Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Coalición exhorta a la comunidad internacional a reclamar a Cuba cese de represión

Washington DC, 14 de marzo de 2022. – Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación , los exrelatores y la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los y las periodistas que firman al pie, exhortan a la comunidad internacional para que adopte medidas concretas en reclamo al gobierno de Cuba para poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las disposiciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación con multas lícitos y pacíficos establecidos en la  Constitución cubana aprobada en 2019 .

Al mismo tiempo, instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca  y al youtuber e influencer  Yoandi Montiel  (conocido como “El Gato de Cuba”), quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses acusados ​​del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. 

La Coalición por la Libertad de Asociación está conformada en la actualidad por 21 organizaciones de la sociedad civil y se  creó formalmente en febrero de 2021  con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, reclamando de manera coordinada el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación en países donde se registran varias restricciones, uniendo las voces de sus miembros para ampliar el alcance del pedido. La labor de la Coalición se ha enfocado inicialmente en América Latina y el Caribe.

El Estado cubano restringe de forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. “Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como artistas oa ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social”, según señala el  informe sobre la libertad de expresión en Cuba  publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018 .

Tras las  protestas del 11 de julio  de 2021 en Cuba en reclamo por mejores condiciones de vida, a la que sumaron millas de personas en forma espontánea y generaron atención internacional en una isla-nación poco habituada a las manifestaciones públicas contra el poder, la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado. De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial.

Según un  comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , hasta febrero todavía seguían presas en Cuba más de 700 personas por su participación en las protestas. La CIDH indicó que, según información oficial del 24 de enero, la fiscalía general de la República de Cuba tuvo un total de 790 personas acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Además, se impondrán sanciones de hasta 30 años de prisión según la gravedad de los hechos, señala el comunicado.

En agosto pasado, el gobierno cubano  dispuso nuevas medidas  que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio, según  publicado  en su momento el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Según el comunicado publicado en la  gaceta oficial del Ministerio de Justicia de Cuba , se trata del Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones;y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Las normas no definen los términos “información falsa” ni otros como “la seguridad colectiva, el bienestar general y la moralidad pública” pero necesitan fortalecer el control gubernamental sobre el contenido de las redes sociales. En una  carta a las autoridades cubanas, los relatores para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (Irene Khan), sobre los derechos sobre la libertad reunión pacífica y asociación (Clement Nyaletsossi Voule) y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ( Mary Lawlor) analizaron el decreto 35 y normas conexas y advirtieron que las normativas “podrían utilizarse para ordenar la libertad de expresión de manera incompatible con lo permitido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la libertad de reunión pacífica y de asociación de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la citada Declaración”.

En Cuba, el proveedor de servicio de Internet estatal, ETECSA tiene órdenes de bloquear contenido objetable, e impide el acceso a algunos blogs y plataformas de noticias críticas al gobierno. Las autoridades embisten contra periodistas críticos, activistas pacíficos y disidentes políticos mediante el acoso, el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia física y digital, las detenciones arbitrarias, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos. En muchas ocasiones periodistas, activistas y disidentes se ven forzados al exilio.

Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una  iniciativa  que estipula  penas de hasta 10 años de prisión .

Es importante recordar que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellos el  Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales  han destacado  que la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme ha señalado en el informe sobre  Protesta y Derechos Humanos , exhortando a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción.

Como organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y personas comprometidas en la defensa de la libertad de expresión, instamos a la comunidad internacional para que interceda ante el gobierno cubano a fin de reclamar el cese inmediato de la represión contra quienes ejercen de forma pacífica sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación. Reiteramos nuestro reclamo al gobierno de Cuba a liberar a los ciudadanos cubanos y las ciudadanas cubanas detenidas de forma arbitraria y hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las víctimas de una política de Estado que reprime y criminaliza cualquier forma de disenso o crítica pública.

