Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Washington D.C., 24 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el 18 de noviembre del presente año el informe “Voces en resistencia: mujeres presas políticas en Cuba”, el cual retrata la experiencia de mujeres que son o han sido presas políticas y el impacto que su condena y otros actos de represión han tenido en sus vidas. El informe, además, contiene recomendaciones al Estado cubano y a la comunidad internacional con miras a cambiar la situación de persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la Isla.

El evento de lanzamiento contó con la participación del Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionado Stuardo Ralón, y de mujeres expresas políticas, quienes compartieron sus experiencias desde diferentes perspectivas. En tanto, Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad y autora del informe, presentó los principales hallazgos del mismo; y Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, brindó unas palabras de bienvenida en las que destacó la relevancia de este evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba sufren diariamente violencias estructurales de una forma muy particular. Tienen que liderar con la doble carga de trabajo renumerado y no renumerado que es común para mujeres en cualquier lado del mundo, pero también están sometidas a hostigamiento, amenazas, actos de repudio, interrogatorios y detenciones arbitrarias, entre otros, que muchas veces incluyen violencia tanto física como emocional. Las consecuencias de esta violencia se transfieren a las familias de las activistas y a sus comunidades. Y en los casos en que las activistas llegan a ser prisioneras políticas la violencia estructural y sus impactos son aún más graves”, señaló.

El informe

Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, explicó que aparte de la llamada “doble carga” que asumen las mujeres cubanas en un contexto de control político y desabastecimiento de alimentos y medicinas, las razones que motivaron la realización de este informe fueron que Cuba no cuenta con una ley que proteja a las mujeres de la violencia basada en género y la falta de información sobre mujeres presas políticas en la comunidad internacional.

El informe recoge los casos de 12 mujeres activistas que fueron condenadas por diferentes delitos después de expresar opiniones en contra del Gobierno. La mayoría pasaron seis meses o más en una institución penal en Cuba, mientras otras cumplieron condenas de arresto domiciliario. La información fue recolectada mediante entrevistas que se realizaron directamente con las mujeres o con los familiares de las mujeres que están actualmente detenidas.

“Las entrevistas con las presas políticas confirman que las prisiones en Cuba son inhumanas y no tienen las necesidades básicas para sobrevivir. Las mujeres estaban en celdas sucias, llenas de ratas e insectos y, en algunos casos, hasta excremento humano. Además, pasaron hambre y fueron aisladas de sus familias y de otras presas. Algunas sufrieron de violencia por parte de las reclusas o las guardias. Ninguna recibió tratamiento médico adecuado, lo que resultó en enfermedades graves”, refiere el informe.

Testimonios

La Dama de Blanco y expresa política, Jacqueline Heredia, es una de las protagonistas del informe. Fue detenida en abril de 2016 y, más de un año después de estar en prisión (mayo de 2017), recibió una condena de tres años de cárcel por los delitos de “desacato” y “atentado”. En agosto de 2017 le asignaron una licencia extrapenal por complicaciones graves en su salud. Hoy, la activista enfrenta el riesgo de volver a prisión, pues tanto ella como su esposo, Carlos Alberto Álvarez, están siendo acusados por el delito de “atentado”.

No obstante, su esposo está detenido desde hace seis meses en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. “Lo detuvieron por [el impago de] unas multas arbitrarias que nos pusieron a los dos, y ahora nos acusan de atentado, para él piden 4 años y para mí 3 años de prisión. Dicen que cometimos el atentado en 2019, el 8 septiembre que es el día de la Marcha de los Girasoles, y nosotros participamos pacíficamente. Él está esperando el juicio en prisión y yo en casa”, contó a través de un video que se transmitió en el evento.

Yamilka Abascal, que integra la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia en la Isla, fue condenada en 2017 a dos años de arresto domiciliario. Fue acusada de “desacato” cuando, junto a su esposo—el también activista José Rolando Casares—se dirigía hacia La Habana para participar en una rueda de prensa internacional para dar a conocer una campaña cívica de la Mesa de Diálogo.

Cuando recibió la condena, Yamilka tenía ocho meses de embarazo. En su participación en el evento, la cual fue vía telefónica, explicó que durante la reclusión domiciliaria era constantemente asediada por la Policía y esto la afectó psicológicamente a ella y a sus hijos. Pese a que ya cumplió su condena, la joven no deja de ser perseguida y amenazada por las autoridades y partidarios del Gobierno.

Lisandra Rivera es parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y por su activismo dentro de esta organización ha sido perseguida, amenazada y agredida físicamente en los últimos años, al punto que, en junio de 2014, perdió un embarazo de cuatro meses de gestación por una golpiza que le propinaron agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. “En 2016 fui detenida porque salí en defensa de unos cuentapropistas que ellos estaban golpeando y a finales de 2016 fui enjuiciada y llevada a prisión por el delito de atentado”, relató en un video que fue transmitido en el evento.

Rivera fue condenada a dos años de cárcel. Los primeros once meses los pasó en la prisión de Santiago de Cuba y durante ese tiempo estuvo sin recibir visitas y se le negó el derecho de realizar llamadas telefónicas. Luego fue trasladada a la prisión Kilo 5, en Camagüey, donde en cinco ocasiones fue aislada en celdas de castigo y una de ellas por tres meses y diez días; además, Lisandra sufrió las pésimas condiciones de la prisión en términos de higiene y alimentación.

La labor de la CIDH

En su intervención, el Relator para Cuba de la CIDH, destacó que en Cuba la sociedad civil reporta “un patrón sistemático para perseguir a los manifestantes pacíficos, a los opositores políticos, a los activistas”, el cual se ha agudizado a raíz de las protestas del 11 de julio y en el marco de la manifestación anunciada por la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre, pero que no pudo realizarse debido a la fuerte represión del Gobierno. “Y esto lo realiza a través de hostigamiento, acoso, detenciones arbitrarias y juicios que no observan las mínimas garantías del proceso legal”, precisó.

El comisionado Ralón, en nombre de la CIDH, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado poner fin inmediato a la persecución y a las detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas, y aseguró que existe una enorme sensibilidad dentro de la Comisión de continuar esta labor de monitoreo “porque hay un pleno convencimiento de que para que exista un respeto a los derechos humanos, necesariamente tienen que haber las principales libertades que exigen estas voces opositores”.

En Raza e Igualdad seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, incluida la persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Con este informe esperamos contribuir a cambiar esta realidad, exigiendo que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y compartiendo con la sociedad civil y con la comunidad internacional algunas de las voces en resistencia.

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

«Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

¡No nos olvidemos de Nicaragua!

El próximo domingo 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega Saavedra asegurará su cuarto mandato consecutivo y cinco años más en el poder junto a su esposa Rosario Murillo como Vicepresidenta, en un proceso electoral “hecho a su medida”. Ahora más que nunca, la comunidad internacional no debe olvidarse del pueblo nicaragüense y debe desconocer el gobierno que será impuesto a las y los nicaragüenses en las votaciones, que no cuentan con las garantías mínimas para considerarse “elecciones democráticas”.

