Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU, visita Brasil para dialogar con organizaciones de movimientos negros e indígenas

Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU, visita Brasil para dialogar con organizaciones de movimientos negros e indígenas

El evento, que tiene lugar en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial, reunirá a autoridades y activistas importantes para discutir acciones en la lucha contra el racismo

Brasil,  20 de marzo de 2023 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asociación con la ONG Criola, Geledés – Instituto de la Mujer Afro, Sello Juristas Negras, Grupo Conexión G de Ciudadanía LGBT de Favelas, Renafro Saúde e Ilê Omolu y Oxum, Instituto Iepé y Hutukara Asociación Yanomami, celebrará el miércoles 22 de marzo de 2023 el evento «Mecanismos sobre la raza en el sistema universal de derechos humanos: estrategias y próximos pasos en Brasil».

El evento contará con la presencia de Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU, así como Ministros de Estado, Embajadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil brasileña. «Quiero conocer aún más la situación de la población afro en Brasil, especialmente las mujeres afros», explica Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU.

La reunión se celebrará en el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial y el Día Nacional de las Tradiciones Africanas y Naciones de Candomblé, una fecha importante para la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad racial. El objetivo del evento es examinar estrategias y próximos pasos para fortalecer los mecanismos sobre raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como las recomendaciones formuladas por el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y por el Examen Periódico Universal (EPU).

Uno de los puntos que se tratará durante las mesas es la garantía de protección de los derechos humanos de las personas afros e indígenas para combatir el racismo en todas sus formas, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de estas poblaciones. “Será una gran oportunidad para conversar con las organizaciones de la sociedad civil y dar a conocer la importancia de esta alianza para que podamos llevar sus demandas al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que se reunirá por segunda vez en mayo de este año, en Nueva York”, destaca Campbell.

Paneles

El panel ‘El Papel del Estado Brasileño en el Proceso de Implementación de las Recomendaciones Internacionales’, tendrá la participación de Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad; Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial; Sônia Guajajara, Ministra de los Pueblos Indígenas; el Embajador de Brasil en Kenia, Silvio Albuquerque; Fabrício Prado, Primer Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) y Rodnei Jericó da Silva, Coordinador del Programa Brasil de Raza e Igualdad.

El panel ‘Participación de la Sociedad Civil ante los Mecanismos Internacionales’ tendrá a Lúcia Xavier, Coordinadora General  ONG Criola; Gilmara Cunha, Directora Ejecutiva del Grupo Conexión G; Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política de Geledés; Madre Nilce  de Iansã, Coordinadora Nacional de RENAFRO e Iyá Egbe do Ilê Omolu y Oxum; Lívia Sant’Anna Vaz, Coordinadora del Selo de Juristas Negras; Maurício Ye Kuana, Director  de la Asociación Hatukara Yanomami; y como moderadora, Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil de Raza e Igualdad.

«Es un honor llevar a Epsy Campbell a una escucha directa de la sociedad civil en diálogo directo con el Poder Ejecutivo. Los derechos de la población afro e indígena han sufrido un gran retroceso en los últimos años y con la creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes, los mecanismos internacionales están más atentos a las violaciones de los derechos de estas poblaciones en Brasil», dijo Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de Raza e Igualdad en Brasil.

El evento se realizará en formato híbrido (presencial y online) el 22 de marzo, de 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia) / 13h30 a las 17h30 (Washington DC), en el Hotel Cullinan HPlus de Brasilia. También contará con interpretación simultánea en portugués y español y será transmitido por Facebook Live en la página @raceandequality. Las personas interesadas en participar en el evento deben registrarse de forma gratuita a través de la plataforma Zoom https://bit.ly/3llo0kY

 

Programa: «Mecanismos sobre la raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos: Estrategias y próximos pasos en Brasil»

Fecha: 22 de marzo de 2023

Horario: 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia)/ 13h30 a las 17h30 (Washington DC)

Ubicación: Hotel Cullinan Hplus Premium – Brasilia

Registro virtual por zoom: https://bit.ly/3llo0kY

“De Cuba se extraña todo”: activistas forzados al exilio

Washington D.C., 13 de febrero de 2023 – Durante el 2022, más de 270.000 personas provenientes de Cuba llegaron por tierra y mar a los Estados Unidos, según la aduana estadounidense y la guardia costera de este país[1]. Cerca de 70 migrantes cubanos y cubanas murieron o desaparecieron en el Caribe, la gran mayoría debido a las malas condiciones climáticas que dificultan la navegación y el uso de embarcaciones que no son aptas para navegar en alta mar, de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[2].

Las cifras de personas que salieron de la Isla en 2022 superaron las olas migratorias pasadas: la ocurrida tras el triunfo de la Revolución Castrista entre 1959 y 1962, en el que 250.000 ciudadanos fueron expatriados; la llevada a cabo en 1980 en el puerto del municipio de Mariel, donde salieron unos 125.000 cubanos y cubanas; y la crisis de los balseros en 1994, en el que más de 30.000 personas abandonaron el país[3].

La mayoría de las personas provenientes de Cuba han salido de la Isla por la grave crisis económica, el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, la falta de empleo, y la difícil situación política y social, que ha empeorado luego de las históricas protestas ciudadanas de julio de 2021, también conocidas como 11J. Sin embargo, existe un grupo de cubanos y cubanas que han emigrado porque han sido obligados/as al exilio. Activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, juristas, y personas críticas con el gobierno han sido forzadas a abandonar la Isla en los últimos años[4], a cambio de no ser enjuiciadas y encarceladas, especialmente luego de que entrara en vigor el nuevo Código Penal, que recrudece la criminalización a las personas y organizaciones que luchan dentro del país por el reconocimiento de los derechos humanos.[5]

Ellos y ellas, que ya no están en Cuba, se encuentran en Estados Unidos y en otros países con el propósito de comenzar una vida donde se sientan libres y sin miedo.

Con atención psicológica en Argentina

La escritora y periodista independiente, María Matienzo; y su pareja, la activista Kirenia Núñez, llegaron el 22 de agosto del año pasado a Buenos Aires, Argentina. Allí se instalaron luego de huir de la represión y el hostigamiento constante que venían sufriendo a raíz de las denuncias que realizaron en contra del gobierno cubano. “Fuimos detenidas en muchas ocasiones en La Habana, y si agrupamos todas las veces de retención, tendríamos un año de privación de libertad”, dice Matienzo, quien permanece en este país gracias al apoyo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organización que también le ha permitido recibir atención psicológica.