Suscríbete a la declaración

Ex relatores/relatora para la libertad de expresión de la CIDH : Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero Marino y Edison Lanza

Periodistas latinoamericanos : Daniel Coronell (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú), Raúl Peñaranda (Bolivia), Alejandra Matus (Chile), Janeth Hinostroza (Ecuador), José Rubén Zamora (Guatemala), Mauri König (Brasil), César Batiz (Venezuela) ) ) ) ) ), Octavio Enríquez (Nicaragua), Norma Morandini (Argentina), Javier Garza (México) y Eduardo Ulibarri (Costa Rica).

Coalición por la Libertad de Asociación 

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social», asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal», afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Cierre de espacios cívicos: Raza e Igualdad, Criola, Geledés e Iepé en lucha para la participación democrática de la sociedad civil afro e indígena

Brasil, 23 de febrero de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a través del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, se unió a las organizaciones de la sociedad civil brasileña Criola, Geledés-Instituto de la Mujer Negra y al Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), para visualizar la situación sobre la participación de la sociedad civil organizada en los espacios cívicos de Brasil.  Centrándose en las poblaciones negras e indígenas, estas organizaciones se encuentran desarrollando investigaciones que pretenden conducir a un informe para denunciar ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, los marcos normativos actuales que restringen la libertad de asociación, limitan la libertad de expresión o extinguen los canales de participación ciudadana en el país.

Ante el actual clima global de tensiones democráticas, durante los últimos años los países latinoamericanos se han enfrentado a una creciente serie de restricciones y ataques que amenazan la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones. Es decir, con el cierre de los espacios cívicos, las medidas restrictivas agravan las duras condiciones que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan diariamente desde hace décadas; incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Sumado a este duro escenario, la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la región. Mientras algunos países se encuentran entre los países con mayor número de infecciones y muertos a nivel global, la desigual distribución de vacunas, el precario acceso a los sistemas de salud, la fuerte caída del empleo y la falta de sistemas de protección social han dejado en evidencia que las debilidades institucionales y las brechas estructurales—que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables—se han multiplicado. So pretexto de mantener la seguridad, la pandemia ha sido utilizada además por los gobiernos de la región para imponer mayores restricciones al movimiento, asociación y libertad de expresión, limitando aún más los espacios de participación de la sociedad civil y ciudadana.

Para David Álvarez Veloso, Coordinador Regional de Raza e Igualdad del Consorcio de Derechos Humanos, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento democrático de los países en los que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel activo en la vida política y social, así como para documentar y visibilizar las crecientes restricciones y obstáculos que han reducido los espacios de participación.  «Con el apoyo del Consorcio de Derechos Humanos, y gracias al trabajo de organizaciones como Criola, Geledés e Iepé en Brasil, entre otras, tenemos información comparada y actualizada sobre los efectos que estas medidas ejercen en las diferentes poblaciones del país. De esta manera, es posible capacitar a liderazgos para fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias de incidencia a nivel nacional e internacional, destinadas a terminar con las restricciones a la participación ciudadana», explica Álvarez.

Brasil y una creciente historia de amenazas a la participación de la sociedad civil

 Fue a partir del final del período dictatorial en Brasil que la sociedad civil comenzó a lograr la voz y la participación ciudadana para construir nuevas perspectivas para un pleno Estado de Derecho.  En 1988, con la vigencia de una nueva Constitución Federal, entró en vigor una conjetura política que valoraba más transparencia de datos, de informaciones, del presupuesto público y también como una nueva ventana de oportunidades y derechos para grupos históricamente excluidos, como las poblaciones negras, indígenas y LGBTI+.  Sin embargo, desde 2014, con la aprobación de enmiendas constitucionales aún en la administración de la Presidenta Dilma Roussef—como PEC antiterrorista y las siguientes sanciones relacionadas con la seguridad del Estado hasta el golpe estatal en 2016, que llevó a su impeachment—las relaciones de la sociedad civil con el Estado se han intensificado profundamente.