La democracia de Nicaragua comenzó su deterioro progresivo muchos años atrás, con el Pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. El estallido social de abril 2018 y la respuesta represiva por parte de las autoridades estatales y fuerzas paraestatales -que escaló a niveles letales- causó un desgaste del Estado de Derecho donde el Poder Ejecutivo cooptó todos los demás poderes del Estado e instituciones. Posteriormente, y como consecuencia del cierre de los espacios participativos y de diálogo, la censura y las crecientes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía en el contexto electoral, la crisis se profundizó cada vez más. Finalmente, la democracia nicaragüense se mostrará erosionada en los comicios de este domingo.

El 7 de noviembre será un día triste para el pueblo de Nicaragua, que tiene más de tres años de luto y anhelaba se realizaran elecciones libres para iniciar un proceso de transición democrática con garantías de verdad, justicia sin impunidad, reparación integral de los daños sufridos, y garantías de no repetición. Lamentablemente, no hay señales de una pronta mejoría de la situación en el país centroamericano. Todo indica que ya es un hecho la perpetuación en el poder de un gobierno que viola los derechos humanos de manera sistemática.

Por ello, es momento de desmantelar cualquier vestigio que quede de la fachada democrática que Ortega y Murillo quieren mostrar con las votaciones de este domingo. Urge que la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos utilicen todos los recursos a su alcance para impedir que se continúen violando los derechos humanos, particularmente de las personas que son identificadas como opositoras al régimen.

Para contribuir a este propósito, Raza e Igualdad comparte la siguiente actualización respecto de la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Personas presas políticas- Según el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio de la crisis sociopolítica en el año 2018, más de 1,614 personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente y 149 personas continúan encarceladas por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno de Ortega. 

Desde mayo de este año, la Policía Nacional, apoyada por el Ministerio Público, desencadenó una ola de detenciones orientadas a la criminalización de al menos 39 personas, entre ellas siete aspirantes a la Presidencia de la República, defensoras y defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, periodistas, empresarios, líderes campesinos y estudiantiles y otras voces disidentes. Las más recientes detenciones fueron ejecutadas contra el Presidente y Primer Vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, el pasado 21 de octubre.

En la mayoría de estos casos se ha aplicado un “paquete” de leyes aprobadas en el 2020, que han sido sumamente criticadas por la comunidad internacional porque incumplen las obligaciones del país en materia de derechos humanos y causan un efecto perverso en la administración de la justicia, criminalizando selectivamente a la oposición. Estas leyes son la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley contra el Lavado de Activos y la Reforma al Código Procesal Penal Ley 1060, que expande el término de detención a 90 días, sin garantías mínimas del debido proceso.

Familiares de presos y presas políticas, organizaciones locales e internacionales denunciamos que -por las violaciones al debido proceso y su situación de incomunicación- estas personas se encontraban en situación de “desaparición forzada” hasta el día 31 de agosto, cuando las autoridades estatales permitieron las primeras visitas familiares en la Dirección de Auxilio Judicial. Más recientemente, el 11 de octubre, se permitió una segunda visita a través de la cual las familias de las personas detenidas constataron condiciones de detención agravadas, como el aislamiento y la permanencia en la oscuridad o bajo luz eléctrica permanente, la continua pérdida de peso y falta de atención médica adecuada.

La privación de libertad por motivos políticos es una pesadilla que debe ser eliminada de Latinoamérica, y Nicaragua no es la excepción. Para Raza e Igualdad una sola persona presa política es demasiado y no descansaremos en nuestra demanda de libertad. Ante la perpetuación en el poder de la familia Ortega Murillo, el 2022 será un año clave para incidir ante los órganos y mecanismos internacionales a fin de que urjan al régimen liberar a todas esas personas que hoy están en la cárcel injustamente y a cesar de inmediato toda forma de represión contra quienes disienten.

Libertad de expresión y libertad de prensa  – Durante los últimos tres años, los ataques contra medios de comunicación, periodistas y directivos de medios de comunicación, no han cesado. La prensa independiente de Nicaragua ha sido víctima de hostigamientos, amenazas, campañas de difamación, acoso judicial, robo de equipos, retención de papel y tinta, allanamientos, retención migratoria y privación de libertad de periodistas, comentaristas y directivos de medios.

Desde mayo de este año, en el marco de las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021- más de 25 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación fueron citados a declarar en el Ministerio Público y algunos amenazados con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Asimismo, se emitieron órdenes de detención en contra de algunos de sus trabajadores, como el caso del defensor Guillermo Medrano y la periodista Lourdes Arróliga. Esta situación ha obligado al exilio a al menos 40 periodistas. 

Preocupa profundamente el patrón establecido por las autoridades nicaragüenses de impedir el ingreso y expulsar a periodistas de medios internacionales interesados en informar sobre la crisis de derechos humanos y, recientemente, sobre el proceso electoral. Todo lo anterior, sumado a la negativa del Consejo Supremo Electoral en cuanto a la acreditación de periodistas y medios de comunicación independientes, son una prueba más de que Ortega y Murillo pretenden socavar la libertad de expresión y libertad de prensa.

Represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes- Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua han sido blanco de ataques de grupos armados desde el año 2015. La violencia sistemática y el número de víctimas fatales se ha incrementado considerablemente este año. 

El pasado 23 de agosto, “colonos” ejecutaron una masacre en el cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, donde se contabilizaron al menos 9  indígenas Mayagna y Miskitu asesinados, incluyendo a mujeres y niños. Cuarenta y un días después, el 4 de octubre, invasores secuestraron y asesinaron al indígena mayangna Martiniano Macario en Kimawkas (conocido como Tigre Negro), dentro del territorio Mayangna Sauni As. 

Tras estos hechos, medios de comunicación oficialistas responsabilizaron a miembros de los pueblos indígenas por la creciente violencia y deforestación de la Reserva Biósfera de Bosawás. Asimismo, intentaron descalificar a reconocidas organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas como el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) o la Fundación del Río, llamándolas “organizaciones alineadas con la oposición política” y afirmando que los líderes indígenas no se sienten representados por estas. Reconociendo la violencia que sufren los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) amplió las medidas provisionales otorgadas a 9 comunidades miskitu.

Raza e Igualdad reconoce la invaluable labor de organizaciones y defensores que trabajan desde el terreno, y la labor de las personas defensoras que se han visto forzadas al exilio, pero continúan velando por los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. No debemos permanecer impasibles frente a la discriminación, asesinatos y despojos de tierras indígenas. El Estado debe garantizar seguridad frente a las invasiones y el saneamiento de los territorios titulados; asimismo, los grupos armados deben ser desarticulados, desmantelados y llevados ante la justicia.

