Raza e Igualdad lanza la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

Raza e Igualdad lanza la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

Río de Janeiro, 06 de mayo de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este martes 10 de mayo el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, en honor a la primera concejala trans electa en Brasil.  El acto de inauguración se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderna (MAM), de Río de Janeiro, y contó con la de Tapety. Además, hubo un espacio de diálogo con mujeres parlamentarias y representantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  La Escuela de Formación Política Katia Tapety es el resultado de un proyecto apoyado por Open Society Foundations y la asociación con la Fundación Friedrich Ebert en Brasil.

El escenario político en Brasil se encuentra atravesado por discursos de odio, ataques y persecución a parlamentarios y defensores de derechos humanos, donde las mujeres negras  e indígenas—tanto cis como trans—son las principales víctimas; además, hay un creciente difusión de noticias falsas. Ante esa realidad, Raza e Igualdad construyó una Escuela de Formación Política que tiene como objetivo preparar a las mujeres (negras, LBTI, indígenas y quilombolas) para participar de manera segura y democrática en el proceso electoral vigente en 2022.  Para enfrentar la violencia política y electoral de género, las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), la Articulación Brasileña de Lésbicas (Red ABL) y la Red Nacional de Negras y Negros LGBT (Red Afro LGBT), serán responsables de la nominación de precandidatas de sus redes para participar en esta Escuela de Formación Política.

Así, a través de la formación técnica y pedagógica, las clases se llevarán a cabo de manera híbrida, de mayo a septiembre, para servir   a las mujeres líderes sociales de todo Brasil que eventualmente tengan interés en solicitar un puesto de elección popular en el país. El contenido programático también incluye capacitación práctica para que las candidatas cuenten con herramientas para enfrentar políticas autoritarias y reclamar sus derechos.  En este sentido, la Escuela de Formación Política Kátia Tapety surge como un instrumento de fortalecimiento y protección democrática para lograr la plena legitimidad y poder de decisión en sus agendas políticas.

“El aumento de la violencia política y electoral de género en Brasil se ha vuelto cada vez más alarmante.  En marzo de 2021, Raza e Igualdad junto a otras organizaciones, denunció casos de varias concejalas actualmente electas, en una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, lamentablemente, seguimos instando al Estado brasileño a la protección de estas mujeres. La Escuela de Formación Política Kátia Tapety nace de esta urgencia de fomentar la participación activa de las mujeres en la política de forma segura y democrática para que tengan plena autonomía para defenderse de la violencia y garantizar sus derechos”, explicó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Acerca de Kátia Tapety

Kátia Tapety fue la primera concejala trans elegida de Brasil, en 1992, en la ciudad de Colonia de Piauí – PI.   Diversos datos indican que, de hecho, Kátia Tapety fue la primera mujer trans elegida para un cargo legislativo en Latinoamérica, en un momento en que todavía se rechazaba hablar de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales para las personas trans. Nacida y criada en el inteior del país, Tapety vio y sintió los efectos de la dictadura militar, acompañó el proceso de redemocratización del país y, apenas cuatro años después de la promulgación de la Constitución Ciudadana de 1988, fue elegida concejala con el mayor número de votos en el municipio de Colonia do Piauí, en la zona rural de Piauí.  En su carrera política fue nombrada concejala en 1992, 1996 y 2000; fue alcalde de Colonia do Piauí en el bienio 2001-2002; y finalmente fue elegida teniente de alcalde en 2004.

Hoy, a la edad de 74 años, y con una increíble trayectoria de vida en el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, Tapety enfrentó el racismo y la transfobia, dejando un legado de derechos y un camino de apertura a los logros recientes para las mujeres negras, travestis y transexuales en todo Brasil.  Por lo tanto, para Raza e Igualdad, honrarla representa un proceso de rescate no solo de la memoria, sino principalmente de los lazos democráticos. Katia Tapety nos recuerda la esperanza postdictadura que floreció en Brasil en la década de 1990 y uno de los hitos de la constitución brasileña, como es promover el desarrollo y la igualdad social sin discriminación de ningún tipo, algo que hoy, más que nunca, es urgente.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety tiene como principio el deseo único de formar cada vez más Katias en todo Brasil y en todo el mundo, fortaleciendo la participación civil en los espacios de decisión colectiva, ampliando y mejorando las herramientas democráticas y contribuyendo a la reducción de las asimetrías de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

Programa:

 Lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

 Fecha y hora: 10 de mayo (martes), 5:00 pm a 7:30 pm (hora de Brasilia)

Lugar: Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM)

Panel 1: Trayectoria de colectivos de mujeres negras, indígenas y LBTI en la participación política

Participantes:

Rosângela Castro – Red Afro LGBT

Bruna Benevides – Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

Michele Seixas – Articulación Lésbica Brasileña (Red ABL)

Panel 2: Articulaciones y estrategias de mujeres negras, indígenas y LBTI para fortalecer la democracia en Brasil

Participantes:

Kátia Tapety – Homenageada y Primera Concejala Trans Afro de Brasil

Samara Pataxó – Asesora Legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Responsable del Centro de Inclusión y Diversidad de la Secretaría General de la Presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Roberta Eugênio – Abogada e Investigadora en el Instituto Alziras

Keila Simpson – Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

El evento será transmitido en vivo a través de Zoom y Facebook Live y contará con traducción simultánea en español e inglés (solo zoom)