En consecuencia, estas medidas restrictivas también representaron un golpe a la sociedad civil, pues ante estos nuevos paquetes de leyes, las manifestaciones públicas llegaron a ser entendidas como manifestaciones contrarias a los intereses del Estado. Sin embargo, lo que ha sido denunciado por la sociedad civil organizada es que, durante el actual Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, los espacios de diálogo y garantía de derechos son prácticamente nulos y están envueltos en una dinámica de persecución, violencia, vigilancia e incluso muerte de defensores de derechos humanos.  Las organizaciones denuncian que, si bien no existe un decreto militar ni un orden legal para cerrar espacios cívicos, la relación actual del Ejecutivo con la sociedad civil impide el debate de las agendas y la presentación de demandas sociales. En resumen, no hay diálogo.

Consecuencias para las poblaciones afros e indígenas en Brasil

En noviembre de 2021, Raza e Igualdad promovió el webinar «Cierre de espacios de participación: amenazas a la sociedad civil en Brasil, Honduras y Guatemala», al que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, para denunciar y esbozar propuestas para el fortalecimiento regional de la sociedad civil. El evento virtual contó con la presencia de Lúcia Xavier, Coordinadora General de Criola, quien expuso la situación de persecución a defensores de derechos humanos y violaciones a la democracia, que debilitan aún más a los pueblos afros e indígenas, con la total invisibilización de sus agendas políticas.

Según Lúcia Xavier, estos ataques se reflejan desde la violencia política que las mujeres afros, cis y trans han venido sufriendo por la aprobación o desacato del Ejecutivo. Incluso se evidencian con la falta de acceso a la información pública, al punto que, en el peor momento de la pandemia, fue necesario crear un consorcio entre los sectores público y privado para que la población pudiera monitorear los casos. Además, Lucía destacó la muerte de defensores de derechos humanos tanto en las ciudades como en los campamentos, y que ni siquiera los programas de protección están siendo capaces de constituirse como una solución del problema o protección para estas personas.

«La Constitución brasileña garantiza la participación de la sociedad civil organizada en todas las políticas. Estos espacios no están cerrados, estos consejos funcionan, pero ya no existe la capacidad de admitir y dialogar con otros sectores de la sociedad.  Por lo tanto, tampoco hay monitoreo de las políticas y del presupuesto público en Brasil. Básicamente, estas leyes inmovilizan el formato de participación de la sociedad civil, recordando que cualquier manifestación puede ser considerada como terrorismo y amenaza para la seguridad nacional», enfatizó Xavier durante el evento. [1]

En este contexto de supresión de derechos y de silenciamiento de la sociedad, la demanda y búsqueda de justicia de las organizaciones de la sociedad civil se revela como un camino de diálogo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Aunque ve con escepticismo la agenda electoral 2022, Rodnei Jericho da Silva, Coordinador de SOS Racismo, de Geledés, cree que habrá mucha participación de sociedad civil en este proceso y, dependiendo del resultado de las elecciones, considera que puede lograrse un cambio hacia la reapertura de los espacios cívicos.

«La población brasileña es mayoritariamente negra, las políticas públicas o incluso las políticas sociales se debaten en espacios donde no hay participación de la sociedad. Así que el daño a la colectividad es enorme, porque al no escuchar al público objetivo, la posibilidad de error e ineficacia es mucho mayor.  Los espacios de participación mejoran el sistema democrático, fortalecen a la sociedad, por lo que podemos buscar soluciones a los problemas en conjunto», dice Jericó.

La lucha de la población indígena para no ser completamente diezmada por el actual Gobierno ha tomado más fuerza ante el desmantelamiento de instituciones públicas que deberían velar por la seguridad y los derechos indígenas, como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), además de los ataques a las comunidades y sus territorios en todo el país. En 2021, la votación del Marco Temporal [2], hasta hoy suspendido por la Corte Suprema (STF), tiene como objetivo eliminar la propiedad de las tierras indígenas garantizadas por la Constitución.  Según Luis Donisete, Coordinador Ejecutivo de Iepé, el cierre de espacios públicos para políticas indígenas y ambientales en Brasil tuvo grandes implicaciones para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social indígena.

