Raza e Igualdad y contrapartes participan en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden

Colombia, 6 de diciembre del 2022.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de expertos independientes para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley (EMLER).

El Mecanismo surgue como resultado del lamentable caso de George Floyd en Estados Unidos. EMLER es una nueva instancia creada al interior de las Naciones Unidas en 2021 en el marco de la Resolución 47/21 y tiene el objetivo de establecer recomendaciones y seguimiento a las medidas que garanticen la rendición de cuentas, acceso a justicia y acciones en contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden contra personas afrodescendientes a nivel global.

Durante la consulta, Raza e Igualdad y sus contrapartes realizaron énfasis ante el mecanismo en las siguientes recomendaciones:

Medidas de reparación con enfoque étnico-racial y reconociendo interseccionalidades claves tales como género, orientación sexual o identidad de género, religión, y condición de migrante para víctimas de violencia policial racista.
Garantizar el acceso a la justicia personas afrodescendientes que han sido víctimas de violencia policial racista. Además, garantizar la rendición de cuentas por los casos de violencia policial contra personas afrodescendientes, por el cual, se instó a la creación de una Mesa de las Américas para la Evaluación y Monitoreo con los Estados sobre Casos Sentenciados a Favor de Población Afrodescendiente entorno a Violencia Policial.
Crear mecanismos de medición de casos de violencia policial que tengan la variable étnico-racial, la identidad de género y la orientación sexual.
Garantizar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y las organizaciones que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica por parte de la fuerza pública durante el Paro Nacional en Colombia.
Fortalecer las legislaciones para garantizar la penalización adecuada de actos racistas y de discriminación racial, así como de omisiones, cometidos tanto por individuos, el sector privado y el sector estatal Procesos de formación y monitoreo en contra del racismo en la Fuerza Pública.
Recalcar los peligros de la inteligencia artificial en este campo.
Ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Esta consulta se realizó del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago, Chile, en el cual se convocaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Mecanismo se reunió con los Estados seleccionados, Fuerza Pública, Institutos Nacionales de Estadísticas, organismos de control, víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

En el marco de la consulta, participaron presencialmente organizaciones de la región que trabajan con el Raza e Igualdad para promover y garantizar los derechos de personas afrodescendientes, tales como, la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca -ASOGROVALLE (Colombia), Instituto Marielle Franco (Brasil), Geledés (Brasil), Movimento Mães da Chacina de Osasco Barueri (Brasil) y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP).

Paola Quiñones, lideresa social y defensora de derechos humanos de la organización Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN señala que esta primera consulta del Mecanismo en América del Sur:

“Me permitió manifestar la situación vivida durante el estallido social, pero también me permitió la oportunidad de conocer procesos fuertes dolorosos, que esa empatía me permite ver el genocidio Afro que han vivido en otros países, racismo sistémico, perfilamiento racial dentro del sistema de justicia, donde necesitamos verdad, justicia y no repetición, donde solicitamos exhaustivamente no se vuelva a repetir más en las comunidades afrodescendientes”

Finalmente, es importante indicar que esta primera consulta realizada por el Mecanismo fue un espacio para intercambiar acciones que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes adelantan en contra de la violencia policial racista y el racismo sistémico en la región. También fue un espacio para identificar que acciones están desarrollando los Estados, generar recomendaciones y medidas en contra del racismo adentro de la Fuerza Pública y en todo el sistema de justicia.

La información recolectada permitirá al Mecanismo en su redacción de informes, la identificación de buenas prácticas y creación de lineamientos para seguimiento a futuros pasos. De parte de Raza e Igualdad, continuaremos apoyando a nuestras contrapartes para que fortalezcan su dialogo con el Mecanismo y continúen documentando casos de perfilamiento y violencia policial racista.

El 25N y los 16 Días de Activismo, tiempo para reflexionar y actuar contra la violencia de género

Washington DC, 25 de noviembre de 2022.– En 2021, el 56% de las mujeres asesinadas en el mundo murieron a manos de sus parejas u otros familiares, según ONU Mujeres, la organización de Naciones Unidas dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres y niñas. Dicha estadística fue dada a conocer en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre y marca el inicio de los 16 Días de activismo contra la violencia de género.

La organización detalló que, cada hora, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas en el mundo por algún miembro de su entorno más cercano en 2021. En el caso de América Latina y el Caribe, y en el contexto de la Covid-19, la problemática de feminicidios ha sido calificada como “la otra pandemia”. Aunque establecer con exactitud cuántos feminicidios ocurren en la región cada año resulta difícil debido a la falta de datos oficiales o al sesgo con el cual algunos países registran la violencia contra las mujeres, las aproximaciones hechas por organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de una situación grave.

De acuerdo con el informe La pandemia en la sombra, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 4,091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 9 del Caribe) en 2020. Al hacer una radiografía por país, nos encontramos con cifras igual de preocupantes. En México, en 2021, las autoridades registraron 977 mujeres asesinadas, de las cuales el 18% eran menores de 18 años. En Honduras, ese año hubo 381 feminicidios, para una tasa de 4.7 por cada 100,000 mujeres.

Si bien el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, es importante tener en cuenta que existen diversas manifestaciones que vulneran sus derechos. Esto, lamentablemente, marca en nuestras sociedades una dinámica generalizada y en tendencia: cada día, a cada momento, una mujer, niña o adolescente es víctima de violencia basada en género. ONU Mujeres cifra esta realidad en que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia de género durante su vida.