Zoom Link: https://bit.ly/3s5FS3x 

*Se requerirán y llevarán a cabo todos los protocolos de seguridad para COVID-19

*El evento no está abierto al público en general

“Lo que está sucediendo es un exilio forzado”: Activista cubana Anamely Ramos

Washington DC, 27 de abril de 2022. – Desde que le fue negado su retorno a Cuba, la historiadora del arte y activista cubana Anamely Ramos se encuentra en un limbo migratorio. En sus planes no está exiliarse en Estados Unidos, pero la visa que le permite estar en este país como turista vence este mes de abril. “Yo no, él decidió emigrar. Yo salí de Cuba a estudiar, pero luego iba a regresar. Lo que está sucediendo es un exilio forzado”, expresa en una conversación sostenida con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Actualmente se encuentra en Washington DC, pero antes estuvo en Nueva Jersey y Miami, alojándose en casas de amigos y contactando a organizaciones de derechos humanos para denunciar su situación. En la capital estadounidense, Anamely se plantó 10 días afuera de la embajada de Cuba, exigiendo que el Gobierno cubano le explicara por qué orientó a la aerolínea American Airlines para que no la dejara abordar el avión que el pasado 16 de abril la llevaría de regreso a la Isla. Anamely Ramos ha estado un año y tres meses fuera de Cuba por el Doctorado en Antropología que realiza en México.

Antes de llegar a Estados Unidos, es decir, estuvo más de 10 meses en México, pero su visa de residente ya expiró. “Vine (a Estados Unidos) a recoger un premio de Luis Manuel Otero (artista cubano que se encuentra detenido desde julio de 2021) y a hacer otras cosas, tenía algunas reuniones. Y estando acá decidí volver unos meses a Cuba, a realizar varios pendientes personales, entre esos renovar mi pasaporte, que se vence en junio”, cuenta Ramos, quien además tiene más de dos años de no ver a su hijo adolescente por encontrarse en distintos países.

En esta entrevista, la curadora de arte y activista cubana también habla sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba, situación que se ha agravado por las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión y de asociación que ha impuesto el Gobierno desde las marchas del 11 de julio de 2021.

¿Exiliarse en Estados es una posibilidad?

Lo del exilio es una decisión que toma cada persona, yo no decidí migrar. Yo salí de Cuba a estudiar, pero luego iba a regresar. Lo que está sucediendo es un exilio forzado que no debería estar ocurriendo. Si yo me acojo a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día; si yo me quedara ilegal como hacen muchos cubanos que esperan un año y un día, si yo hago eso, entonces yo estoy convirtiendo mi caso en otro tipo de caso, estoy normalizándolo. Yo pedí extender mi visa para ganar tiempo y que no se invalide la violación que se está ejerciendo sobre mí. Por eso quiero denunciarlo ante la ONU, por eso quiero conseguir un pasaporte, que, ya que no puede ser el cubano, que sea otro tipo de pasaporte que dan a las personas a las que les niegan este documento.

¿Cómo te sientes frente a todo lo que estás viviendo?

El exilio es difícil siempre, pero más aún cuando tú no lo has decidido, cuando te lo están imponiendo y yo sé que en mi caso lo están haciendo para silenciarme, para neutralizar mi voz. Lo que están tratando de hacer es un caso ejemplarizante también para que los activistas que están dentro de Cuba tengan miedo de salir, porque si salen, les puede pasar lo mismo que a mí. Es reforzar la idea de la frontera del aislamiento de todas las personas que nos involucramos para tratar de defender los derechos humanos, de denunciar las cosas que pasan.La decisión es muy difícil porque yo no tengo lugar donde regresar, yo necesito estabilidad para poder trabajar y para eso necesito legalizarme, pero al mismo tiempo no quiero invisibilizar lo que me está pasando, porque no soy solo yo, son también otras activistas, es tambien la gente que esta en peligro en cuba, sobre todo los presos. A nivel personal es una decisión muy difícil.

¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué la gente salió a las calles?

Hubo razones económicas. Estamos hablando de un sistema que no se sostiene por sí mismo, que siempre ha estado parasitario de otro sistema, en su momento de la Unión Soviética, luego de Venezuela, China, Rusia. La gestión económica en Cuba es malísima, todo lo quiere controlar el Estado. Ellos tienen mucho miedo de que los emprendedores cubanos tengan un poder económico real, que también pueden derivar un poder político. Hay una razón económica de base y hay otra razón que tiene que ver con el hecho de que las personas no pueden participar en el destino político del país. No hay forma de organizarse de manera legal, no hay forma de manifestarse de manera legal. Salir a la calle con un cartel te puede costar años de prisión.Todas esas tensiones juntas se acumularon, para colmo la pandemia con los toques de queda, la crisis de desabastecimiento, el colapso de los hospitales, la gente se vio simplemente perdida, la gente se vio sin futuro, que es lo que está pasando en Cuba , donde la gente se está yendo por millas. La gente se canso de vivir en la miseria.

¿Qué sabes de Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero?

El auto del tribunal salió hace como 15 días y lo que no ha llegado a los abogados son las peticiones fiscales. De hecho, ya ellos mismos están violando los términos de la propia Ley de Procedimiento Penal cubano. Ya los abogados cumplieron con esas peticiones. Con Maykel yo logré hablar hace más de una semana, él está muy desanimado porque está enfermo, no hemos obtenido un diagnóstico certero de lo que tiene, se le han inflamado los ganglios. En el caso de Luis, estuvo en una huelga de hambre y estuvo muchas semanas sin llamar, solo ayer empezó a hablar de nuevo, estuvo incomunicado durante semanas y él ya sabe lo del juicio, y ya se sabe que van a ser condenados como han sido sentenciados todos los manifestantes del 11 de julio.