Nicaragua en la ONU- Pese a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha analizado por tres años consecutivos la situación de Nicaragua y ha adoptado tres resoluciones para promover y proteger los derechos humanos en el país, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna voluntad para superar la grave crisis de derechos humanos.  

En concordancia con la Resolución 46/2, el pasado 13 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet realizó una actualización oral sobre Nicaragua en la que lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, y exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos humanos en el país. Hasta la fecha, el régimen no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada.

Adicionalmente, el pasado 7 y 8 de octubre, el Estado de Nicaragua fue citado a un diálogo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), para revisar la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El representante de Nicaragua optó por participar en “calidad de escucha”, negándose a entablar un intercambio constructivo con los miembros expertos. A pesar de la falta de colaboración del Estado, el pasado 20 de octubre, el Comité publicó sus observaciones finales y preocupaciones.

El Comité DESC consideró especialmente prioritarias la persecución y represalias contra personas defensoras, la violencia contra pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la pandemia de la COVID-19; y formuló recomendaciones relativas a garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos, brindar una protección efectiva a las víctimas de casos de corrupción, entre otras.

Nicaragua en el SIDH- La Corte IDH también se ha pronunciado sobre la extrema gravedad del contexto actual del país. En el marco de las medidas provisionales otorgadas en favor de 21 personas arbitrariamente detenidas en la actual ola de represión, la Corte ordenó su libertad inmediata. Asimismo, este Tribunal ha manifestado reiteradamente su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las y los detenidos. No obstante, el Estado no ha dado su consentimiento. 

Para Raza e Igualdad, el régimen de Ortega no ha mostrado la más mínima voluntad de cooperar “de buena fe” con Naciones Unidas, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lejos de esto, se empeña en permanecer absolutamente cerrado al escrutinio internacional y ha pretendido descalificar su trabajo acusándolos de “represivos” e “injerencistas”. Ante esta actitud negativa del Estado de Nicaragua es fundamental que los organismos de derechos humanos continúen realizando el excelente trabajo de monitoreo, documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que han hecho hasta ahora. 

De cara a la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2022, solicitamos que se renueve el mandato de monitoreo de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y se establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Este mecanismo deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado desde abril de 2018, así como las causas estructurales que, al ser ignoradas por el Estado, han causado que Nicaragua permanezca inmersa en esta crisis. Este mecanismo tendría el mandato de verificar los hechos, identificar perpetradores, y preservar evidencia para cuando se den las condiciones de un proceso de justicia en Nicaragua. Es una herramienta clave de lucha contra la impunidad y apoyaremos insistentemente su establecimiento.

El pueblo nicaragüense merece justicia y libertad, ¡No nos olvidemos de Nicaragua!

Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género visita Honduras, El Salvador y Guatemala en misión de escucha coordinada por Raza e Igualdad

Washington D.C., 19 de octubre de 2021.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en conjunto con las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y Panamá, organizó una visita promocional del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal- Borloz, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las visitas tuvieron lugar entre el 11 y 16 de octubre y en ellas el Experto Independiente (EI) tuvo la oportunidad de reunirse con activistas y grupos LGBTI+ de cada país. En cada Visita de Escucha—como las denominó el EI—este escuchó y dialogó con representantes e integrantes de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las personas LGBTI+ en esos países centroamericanos, lo que contribuyó a fortalecer el vínculo de la sociedad civil con su Mandato.

Las reuniones se llevaron a cabo en Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (El Salvador) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). En todos los encuentros asistieron alrededor de 35 organizaciones y participaron más de 100 activistas de la comunidad LGBTI+, incluyendo a las personas que asistieron a un evento público en la capital hondureña, en la que el EI presentó su último informe sobre identidad de género, titulado en inglés The Law of Inclusion & Practices of Exclusion.

En Honduras, Madrigal-Borloz escuchó a organizaciones que mostraron su preocupación por la criminalización de personas LGBTI+, particularmente en el contexto electoral que vive el país ante las elecciones generales programas para el próximo 28 de noviembre. Señalaron que tanto los candidatos como el mismo presidente Juan Orlando Hernández han difundido discursos de odio y ello ha contribuido a un aumento de la violencia contra personas LGBTI+. Ello se ve agravado, dijeron, por las múltiples barraras que enfrenta esta comunidad para acceder a la justicia, comenzando por la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

La sociedad civil hondureñas también expuso los diversos esfuerzos que se han realizado para introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Identidad de Género, sin que hasta la fecha hayan alcanzado que el Parlamento lo reciba y lo discuta. En ese sentido, se refirieron a la falta de garantías para que las personas trans accedan al trabajo, a la educación y a la salud, y en casos en que sí han accedido a estos espacios, han sido víctimas de expulsión y malos tratos, especialmente en el área de salud donde el personal no está capacitado y, por tanto, incurre en estereotipos y prácticas discriminatorias.

Similar situación enfrenta la población LGBTI+ en El Salvador, donde en mayo—luego de que se instalara una nueva Asamblea Nacional con una rotunda mayoría del partido del presidente Nayib Bukele—este Poder del Estado archivara un proyecto de Ley de Identidad de Género que había sido presentado en marzo de 2018. Aunque las organizaciones señalaron que se ha registrado una disminución en las cifras oficiales sobre homicidios, mostraron su preocupación por el aumento en la cifra de personas desaparecidas. Asimismo, organizaciones de mujeres lesbianas resaltaron que entre esta comunidad prevalece el temor de identificarse como mujer lesbiana por la discriminación y violencia a la que se enfrentan.

Las organizaciones también plantearon la persecución contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, y la falta de atención y protección del Estado ante los crímenes de odio que sufren las personas LGBTI+ en El Salvador. Ello, dijeron, está incidiendo en el desplazamiento interno y la migración de esta población, para la cual se encuentran cada vez más cerrados los espacios de participación y de denuncia. El Experto Independiente tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones académicas e instituciones que se dedican a recopilar datos al respecto y a brindar asistencias jurídica y humanitaria. En ese sentido, se destacó la importancia de llevar a cabo estas labores desde una perspectiva diferencial e interseccional.

En Guatemala, las organizaciones expusieron su preocupación por la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, debido a que implica limitaciones y amenazas para las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos, y por la iniciativa de Ley 5940 o Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, porque propone quitar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de les niñes y adolescentes trans. Esta iniciativa de ley se suma a la propuesta de Ley 5272 o Ley de protección a la vida y la familia, la cual también es de mucha preocupación para la sociedad civil porque criminalizar el aborto y recurre a ideas retrógradas y estigmatizantes para sostener el concepto de familia cis-heteronormativa.

Las, los y les activistas también pudieron compartir información sobre la discriminación en el ámbito del empleo y la educación. Resaltaron que las personas trans son expulsadas de los colegios por hacer visible su identidad de género y se enfrentan constantemente al bullying. Además, gran parte de la población de transmasculinidades no puede acceder a un empleo por su expresión de género.

