3 meses del Paro Nacional en Colombia

3 meses del Paro Nacional en Colombia

Colombia, 29 de julio de 2021. El 28 de julio el país cumplió 3 meses desde el inicio del Paro Nacional. Durante este tiempo, muchas vidas se han perdido, jóvenes han sido desaparecidos y las lesiones personales de algunos y algunas serán irreversibles. Sin embargo, también han sido tres meses de esperanza; en los cuales la juventud colombiana se ha empoderado de las calles para exigir sus derechos. Pese el miedo, las amenazas y los ataques, los y las jóvenes del país han permanecido en las calles para que el gobierno les escuche.

El 28 de abril de 2021 en Colombia se convocó una gran marcha nacional para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Como resultado del descontento generalizado y ante la aguda crisis económica, social y política que atraviesa el país, a partir de esta fecha se desataron una serie de manifestaciones, marchas y plantones que se vieron opacados desde el primer momento por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y por la estigmatización de la protesta, la falta de disposición al diálogo y la negativa a realizar reformas de fondo a políticas económicas, de salud, educación, entre otras, por parte del Gobierno Nacional.

Para el primer día de manifestaciones, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos[1]. En contraste, organizaciones no gubernamentales como Temblores[2] y la Campaña Defender la Libertad[3], reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias[4].  En Cali, lugar que rápidamente se convirtió en epicentro de las protestas y donde la situación de orden público era complicada, el Gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del 01 de mayo[5], decisión que fue replicada en varios ocasiones posteriores y que evidencio su intención de dar de guerra a la protesta social[6]. A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional, en ocasiones exacerbadas por la presencia de civiles armados que atacaban a las personas en las concentraciones.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país, pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ahora se sumaba a la insatisfacción general de la población frente al nivel de violencia ejercido por agentes estatales y el alto número de casos de violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes. Al 22 de julio, la Campaña Defender la Libertad, reportó 87 homicidios ocurridos en el contexto de protestas, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y el ESMAD, 3.365  personas detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria y con serias denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, 346 personas desaparecidas, entre otros numerosos episodios[7].

Las cifras totales de víctimas durante los tres meses del paro no son unánimes. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra que “Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual” [8]. Cifra que el gobierno nacional, en cabeza de su embajadora ante Naciones Unidas, Alicia Arango, no aceptó.

La ONU[8], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] (en adelante CIDH), Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11], la Unión Europea[12], el Vaticano[13] y el Gobierno de EEUU[14], entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro hace casi un mes, y tras la campaña de varias organizaciones civiles colombianas, el 7 de mayo la CIDH anunció su intención de visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. En principio, el Gobierno colombiano negó temporalmente la solicitud, hasta que los organismos internos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) terminaran las labores de investigación. Tras un encuentro en Washington el 25 de mayo, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informaron que se permitiría la visita de trabajo a Colombia después de que se entregaran los informes por parte de las autoridades nacionales y se surtiera la audiencia convocada por la Comisión para el 29 de junio. La Presidencia, no obstante, revirtió su decisión y en la mañana del lunes 31 de mayo le propuso a la CIDH una agenda de trabajo en territorio entre el 7 y el 11 de junio.

La visita de la CIDH se dio entre el 8 y el 10 de junio, es necesario resaltar en este análisis el importante rol que ha jugado la sociedad civil y las organizaciones sociales que impulsaron y participaron activamente en la presentación de informes y casos ante la CIDH, esfuerzo conjunto del cual Raza e Igualdad nos sentimos profundamente agradecides con todas las organizaciones y colectivos con quienes pudimos participar de este momento histórico de construcción colectiva. Durante este tiempo, la Comisión visitó las ciudades de Bogotá y Cali, siendo estas el epicentro de las protestas nacionales. En esta visita, los y las delegadas de la CIDH se reunieron con el Estado y con representantes de la sociedad civil, quienes le ofrecieron diferentes informes sobre temas como violencia policial, abusos sexuales, discriminación racial, desapariciones forzosas y otros aspectos que se han dado en medio del paro nacional[16].

Luego de esta visita, la CIDH presentó una lista de observaciones y recomendaciones para el Estado colombiano. En esta lista, basada en los estándares internacionales, se señala la importancia de que se inicie un dialogo social con representación de los diferentes sectores que han parado en el país. Para esto, “la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados” [17].

Hasta la fecha, ese diálogo no sea materializado de forma efectiva y el descontento generalizado permanece presente. La criminalización de la protesta por parte de las autoridades nacionales y la presencia de civiles armados que, impunemente, han atacado a los y las marchantes han sido una constante a lo largo de los últimos tres meses en el país. Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertes violentas por día de protesta, con un estimado de un muerto por cada 36 horas, además, se encontró que al menos en 27 ciudades del país se dio el surgimiento de grupos de civiles armados. Lo cual, deja en evidencia la gravedad de la situación actual del país[18].

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado al diálogo y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. Un país respetuoso de las diferencias es la vía para la construcción de una paz estable. Lamentamos profundamente los actos de violencia que han sido realizados por parte de la Fuerza Pública y esperamos que la justicia actúe de forma imparcial para procesar a todas las personas que han vulnerado la integridad física y mental de los y las participantes del paro nacional.