  • Esta entrevista se realizó a principios de abril, por lo que esta respuesta se conoció antes de que se supieran las penas de cárcel que, al parecer, pagarían ambos artistas. La Fiscalía de Cuba pidió 10 años de prisión para el cantante Maykel Osorbo y 7 años para el artista Luis Manuel Otero, quienes pertenecen al Movimiento San Isidro. Familiares de los dos han denunciado que ellos han estado muy mal de salud dentro del centro penitenciario.

¿Qué pasa con la libertad de expresión en la Isla?

Hay una larga historia de censura por parte del Estado cubano sobre todas las libertades de expresión. Todas las formas de autonomía, de hacer un proyecto independiente a las instituciones del Estado y que reúna personas, es inmediatamente cortado. Es vigilado, monitoreado y en algún momento es cortado porque saben que es la semilla para que se regenere el tejido social. Todas las formas de expresión, todas las formas de generar comunidad, de intentar luchar por determinados derechos, son coartadas.

Las autoridades de la Isla también detuvieron a menores de edad en las marchas de julio de 2021, ¿qué piensas de todo esto?

Son 55 menores de edad, algunos han cumplido 18 años en las cárceles porque ya llevan más de seis meses presos, y algunos tienen detención domiciliaria, pero igual es injusto y las condenas que están saliendo son terribles. Jóvenes de 17 años que los están condenando a 19 años de prisión, más de la edad de la que tienen. Cuba se está quedando con la población anciana, todos los jóvenes se van y los que están dentro y salen a las calles y critican, los están metiendo presos. Es un gobierno que le está cerrando las puertas a su propia juventud, a los que supuestamente deben continuar la labor del país, y para colmo cogen a las madres que están solo defendiendo los derechos de sus hijos, las amenazan, las frustran, las interrogan . Es un gobierno que se está yendo en contra de su propia juventud y en contra de las madres,

Después de todo esto, ¿cómo ves la situación en Cuba?

Ahora mismo la situación es crítica, las calles siguen siendo militarizadas, los juicios no se están cubriendo, no dejan llegar a la prensa, siguen amenazando a las familias, y las sentencias son irracionales. No sabemos si el gobierno de Cuba está tratando de negociar algo a cambio, porque al final esas personas son rehenes del Estado, y esto es gravísimo. Muchas personas están presas porque es lo único que tiene el gobierno cubano para cambiarlo a otro gobierno por un crédito, por lo que sea que ellos necesiten, como que se quiten algunas restricciones de Estados Unidos. Cuba va a negociar esas personas por algo a cambio.

Frente a lo que está ocurriendo, ¿qué mensaje le envía al gobierno cubano?

Yo al Estado cubano no le diría absolutamente nada porque ellos no van a escuchar. Yo lo que sí creo es que hay que exigir que la libertad de esas personas y hay que exigir derechos, leyes que permitan la libertad de prensa y la oportunidad de manifestarse en las calles. Ahora ¿cómo vamos a hacer esto? no tengo la menor idea porque cada vez que alguien logra impulsar algún movimiento y tiene éxito, el gobierno va y reprime muy seguramente porque tienen una maquinaria represiva para eso. El mundo ha venido denunciado, pero no a la altura de la gravedad del asunto. El mundo no acaba de entender que al gobierno cubano hay que cerrarle el paso porque es una dictadura y está matando gente, ya los que no los está botando del país.

Desde Raza e Igualdad rechazamos que se le prohíba volver a la Isla a la activista cubana Anamely Ramos. Exhortamos al gobierno de Cuba que permita el retorno de la historiadora del arte y de otras personas de este país, que les han negado regresar al archipiélago por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Nicaragua, cuatro años de impunidad: Raza e Igualdad lanza campaña que demanda verdad, justicia, reparación y no repetición por crímenes de lesa humanidad

Washington D.C., 13 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza la campaña “Nicaragua, cuatro años de impunidad” para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país centroamericano, y sumarse a las demandas de procesos que garanticen la verdad, justicia, reparación integral de las víctimas y no repetición por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de la represión violenta y sistemática a la rebelión cívica de abril del año 2018. 

Asimismo, Raza e Igualdad urge a la comunidad internacional a enviar un mensaje de lucha contra la impunidad. 

Contexto

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una profunda crisis caracterizada por la represión estatal y paraestatal, el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho, restricciones al espacio cívico y la persistencia de una situación de impunidad generalizada. Esta situación se manifiesta en violaciones severas a los derechos humanos que hasta la fecha han resultado en: 355 victimas letales impunes, más de 2,000 manifestantes heridos, al menos 1614 detenciones arbitrarias, el exilio de más de 110,000 nicaragüenses, la creciente criminalización del ejercicio periodístico, el cierre de más de 114 organizaciones de la sociedad civil, el recrudecimiento de los ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, y la permanencia de más de 170 personas presas políticas en condiciones que incumplen las Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Estas condiciones vulneran particularmente a 14 mujeres, 13 personas de la tercera edad y personas con padecimientos crónicos que se encuentran privadas de libertad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa incumpliendo todas las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el restablecimiento de la institucionalidad democrática y garantizar los derechos humanos en el país. El año pasado (2021), en el contexto pre electoral -principalmente en los meses de mayo y junio-, Daniel Ortega, en su afán de asegurar su cuarto mandato consecutivo, encarceló a 47 personas. Entre estas personas se encuentran todas aquellas que manifestaron su voluntad de ser candidatos y candidatas a la presidencia de Nicaragua, así como liderazgos estudiantiles y campesinos, periodistas, empresarios, personas defensoras de derechos humanos, entre otras. 