Asimismo, se refirieron a que hay una invisibilización de mujeres lesbianas y bisexuales, lo cual se traduce a que los crímenes contra esta población no estén reflejados en las estadísticas oficiales o sean categorizados como crímenes contra mujeres heterosexuales. También indicaron que este grupo enfrenta muchas barreras para acceder a la salud porque muchas no se sienten cómodas yendo a un ginecólogo y exponiendo su vida sexual.

Raza e Igualdad acompañó cada uno de estos encuentros y continuará apoyando el trabajo del Experto Independiente. Además, se compromete a seguir trabajando con la sociedad civil en estos países para visibilizar sus luchas. Agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y todas las personas que hicieron posible esta visita.

La importancia de dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca

Colombia, 15 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

Las vidas y realidades de las personas Afro-LGBT, son valiosas e importantes, pero históricamente han sido invisibilizadas o silenciadas, obedeciendo a prácticas sociales racistas y homo/les/bi/transfóbicas, denunciadas muchas veces en múltiples escenarios.

Es por ello que llena de gratificación la realización, publicación y socialización del informe «Nos decían: tras de negras, maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano» pues permiten que sean escuchadas las voces que se han querido suprimir. Aquí encontramos retratados los dolores, luchas y angustias de personas Afro-LGBT víctimas del conflicto armado y quienes de manera reiterativa han dicho que es necesario escucharlas teniendo en cuenta la interseccional que atraviesa esas vidas.

Para la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD, esta es una labor necesaria, y la importancia del mismo radica en el reconocer no solo enfoques diferenciales, que sirven, claro que sí, pero que son insuficientes a la hora del reconocimiento pleno de la otredad.

Santiago de Cali, distrito capital del departamento del Valle del Cauca, es una ciudad con altísima presencia de población que se autoreconoce como afro, además es centro de acogida de la población desplazada desde el Pacifico Sur, gracias a su cercanía, promesa de desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida para la gente afro.

En Cali, existen algunas organizaciones afro que visibilizan realidades de población afro víctima, pero desde la mirada heteronormativa, dejando de lado a veces las violencias sexuales. Este es otro de los logros de este informe, denuncia las violencias sexuales que sufrieron también personas Afro-LGBT, y que se configuran como acciones reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Como parte del ejercicio de socialización, se recomendó a la institucionalidad en Cali plantear las estrategias de intervención en territorio teniendo en cuenta la interseccionalidad que atraviesa los cuerpos negros diversos. También visibilizar las voces de las victimas Afro-LGBT en los espacios creados, como por ejemplo la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación.

Implementar las políticas públicas ya promulgadas, CaliAfro y CaliDiversidad, fue otra de las recomendaciones para la institucionalidad. A la Academia, y a los liderazgos sociales, así como a organizaciones y expresiones organizativas se les recomendó también tener en cuenta la interseccionalidad como categoría de análisis, y a la hora de desarrollar trabajo comunitario.

La recomendación más importante y reiterativa fue la importancia de la búsqueda constante de la verdad para caminar hacia la reconciliación, pensado en la no repetición de los actos de violencia y las vulneraciones de derechos.

La institucionalidad, la academia, los liderazgos, organizaciones y expresiones organizativas de la ciudad recibieron de forma positiva la socialización del informe realizado y recomendaciones dadas.

Somos Identidad, agradece el importante papel jugado desde Raza e Igualdad como apoyo técnico, y a las organizaciones Fundación Caribe Afirmativo y Fundación Afrodescendiente Arco Iris.

El Brasil de las 600 mil muertes por COVID-19: crisis de la democracia representativa en el país de las ‘fake news’

Brasil, 08 de octubre de 2021 – Bajo la égida de un presidente que, en medio de una pandemia, sigue incitando a las multitudes y despreciando todos los protocolos de salud, Brasil alcanzó el hito de 600 mil muertes por COVID-19 este mes de octubre. En dos años de (des)gobierno, Jair Messias Bolsonaro ha sido acusado de negacionista (1), sin embargo, las investigaciones en curso demuestran que el papel de la COVID-19 fue central para que el gobierno de Bolsonaro implementara estratégicamente su política de muerte y exclusión. Más que negar la existencia de una pandemia, se puede decir que el presidente fue y sigue siendo el ‘chico propagandístico’ de la COVID-19, um activista y diseminador del virus que, a través de sus discursos sensacionalistas y radicales, provocó la crisis de la democracia representativa en el país, cuya tónica es la propagación de información falsa junto con la falta de respeto a los derechos humanos.

La escalada de poder de este Gobierno encontró en el ‘mito’ Jair Bolsonaro, el personaje justo que habla en nombre de un Dios cristiano y de la familia tradicional brasileña, en un intento de evocar orden y patriotismo, para restaurar un país hundido en el barro de incertidumbres y corrupción sistémica. En una alianza política con partidos de centro y de la derecha, además de su obediente liderazgo ministerial, la familia del presidente es el punto focal en los escándalos de corrupción del gobierno. Estos hechos facilitaron y permitieron una secuencia de leyes aprobadas, decretos firmados y reformas controvertidas con el consentimiento del Parlamento.

En este escenario, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y activistas que velan por el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos, se han convertido en el foco del proyecto político que va desde los ataques de odio físicos y/o virtuales hasta la restricción de espacios de representación y participación ciudadana. Un proyecto político que está anclado en la expansión de las desigualdades, las fake news y la supresión de derechos de su población, entre los cuales, los más afectados ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como la población afro, quilombola, indígena y LGBTI+.

En este sentido, a través de esta carta editorial, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), urge a la comunidad internacional a un manifiesto conjunto instando al Estado brasileño a brindar información clara y transparente, y respeto a la independencia de los órganos federales e instituciones; así como a las Universidades, Policía Federal y la Suprema Corte del país por el libre ejercicio de la libertad de expresión, garantizada por la Constitución Federal, y por el avance imparcial de las investigaciones sobre el gobierno de Bolsonaro. Después de todo, ¿cuáles son los juegos de interés de un presidente autoritario que impuso el secreto de hasta 100 años a su cartilla de vacunacion y a la información sobre el acceso de sus hijos a la Casa de Gobierno?

A continuación se muestra un panorama actualizado de las articulaciones de poder que están desencadenando la crisis de la democracia representativa en Brasil y dejan hasta la fecha 60 mil vidas perdidas por la COVID-19. La segunda nación con la tasa de mortalidad más alta y ocupando el puesto 62 en el ranking mundial de aplicación de vacunas contra el coronavirus (2). Hasta el momento, 44,61% de la población brasileña está completamente inmunizada.