Para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), monitorear y analizar la situación de violencia contra las mujeres en las Américas, así como hacer recomendaciones a los Estados para combatirla, es un eje fundamental en nuestro trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos desde una perspectiva interseccional, pues entendemos que la violencia basada en género es estructural y tiene múltiples expresiones que pueden afectar de forma desproporcionada según el origen nacional, la raza o etnia y la orientación sexual y diversidad de género de las personas.

Una ola que crece y resiste

Sin duda, el movimiento que lucha contra la violencia de género ha venido creciendo significativamente en las Américas. El trabajo de registrar y denunciar las violencias que enfrentan las mujeres en diferentes espacios de la sociedad ha hecho posible que esta problemática constituya un eje clave en la creación públicas para la protección de sus derechos y la eliminación de esta llamada pandemia.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no solo queremos contribuir a visibilizar la problemática, sino que también queremos exaltar los perfiles de mujeres que hacen frente a la violencia de género y buscan transformar la realidad de sus comunidades para garantizar una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades para las mujeres y niñas.

Luchando contra la violencia de género sin un marco legal

Eroises González es una activista afrocubana que dirige la Plataforma Femenina, una organización que desde hace 12 años trabaja para que las mujeres identifiquen y hagan frente a las diversas manifestaciones de la violencia de género. Ello pese a que Cuba no cuenta con una ley en ese sentido y es uno de los pocos países de la región que no tipifica el delito de feminicidio. “Hoy las cubanas, a pesar de que nos falta mucho por lograr una vida sin violencias, están tratando de romper con el patriarcado impuesto por años”, asegura.

Resistiendo ante la violencia política

Anexa Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu nicaragüense, abogada e integrante del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés) por América Central y del Sur. En julio de 2022, al terminar su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP, la experta no pudo abordar su vuelo de regreso a Nicaragua por órdenes del régimen autoritario de este país. De este modo, quedó en una situación de exilio ilegal de su propia tierra, donde residía y la esperaban sus familiares, incluidos sus hijos e hijas menores de edad a su cargo.

Haciendo frente a la violencia vicaria

En Perú, Sabrina Rodríguez lucha contra la violencia vicaria a través del Frente de Lucha Materna. Este tipo de violencia es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. Su manifestación más extrema es el asesinato de hijos e hijas, pero también se expresa cuando los progenitores imponen condicionamientos para pensión de alimentos, amenazan con quitar la custodia y hostigan con denuncias judiciales, entre otras acciones, con el fin de continuar ejerciendo control, daño, dolor, desgaste emocional y económico hacia las mujeres que decidieron cortar la relación.

Acompañando a mujeres migrantes

Gaby Arenas, de Colombia, es fundadora y directora de TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y la Paz), organización que desde hace 15 años trabaja en la construcción de paz, por medio del arte y la promoción de los derechos humanos, con especial en mujeres víctima de violencia de género y mujeres migrantes. Su misión es transformar las realidades de las comunidades a través de las artes y la innovación social para que puedan vivir sin violencia y alcanzar el bienestar.

Trascendiendo escenarios para denunciar y resistir

En Brasil, el caso de extrema violencia política llevó a la concejala Benny Briolly a recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger su vida y ejercer su cargo político sin temor. En una decisión histórica, fue la primera vez que la CIDH otorga medidas cautelares a un travesti. Mujer negra y trans, defensora de los derechos humanos y de origen periférico, Benny Briolly tiene una historia de vida atravesada por el racismo y la transfobia y, por tanto, encaminó su carrera política hacia la defensa de estos lineamientos, apuntando a una representación institucional de la población negra, LGBTI+ y personas de la favela.

Comprender para actuar

Siguiendo el lema de este año de las Naciones Unidas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, y entendiendo que para lograr esto se deben abordar las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres, presentamos un ABC sobre temas y aspectos relevantes para la comprensión y prevención la violencia de género.

VBG: Siglas utilizadas para hacer referencia a la Violencia Basada en Género.

25N: 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Violencia de género: Hace referencia a las diferentes formas de violencia que afectan de forma diferencial a mujeres y niñas. Pueden ser físicas, psicológicas, emocionales, económicas, sociales, etc.

Feminicidio: El asesinato de una mujer/niña a razón de su género. Suelen ser ejecutados por personas cercanas a las víctimas y con quien se tiene algún vínculo familiar o afectivo.

Feminismo: Movimiento social que busca la equidad entre hombres, mujeres y otros géneros.

Machismo: Estructura social y de pensamiento que se basa en el presupuesto de una falsa superioridad de hombres sobre mujeres.

Identidad de género: Hace referencia a cómo una persona se identifica en razón de su género. Si el sexo biológico (pene o vagina) va en concordancia con lo que socialmente se asocia a ese género, es una persona cisgénero; si no se da dicha concordancia social, es una persona transgénero.

Feminización de la pobreza: Fenómeno social según el cual las mujeres han experimentado una serie de violencias y barreras sociales, estructurales e históricas que imposibilitan la equidad en el acceso a recursos.

Trabajo de cuidado: Trabajo muchas veces no remunerado que socialmente ha sido feminizado.

Equidad de género: Acciones que buscan la equidad en el acceso a posibilidades y recursos entre hombres y mujeres.