«El sesgo antidemocrático y anti-indígena del actual gobierno se ha transformado en una directriz para las políticas del Estado brasileño, contrariamente al activismo y a la acción de la sociedad civil organizada. El resultado fue el abandono de los programas y políticas gubernamentales que implementaban derechos consagrados en nuestra legislación en diferentes áreas: salud, educación, cultura, gestión territorial, protección de las tierras indígenas. Hoy en día ya no hay canales de diálogo entre los representantes indígenas y los diferentes organismos gubernamentales. Es un gran revés que llevará años y mucha dedicación reconstruir», dice Donisete.

En este contexto de incertidumbres, denuncias y silenciamiento de la sociedad civil en Brasil, Raza e Igualdad hace un llamado a los mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar que la situación empeore luego de las elecciones de este año. Considerando los retrocesos y limitaciones a la participación ciudadana mencionados anteriormente, y para fortalecer el papel de la sociedad civil en la vida democrática, es importante que el Estado brasileño avance, entre otros, en:

1 – Según lo previsto constitucionalmente y en las leyes, participación política de la sociedad civil organizada en las instituciones públicas y en los espacios de toma de decisiones, con un efectivo monitoreo de las políticas públicas y el presupuesto;

2 – Asegurar la transparencia en el acceso a la información pública y la recolección de datos para la construcción de políticas públicas interseccionales, según lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información;

3 – Fortalecer el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), que ha venido siendo desmantelado especialmente por la baja asignación de presupuesto, así como por el debilitamiento de la participación popular en el Concejo Deliberante del PPDDH.  [3]

4 – Crear juntas de participación de la sociedad civil teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población brasileña. Los consejos deben tener en cuenta las especificidades y ser un espacio de escucha y decisión para las poblaciones más vulnerables, entre ellas: afros, indígenas, quilombolas y gitanos.

 

[1] Esos consejos funcionan teóricamente pero en la práctica no tienen la capacidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil.

[2]  https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml

[3] https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Relatorio—Comeco-do-Fim.pdf

Demandamos al estado nicaragüense la inmediata liberación de periodistas privados de su libertad

Las Américas, Enero 10, 2022.- Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestro rechazo a los  múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país; estas agresiones con el paso de los años (en especial entre 2018-2021) han venido escalando ante la inacción de las autoridades y en muchas ocasiones como consecuencia de la acción de las mismas.  

El 2021 fue un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información: periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno; todas estas fueron parte de las  múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes. 

La aprobación y aplicación por parte del gobierno de una serie de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad el periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano; los tres directivos del diario la Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como del candidato a la presidencia, periodista y propietario de 100%Noticias  Miguel Mora; y los ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. 

Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país. 

El Estado de Nicaragua, desconociendo su obligación  de proteger y garantizar la libre circulación de información pública, se ha encargado de favorecer espacios y acciones para las agresiones, amenazas, uso abusivo del poder estatal y estigmatización en contra de quienes informan y denuncian sobre las violaciones a Derechos Humanos que se viven en el país. 

Resaltamos la valentía y el compromiso demostrado por la prensa independiente, que a pesar de vivir tiempos adversos continúan llevando información a sus audiencias. Reconocemos que en los y las periodistas siguen inquebrantables los principios, valores y el legado histórico del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que proclamó y aplicó durante su vida, lecciones que hoy más que nunca brindan las pautas necesarias para realizar un periodismo de calidad y resistir las agresiones y ataques de las que son víctimas. 

