La importancia de dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca

La importancia de dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca

Colombia, 15 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

Las vidas y realidades de las personas Afro-LGBT, son valiosas e importantes, pero históricamente han sido invisibilizadas o silenciadas, obedeciendo a prácticas sociales racistas y homo/les/bi/transfóbicas, denunciadas muchas veces en múltiples escenarios.

Es por ello que llena de gratificación la realización, publicación y socialización del informe “Nos decían: tras de negras, maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano” pues permiten que sean escuchadas las voces que se han querido suprimir. Aquí encontramos retratados los dolores, luchas y angustias de personas Afro-LGBT víctimas del conflicto armado y quienes de manera reiterativa han dicho que es necesario escucharlas teniendo en cuenta la interseccional que atraviesa esas vidas.

Para la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD, esta es una labor necesaria, y la importancia del mismo radica en el reconocer no solo enfoques diferenciales, que sirven, claro que sí, pero que son insuficientes a la hora del reconocimiento pleno de la otredad.

Santiago de Cali, distrito capital del departamento del Valle del Cauca, es una ciudad con altísima presencia de población que se autoreconoce como afro, además es centro de acogida de la población desplazada desde el Pacifico Sur, gracias a su cercanía, promesa de desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida para la gente afro.

En Cali, existen algunas organizaciones afro que visibilizan realidades de población afro víctima, pero desde la mirada heteronormativa, dejando de lado a veces las violencias sexuales. Este es otro de los logros de este informe, denuncia las violencias sexuales que sufrieron también personas Afro-LGBT, y que se configuran como acciones reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Como parte del ejercicio de socialización, se recomendó a la institucionalidad en Cali plantear las estrategias de intervención en territorio teniendo en cuenta la interseccionalidad que atraviesa los cuerpos negros diversos. También visibilizar las voces de las victimas Afro-LGBT en los espacios creados, como por ejemplo la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación.

Implementar las políticas públicas ya promulgadas, CaliAfro y CaliDiversidad, fue otra de las recomendaciones para la institucionalidad. A la Academia, y a los liderazgos sociales, así como a organizaciones y expresiones organizativas se les recomendó también tener en cuenta la interseccionalidad como categoría de análisis, y a la hora de desarrollar trabajo comunitario.

La recomendación más importante y reiterativa fue la importancia de la búsqueda constante de la verdad para caminar hacia la reconciliación, pensado en la no repetición de los actos de violencia y las vulneraciones de derechos.

La institucionalidad, la academia, los liderazgos, organizaciones y expresiones organizativas de la ciudad recibieron de forma positiva la socialización del informe realizado y recomendaciones dadas.

Somos Identidad, agradece el importante papel jugado desde Raza e Igualdad como apoyo técnico, y a las organizaciones Fundación Caribe Afirmativo y Fundación Afrodescendiente Arco Iris.

El Brasil de las 600 mil muertes por COVID-19: crisis de la democracia representativa en el país de las ‘fake news’

Brasil, 08 de octubre de 2021 – Bajo la égida de un presidente que, en medio de una pandemia, sigue incitando a las multitudes y despreciando todos los protocolos de salud, Brasil alcanzó el hito de 600 mil muertes por COVID-19 este mes de octubre. En dos años de (des)gobierno, Jair Messias Bolsonaro ha sido acusado de negacionista (1), sin embargo, las investigaciones en curso demuestran que el papel de la COVID-19 fue central para que el gobierno de Bolsonaro implementara estratégicamente su política de muerte y exclusión. Más que negar la existencia de una pandemia, se puede decir que el presidente fue y sigue siendo el ‘chico propagandístico’ de la COVID-19, um activista y diseminador del virus que, a través de sus discursos sensacionalistas y radicales, provocó la crisis de la democracia representativa en el país, cuya tónica es la propagación de información falsa junto con la falta de respeto a los derechos humanos.

La escalada de poder de este Gobierno encontró en el ‘mito’ Jair Bolsonaro, el personaje justo que habla en nombre de un Dios cristiano y de la familia tradicional brasileña, en un intento de evocar orden y patriotismo, para restaurar un país hundido en el barro de incertidumbres y corrupción sistémica. En una alianza política con partidos de centro y de la derecha, además de su obediente liderazgo ministerial, la familia del presidente es el punto focal en los escándalos de corrupción del gobierno. Estos hechos facilitaron y permitieron una secuencia de leyes aprobadas, decretos firmados y reformas controvertidas con el consentimiento del Parlamento.

En este escenario, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y activistas que velan por el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos, se han convertido en el foco del proyecto político que va desde los ataques de odio físicos y/o virtuales hasta la restricción de espacios de representación y participación ciudadana. Un proyecto político que está anclado en la expansión de las desigualdades, las fake news y la supresión de derechos de su población, entre los cuales, los más afectados ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como la población afro, quilombola, indígena y LGBTI+.

En este sentido, a través de esta carta editorial, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), urge a la comunidad internacional a un manifiesto conjunto instando al Estado brasileño a brindar información clara y transparente, y respeto a la independencia de los órganos federales e instituciones; así como a las Universidades, Policía Federal y la Suprema Corte del país por el libre ejercicio de la libertad de expresión, garantizada por la Constitución Federal, y por el avance imparcial de las investigaciones sobre el gobierno de Bolsonaro. Después de todo, ¿cuáles son los juegos de interés de un presidente autoritario que impuso el secreto de hasta 100 años a su cartilla de vacunacion y a la información sobre el acceso de sus hijos a la Casa de Gobierno?

A continuación se muestra un panorama actualizado de las articulaciones de poder que están desencadenando la crisis de la democracia representativa en Brasil y dejan hasta la fecha 60 mil vidas perdidas por la COVID-19. La segunda nación con la tasa de mortalidad más alta y ocupando el puesto 62 en el ranking mundial de aplicación de vacunas contra el coronavirus (2). Hasta el momento, 44,61% de la población brasileña está completamente inmunizada.

CPI de la COVID-19 – Establecida en abril de 2021 y con fecha límite para su finalización en noviembre de este año, la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) encabezada por el Senado Federal, tiene como objetivo investigar las irregularidades en las políticas del gobierno de Bolsonaro para combatir la pandemia en el país. Desde sus inicios, se han destapado una serie de escándalos que demuestran que además de un importante esquema de corrupción en las compras de las vacunas hasta 1000% más caras, el gobierno también actuó para que el operador sanitario privado `Prevent Senior´ recomendara el ´Covid Kit`, que contiene un paquete de medicamentos que han demostrado ser ineficaces para el tratamiento del COVID-19, lo que convierte a sus pacientes experimentos humanos de laboratorio para los lucrativos y ocultos intereses del Gobierno Federal. También se comprobó que solo en el primer año de la pandemia 120 mil vidas podría haberse salvado si Brasil hubiera seguido los protocolos mundiales y una política de salud pública eficaz.

Además, el estudio también sacó a la luz el foco de la desigualdad racial, de clase y de género en las muertes por la pandemia. Entre las muertes evitables, se encontró que la población negra se vio gravemente afectada por tener un 17% más de riesgo de morir en la red pública de salud. Por tanto, este CPI está revelando los entresijos de una necropolítica que ha subrayado ante todas las naciones que “La muerte también es lanzamiento medico”.

Elecciones e investigaciones judiciales de 2022 – En las maniobras del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia, el populismo y la falta de respeto a las instituciones democráticas siguen el curso de su plan de reelección. En voraces ataques al sistema electoral brasileño, el presidente hizo campaña por volver al voto impreso, e incluso después de la derrota, continuó atacando la legitimidad y confiabilidad del modelo electoral actual de Brasil. Sin embargo, para garantizar su reelección, Bolsonaro sigue aprobando leyes y decretos que le quitan derechos a la población y benefician a los sectores políticos y privados de la sociedad, es decir, a la élite económica.

Entre esas maniobras podemos podemos mencionar: Fondo electoral, que prevé el presupuesto de los partidos para realizar campañas electorales y que, incluso con vetos, puede retirar 3,5 mil millones de reales de Salud en 2022; Mini reforma laboral, que hace aún más precarias las condiciones laborales y hace inaccesible la justicia laboral para el trabajador; Ley antiterrorista, ya aprobada en la Cámara de Diputados, esta ley prevé la creación de una policía secreta para Bolsonaro y la aprobación de la exclusión de ilegalidad de los agentes de seguridad pública, hecho denunciado por la sociedad civil como una licencia para matar. Esta ley incluso ha sido criticada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró su texto una amenaza para activistas de derechos humanos y entidades de la sociedad civil; Proyecto de Ley Acaparamiento de tierras, a favor de la deforestación y la impunidad de los delitos ambientales, este proyecto de ley es uno de los subterfugios de la bancada ruralista para la ocupación de tierras públicas.

Pese a todos estos esquemas para mantenerse en el poder, Bolsonaro es investigado en cinco consultas que están en curso en la Suprema Corte (STF) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Desde la investigación de noticias falsas hasta las irregularidades en la compra de vacunas Covaxin, los aliados del gobierno también están siendo investigados por ataques a la democracia y a las instituciones estatales. Además, sus hijos Carlos, Eduardo y Renan Bolsonaro, y su esposa Michele Bolsonaro, también están siendo investigados por diversos delitos, entre los que se sospecha que han llevado a una organización delictiva a la corrupción pasiva. Durante este período, Bolsonaro volvió a actuar contra la transparencia de la información y sancionó un presupuesto secreto para 2022, en el que mantiene en su poder la liberación de recursos a cambio de votos en la Cámara Legislativa.

Protestas por el impeachment de Bolsonaro y los actos antidemocráticos – Con un creciente rechazo al gobierno actual, han estallado manifestaciones en todo el país a favor del  impeachment de Bolsonaro. Incluso partidos que hicieron campaña por las elecciones del presidente, se organizaron en actos para el fin de su gobierno. Con el lema ‘Vacuna en el brazo y comida en el plato’, las organizaciones de la sociedad civil denuncian la barbarie racista y genocida ligada al actual desmantelamiento de las políticas públicas. La crisis económica, agravada por los altos precios de los alimentos y la inflación, junto con el aumento de la vacunación, han animado a más personas a tomar las calles en protestas con el llamado ‘Fuera de Bolsonaro’. La última manifestación tuvo lugar el 2 de octubre de 2021 y logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad. Existen más de 123 solicitudes de impeachment presentadas, que atribuyen delitos de responsabilidad al Presidente, además de diversas denuncias ante organismos internacionales e incluso en el Tribunal de la Haya, por crimenes de lesa humanidad y genocidio.