Estas votaciones ilegítimas de noviembre pasado, que dieron la victoria a Ortega, dejaron entrever la erosión de la democracia y la perpetuación en el poder de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población nicaragüense, y fueron cuestionadas por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta última aseguró que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, de acuerdo con las normas internacionales.

En febrero de este año (2022), el Sistema Judicial de Nicaragua controlado por el régimen, reanudó los juicios contra las personas detenidas arbitrariamente en el contexto pre-electoral y electoral, bajo leyes que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, particularmente la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055). Todos estos juicios estuvieron marcados por graves violaciones a las garantías del debido proceso como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes procesales, o el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Cabe destacar que, en todos los casos, las personas juzgadas fueron condenadas a penas desproporcionadas con supuestas pruebas que no demostraron la comisión de los delitos imputados. Asimismo, tampoco se respetó el derecho de defensa al no permitir la presentación de pruebas por parte de los procesados.

El pasado 7 de marzo, en la presentación de su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, denunció las faltas al debido proceso y las condiciones inhumanas que “han deteriorado progresivamente el estado de salud de las y los detenidos, particularmente de las personas mayores de edad y pacientes crónicos”. Igualmente, instó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) a tomar todas las medidas para asegurar la rendición de cuentas. Para garantizar justicia, verdad y reparación frente a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos el Consejo aprobó una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con el mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2018. 

No obstante, en vísperas del aniversario de las protestas sociales, el régimen nicaragüense está repitiendo el patrón represivo contra familiares de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas periodistas y otras voces disidentes. El día martes 12 de abril, familiares de Darwin Potosme, víctima letal de la represión, denunciaron asedio policial, allanamiento de su vivienda y amenazas de encarcelamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. La opositora Yolanda González sufrió el allanamiento de su vivienda en presencia de personas menores de edad, interrogatorios y vigilancia por parte de paramilitares. El cantante crítico al gobierno, Josué Monroy de la banda “Monroy y Surmenage”, el productor de “La Antesala”, Leonardo Canales; y las personas productoras de eventos musicales  de SaXo Producciones, Salvador Espinoza y Xochitl Tapia, también fueron detenidas por agentes policiales durante allanamientos a sus viviendas. 

Campaña

Dado este contexto, y como una forma de conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, Raza e Igualdad iniciará este lunes 18 de abril una campaña que visibiliza los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua, el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de justicia, y el posicionamiento de la comunidad internacional en esta profunda crisis.

Entrevistamos a dos defensoras de derechos humanos nicaragüenses sobre la situación actual del país, las condiciones de las personas presas políticas en los centros de detención, sus juicios, condenas y el papel de la sociedad civil en la defensa de sus derechos. Adicionalmente, entrevistamos a la Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, sobre los avances y desafíos de los derechos humanos en Nicaragua, el rol de la CIDH en el contexto actual, los mecanismos o instrumentos internacionales que existen para la rendición de cuentas, entre otros aspectos; y al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el mecanismo o grupo de tres expertos en derechos humanos que investigará por un año las violaciones a derechos humanos cometidas desde abril 2018.

Todos los productos de esta campaña se publicarán a través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, y el sitio web de Raza e Igualdad. Invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse y compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #Nicaragua4AñosdeImpunidad, para que el clamor por el cese de la represión y demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.

#31M: Reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans para la plena garantía de sus derechos humanos

Washington D.C., 31 de marzo de 2022.– Este Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea exaltar la importancia del reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans, como base para la plena garantía de sus derechos humanos, específicamente de sus derechos económicos y sociales. En Latinoamérica, las personas con expresión e identidad de género diversas se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos que, a su vez, constituyen derechos fundamentales de los cuales toda persona debe gozar sin sufrir ningún tipo de discriminación o violencia.

En al menos 11 países de América Latina y el Caribe existen procesos legales o administrativos para que las personas trans rectifiquen sus documentos de identificación según su identidad de género. Por ejemplo, en Brasil—país con la mayor cifra de personas trans asesinadas en el mundo—el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció en 2018 que las personas trans y travestis mayores de 18 años, independientemente de la cirugía de reasignación de sexo, tratamientos hormonales o la presentación de documentos médicos o psicológicos, tienen derecho a cambiar de nombre, género, o ambos, en cualquier oficina del Registro Civil del territorio nacional, sin la presencia de un abogado o defensor público.

En tanto, en México, 14 de los 32 Estados de este país reconocen en sus legislaciones el derecho a la identidad de género, por lo que las personas trans pueden acceder a la modificación de su sexo o género por medio de un trámite administrativo, sin tener que atravesar un proceso judicial. El Estado de México fue el último en incorporar este reconocimiento, en julio de 2021, con una votación en el Congreso que tuvo 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Los otros Estados son Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

En países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, no existe ningún marco jurídico o administrativo para que las personas trans realicen la rectificación de sus documentos de identidad, o bien no hay jurisprudencia en ese sentido y, por tanto, si una persona trans decide iniciar el proceso, este queda a discreción de los administradores de justicia y puede ser un camino largo y costoso económica y emocionalmente. Ese es el caso de Mística Guerrero, una mujer trans de Nicaragua que hasta mayo de 2021 no contaba con un documento de identidad porque en 2012 inició el trámite de cambio de nombre ante la Corte Suprema de Justicia y desde entonces no ha habido un fallo sobre su caso, según el reportaje de un medio local.

La falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo está determinada por la existencia o no de procesos para realizar el cambio de nombre, sino también por la voluntad y capacidad de gestión en las instituciones del Estado que deben aplicar las normas en términos de registro civil. Y es que, pese a la existencia de estos procesos en muchos países, activistas y organizaciones LGBTI+ suelen registrar dificultades para que las personas trans accedan a los mismos, debido a factores como la falta de claridad y actitudes transfóbicas, lo que genera dilaciones y que las personas desistan de la gestión.

A ello debe sumarse el hecho que son muy pocas las personas trans que cuentan con el apoyo de sus familias en estos procesos, pues el hogar se configura como el primer espacio en el que las personas con expresión e identidad de género diversas experimentan actos de rechazo, violencia y discriminación, dinámica que se mantiene a lo largo de sus vidas.

“[…] Existe un sinnúmero de barreras que alejan a las personas trans y de género diverso de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos desde una temprana edad, que tienen que ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género. En ese orden, son numerosos los informes que dan cuenta de una alta prevalencia de adolescentes trans y de género diverso que sufren la expulsión de sus hogares a temprana edad”, apunta en ese sentido el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, publicado en agosto de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Identidad de género y derechos económicos y sociales

El no reconocimiento de la identidad de género tiene serias implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales. Es importante señalar que los Estados tienen obligaciones de cumplimiento y garantía sobre estos derechos con base en el principio de igualdad y no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho de que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no se condicen con su identidad de género”, señala la CIDH en el informe antes mencionado. De esta forma, el acceso a derechos como salud, educación, vivienda y empleo se ve limitado y sujeto a prejuicios; además que se aumentan las posibilidades de que las personas sufran situaciones de violencia y discriminación.

Agatha Brooks, mujer trans de República Dominicana e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), ha experimentado discriminación al intentar acceder a una vivienda. “No se nos alquila casa, porque creen que somos personas depravadas y que somos malos ejemplos para niños o familias alrededor”, indica.

Aparte del problema de acceso a estos derechos, las personas trans también enfrentan violencia y discriminación cuando los ejercen. Arturo Nicolás, hombre trans de Perú e integrante de Diversidad Transmasculina, refiere que se necesitan medidas urgentes en el ámbito educativo para garantizar el pleno acceso de las personas trans a este derecho. “Esto no significa solo abrir los espacios mediante cupos o medidas parecidas. Los protocolos de atención y de contención en caso de violencia son pilares para sostener a las personas trans o disidentes del género en los espacios educativos”, afirma.

Mientras que Bruno Pfeil, hombre trans de Brasil y coordinador de la Revista Estudios Transviades, comparte su experiencia en el acceso a la salud: “En el campo de la salud, el (des)acceso que más me pesa es la salud ginecológica. Ya sea para hacerme pruebas, o simplemente para hacerme el chequeo de rutina; siempre es un dolor de cabeza tener que explicar que tengo útero, que necesito cierta consulta, y que la mirada que debe darse en mi cuerpo no se puede construir bajo la prerrogativa cisgénera”.

En su Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH da cuenta de forma amplia de cómo la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, por lo que considera urgente que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

Aunque reconocemos y celebramos la adopción de procesos judiciales y administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en varios países de Latinoamérica, creemos que esto no solo depende de que se rectifique su nombre y/o género en sus respectivos documentos de identidad, sino que también está estrechamente relacionado a la implementación de procesos educativos y políticas públicas para eliminar la LGBTIfobia en la sociedad y garantizar servicios efectivos y apegados a sus necesidades, respectivamente.

También apreciamos y agradecemos el rol del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, quien a través de informes—como el último titulado Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión—y de numerosas intervenciones ante la sociedad civil y Estados, ha posicionado el tema de la identidad de género como una experiencia determinante en la vida de las personas y, por tanto, sujeta a un marco de derechos que los Estados deben garantizar.

Junto a ello, elevamos algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el informe antes referido y que consideramos pasos clave para que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la región:

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

Especialistas e ativistas pedem a ativação do Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância

Washington DC, 29 de março de 2022 – Especialistas e ativistas da América Latina e do Caribe pediram a ativação do Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, para o qual requer que pelo menos 10 Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) ratifiquem a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (CIRDI).

O chamado ocorreu em um webinar organizado pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos (Raça e Igualdade) — com o apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)— em comemoração ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. O evento contou com a presença da Comissária Margarette May Macaulay, Relatora sobre os Direitos dos Afrodescendentes e contra a Discriminação Racial, da CIDH; Dayana Blanco, Diretora Executiva da Ilex Acción Jurídica, da Colômbia; Anielle Franco, Diretora Executiva do Instituto Marielle Franco, do Brasil, e Manuel de Jesús Dandre, Diretor Executivo da Rede Jacques Viau, da República Dominicana.

Em nome de Raça e Igualdade, participaram o Diretor Executivo, Carlos Quesada, e a Oficial do Programa Brasil, Nathaly Calixto, que atuou como moderadora do evento. Em suas palavras de boas-vindas, Quesada destacou o fato de que as Américas contam com uma ferramenta como a CIRDI para combater o racismo e a discriminação racial, embora também tenha lembrado que até agora esta Convenção só foi ratificada por 6 países da OEA e que, segundo seu artigo 15, é necessário que 10 países a ratifiquem para que seja criado o Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância.

Da mesma forma, ele chamou a atenção para a situação de violência e discriminação enfrentada por pessoas afro-LGBT em países como Brasil, Colômbia e República Dominicana. No caso do Brasil, ele explicou que a organização ANTRA documentou que em 2019 houve 124 assassinatos de pessoas trans, dos quais 75% eram afrodescendentes. Quesada enfatizou que devem ser utilizados mecanismos estabelecidos há vários anos, como a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD), e mecanismos recentemente criados, como o Fórum Permanente das Nações Unidas para Afrodescendentes.