En esta, nuestra primera editorial 3 meses de Paro Nacional en Colombia reflexionaremos sobre algunos aspectos que han sido parte de la agenda de país durante los últimos tres meses. Los temas que tratamos son: violencia basada en género contra las mujeres; civiles armados y militarización; población LGBTI y la violencia diferencial contra este grupo poblacional; y otras formas de violencia que se han dado en el marco del paro nacional, estas reflexiones son producto del dialogo, análisis y construcción conjunta con nuestras copartes y aliades Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Caribe Afirmativo, GAAT, la Comisión Colombiana de Juristas, Women’s Link. Desde Raza e Igualdad en Colombia, esta editorial  aporte al diálogo y a la reflexión. Nuestro compromiso siempre será con los derechos.

Las mujeres también paramos: Violencia basada en género dentro de las protestas.

Los motivos por lo que las mujeres han salido a parar son muchos: violencia basada en género, inequidad, inseguridad, entre otros, son algunas de las afectaciones que sufren las mujeres desde su cotidianidad. Las violencias directas, indirectas, estructurales y simbólicas contra las mujeres se manifiestan de diferentes formas. Entre enero y noviembre de 2020, fueron identificados, al menos 209, feminicidios[19], además, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la pandemia por el Covid-19, las violencias contra las mujeres aumentó en el país[20]. En adición, se debe mencionar que, a lo largo de más de 50 años de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como territorio de guerra por los bandos armados; según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el país se han registrado 29.189 crímenes contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres[21].

Por lo anterior, y mucho más, las mujeres en el país han salido a protestar para mayores garantías de vida digna. Sin embargo, han sido registrados casos de violencia sistematizada contra las mujeres por parte de la fuerza pública. En un informe presentado por Temblores, Indepaz y Paiis, entre el 28 de abril y 31 de mayo, fueron registrados al menos 25 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género[22]. Estas organizaciones lograron sistematizar estos hechos basándose en las siguientes categorías: i) hechos ocurridos en lugares cerrados de la Fuerza Pública; ii) las víctimas son separadas de su grupo; iii) las violencias se ejercen en grupo; iv) estas violencias se suman a otras; v) las víctimas suelen ser mujeres o personas feminizadas; vi) las víctimas tienen entre 17 y 30 años; vii) estos hechos suelen ocurrir entre las 4:00 pm y 10:00 pm[23].

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, en su informe presentando ante la CIDH en el marco de su visita al país, entre abril y junio del presente año se presentaron 113 casos de VBG, de los cuales 112 fueron ejercidos por parte del Estado y uno por parte de los manifestantes contra una mujer policía. De las víctimas, 99 fueron mujeres y 13 personas LGBTI. Entre las formas de violencia ejercida, 27 personas denunciaron ser víctimas de violencia sexual[24].

Luego de la visita realizada por la CIDH el llamado común de la sociedad civil ha sido por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas al enfoque de género. En el documento que realizó la Comisión, resaltó como una de las motivaciones que tiene la ciudadanía para protestar es la discriminación de género. Además, consideró que una de sus principales preocupaciones es la violencia basada en género en el marco de la protesta.

El apartado 3.2 del informe que entregó la CIDH se denomina “Violencia basada en género en el marco de la protesta” (p. 15 del informe). En este, resalta los múltiples tipos de violencia que han experimentado las mujeres durante el paro, resaltado el caso de la adolescente que se suicidó en la ciudad de Popayán luego de ser abusada sexualmente por agentes de la fuerza pública; la estigmatización que sufren las mujeres que protestan; los casos de abuso hacia mujeres indígenas; los 15 casos de violencia sexual interpuestas por mujeres afrodescendientes; la violencia sexual ejercida contra la población LGBTI; entre otros[25].

Ante estas denuncias, la Comisión le recordó al Estado de Colombia que debe investigar estos hechos y garantizar que las víctimas accedan a justicia y reparación. Además, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la CIDH recuerda las repercusiones negativas que puede conllevar el no accionar de la justicia, enviando un mensaje de que esta violencia es tolerada y “favorece su perpetuación” (p. 17). Además, en estos grupos poblacionales históricamente vulnerados, estas violencias no solo afectan a la víctima de forma individual, sino también a sus pueblos de origen. Lo cual, puede producir impactos negativos en su tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad[26].

Estos hechos violan una serie de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), la cual compromete a los Estados Parte a velar por la protección y equidad de las mujeres. También, se está violando la Convención de Belem Do Para, convención interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, podemos mencionar que el Estado colombiano, al permitir que la Fuerza Pública utilice la violencia sexual como forma de castigo a las manifestantes, se está incumpliendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en el país desde 1986. Lo cual, deja en evidencia que el Estado Colombiano está incumpliendo tratados internacionales para defender los derechos específicos de las mujeres.

Militarización y civiles armados ¿Hasta cuándo?

Una de las postales del paro nacional que más ha impactado a nivel nacional es internacional es, posiblemente, las imágenes de civiles armados disparando contra los manifestantes ante la mirada inerte de la Fuerza Pública. Estas imágenes han traído a colación los recuerdos del paramilitarismo en el país. Un ejemplo de lo anterior se observó el 28 de mayo en Cali, cuando civiles armados atacaron a manifestantes en Cali. Gracias a las redes sociales, estos actos criminales quedaron registrados. En dicha fecha, se estima que, según datos de la CIDH, al menos 13 personas perdieron la vida y 36 fueron heridas[27]. Por lo anterior, las Naciones Unidas han solicitado que se investigue a los policías que escoltaron a dichos civiles armados[28]. Asimismo, en esa misma fecha, en Cali, un policía de civil (CTI) asesinó a dos manifestantes y luego fue linchado.