CPI de la COVID-19 – Establecida en abril de 2021 y con fecha límite para su finalización en noviembre de este año, la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) encabezada por el Senado Federal, tiene como objetivo investigar las irregularidades en las políticas del gobierno de Bolsonaro para combatir la pandemia en el país. Desde sus inicios, se han destapado una serie de escándalos que demuestran que además de un importante esquema de corrupción en las compras de las vacunas hasta 1000% más caras, el gobierno también actuó para que el operador sanitario privado `Prevent Senior´ recomendara el ´Covid Kit`, que contiene un paquete de medicamentos que han demostrado ser ineficaces para el tratamiento del COVID-19, lo que convierte a sus pacientes experimentos humanos de laboratorio para los lucrativos y ocultos intereses del Gobierno Federal. También se comprobó que solo en el primer año de la pandemia 120 mil vidas podría haberse salvado si Brasil hubiera seguido los protocolos mundiales y una política de salud pública eficaz.

Además, el estudio también sacó a la luz el foco de la desigualdad racial, de clase y de género en las muertes por la pandemia. Entre las muertes evitables, se encontró que la población negra se vio gravemente afectada por tener un 17% más de riesgo de morir en la red pública de salud. Por tanto, este CPI está revelando los entresijos de una necropolítica que ha subrayado ante todas las naciones que “La muerte también es lanzamiento medico”.

Elecciones e investigaciones judiciales de 2022 – En las maniobras del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia, el populismo y la falta de respeto a las instituciones democráticas siguen el curso de su plan de reelección. En voraces ataques al sistema electoral brasileño, el presidente hizo campaña por volver al voto impreso, e incluso después de la derrota, continuó atacando la legitimidad y confiabilidad del modelo electoral actual de Brasil. Sin embargo, para garantizar su reelección, Bolsonaro sigue aprobando leyes y decretos que le quitan derechos a la población y benefician a los sectores políticos y privados de la sociedad, es decir, a la élite económica.

Entre esas maniobras podemos podemos mencionar: Fondo electoral, que prevé el presupuesto de los partidos para realizar campañas electorales y que, incluso con vetos, puede retirar 3,5 mil millones de reales de Salud en 2022; Mini reforma laboral, que hace aún más precarias las condiciones laborales y hace inaccesible la justicia laboral para el trabajador; Ley antiterrorista, ya aprobada en la Cámara de Diputados, esta ley prevé la creación de una policía secreta para Bolsonaro y la aprobación de la exclusión de ilegalidad de los agentes de seguridad pública, hecho denunciado por la sociedad civil como una licencia para matar. Esta ley incluso ha sido criticada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró su texto una amenaza para activistas de derechos humanos y entidades de la sociedad civil; Proyecto de Ley Acaparamiento de tierras, a favor de la deforestación y la impunidad de los delitos ambientales, este proyecto de ley es uno de los subterfugios de la bancada ruralista para la ocupación de tierras públicas.

Pese a todos estos esquemas para mantenerse en el poder, Bolsonaro es investigado en cinco consultas que están en curso en la Suprema Corte (STF) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Desde la investigación de noticias falsas hasta las irregularidades en la compra de vacunas Covaxin, los aliados del gobierno también están siendo investigados por ataques a la democracia y a las instituciones estatales. Además, sus hijos Carlos, Eduardo y Renan Bolsonaro, y su esposa Michele Bolsonaro, también están siendo investigados por diversos delitos, entre los que se sospecha que han llevado a una organización delictiva a la corrupción pasiva. Durante este período, Bolsonaro volvió a actuar contra la transparencia de la información y sancionó un presupuesto secreto para 2022, en el que mantiene en su poder la liberación de recursos a cambio de votos en la Cámara Legislativa.

Protestas por el impeachment de Bolsonaro y los actos antidemocráticos – Con un creciente rechazo al gobierno actual, han estallado manifestaciones en todo el país a favor del  impeachment de Bolsonaro. Incluso partidos que hicieron campaña por las elecciones del presidente, se organizaron en actos para el fin de su gobierno. Con el lema ‘Vacuna en el brazo y comida en el plato’, las organizaciones de la sociedad civil denuncian la barbarie racista y genocida ligada al actual desmantelamiento de las políticas públicas. La crisis económica, agravada por los altos precios de los alimentos y la inflación, junto con el aumento de la vacunación, han animado a más personas a tomar las calles en protestas con el llamado ‘Fuera de Bolsonaro’. La última manifestación tuvo lugar el 2 de octubre de 2021 y logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad. Existen más de 123 solicitudes de impeachment presentadas, que atribuyen delitos de responsabilidad al Presidente, además de diversas denuncias ante organismos internacionales e incluso en el Tribunal de la Haya, por crimenes de lesa humanidad y genocidio.

Sin embargo, entre la caída de su popularidad y la actual crisis de su gobierno, Bolsonaro no renuncia a las estrategias mediáticas de abuso de poder y autoritarismo. Así, desafiando a las instituciones legales, hizo un llamado para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, para protestas antidemocráticas en las que los participantes, motivados por el discurso bélico y déspota del presidente, desafió a la justicia a través de la intervención militar y contra la Suprema Corte. Sin embargo, otras manifestaciones antidemocráticas se iniciaron con el apoyo de algunos conductores de camiones que también pretendían paralizar masivamente algunas de las carreteras del país en la misma fecha. Sin embargo, por temor a represalias, Bolsonaro envió un mensaje de audio pidiéndoles que pusieran fin al intento. Como la situación solo empeoraba, dos días después de sus ataques a la democracia, el presidente emitió una nota en tono pacificador en la que proponía una tregua entre las instituciones de poder del país. Por ironía del destino o alianzas electorales camufladas, el comunicado emitido fue escrito por Michel Temer, ex presidente de Brasil.

Bolsonaro en la ONU – Además de ser el único líder del G20 no vacunado presente en la 75a Asamblea General de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, Bolsonaro distorsionó y difundió información falsa. En un ataque comunista ilusorio contra el país, el presidente gritó en nombre de Dios en un país secular y afirmó que no había corrupción en su gobierno. Con énfasis en la defensa de un tratamiento temprano ineficaz ante la COVID-19, se opuso al pasaporte de salud y camufló datos sobre la deforestación en la Amazonía, ignorando incluso las consecuencias de la pandemia en los pueblos y territorios indígenas. Como si eso no fuera suficiente, algunos miembros del séquito del presidente fueron diagnosticados con coronavirus durante el viaje, incluido el Ministro de Salud, Marcelo Queiroga. De hecho, una semana antes, Queiroga suspendió la estrategia nacional de vacunación de los jóvenes, lo que dificulta el suministro de dosis en varios estados. Aun así, por recomendación de Anvisa (3), los infectados durante el viaje tuvieron que pasar el aislamiento en Nueva York, a costa de las arcas públicas brasileñas.