Transformação estrutural

A Diretora Executiva da Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, falou sobre a necessidade de que o conteúdo e o alcance da CIRDI sejam socializados entre a sociedade e as organizações colombianas, a fim de conhecer como este instrumento pode contribuir para a luta contra o racismo e a discriminação racial, e como se diferencia das regulamentações sobre o assunto que já fazem parte da legislação colombiana. A ativista enfatizou que o Direito não é o único caminho para transformar as sociedades, razão pela qual também destacou a importância da implementação de estratégias educacionais voltadas para os diversos setores que as compõem.

Reconhecimento e identidade

Da República Dominicana, o Diretor Executivo da Rede Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltou a importância da Convenção Interamericana contra o Racismo e do Comitê para o desenvolvimento de processos educativos sobre etnia e raça, pois neste país eminentemente afrodescendente, apenas 8% da população se reconhece como tal. Além disso, expressou preocupação pelo fato de o Estado não reconhecer o racismo e a discriminação racial como problemas latentes na sociedade dominicana.

Luta contra a violência policial racista

Anielle Franco, Diretora Executiva do Instituto Marielle Franco, do Brasil, referiu-se ao problema da violência policial racista no país, aludindo ao caso da jovem Kathlen Romeu, uma jovem que estava Grávida de 13 semanas, que morreu em junho de 2021 em decorrência de uma bala perdida em uma operação da Polícia Militar em uma favela do Rio de Janeiro. “A violência policial cortou nossos sonhos. Desde pequenos sentimos na pele a sensação de querer fugir da presença da polícia, das balas perdidas,” expressou a ativista, apontando a necessidade de articular ações para alcançar a implementação do Comitê e de outras organizações para combater o racismo e a discriminação racial.

Compromisso para 2022

A Comissária Margarette May Macaulay, Relatora sobre os Direitos dos Afrodescendentes e contra a Discriminação Racial, da CIDH, também reconheceu o impacto que o racismo e a discriminação racial têm na integridade e na qualidade de vida dos afrodescendentes, assegurando que no Brasil há um “genocídio racial“. Por isso, destacou que é urgente que em 2022 se alcance as 10 ratificações que permitiriam a ativação do Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância.

Raça e Igualdade reconhece e agradece as contribuições dos especialistas e ativistas que participaram deste evento e se une ao chamado para somar esforços para alcançar a criação do mencionado Comitê, como mecanismo regional de combate ao racismo e à discriminação racial nas Américas. Acreditamos firmemente nos princípios e mandatos da Convenção Interamericana contra o Racismo, por isso a partir de nossa campanha CIRDI 2024 “Por uma região livre de discriminação racial” continuaremos trabalhando lado a lado com a sociedade civil para pressionar os Estados por sua assinatura, ratificação e implementação efetiva.

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Coalición exhorta a la comunidad internacional a reclamar a Cuba cese de represión

Washington DC, 14 de marzo de 2022. – Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación , los exrelatores y la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los y las periodistas que firman al pie, exhortan a la comunidad internacional para que adopte medidas concretas en reclamo al gobierno de Cuba para poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las disposiciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación con multas lícitos y pacíficos establecidos en la  Constitución cubana aprobada en 2019 .

Al mismo tiempo, instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca  y al youtuber e influencer  Yoandi Montiel  (conocido como “El Gato de Cuba”), quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses acusados ​​del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. 

La Coalición por la Libertad de Asociación está conformada en la actualidad por 21 organizaciones de la sociedad civil y se  creó formalmente en febrero de 2021  con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, reclamando de manera coordinada el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación en países donde se registran varias restricciones, uniendo las voces de sus miembros para ampliar el alcance del pedido. La labor de la Coalición se ha enfocado inicialmente en América Latina y el Caribe.

El Estado cubano restringe de forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. “Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como artistas oa ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social”, según señala el  informe sobre la libertad de expresión en Cuba  publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018 .

Tras las  protestas del 11 de julio  de 2021 en Cuba en reclamo por mejores condiciones de vida, a la que sumaron millas de personas en forma espontánea y generaron atención internacional en una isla-nación poco habituada a las manifestaciones públicas contra el poder, la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado. De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial.

Según un  comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , hasta febrero todavía seguían presas en Cuba más de 700 personas por su participación en las protestas. La CIDH indicó que, según información oficial del 24 de enero, la fiscalía general de la República de Cuba tuvo un total de 790 personas acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Además, se impondrán sanciones de hasta 30 años de prisión según la gravedad de los hechos, señala el comunicado.

En agosto pasado, el gobierno cubano  dispuso nuevas medidas  que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio, según  publicado  en su momento el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Según el comunicado publicado en la  gaceta oficial del Ministerio de Justicia de Cuba , se trata del Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones;y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Las normas no definen los términos “información falsa” ni otros como “la seguridad colectiva, el bienestar general y la moralidad pública” pero necesitan fortalecer el control gubernamental sobre el contenido de las redes sociales. En una  carta a las autoridades cubanas, los relatores para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (Irene Khan), sobre los derechos sobre la libertad reunión pacífica y asociación (Clement Nyaletsossi Voule) y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ( Mary Lawlor) analizaron el decreto 35 y normas conexas y advirtieron que las normativas “podrían utilizarse para ordenar la libertad de expresión de manera incompatible con lo permitido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la libertad de reunión pacífica y de asociación de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la citada Declaración”.