“No he logrado disfrutar (Buenos Aires) como he querido. He estado muchísimo tiempo recuperándome, no es tan fácil como la gente piensa. De hecho, los primeros días cuando llegamos acá había muchos policías en la calle, que apenas nos miraban. Pero igual no pudimos evitar sentirnos nerviosas”, afirma María, quien junto con Kirenia permanecen de forma irregular en Argentina.

A la espera de un asilo político en Alemania

La historia de María y Kirenia es muy similar a la del activista Jancel Moreno y su pareja Wilfredo Carmenate, quienes tuvieron que salir de la Isla el 13 de septiembre de 2022. Con una mochila sobre las espaldas arribaron a Frankfurt, Alemania, donde han solicitado asilo político y han tenido que demostrar cómo el gobierno cubano amenazaba a Jancel con llevarlo a prisión, y dejó de suministrar los medicamentos que toma Wilfredo para tratar una artrosis de cadera, que le aqueja desde hace varios años.

Entre julio y septiembre del año pasado, Jancel fue hostigado aproximadamente tres veces por la Seguridad del Estado. Le dijeron que, si no renunciaba públicamente al activismo y salía de Cuba, sería acusado por los delitos de “mercenarismo, incitación a delinquir, usurpación de funciones y propaganda enemiga”. Todo esto mientras amenazaban a su pareja con procesarlo por el delito de “actividad económica ilícita”.

Jancel y Wilfredo permanecen en un campo para personas migrantes en la ciudad de Zirndorf. Están esperando que el gobierno alemán les dé una respuesta a la solicitud de asilo político, que podría conocerse luego de un año; mientras tanto, aprenden el idioma de este país europeo, y esperan ser trasladados a otra zona de Alemania.

Sobreviven en Estados Unidos

El periodista independiente Orelvys Cabrera y su pareja Yunior Pino también fueron forzados a abandonar la Isla. “El 19 de diciembre de 2021 salí de Cuba porque fui amenazado luego de que me dijeran que podrían acusarme de una serie de delitos que sumaban unos 30 años de cárcel. Me dieron un ultimátum: si estás aquí el 5 de enero de 2022, serás judicializado. Entonces, mi pareja y yo vendimos todo y nos fuimos a Moscú”, afirma Orelvys.

En la capital de Rusia estuvieron tres meses, hasta que Orelvys fue nuevamente hostigado, esta vez por denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren migrantes de Cuba en este país asiático. De allí se trasladaron a Egipto, donde una organización internacional les informó que el Parlamento de la República Checa les había otorgado un asilo político, entonces viajaron a ese territorio. Pero al cabo de un tiempo, notaron que era muy difícil aprender checo (idioma oficial en este país), y por ende encontrar un trabajo; entonces decidieron irse a México, y allí atravesaron la frontera con Estados Unidos y se entregaron a las autoridades norteamericanas el 28 de marzo del año pasado.

Orelvys y su pareja se encuentran en Miami protegidos por el formulario I-220A, que impide que sean deportados o llevados a prisión. Ambos están en espera que un juez de migración les otorgue un asilo político.

Se acogió a la Ley de Ajuste Cubano

La historiadora del arte Claudia Genlui es otra de las activistas que fue forzada al exilio. Ella salió de Cuba el 1 de noviembre de 2021, cuatro meses después de las protestas pacíficas del 11J. Llegó a Miami, Estados Unidos, luego de ser asediada constantemente por la Seguridad del Estado, que la vigilaba y hostigaba por denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y por ser integrante del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas cubanos y cubanas fundado por su pareja, el artista de performance y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de cinco años de prisión por exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

“Pensar Cuba es esa herida abierta que siempre está ahí. Yo todavía no he logrado dar un paso al frente sobre eso, es extremadamente doloroso para mí, sobre todo porque yo nunca deseé salir… De Cuba se extraña todo”, afirma Genlui, quien asegura también que fue difícil dejar a Luis Manuel, y a su familia en general, especialmente a su abuela, una mujer de más de 80 años que vivía con ella antes de su partida.

Claudia se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, una ley federal que permite solicitar la residencia estadounidense luego de estar un año y un día en el país norteamericano. Ella está a la espera de una respuesta por parte del gobierno de este país, mientras tanto estudia inglés.

Las historias de María, Kirenia, Jancel, Wilfredo, Orelvys, Junior y Claudia, representan a cientos de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y críticos del gobierno cubano que han sido obligados a salir de Cuba. Ellos y ellas han sido forzados a dejar sus familias para adentrarse a países con idiomas, culturas y tradiciones diferentes.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigimos al Estado de Cuba que cese el uso de estrategias de represión como el exilio forzado, y que se reconozcan y garanticen los derechos humanos de cada una de las personas que residen en su territorio. Reiteramos nuestro llamado al gobierno de la Isla para que cumpla las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y exhortamos a la comunidad internacional para que se garantice la protección de las personas migrantes cubanas, independientemente de su estatus migratorio.

***

[1] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[2] En 2022, cifra récord de migrantes desaparecidos en el Caribe. Enero 24 de 2023. Disponible: https://www.iom.int/es/news/en-2022-cifra-record-de-migrantes-desaparecidos-en-el-caribe

[3] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[4] Cuba: Crisis migratoria y prácticas represivas en el contexto de la movilidad humana. Octubre 27 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuba-crisis-migratoria-y-practicas-represivas-en-el-contexto-de-la-movilidad-humana/

[5] Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Junio 14 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

Asesinato de Tyre Nichols, una completa deshumanización de las vidas afroamericanas ¡Basta ya!

Washington DC, 30 de enero de 2023.- A la luz de la evidencia sobre la violencia policial racista que provocó la muerte del joven afroamericano Tyre Nichols, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expone su máxima condena de los hechos y llama la atención sobre la persistencia del racismo y del uso desproporcionado de la fuerza en la Policía en Estados Unidos y el mundo.

Una vez más vemos cómo el racismo sistémico se manifiesta de forma brutal y mortal. La violencia verbal y física que ejercieron los cinco agentes que abordaron a Nichols son muestra de la deshumanización que pesa sobre las vidas afroamericanas, tal como ocurrió en el arresto que llevó a la muerte de George Floyd en mayo del 2020.

Ante el hecho de que los cinco policías en cuestión sean también afroamericanos, hacemos hincapié en que el racismo sistémico debe ser visto más allá del color de piel de las personas que reproducen sus manifestaciones. Es, en definitiva, un conjunto de expresiones –y también omisiones—que conllevan a un trato deshumanizante de las personas afrodescendientes y afroamericanas, sobre todo aquellas de bajos ingresos.