Hambre y Desempleo – La inseguridad alimentaria y nutricional ha crecido exponencialmente en el país, debido a la crisis provocada por la pandemia y la alta tasa de desempleo y trabajo informal, lo que vuelve a colocar a Brasil en el mapa del hambre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria, realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, 43,4 millones de brasileños no tienen suficiente comida y 19,1 millones (el 9% de la población) pasan hambre. Un ejemplo de este escenario desolador y severo reportado recientemente en los medios es la distribución de restos de carne y huesos para la población hambrienta y sin recursos económicos. De esta forma, vuelve a aparecer que el actual proyecto político dialoga con la necropolítica al permitir que el hambre alcance estos niveles, afectando especialmente a la población afro. Mientras la población pasa hambre, el Ministro de Economía, Paulo Guedes, desdeña el repunte de la inflación y los resultados de su política económica se reflejan en el alza de los precios de los alimentos básicos y del gas de cocina.

Medio ambiente: tesis sobre el ‘Marco Temporal’ y la destitución de Ricardo Salles – El ‘Marco Temporal’ va en contra de los derechos de los pueblos originarios brasileños. Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban antes de la promulgación de la Constitución de 1988. Sin embargo, aún existen pueblos aislados, pueblos que fueron expulsados ​​de sus territorios y tierras adquiridas y reconocidas como poseedores de derechos indígenas después de 1988. Además, la revisión de la demarcación de tierras indígenas atiende los intereses de los sectores agroindustriales, acaparadores y mineros, en busca del extractivismo y la explotación comercial. En agosto de este año, más de 6 mil representantes de 147 pueblos indígenas del país acamparon en Brasilia, para acompañar el juicio del STF. A pesar de toda la movilización indígena que tuvo gran proyección incluso a nivel internacional, la sentencia, que estaba empatada en 1×1 entre los relatores, fue suspendida a fines de septiembre sin plazo para su reanudación. Cabe recordar que si bien es una tesis racista y discriminatoria, lo que se discute ampliamente sobre el Marco Temporal es el tema territorial indígena.

Entre el ámbito del medio ambiente, el entonces Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, se convirtió en el foco de investigaciones por involucramiento en un esquema de importación ilegal de madera apoyado en reformas a las normas ambientales. Entre otras acusaciones, la corrupción y favorecer la quema en la Amazonía se encuentran entre los diversos delitos ambientales atribuidos a Salles. Tan pronto como se convirtió en acusado, Salles pidió ser destituido de su cargo. El operativo desencadenado por el STF también determinó la destitución del presidente del IBAMA (4), Eduardo Bim, por sospecha de irregularidades.

Finalmente, este editorial sigue la intención de cumplir con la misión de Raza y Igualdad de denunciar las violaciones de derechos humanos en los países de América Latina. Nuestro trabajo en Brasil reconoce que la crisis de la democracia representativa, combinada con los intereses políticos, profundiza aún más las desigualdades socioeconómicas. Es necesario combatir urgentemente la circulación de desinformación y fake news, que sirven como armas para expandir un debate político polarizado, en el que existe la criminalización de la pobreza sumada a discursos y violencia racista, LGBTIfóbica y sexista. La masacre pandémica ya ha costado 600 mil vidas ¿Será que, ante tantas acusaciones, el Brasil liderado por Bolsonaro alcanzará la lamentable cifra de 1 millón de muertes? Esperamos que no.

(1) Persona que se niega a ver la realidad

(2) Datos del 13 de septiembre de 2021

(3) Agencia reguladora de salud de Brasil

(4) Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables

Primer informe sobre transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en Perú: un paso clave para el reconocimiento y protección de las identidades diversas en el país y la región

Washington D.C., 30 de septiembre de 2021.– Con el objetivo de contribuir a la promoción y protección de los derechos de las personas transmasculinas y de género no binario asignadas mujeres al nacer (AMAN) en Perú, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el pasado 24 de septiembre de 2021 el primer informe que muestra la situación de esta población en el país y que contiene recomendaciones al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas para garantizar sus derechos humanos.

El informe, titulado “Cuerpos y Resistencias que TRANSgreden la pandemia: Transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú”, fue lanzado por medio de un evento virtual que contó con la participación de representantes del movimiento transmasculino y no binario en Perú –incluyendo a dos de las personas que realizaron el informe—y del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz.

“En Perú aún no se reconocen los derechos de las personas trans, comenzando con las limitaciones que se tiene para acceder al derecho a la identidad, lo cual genera que no se puedan acceder a otros derechos fundamentales”, señaló en sus palabras de bienvenida el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien también refirió que cuando se habla de población trans se suele pensar únicamente en mujeres trans, lo cual genera que las vivencias y demandas de las personas transmasculinas y de género no binario AMAN no estén reflejadas en las políticas públicas y, en ciertas ocasiones, tampoco estén presentes en la agenda del movimiento LGBTI+.

Zuleika Rivera, Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, indicó que con la realización de este informe se buscó entender cuál es la situación de las personas transmasculinas y de género no binario AMAN en Perú, siendo uno de los hallazgos más importantes el hecho que la discriminación y violencia que enfrenta esta población comienza en el núcleo familiar, algo que—dijo Rivera—está determinado por la falta de información y el estigma que predomina en la sociedad respecto a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

La situación

Cabe destacar que la realización de este informe incluyó revisión documentaria, procesamiento de los datos de transmasculinidades y personas de género no binario AMAN que participaron en la primera encuesta para personas LGTBI, la cual fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en 2017; una entrevista virtual autoaplicada que se denominó “Situación de trans masculinos, hombres trans, transmasculines no binaries y trans no binaries AMAN antes y durante la coyuntura del COVID-19 en el Perú”, y ocho entrevistas semi estructuradas.

La presentación del informe estuvo a cargo de Alithu Bazan Talavera, parte del equipo de investigación del informe, activista e investigadora trans no binaria, y de Santiago Balvin Gutiérrez, también parte del equipo de investigación, activista transmasculine no binarie e integrante de la organización Rosa Rabiosa. La tercera persona que conformó el equipo de investigación es la activista, investigadora y docente Denisse Castillo Matos, quien además forma parte de la organización Más Igualdad Perú.

En su exposición, Bazan Talavera mencionó que la mayor parte de las personas entrevistadas (181) para la realización de este informe refirieron que empezaron a vivenciar sus identidades a partir de los 22 años, debido a la poca o nula información sobre el espectro trans y no binario. La activista e investigadora apuntó que el no reconocimiento en el entorno familiar conlleva una serie de vulneraciones y a una exclusión sistemática de las personas transmasculinas y de género no binario.

Balvin Gutiérrez incluyó en su presentación que en el caso de hombres trans y transmasculines, el 85.44% cuenta con documentos de identidad en los que no figura el nombre que les representa, y en el caso de las personas no binarias, esta situación fue referida por el 48.57%. Además, entre ambas poblaciones, el 70% reportó dificultades al momento de ejercer su derecho al voto por dicha particularidad en sus documentos de identidad y por temor a sufrir violencia.