En Cuba, el proveedor de servicio de Internet estatal, ETECSA tiene órdenes de bloquear contenido objetable, e impide el acceso a algunos blogs y plataformas de noticias críticas al gobierno. Las autoridades embisten contra periodistas críticos, activistas pacíficos y disidentes políticos mediante el acoso, el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia física y digital, las detenciones arbitrarias, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos. En muchas ocasiones periodistas, activistas y disidentes se ven forzados al exilio.

Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una  iniciativa  que estipula  penas de hasta 10 años de prisión .

Es importante recordar que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellos el  Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales  han destacado  que la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme ha señalado en el informe sobre  Protesta y Derechos Humanos , exhortando a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción.

Como organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y personas comprometidas en la defensa de la libertad de expresión, instamos a la comunidad internacional para que interceda ante el gobierno cubano a fin de reclamar el cese inmediato de la represión contra quienes ejercen de forma pacífica sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación. Reiteramos nuestro reclamo al gobierno de Cuba a liberar a los ciudadanos cubanos y las ciudadanas cubanas detenidas de forma arbitraria y hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las víctimas de una política de Estado que reprime y criminaliza cualquier forma de disenso o crítica pública.

Suscríbete a la declaración

Ex relatores/relatora para la libertad de expresión de la CIDH : Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero Marino y Edison Lanza

Periodistas latinoamericanos : Daniel Coronell (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú), Raúl Peñaranda (Bolivia), Alejandra Matus (Chile), Janeth Hinostroza (Ecuador), José Rubén Zamora (Guatemala), Mauri König (Brasil), César Batiz (Venezuela) ) ) ) ) ), Octavio Enríquez (Nicaragua), Norma Morandini (Argentina), Javier Garza (México) y Eduardo Ulibarri (Costa Rica).

Coalición por la Libertad de Asociación 

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social”, asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal”, afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Cierre de espacios cívicos: Raza e Igualdad, Criola, Geledés e Iepé en lucha para la participación democrática de la sociedad civil afro e indígena

Brasil, 23 de febrero de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a través del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, se unió a las organizaciones de la sociedad civil brasileña Criola, Geledés-Instituto de la Mujer Negra y al Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), para visualizar la situación sobre la participación de la sociedad civil organizada en los espacios cívicos de Brasil.  Centrándose en las poblaciones negras e indígenas, estas organizaciones se encuentran desarrollando investigaciones que pretenden conducir a un informe para denunciar ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, los marcos normativos actuales que restringen la libertad de asociación, limitan la libertad de expresión o extinguen los canales de participación ciudadana en el país.

Ante el actual clima global de tensiones democráticas, durante los últimos años los países latinoamericanos se han enfrentado a una creciente serie de restricciones y ataques que amenazan la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones. Es decir, con el cierre de los espacios cívicos, las medidas restrictivas agravan las duras condiciones que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan diariamente desde hace décadas; incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Sumado a este duro escenario, la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la región. Mientras algunos países se encuentran entre los países con mayor número de infecciones y muertos a nivel global, la desigual distribución de vacunas, el precario acceso a los sistemas de salud, la fuerte caída del empleo y la falta de sistemas de protección social han dejado en evidencia que las debilidades institucionales y las brechas estructurales—que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables—se han multiplicado. So pretexto de mantener la seguridad, la pandemia ha sido utilizada además por los gobiernos de la región para imponer mayores restricciones al movimiento, asociación y libertad de expresión, limitando aún más los espacios de participación de la sociedad civil y ciudadana.

Para David Álvarez Veloso, Coordinador Regional de Raza e Igualdad del Consorcio de Derechos Humanos, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento democrático de los países en los que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel activo en la vida política y social, así como para documentar y visibilizar las crecientes restricciones y obstáculos que han reducido los espacios de participación.  “Con el apoyo del Consorcio de Derechos Humanos, y gracias al trabajo de organizaciones como Criola, Geledés e Iepé en Brasil, entre otras, tenemos información comparada y actualizada sobre los efectos que estas medidas ejercen en las diferentes poblaciones del país. De esta manera, es posible capacitar a liderazgos para fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias de incidencia a nivel nacional e internacional, destinadas a terminar con las restricciones a la participación ciudadana”, explica Álvarez.

Brasil y una creciente historia de amenazas a la participación de la sociedad civil

 Fue a partir del final del período dictatorial en Brasil que la sociedad civil comenzó a lograr la voz y la participación ciudadana para construir nuevas perspectivas para un pleno Estado de Derecho.  En 1988, con la vigencia de una nueva Constitución Federal, entró en vigor una conjetura política que valoraba más transparencia de datos, de informaciones, del presupuesto público y también como una nueva ventana de oportunidades y derechos para grupos históricamente excluidos, como las poblaciones negras, indígenas y LGBTI+.  Sin embargo, desde 2014, con la aprobación de enmiendas constitucionales aún en la administración de la Presidenta Dilma Roussef—como PEC antiterrorista y las siguientes sanciones relacionadas con la seguridad del Estado hasta el golpe estatal en 2016, que llevó a su impeachment—las relaciones de la sociedad civil con el Estado se han intensificado profundamente.

En consecuencia, estas medidas restrictivas también representaron un golpe a la sociedad civil, pues ante estos nuevos paquetes de leyes, las manifestaciones públicas llegaron a ser entendidas como manifestaciones contrarias a los intereses del Estado. Sin embargo, lo que ha sido denunciado por la sociedad civil organizada es que, durante el actual Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, los espacios de diálogo y garantía de derechos son prácticamente nulos y están envueltos en una dinámica de persecución, violencia, vigilancia e incluso muerte de defensores de derechos humanos.  Las organizaciones denuncian que, si bien no existe un decreto militar ni un orden legal para cerrar espacios cívicos, la relación actual del Ejecutivo con la sociedad civil impide el debate de las agendas y la presentación de demandas sociales. En resumen, no hay diálogo.