Las organizaciones firmantes demandamos al Estado de Nicaragua: 

  • La inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados, que únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente.  Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor.
  • Restituir los medios que han sido confiscados: Confidencial y 100% Noticias, y cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa. 
  • Respetar el ejercicio periodístico, garantice la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor. Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios. 
  • Cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar  la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas, que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas.
  • Detener las abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores, así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad. 
  • Recordamos al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas. Acceder a la información pública es un derecho de las personas; además la difusión libre de información, sin ninguna censura, es la llave para ejercer otros derechos fundamentales, consagrados en diversos instrumentos de protección de los Derechos Humanos.   

Firman:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

IFEX-ALC 

PEN Internacional 

Voces del Sur

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

ORGANIZACIONES PERUANAS E INTERNACIONALES PRESENTAN PRIMER INFORME ALTERNATIVO ANTE LA CEDAW SOBRE LA SITUACIÓN DE MUJERES LESBIANAS EN EL PAÍS

  • En el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), una coalición de organizaciones nacionales y extranjeras instan a que la CEDAW emita recomendaciones específicas sobre las mujeres lesbianas durante la revisión del Estado peruano.
  • Además, exigen al Estado reconocer expresamente, respetar y garantizar todos los derechos fundamentales de las mujeres lesbianas.

Washington, D.C. y Lima, 10 de diciembre de 2021.- Una coalición de organizaciones peruanas e internacionales[1] presentaron el pasado 25 de noviembre de 2021 un informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), el cual refleja la desprotección e invisibilización en la cual viven las mujeres lesbianas en el Perú. Además, es el primer informe que aborda de forma específica esta situación y es presentado ante dicho Comité de Naciones Unidas.

El objetivo del informe es evidenciar la situación particular de mujeres lesbianas y busca obtener recomendaciones especificas de la CEDAW al Estado peruano para garantizar sus derechos. Estas recomendaciones aportarían a revolucionar los derechos humanos en un contexto regional donde grupos fundamentalistas y el movimiento anti-derechos usan el cuerpo de la mujer como un campo de batalla, negándoles, entre otros, sus derechos a la salud sexual y reproductiva.

La presentación de este informe marcó un hito para el movimiento lesbofeminista en el Perú, que lleva años luchando por el reconocimiento de sus derechos ante un Estado que hasta la fecha no reconoce ni garantiza sus derechos fundamentales. Muchas lesbianas viven en la clandestinidad por miedo al rechazo y el estigma que prevalece en una sociedad heteronormativa como la peruana. Igualmente, en el país andino no se reconoce el matrimonio igualitario, el derecho a conformar una familia ni el derecho a la maternidad de las lesbianas.

El no reconocimiento de estos derechos acrecienta la vulnerabilidad de las parejas lesbianas y las parejas lesbianas que deciden tener hijos/as. La Asociación de Familias Homoparentales Perú estima que en el país existen 39 mil familias homoparentales con hijos e hijas y que vienen enfrentando procesos legales por la ausencia de protección estatal de sus derechos[2]. Tal es el caso de Jenny Trujillo y Darling Delfín, pareja de mujeres lesbianas peruanas, que contrajeron matrimonio en México en el 2012, y tuvieron un hijo que nació en ese país en el 2014. Su hijo fue registrado con la partida de nacimiento mexicana en la que se reconocen como sus madres a Trujillo y Delfín, y del mismo modo fue inscrito en el Registro de hijos de peruanos nacidos en el extranjero, de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. Sin embargo, la autoridad administrativa a cargo del Registro Civil peruano se ha negado a emitir el documento de identidad peruano del niño con la indicación del vínculo filial con sus dos madres, debido a la orientación sexual de las mismas. Esta negativa ha vulnerado los derechos fundamentales a la identidad, protección de la familia, igualdad y no discriminación, personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad de las madres lesbianas y su hijo.

En el caso de discriminación y violencia, el primer ámbito donde sufren estas afectaciones es el familiar, donde su sexualidad es rechazada y se intenta “corregir” su sexualidad. Muchas lesbianas jóvenes reprimen su sexualidad para no sufrir discriminación y violencia por su familia y/o amistades. A esto se suma que existe un desconocimiento por parte de los funcionarios públicos sobre los protocoles de auxilio y atención para mujeres lesbianas y en algunos casos no cumplen con los lineamientos de atención existentes.