Lo anterior, sumado a los llamados del gobierno a militarizar las ciudades donde el paro ha tenido gran impacto, dejan en evidencia un uso desproporcionado de la Fuerza Pública. En lugar de abrir espacios para el diálogo y la escucha activa de las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno ha sido catalogada como “inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente”[29]. El argumento que se da para justificar la militarización del país es evitar los bloqueos. Sin embargo, expertos en el tema han realizado llamados al diálogo en lugar a darle prioridad al uso de la violencia[30]. En momentos de alta tensión, como la que vive en la actualidad el país, donde se ha acusado a que la policía ha tomado posiciones politizadas (tal como se observa en sus redes sociales, ante los diferentes discursos que se manejan cuando hay protestas a favor o en contra del gobierno), es necesario que el gobierno se siente a hablar con los manifestantes. El discurso del enemigo interno no tiene cabida en estos momentos en que los jóvenes salen a manifestarse para reclamar un mejor futuro.

Según el informe presentado por la JEP el 1 de julio del presente año, se encontró que en al menos 27 ciudades se presentaron grupos de civiles armados que atacaron o intimidaron a los y las manifestantes. Estos grupos, además realizaron actos de vandalismo al plasmar siglas de grupos paramilitares en paredes y difundieron videos en redes sociales atacando a los y las participantes del paro [31].

Este uso desproporcionado de la fuerza pública no solo es inconstitucional, como se mencionó anteriormente, sino que viola una serie de tratados internacionales que el país ha pactado. En primer lugar, se está desconociendo la declaración universal de los derechos humanos, al Estado violentar a su ciudadanía y proteger a civiles armados. En segundo lugar, está siendo desconocida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reafirma la protección de los Derechos Humanos en el marco de la protesta pacífica. Además, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al imposibilitar y coartar la posibilidad de dar a conocer el descontento popular ante el gobierno. El Estado colombiano no puede continuar masacrando a la juventud por salir a luchar por un mejor país.

Durante las últimas semanas, y en el marco de la conmemoración del día de la independencia (20 de julio), el Estado se ha encargado de criminalizar a los marchantes, especialmente a los miembros de la primera línea. Muchos de estos han aparecido en medios de comunicación y redes sociales, siendo capturados por el simple hecho de portar elementos de autoprotección como cascos. Se estima que al menos 134 personas de la primera línea han sido capturadas [32]. Sin embargo, la justicia ha actuado de forma paquidérmica al momento de judicializar a los civiles armados.

LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI+ EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Además de las reclamaciones mayoritarias que congregan a diversos sectores sociales en el Paro Nacional de Colombia, existen peticiones específicas de las personas LGBTI+ que se refieren al estado actual de garantía de sus derechos, por lo que es usual que esta población se haga presente en protestas y plantones. El constante abuso policial hacia personas trans trabajadoras sexuales, el retraso en la implementación de políticas públicas diseñadas para las personas LGBTI+, las altas cifras de impunidad en los casos de asesinato y violencia por prejuicio, entre otras muchas exigencias, se han convertido en reivindicaciones específicas de la población LGBTI en Colombia. Como consecuencia de ello, las personas LGBTI+ también ha sufrido violencia por parte de la Fuerza Pública, tanto de manera general, como las demás personas manifestantes, como de manera particular, por prejuicio en contra de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo, se han reportado cinco (5) casos de agresiones e intimidaciones por parte de la Policía hacia personas y colectivas LGBT que participan en las movilizaciones nacionales[33]. También se han registrado casos de acosos e intimidaciones a mujeres LBT durante marchas en Barranquilla, Popayán, Buga[34], por parte de funcionarios públicos en Cajicá[35] y en Cali, se han registrado casos de discriminación y ataques contra personas Afro-LGBT por parte de particulares que participan en las manifestaciones[36].

Sobre los casos de violencia y desatención institucional por prejuicio en el marco de las movilizaciones, el pasado 21 de mayo un grupo de Policías detuvo arbitrariamente a tres jóvenes que hacían parte de las manifestaciones en Barranquilla. Ingresaron a una casa sin autorización, los capturaron, los trasladaron a una Estación de Policía, y estando ahí uno de ellos fue víctima de abuso sexual con motivo de su orientación sexual. Estos hechos ocurrieron con complicidad y aprobación de los uniformados, e incluso testimonios afirman que fueron los agentes de policía quienes alentaron a los agresores a que violentaran sexualmente al joven[37]. A pesar de interponer la denuncia penal y de los anuncios sobre la apertura de investigaciones disciplinarias, no se ha suspendido a ningún uniformado[38].

Si bien la violencia policial y las detenciones arbitrarias han sido el mayor escenario de alerta por parte de personas LGBTI+, ha habido otras formas de victimización. El día 15 de mayo de 2021, el ministro de defensa, hizo una declaración pública en el que señaló a diferentes líderes/as sociales del Cauca como responsables de la comisión de varios delitos en el marco de las protestas, incluyendo en sus declaraciones a un líder estudiantil que hace parte de la mesa de diversidad sexual de Popayán y de varios colectivos de derechos humanos[39]. Estas estigmatizaciones conllevan al señalamiento y puesta en riesgo de líderes LGBTI+ en los territorios, como en el caso de Buga, donde una organización LGBTI fue amenazada por ser parte de las manifestaciones[40]. En medio de las denuncias de asociación entre civiles armados y Fuerza Pública, también es preocupante la complicidad de la Policía con los actos de violencia por prejuicio cometidos por particulares, como en el caso ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando, aún con la presencia de varios agentes de Policía, un hombre propinó una patada y varios golpes en el rostro a una mujer trans sin ser detenido en ningún momento y sin recibir amonestación alguna[41]. Si bien esta conducta no está relacionada directamente con las actividades del Paro Nacional, si caracteriza la alta tolerancia y la reiterada complacencia de los agentes de Fuerza Pública en este tipo de situaciones en los que se violenta a las personas LGBTI+, en especial a las personas trans.