Sin embargo, entre la caída de su popularidad y la actual crisis de su gobierno, Bolsonaro no renuncia a las estrategias mediáticas de abuso de poder y autoritarismo. Así, desafiando a las instituciones legales, hizo un llamado para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, para protestas antidemocráticas en las que los participantes, motivados por el discurso bélico y déspota del presidente, desafió a la justicia a través de la intervención militar y contra la Suprema Corte. Sin embargo, otras manifestaciones antidemocráticas se iniciaron con el apoyo de algunos conductores de camiones que también pretendían paralizar masivamente algunas de las carreteras del país en la misma fecha. Sin embargo, por temor a represalias, Bolsonaro envió un mensaje de audio pidiéndoles que pusieran fin al intento. Como la situación solo empeoraba, dos días después de sus ataques a la democracia, el presidente emitió una nota en tono pacificador en la que proponía una tregua entre las instituciones de poder del país. Por ironía del destino o alianzas electorales camufladas, el comunicado emitido fue escrito por Michel Temer, ex presidente de Brasil.

Bolsonaro en la ONU – Además de ser el único líder del G20 no vacunado presente en la 75a Asamblea General de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, Bolsonaro distorsionó y difundió información falsa. En un ataque comunista ilusorio contra el país, el presidente gritó en nombre de Dios en un país secular y afirmó que no había corrupción en su gobierno. Con énfasis en la defensa de un tratamiento temprano ineficaz ante la COVID-19, se opuso al pasaporte de salud y camufló datos sobre la deforestación en la Amazonía, ignorando incluso las consecuencias de la pandemia en los pueblos y territorios indígenas. Como si eso no fuera suficiente, algunos miembros del séquito del presidente fueron diagnosticados con coronavirus durante el viaje, incluido el Ministro de Salud, Marcelo Queiroga. De hecho, una semana antes, Queiroga suspendió la estrategia nacional de vacunación de los jóvenes, lo que dificulta el suministro de dosis en varios estados. Aun así, por recomendación de Anvisa (3), los infectados durante el viaje tuvieron que pasar el aislamiento en Nueva York, a costa de las arcas públicas brasileñas.

Hambre y Desempleo – La inseguridad alimentaria y nutricional ha crecido exponencialmente en el país, debido a la crisis provocada por la pandemia y la alta tasa de desempleo y trabajo informal, lo que vuelve a colocar a Brasil en el mapa del hambre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria, realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, 43,4 millones de brasileños no tienen suficiente comida y 19,1 millones (el 9% de la población) pasan hambre. Un ejemplo de este escenario desolador y severo reportado recientemente en los medios es la distribución de restos de carne y huesos para la población hambrienta y sin recursos económicos. De esta forma, vuelve a aparecer que el actual proyecto político dialoga con la necropolítica al permitir que el hambre alcance estos niveles, afectando especialmente a la población afro. Mientras la población pasa hambre, el Ministro de Economía, Paulo Guedes, desdeña el repunte de la inflación y los resultados de su política económica se reflejan en el alza de los precios de los alimentos básicos y del gas de cocina.

Medio ambiente: tesis sobre el ‘Marco Temporal’ y la destitución de Ricardo Salles – El ‘Marco Temporal’ va en contra de los derechos de los pueblos originarios brasileños. Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban antes de la promulgación de la Constitución de 1988. Sin embargo, aún existen pueblos aislados, pueblos que fueron expulsados ​​de sus territorios y tierras adquiridas y reconocidas como poseedores de derechos indígenas después de 1988. Además, la revisión de la demarcación de tierras indígenas atiende los intereses de los sectores agroindustriales, acaparadores y mineros, en busca del extractivismo y la explotación comercial. En agosto de este año, más de 6 mil representantes de 147 pueblos indígenas del país acamparon en Brasilia, para acompañar el juicio del STF. A pesar de toda la movilización indígena que tuvo gran proyección incluso a nivel internacional, la sentencia, que estaba empatada en 1×1 entre los relatores, fue suspendida a fines de septiembre sin plazo para su reanudación. Cabe recordar que si bien es una tesis racista y discriminatoria, lo que se discute ampliamente sobre el Marco Temporal es el tema territorial indígena.

Entre el ámbito del medio ambiente, el entonces Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, se convirtió en el foco de investigaciones por involucramiento en un esquema de importación ilegal de madera apoyado en reformas a las normas ambientales. Entre otras acusaciones, la corrupción y favorecer la quema en la Amazonía se encuentran entre los diversos delitos ambientales atribuidos a Salles. Tan pronto como se convirtió en acusado, Salles pidió ser destituido de su cargo. El operativo desencadenado por el STF también determinó la destitución del presidente del IBAMA (4), Eduardo Bim, por sospecha de irregularidades.

Finalmente, este editorial sigue la intención de cumplir con la misión de Raza y Igualdad de denunciar las violaciones de derechos humanos en los países de América Latina. Nuestro trabajo en Brasil reconoce que la crisis de la democracia representativa, combinada con los intereses políticos, profundiza aún más las desigualdades socioeconómicas. Es necesario combatir urgentemente la circulación de desinformación y fake news, que sirven como armas para expandir un debate político polarizado, en el que existe la criminalización de la pobreza sumada a discursos y violencia racista, LGBTIfóbica y sexista. La masacre pandémica ya ha costado 600 mil vidas ¿Será que, ante tantas acusaciones, el Brasil liderado por Bolsonaro alcanzará la lamentable cifra de 1 millón de muertes? Esperamos que no.

(1) Persona que se niega a ver la realidad

(2) Datos del 13 de septiembre de 2021

(3) Agencia reguladora de salud de Brasil

(4) Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables

Primer informe sobre transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en Perú: un paso clave para el reconocimiento y protección de las identidades diversas en el país y la región

Washington D.C., 30 de septiembre de 2021.– Con el objetivo de contribuir a la promoción y protección de los derechos de las personas transmasculinas y de género no binario asignadas mujeres al nacer (AMAN) en Perú, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el pasado 24 de septiembre de 2021 el primer informe que muestra la situación de esta población en el país y que contiene recomendaciones al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas para garantizar sus derechos humanos.

El informe, titulado “Cuerpos y Resistencias que TRANSgreden la pandemia: Transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú”, fue lanzado por medio de un evento virtual que contó con la participación de representantes del movimiento transmasculino y no binario en Perú –incluyendo a dos de las personas que realizaron el informe—y del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz.

“En Perú aún no se reconocen los derechos de las personas trans, comenzando con las limitaciones que se tiene para acceder al derecho a la identidad, lo cual genera que no se puedan acceder a otros derechos fundamentales”, señaló en sus palabras de bienvenida el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien también refirió que cuando se habla de población trans se suele pensar únicamente en mujeres trans, lo cual genera que las vivencias y demandas de las personas transmasculinas y de género no binario AMAN no estén reflejadas en las políticas públicas y, en ciertas ocasiones, tampoco estén presentes en la agenda del movimiento LGBTI+.

Zuleika Rivera, Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, indicó que con la realización de este informe se buscó entender cuál es la situación de las personas transmasculinas y de género no binario AMAN en Perú, siendo uno de los hallazgos más importantes el hecho que la discriminación y violencia que enfrenta esta población comienza en el núcleo familiar, algo que—dijo Rivera—está determinado por la falta de información y el estigma que predomina en la sociedad respecto a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

La situación

Cabe destacar que la realización de este informe incluyó revisión documentaria, procesamiento de los datos de transmasculinidades y personas de género no binario AMAN que participaron en la primera encuesta para personas LGTBI, la cual fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en 2017; una entrevista virtual autoaplicada que se denominó “Situación de trans masculinos, hombres trans, transmasculines no binaries y trans no binaries AMAN antes y durante la coyuntura del COVID-19 en el Perú”, y ocho entrevistas semi estructuradas.

La presentación del informe estuvo a cargo de Alithu Bazan Talavera, parte del equipo de investigación del informe, activista e investigadora trans no binaria, y de Santiago Balvin Gutiérrez, también parte del equipo de investigación, activista transmasculine no binarie e integrante de la organización Rosa Rabiosa. La tercera persona que conformó el equipo de investigación es la activista, investigadora y docente Denisse Castillo Matos, quien además forma parte de la organización Más Igualdad Perú.

En su exposición, Bazan Talavera mencionó que la mayor parte de las personas entrevistadas (181) para la realización de este informe refirieron que empezaron a vivenciar sus identidades a partir de los 22 años, debido a la poca o nula información sobre el espectro trans y no binario. La activista e investigadora apuntó que el no reconocimiento en el entorno familiar conlleva una serie de vulneraciones y a una exclusión sistemática de las personas transmasculinas y de género no binario.

Balvin Gutiérrez incluyó en su presentación que en el caso de hombres trans y transmasculines, el 85.44% cuenta con documentos de identidad en los que no figura el nombre que les representa, y en el caso de las personas no binarias, esta situación fue referida por el 48.57%. Además, entre ambas poblaciones, el 70% reportó dificultades al momento de ejercer su derecho al voto por dicha particularidad en sus documentos de identidad y por temor a sufrir violencia.

Trascendencia del informe

En tanto, Bruno Montenegro, Coordinador Nacional de Fraternidad Transmasculina-Perú, calificó el informe como “histórico” y aseguró que contribuirá a generar grandes avances en la lucha de la población transmasculina y de género no binario. Montenegro dijo además que toda la información y evidencia recogida en este informe servirán para desmitificar la creencia de que los hombres trans y transmasculinidades tienen privilegios únicamente por ser masculinos o por identificarse con la masculinidad.

“Las transmasculinidades sí sufrimos violencia a pesar de que nos identificamos desde la masculinidad (…) Este informe es importante para desmitificar muchas cosas más que hay sobre las transmasculinidades y poner en agenda nuestras realidades. Los hombres trans también abortamos, los hombres trans también decidimos gestar, los hombres trans también sufrimos las mal llamadas violaciones correctivas”, enfatizó.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, destacó la relevancia y trascendencia de este informe. “Este informe tiene un impacto particular en el Perú, pero esta información puede elevarse también como teoría de trabajo para lo regional y lo global. Para mí ha sido realmente revelador en niveles, perspectivas y conciencias que no estaban para nada visibles en mi mandato”, afirmó.

“Hay datos que, además, en su profunda personalización, nos llaman a la reflexión; es de gran valía lo testimonial y este estudio es extraordinario en ese sentido”, agregó Madrigal-Borloz.

 Recomendaciones

El informe “Cuerpos y Resistencias que TRANSgreden la pandemia: Transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú” contiene recomendaciones al Estado, a la CIDH y a la ONU, con el objetivo de aportar a la adopción de políticas públicas y/o medidas a favor de los derechos humanos de las personas tranasmasculinas y de género no binario. En el caso del Estado, se recomienda la aprobación urgente de una Ley de Identidad de Género.

En el caso de la CIDH, una de las recomendaciones es que cree diálogos con organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes relacionades a la población de transmasculinidades y personas de género no binario AMAN, mientras que a la ONU recomienda que el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género realice una visita oficial a Perú y publique un informe con recomendaciones específicas para la protección de dicha población.