Consecuencias para las poblaciones afros e indígenas en Brasil

En noviembre de 2021, Raza e Igualdad promovió el webinar “Cierre de espacios de participación: amenazas a la sociedad civil en Brasil, Honduras y Guatemala”, al que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, para denunciar y esbozar propuestas para el fortalecimiento regional de la sociedad civil. El evento virtual contó con la presencia de Lúcia Xavier, Coordinadora General de Criola, quien expuso la situación de persecución a defensores de derechos humanos y violaciones a la democracia, que debilitan aún más a los pueblos afros e indígenas, con la total invisibilización de sus agendas políticas.

Según Lúcia Xavier, estos ataques se reflejan desde la violencia política que las mujeres afros, cis y trans han venido sufriendo por la aprobación o desacato del Ejecutivo. Incluso se evidencian con la falta de acceso a la información pública, al punto que, en el peor momento de la pandemia, fue necesario crear un consorcio entre los sectores público y privado para que la población pudiera monitorear los casos. Además, Lucía destacó la muerte de defensores de derechos humanos tanto en las ciudades como en los campamentos, y que ni siquiera los programas de protección están siendo capaces de constituirse como una solución del problema o protección para estas personas.

“La Constitución brasileña garantiza la participación de la sociedad civil organizada en todas las políticas. Estos espacios no están cerrados, estos consejos funcionan, pero ya no existe la capacidad de admitir y dialogar con otros sectores de la sociedad.  Por lo tanto, tampoco hay monitoreo de las políticas y del presupuesto público en Brasil. Básicamente, estas leyes inmovilizan el formato de participación de la sociedad civil, recordando que cualquier manifestación puede ser considerada como terrorismo y amenaza para la seguridad nacional”, enfatizó Xavier durante el evento. [1]

En este contexto de supresión de derechos y de silenciamiento de la sociedad, la demanda y búsqueda de justicia de las organizaciones de la sociedad civil se revela como un camino de diálogo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Aunque ve con escepticismo la agenda electoral 2022, Rodnei Jericho da Silva, Coordinador de SOS Racismo, de Geledés, cree que habrá mucha participación de sociedad civil en este proceso y, dependiendo del resultado de las elecciones, considera que puede lograrse un cambio hacia la reapertura de los espacios cívicos.

“La población brasileña es mayoritariamente negra, las políticas públicas o incluso las políticas sociales se debaten en espacios donde no hay participación de la sociedad. Así que el daño a la colectividad es enorme, porque al no escuchar al público objetivo, la posibilidad de error e ineficacia es mucho mayor.  Los espacios de participación mejoran el sistema democrático, fortalecen a la sociedad, por lo que podemos buscar soluciones a los problemas en conjunto”, dice Jericó.

La lucha de la población indígena para no ser completamente diezmada por el actual Gobierno ha tomado más fuerza ante el desmantelamiento de instituciones públicas que deberían velar por la seguridad y los derechos indígenas, como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), además de los ataques a las comunidades y sus territorios en todo el país. En 2021, la votación del Marco Temporal [2], hasta hoy suspendido por la Corte Suprema (STF), tiene como objetivo eliminar la propiedad de las tierras indígenas garantizadas por la Constitución.  Según Luis Donisete, Coordinador Ejecutivo de Iepé, el cierre de espacios públicos para políticas indígenas y ambientales en Brasil tuvo grandes implicaciones para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social indígena.

“El sesgo antidemocrático y anti-indígena del actual gobierno se ha transformado en una directriz para las políticas del Estado brasileño, contrariamente al activismo y a la acción de la sociedad civil organizada. El resultado fue el abandono de los programas y políticas gubernamentales que implementaban derechos consagrados en nuestra legislación en diferentes áreas: salud, educación, cultura, gestión territorial, protección de las tierras indígenas. Hoy en día ya no hay canales de diálogo entre los representantes indígenas y los diferentes organismos gubernamentales. Es un gran revés que llevará años y mucha dedicación reconstruir”, dice Donisete.

En este contexto de incertidumbres, denuncias y silenciamiento de la sociedad civil en Brasil, Raza e Igualdad hace un llamado a los mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar que la situación empeore luego de las elecciones de este año. Considerando los retrocesos y limitaciones a la participación ciudadana mencionados anteriormente, y para fortalecer el papel de la sociedad civil en la vida democrática, es importante que el Estado brasileño avance, entre otros, en:

1 – Según lo previsto constitucionalmente y en las leyes, participación política de la sociedad civil organizada en las instituciones públicas y en los espacios de toma de decisiones, con un efectivo monitoreo de las políticas públicas y el presupuesto;

2 – Asegurar la transparencia en el acceso a la información pública y la recolección de datos para la construcción de políticas públicas interseccionales, según lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información;

3 – Fortalecer el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), que ha venido siendo desmantelado especialmente por la baja asignación de presupuesto, así como por el debilitamiento de la participación popular en el Concejo Deliberante del PPDDH.  [3]

4 – Crear juntas de participación de la sociedad civil teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población brasileña. Los consejos deben tener en cuenta las especificidades y ser un espacio de escucha y decisión para las poblaciones más vulnerables, entre ellas: afros, indígenas, quilombolas y gitanos.

 

[1] Esos consejos funcionan teóricamente pero en la práctica no tienen la capacidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil.

[2]  https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml

[3] https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Relatorio—Comeco-do-Fim.pdf

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