Factores como el amplio despliegue militar contra los y las manifestantes en diferentes partes del país, la impunidad en los procesos disciplinarios y penales en contra de agentes de policía por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+ así como la persistencia de discursos de discriminación en la sociedad civil alentados y respaldados por agentes estatales, constituyen factores de riesgo adicional para la comisión de actos violentos en contra de personas LGBTI+ en medio de las manifestaciones. En este sentido Raza Igualdad, en conjunto con GAAT, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entrego un informe especifico a la CIDH en el marco de su visita.

Estos escenarios de violencia reabren el debate sobre la necesidad de ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto y el alcance de la violencia institucional contra las personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la movilización social, como es el caso de las personas LGBTI+.  De igual manera, abren el debate sobre la necesidad de incorporar a los escenarios de discusión política las reivindicaciones de las personas LGBTI+ en el marco del paro nacional y la necesidad de que se abran espacios de discusión interna dentro de las movilizaciones para el replanteamiento de actitudes LGBTIfóbicas de la sociedad colombiana.

Ante estos casos denunciados, la CIDH resalta las violencias basadas en género que han sufrido las personas LGBTI, registrando al menos 13 hechos; incluyendo la denuncia interpuesta por un hombre gay en Barranquilla y las agresiones físicas y sexuales que han sufrido mujeres trans en Tunja y Pasto por la fuerza pública. Ante lo cual, recomienda que los diálogos que se implementen sean amplios e incluyan a diferentes sectores sociales, incluyendo a las personas LGBTI.

Si bien, la CIDH reconoce que es difícil determinar si la violencia contra población LGBTI está basada en prejuicio de género, exhorta al Estado colombiano que realice las averiguaciones concernientes para esclarecer estos actos. Por lo cual, recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población LGBTI pueda acceder a justicia y reparación.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLICIAL RACISTA EJERCIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Además de las muertes que ha ocasionado el uso indiscriminado del cargamento armamentístico de la Fuerza Pública, se han identificado otras formas de agresión y ataques derivados de su actuar, que han ocasionado graves lesiones a los y las manifestantes, resultando en una práctica sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

En lo que respecta al debido cuidado y garantía del derecho a la salud y la integridad personal, se ha reportado el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe del ambiente y entre a los espacios[42]. A lo largo de estos días se ha evidenciado cómo estos lanzamientos han tenido efectos nefastos y han afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la tercera edad y menores de edad[43]. De igual manera, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su máxima preocupación por los más de 140 altercados que habían sufrido para ese momento los trabajadores sanitarios y las ambulancias en el marco de las protestas en Colombia[44], esto luego de las acusaciones hechas sobre su uso por parte de la Fuerza Pública para el transporte de armamento[45].

Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. El 14 de mayo de 2021, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre, entre otras cosas, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados[46]. En dicho comunicado, también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas. Se ha registrado que, en medio de estos procedimientos de retención a manifestantes, se han aplicado una serie de medidas paralegales como golpizas y torturas, con la intención de que quienes sufren estos ataques se autoincriminen y admitan delitos que no cometieron[47]. Finalmente, es preocupante la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando[48].

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas[49], la información sistematizada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, liderazgos sociales y de comunidades, así como periodistas y activistas señalan que hay un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas[50]. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, señaló que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional, y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos[51], lo que encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas.

En adición, en el marco del paro, la Fuerza Pública ha realizado violencias direccionadas contra las poblaciones afrodescendientes. Según el informe realizado por organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez; se estima que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes. En este informe, que fue presentado a la CIDH se encontró que desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes. Por lo cual, se observa un racismo estructurado en el accionar de la fuerza pública contra la población afrodescendiente en el país[52].

En el informe presentado por la CIDH, la Comisión se muestra preocupada por las violencias ejercidas contra la población afrodescendiente del país y realiza un llamado a promover un diálogo amplio donde se incluyan estos sectores sociales y a promover el respeto y la no estigmatización. El apartado 3.3 del informe se centra en las violencias basadas en discriminación étnico racial. En este, muestra su preocupación sobre el tema y señala que, debido a la discriminación histórica y estructural, las poblaciones afrodescendientes e indígenas se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento, a ser detenidas y a sufrir abusos por parte de la fuerza pública.

La Comisión realizó una recomendación específica, centrada en la violencia basada en la discriminación étnico racial, según la cual, le recomienda al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las discriminaciones y estigmatizaciones que todavía pesen sobre grupos poblacionales a razón de su origen étnico racial.

En este sentido nos gustaría resaltar para concluir la necesidad de abordar el análisis de la violencia policial en Colombia ocurrida en el marco del Paro Nacional, teniendo en cuenta las afectaciones particulares contra mujeres, personas LGBT y población afrodescendientes desde una lectura interseccional de este uso de fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes, durante la elaboración de informes en el marco de la visita de la CIDH a Colombia, las organizaciones de la sociedad civil encontramos  y nos genera preocupación:

  1. El riesgo especifico que enfrentan las mujeres en el marco de la protesta social, así como los casos de abuso y VBG por parte de fuerza publica.
  2. La falta de información estadísticas, casos e información oficial donde se incluyan variables de diversidad sexual, genero o étnico racial;

3.El perfilamiento racial contra personas afrodescendientes e indígenas y la reproducción de discursos discriminatorios por parte del Estado que reproducen estereotipos negativos que significan además una limitación adicional en términos de acceso a la justicia para dichos grupos poblaciones.