El informe también destaca la necesidad de realizar un análisis interseccional e intercultural que tenga en cuenta las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres lesbianas. Es altamente importante que la CEDAW y el Estado tomen en cuenta las diversas identidades que se cruzan en los cuerpos de las mujeres lesbianas (ser madre, orientación sexual, etnia, raza, clase, edad, etc.).

A través del reconocimiento y garantías para la existencia y libertades lésbicas se abren las puertas para una nueva forma de organizar la familia y el cuidado, un nuevo derecho de familia, una nueva política sexual donde el mandato de la heterosexualidad obligatoria es anulado y erradicado para todas las personas, lo que sin duda tendrá efectos favorables en lo social, cultural y económico, pues la base para todo ello es el respeto de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.

Instamos a que la CEDAW emita recomendaciones especificas sobre las mujeres lesbianas durante la revisión del Estado peruano y urgimos al Estado reconocer expresamente, respetar y garantizar todos los derechos fundamentales de mujeres lesbianas. Igualmente, hacemos un llamado a que otras organizaciones lésbicas alrededor del mundo presenten informes alternativos sobre la situación de mujeres lesbianas en sus países, con miras a pedirle a la CEDAW que emita una recomendación general sobre la situación de mujeres lesbianas.

 

[1] La coalición está conformada por El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), CLADEM- Perú, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), No Peace Without Justice, El Estudio por la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Colectivo Sonqo Warmi, Centro de la Mujer Flora Tristán, Más Igualdad, Manuela Ramos, Articulación Feminista Marco Sur, Católicas por el Derecho a Decidir y la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima.

[2]     Asociación de Familias Homoparentales, Informe sociodemográfico de familias homoparentales en Perú, 2021. Disponible en: https://familiashomoparentalesperu.files.wordpress.com/2021/10/fhp-informe-socio-demografico-de-familias-homoparentales-en-peru.pdf

Cuba: La CIDH otorga medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho y al defensor de derechos humanos Raúl Soblett López

Washington D.C., 3 de diciembre de 2021.– Respondiendo a una solicitud del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho, y a su pareja Raúl Soblett López, defensor de derechos humanos y derechos LGBTI+. Ante la documentación presentada por Raza e Igualdad, la Comisión determinó que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

Por medio de la Resolución 100/2021, la CIDH solicita al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, y puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos. Además, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe—dentro de un plazo de 15 días—sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Hechos alegados

La documentación presentada por Raza e Igualdad a la CIDH da cuenta de las constantes violaciones de derechos humanos que han enfrentado los beneficiarios en los últimos años, las cuales incluyen asedio policial, interrogatorios, amenazas y detenciones en el marco del ejercicio de sus actividades como periodista y defensor de derechos humanos, respectivamente. En ambos casos, las violaciones provienen tanto de autoridades como de personas anónimas a través de las redes sociales.

Respecto a Valdés Cocho, se refiere que, hasta octubre pasado, había sido detenido en ocho ocasiones, siendo una de ellas la detención que sufrió el 30 de octubre, cuando regresaba a su casa y fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado que lo trasladaron a Villa Marista, donde fue obligado a desnudarse bajo el argumento de realizar una revisión. Ahí permaneció una noche y fue interrogado dos veces. Luego, el 12 de noviembre, fue objeto de un acto de repudio y el 15 de noviembre—día en que la sociedad civil había convocado a la Marcha Cívica por el Cambio—su casa estuvo sitiada por agentes de la Seguridad del Estado que le impidieron salir tanto a él como a su pareja.