Acceda y descargue al informe en español aquí: https://bit.ly/3uxtklx 

Resumen ejecutivo en inglés: https://bit.ly/3o5oZ7S

Raza e Igualdad lanza campaña regional para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.- Con el objetivo de contribuir a combatir el racismo en las Américas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), realizó este jueves 2 de septiembre de 2021 el lanzamiento de la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La campaña—que se inserta en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)—fue lanzada a través de un evento virtual que contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Gay McDougall, recién reelecta para integrar por un tercer periodo el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), de Naciones Unidas, y de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

También participaron representantes de Estados Partes de la Convención (Antigua y Barbuda, Brasil y México), y de organizaciones de la sociedad civil de la región. La presentación de la campaña estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, y la moderadora del evento fue Elvia Duque, Oficial del Programa para América Latina de Raza e Igualdad.

“Consideramos que esta campaña era necesaria, especialmente en medio del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, para que la mayoría de los países de las Américas ratifiquen e implementen esta importante Convención”, comentó Quesada en sus palabras de bienvenida.

La campaña

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

La meta que Raza e Igualdad busca alcanzar con esta campaña es que los 35 Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmen, ratifiquen e implementen la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia para el año 2024.

Para ello, se han definido una serie de acciones regionales, tanto a nivel bilateral como multilateral, con las que se busca dar acompañamiento y herramientas a los Estados para hacer efectiva la ratificación e implementación de la CIRDI. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un rol importante en esta campaña, pues se les capacitará para que den seguimiento al proceso de firma, ratificación e implementación en sus respectivos países.

La importancia de la CIRDI

A pesar de que la Convención Interamericana contra el Racismo fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y entró en vigencia en noviembre de 2017, hasta la fecha, solo 6 de los 35 Estados Miembros la han ratificado: Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, México, Ecuador y Uruguay. La Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, destacó en su intervención que la CIRDI adquirió una gran relevancia a raíz del informe sobre racismo sistémico presentado en 2020 por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Dicho informe fue una de las acciones derivadas de la Resolución 43/1 (“Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”), adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd. Dicha Resolución llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Joy-Dee Davis Lake, representante alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA, señaló que la CIRDI se adoptó en un momento en que la comunidad internacional había tomado conciencia sobre la necesidad de mejorar y fortalecer los márgenes de protección que ya se habían establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana, dijo Davis Lake, “representan el catálogo más ambicioso para prohibir todo tipo de discriminación que se conoce bajo las leyes internacionales, ya sea por raza, color, origen nacional o étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones culturales, o las opiniones de cualquier tipo, origen social, estrato socio-económico, nivel educativo, refugiados, migrantes, repatriados, discapacidades, [entre otros]”.

Por parte de Brasil, Paulo Roberto, Secretario Nacional de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, celebró el paso dado por su país e invitó a los Estados de la región a ratificarla e implementarla. “Ratificamos la Convención el 13 de mayo (de 2021), día de la Ley Áurea en Brasil, lo que representó una ganancia para la sociedad brasileña. La Convención es un instrumento para enfrentar el racismo y la cultura colonialista”, aseguró.

“El tema de racismo y discriminación es un tema importante en nuestra región, porque atenderlo es una de las formas que nos permiten la integración de nuestras sociedades multiculturales, pero también por el hecho que convivimos con otras culturas que sin pasar por el combate al racismo y la discriminación nos lleva a diferentes discursos o crímenes de odio”, subrayó Christopher Ballinas, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Barillas comentó que un hecho que motivó la ratificación de la CIRDI por parte de México fue el crimen de odio sufrido en agosto de 2019 por un grupo de personas en El Paso Texas, que dejó 23 víctimas mortales, de las cuales 9 eran mexicanas.

La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, destacó el hecho que la CIRDI mandata la conformación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el cual debe estar integrado por un perito designado por cada uno de los Estados Parte, y debe ejecutar su o sus funciones de manera independiente, así como supervisar los compromisos asumidos en la Convención.

“Recomiendo encarecidamente a los Estados que ratifiquen e implementen la Convención. Nuestro contexto de discriminación estructural contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos étnico-raciales exige un compromiso fuerte y serio para combatir la discriminación y todas las formas de intolerancia en el hemisferio”, refirió Macaulay.

Gay McDougall, recién electa para integrar el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), habló sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para combatir el racismo y la discriminación racial. “El asesinato de George Floyd creó un nivel de urgencia para acelerar la respuesta” ante esta problemática, indicó.

Sonia Guajajara, líder indígena y Coordinadora Ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), celebró la ratificación de la CIRDI por parte de Brasil, pero también denunció el racismo estructural, institucional y ambiental en el país. “¿Armonía racial para quién?”, preguntó Sonia, quien participó del evento desde Brasilia, específicamente desde el campamento indígena “Lucha por la vida”, en el que más de 6 mil personas protestan contra el proyecto “Hito Temporal”, que está siendo votado por la Corte Suprema y pone en peligro los territorios indígenas protegidos por la Constitución.

“Hay un fenómeno de negar el racismo en Brasil o simplemente reconocerlo en casos extremos de odio racial. Los pueblos indígenas han estado luchando por el respeto a sus formas de vida en todo el planeta, y aquí en las Américas no ha sido diferente. Hemos visto a nuestros líderes asesinados, nuestras mujeres violadas, nuestros derechos territoriales cuestionados y nuestros jóvenes suicidándose”, agregó.

Paola Yáñez, Coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, expresó que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que han tenido que asumir las organizaciones de mujeres. “La adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo marca un hito importante para el movimiento afrodescendiente porque nos permite avanzar en el reconocimiento del racismo y la necesidad de tomar medidas en esta región”, apuntó.

“Es importante que todos los Estados puedan ratificar esta Convención porque se trata de la acumulación de más de tres décadas de trabajo en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y es necesario que esa acumulación sea parte de nuestras legislaciones nacionales para resguardar y proteger los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas y de otras minorías étnico-raciales”, expresó Noelia Maciel, Integrante de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.

Únase

La campaña cuenta con un sitio web (www.cirdi2024.org) donde se puede conocer más sobre el objetivo, estrategia y actividades de la misma. Contiene además información sobre la CIRDI y cómo avanza el proceso de firma y ratificación en las Américas, así como todas las herramientas necesarias para que los Estados inicien este proceso. Cabe destacar que el sitio web cuenta con versiones en español, portugués e inglés, y que la campaña se estará visibilizando a través de Twitter, Facebook e Instagram, por lo que Raza e Igualdad invita a seguirla desde ya.

CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los activistas Richard Adrián Zamora Brito, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), e Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

Sobre Richard Adrián Zamora Brito

En enero y junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro  miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), al considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las labores de defensa y promoción de derechos humanos que realizan en la organización. Como resultado de las protestas que se registraron el 11 de julio en Cuba, el riesgo se incrementó afectando a otros miembros del CIR, como Richard Zamora, por lo que Raza e Igualdad requirió la ampliación de medidas cautelares, la cual fue otorgada por la CIDH el 22 de agosto de 2021 mediante Resolución 64/2021.

Richard Adrián Zamora Brito, conocido como “El Radikal”, es músico, activista y Coordinador del CIR en la provincia de Matanzas. En este sentido, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad. Por sus labores como activista y artista, y por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha sido perseguido por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones.

El domingo 11 de julio de 2021, Richard Zamora acompañó las manifestaciones en la provincia de Matanzas a fin de documentar lo que estaba sucediendo en las protestas. En la noche retornó sin problemas a su hogar, ubicado en Colón; sin embargo, en la madrugada del 12 de julio, mientras descansaba, cuatro agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron. Ese día le informaron a su esposa que sería trasladado a la Estación de Policía del Municipio Colón, en la Provincia de Matanzas, por un supuesto “proceso de investigación”.

El 14 de julio de 2021, la familia de Richard Zamora, incluida su esposa, estuvo en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas para que las autoridades explicaran las razones de su detención. Los oficiales les comunicaron que una vez cumplidas las 96 horas informarían el delito por el cual sería acusado. Las 96 horas se cumplieron el 15 de julio sin ninguna novedad sobre su caso y su estado. Aunque sus familiares solicitaron la revisión de la medida de privación de libertad, tal requerimiento fue negado y tampoco tuvieron acceso al expediente. La única información que recibieron de manera verbal y extraoficial fue que Richard estaba siendo procesado por los delitos de “desorden público” y “disturbios”.

Luego de 40 días de incomunicación, el 20 de agosto de 2021, Richard Zamora fue liberado bajo fianza en espera de juicio. La fianza fue de 10.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 500 dólares.

Sobre Irán Almaguer Labrada

El 7 de enero de 2021 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yandier García Labrada, hermano de Irán Almaguer Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre 2020. Ambos son miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y por sus labores en esta organización han sido perseguidos y hostigados por las autoridades cubanas, lo que ha colocado en riesgo su vida e integridad personal.

Irán Almaguer Labrada es Coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso donde realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos. Además, requiere tratamiento permanente para no perder su visión pues sufre de retinosis pigmentaria. Esto ha sido usado por la Seguridad del Estado como factor para amedrentarlo, ya que las veces que ha sufrido detención por corto tiempo le han advertido que, si continúa con su activismo, le negarían el tratamiento médico[1].

Desde su afiliación al MCL, Irán Almaguer Labrada ha sido víctima de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones de corta duración por sus labores de defensa de la democracia y derechos humanos en Cuba. Sin embargo, la intimidación en su contra se ha recrudecido desde la privación de libertad de su hermano Yandier García Labrada, y las consecuentes acciones que Irán ha emprendido para reclamar justicia. Desde enero 2021 es privado de libertad al menos una vez al mes por períodos cortos. Mientras se encuentra privado de libertad lo mantienen incomunicado de su familia, lo que causa un sufrimiento y estrés constante a su esposa, que es una persona no vidente e hipertensa, y a su hija de 14 años.

La última detención de Irán Almaguer ocurrió el 21 de julio de 2021, en el contexto de las históricas manifestaciones en la isla. Alrededor de las 9:00 am, mientras se encontraba en su vivienda, fue privado de libertad y trasladado a la Unidad Policial conocida como El Anillo, en la ciudad de Holguín, ubicada a 20 km de su domicilio.

Permaneció incomunicado y privado de libertad hasta el 23 de julio, día en que fue liberado en horas de la tarde. Mientras estuvo detenido lo colocaron en una celda solo y fue interrogado en dos ocasiones por los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que sería encarcelado de “continuar con su activismo” e insistieron en que se mantenga callado sobre la situación actual de Cuba, pues tenían conocimiento que había comentado al respecto en una panadería. Le indicaron que de continuar “incitando a la población” lo procesarían.

Por estos hechos, el 28 de agosto de 2021, la CIDH a través de Resolución 68/2021[2] decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que implemente las medidas cautelares otorgadas a favor de Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada, lo que incluye la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad, seguridad y garantías judiciales. Además, nos unimos al llamado de la CIDH para que se aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de sus labores de activismo en las organizaciones de las que forman parte, sin ser objetos de intimidación, persecución o amenazas.

 

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/231859.html?fbclid=IwAR3Ok8hwQelrB7yS2UqS5WI6Nr6mcvPB56w1KZl2VZ2zou0SJ_RA4x0ljZ4

[2] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_68-21_mc_1068-20_cu_es.pdf

Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes, publican actualización del informe “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del Paro Nacional en Colombia”

Colombia, 8 septiembre de 2021. Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes en su reciente informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’, piden al Gobierno nacional y los organismos estatales realizar acciones contundentes en contra de la violencia policial racista, exacerbada en medio del Paro Nacional que se inició el pasado mes de abril y que ya completa más de cuatro meses. 