Reiteramos nuestra recomendación al Gobierno:

1 Para garantizar el ejercicio de la protesta social;

2.Garantizar espacios de dialogo seguro que incluyan a todos los sectores que se encuentran haciendo parte del Paro Nacional.

  1. Cumplir con sus obligaciones de protección a la vida, derecho a la protesta y acceso a la justicia cumpliendo con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
  2. Disponer y asignar recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del Paro Nacional.

Notas al píe de página

[1] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[2] Temblores ONG es una organización que en el marco del paro nacional ha elaborado varios reportes de los hechos de violencia policial documentados a través de una plataforma denominada GRITA, que tiene alcance nacional.

[3] La Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[4] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[5] CNN Español, “Cronología de las protestas de 2021 en Colombia”, 10 de mayo de 2021, Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/cronologia-protestas-de-2021-en-colombia-orix/

[6] RTVE, “Duque anuncia «el máximo despliegue» de la asistencia militar en Cali, epicentro de las protestas y la violencia en Colombia, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210529/duque-anuncia-maximo-despliegue-asistencia-militar-cali-epicentro-protestas-violencia-colombia/2095700.shtml

[7] Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo #21 del Paro Nacional”, 22 de julio de 2021, Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/

[8] OHCHR. “Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S

[9] Oficina de Naciones Unidas en Colombia, “La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la protesta y el acceso a los alimentos”, 07 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp

[11]Amnistía Internacional, “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

[12] France24, “HRW repudia los «gravísimos abusos» de la Policía durante las protestas en Colombia”, 09 de junio de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210609-human-rights-watch-informe-protestas-colombia-abusos-policia

[13] France24, “Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-colombia-uso-excesivo-fuerza-cali-violencia-protestas

[14] Deutsche Welle, “Francisco llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse”, 23 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/francisco-llama-al-di%C3%A1logo-en-colombia-y-defiende-el-derecho-a-manifestarse/a-57635124

[15] La W, “EEUU pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza” 11 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/eeuu-pide-a-colombia-garantizar-protesta-e-investigar-violencia-y-abuso-de-fuerza/20210511/nota/4134036.aspx

[16] France24, “La lupa puesta sobre las protestas en Colombia: concluyó la visita de la CIDH”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210611-colombia-visita-cidh-control-violaciones-derechos-humanos

[17] CIDH, “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp#:~:text=Washington%2C%20D.C.%20%2D%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,para%20la%20superaci%C3%B3n%20de%20la

[18]RTVC, “Colombia, segundo país con más muertes en protestas: JEP”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/jep-paro-nacional-segundo-pais-muertes-violentas-protestas

[19] El Tiempo, “#NoEsHoraDeCallar El Feminicidio”, junio 22 de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/violencia-contra-la-mujer-ninas-y-mujeres-asesinadas-en-colombia-en-el-2020-550683

[20] Defensoría del Pueblo. “Pandemia agudizó violencia contra mujeres y población OSIGD”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9800/Pandemia-agudiz%C3%B3-violencia-contra-mujeres-y—poblaci%C3%B3n-OSIGD.htm

[21] Sisma Mujer. “Boletín No. 21”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/02/03/boletin-no-21-en-tiempos-de-pandemia-tampoco-es-hora-de-callar-las-violencias-contra-las-mujeres/

[22] Temblores ONG, Indepaz y PAIIS. “Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_fcdb5e676fd3458fb10a78e49a63c985.pdf

[23] Ibíd.

[24] El Espectador. “Colombia debe priorizar las recomendaciones de la CIDH con enfoque de género”, julio 14 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-debe-priorizar-las-recomendaciones-de-la-cidh-con-enfoque-de-genero/

[25] CIDH. “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

[26]Ibíd.

[27] France24. “Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210531-colombia-protestas-civiles-armados-sompra-paramilitarismo

[28] El País. “La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html

[29] DW, par. 4. “Militarización: Colombia se autobloquea”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.dw.com/es/militarizaci%C3%B3n-colombia-se-autobloquea/a-57748124

[30] CNN. “La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/02/colombia-arriesgada-tactica-gobierno-militarizacion-protestas-trax/

[31] El Espectador. “Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional”, junio 21. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/las-incognitas-que-dejaron-los-civiles-armados-del-paro-nacional/

[32] Infobae. “Autoridades han capturado a 134 integrantes de la primera línea por actos de violencia y vandalismo”, julio 20 de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/25/autoridades-han-capturado-a-134-integrantes-de-la-primera-linea-por-actos-de-violencia-y-vandalismo/

[33] Caribe Afirmativo, “Entre luchas y resistencias: Abuso policial y violencia desmedida contra personas LGBT a un mes de paro nacional”, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/entre-luchas-y-resistencias-abuso-policial-y-violencia-desmedida-contra-personas-lgbt-a-un-mes-de-paro-nacional/

[34] Ibíd.

[35] Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá, Denuncia Pública del 01 de junio de 2021, Disponible en: https://www.facebook.com/MesaComunitariaLGBTIQcajica/posts/3866741016780981

[36] Información proporcionada por la “Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad”, en los que relatan intentos de abuso sexual hacia mujeres afro-lesbianas, hostigamientos y ataques a mujeres afro-trans y expulsión de hombres afro-trans de los puntos de concentración.