En el caso de Soublett López, en tanto, la información indica que es víctima de acosos por parte de la Seguridad del Estado desde el año 2018, cuando agentes comenzaron a acercársele para advertirle que tenían conocimiento de su activismo y amenazarlo con que ello podría afectar su trabajo y sus estudios, e incluso llegar a ser procesado penalmente. A raíz del inicio de su relación con Valdés Cocho, en octubre de 2020, el acoso se ha intensificado y durante el presente año ha sido llamado a interrogatorios en varias ocasiones. Uno de los interrogatorios ocurrió el 18 de junio en la Dirección Municipal de Educación, donde fue amedrentado por su activismo antirracista, en defensa de las personas LGBTI+ y contra la violencia de género, así como amenazado con ser despedido y procesado.

“Es muy importante para nosotros que la CIDH, a petición de Raza e Igualdad, nos haya otorgado las medidas cautelares, ya que es una protección frente al hostigamiento, el acoso, toda la violencia ejercida por el Estado contra nosotros, por nuestras actividades en promover y defender los derechos humanos y profesiones”, expresaron los beneficiarios.

Censura y discriminación

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH hace alusión al contexto de censura y hostigamiento que enfrenta el periodismo independiente en la Isla, en lo cual enumera varias formas de represión contra periodistas como la exigencia de contar con afiliación para ejercer el periodismo, amenazas, citaciones e interrogatorios con fines intimidatorios; detenciones arbitrarias; allanamientos y decomiso de equipos periodísticos u otros bienes; despidos y pérdida de autorizaciones para ejercer profesión o actividades económicas; presiones y amenazas a familiares, entorno social y prácticas difamatorias; e impedimentos de salida y otras restricciones arbitrarias a la libertad de circulación.

La Comisión también señala de forma particular la violencia, discriminación y restricciones a sus derechos de reunión, asociación y libertad de expresión que sufren las personas LGBTI+ y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan temas de orientación sexual e identidad de género. “En particular, la Comisión observa que la intersección entre la discriminación por razones del origen étnico-racial, orientación sexual diversa e identidad de género afectaría de manera desproporcionada a la población LGBTI afrocubana”, indica.

Raza e Igualdad exhorta al Estado cubano a adoptar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Héctor Valdés Cocho y Raúl Soublett López, y a permitir que tanto ellos como todas las y los periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus labores sin ser objeto de discriminación, violencia y detenciones, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Masacre de Salgueiro – ¡La población negra brasileña pide ayuda!: Raza e Igualdad condena el genocidio en curso y hace un llamado para garantizar la vida de los afros

Brasil, 25 de noviembre de 2021 – Con base en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, según la cual la vida es un derecho inalienable, Raza e Igualdad insta a la comunidad internacional a prestar atención a la violencia policial que ocurre en Brasil, denunciando una masacre más que se produce dentro del período pandémico, en la ciudad de São Gonçalo, en Río de Janeiro. Es importante mencionar que el movimiento afro entiende que la violencia resultante del racismo estructural que ocurre en Brasil, debe ser vista como un crimen de genocidio contra la población afro. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al analizar la situación de la población afro brasileña en su informe sobre el país, menciona que parece haber un proceso de «limpieza social, dirigido a exterminar a los sectores considerados ‘indeseable’”, lo que ocurre con el apoyo estatal. [1]

En 2020, en vísperas del Día de la Conciencia Negra, João Alberto fue brutalmente asesinado por agentes de seguridad de la propiedad privada (Supermercado Carrefour) [2]; y en 2021 vemos cómo el escenario de violencia contra cuerpos afros y pobres se repite un día después de la misma fecha, cuyo objetivo es llamar a la sociedad a tomar conciencia sobre la lucha negra y la libertad. Si el propio Estado ignora la agenda antirracista hecha a favor de su pueblo, ¿cómo construir una memoria negra que no permee el dolor, el sufrimiento y la violencia? El resultado de esta política de miedo y terror es otra matanza sangrienta: la Masacre de Salgueiro.