De acuerdo al informe de seguimiento al paro, la respuesta el Gobierno ha incluído la militarización de  los territorios y el uso desproporcionado de la Fuerza Pública, afectado de manera diferencial a la población afrodescendiente al estas acciones estar concentradas en ciudades como Cali, que tiene la mayor densidad de esta población en el país.

Entre las recomendaciones que las organizaciones le  hacen al Gobierno está la realización de la reforma policial, pero atendiendo a los criterios internacionales de respeto de los derechos humanos y las demandas sociales, que a la fecha se desconoce si están consignadas en su promocionado proyecto de reforma. 

Uno de los cambios  que las organizaciones consideran debe ser incluido es el traslado de  la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior, así como  adoptar la justicia procesal como guía de sus actuaciones internas y externas y apegarse estrictamente a los protocolos del uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios/criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, solicitan recolectar, almacenar y analizar datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos, pero también actualizar permanentemente la plataforma de consulta de procesos, establecer un mecanismo eficaz que permita a las personas consultar por el número de cédula si una persona se encuentra bajo custodia de la policía indicando el lugar exacto y el motivo, así como difundir masivamente el contenido de las normas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento, investigaciones y enjuiciamientos. 

“La represión continuó (después de las grandes marchas), la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quienes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala  Charo Mina-Rojas, coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), frente a este aspecto. 

Y es que, de acuerdo al informe, el Gobierno aún no acata las recomendaciones de las entidades internacionales frente a la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización. 

En el texto se señala que el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y ha desconocido las recomendaciones formuladas, cuestionando  el contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas al no coincidir con las institucionales, condicionando con esto la calidad de víctima a la apertura de investigaciones, además,  de reprochar la legitimación de los cortes de ruta o bloqueos como mecanismo válido de protesta. 

Es así como se sugiere que el Gobierno debe propender por realizar diálogos amplios con representación plural y diversa en los  que participen personas  afrodescendientes, cesar todo acto de violencia policial y vulneración a los derechos humanos, reconocer la legitimidad de los bloqueos como mecanismo de protesta y desistir de su criminalización, así como realizar campañas pedagógicas sobre aspectos relevantes del derecho a la protesta y demás derecho humanos. 

Entre el 28 de abril y  el 8 de julio, las organizaciones reportaron 466 situaciones de violencia registradas en medio de las manifestaciones en Cali. Un 13,7% ha sido hacia personas afrodescendientes. Asimismo, registran 108 homicidios, de los cuales 39 se habían identificado contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%

En este sentido, Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, señala que el Gobierno colombiano prometió que iba a garantizar seguridad, desarrollo, libertades y está haciendo todo lo contrario, incluso se está quitando la vida a la población afro. 

“Deberíamos empezar por cumplir las leyes de la Constitución colombiana y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado debe empezar a cumplir, pero protegiendo y garantizando la vida. Que se pueda ver inversión que garantice vida, salud, seguridad de los jóvenes”, indica Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, frente a la posición del Gobierno”, agrega  Joseph.

Conozca el documento  “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia”  en is.gd/sz7uIc 

 

Día de la Visibilidad Lésbica en Brasil: Caso Luana Barbosa – “Si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará”*

Brasil, 29 de agosto de 2021 – En Brasil, el mes de agosto trae la voz de las luchas de las mujeres lesbianas. Se reconoce el Orgullo Lésbico, el 19 de agosto, en referencia a la primera manifestación de mujeres lesbianas, conocida como “Stonewall brasileño”, en São Paulo, en 1983. Al no poder distribuir el boletín “ChanacomChana”—primera publicación de activistas lesbianas en Brasil—ellas ocuparon el ‘Ferro’s Bar’ reivindicando sus derechos y denunciado la lesbofobia. Agosto también pide el derecho a la libertad de expresión y representación con el “Día de la Visibilidad Lésbica” el 29 de agosto. Fue durante el primer Seminario Nacional de Lesbianas (Senale), realizado en Río de Janeiro en 1996, que se creó la fecha para denunciar la invisibilidad de las vivencias lésbicas dentro del movimiento LGBTI+ y feminista.

Para hablar de ‘Visibilidad Lésbica’, Raza e Igualdad, retoma el ‘Caso Luana Barbosa’, que cumplió cinco años en 2021. El asesinato de Luana Barbosa dos Reis Santos, de 34 años, ocurrido en Ribeirão Preto (SP) en 2016, denota la invisibilidad de las lesbianas negras y la ausencia de sus derechos sociales e individuales, simbolizando por qué las lesbianas necesitan reclamar visibilidad, derechos y seguridad integral.

Luana fue víctima de una brutal violencia policial. Después de ser abordada ilegalmente por tres agentes de la Policía Militar, se negó a ser registrada, exigiendo la presencia de una mujer policía. Incluso acompañada de su hijo, madre y vecinos, Luana fue brutalmente golpeada por agentes de la policía y murió cinco días después de los ataques como consecuencia de una isquemia cerebral y un traumatismo craneoencefálico provocado por las golpizas. La brutalidad de su muerte revela las complejidades de las acciones policiales en Brasil con las personas afro LGBTI+, quienes, además de poseer el color que representa al enemigo público de la policía, desafían la cis-heteronotmatividad, agravando la brutalidad policial. Después de ser golpeada, Luana logró grabar un video en el que denunció los ataques, además de la amenaza de muerte por parte de la policía, que también intimidó a su família [1].

En febrero de 2020, se ordenó que los imputados fueran juzgados por el jurado popular. No obstante, la defensa apeló y la sentencia continúa sin una fecha definida. Aunque el juicio está suspendido, el asesinato de Luana Barbosa se ha convertido en un caso representativo de la violencia policial en Brasil. Poco después del incidente, ONU Mujeres y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH) hicieron un llamado al Estado brasileño para una investigación imparcial y transparente, reconociendo que el caso de Luana es emblemático en términos de violencia racista, de género y lesbofóbica en Brasil [2].

Según Roseli Barbosa, hermana de la víctima, el hecho que Luana tuviera una apariencia masculina—lo cual en Brasil se califica como ‘sapatão’ y ‘camión’ de forma peyorativa  y actualmente estas palabras han sido resignificadas por movimientos lésbicos con orgullo y pertenencia—, provocaba que constantemente Luana fuera blanco de insultos y prejuicios. Varias veces, Luana pagó un alto precio por parecer un hombre afro y pobre [3]. En uno de los tantos episodios con la policía, Luana tuvo que mostrar sus pechos para demostrar que era mujer, con lo cual se demuestra que la presunción de inocencia para las personas afros, pobres y vulnerables es prácticamente nula. Existir como mujer afro-lesbiana-madre-periférica es un grito de resistencia en Brasil.

¿De qué color es lo invisible?

Raza e Igualdad continúa monitoreando el caso de Luana Barbosa con las organizaciones LGBTI+ brasileñas, y lo denuncia a los mecanismos internacionales de derechos humanos. En el dossier “¿De qué color es lo invisible? La situación de derechos humanos de la población Afro-LGBTI en Brasil” [4], publicado por Raza e Igualdad, hay un capítulo especialmente dedicado a denunciar la violencia policial contra las personas Afro-LGBTI+ en el país. En los grupos focales realizados con organizaciones de la sociedad civil se puede apreciar que la brutal muerte de una mujer afro no movilizó a la sociedad y que la invisibilidad de las lesbianas es un factor determinante en la falta de conmoción pública por las muertes provocadas por el Estado.

Como señala el dossier, las jerarquías socio-raciales en Brasil determinan las condiciones de vida y muerte. Existe una jerarquía entre la muerte que es visible y la muerte que no lo es, y el color de la piel es lo que separa a los dos. Fátima Lima, una lesbiana afro y Profesora universitaria, sostiene que la vida y la muerte de las mujeres lesbianas están marcadas por la invisibilidad.

“La violencia que sufren las mujeres afros y racializadas en el contexto del Sur aún es muy poco visible, discutida y enfrentada. Marcadas por el silencio y el dolor, sus historias son atravesadas por diferentes formas de violencia que van desde prácticas discursivas nocivas hasta violaciones correctivas, golpizas y asesinatos. En el movimiento LGBTI+ brasileño, por ejemplo, las mujeres lesbianas siempre han denunciado su eliminación”, denuncia Fátima. [5]

2021: construyendo nuevas rumbos para el caso de Luana Barbosa

En 2021, el caso de Luana Barbosa repercutió a nivel internacional durante la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , en la que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó su informe sobre racismo sistémico y uso excesivo de la fuerza pública [6]. La trágica historia del asesinato de Luana se incluyó en el informe como uno de los siete casos en todo el mundo en los que la violencia policial se relacionó con la discriminación y los prejuicios raciales. Según Bachelet, “existe una presunción generalizada de culpabilidad sobre los afros”, y agrega que “la vigilancia excesiva impuesta a los afros hace que se sientan amenazados más que protegidos”.

Durante esa misma Asamblea (UNHRC47), Raza e Igualdad denunció la violencia policial y política contra las personas LGBTI+ en Brasil como resultado del racismo sistémico. Junto a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), nos sumamos al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT). El caso de Luana Barbosa estuvo presente en el comunicado conjunto, para promover un impacto internacional y que Luana Barbosa tenga justicia [7].

Además, a nivel nacional, existe un movimiento político para luchar contra las agendas de lesbocidio y LGBTI+. Durante las últimas elecciones municipales, en 2020, varias parlamentarias afros, lesbianas y transgénero fueron elegidas de manera representativa, aunque antes y durante el proceso electoral enfrentaron amenazas y discursos de odio por sus expresiones de género y orientación sexual. Durante sus mandatos, estas parlamentarias se están uniendo para enfrentar y denunciar la actual violencia política en Brasil.

Mônica Francisco, Diputada de Estado de Río de Janeiro (PSOL), es autora del ‘Proyecto de Ley Luana Barbosa’. El PL tiene como objetivo establecer el 13 de abril (fecha de su muerte) como el ‘Día de Estado para Combatir los Lesbocidios’. Además de visibilizar y actuar para promover los derechos de las mujeres lesbianas, la fecha tiene como objetivo promover campañas públicas y actividades destinadas a sensibilizar a la opinión pública sobre una cultura de no violencia contra las mujeres lesbianas. El proyecto de ley, que aún debe ser votado y aprobado por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, representa un gran paso hacia la construcción de una agenda pública que apoye y visibilice la protección y la salud integral de las mujeres lesbianas.

Entre las circunstancias que hicieron del caso de Luana Barbosa un símbolo de la lucha y resistencia de las mujeres lesbianas en Brasil, Raza e Igualdad entiende que la falta de asistencia de la autoridad pública para las especificidades de las mujeres lesbianas es uno de los factores clave para la invisibilidad de su agenda. La ausencia de datos públicos sobre el lesbocidio y sobre la situación actual de las lesbianas vivas limita a la sociedad civil en la producción de investigaciones, pues no siempre cuentan con el apoyo económico necesario para llevarlas a cabo.

