del Estado peruano deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Como organizaciones de la sociedad civil llamamos al Estado peruano a adherir su actuación a los estándares establecidos en el derecho internacional en relación con la suspensión de derechos humanos en el marco de estados de emergencia. En particular, recalcamos que este tipo de estados pueden ser adoptados en situaciones sumamente excepcionales en que exista un grave peligro público. Adicionalmente recordamos que, de conformidad con los estándares internacionales, el malestar que genera la protesta social no puede ser usado como justificación para la declaratoria de Estados de emergencia.

Las organizaciones firmantes, instamos al Estado peruano a cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que marca el derecho internacional en relación con los estados de excepción para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y/o desproporcionada. Llamamos a un diálogo participativo, centrado en las y los peruanos que legítimamente exigen protección a sus derechos y soluciones duraderas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad en el Perú.

Finalmente, convocamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca el desarrollo de las protestas en el Perú, particularmente en el marco del nuevo Estado de emergencia. Así como acompañar a las y los peruanos en el proceso para superar las causas estructurales a nivel institucional que han desatado las manifestaciones sociales, a fin de garantizar soluciones duraderas a esta crisis.

Organizaciones firmantes:
Acción por los Derechos Humanos
Acción por los Niños
Acción Solidaria
Acción Solidaria
Alerta Venezuela
Amnistía Internacional
Andean Information Network
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
Articulación Feminista Marcosur en América Latina. Centro Flora Tristán, en Perú
Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad ACCI
Asociación Agenda Mujeres
Asociación Arariwa
Asociación Caminos de la Memoria
Asociación Centro Loyola Ayacucho
Asociación Construyendo caminos de esperanza frente a la injusticia el rechazo y el olvido
CCEFIRO
Asociación de consumidores Orgánicos, México
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional
Asociación de mujeres Gabriela Mistral
Asociación MINGA
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación SER, Perú
Asonalca
Association Franco Chilienne du Loiret -France
Ayni Desarrollo
Caleidoscopio Humano
Caminos de la Memoria
Casa de la mujer
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC, Perú
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – CADEF
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, Perú
Centro de Desarrollo Andino Sisay
Centro de Desarrollo Etnico – CEDET
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S:J.» (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH
Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Peru EQUIDAD
Centro de Prevención de la Mujer Micaela Bastidas, Perú
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
Centro Gumilla
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Chile en mi Memoria
Chile Sin Ecocidio
CIDES
CIET Uruguay
Ciudadanos por la Memoria
Civilis Derechos Humanos
Cladem – Perú
Clima21
Coalición ciudadana
Coalición Ciudadana
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia
COALICO
Colectivo Cultural Kimiri Bonito
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» CAJAR – Colombia
Colectivo Los Pacientes Importan, Perú
Colectivo Madreselva
Colectivo por la Igualdad de Género de Piura
Colectivo por la Paz en Colombia desde México – COLPAZ
Colectivo por la Paz en Colombia desde México Colpaz
Colectivo Pro Derechos Humanos
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
Colombia Hunan Rights Committee
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apuré
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador – CDHES
Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión Ética contra la Tortura – CECT
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH-RD
Comité de Defensa de los Derechos de laMujer y de los Pueblos – CODEMP
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIC
Comité de sólidaridad con los presos políticos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Colombia – CPDH
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca
Comunicación, Diálogo y Conciencia SC – Códice
Comunidad nativa San Pedro de Sotani, Perú
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU
Coordinador Nacional Agrario Nariño – CNA
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política
Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, Guatemala
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH Perú
Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay
Corporación Córdoba Diversa LGBTI, Argentina
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU, Chile
Corporación Humanas Chile
Corporación Jurídica Libertad
Corporacion Juridica Yira Castro, Colombia
Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
Corporación Reiniciar
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica
Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Perú
Derechos de la Madre Tierra, Chile
Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
Derechos Madre Tierra, Chile
Dirección de Estudios Históricos del instituto Nacional de Antropología e Historia
DNI, Uruguay
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Honduras
Espacio Público
Expresión Libre, Venezuela
Familiares Colombia LF
Federación de Comunidades Nativas – FECONAYA
Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH
Fondo Socioambiental del Perú
Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa – FORDES
Foro Salud de Perú
Frente de Defensa y Desarrollo de la región de Junín
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile
Fundacion de derechos humanos PASOS – Proceso de apoyo y solidaridad con las organizaciones
sociales y populares
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Fundación Guagua, Colombia
Fundación Inti Phajsi
Fundación Lazos de Dignidad
Fundación Myrna Mack – Guatemala
FUNDACIÓN NYDIA ERIKA BAUTISTA
Fundación para el Debido Proceso – DPLF
Fundación Paz y Reconciliación PARES COLOMBIA- ODEVIDA INTERNACIONAL
Fundación Quitu Raymi – Ecuador
Fundación Salud Ambiente y Desarrollo, Ecuador
Gobiérnatec
Grupo Iniciativas por la Libertad
Grupo Interdisciplinario GIDH
GRUPO SEPAR
Help De Andes
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
INREDH – Ecuador
Instituto de Defensa Legal – IDL
Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social IPEP CJS Chimbote
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES»
Instituto Regional para la Paz
Juventud, Política y Desarrollo (JPD)
Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
Kukalla Abya Yala
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Mesa Territorial Garsntías Chocó
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Universitario Pensamiento Crítico
Nucleo de Preservação da Memória Política
Observatorio Ciudadano – Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Odevida, Capítulo Venezuela
Olla común JIREH de ADESEP distrito de Santa Rosa
Paz y Esperanza
PEX al lado del corazón
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Plataforma de DDHH para el Buen Vivir, Chile
Plataforma por los DDHH Santa Cruz
Poder de Mujer
Prepara Familia
ProDiálogo, Perú
Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
RCS – Red de Coaliciones Sur, defendiendo los derechos de la niñez y la adolescencia en
Latinoamérica.
Red Colombiana de Lugares de Memoria
Red Construyendo Paz Latinoamérica – CoPaLa
Red contacto Sur
Red de ollas de VMT
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Red Para la Infancia y la Adolescencia RIA
RED WIPHALAS / WIPHALAS NETWORK
Robert F. Kennedy Human Rights
Salud Sin Límites Perú
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sitio de Memoria Sacerdote Mauricio Silva
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
TPH, Chile
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala
(UDEFEGUA)
Vicaria de DDHH de Caracas
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Link Worldwide

*Enlace del Comunicado Conjunto

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