[37] Caribe Afirmativo, “Durante una detención arbitraría la Policía promovió acciones violentas contra la integridad sexual de un joven gay en el marco de la protesta social en Soledad (Atlántico)”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/durante-una-detencion-arbitraria-la-policia-promovio-acciones-violentas-contra-la-integridad-sexual-de-un-joven-gay-en-el-marco-de-la-protesta-social-en-soledad-atlantico/

[38] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[39] RCN Noticias, “Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca”, 15 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca

[40] Caribe Afirmativo, “Amenazas a organización Buga LGBTI en el marco de su participación del paro nacional”, 13 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazas-a-organizacion-buga-lgbti-en-el-marco-de-su-participacion-del-paro-nacional/

[41] Infobae, “Denuncian brutal golpiza a dos mujeres en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá”, 30 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/denuncian-brutal-golpiza-a-dos-mujeres-en-la-avenida-primero-de-mayo-en-bogota/

[42] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[43] El Universal, “Denuncian agresiones del ESMAD en barrio residencial de Buga” 15 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/denuncian-agresiones-del-esmad-en-barrio-residencial-de-buga-article/

[44] Noticias ONU, “Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas en Colombia” 19 de mayo de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232

[45] RCN Radio, “Procuraduría investigará a concejal de Bogotá, por trinos que motivaron ataques contra ambulancias”, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/procuraduria-investigara-concejal-de-bogota-por-trinos-que-motivaron-ataques-contra

[46] Noticias ONU, “Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las protestas en Colombia”, 14 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962

[47] El País, “Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia”, 08 de junio de 2021, Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html

[48] El Tiempo, “Polémica por jóvenes llevados por la Policía a coliseo en Pasto”, 30 de abril de 2021, Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-jovenes-llevados-por-la-policia-a-coliseo-en-pasto-585197

[49] France 24, “Colombia: Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210525-colombia-fiscalia-129-desaparecidos-protestas

[50] Deutsche Welle, “Desaparecidos durante Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”, 27 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[51] Blu Radio, “Colombia no puede ser visto como un país que desaparece manifestantes: Marta Lucía Ramírez”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/colombia-no-puede-ser-visto-como-un-pais-que-desaparece-manifestantes-marta-lucia-ramirez

[52] Informe Afectaciones al pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021. Revisado en: http://oldrace.wp/es/colombia-es/violencia-personas-afrodescendientes-paro-nacional-colombia/

 

25 de julio: Llamado a los Estados de las Américas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora

Washington D.C., 25 de julio de 2021.– Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora luchan y resisten cada día ante el racismo sistémico y la violencia de género, situaciones que a su vez generan una serie de afectaciones y violaciones de derechos humanos en ellas y en sus entornos. Por eso, este 25 de julio que la región conmemora el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un reconocimiento a sus luchas y resistencias, y llamamos a los Estados a adoptar políticas que contribuyan a mejorar la vida de estas mujeres.

El último año ha sido muy difícil en muchos aspectos, debido principalmente al impacto del COVID-19 en las Américas. Esta pandemia ha dejado en evidencia las condiciones de desigualdad que enfrenta la población afrodescendiente, pero principalmente las mujeres afrodescendientes, aquellas que son cabezas de familia, que defienden derechos humanos, que lideran procesos sociales en sus comunidades, que ejercen cargos públicos en medio del machismo y la discriminación, o aquellas con orientación sexual e identidad de género diversas.

El Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora se conmemora cada 25 de julio desde 1992, año en que, en República Dominicana, tuvo lugar el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, que fue el punto de partida para la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer Afro y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados. Con el paso de los años, esta fecha también ha servido para elevar demandas sobre políticas públicas para reconocer, garantizar y proteger derechos a esta población.

Esta fecha adquiere mayor relevancia ya que nos encontramos en medio del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, declarado por las Naciones Unidas, y cuyo objetivo es promover la erradicación de todas las injusticias sociales que sufren las personas afrodescendientes, así como luchar contra los prejuicios y la discriminación racial, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de todos y todas.

Luchando y resistiendo desde el arte

Las luchas y resistencias de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora están en cada rincón de las Américas, y se manifiestan de diversas formas. Una de ellas es el arte, por lo que este año, Raza e Igualdad se propuso visibilizar y reconocer a mujeres de la región que, a través de diferentes expresiones artísticas, cuentan sus vivencias, visibilizan sus demandas, exigen justicia y buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

En Colombia, La Comadre es un proceso de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, que surgió al interior de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Su objetivo es hacer visible todas las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado desde el enfoque de interseccionalidad en esta población, y de esa manera exigirle al Estado el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial que den respuesta al conjunto de afectaciones que han vivido las mujeres afrocolombianas en el marco del conflicto armado.

Desde La Comadre, sus integrantes han organizado diferentes estrategias para hacer visible las luchas del pueblo negro, y especialmente las luchas de las mujeres negras, así como los aportes que han hecho para la construcción y avance del país este país, cuenta Luz Marina Becerra, presidenta de esta iniciativa. En ese sentido, una de las estrategias han sido la creación de obras de teatro. “El propósito es hacer visible todas esas problemáticas que hemos vivido como mujeres negras, especialmente la violencia sexual, y en esa medida generar conciencia, sensibilizar a la sociedad colombiana frente a todos estos daños y afectaciones que ha provocado la guerra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestros modelos de vida”, señala.

En Brasil, Virgínia Beatriz expresa su arte a través de la poesía, con la cual busca respuestas sobre su descendencia, resiste y denuncia la realidad colectiva de las mujeres afros que viven en las favelas. Beatriz es historiadora y miembro del Colectivo Resistência Lésbica da Maré, y como mujer negra y pansexual, revela que sus poemas reflejan su preocupación por el pasado de invisibilización de los negros brasileños, pero también conllevan victorias colectivas, en un intento de reconstruir las narrativas de las que fueron usurpados por la colonización.