En Río de Janeiro, en 2020, la Coletiva Resistência Lésbica da Maré lanzó un mapeo de mujeres lesbianas y bisexuales que viven en favelas [8]. El documento pretende denunciar la escasez de respuestas sobre las experiencias lésbicas en las favelas, especialmente las experiencias de la no violencia, ya que las representaciones hegemónicas de las favelas se refieren a la violencia y el abandono del poder público. También la Associação Lesbofeminista Coturno de Vênus, con sede en Brasilia, lanzó en 2020, un mapeo de lesbianas y sapatonas en el Distrito Federal. Para este año, Coturno de Vênus está impulsando un mapeo de lesbianas a nivel nacional, junto con la Liga Lésbica Brasileña. Será el primer mapeo sociodemográfico nacional de lesbianas y sapatão.

Así, Raza e Igualdad reconoce que aún queda un largo camino por recorrer para las mujeres lesbianas en la plenitud de sus derechos. Es fundamental generar políticas públicas que construyan un imaginario colectivo más allá de la violencia, el dolor y la hipersexualización de las mujeres lesbianas. La violencia en la vida, a través de la violación correctiva, el abandono familiar, la terapia de conversión, la pérdida de la custodia de sus hijos, lleva a muchas mujeres lesbianas al suicidio. Así, Raza e Igualdad recomienda al Estado brasileño:

1 – Crear una Comisión Legal y Parlamentaria para generar datos sobre la violencia contra las mujeres lesbianas y los lesbocidios;

2 – Promover políticas públicas que apoyen y fortalezcan a las organizaciones que buscan visibilizar las agendas lesbianas;

3 – Implementar una política de protección integral para las mujeres lesbianas víctimas de violencia, teniendo en cuenta los temas transversales resaltados en el caso de Luana Barbosa;

4- Promover acciones y campañas de combate a la lesbofobia con el fin de suprimir la desinformación y los prejuicios que reproducen la marginación de las mujeres lesbianas;

5 – Implementar una política nacional de salud que atienda las especificidades de la población LGBTI, en este caso, específicamente, las demandas de la población lesbiana.

 

* Cita de Jész Ipólito en su artículo publicado en: https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbosa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/

[1] http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2016/05/antes-de-morrer-mulher-espancada-disse-que-foi-ameacada-por-pms-veja.html

[2] http://www.onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu- mujeres-brasileñas-sobre-el-asesinato-de-luana-reis /

[3] https://ponte.org/a-historia-de-luana-mae-negra-pobre-e-lesbica-ela-morreu-apos-ser-espancada-por-tres-pms/

[4] y [5]https://raceandquality.org/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_dossie-lgbti-brasil-ebook.pdf

[6]https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27218&LangID=S

[7] https://raceandquality.org/es/onu/raca-e-igualdade-celebra-a-adocao-da-onu/

[8] https://bit.ly/2TDB5ES y https://raceandquality.org/es/brazil-es/coletiva-resistencia-lesbica-realiza-mapeamento/

[9] https://bit.ly/lesbocenso y https://raceandquality.org/es/brazil-es/coturno-de-venus-realiza-lesbocenso/

Raza e Igualdad lanza proyecto para combatir el racismo religioso en Brasil

Brasil, 18 de agosto de 2021 – Con miras a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes en Brasil, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza un proyecto para combatir el racismo religioso con organizaciones de la sociedad civil brasileña. Con una duración de dos años, el proyecto tiene como objetivo capacitar y fortalecer a las organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararlos para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas del racismo religioso.

Las organizaciones que coordinan el proyecto con Raza e Igualdad son: ONG Criola, RENAFRO (Red Nacional de Religiones y Salud Afrobrasileñas) y FOPAFRO (Foro Permanente Afroreligioso del Estado de Pará). Estas tres entidades serán responsables de la formación de terreiros [1] en los estados de Bahía, Mato Grosso, Pará, Río de Janeiro y São Paulo. Para la implementación de este proyecto, Raza e Igualdad entiende que la formación de líderes religiosos sobre las leyes nacionales que se ocupan de la discriminación racial, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y la defensa de los derechos son acciones de suma importancia. Estas entidades presentarán su documentación a las principales autoridades locales, estatales y federales, así como al Sistema Interamericano de derechos humanos y ante Naciones Unidas, y abogarán para que Brasil rinda cuentas a nivel internacional.

Además, el fortalecimiento de los líderes comunitarios y religiosos se presenta como una oportunidad única porque, en 2022, Brasil será revisado por el comité de las Naciones Unidas que supervisa la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Por lo tanto, la documentación y visibilidad de los casos de racismo religioso en el país es beneficiosa para que la sociedad civil pueda exigir y responsabilizar a las autoridades brasileñas, presionándolas para que cumplan con sus obligaciones internas con base en sus compromisos internacionales de derechos humanos.

Otro punto destacado en este proyecto es la conciencia de los medios de comunicación y abogados que se dedican al tema del racismo religioso en Brasil. Dado que la prensa, especialmente los periódicos y los informativos televisivos, juegan un papel clave en la perpetuación de los estereotipos negativos contra las religiones de base africana, la formación de periodistas tiene como objetivo romper paradigmas y desmitificar las narrativas actuales que, en varias ocasiones, además de silenciar a los practicantes de estas religiones, se basan en los dogmas de las religiones judeocristianas. A su vez, es urgente preparar un cuerpo legal para dar respuesta a las crecientes denuncias de casos de racismo religioso y sus víctimas, por lo que este proyecto también busca ampliar y promover programas educativos que capaciten redes de abogados en el país.

Entre los resultados esperados, el respeto y promoción de la libertad religiosa es un punto clave para que las actividades del proyecto puedan contribuir a un cambio de paradigma a nivel nacional e internacional. Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, el legado de este proyecto está también en su efecto multiplicador, ya que las actividades de capacitación tienen como objetivo crear una red informal de derechos humanos para defender la libertad religiosa en Brasil y, así, las organizaciones desarrollen autonomía para documentar, denunciar y atender las violaciones de derechos humanos. Además, Quesada señala que, en el escenario internacional, hay un desconocimiento sobre el racismo religioso en Brasil.

“Existe una falacia cultural de que Brasil es un país en el que todos pueden ejercer libremente sus creencias religiosas. Sin embargo, el racismo estructural también se manifiesta en las religiones y, lo que vemos, en la actualidad, son desde quemar terreiros hasta familias que pierden la custodia de sus hijos por manifestar su fe. De esta forma, la violencia manifestada por la intolerancia religiosa viola los principios de los derechos humanos. Es necesario visibilizar estos casos a nivel internacional y sensibilizar a nivel nacional ”, dice Quesada.

Por lo tanto, Raza e Igualdad reconoce que el racismo religioso es un problema que debe abordarse en Brasil mediante la creación de políticas públicas y la implementación de leyes que ya han sido aprobadas. Según datos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, en 2019 hubo un aumento del 56% en las denuncias/agresiones por intolerancia religiosa: 356, frente a 211 en 2018 [2]. La mayoría de las víctimas fueron seguidores de las religiones Candomblé y Umbanda [3]. Además, datos de la línea telefónica 100, una línea directa para denuncias de violencia, muestra que, entre 2015 y 2019, hubo 2,712 denuncias de violencia religiosa en Brasil. Entre estas comunicaciones, el 57,5% eran de religiones africanas [3].

De esta manera, junto con las organizaciones afrobrasileñas, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de denunciar y combatir las violaciones discriminatorias a los derechos humanos. La intolerancia religiosa viola el derecho a la igualdad, la libertad de creencias y expresión, además de fomentar actos de violencia y una cultura del odio que afecta principalmente a poblaciones vulnerables por el racismo estructural y la LGBTIfobia. Así, a lo largo de este proyecto denunciaremos casos de negligencia, racismo y discriminación que afectan la democracia religiosa en Brasil.

 

 

[1] Casa de tradición de matrices africanas

[2] https://www.brasildefato.com.br/2020/01/21/denuncias-de-intolerancia-religiosa-aumentaram-56-no-brasil-em-2019

[3] Las dos tradiciones religiosas afrobrasileñas más conocidas son el Candomblé y la Umbanda. Candomblé fue formada por negros africanos esclavizados, mientras que Umbanda fue creada en Brasil a principios del siglo pasado. Existen algunas diferencias entre las dos tradiciones. Los cánticos de candomblé se realizan en lenguas de origen africano, como el yoruba o el kimbundu. En Umbanda, se canta principalmente en portugués. Otra diferencia es la práctica del sacrificio de animales. Aunque en un principio no hay sacrificio de animales en Umbanda, en Candomblé la práctica se realiza como una forma de hacer circular la energía que anima todo en el mundo: axé. Más que religiones, estas tradiciones muestran prácticas sociales, culturales y espirituales en el continente africano.

[4] https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ouvidoria/balanco-disque-100

3 meses del Paro Nacional en Colombia

Colombia, 29 de julio de 2021. El 28 de julio el país cumplió 3 meses desde el inicio del Paro Nacional. Durante este tiempo, muchas vidas se han perdido, jóvenes han sido desaparecidos y las lesiones personales de algunos y algunas serán irreversibles. Sin embargo, también han sido tres meses de esperanza; en los cuales la juventud colombiana se ha empoderado de las calles para exigir sus derechos. Pese el miedo, las amenazas y los ataques, los y las jóvenes del país han permanecido en las calles para que el gobierno les escuche.

El 28 de abril de 2021 en Colombia se convocó una gran marcha nacional para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Como resultado del descontento generalizado y ante la aguda crisis económica, social y política que atraviesa el país, a partir de esta fecha se desataron una serie de manifestaciones, marchas y plantones que se vieron opacados desde el primer momento por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y por la estigmatización de la protesta, la falta de disposición al diálogo y la negativa a realizar reformas de fondo a políticas económicas, de salud, educación, entre otras, por parte del Gobierno Nacional.

Para el primer día de manifestaciones, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos[1]. En contraste, organizaciones no gubernamentales como Temblores[2] y la Campaña Defender la Libertad[3], reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias[4].  En Cali, lugar que rápidamente se convirtió en epicentro de las protestas y donde la situación de orden público era complicada, el Gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del 01 de mayo[5], decisión que fue replicada en varios ocasiones posteriores y que evidencio su intención de dar de guerra a la protesta social[6]. A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional, en ocasiones exacerbadas por la presencia de civiles armados que atacaban a las personas en las concentraciones.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país, pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ahora se sumaba a la insatisfacción general de la población frente al nivel de violencia ejercido por agentes estatales y el alto número de casos de violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes. Al 22 de julio, la Campaña Defender la Libertad, reportó 87 homicidios ocurridos en el contexto de protestas, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y el ESMAD, 3.365  personas detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria y con serias denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, 346 personas desaparecidas, entre otros numerosos episodios[7].