Trascendencia del informe

En tanto, Bruno Montenegro, Coordinador Nacional de Fraternidad Transmasculina-Perú, calificó el informe como “histórico” y aseguró que contribuirá a generar grandes avances en la lucha de la población transmasculina y de género no binario. Montenegro dijo además que toda la información y evidencia recogida en este informe servirán para desmitificar la creencia de que los hombres trans y transmasculinidades tienen privilegios únicamente por ser masculinos o por identificarse con la masculinidad.

“Las transmasculinidades sí sufrimos violencia a pesar de que nos identificamos desde la masculinidad (…) Este informe es importante para desmitificar muchas cosas más que hay sobre las transmasculinidades y poner en agenda nuestras realidades. Los hombres trans también abortamos, los hombres trans también decidimos gestar, los hombres trans también sufrimos las mal llamadas violaciones correctivas”, enfatizó.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, destacó la relevancia y trascendencia de este informe. “Este informe tiene un impacto particular en el Perú, pero esta información puede elevarse también como teoría de trabajo para lo regional y lo global. Para mí ha sido realmente revelador en niveles, perspectivas y conciencias que no estaban para nada visibles en mi mandato”, afirmó.

“Hay datos que, además, en su profunda personalización, nos llaman a la reflexión; es de gran valía lo testimonial y este estudio es extraordinario en ese sentido”, agregó Madrigal-Borloz.

 Recomendaciones

El informe “Cuerpos y Resistencias que TRANSgreden la pandemia: Transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú” contiene recomendaciones al Estado, a la CIDH y a la ONU, con el objetivo de aportar a la adopción de políticas públicas y/o medidas a favor de los derechos humanos de las personas tranasmasculinas y de género no binario. En el caso del Estado, se recomienda la aprobación urgente de una Ley de Identidad de Género.

En el caso de la CIDH, una de las recomendaciones es que cree diálogos con organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes relacionades a la población de transmasculinidades y personas de género no binario AMAN, mientras que a la ONU recomienda que el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género realice una visita oficial a Perú y publique un informe con recomendaciones específicas para la protección de dicha población.

Acceda y descargue al informe en español aquí: https://bit.ly/3uxtklx 

Resumen ejecutivo en inglés: https://bit.ly/3o5oZ7S

Raza e Igualdad lanza campaña regional para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.- Con el objetivo de contribuir a combatir el racismo en las Américas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), realizó este jueves 2 de septiembre de 2021 el lanzamiento de la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La campaña—que se inserta en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)—fue lanzada a través de un evento virtual que contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Gay McDougall, recién reelecta para integrar por un tercer periodo el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), de Naciones Unidas, y de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

También participaron representantes de Estados Partes de la Convención (Antigua y Barbuda, Brasil y México), y de organizaciones de la sociedad civil de la región. La presentación de la campaña estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, y la moderadora del evento fue Elvia Duque, Oficial del Programa para América Latina de Raza e Igualdad.

“Consideramos que esta campaña era necesaria, especialmente en medio del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, para que la mayoría de los países de las Américas ratifiquen e implementen esta importante Convención”, comentó Quesada en sus palabras de bienvenida.

La campaña

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

La meta que Raza e Igualdad busca alcanzar con esta campaña es que los 35 Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmen, ratifiquen e implementen la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia para el año 2024.

Para ello, se han definido una serie de acciones regionales, tanto a nivel bilateral como multilateral, con las que se busca dar acompañamiento y herramientas a los Estados para hacer efectiva la ratificación e implementación de la CIRDI. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un rol importante en esta campaña, pues se les capacitará para que den seguimiento al proceso de firma, ratificación e implementación en sus respectivos países.

La importancia de la CIRDI

A pesar de que la Convención Interamericana contra el Racismo fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y entró en vigencia en noviembre de 2017, hasta la fecha, solo 6 de los 35 Estados Miembros la han ratificado: Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, México, Ecuador y Uruguay. La Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, destacó en su intervención que la CIRDI adquirió una gran relevancia a raíz del informe sobre racismo sistémico presentado en 2020 por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Dicho informe fue una de las acciones derivadas de la Resolución 43/1 (“Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”), adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd. Dicha Resolución llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Joy-Dee Davis Lake, representante alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA, señaló que la CIRDI se adoptó en un momento en que la comunidad internacional había tomado conciencia sobre la necesidad de mejorar y fortalecer los márgenes de protección que ya se habían establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana, dijo Davis Lake, “representan el catálogo más ambicioso para prohibir todo tipo de discriminación que se conoce bajo las leyes internacionales, ya sea por raza, color, origen nacional o étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones culturales, o las opiniones de cualquier tipo, origen social, estrato socio-económico, nivel educativo, refugiados, migrantes, repatriados, discapacidades, [entre otros]”.

Por parte de Brasil, Paulo Roberto, Secretario Nacional de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, celebró el paso dado por su país e invitó a los Estados de la región a ratificarla e implementarla. “Ratificamos la Convención el 13 de mayo (de 2021), día de la Ley Áurea en Brasil, lo que representó una ganancia para la sociedad brasileña. La Convención es un instrumento para enfrentar el racismo y la cultura colonialista”, aseguró.

“El tema de racismo y discriminación es un tema importante en nuestra región, porque atenderlo es una de las formas que nos permiten la integración de nuestras sociedades multiculturales, pero también por el hecho que convivimos con otras culturas que sin pasar por el combate al racismo y la discriminación nos lleva a diferentes discursos o crímenes de odio”, subrayó Christopher Ballinas, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Barillas comentó que un hecho que motivó la ratificación de la CIRDI por parte de México fue el crimen de odio sufrido en agosto de 2019 por un grupo de personas en El Paso Texas, que dejó 23 víctimas mortales, de las cuales 9 eran mexicanas.

La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, destacó el hecho que la CIRDI mandata la conformación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el cual debe estar integrado por un perito designado por cada uno de los Estados Parte, y debe ejecutar su o sus funciones de manera independiente, así como supervisar los compromisos asumidos en la Convención.

“Recomiendo encarecidamente a los Estados que ratifiquen e implementen la Convención. Nuestro contexto de discriminación estructural contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos étnico-raciales exige un compromiso fuerte y serio para combatir la discriminación y todas las formas de intolerancia en el hemisferio”, refirió Macaulay.

Gay McDougall, recién electa para integrar el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), habló sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para combatir el racismo y la discriminación racial. “El asesinato de George Floyd creó un nivel de urgencia para acelerar la respuesta” ante esta problemática, indicó.