Interseccionalidad: Concepto que hace referencia a cruces de identidades entendidas como históricas y socialmente vulnerables.

En Raza e Igualdad entendemos que los procesos de concienciación y análisis, tanto en mujeres como en hombres, y en los diferentes niveles de la sociedad, comprenden un eje fundamental para diseñar e implementar acciones contra la violencia de género. Reconocemos que ha habido avances en ese sentido, gracias en gran medida al rol de la sociedad civil. Por ello, seguimos demandando a los Estados mayor voluntad y diligencia para formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar la integridad y vida de las mujeres, y a proteger sus derechos.

Por otro lado, es importante la creación y funcionamiento efectivo de aparatajes estatales para atender la violencia de género—y en aquellos países donde ya existen—estos deben operar desprovistos de sesgos y dilaciones y estar apegados a los estándares establecidos por los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém Do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

Las organizaciones Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y CODHES, presentan el primer gran Informe sobre la Violencia Policial contra personas afrocolombianas.
El Informe hace seguimiento a la violencia contra personas afrocolombianas durante el Paro Nacional en las ciudades de Cartagena y Cali.
El Informe revela que, como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes negros representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali.

Bogotá, 11 de noviembre del 2022.- Más del 13% de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá.

El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores ONG, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”.

El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.

“El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.

Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides.

En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales.

Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

CONTACTO DE PRENSA

Vannesa. Prensa Ilex Acción Jurídica. 320 7660449

Pablo Suárez. Prensa Race and Equality. 350 5824900

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2022 – Del 27 a 30 de septiembre, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunirá a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia en Washington, D.C., que trabajan para promover y defender los derechos de la población negra y LGBTI+. Con el fin de promover un intercambio de estrategias de advocacy entre el movimiento afrolatino y el movimiento negro estadounidense, las reuniones se llevarán a cabo en el marco de la ‘Black Caucus Week’, una conferencia anual de congresistas estadounidenses negros que tiene como objetivo impulsar y debatir el compromiso cívico de la población negra. Además, la delegación participará en reuniones académicas, con organizaciones de la sociedad civil estadounidense y reuniones privadas con congresistas y departamentos estatales.

La delegación Brasil-Colombia presente en Washington D.C. está conformada por las organizaciones: Geledés – Instituto da Mulher Negra (Brasil), que estará representada por Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de SOS Racismo; ONG Criola (Brasil) con la presencia de la Coordinadora del Proyecto, Lia Manso; Somos Identidad (Colombia), con su Fundadora Johana Sinisterra y la Representante Legal Sandra Milena Ibarbo; y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con la presencia de la coordinadora Luz Marina Becerra. En representación de Raza e Igualdad, el Director Ejecutivo Carlos Quesada; Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI; y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, estarán presentes en estas reuniones.

En este intercambio entre la América negra, las organizaciones latinoamericanas tienen como objetivo tomar las perspectivas negras y LGBTI+ de la diáspora global del sur con el fin de un impacto político efectivo, así como intercambios de buenas prácticas para que puedan moverse juntos para lograr una justicia racial plural. Es importante destacar que, para Raza e Igualdad, la realización de estas reuniones es una oportunidad para impulsar estrategias de cambios políticos estructurales con perspectiva interseccional. Estas reuniones cobran relevancia en el contexto actual, donde Brasil está en período electoral, Colombia tiene a un nuevo Presidente que en su plan de gobierno valora las agendas raciales y, este año, se elegirán a nuevos integrantes del Congreso de los Estados Unidos, elecciones conocidas como midterms.

“Es precisamente en esta configuración que empoderamos a las organizaciones para que actúen con incidencia política. Poder hablar con congresistas estadounidenses negros sobre la agenda racial latinoamericana es una forma de influir en la administración Biden, porque él necesita una mayoría en el Congreso para aprobar sus agendas. Es en este sentido que planeamos asegurar y fortalecer los acuerdos internacionales de derechos humanos sobre justicia racial y de género y, en este caso, nada mejor que las organizaciones para guiar las demandas de sus países”, dice Carlos Quesada.

Brasil y Colombia: en busca de justicia racial

A medida que la comunidad académica de los Estados Unidos busca comprender y fomentar los estudios sobre la diáspora negra, la delegación Brasil-Colombia se reunirá con académicos y estudiantes de la Universidad de Howard para compartir los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. La idea es mostrar que a pesar de que el racismo es un problema global, las diferentes dinámicas socioculturales y los contextos económicos deficitarios producidos por siglos de colonialismo, impactan principalmente en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe. En este caso, dar a conocer la agenda de equidad racial y de género de estas organizaciones, puede estimular estudios que proporcionen, en el futuro, la construcción de políticas públicas globales equitativas.

Brasil, por ejemplo, es el país donde más se asesina a personas LGBTI+ en el mundo, y esta tasa de incidencia cruzada desde la perspectiva interseccional es mayor en las mujeres trans y negras en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones Geledés y Criola, junto con Raza e Igualdad en Brasil, realizaron una encuesta monitoreando el cierre de espacios cívicos, en la que mapearon que el surgimiento de una agenda ultraconservadora ha generado ataques al sistema democrático brasileño, criminalización de defensores de derechos humanos y la inmovilización de canales de participación ciudadana, consejos y asociaciones. Con esto, hay crecientes ataques y discursos de odio contra las mujeres negras y las LBTI electas que pretenden participar en la vida política del país.