A pocos días de haber conmemorado la lucha por la igualdad racial de Martin Luther King, Jr. (16 de enero) y a las puertas del Mes de la Historia Afro-estadounidense, Raza e Igualdad llama la atención sobre la gravedad de estos hechos y reitera la urgencia de implementar un plan de acción para desentrañar, de una vez por todas, el racismo sistémico en la Policía de Estados Unidos, tomando en cuenta los mecanismos internacionales en materia de combate a la violencia policial racista y promoción de la justicia racial.

Recalcamos también la importancia que tiene en este contexto la visita a Estados Unidos del Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés), a realizarse del 24 de abril al 5 de mayo. Exhortamos a sus integrantes a programar una visita a la ciudad de Memphis para reforzar su misión a la luz de los nuevos acontecimientos, del clamor de las víctimas y de las demandas y propuestas de la sociedad civil que lucha por la igualdad racial.

Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen arbitrariamente más de 1500 personas privadas de libertad por motivos políticos, denuncia Raza e Igualdad

Washington D.C., 23 de enero de 2023 – En el marco de la VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia que Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen la mayor cantidad de personas privadas de libertad por motivos políticos en toda América. En estos tres países, más de 1500 personas han sido o están en proceso de ser sometidas a juicios sin garantías, y tortura física y psicológica.

Cuba es el país que tiene más personas privadas de libertad. Hasta el 10 de enero de 2023, más de 600 personas permanecían detenidas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, de acuerdo con cifras del grupo de trabajo Justicia 11J.

Sin embargo, la cifra de cubanos y cubanas que han sido detenidos por exigir sus derechos es aún mayor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló a finales del año pasado que más de mil ciudadanos permanecen en prisión por motivos políticos en la Isla. 

Hasta el 17 de enero de 2023, Foro Penal registró 274 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, el segundo país con mayores registros de este tipo de detención arbitraria, mientras que en Nicaragua la cifra continúa aumentando y a noviembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba más de 235 personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos.

Debido a esta situación, Raza e Igualdad está realizando una serie de acciones de denuncia en Argentina, país donde se celebrará la VII Cumbre de la CELAC, para que los jefes de Estado tengan presente que se debe continuar exigiendo la liberación de estas personas.

Como parte de estas acciones estratégicas en el marco de la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, hemos instalado 200 carteles verticales a dos caras que están a la altura de la vista de los transeúntes, con un mensaje exigiendo que las más de mil personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela sean liberadas. 

Estos fueron colocados en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, incluidas las cercanías del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, donde se realizará la Cumbre.

De igual manera, instalamos dos vallas durante un período de tres días (del 20 al 22 de enero); una exigiendo la liberación de las más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y otra por las más de 235 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua. Estas estuvieron colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández. 

Vallas exigiendo la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Reiteramos nuestro compromiso con las personas privadas de libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que sus historias sean conocidas al igual que las arbitrariedades a las que han sido sometidas. 

Las organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela que demandan la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos estarán acompañándonos en las denuncias y exigencias de libertad, y las y los familiares también elevarán su voz ante los medios de comunicación, para que la inmediata liberación  de las personas detenidas arbitrariamente, continúe en la agenda y alcancemos pronto el resultado esperado. 

Desde Raza e Igualdad y las organizaciones aliadas, continuamos realizando acciones de litigio e incidencia ante los órganos internacionales del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, que faciliten el  camino hacia la libertad de todas las personas injustamente privadas de su libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Tragedia anunciada: la articulación de los movimientos antidemocráticos debe ser investigada por el Estado brasileño

Brasil, 10 de enero de 2022 – La acción de los manifestantes bolsonaristas que culminó en el estrago del patrimonio público e histórico brasileño en la capital federal, en un vil intento de golpe antidemocrático, se consolidó como una tragedia anunciada. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Estado brasileño para que priorice en su plan de seguridad pública la investigación y contención de los actos antidemocráticos en aumento en el país. Por ello, instamos a la rendición de cuentas bajo el más estricto peso de la ley de todos los involucrados en actos de vandalismo en la sede de los Tres Poderes, así como la identificación de los financiadores de esta articulación criminal.

Tras el establecimiento del Estado Democrático de Derecho brasileño, por primera vez, este hecho insurgente amenaza la democracia brasileña a nivel nacional e internacional.  Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 son preocupantes no solo porque atentan contra la voluntad popular soberana establecida en el proceso electoral de 2022 y contra las instituciones democráticas nacionales, sino también porque buscan legitimar los crímenes de odio y la escalada de violencia bajo el manto de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos sumamos al repudio internacional y llamamos a la celeridad y rigidez en las investigaciones con la observación del debido proceso.

La omisión de la Policía Militar y la conveniencia del Ejército resuenan como una advertencia a los gobernantes de que algo peor puede suceder.  En vista de esto, Brasil necesita priorizar, a nivel nacional, la agenda de seguridad democrática alineada para enfrentar este escenario de fuerte polarización desde el anuncio de la victoria del presidente Lula. Los casi 150 autobuses que llegaron a Brasilia con manifestantes bolsonaristas eran conocidos por el Estado y las fuerzas de seguridad. Luego, la omisión deliberada de la invasión de edificios públicos, además de representar una afrenta a la democracia brasileña, revela la certeza de la impunidad como símbolo político de un país sin memoria histórica, que favorece a sectores privilegiados. La caricatura del ‘Capitolio bolsonarista’ es elitista, racista, sexista y LGBTIfóbica.

Así, Raza e Igualdad, como organización de derechos humanos, repudia los ataques contra los Tres Poderes y espera que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda restablecer la defensa de la paz y la democracia. También es esencial promover una política de confrontación  y monitoreo de los movimientos antidemocráticos que, motivados por la agenda bolsonarista, no cesarán durante los próximos cuatro años de mandato. Por lo tanto, es urgente que cualquier posibilidad de amnistía esté fuera de discusión para que la República de Brasil avance hacia la equidad y la justicia social.