“De esta forma, el arte tiene el poder de darnos protagonismo, de contribuir con nuestra voz y nuestro cuerpo en la lucha por nuestros derechos, ya sea en un video en internet donde esta narrativa circula a varios lugares, o en un círculo de Slam en la calle, en algún texto académico o libro de poesía, e incluso, uniendo nuestro arte en una manifestación, el protagonismo es nuestro y esta es nuestra historia”, declara el poeta slammer.

En Nicaragua, la Fundación Murales RACCS (Movimiento para la Unidad Regional del Arte Local y las Expresiones Socioculturales de la Región Autónoma del Costa Caribe Sur) trabaja para fortalecer las habilidades artísticas y las capacidades creativas bajo un método lúdico y educativo. Su co-directora, la psicóloga Gay Sterling, considera que en un contexto adverso donde prevalece la discriminación racial, “el arte del muralismo es una herramienta importante para combatir los fenómenos sociales negativos”, transmitir mensajes que ilustran las luchas y demandas de una sociedad más equitativa y justa para las mujeres afrodescendientes.

Finalmente, Sterling reafirma la cohesión y determinación de las artivistas afrodescendientes en la lucha para erradicar la discriminación: “Ya sea que pintemos, bailemos, esculpamos o hagamos artesanías, expresamos a gritos que no importa el país o la región donde vivamos, o si nos llaman afrolatinas, afrocaribeñas, afroamericanas, somos diáspora de un solo origen porque los genes no mienten”.

Como organización que defiende y protege los derechos humanos de la población afrodescendiente en varios países de las Américas, Raza e Igualdad ha venido observando y documentando las desigualdades y violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Por tal razón, aprovechamos que, en el marco del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, cientos de activistas, personalidades, colectivos y organizaciones abogan por esta población, para hacer las siguientes recomendaciones a los Estados:

  • Crear y/o fortalecer los proyectos, programas y mecanismos necesarios para combatir la violencia y discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes de las Américas.
  • Adoptar, en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres afrodescendientes en la región, con un enfoque interseccional que tome en cuenta otros factores determinantes de sus experiencias de vida, como la orientación sexual e identidad de género.
  • Recopilar y difundir estadísticas, también bajo una mirada interseccional, sobre la presencia y situación de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en las Américas.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia.

Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Washington DC, 15 de julio de 2021 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra la adopción, mediante consenso, de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1, que tiene como objetivo promover y proteger a las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza pública. La actualización de esta Resolución fue votada en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRC47, por sus siglas en inglés), en el la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre el tema, en el que instó a los Estados miembros a desmantelar el racismo sistémico y poner fin a la violencia policial. Esta actualización representa un paso histórico hacia un cambio en el escenario de la brutalidad policial contra la población afro.

La Resolución establece que debe crearse un mecanismo internacional de expertos independientes para promover cambios transformadores hacia la justicia y la igualdad racial. Este mecanismo debe estar compuesto por tres expertos con experiencia en el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, quienes serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, bajo la dirección del Alto Comisionado. Para ello, el mecanismo que se establezca debe trabajar en estrecha colaboración con expertos de órganos y tratados internacionales.

Este mismo mecanismo se encargará de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y todas las violaciones internacionales de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas y reparación de las víctimas. El mecanismo se presentará anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con el Alto Comisionado, quien también presentará un informe anual. La primera de estas comparecencias ocurrirá durante el 51 periodo de sesiones del Consejo, en junio de 2022.

Además, cabe señalar que la Resolución reconoce el legado del proceso de esclavitud, el colonialismo y el comercio transatlántico de pueblos africanos esclavizados. En este sentido, este reconocimiento coincide con la Conferencia de Durban, que este año cumple 21 años y establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, reconociendo que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de las consecuencias de la esclavitud, de la trata transatlántica de esclavos en africanos esclavizados y el colonialismo. Por tanto, ambos documentos hacen un llamado para que las antiguas potencias coloniales asuman las consecuencias del proceso de colonización, las cuales persisten hasta hoy en detrimento de la población afro alrededor del mundo.

Al presentar su informe, Bachelet reiteró que “ningún Estado ha asumido plena responsabilidad por el pasado o el impacto actual del racismo sistémico”, confirmando así la urgente necesidad de medidas para asegurar el fin de la impunidad y de las políticas discriminatorias. Por tanto, la promoción de la justicia y la igualdad racial implica la adopción de políticas reparadoras contra el racismo sistémico en las naciones occidentales afectadas por el colonialismo.

Frente a esta Resolución, también reconocemos y aplaudimos el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos que forman parte de la lucha antirracista, quienes, a través de su labor de incidencia, hicieron numerosas recomendaciones al sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, tales como el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

Hacia una agenda transformadora global

 Las implicaciones de la Resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 son el resultado de una demanda histórica de la población afro en todo el mundo. La investigación del mandato de Michelle Bachelet, en virtud de la Resolución 43/1 de 2020, proporciona recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones de derechos humanos contra la población afro. El caso de George Floyd, en Estados Unidos, sacó a la luz el debate racial versus la violencia policial a nivel mundial. Por lo tanto, investigar las respuestas violentas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos se convirtió en una respuesta urgente de los mecanismos internacionales.

Entre los pilares de las reparaciones a los pueblos africanos y afrodescendientes se encuentra el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente y métodos estandarizados para denunciar y revisar el uso de la fuerza. Además, se deben publicar datos, separados por raza y origen étnico de las víctimas, destacando el perfil racial, la causa de las muertes y lesiones graves relacionadas con el mantenimiento del orden y los enjuiciamientos y condenas posteriores.