En Colombia, desde hace años la comunidad afrocolombiana sufre un proceso de marginación y vulnerabilización, y la sociedad civil y los líderes afrocolombianos han denunciado la existencia de un apartheid geográfico reforzado por el racismo estructural e institucional. Esta misma estructura resuena en borrar la lucha por la existencia de los pueblos étnicos, que refuerzan que los derechos civiles en el país deben ser pensados en perspectivas multiétnicas y multiculturales, teniendo en cuenta cómo la violencia racista impacta en estos territorios y cuerpos racializados. De igual forma, para las personas LGBTI+ colombianas, la escena de violencia de género y racial sigue aumentando, de tal forma que de enero a junio de 2022 se registraron 354 víctimas de agresiones por orientación sexual, de las cuales 324 sufrieron algún maltrato físico y 229 sufrieron estos abusos dentro de sus propias familias.

El uso excesivo de la fuerza policial tanto en Brasil como en Colombia es una denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos. El conflicto armado en Colombia y la violencia de las fuerzas policiales en Brasil coinciden en el perfil de sus víctimas: personas negras en condición vulnerable que viven en territorios donde la presencia del Estado está marcada por la violencia policial. En Colombia, al menos 1.144.486 personas que se identificaron como parte de la población negra fueron registradas como víctimas del conflicto armado, según datos de la Red Nacional de Información, que corresponde al 38,38% del total. En Brasil, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que, del total de 6.145 muertes por intervención policial en 2021, el 84,1% eran negras y el 15,8% eran blancas.

¿Por qué la población negra es vista como una amenaza?

Además de esta pregunta y muchas otras que impregnan la estructura racista que fundaron las corporaciones policiales de América Latina, Raza e Igualdad en alianza con organizaciones de Brasil y Colombia, participan en un proyecto regional para enfrentar y denunciar la violencia policial racista en ambos países. Ante este encuentro en Washington, D.C., la violencia policial que atraviesa a la población negra y LGBTI+ también será objeto de reuniones para aplacar este modus operandi colonial, en el que los cuerpos negros están exentos de la prerrogativa de inocencia y, por existir, son víctimas de toda violencia y vistos como una amenaza, ya sea en países latinoamericanos o en Estados Unidos.

En vista de ello, el racismo, la violencia de género y la LGTBIfobia suponen la amenaza real para un sistema de opresión que irrespeta los derechos humanos inalienables y los tratados internacionales que valoran sus garantías. Para ello, Raza e Igualdad con la delegación Brasil-Colombia, pretenden denunciar ante el Congreso estadounidense los marcos actuales de violación de los derechos de la población negra y LGBTI+ de América Latina. El intercambio de estas voces disidentes reafirma el propósito de seguir denunciando el racismo y sus diferentes formas de violencia que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho al desarrollo de estos países como un llamado a la asociación e inclusión de la población negra de todas las Américas.

Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución; Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco; Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente. Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

“Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco”.

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra. Bajo el título “Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general. Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio; también se reunió con las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina; con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política. En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para “empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles “.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU. Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP). En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales. El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país. Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.

Día Internacional del Periodista: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Washington D.C., 8 de septiembre de 2022.- En este Día Internacional de las y los periodistas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se solidariza con los hombres y mujeres de prensa, que resisten a los graves abusos y violaciones a sus derechos humanos por ejercer su derecho legítimo de informar, fiscalizar el poder y denunciar la corrupción. Raza e Igualdad levanta una alerta para la comunidad internacional: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Desde el 2018, año en el que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, las y los periodistas independientes y las personas trabajadoras de la comunicación han sido blanco de ataques a su integridad física y psicológica, amenazas, robos y destrucción de sus equipos e instalaciones, exilio, privación de libertad por motivos políticos e incluso, asesinato, como es el caso del periodista Ángel Gahona, quien murió por disparo de arma de fuego el 21 de abril de 2018 mientras realizaba una transmisión en vivo de las manifestaciones en la ciudad de Bluefields, Costa Caribe Sur.

En 2021, el Ministerio Público citó e interrogó a más de 50 periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones de derechos humanos, en el marco de un proceso de criminalización contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Algunas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, injustamente procesadas y, actualmente, permanecen privadas de libertad en condiciones inhumanas. Entre ellas se encuentran: Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y Pedro Joaquín Chamorro.

Recientemente, entre julio y agosto del 2022, al menos 23 medios de comunicación fueron cancelados arbitrariamente, entre ellos 8 radioemisoras católicas, radios feministas como Radio Vos de Matagalpa y otros medios críticos, como Radio Darío en la ciudad de León, cuyas instalaciones fueron incendiadas en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018. También se dieron allanamientos ilegales de viviendas de periodistas, detenciones arbitrarias de trabajadores de medios de comunicación y el exilio forzado de toda la redacción del diario La Prensa, algo nunca antes visto en la historia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Raza e Igualdad conversó con Aníbal Toruño, Director de Radio Darío de León, y Eduardo Enríquez, Editor Jefe del diario La Prensa, sobre la represión que han vivido estos medios de comunicación a lo largo de su existencia, las diferencias y similitudes con los ataques por parte del régimen actual y qué razones hay detrás de un gobierno que se empecina en criminalizar al periodismo independiente. Al finalizar, ambos periodistas dieron un mensaje de resistencia para sus colegas e hicieron un llamado a la comunidad internacional.