Foro Permanente de los Afrodescendientes de la ONU: Raza e Igualdad y OSCs brasileñas reafirman su compromiso de combatir el racismo sistémico

Brasil, 23 de deciembre de 2022 – Entre el 5 y el 8 de diciembre, el primer período de sesiones del Foro Permanente de los Afrodescendientes tuvo lugar en Ginebra (Suiza). Creado a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, el propósito de este mecanismo consultivo es contribuir a combatir el racismo y consolidar los derechos de la población negra, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) estuvo presente en el Foro con organizaciones brasileñas co-partes, entre ellas: la ONG Criola, Ilê Axé Omiojuaro, Geledés – Instituto de Mujeres Negras y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

La creación de este Foro era algo esperado entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, por lo que su realización fue celebrada por todas las personas presentes. El evento contó con la presencia de Epsy Campbell Bar, Presidenta del Foro Permanente y ex Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, Vicepresidenta de Colombia y Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La mesa de apertura estuvo presidida por la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Foro contó con más de 900 personas (virtuales y presenciales), con casi 700 personas presentes durante cuatro días de intensos debates, incluyendo activistas de derechos humanos, expertos de las Naciones Unidas, actores estatales y sociedad civil de varios países que actúan por los derechos de la población negra.

La convención se llevó a cabo a través de paneles temáticos, reuniones y también contó con 27 eventos paralelos. De este modo, fue posible identificar los temas prioritarios en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, pero también compartir estrategias de buenas prácticas entre la sociedad civil. Los principales debates tuvieron lugar en torno a la lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial; la inclusión de los afrodescendientes en la agenda de desarrollo sostenible – el caso de la justicia climática; la necesidad del derecho a la reparación; la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes; la necesidad de equidad para todos, destacando la necesidad de interseccionalidad para comprender las diversas formas de discriminación racial, con énfasis en los derechos de las mujeres, los jóvenes, personas LGBTI+ y migrantes.

El último día, el debate giró en torno al futuro del Foro Permanente. Todos los paneles contaron con la participación de líderes de la sociedad civil presentes, a través de declaraciones sobre los temas propuestos. Cabe señalar que la Declaración de Durban y su Plan de Acción fueron mencionados continuamente por todos los presentes. Además, aproximadamente 300 personas pudieron presentar sus contribuciones para colaborar con la construcción del Foro. El evento también contó con actividad cultural, a través de la presentación del grupo «Escuelita del Ritmo», de Panamá, y el Grupo “Ubufakazi Besoweto”, de Sudáfrica.

Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña participaron en los debates, incluidas las OSCs co-partes de Raza e Igualdad en Brasil. Este grupo tuvo la oportunidad de denunciar el racismo en los cuerpos de las mujeres cis y trans, la mortalidad materna, el racismo sistémico en el sistema de justicia, la importancia de combatir el racismo religioso y reivindicar el compromiso del Foro con las mujeres trans negras. Por Raza e Igualdad, estuvieron presentes el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa de Raza y Género en Brasil, Leilane Reis. En su intervención,  Leilane Reis destacó la importancia de la interacción de la futura Declaración de las Naciones Unidas con la Convención Interamericana contra el Racismo, enfatizando que los Estados presentes que se han comprometido a ratificar e implementar el documento cumplan esta promesa en pos de la lucha efectiva contra el racismo.

Como cierre de los cuatro días de trabajo, luego del intenso proceso de escucha, el Relator Michael Eachrane señaló algunas observaciones preliminares al Plan de Trabajo del Foro con miras a los próximos tres años, además de resaltar la necesidad de extender el Decenio de los Afrodescendientes hasta 2034. La próxima reunión tendrá lugar en mayo de 2023 en Nueva York. Raza e Igualdad celebra la implementación del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes, y planea contribuir a todas las oportunidades de construcción colectiva, siempre llamando a la participación de la sociedad civil y activistas afrodescendientes para la lucha efectiva por los derechos humanos.

Ante la grave crisis en el Perú organizaciones internacionales y nacionales solicitan visita conjunta al país por parte de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Diciembre 15, 2022. Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos preocupaciones en materia de derechos humanos derivadas de la crisis institucional y la declaratoria de Estado de emergencia en el Perú. La declaratoria se da en respuesta a la protesta social a lo largo del país, como consecuencia del grave contexto de inestabilidad institucional que atraviesa el Perú. Situación que nos lleva a solicitar una visita conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el más breve plazo.

El Estado de emergencia, declarado el 14 de diciembre, tiene efecto en todo el territorio nacional por 30 días y suspende derechos constitucional e internacionalmente protegidos. Específicamente los derechos a la libertad de reunión, libertad de tránsito por el territorio nacional, inviolabilidad de domicilio y seguridad personales. También permite la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales.

Esta declaratoria de emergencia genera serias preocupaciones y un alto riesgo de que se generen violaciones a derechos humanos en el contexto actual de protesta social que vive el país. En la última semana, se han documentado actos de violencia, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, ataques a la prensa e incluso se han registrado varias muertes en el marco de las protestas, algunas antes de la declaratoria.

Las instituciones del Estado peruano deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Como organizaciones de la sociedad civil llamamos al Estado peruano a adherir su actuación a los estándares establecidos en el derecho internacional en relación con la suspensión de derechos humanos en el marco de estados de emergencia. En particular, recalcamos que este tipo de estados pueden ser adoptados en situaciones sumamente excepcionales en que exista un grave peligro público. Adicionalmente recordamos que, de conformidad con los estándares internacionales, el malestar que genera la protesta social no puede ser usado como justificación para la declaratoria de Estados de emergencia.

Las organizaciones firmantes, instamos al Estado peruano a cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que marca el derecho internacional en relación con los estados de excepción para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y/o desproporcionada. Llamamos a un diálogo participativo, centrado en las y los peruanos que legítimamente exigen protección a sus derechos y soluciones duraderas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad en el Perú.

Finalmente, convocamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca el desarrollo de las protestas en el Perú, particularmente en el marco del nuevo Estado de emergencia. Así como acompañar a las y los peruanos en el proceso para superar las causas estructurales a nivel institucional que han desatado las manifestaciones sociales, a fin de garantizar soluciones duraderas a esta crisis.