Sonia Guajajara, líder indígena y Coordinadora Ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), celebró la ratificación de la CIRDI por parte de Brasil, pero también denunció el racismo estructural, institucional y ambiental en el país. “¿Armonía racial para quién?”, preguntó Sonia, quien participó del evento desde Brasilia, específicamente desde el campamento indígena “Lucha por la vida”, en el que más de 6 mil personas protestan contra el proyecto “Hito Temporal”, que está siendo votado por la Corte Suprema y pone en peligro los territorios indígenas protegidos por la Constitución.

“Hay un fenómeno de negar el racismo en Brasil o simplemente reconocerlo en casos extremos de odio racial. Los pueblos indígenas han estado luchando por el respeto a sus formas de vida en todo el planeta, y aquí en las Américas no ha sido diferente. Hemos visto a nuestros líderes asesinados, nuestras mujeres violadas, nuestros derechos territoriales cuestionados y nuestros jóvenes suicidándose”, agregó.

Paola Yáñez, Coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, expresó que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que han tenido que asumir las organizaciones de mujeres. “La adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo marca un hito importante para el movimiento afrodescendiente porque nos permite avanzar en el reconocimiento del racismo y la necesidad de tomar medidas en esta región”, apuntó.

“Es importante que todos los Estados puedan ratificar esta Convención porque se trata de la acumulación de más de tres décadas de trabajo en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y es necesario que esa acumulación sea parte de nuestras legislaciones nacionales para resguardar y proteger los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas y de otras minorías étnico-raciales”, expresó Noelia Maciel, Integrante de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.

Únase

La campaña cuenta con un sitio web (www.cirdi2024.org) donde se puede conocer más sobre el objetivo, estrategia y actividades de la misma. Contiene además información sobre la CIRDI y cómo avanza el proceso de firma y ratificación en las Américas, así como todas las herramientas necesarias para que los Estados inicien este proceso. Cabe destacar que el sitio web cuenta con versiones en español, portugués e inglés, y que la campaña se estará visibilizando a través de Twitter, Facebook e Instagram, por lo que Raza e Igualdad invita a seguirla desde ya.

CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los activistas Richard Adrián Zamora Brito, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), e Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

Sobre Richard Adrián Zamora Brito

En enero y junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro  miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), al considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las labores de defensa y promoción de derechos humanos que realizan en la organización. Como resultado de las protestas que se registraron el 11 de julio en Cuba, el riesgo se incrementó afectando a otros miembros del CIR, como Richard Zamora, por lo que Raza e Igualdad requirió la ampliación de medidas cautelares, la cual fue otorgada por la CIDH el 22 de agosto de 2021 mediante Resolución 64/2021.

Richard Adrián Zamora Brito, conocido como “El Radikal”, es músico, activista y Coordinador del CIR en la provincia de Matanzas. En este sentido, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad. Por sus labores como activista y artista, y por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha sido perseguido por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones.

El domingo 11 de julio de 2021, Richard Zamora acompañó las manifestaciones en la provincia de Matanzas a fin de documentar lo que estaba sucediendo en las protestas. En la noche retornó sin problemas a su hogar, ubicado en Colón; sin embargo, en la madrugada del 12 de julio, mientras descansaba, cuatro agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron. Ese día le informaron a su esposa que sería trasladado a la Estación de Policía del Municipio Colón, en la Provincia de Matanzas, por un supuesto «proceso de investigación».

El 14 de julio de 2021, la familia de Richard Zamora, incluida su esposa, estuvo en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas para que las autoridades explicaran las razones de su detención. Los oficiales les comunicaron que una vez cumplidas las 96 horas informarían el delito por el cual sería acusado. Las 96 horas se cumplieron el 15 de julio sin ninguna novedad sobre su caso y su estado. Aunque sus familiares solicitaron la revisión de la medida de privación de libertad, tal requerimiento fue negado y tampoco tuvieron acceso al expediente. La única información que recibieron de manera verbal y extraoficial fue que Richard estaba siendo procesado por los delitos de “desorden público” y “disturbios”.

Luego de 40 días de incomunicación, el 20 de agosto de 2021, Richard Zamora fue liberado bajo fianza en espera de juicio. La fianza fue de 10.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 500 dólares.

Sobre Irán Almaguer Labrada

El 7 de enero de 2021 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yandier García Labrada, hermano de Irán Almaguer Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre 2020. Ambos son miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y por sus labores en esta organización han sido perseguidos y hostigados por las autoridades cubanas, lo que ha colocado en riesgo su vida e integridad personal.

Irán Almaguer Labrada es Coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso donde realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos. Además, requiere tratamiento permanente para no perder su visión pues sufre de retinosis pigmentaria. Esto ha sido usado por la Seguridad del Estado como factor para amedrentarlo, ya que las veces que ha sufrido detención por corto tiempo le han advertido que, si continúa con su activismo, le negarían el tratamiento médico[1].

Desde su afiliación al MCL, Irán Almaguer Labrada ha sido víctima de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones de corta duración por sus labores de defensa de la democracia y derechos humanos en Cuba. Sin embargo, la intimidación en su contra se ha recrudecido desde la privación de libertad de su hermano Yandier García Labrada, y las consecuentes acciones que Irán ha emprendido para reclamar justicia. Desde enero 2021 es privado de libertad al menos una vez al mes por períodos cortos. Mientras se encuentra privado de libertad lo mantienen incomunicado de su familia, lo que causa un sufrimiento y estrés constante a su esposa, que es una persona no vidente e hipertensa, y a su hija de 14 años.

La última detención de Irán Almaguer ocurrió el 21 de julio de 2021, en el contexto de las históricas manifestaciones en la isla. Alrededor de las 9:00 am, mientras se encontraba en su vivienda, fue privado de libertad y trasladado a la Unidad Policial conocida como El Anillo, en la ciudad de Holguín, ubicada a 20 km de su domicilio.

Permaneció incomunicado y privado de libertad hasta el 23 de julio, día en que fue liberado en horas de la tarde. Mientras estuvo detenido lo colocaron en una celda solo y fue interrogado en dos ocasiones por los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que sería encarcelado de “continuar con su activismo” e insistieron en que se mantenga callado sobre la situación actual de Cuba, pues tenían conocimiento que había comentado al respecto en una panadería. Le indicaron que de continuar “incitando a la población” lo procesarían.

Por estos hechos, el 28 de agosto de 2021, la CIDH a través de Resolución 68/2021[2] decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que implemente las medidas cautelares otorgadas a favor de Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada, lo que incluye la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad, seguridad y garantías judiciales. Además, nos unimos al llamado de la CIDH para que se aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de sus labores de activismo en las organizaciones de las que forman parte, sin ser objetos de intimidación, persecución o amenazas.

 

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/231859.html?fbclid=IwAR3Ok8hwQelrB7yS2UqS5WI6Nr6mcvPB56w1KZl2VZ2zou0SJ_RA4x0ljZ4

[2] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_68-21_mc_1068-20_cu_es.pdf

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