Aníbal Toruño: “Quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión”

El pasado 13 de agosto, después de más 73 años de transmisión, Radio Darío anunció que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó su cierre inmediato, mediante un comunicado, alegando que: “Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, con la previa autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia”.

Su Director, Aníbal Toruño afirma que antes de este cierre arbitrario, la emisora ya había sido atacada en seis ocasiones, siendo la penúltima vez en el año 2008 y la última en el 2018. “Las formas han sido diferentes, desde quebrar, balear con armas militares, y la más dramática en el 2018, cuando hubo una explosión dentro del edificio… Esto sí fue un atentado, quisieron asesinarnos dentro de la radio”.

Según Toruño, los ataques del régimen hacia el periodismo son un intento fallido para ocultar la verdad. “Ellos (Ortega y Murillo) quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión, de tener un estado de sitio y suspensión de las garantías constitucionales, y para esto, una de las acciones más comunes es la eliminación de los medios de comunicación independientes”.

En este sentido, el régimen ha ahogado económicamente a las radios comunitarias y ha sembrado la censura a través de asedio policial y amenazas a sus colaboradores, “hay periodistas que tienen mucho temor, no presentan sus rostros y no firman sus contenidos periodísticos precisamente para proteger su identidad”. También, ha hecho uso de su poder sobre las instituciones estatales, para desarrollar nuevas formas de represión como el manejo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para realizar cancelaciones de licencias para transmitir en AM o FM.

Pese al panorama adverso para el ejercicio del periodismo, Toruño envía un mensaje de esperanza a sus colegas: “Una noche nunca ha vencido un amanecer… y yo creo que desde la noche oscura nació el día hermoso y -eventualmente- nosotros vamos a tener luz y democracia, y vamos a poder retomar la lucha un poco más abierta por el tema de la libertad de expresión en Nicaragua”.

Toruño llama a la comunidad internacional a “volver a ver a Nicaragua con preocupación” y solicita ayuda para que periodistas y medios de comunicación se reinventen y puedan continuar informando.

Eduardo Enríquez: El trabajo de denuncia “le ha costado muy caro” a La Prensa

El régimen de Ortega y Murillo concretó el robo de las instalaciones del diario más antiguo de Nicaragua, La Prensa, tras un año de ocupación policial, el exilio de toda su redacción y el encarcelamiento arbitrario de dos de sus conductores, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, y dos integrantes de su Junta Directiva: Cristiana Chamorro Barrios y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Las instalaciones fueron asignadas al Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, una réplica de lo que hizo el régimen con las redacciones confiscadas de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial al asignarlas a centros estatales.

Su editor jefe, Eduardo Enríquez, cuenta que “La Prensa, en sus 96 años, siempre se ha enfrentado a las dictaduras que han desgobernado Nicaragua”, pero su trabajo de denuncia de la corrupción y los abusos a los derechos humanos “le ha costado muy caro”. En 1944, la familia Chamorro Cradenal tuvo que salir al exilio por dos años para evitar las represalias del régimen de Somoza García. En 1979, durante la insurrección de Somoza Debayle, las instalaciones fueron bombardeadas e incendiadas. En los años 80, el Frente Sandinista dio la orden de cerrarla indefinidamente, y ahora el régimen Ortega-Murillo tomó, confiscó y robó su edificio.

“En todas las ocasiones la intención ha sido aniquilar a La Prensa, pero no lo han logrado en ninguna”, asegura. El diario, en su edición digital, no ha dejado de informar un solo minuto, incluso cuando la Policía tomó sus instalaciones de forma violenta y se llevó al señor Holmann.

Para Enríquez, es evidente que el régimen quiere sembrar terror y que -al criminalizar el periodismo independiente- su objetivo es mantener a la población “en la oscuridad” y hacerles creer la “realidad alterna” que promueven a través de “un aparato propagandístico gigantesco”.

“El régimen trata de hacer pensar a todas estas personas que la falta de derechos y oportunidades es normal, y que si no existen esas oportunidades no es su culpa, sino de un enemigo, de los traidores a la patria o de los Estados Unidos”, explica.

Por ello, Enríquez invita a sus colegas a estar conscientes de que “su labor es importantísima en la construcción de la ciudadanía”, pues están contribuyendo a que las y los ciudadanos sepan que tienen derechos que hay que defender y ejercer, y que si estos son abusados o violentados, tienen derecho a exigir que se respeten. “Tenemos que saber que se puede construir una mejor sociedad. Nuestro trabajo es seguir señalando eso”.

Asimismo, llama a la comunidad internacional a reconocer que este no es un gobierno legítimo, “este es un grupo de personas que han secuestrado el poder, lo mantienen a punta de balas, violencia y terror”.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, recordando que el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa por los medios de comunicación en el marco de un Estado de Derecho constituye una piedra angular de la sociedad, condena los atropellos en los que ha incurrido el régimen contra estas libertades y los recientes cierres de medios de comunicación. Enérgicamente, expresamos nuestro repudio ante la privación arbitraria de libertad en la que se encuentran las y los trabajadores de la comunicación, y continuamos exigiendo el cese inmediato de los ataques contra periodistas independientes.