Organizaciones firmantes:
Acción por los Derechos Humanos
Acción por los Niños
Acción Solidaria
Acción Solidaria
Alerta Venezuela
Amnistía Internacional
Andean Information Network
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
Articulación Feminista Marcosur en América Latina. Centro Flora Tristán, en Perú
Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad ACCI
Asociación Agenda Mujeres
Asociación Arariwa
Asociación Caminos de la Memoria
Asociación Centro Loyola Ayacucho
Asociación Construyendo caminos de esperanza frente a la injusticia el rechazo y el olvido
CCEFIRO
Asociación de consumidores Orgánicos, México
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional
Asociación de mujeres Gabriela Mistral
Asociación MINGA
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación SER, Perú
Asonalca
Association Franco Chilienne du Loiret -France
Ayni Desarrollo
Caleidoscopio Humano
Caminos de la Memoria
Casa de la mujer
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC, Perú
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – CADEF
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, Perú
Centro de Desarrollo Andino Sisay
Centro de Desarrollo Etnico – CEDET
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S:J.» (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH
Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Peru EQUIDAD
Centro de Prevención de la Mujer Micaela Bastidas, Perú
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
Centro Gumilla
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Chile en mi Memoria
Chile Sin Ecocidio
CIDES
CIET Uruguay
Ciudadanos por la Memoria
Civilis Derechos Humanos
Cladem – Perú
Clima21
Coalición ciudadana
Coalición Ciudadana
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia
COALICO
Colectivo Cultural Kimiri Bonito
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» CAJAR – Colombia
Colectivo Los Pacientes Importan, Perú
Colectivo Madreselva
Colectivo por la Igualdad de Género de Piura
Colectivo por la Paz en Colombia desde México – COLPAZ
Colectivo por la Paz en Colombia desde México Colpaz
Colectivo Pro Derechos Humanos
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
Colombia Hunan Rights Committee
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apuré
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador – CDHES
Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión Ética contra la Tortura – CECT
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH-RD
Comité de Defensa de los Derechos de laMujer y de los Pueblos – CODEMP
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIC
Comité de sólidaridad con los presos políticos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Colombia – CPDH
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca
Comunicación, Diálogo y Conciencia SC – Códice
Comunidad nativa San Pedro de Sotani, Perú
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU
Coordinador Nacional Agrario Nariño – CNA
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política
Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, Guatemala
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH Perú
Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay
Corporación Córdoba Diversa LGBTI, Argentina
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU, Chile
Corporación Humanas Chile
Corporación Jurídica Libertad
Corporacion Juridica Yira Castro, Colombia
Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
Corporación Reiniciar
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica
Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Perú
Derechos de la Madre Tierra, Chile
Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
Derechos Madre Tierra, Chile
Dirección de Estudios Históricos del instituto Nacional de Antropología e Historia
DNI, Uruguay
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Honduras
Espacio Público
Expresión Libre, Venezuela
Familiares Colombia LF
Federación de Comunidades Nativas – FECONAYA
Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH
Fondo Socioambiental del Perú
Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa – FORDES
Foro Salud de Perú
Frente de Defensa y Desarrollo de la región de Junín
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile
Fundacion de derechos humanos PASOS – Proceso de apoyo y solidaridad con las organizaciones
sociales y populares
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Fundación Guagua, Colombia
Fundación Inti Phajsi
Fundación Lazos de Dignidad
Fundación Myrna Mack – Guatemala
FUNDACIÓN NYDIA ERIKA BAUTISTA
Fundación para el Debido Proceso – DPLF
Fundación Paz y Reconciliación PARES COLOMBIA- ODEVIDA INTERNACIONAL
Fundación Quitu Raymi – Ecuador
Fundación Salud Ambiente y Desarrollo, Ecuador
Gobiérnatec
Grupo Iniciativas por la Libertad
Grupo Interdisciplinario GIDH
GRUPO SEPAR
Help De Andes
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
INREDH – Ecuador
Instituto de Defensa Legal – IDL
Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social IPEP CJS Chimbote
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES»
Instituto Regional para la Paz
Juventud, Política y Desarrollo (JPD)
Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
Kukalla Abya Yala
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Mesa Territorial Garsntías Chocó
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Universitario Pensamiento Crítico
Nucleo de Preservação da Memória Política
Observatorio Ciudadano – Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Odevida, Capítulo Venezuela
Olla común JIREH de ADESEP distrito de Santa Rosa
Paz y Esperanza
PEX al lado del corazón
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Plataforma de DDHH para el Buen Vivir, Chile
Plataforma por los DDHH Santa Cruz
Poder de Mujer
Prepara Familia
ProDiálogo, Perú
Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
RCS – Red de Coaliciones Sur, defendiendo los derechos de la niñez y la adolescencia en
Latinoamérica.
Red Colombiana de Lugares de Memoria
Red Construyendo Paz Latinoamérica – CoPaLa
Red contacto Sur
Red de ollas de VMT
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Red Para la Infancia y la Adolescencia RIA
RED WIPHALAS / WIPHALAS NETWORK
Robert F. Kennedy Human Rights
Salud Sin Límites Perú
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sitio de Memoria Sacerdote Mauricio Silva
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
TPH, Chile
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala
(UDEFEGUA)
Vicaria de DDHH de Caracas
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Link Worldwide

*Enlace del Comunicado Conjunto

Día de los Derechos Humanos: en busca de la dignidad, la libertad y la justicia

Este año, la conmemoración del Día de los Derechos Humanos está marcada por el inicio de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que se cumplen el 10 de diciembre de 2023. Naciones Unidas anunció que lanzará una campaña de un año de duración con el fin de presentar la DUDH centrándose en su legado, relevancia y activismo.

Al acercarnos al 75 aniversario de proclamación de esta Declaración -donde se establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales a los que todas las personas, en cualquier parte del mundo, tienen derecho- es importante reflexionar sobre qué ha mejorado y qué ha empeorado en todo este tiempo.

Un buen punto de partida para dicha reflexión es el lema escogido por Naciones Unidas para el Día de los Derechos Humanos este año: «Dignidad, libertad y justicia para todos y todas». En la Latinoamérica post pandemia, estos tres principios se ven seriamente cuestionados por la agudización que causó la Covid-19 en las diversas crisis que atraviesan la región: desigualdad, pobreza, racismo y discriminación, autoritarismo, violencia y corrupción.

Cuba: Sociedad civil a la sombra del nuevo Código Penal

El 1 de diciembre entró en vigor en Cuba un nuevo Código Penal que supone una profundización en la situación de persecución y criminalización que enfrentan activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes, pues establece nuevos delitos de forma ambigua y aumenta las penas para otros ya existentes, pero siempre en el ámbito de la libertad de expresión y de la manifestación pública. Por ejemplo, refiere que se sancionarán los actos que se consideren “provocadores”, sin especificar el alcance de esta terminología.

Durante el 2022 se han registrado en la Isla cifras récord de manifestaciones ciudadanas, debido principalmente a la escasez de alimentos y medicamentos. Dicha situación fue uno de los motores de las históricas protestas del 11 de julio del 2021 y días posteriores, que en su momento provocó la detención de más de mil personas, de las cuales más de 600 permanecen en prisión.