Las cifras totales de víctimas durante los tres meses del paro no son unánimes. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra que “Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual” [8]. Cifra que el gobierno nacional, en cabeza de su embajadora ante Naciones Unidas, Alicia Arango, no aceptó.

La ONU[8], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] (en adelante CIDH), Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11], la Unión Europea[12], el Vaticano[13] y el Gobierno de EEUU[14], entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro hace casi un mes, y tras la campaña de varias organizaciones civiles colombianas, el 7 de mayo la CIDH anunció su intención de visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. En principio, el Gobierno colombiano negó temporalmente la solicitud, hasta que los organismos internos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) terminaran las labores de investigación. Tras un encuentro en Washington el 25 de mayo, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informaron que se permitiría la visita de trabajo a Colombia después de que se entregaran los informes por parte de las autoridades nacionales y se surtiera la audiencia convocada por la Comisión para el 29 de junio. La Presidencia, no obstante, revirtió su decisión y en la mañana del lunes 31 de mayo le propuso a la CIDH una agenda de trabajo en territorio entre el 7 y el 11 de junio.

La visita de la CIDH se dio entre el 8 y el 10 de junio, es necesario resaltar en este análisis el importante rol que ha jugado la sociedad civil y las organizaciones sociales que impulsaron y participaron activamente en la presentación de informes y casos ante la CIDH, esfuerzo conjunto del cual Raza e Igualdad nos sentimos profundamente agradecides con todas las organizaciones y colectivos con quienes pudimos participar de este momento histórico de construcción colectiva. Durante este tiempo, la Comisión visitó las ciudades de Bogotá y Cali, siendo estas el epicentro de las protestas nacionales. En esta visita, los y las delegadas de la CIDH se reunieron con el Estado y con representantes de la sociedad civil, quienes le ofrecieron diferentes informes sobre temas como violencia policial, abusos sexuales, discriminación racial, desapariciones forzosas y otros aspectos que se han dado en medio del paro nacional[16].

Luego de esta visita, la CIDH presentó una lista de observaciones y recomendaciones para el Estado colombiano. En esta lista, basada en los estándares internacionales, se señala la importancia de que se inicie un dialogo social con representación de los diferentes sectores que han parado en el país. Para esto, “la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados” [17].

Hasta la fecha, ese diálogo no sea materializado de forma efectiva y el descontento generalizado permanece presente. La criminalización de la protesta por parte de las autoridades nacionales y la presencia de civiles armados que, impunemente, han atacado a los y las marchantes han sido una constante a lo largo de los últimos tres meses en el país. Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertes violentas por día de protesta, con un estimado de un muerto por cada 36 horas, además, se encontró que al menos en 27 ciudades del país se dio el surgimiento de grupos de civiles armados. Lo cual, deja en evidencia la gravedad de la situación actual del país[18].

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado al diálogo y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. Un país respetuoso de las diferencias es la vía para la construcción de una paz estable. Lamentamos profundamente los actos de violencia que han sido realizados por parte de la Fuerza Pública y esperamos que la justicia actúe de forma imparcial para procesar a todas las personas que han vulnerado la integridad física y mental de los y las participantes del paro nacional.

En esta, nuestra primera editorial 3 meses de Paro Nacional en Colombia reflexionaremos sobre algunos aspectos que han sido parte de la agenda de país durante los últimos tres meses. Los temas que tratamos son: violencia basada en género contra las mujeres; civiles armados y militarización; población LGBTI y la violencia diferencial contra este grupo poblacional; y otras formas de violencia que se han dado en el marco del paro nacional, estas reflexiones son producto del dialogo, análisis y construcción conjunta con nuestras copartes y aliades Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Caribe Afirmativo, GAAT, la Comisión Colombiana de Juristas, Women’s Link. Desde Raza e Igualdad en Colombia, esta editorial  aporte al diálogo y a la reflexión. Nuestro compromiso siempre será con los derechos.

Las mujeres también paramos: Violencia basada en género dentro de las protestas.

Los motivos por lo que las mujeres han salido a parar son muchos: violencia basada en género, inequidad, inseguridad, entre otros, son algunas de las afectaciones que sufren las mujeres desde su cotidianidad. Las violencias directas, indirectas, estructurales y simbólicas contra las mujeres se manifiestan de diferentes formas. Entre enero y noviembre de 2020, fueron identificados, al menos 209, feminicidios[19], además, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la pandemia por el Covid-19, las violencias contra las mujeres aumentó en el país[20]. En adición, se debe mencionar que, a lo largo de más de 50 años de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como territorio de guerra por los bandos armados; según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el país se han registrado 29.189 crímenes contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres[21].

Por lo anterior, y mucho más, las mujeres en el país han salido a protestar para mayores garantías de vida digna. Sin embargo, han sido registrados casos de violencia sistematizada contra las mujeres por parte de la fuerza pública. En un informe presentado por Temblores, Indepaz y Paiis, entre el 28 de abril y 31 de mayo, fueron registrados al menos 25 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género[22]. Estas organizaciones lograron sistematizar estos hechos basándose en las siguientes categorías: i) hechos ocurridos en lugares cerrados de la Fuerza Pública; ii) las víctimas son separadas de su grupo; iii) las violencias se ejercen en grupo; iv) estas violencias se suman a otras; v) las víctimas suelen ser mujeres o personas feminizadas; vi) las víctimas tienen entre 17 y 30 años; vii) estos hechos suelen ocurrir entre las 4:00 pm y 10:00 pm[23].

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, en su informe presentando ante la CIDH en el marco de su visita al país, entre abril y junio del presente año se presentaron 113 casos de VBG, de los cuales 112 fueron ejercidos por parte del Estado y uno por parte de los manifestantes contra una mujer policía. De las víctimas, 99 fueron mujeres y 13 personas LGBTI. Entre las formas de violencia ejercida, 27 personas denunciaron ser víctimas de violencia sexual[24].

Luego de la visita realizada por la CIDH el llamado común de la sociedad civil ha sido por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas al enfoque de género. En el documento que realizó la Comisión, resaltó como una de las motivaciones que tiene la ciudadanía para protestar es la discriminación de género. Además, consideró que una de sus principales preocupaciones es la violencia basada en género en el marco de la protesta.

El apartado 3.2 del informe que entregó la CIDH se denomina “Violencia basada en género en el marco de la protesta” (p. 15 del informe). En este, resalta los múltiples tipos de violencia que han experimentado las mujeres durante el paro, resaltado el caso de la adolescente que se suicidó en la ciudad de Popayán luego de ser abusada sexualmente por agentes de la fuerza pública; la estigmatización que sufren las mujeres que protestan; los casos de abuso hacia mujeres indígenas; los 15 casos de violencia sexual interpuestas por mujeres afrodescendientes; la violencia sexual ejercida contra la población LGBTI; entre otros[25].

Ante estas denuncias, la Comisión le recordó al Estado de Colombia que debe investigar estos hechos y garantizar que las víctimas accedan a justicia y reparación. Además, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la CIDH recuerda las repercusiones negativas que puede conllevar el no accionar de la justicia, enviando un mensaje de que esta violencia es tolerada y “favorece su perpetuación” (p. 17). Además, en estos grupos poblacionales históricamente vulnerados, estas violencias no solo afectan a la víctima de forma individual, sino también a sus pueblos de origen. Lo cual, puede producir impactos negativos en su tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad[26].

Estos hechos violan una serie de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), la cual compromete a los Estados Parte a velar por la protección y equidad de las mujeres. También, se está violando la Convención de Belem Do Para, convención interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, podemos mencionar que el Estado colombiano, al permitir que la Fuerza Pública utilice la violencia sexual como forma de castigo a las manifestantes, se está incumpliendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en el país desde 1986. Lo cual, deja en evidencia que el Estado Colombiano está incumpliendo tratados internacionales para defender los derechos específicos de las mujeres.

Militarización y civiles armados ¿Hasta cuándo?

Una de las postales del paro nacional que más ha impactado a nivel nacional es internacional es, posiblemente, las imágenes de civiles armados disparando contra los manifestantes ante la mirada inerte de la Fuerza Pública. Estas imágenes han traído a colación los recuerdos del paramilitarismo en el país. Un ejemplo de lo anterior se observó el 28 de mayo en Cali, cuando civiles armados atacaron a manifestantes en Cali. Gracias a las redes sociales, estos actos criminales quedaron registrados. En dicha fecha, se estima que, según datos de la CIDH, al menos 13 personas perdieron la vida y 36 fueron heridas[27]. Por lo anterior, las Naciones Unidas han solicitado que se investigue a los policías que escoltaron a dichos civiles armados[28]. Asimismo, en esa misma fecha, en Cali, un policía de civil (CTI) asesinó a dos manifestantes y luego fue linchado.

Lo anterior, sumado a los llamados del gobierno a militarizar las ciudades donde el paro ha tenido gran impacto, dejan en evidencia un uso desproporcionado de la Fuerza Pública. En lugar de abrir espacios para el diálogo y la escucha activa de las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno ha sido catalogada como “inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente”[29]. El argumento que se da para justificar la militarización del país es evitar los bloqueos. Sin embargo, expertos en el tema han realizado llamados al diálogo en lugar a darle prioridad al uso de la violencia[30]. En momentos de alta tensión, como la que vive en la actualidad el país, donde se ha acusado a que la policía ha tomado posiciones politizadas (tal como se observa en sus redes sociales, ante los diferentes discursos que se manejan cuando hay protestas a favor o en contra del gobierno), es necesario que el gobierno se siente a hablar con los manifestantes. El discurso del enemigo interno no tiene cabida en estos momentos en que los jóvenes salen a manifestarse para reclamar un mejor futuro.

Según el informe presentado por la JEP el 1 de julio del presente año, se encontró que en al menos 27 ciudades se presentaron grupos de civiles armados que atacaron o intimidaron a los y las manifestantes. Estos grupos, además realizaron actos de vandalismo al plasmar siglas de grupos paramilitares en paredes y difundieron videos en redes sociales atacando a los y las participantes del paro [31].

Este uso desproporcionado de la fuerza pública no solo es inconstitucional, como se mencionó anteriormente, sino que viola una serie de tratados internacionales que el país ha pactado. En primer lugar, se está desconociendo la declaración universal de los derechos humanos, al Estado violentar a su ciudadanía y proteger a civiles armados. En segundo lugar, está siendo desconocida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reafirma la protección de los Derechos Humanos en el marco de la protesta pacífica. Además, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al imposibilitar y coartar la posibilidad de dar a conocer el descontento popular ante el gobierno. El Estado colombiano no puede continuar masacrando a la juventud por salir a luchar por un mejor país.

Durante las últimas semanas, y en el marco de la conmemoración del día de la independencia (20 de julio), el Estado se ha encargado de criminalizar a los marchantes, especialmente a los miembros de la primera línea. Muchos de estos han aparecido en medios de comunicación y redes sociales, siendo capturados por el simple hecho de portar elementos de autoprotección como cascos. Se estima que al menos 134 personas de la primera línea han sido capturadas [32]. Sin embargo, la justicia ha actuado de forma paquidérmica al momento de judicializar a los civiles armados.

LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI+ EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Además de las reclamaciones mayoritarias que congregan a diversos sectores sociales en el Paro Nacional de Colombia, existen peticiones específicas de las personas LGBTI+ que se refieren al estado actual de garantía de sus derechos, por lo que es usual que esta población se haga presente en protestas y plantones. El constante abuso policial hacia personas trans trabajadoras sexuales, el retraso en la implementación de políticas públicas diseñadas para las personas LGBTI+, las altas cifras de impunidad en los casos de asesinato y violencia por prejuicio, entre otras muchas exigencias, se han convertido en reivindicaciones específicas de la población LGBTI en Colombia. Como consecuencia de ello, las personas LGBTI+ también ha sufrido violencia por parte de la Fuerza Pública, tanto de manera general, como las demás personas manifestantes, como de manera particular, por prejuicio en contra de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo, se han reportado cinco (5) casos de agresiones e intimidaciones por parte de la Policía hacia personas y colectivas LGBT que participan en las movilizaciones nacionales[33]. También se han registrado casos de acosos e intimidaciones a mujeres LBT durante marchas en Barranquilla, Popayán, Buga[34], por parte de funcionarios públicos en Cajicá[35] y en Cali, se han registrado casos de discriminación y ataques contra personas Afro-LGBT por parte de particulares que participan en las manifestaciones[36].

Sobre los casos de violencia y desatención institucional por prejuicio en el marco de las movilizaciones, el pasado 21 de mayo un grupo de Policías detuvo arbitrariamente a tres jóvenes que hacían parte de las manifestaciones en Barranquilla. Ingresaron a una casa sin autorización, los capturaron, los trasladaron a una Estación de Policía, y estando ahí uno de ellos fue víctima de abuso sexual con motivo de su orientación sexual. Estos hechos ocurrieron con complicidad y aprobación de los uniformados, e incluso testimonios afirman que fueron los agentes de policía quienes alentaron a los agresores a que violentaran sexualmente al joven[37]. A pesar de interponer la denuncia penal y de los anuncios sobre la apertura de investigaciones disciplinarias, no se ha suspendido a ningún uniformado[38].

Si bien la violencia policial y las detenciones arbitrarias han sido el mayor escenario de alerta por parte de personas LGBTI+, ha habido otras formas de victimización. El día 15 de mayo de 2021, el ministro de defensa, hizo una declaración pública en el que señaló a diferentes líderes/as sociales del Cauca como responsables de la comisión de varios delitos en el marco de las protestas, incluyendo en sus declaraciones a un líder estudiantil que hace parte de la mesa de diversidad sexual de Popayán y de varios colectivos de derechos humanos[39]. Estas estigmatizaciones conllevan al señalamiento y puesta en riesgo de líderes LGBTI+ en los territorios, como en el caso de Buga, donde una organización LGBTI fue amenazada por ser parte de las manifestaciones[40]. En medio de las denuncias de asociación entre civiles armados y Fuerza Pública, también es preocupante la complicidad de la Policía con los actos de violencia por prejuicio cometidos por particulares, como en el caso ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando, aún con la presencia de varios agentes de Policía, un hombre propinó una patada y varios golpes en el rostro a una mujer trans sin ser detenido en ningún momento y sin recibir amonestación alguna[41]. Si bien esta conducta no está relacionada directamente con las actividades del Paro Nacional, si caracteriza la alta tolerancia y la reiterada complacencia de los agentes de Fuerza Pública en este tipo de situaciones en los que se violenta a las personas LGBTI+, en especial a las personas trans.

Factores como el amplio despliegue militar contra los y las manifestantes en diferentes partes del país, la impunidad en los procesos disciplinarios y penales en contra de agentes de policía por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+ así como la persistencia de discursos de discriminación en la sociedad civil alentados y respaldados por agentes estatales, constituyen factores de riesgo adicional para la comisión de actos violentos en contra de personas LGBTI+ en medio de las manifestaciones. En este sentido Raza Igualdad, en conjunto con GAAT, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entrego un informe especifico a la CIDH en el marco de su visita.

Estos escenarios de violencia reabren el debate sobre la necesidad de ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto y el alcance de la violencia institucional contra las personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la movilización social, como es el caso de las personas LGBTI+.  De igual manera, abren el debate sobre la necesidad de incorporar a los escenarios de discusión política las reivindicaciones de las personas LGBTI+ en el marco del paro nacional y la necesidad de que se abran espacios de discusión interna dentro de las movilizaciones para el replanteamiento de actitudes LGBTIfóbicas de la sociedad colombiana.

Ante estos casos denunciados, la CIDH resalta las violencias basadas en género que han sufrido las personas LGBTI, registrando al menos 13 hechos; incluyendo la denuncia interpuesta por un hombre gay en Barranquilla y las agresiones físicas y sexuales que han sufrido mujeres trans en Tunja y Pasto por la fuerza pública. Ante lo cual, recomienda que los diálogos que se implementen sean amplios e incluyan a diferentes sectores sociales, incluyendo a las personas LGBTI.

Si bien, la CIDH reconoce que es difícil determinar si la violencia contra población LGBTI está basada en prejuicio de género, exhorta al Estado colombiano que realice las averiguaciones concernientes para esclarecer estos actos. Por lo cual, recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población LGBTI pueda acceder a justicia y reparación.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLICIAL RACISTA EJERCIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Además de las muertes que ha ocasionado el uso indiscriminado del cargamento armamentístico de la Fuerza Pública, se han identificado otras formas de agresión y ataques derivados de su actuar, que han ocasionado graves lesiones a los y las manifestantes, resultando en una práctica sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

En lo que respecta al debido cuidado y garantía del derecho a la salud y la integridad personal, se ha reportado el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe del ambiente y entre a los espacios[42]. A lo largo de estos días se ha evidenciado cómo estos lanzamientos han tenido efectos nefastos y han afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la tercera edad y menores de edad[43]. De igual manera, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su máxima preocupación por los más de 140 altercados que habían sufrido para ese momento los trabajadores sanitarios y las ambulancias en el marco de las protestas en Colombia[44], esto luego de las acusaciones hechas sobre su uso por parte de la Fuerza Pública para el transporte de armamento[45].

Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. El 14 de mayo de 2021, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre, entre otras cosas, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados[46]. En dicho comunicado, también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas. Se ha registrado que, en medio de estos procedimientos de retención a manifestantes, se han aplicado una serie de medidas paralegales como golpizas y torturas, con la intención de que quienes sufren estos ataques se autoincriminen y admitan delitos que no cometieron[47]. Finalmente, es preocupante la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando[48].

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas[49], la información sistematizada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, liderazgos sociales y de comunidades, así como periodistas y activistas señalan que hay un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas[50]. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, señaló que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional, y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos[51], lo que encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas.

En adición, en el marco del paro, la Fuerza Pública ha realizado violencias direccionadas contra las poblaciones afrodescendientes. Según el informe realizado por organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez; se estima que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes. En este informe, que fue presentado a la CIDH se encontró que desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes. Por lo cual, se observa un racismo estructurado en el accionar de la fuerza pública contra la población afrodescendiente en el país[52].

En el informe presentado por la CIDH, la Comisión se muestra preocupada por las violencias ejercidas contra la población afrodescendiente del país y realiza un llamado a promover un diálogo amplio donde se incluyan estos sectores sociales y a promover el respeto y la no estigmatización. El apartado 3.3 del informe se centra en las violencias basadas en discriminación étnico racial. En este, muestra su preocupación sobre el tema y señala que, debido a la discriminación histórica y estructural, las poblaciones afrodescendientes e indígenas se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento, a ser detenidas y a sufrir abusos por parte de la fuerza pública.

La Comisión realizó una recomendación específica, centrada en la violencia basada en la discriminación étnico racial, según la cual, le recomienda al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las discriminaciones y estigmatizaciones que todavía pesen sobre grupos poblacionales a razón de su origen étnico racial.

En este sentido nos gustaría resaltar para concluir la necesidad de abordar el análisis de la violencia policial en Colombia ocurrida en el marco del Paro Nacional, teniendo en cuenta las afectaciones particulares contra mujeres, personas LGBT y población afrodescendientes desde una lectura interseccional de este uso de fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes, durante la elaboración de informes en el marco de la visita de la CIDH a Colombia, las organizaciones de la sociedad civil encontramos  y nos genera preocupación:

  1. El riesgo especifico que enfrentan las mujeres en el marco de la protesta social, así como los casos de abuso y VBG por parte de fuerza publica.
  2. La falta de información estadísticas, casos e información oficial donde se incluyan variables de diversidad sexual, genero o étnico racial;

3.El perfilamiento racial contra personas afrodescendientes e indígenas y la reproducción de discursos discriminatorios por parte del Estado que reproducen estereotipos negativos que significan además una limitación adicional en términos de acceso a la justicia para dichos grupos poblaciones.

Reiteramos nuestra recomendación al Gobierno:

1 Para garantizar el ejercicio de la protesta social;

2.Garantizar espacios de dialogo seguro que incluyan a todos los sectores que se encuentran haciendo parte del Paro Nacional.

  1. Cumplir con sus obligaciones de protección a la vida, derecho a la protesta y acceso a la justicia cumpliendo con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
  2. Disponer y asignar recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del Paro Nacional.

Notas al píe de página

[1] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[2] Temblores ONG es una organización que en el marco del paro nacional ha elaborado varios reportes de los hechos de violencia policial documentados a través de una plataforma denominada GRITA, que tiene alcance nacional.

[3] La Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[4] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[5] CNN Español, “Cronología de las protestas de 2021 en Colombia”, 10 de mayo de 2021, Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/cronologia-protestas-de-2021-en-colombia-orix/

[6] RTVE, “Duque anuncia “el máximo despliegue” de la asistencia militar en Cali, epicentro de las protestas y la violencia en Colombia, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210529/duque-anuncia-maximo-despliegue-asistencia-militar-cali-epicentro-protestas-violencia-colombia/2095700.shtml

[7] Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo #21 del Paro Nacional”, 22 de julio de 2021, Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/

[8] OHCHR. “Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S

[9] Oficina de Naciones Unidas en Colombia, “La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la protesta y el acceso a los alimentos”, 07 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp

[11]Amnistía Internacional, “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

[12] France24, “HRW repudia los “gravísimos abusos” de la Policía durante las protestas en Colombia”, 09 de junio de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210609-human-rights-watch-informe-protestas-colombia-abusos-policia

[13] France24, “Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-colombia-uso-excesivo-fuerza-cali-violencia-protestas

[14] Deutsche Welle, “Francisco llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse”, 23 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/francisco-llama-al-di%C3%A1logo-en-colombia-y-defiende-el-derecho-a-manifestarse/a-57635124

[15] La W, “EEUU pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza” 11 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/eeuu-pide-a-colombia-garantizar-protesta-e-investigar-violencia-y-abuso-de-fuerza/20210511/nota/4134036.aspx

[16] France24, “La lupa puesta sobre las protestas en Colombia: concluyó la visita de la CIDH”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210611-colombia-visita-cidh-control-violaciones-derechos-humanos

[17] CIDH, “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp#:~:text=Washington%2C%20D.C.%20%2D%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,para%20la%20superaci%C3%B3n%20de%20la

[18]RTVC, “Colombia, segundo país con más muertes en protestas: JEP”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/jep-paro-nacional-segundo-pais-muertes-violentas-protestas

[19] El Tiempo, “#NoEsHoraDeCallar El Feminicidio”, junio 22 de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/violencia-contra-la-mujer-ninas-y-mujeres-asesinadas-en-colombia-en-el-2020-550683

[20] Defensoría del Pueblo. “Pandemia agudizó violencia contra mujeres y población OSIGD”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9800/Pandemia-agudiz%C3%B3-violencia-contra-mujeres-y—poblaci%C3%B3n-OSIGD.htm

[21] Sisma Mujer. “Boletín No. 21”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/02/03/boletin-no-21-en-tiempos-de-pandemia-tampoco-es-hora-de-callar-las-violencias-contra-las-mujeres/

[22] Temblores ONG, Indepaz y PAIIS. “Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_fcdb5e676fd3458fb10a78e49a63c985.pdf

[23] Ibíd.