El Estado nicaragüense debe:

Derogar las leyes restrictivas para el ejercicio de la libertad de expresión, que además incumplen los estándares internacionales y la misma Constitución de Nicaragua, entre ellas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Liberar de forma inmediata y sin condiciones a las 205 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y libertad de prensa.
Abstenerse de continuar el cierre arbitrario de medios de comunicación independientes y organizaciones; así como revertir las sanciones administrativas realizadas, y devolver los equipos e instalaciones incautadas.
Investigar de forma exhaustiva e independiente el asesinato del periodista Ángel Gahona y otros abusos contra periodistas, para luego juzgar y sancionar a las personas responsables.
Cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de las y los periodistas independientes, garantizando un entorno habilitante para el ejercicio de sus labores.
Propiciar las condiciones para que las y los periodistas que se han visto obligados al exilio, puedan volver al país de forma segura.

Finalmente, Raza e Igualdad llama a la comunidad internacional, a los organismos de protección de Derechos Humanos y Estados de la región a rechazar y condenar los inaceptables niveles de violencia contra la prensa independiente, así como promover la rendición de cuentas por las violaciones a la libertad de expresión y otras libertades fundamentales.

Nicaragua necesita de la comunidad internacional para combatir la impunidad y avanzar hacia un proceso de justicia transicional.

¡Sin periodismo, no hay democracia! #SOSPeriodismo

Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación preocupado por cierre de espacios en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras

San José, 7 de septiembre de 2022.- Centroamérica atraviesa un período de graves retrocesos en el respeto y garantía de las libertades que integran el espacio cívico, entre ellas la de expresión y la de reunión y asociación pacíficas, particularmente en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, situación que representa una importante amenaza para las sociedades pacíficas e inclusivas en la región.

Ante este contexto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, realizó una gira académica en Costa Rica, con el objetivo de exponer algunos de los principales aportes de la Relatoría para promover y proteger tales derechos en la región.

Durante la gira, que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, el Relator tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas entre otros.

El día 1 de septiembre, en la sede de la Universidad para la Paz, tuvo lugar un conversatorio con estudiantes de la mencionada casa de estudios, en el que participaron el Decano de la UPAZ, Juan Carlos Sainz-Borgo, y el señor Mihir Kanade, Director del Centro de Derechos Humanos de la UPAZ, Coordinador Académico de UPAZ y Presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.

Durante la misma gira académica, el relator Voule participó en un conversatorio en la Academia Diplomática “Manuel María de Peralta” de San José, junto con la Embajadora Carmen Claramunt, Directora Adjunta de la Academia Diplomática.

Nicaragua

“En Nicaragua, una de nuestras principales preocupaciones son las herramientas que se han adoptado en 2020 y 2022, una es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la otra es la Ley de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro”, dijo Voule durante su presentación en la UPAZ.

“Estas dos leyes permitieron a las autoridades nicaragüenses suprimir el espacio cívico criminalizando a los defensores de derechos humanos y líderes de oposición y disolviendo centenares de organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

La exposición hizo especial énfasis en la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua desde el año 2018. La crisis político-social que comenzó hace ya más de 4 años ha derivado en el cierre absoluto del espacio cívico, el cercenamiento de la libertad de asociación y la represión de toda manifestación pacífica adversa al Gobierno.

El Relator recordó que con la aprobación de leyes se han cerrado más de 1600 organizaciones no gubernamentales en el país, según la información que ha recibido.

“La situación es tensa, incluso para nosotros. No podemos entrar al país. Incluso con las personas que he ha hablado, sus propiedades fueron confiscadas y se está volviendo una situación tan difícil que otros países están intentando imitar. Y mi mandato quiere prevenir eso. por ello es que vine a Centroamérica”, dijo el relator.

El cierre de estos espacios se agravó desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el Parlamento nicaragüense en septiembre de 2020 y que fue utilizada como pretexto para cerrar organizaciones de la sociedad civil en el país.

Ese mismo mes, la Relatoría envió una comunicación al Estado de Nicaragua mostrando su preocupación por la incompatibilidad de Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos con las obligaciones internacionales del país, especialmente con los derechos humanos. En ese entonces, la Relatoría manifestó que el ámbito de aplicación de la Ley era muy amplio y no quedaba claro su alcance. Esta legislación prohíbe a quienes son clasificados como “agentes extranjeros” intervenir en asuntos, temas políticos o actividades internas de Nicaragua, sin que estos términos estén definidos.

El Salvador

De igual forma, en la región, El Salvador se encuentra en medio de la discusión de una Ley similar desde 2021 que ha generado preocupación en diferentes sectores, pues temen que se genere una situación parecida a la de Nicaragua que conlleve el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales.

Entre otras cosas, el Relator también expresó su preocupación por las disposiciones que señalan la creación de un registro de agentes extranjeros que limita severamente el acceso a fondos de fuentes externas. El Relator especial mencionó que se alegró de recibir una respuesta del gobierno indicando que se suspendía la consideración de esta ley.

Guatemala

En Guatemala, mencionó el relator, la preocupación está enfocada en el abuso de las medidas de emergencia para prohibir y suprimir las protestas pacíficas, además del incremento de la militarización y politización de las protestas cívicas. Estas preocupaciones fueron convocadas a las autoridades a través de un canal de comunicación.

Honduras

Honduras, también es uno de los países de la región que merece especial atención de la relatoría que Voule representa, El señor Voule ha compartido su preocupación a través de canales oficiales con el Gobierno sobre la criminalización de, así como los ataques y el acoso judicial contra líderes de la sociedad civil que, han provocado varias muertes.