Nicaragua: La represión que perdura y se reinventa

Mientras la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua continúa profundizándose, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue evadiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y haciendo uso de nuevas estrategias represivas para atacar a las voces disidentes.

El Gobierno ha negado la entrada a personas nicaragüenses como represalia por su activismo o rol político. Los casos más recientes son el de Anexa Alfred Cunningham, abogada y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, a quien -pese a sus privilegios e inmunidades- se le negó la entrada a Nicaragua el pasado mes de junio; y el del periodista Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia EFE en Managua, quien al querer abordar un vuelo en Miami de regreso a Nicaragua, fue notificado de que no estaba autorizado para volver.

Por otro lado, Según el monitoreo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 235 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales y clandestinos de los cuales “se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos… y se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género”. Además, entre los más recientes arrestos, se visualiza un nuevo patrón represivo: al no encontrar a las personas consideradas de interés para la Policía Nacional, los agentes proceden a detener arbitrariamente a sus familiares.

Colombia: El segundo país más peligroso para líderes sociales de la región

Una de las principales afectaciones en materia de derechos humanos en este país, es la violencia continua contra personas con liderazgo social y defensoras de derechos, quienes son perseguidas, secuestradas y asesinadas, como represalia y castigo por su labor diaria. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del 2022 han sido asesinados 180 líderes y lideresas sociales, incluido Breiner David Cucuñame, un niño ambientalista de 14 años.

En tanto, información de la Defensoría del Pueblo indica que entre mayo y agosto de 2022 recibió y verificó 62 casos de homicidios a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, según un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta problemática en la región, la cual es particularmente preocupante también en Brasil, Guatemala, Honduras y México.

Perú: Entre la crisis política y la arremetida de grupos antiderechos

Recién el pasado 7 de diciembre, Perú abrió un nuevo capítulo de la profunda crisis política que vive desde hace meses. Horas después de que el Presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso para instalar uno nuevo con la tarea de elaborar una Constituyente, el Poder Legislativo procedió a aprobar su destitución y Castillo fue detenido. En su lugar fue nombrada la Vicepresidenta Dina Boluarte. Este proceso de destitución -o moción de vacancia- era el tercero que enfrentaba Castillo en menos de dos años, al mismo tiempo que pesan sobre él graves acusaciones de corrupción junto a varios Ministros y allegados.

A ello se suma que, en el Poder Legislativo, grupos conservadores tratan de posicionar una agenda en perjuicio de las mujeres y personas LGBTI+, al arremeter directamente contra el enfoque de género en la educación, la despenalización del aborto y los derechos LGBTI+, para lo cual invitan abiertamente a grupos antiderechos a sus despachos para consultarles. El último Proyecto de ley aprobado fue el 904/2021, el cual fue propuesto por la bancada ultraconservadora Renovación Popular y le resta autonomía al Ministerio de Educación (Minedu), así como elimina el enfoque de género y la educación sexual integral en el contenido de los materiales educativos en los colegios.

Brasil: Protagonismo de los movimientos sociales en la lucha por los derechos humanos

La lucha por la protección y garantía de los derechos humanos en Brasil tiene como exponente a los liderazgos de los movimientos sociales que históricamente han denunciado la situación de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en las favelas, atacando la vida de las personas negras, LGBTI+, practicantes de religiones de origen africano, y cómo el racismo en el sistema de justicia brasileño ha generado impunidad para los agresores. Activistas indígenas han expuesto los impactos de la minería y tala ilegal en sus territorios y cómo el Estado ha fallado en proteger la vida de sus pueblos, haciendo un llamado a toda la comunidad internacional a pensar en soluciones y estrategias que permitan la defensa de esta población.

Desde enero del 2019, con la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, ha resurgido la ofensiva contra los derechos humanos de la población negra, los pueblos indígenas y la población LGBTI+ en Brasil, marcada por el racismo, los prejuicios, la discriminación y los discursos de odio. También por acciones violentas cometidas por el propio Estado, que debe proteger y promover los derechos, así como por el desmantelamiento de políticas públicas creadas en gobiernos anteriores, situación que ha precarizado el mantenimiento del bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad en el país.

Así, el movimiento brasileño negro, indígena y LGBTI+ trabaja activamente en la construcción de una agenda para combatir el racismo y todas las formas de intolerancia, prejuicio y violencia, con miras a garantizar y proteger los derechos humanos.

República Dominicana: Bajo una política de discriminación y exclusión

En República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader ejecuta una campaña racista y xenófoba de persecución y expulsiones masivas contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. En este sentido, según datos de la Oficina Nacional de Migración de Haití, al menos 50,000 personas haitianas han sido deportadas de República Dominicana en el último trimestre (septiembre-noviembre).

Organizaciones de derechos humanos también han documentado allanamientos de viviendas sin orden judicial, amenazas y torturas por parte de agentes policiales y migratorios, detenciones arbitrarias entre las cuales se ha arrestado a mujeres embarazadas, y niños y niñas sin compañía de sus representantes legales; robos de pertenencias, insalubridad en los centros de detención, expulsiones de personas por puntos fronterizos no oficiales en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones.

Cabe destacar que, con el fin de legitimar estas graves violaciones a los derechos humanos, el Presidente emitió el decreto 668-22 “para prevenir y perseguir invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado” el pasado 11 de noviembre. Esto constituye violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en los que se refieren al derecho al refugio.

De esta forma se plantea un escenario desesperanzador, donde la existencia de mecanismos nacionales e internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos no parecen ser suficientes para que los Estados adopten e implementen políticas y medidas que garanticen una vida digna, en libertad y con justicia para todas las personas. ¿Qué hace falta para alcanzar ese objetivo que, por ahora, parece un espejismo? ¿Cómo se puede pasar de las palabras a los hechos?

El movimiento por los derechos humanos, conformado hoy en día por cientos de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales desde y para diversos sectores, ha venido dando pasos significativos al visibilizar las necesidades y demandas de grupos poblacionales vulnerables y excluidos, formular recomendaciones de políticas públicas, ejecutar proyectos de impacto social y activar los mecanismos de protección a nivel nacional, regional e internacional.

Sin embargo, en los últimos años se ha levantado un muro que impide avanzar con pie firme y que está compuesto por diferentes factores: la falta de voluntad política, el aumento del discurso de odio y de grupos conservadores, el afianzamiento de gobiernos autoritarios, la operación de grupos armados irregulares en la impunidad y la actividad extractivista, por mencionar algunos.