El lunes 22 de noviembre, los habitantes del complejo de favelas ubicado en São Gonçalo, región metropolitana de Río de Janeiro, se despertaron recogiendo los cuerpos de hombres y mujeres en los manglares de la comunidad. Hasta el momento se han encontrado nueve cadáveres (los residentes dicen 20) [3], entre hombres y mujeres, e incluso una anciana recibió un disparo en el brazo. Además, los residentes denuncian que muchas víctimas inocentes pagaron con su vida la acción que se llevó a cabo en represalia por la muerte de un policía y los reportes de esta masacre son de madres que tuvieron que sacar los cuerpos de sus hijos hundidos en el pantano. No se encontraron armas entre los cuerpos [4]. Familias en luto por otra tragedia que podría haberse evitado si la Policía Militar de Río de Janeiro no hubiera actuado por venganza. Así, le preguntamos al gobernador Cláudio Castro: ¿Quién autorizó el operativo policial?

Seguimos denunciando que, incluso con las restricciones a las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro durante la pandemia por parte de la Suprema Corte, conocido como el ‘ADPF das Favelas’, el gobierno estatal a lo largo de 2021 ignoró las restricciones. El racismo institucional y la brutalidad policial son el intercambio diario de vida y muerte del Estado hacia la población afro. Las tragedias se enumeran en cuerpos negros; 21 muertos en la matanza de Jacarezinho (mayo); 14 cadáveres en la masacre de Salgueiro (noviembre). Las balas se consideran perdidas y luego se encuentran en mujeres embarazadas, como Katheleen Romeo (junio).

 Además, los datos de la Red de Observatorios de Seguridad confirman la letalidad policial en Río de Janeiro: el 71% de los asesinatos fueron cometidos por agentes estatales con un récord de 128 muertes. Una encuesta del Instituto de Seguridad Pública (ISP) corrobora: de enero a julio, 811 personas murieron en acciones policiales, siendo estas responsables del 38% de los homicidios, un aumento del 88,2% respecto al mismo período del año pasado. El porcentaje más alto de los últimos 15 años. [4].

Ante los hechos, Raza e Igualdad se refiere a la Convención Interamericana contra el Racismo y Formas Conexas de Intolerancia y llama la atención de todos los mecanismos de protección del derecho internacional que se han comprometido a cooperar para prevenir y sancionar los actos de exterminio de poblaciones vulnerables en el mundo. Instamos a que los tratados de derecho internacional se cumplan frente a la política de exterminio de la Policía Militar y el consentimiento de la violencia de los gobernantes brasileños. La población afro brasileña pide ayuda, porque, para pedir la paz, primero es necesario tener derecho a la vida.

Finalmente, instamos al Estado brasileño a realizar las siguientes acciones:

1- Llamar al gobierno del estado de Río de Janeiro a que los responsables de la Masacre de Salgueiro no queden impunes.

2 – Crear leyes y mecanismos con sesgo interseccional y antirracista para frenar y sancionar las acciones policiales violentas en las favelas;

3 – El veto del proyecto de ley antiterrorista, ya aprobado por la Cámara y que va a ser aprobado por el Senado, cuya propuesta aprueba la exclusión de ilegalidad de los policías durante sus operaciones y crea una policía secreta para el Presidente;

4 – Construcción de una agenda educativa antirracista para la Policía Militar y todos los agentes de seguridad pública nacional.

 

 

[1] http://www.oas.org/en/cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-en.pdf

[2] https://www.poder360.com.br/brasil/saiba-quem-era-joao-alberto-espancado-ate-a-morte-no-supermercado-carrefour/

[3] Aún no se han publicado los datos oficiales.

[4]https://extra.globo.com/casos-de-policia/resgatamos-os-corpos-nao-achamos-nenhuma-arma-fizeram-uma-chacina-diz-morador-do-complexo-do-salgueiro-25286728. html

[5]https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/03/no-rj-38percent-dos-homicidios-foram-cometidos-por-policiais-em-7-meses- e-proporcao-bate-recorde.ghtml

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