Sobre el mandato del Relator

El señor Clément Nyaletsossi Voulle fue nombrado Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y asumió sus funciones en abril de 2018.

La Relatoría que representa debe presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como realizar visitas oficiales a los países para evaluar la situación de los derechos de libertad de asociación pacífica y asociación y presentar recomendaciones.

También debe transmitir llamamientos urgentes, otras cartas y cartas de alegación a los Estados Miembros sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica.

En junio de 2022, el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe temático más reciente sobre el “Acceso a los recursos”, así como el informe: “Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas durante situaciones de crisis.

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública. En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Perú: Audiencias decisivas para los derechos de personas y familias LGBTIQ+

Este agosto los casos de Crissthian Olivera y Jenny y Darling tendrán audiencias en instancia internacional y nacional respectivamente que, de lograr un fallo favorable, impactará sustancialmente en los derechos de otras personas y familias LGBTIQ+ en Perú.

Este 24 de agosto el Estado peruano tendrá que responder ante la Corte IDH por la vulneración de derechos de Crissthian Olivera, activista y defensor de derechos humanos. Crissthian fue discriminado por expresar su orientación sexual en un supermercado cuando se encontraba, con quien fue su pareja, en la cafetería del local y el personal de seguridad les ordenó retirarse, humillándolos públicamente por sus demostraciones de afecto.

Desde entonces, 11 de agosto de 2004, Olivera inició un camino de búsqueda de justicia que no encontró en ninguna de las instancias nacionales, ni administrativa ni judicial, por lo que acudió a la justicia internacional para que resuelva su caso.

“Tras 18 años de batalla legal, lo que espero de esta audiencia ante la Corte IDH es ser escuchado y, sobre todo, que jueces y juezas me crean. En todo este tiempo mi palabra no solo fue puesta en duda, sino que fue invalidada y desacreditada. Se hizo una representación estigmatizada de mi persona. Pido justicia para mí y que, por fin, se reconozca que sufrí discriminación y que el Estado peruano vulneró mis derechos a través de decisiones prejuiciosas y silencios cómplices que perpetuó un sistema excluyente lleno de barreras que nos impiden a las personas LGBTIQ+ acceder a la justicia. Por ello, busco también generar estándares de justicia para las personas LGTBIQ+ de este país, que no se repitan más casos como el mío y que los mecanismos de denuncia sean realmente oportunos, efectivos y sin prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, señala Crissthian.

Del mismo modo, Jenny Trujillo y Darling Delfín, lesbianas, esposas y mamás de Daki, iniciaron, desde hace cinco años, una demanda contra RENIEC por no inscribirlas a ambas en el DNI de su hijo, lo que se traduce como una serie de vulneración de derechos, tales como el derecho a la identidad, al interés superior del niño, a la protección familiar, a la igualdad y no discriminación, entre otros, tendrán también una audiencia con la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 23 de agosto a las 10:00 a.m. donde jueces y juezas decidirán si ratifican la orden de primera instancia que obliga a RENIEC emitir un documento con sus dos mamás para Daki.

“En esta oportunidad demandamos a la Corte que ratifique la sentencia de primera instancia que ordena a RENIEC emitir un DNI con dos mamás para Daki. Así también, exigimos que se declare fundada la demanda de amparo presentada al Poder Judicial por la discriminación por orientación sexual cometida contra una de nosotras y que se configura como una afectación y daños irreparables en el ejercicio del reconocimiento y garantía de neustros derechos y los de Daki”, señalaron Darling y Jenny.

Por su parte, Luisa Zanabria, en representación de LIFS, una de las organizaciones litigantes, comparte: “Están limitando el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de la familia, tanto de las madres como de Daki. Las lesbianas como cualquier otra mujer tenemos derecho a nuestras maternidades y los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todas sus ciudadanas. El estado peruano tiene que cumplir este mandato y dejarse de prejuicios. A las madres de Daki, por ser lesbianas no les están permitiendo ejercer este derecho”.

Así también, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad, otra de las organizaciones litigantes, refiere sobre ambos casos que “(…) las próximas audiencias resaltan la urgencia de rechazar las manifestaciones discriminatorias contra la diversidad LGBTIQ+ que se encuentran vigentes no solamente en la sociedad peruana sino también en las leyes. Será una nueva oportunidad para examinar si el Estado peruano está cumpliendo con sus obligaciones para con los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, entre ellos, las personas LGBTIQ+, quienes son igual de valiosas y merecedoras de protección legal para ellas y sus familias. Esperamos que las autoridades acojan las recomendaciones y se comprometan a hacer del Perú un país seguro y digno para las vidas de la población LGBTIQ+”.

Igualmente, Cynthia Silva, directora de DEMUS, organización que forma parte también del litigio de ambos casos, declara: “Desde Demus consideramos las audiencias hitos históricos en la lucha por la igualdad material de las personas y familias LGTBI en Perú. Estas son oportunidades para que la ciudadanía conozca los fundamentos jurídicos de los alcances de la protección y garantía de los derechos humanos frente a patrones de discriminación que pretenden negar, con consecuencias graves, tanto a las víctimas directas, en este caso Daki, sus mamás Crissthian, y a la sociedad. Acompañémosles sororamente y sumémonos a su legítimo reclamo por una justicia arcoiris”.