Uniendo esfuerzos, compartiendo esperanza

Ante las múltiples dificultades para la promoción y protección de los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), junto a trece organizaciones civiles de América Latina y el Caribe, decidió impulsar la creación del Foro Regional de Derechos Humanos RegionaR. A partir del análisis del contexto desde una mirada interseccional, esta iniciativa busca superar la fragmentación e iniciar una ruta que facilite la defensa integrada y simultánea de todos los derechos.

El Foro realizó su primer esfuerzo conjunto los pasados 29 y 30 de noviembre en Bogotá, Colombia, a través de la Conferencia Regional de Derechos Humanos RegionaR. En este espacio se reunieron más de 150 organizaciones sociales de la región para dialogar, reflexionar y encontrar puntos de acción en común para continuar con su labor. El resultado fue una carta conjunta con seis puntos clave para la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de la Madre Tierra desde una perspectiva interseccional, diversa, inclusiva y pluricultural.

Raza e Igualdad, en su firme propósito de promover y proteger los derechos humanos, considera que el trabajo conjunto es clave para lograr cambios estructurales y construir una sociedad democrática e inclusiva. Juntando voluntades y coordinando acciones lograremos tener un panorama completo sobre la realidad y lo que es necesario hacer para transformarla, y podremos formular estrategias de incidencia efectiva ante los Estados y mecanismos internacionales, a fin de que nuestras recomendaciones sean retomadas e implementadas. La unión hace la fuerza.

Raza e Igualdad y contrapartes participan en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden

Colombia, 6 de diciembre del 2022.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de expertos independientes para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley (EMLER). 

El Mecanismo surgue como resultado del lamentable caso de George Floyd en Estados Unidos. EMLER es una nueva instancia creada al interior de las Naciones Unidas en 2021 en el marco de la Resolución 47/21 y tiene el objetivo de establecer recomendaciones y seguimiento a las medidas que garanticen la rendición de cuentas, acceso a justicia y acciones en contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden contra personas afrodescendientes a nivel global.  

  Durante la consulta, Raza e Igualdad y sus contrapartes realizaron énfasis  ante el mecanismo en las siguientes recomendaciones: 

  • Medidas de reparación con enfoque étnico-racial y reconociendo interseccionalidades claves tales como género, orientación sexual o identidad de género, religión, y condición de migrante para víctimas de violencia policial racista. 
  • Garantizar el acceso a la justicia personas afrodescendientes que han sido víctimas de violencia policial racista. Además, garantizar la rendición de cuentas por los casos de violencia policial contra personas afrodescendientes, por el cual, se instó a la creación de una Mesa de las Américas para la Evaluación y Monitoreo con los Estados sobre Casos Sentenciados a Favor de Población Afrodescendiente entorno a Violencia Policial. 
  • Crear mecanismos de medición de casos de violencia policial que tengan la variable étnico-racial, la identidad de género y la orientación sexual.  
  • Garantizar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y las organizaciones que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica por parte de la fuerza pública durante el Paro Nacional en Colombia. 
  • Fortalecer las legislaciones para garantizar la penalización adecuada de actos racistas y de discriminación racial, así como de omisiones, cometidos tanto por individuos, el sector privado y el sector estatal Procesos de formación y monitoreo en contra del racismo en la Fuerza Pública. 
  • Recalcar los peligros de la inteligencia artificial en este campo. 
  • Ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

Esta consulta se realizó del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago, Chile, en el cual se convocaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Mecanismo se reunió con los Estados seleccionados, Fuerza Pública, Institutos Nacionales de Estadísticas, organismos de control, víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

En el marco de la consulta, participaron presencialmente organizaciones de la región que trabajan con el Raza e Igualdad para promover y garantizar los derechos de personas afrodescendientes, tales como, la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca -ASOGROVALLE (Colombia), Instituto Marielle Franco (Brasil), Geledés (Brasil), Movimento Mães da Chacina de Osasco Barueri (Brasil) y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP).   

Paola Quiñones, lideresa social y defensora de derechos humanos de la organización Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN señala que esta primera consulta del Mecanismo en América del Sur:   

  “Me permitió manifestar la situación vivida durante el estallido social, pero también me permitió la oportunidad de conocer procesos fuertes dolorosos, que esa empatía me permite ver el genocidio Afro que han vivido en otros países, racismo sistémico, perfilamiento racial dentro del sistema de justicia, donde necesitamos verdad, justicia y no repetición, donde solicitamos exhaustivamente no se vuelva a repetir más en las comunidades afrodescendientes” 

Finalmente, es importante indicar que esta primera consulta realizada por el Mecanismo fue un espacio para intercambiar acciones que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes adelantan en contra de la violencia policial racista y el racismo sistémico en la región. También fue un espacio para identificar que acciones están desarrollando los Estados, generar recomendaciones y medidas en contra del racismo adentro de la Fuerza Pública y en todo el sistema de justicia.    

La información recolectada permitirá al Mecanismo en su redacción de informes, la identificación de buenas prácticas y creación de lineamientos para seguimiento a futuros pasos. De parte de Raza e Igualdad, continuaremos apoyando a nuestras contrapartes para que fortalezcan su dialogo con el Mecanismo y continúen documentando casos de perfilamiento y violencia policial racista.  

El 25N y los 16 Días de Activismo, tiempo para reflexionar y actuar contra la violencia de género

Washington DC, 25 de noviembre de 2022.– En 2021, el 56% de las mujeres asesinadas en el mundo murieron a manos de sus parejas u otros familiares, según ONU Mujeres, la organización de Naciones Unidas dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres y niñas. Dicha estadística fue dada a conocer en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre y marca el inicio de los 16 Días de activismo contra la violencia de género.

La organización detalló que, cada hora, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas en el mundo por algún miembro de su entorno más cercano en 2021. En el caso de América Latina y el Caribe, y en el contexto de la Covid-19, la problemática de feminicidios ha sido calificada como “la otra pandemia”. Aunque establecer con exactitud cuántos feminicidios ocurren en la región cada año resulta difícil debido a la falta de datos oficiales o al sesgo con el cual algunos países registran la violencia contra las mujeres, las aproximaciones hechas por organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de una situación grave.

De acuerdo con el informe La pandemia en la sombra, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 4,091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 9 del Caribe) en 2020. Al hacer una radiografía por país, nos encontramos con cifras igual de preocupantes. En México, en 2021, las autoridades registraron 977 mujeres asesinadas, de las cuales el 18% eran menores de 18 años. En Honduras, ese año hubo 381 feminicidios, para una tasa de 4.7 por cada 100,000 mujeres.