[24] El Espectador. “Colombia debe priorizar las recomendaciones de la CIDH con enfoque de género”, julio 14 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-debe-priorizar-las-recomendaciones-de-la-cidh-con-enfoque-de-genero/

[25] CIDH. “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

[26]Ibíd.

[27] France24. “Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210531-colombia-protestas-civiles-armados-sompra-paramilitarismo

[28] El País. “La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html

[29] DW, par. 4. “Militarización: Colombia se autobloquea”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.dw.com/es/militarizaci%C3%B3n-colombia-se-autobloquea/a-57748124

[30] CNN. “La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/02/colombia-arriesgada-tactica-gobierno-militarizacion-protestas-trax/

[31] El Espectador. “Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional”, junio 21. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/las-incognitas-que-dejaron-los-civiles-armados-del-paro-nacional/

[32] Infobae. “Autoridades han capturado a 134 integrantes de la primera línea por actos de violencia y vandalismo”, julio 20 de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/25/autoridades-han-capturado-a-134-integrantes-de-la-primera-linea-por-actos-de-violencia-y-vandalismo/

[33] Caribe Afirmativo, “Entre luchas y resistencias: Abuso policial y violencia desmedida contra personas LGBT a un mes de paro nacional”, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/entre-luchas-y-resistencias-abuso-policial-y-violencia-desmedida-contra-personas-lgbt-a-un-mes-de-paro-nacional/

[34] Ibíd.

[35] Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá, Denuncia Pública del 01 de junio de 2021, Disponible en: https://www.facebook.com/MesaComunitariaLGBTIQcajica/posts/3866741016780981

[36] Información proporcionada por la “Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad”, en los que relatan intentos de abuso sexual hacia mujeres afro-lesbianas, hostigamientos y ataques a mujeres afro-trans y expulsión de hombres afro-trans de los puntos de concentración.

[37] Caribe Afirmativo, “Durante una detención arbitraría la Policía promovió acciones violentas contra la integridad sexual de un joven gay en el marco de la protesta social en Soledad (Atlántico)”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/durante-una-detencion-arbitraria-la-policia-promovio-acciones-violentas-contra-la-integridad-sexual-de-un-joven-gay-en-el-marco-de-la-protesta-social-en-soledad-atlantico/

[38] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[39] RCN Noticias, “Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca”, 15 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca

[40] Caribe Afirmativo, “Amenazas a organización Buga LGBTI en el marco de su participación del paro nacional”, 13 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazas-a-organizacion-buga-lgbti-en-el-marco-de-su-participacion-del-paro-nacional/

[41] Infobae, “Denuncian brutal golpiza a dos mujeres en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá”, 30 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/denuncian-brutal-golpiza-a-dos-mujeres-en-la-avenida-primero-de-mayo-en-bogota/

[42] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[43] El Universal, “Denuncian agresiones del ESMAD en barrio residencial de Buga” 15 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/denuncian-agresiones-del-esmad-en-barrio-residencial-de-buga-article/

[44] Noticias ONU, “Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas en Colombia” 19 de mayo de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232

[45] RCN Radio, “Procuraduría investigará a concejal de Bogotá, por trinos que motivaron ataques contra ambulancias”, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/procuraduria-investigara-concejal-de-bogota-por-trinos-que-motivaron-ataques-contra

[46] Noticias ONU, “Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las protestas en Colombia”, 14 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962

[47] El País, “Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia”, 08 de junio de 2021, Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html

[48] El Tiempo, “Polémica por jóvenes llevados por la Policía a coliseo en Pasto”, 30 de abril de 2021, Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-jovenes-llevados-por-la-policia-a-coliseo-en-pasto-585197

[49] France 24, “Colombia: Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210525-colombia-fiscalia-129-desaparecidos-protestas

[50] Deutsche Welle, “Desaparecidos durante Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”, 27 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[51] Blu Radio, “Colombia no puede ser visto como un país que desaparece manifestantes: Marta Lucía Ramírez”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/colombia-no-puede-ser-visto-como-un-pais-que-desaparece-manifestantes-marta-lucia-ramirez

[52] Informe Afectaciones al pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021. Revisado en: http://oldrace.wp/es/colombia-es/violencia-personas-afrodescendientes-paro-nacional-colombia/

 

25 de julio: Llamado a los Estados de las Américas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora

Washington D.C., 25 de julio de 2021.– Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora luchan y resisten cada día ante el racismo sistémico y la violencia de género, situaciones que a su vez generan una serie de afectaciones y violaciones de derechos humanos en ellas y en sus entornos. Por eso, este 25 de julio que la región conmemora el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un reconocimiento a sus luchas y resistencias, y llamamos a los Estados a adoptar políticas que contribuyan a mejorar la vida de estas mujeres.

El último año ha sido muy difícil en muchos aspectos, debido principalmente al impacto del COVID-19 en las Américas. Esta pandemia ha dejado en evidencia las condiciones de desigualdad que enfrenta la población afrodescendiente, pero principalmente las mujeres afrodescendientes, aquellas que son cabezas de familia, que defienden derechos humanos, que lideran procesos sociales en sus comunidades, que ejercen cargos públicos en medio del machismo y la discriminación, o aquellas con orientación sexual e identidad de género diversas.

El Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora se conmemora cada 25 de julio desde 1992, año en que, en República Dominicana, tuvo lugar el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, que fue el punto de partida para la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer Afro y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados. Con el paso de los años, esta fecha también ha servido para elevar demandas sobre políticas públicas para reconocer, garantizar y proteger derechos a esta población.

Esta fecha adquiere mayor relevancia ya que nos encontramos en medio del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, declarado por las Naciones Unidas, y cuyo objetivo es promover la erradicación de todas las injusticias sociales que sufren las personas afrodescendientes, así como luchar contra los prejuicios y la discriminación racial, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de todos y todas.

Luchando y resistiendo desde el arte

Las luchas y resistencias de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora están en cada rincón de las Américas, y se manifiestan de diversas formas. Una de ellas es el arte, por lo que este año, Raza e Igualdad se propuso visibilizar y reconocer a mujeres de la región que, a través de diferentes expresiones artísticas, cuentan sus vivencias, visibilizan sus demandas, exigen justicia y buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

En Colombia, La Comadre es un proceso de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, que surgió al interior de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Su objetivo es hacer visible todas las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado desde el enfoque de interseccionalidad en esta población, y de esa manera exigirle al Estado el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial que den respuesta al conjunto de afectaciones que han vivido las mujeres afrocolombianas en el marco del conflicto armado.

Desde La Comadre, sus integrantes han organizado diferentes estrategias para hacer visible las luchas del pueblo negro, y especialmente las luchas de las mujeres negras, así como los aportes que han hecho para la construcción y avance del país este país, cuenta Luz Marina Becerra, presidenta de esta iniciativa. En ese sentido, una de las estrategias han sido la creación de obras de teatro. “El propósito es hacer visible todas esas problemáticas que hemos vivido como mujeres negras, especialmente la violencia sexual, y en esa medida generar conciencia, sensibilizar a la sociedad colombiana frente a todos estos daños y afectaciones que ha provocado la guerra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestros modelos de vida”, señala.

En Brasil, Virgínia Beatriz expresa su arte a través de la poesía, con la cual busca respuestas sobre su descendencia, resiste y denuncia la realidad colectiva de las mujeres afros que viven en las favelas. Beatriz es historiadora y miembro del Colectivo Resistência Lésbica da Maré, y como mujer negra y pansexual, revela que sus poemas reflejan su preocupación por el pasado de invisibilización de los negros brasileños, pero también conllevan victorias colectivas, en un intento de reconstruir las narrativas de las que fueron usurpados por la colonización.

“De esta forma, el arte tiene el poder de darnos protagonismo, de contribuir con nuestra voz y nuestro cuerpo en la lucha por nuestros derechos, ya sea en un video en internet donde esta narrativa circula a varios lugares, o en un círculo de Slam en la calle, en algún texto académico o libro de poesía, e incluso, uniendo nuestro arte en una manifestación, el protagonismo es nuestro y esta es nuestra historia”, declara el poeta slammer.

En Nicaragua, la Fundación Murales RACCS (Movimiento para la Unidad Regional del Arte Local y las Expresiones Socioculturales de la Región Autónoma del Costa Caribe Sur) trabaja para fortalecer las habilidades artísticas y las capacidades creativas bajo un método lúdico y educativo. Su co-directora, la psicóloga Gay Sterling, considera que en un contexto adverso donde prevalece la discriminación racial, “el arte del muralismo es una herramienta importante para combatir los fenómenos sociales negativos”, transmitir mensajes que ilustran las luchas y demandas de una sociedad más equitativa y justa para las mujeres afrodescendientes.

Finalmente, Sterling reafirma la cohesión y determinación de las artivistas afrodescendientes en la lucha para erradicar la discriminación: “Ya sea que pintemos, bailemos, esculpamos o hagamos artesanías, expresamos a gritos que no importa el país o la región donde vivamos, o si nos llaman afrolatinas, afrocaribeñas, afroamericanas, somos diáspora de un solo origen porque los genes no mienten”.

Como organización que defiende y protege los derechos humanos de la población afrodescendiente en varios países de las Américas, Raza e Igualdad ha venido observando y documentando las desigualdades y violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Por tal razón, aprovechamos que, en el marco del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, cientos de activistas, personalidades, colectivos y organizaciones abogan por esta población, para hacer las siguientes recomendaciones a los Estados:

  • Crear y/o fortalecer los proyectos, programas y mecanismos necesarios para combatir la violencia y discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes de las Américas.
  • Adoptar, en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres afrodescendientes en la región, con un enfoque interseccional que tome en cuenta otros factores determinantes de sus experiencias de vida, como la orientación sexual e identidad de género.
  • Recopilar y difundir estadísticas, también bajo una mirada interseccional, sobre la presencia y situación de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en las Américas.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia.

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