Finalmente, todas las organizaciones parte y denunciantes coinciden en que el Estado peruano debe recoger e implementar la recomendación hecha en marzo por el Comité CEDAW sobre legislar en favor del matrimonio igualitario, así como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sobre no discriminar a las parejas del mismo sexo. Un reto para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos.

Cuba: El impacto del 11J en los derechos humanos

Washington D.C., 11 de julio de 2022 – A un año de las protestas pacíficas que se desarrollaron masivamente el 11 de julio en más de 50 localidades de Cuba, la sociedad cubana continúa padeciendo un contexto de profunda crisis económica, caracterizado por graves limitaciones en el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Estos factores, que un año atrás desataron la necesidad de cubanas y cubanos de levantar sus voces y hacer oír sus reclamos, hoy en día continúan impactando sus vidas, incluso con mayor intensidad. Las violaciones a los derechos humanos después de las manifestaciones conocidas como 11J, persisten en la Isla, y se agravan.

Continúa la represión

La situación de represión y el silenciamiento de las voces del disenso no ha culminado después del 11J. Activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes se enfrentan diariamente a constantes hostigamientos por parte de las autoridades y de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos desde las protestas de julio de 2021, en especial, contra quienes participaron en las manifestaciones ocurridas el día 11 de ese mes[1].

En noviembre de 2021, diversos grupos de activistas intentaron nuevamente convocar a la realización de una protesta pacífica y se enfrentaron, una vez más, con centenares de detenciones arbitrarias, cortes selectivos en el servicio de Internet, interrogatorios y vigilancias individualizadas en sus domicilios. Durante el 15N, como se le llamó a esas manifestaciones, estaba prevista la realización de la Marcha Cívica por el Cambio; sin embargo, las personas que hicieron público su deseo para participar en este evento fueron impedidas de ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Luego de esta iniciativa, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante, se registró un aceleramiento en los procesos judiciales seguidos contra los manifestantes del 11J y se presentaron peticiones fiscales solicitando sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. Asimismo, los familiares de las personas activistas detenidas y/o enjuiciadas padecieron -y continúan padeciendo- el acoso y la persecución por parte de la Seguridad del Estado, cada vez que intentan ejercer su derecho de protesta pacífica ante la cruel situación en la que se encuentran sus seres queridos.

Éxodos masivos

El contexto de crisis que domina Cuba ha generado que un creciente número de cubanos y cubanas decidan abandonar la Isla y establecerse en otros países. Existe gran preocupación por la elevada cantidad de personas que intentan cruzar fronteras exponiéndose a situaciones sumamente riesgosas.

Como consecuencia de las dificultades que enfrentan las y los cubanos/as para obtener visas de tránsito en numerosos países, la mayoría de las personas optan por la migración irregular a través de rutas que las exponen a ser víctimas de redes criminales, riesgos en su salud, e incluso al peligro de perder la vida. Muchas personas llegan a los puestos fronterizos y permanecen por meses bajo custodia de las autoridades migratorias sin certeza sobre su situación.

Paralelamente, el gobierno cubano ha intensificado las restricciones al ejercicio del derecho a la libre circulación, tanto al interior como al exterior del país. Las autoridades de la Isla han utilizado las tácticas de exilio forzado y de prohibición de entrada al territorio de personas de nacionalidad cubana con residencia vigente, para silenciar aquellas voces críticas que adquieren mayor visibilidad. Resulta de especial preocupación que, además de las condiciones socio económicas que expulsan a miles de cubanas y cubanos del país, exista un hostigamiento sistemático y permanente contra activistas, artistas y periodistas, quienes son presionados para salir del país en condiciones infrahumanas. Esta situación está impidiendo que muchas personas puedan gozar de su nacionalidad de manera efectiva y, asimismo, les impide gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la familia y a la libre elección de su residencia.

Reformas legislativas

El 14 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal. Si bien el texto oficial definitivo no se encuentra publicado aún, el anteproyecto genera preocupación puesto que mantiene un lenguaje amplio y ambiguo para tipificar aquellos delitos que se han utilizado arbitrariamente para perseguir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas independientes. Preocupa especialmente el aumento de las penas relativas a los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, entre los que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición y la propaganda contra el orden constitucional, que se han utilizado frecuentemente para reprimir y criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Las represión y criminalización histórica en Cuba persiste amparada en una legislación interna que limita el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y asociación. Ejemplo de ello es el uso de figuras penales como la sedición y el desorden público para criminalizar a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica el 11J y el 15N. También llaman la atención otras prácticas que el Estado ha adoptado para responder a las marchas del 2021, entre las que destacan la inobservancia del principio del interés superior del niño/a y del cuidado especial que requieren; la coacción psicológica para obligar a las personas a abandonar la Isla y el asedio a la prensa nacional e internacional. Aunque estas prácticas no son nuevas, dejan ver una política estatal basada en sembrar el miedo en la población y el interés de deshacerse de cualquier tipo de expresión popular crítica a la política del Estado.

A un año del 11J, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado cubano para que ponga fin a las prácticas represivas contra aquellas personas que se manifiestan y organizan pacíficamente y en reclamo de sus derechos humanos. El Instituto continuará monitoreando la situación, documentando los abusos perpetrados por el gobierno y denunciando las violaciones de derechos humanos ante la comunidad internacional.

[1] CIDH, Comunicado de prensa 295/21, La CIDH expresa preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos humanos desde las protestas de julio en Cuba, 5 de noviembre de 2021.

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