Si bien el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, es importante tener en cuenta que existen diversas manifestaciones que vulneran sus derechos. Esto, lamentablemente, marca en nuestras sociedades una dinámica generalizada y en tendencia: cada día, a cada momento, una mujer, niña o adolescente es víctima de violencia basada en género. ONU Mujeres cifra esta realidad en que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia de género durante su vida.

Para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), monitorear y analizar la situación de violencia contra las mujeres en las Américas, así como hacer recomendaciones a los Estados para combatirla, es un eje fundamental en nuestro trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos desde una perspectiva interseccional, pues entendemos que la violencia basada en género es estructural y tiene múltiples expresiones que pueden afectar de forma desproporcionada según el origen nacional, la raza o etnia y la orientación sexual y diversidad de género de las personas.

Una ola que crece y resiste

Sin duda, el movimiento que lucha contra la violencia de género ha venido creciendo significativamente en las Américas. El trabajo de registrar y denunciar las violencias que enfrentan las mujeres en diferentes espacios de la sociedad ha hecho posible que esta problemática constituya un eje clave en la creación públicas para la protección de sus derechos y la eliminación de esta llamada pandemia.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no solo queremos contribuir a visibilizar la problemática, sino que también queremos exaltar los perfiles de mujeres que hacen frente a la violencia de género y buscan transformar la realidad de sus comunidades para garantizar una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades para las mujeres y niñas.

Luchando contra la violencia de género sin un marco legal

Eroises González es una activista afrocubana que dirige la Plataforma Femenina, una organización que desde hace 12 años trabaja para que las mujeres identifiquen y hagan frente a las diversas manifestaciones de la violencia de género. Ello pese a que Cuba no cuenta con una ley en ese sentido y es uno de los pocos países de la región que no tipifica el delito de feminicidio. “Hoy las cubanas, a pesar de que nos falta mucho por lograr una vida sin violencias, están tratando de romper con el patriarcado impuesto por años”, asegura.

Resistiendo ante la violencia política

Anexa Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu nicaragüense, abogada e integrante del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés) por América Central y del Sur. En julio de 2022, al terminar su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP, la experta no pudo abordar su vuelo de regreso a Nicaragua por órdenes del régimen autoritario de este país. De este modo, quedó en una situación de exilio ilegal de su propia tierra, donde residía y la esperaban sus familiares, incluidos sus hijos e hijas menores de edad a su cargo.

Haciendo frente a la violencia vicaria

En Perú, Sabrina Rodríguez lucha contra la violencia vicaria a través del Frente de Lucha Materna. Este tipo de violencia es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. Su manifestación más extrema es el asesinato de hijos e hijas, pero también se expresa cuando los progenitores imponen condicionamientos para pensión de alimentos, amenazan con quitar la custodia y hostigan con denuncias judiciales, entre otras acciones, con el fin de continuar ejerciendo control, daño, dolor, desgaste emocional y económico hacia las mujeres que decidieron cortar la relación.

Acompañando a mujeres migrantes

Gaby Arenas, de Colombia, es fundadora y directora de TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y la Paz), organización que desde hace 15 años trabaja en la construcción de paz, por medio del arte y la promoción de los derechos humanos, con especial en mujeres víctima de violencia de género y mujeres migrantes. Su misión es transformar las realidades de las comunidades a través de las artes y la innovación social para que puedan vivir sin violencia y alcanzar el bienestar.

Trascendiendo escenarios para denunciar y resistir

En Brasil, el caso de extrema violencia política llevó a la concejala Benny Briolly a recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger su vida y ejercer su cargo político sin temor. En una decisión histórica, fue la primera vez que la CIDH otorga medidas cautelares a un travesti. Mujer negra y trans, defensora de los derechos humanos y de origen periférico, Benny Briolly tiene una historia de vida atravesada por el racismo y la transfobia y, por tanto, encaminó su carrera política hacia la defensa de estos lineamientos, apuntando a una representación institucional de la población negra, LGBTI+ y personas de la favela.

Comprender para actuar

Siguiendo el lema de este año de las Naciones Unidas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, y entendiendo que para lograr esto se deben abordar las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres, presentamos un ABC sobre temas y aspectos relevantes para la comprensión y prevención la violencia de género.

VBG: Siglas utilizadas para hacer referencia a la Violencia Basada en Género.

25N: 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Violencia de género: Hace referencia a las diferentes formas de violencia que afectan de forma diferencial a mujeres y niñas. Pueden ser físicas, psicológicas, emocionales, económicas, sociales, etc.

Feminicidio: El asesinato de una mujer/niña a razón de su género. Suelen ser ejecutados por personas cercanas a las víctimas y con quien se tiene algún vínculo familiar o afectivo.

Feminismo: Movimiento social que busca la equidad entre hombres, mujeres y otros géneros.

Machismo: Estructura social y de pensamiento que se basa en el presupuesto de una falsa superioridad de hombres sobre mujeres.

Identidad de género: Hace referencia a cómo una persona se identifica en razón de su género. Si el sexo biológico (pene o vagina) va en concordancia con lo que socialmente se asocia a ese género, es una persona cisgénero; si no se da dicha concordancia social, es una persona transgénero.

Feminización de la pobreza: Fenómeno social según el cual las mujeres han experimentado una serie de violencias y barreras sociales, estructurales e históricas que imposibilitan la equidad en el acceso a recursos.

Trabajo de cuidado: Trabajo muchas veces no remunerado que socialmente ha sido feminizado.

Equidad de género: Acciones que buscan la equidad en el acceso a posibilidades y recursos entre hombres y mujeres.

Interseccionalidad: Concepto que hace referencia a cruces de identidades entendidas como históricas y socialmente vulnerables.

En Raza e Igualdad entendemos que los procesos de concienciación y análisis, tanto en mujeres como en hombres, y en los diferentes niveles de la sociedad, comprenden un eje fundamental para diseñar e implementar acciones contra la violencia de género. Reconocemos que ha habido avances en ese sentido, gracias en gran medida al rol de la sociedad civil. Por ello, seguimos demandando a los Estados mayor voluntad y diligencia para formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar la integridad y vida de las mujeres, y a proteger sus derechos.

Por otro lado, es importante la creación y funcionamiento efectivo de aparatajes estatales para atender la violencia de género—y en aquellos países donde ya existen—estos deben operar desprovistos de sesgos y dilaciones y estar apegados a los estándares establecidos por los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém Do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.