Declaración sobre la violencia policial y política en Brasil

Con motivo del HRC47 de la ONU, Raza e Igualdad, junto a organizaciones brasileñas e internacionales de derechos humanos, denunció la actual violencia policial y política en Brasil como resultado del racismo sistémico. El descuido del gobierno brasileño ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito público y privado, pone de relieve cómo la estructura que apoya el mantenimiento de las prácticas racistas está arraigada en sus instituciones, especialmente en aquellas con las que el Estado busca imponer el orden a través de la violencia, como la institución policial.

Así, Raza e Igualdad, en alianza con el Instituto Marielle Franco (IMF), IMADR y Minority Rights [1], denunciaron la violencia policial contra la población negra en Brasil. La declaración, realizada por Anielle Franco, Directora Ejecutiva del IMF, insta a Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente e imparcial dentro de las fuerzas policiales que ayude a garantizar la rendición de cuentas y el respeto de las normas de derechos humanos, y garantice que todos los casos de uso desproporcionado de la fuerza sean investigados. En el comunicado destacaron el reciente caso Chacina do Jacarezinho, donde el uso excesivo de la fuerza policial resultó en el brutal asesinato de 25 jóvenes negros en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro; así como el caso de Kathleen Romeu, una joven afro de 24 años, que estaba embarazada cuando fue asesinada a tiros durante un operativo policial ilegal en el Complexo de Lins Vasconcelos, también una favela en Río de Janeiro.

En otra denuncia ante el Consejo de la ONU, Raza e Igualdad y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA World), se sumaron al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) [ 2], para denunciar no solo la violencia policial, sino también la violencia política que ha perseguido, deslegitimado y silenciado a la población LGBTI+ brasileña. El comunicado destacó el caso de Luana Barbosa: mujer afro, madre y lesbiana, brutalmente asesinada por la policía en 2016, cuyo caso fue mencionado en el informe de Bachelet. Además, las implicaciones del racismo sistémico atravesado por el sexismo hacen que la población LGBTI+ sea rehén no solo de la brutalidad policial, que irrespeta violentamente sus identidades de género, sino también de la agenda anti-género impulsada por el actual gobierno.

Por lo tanto, vale la pena recordar que la brutalidad de la violencia policial en Brasil afecta de manera desproporcionada a la población racializada y a personas de géneros diversos. Con la promoción de una política de seguridad del Estado orientada a la eliminación de estos cuerpos, el sistema se apoya en el racismo estructural y la LGBTIfobica y comanda claramente un proyecto necropolítico orientado a una agenda de limpieza étnico-racial que promueve el genocidio de la población afro. Hechos consumados por las autoridades públicas al faltar al respeto a la orden judicial del Tribunal Supremo Federal (STF) que restringe el operativo policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, y cuyo incumplimiento ha provocado la muerte de más de 800 personas a manos de la policía desde junio de 2020.

Respuestas de los Estados de la región

En respuesta a las denuncias, el Estado brasileño lamentó las muertes mencionadas en el informe de la Alta Comisionada, poniéndose a disposición para seguir cooperando con la ONU. Asimismo, manifestó que el sistema de justicia está investigando los casos y que tiene la intención de trabajar en respuestas sistémicas, mencionando que se propone trabajar específicamente en la educación en derechos humanos para las autoridades públicas.

El Gobierno de Colombia, por su parte, cuestionó los datos presentados sobre los asesinatos de líderes y pueblos afrocolombianos durante el Paro Nacional, exigiendo así su verificación. De esta forma, buscó deslegitimar las protestas que se produjeron, pero enfatizó que el Estado no tolera la violencia por parte de servidores públicos que violen los derechos humanos, hechos que se pueden comprobar tanto por la repercusión mediática como por las constantes denuncias de agresiones y muertes.

De esta manera, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a cooperar plenamente con el mecanismo de la ONU creado para acabar con la impunidad de la violencia estatal racializada; garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones; y confrontar las raíces del racismo. En el caso de Colombia, expresamos preocupación por la respuesta negativa del Gobierno y esperamos que las autoridades colombianas investiguen y den a conocer las violaciones de derechos humanos y los asesinatos contra defensores afrodescendientes en medio de las protestas de Paro Nacional.

En cuanto a Brasil, esperamos que el Estado continúe con las investigaciones y una política de cooperación en derechos humanos orientada a acabar con la violencia policial y la impunidad de los responsables. Enfatizamos que Brasil necesita implementar efectivamente la Convención Interamericana contra el Racismo. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear las violaciones de derechos humanos por parte de los Estados y asegurar la aplicación de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1 y el funcionamiento del mecanismo designado por el Consejo de Derechos Humanos, para que pueda trabajar junto con los procedimientos especiales para fortalecer la rendición de cuentas en la administración de justicia racial. Finslmente, entendemos que es fundamental que la ONU garantice la participación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en la formulación e implementación de las respuestas de los Estados al racismo sistémico.

[1] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3yXYcfO (disponible solo en inglés)

[2] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3r9WhC4 (disponible solo en inglés)

#SOSCuba: Raza e Igualdad exige respeto a la vida y al derecho a la protesta

Washington D.C., 12 de julio de 2021.- Ante las masivas protestas registradas desde el domingo 11 de julio de 2021 en diferentes ciudades de Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respalda estas manifestaciones que se enmarcan en los derechos de asociación y manifestación pacífica, así como en el conjunto de derechos humanos de las y los cubanos, reconocidos en su Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana.

Raza e Igualdad, por tanto, condena que –contrario a su obligación de respeto a la vida y la libertad de expresión—el Gobierno ha reaccionado reprimiendo las movilizaciones con el uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet, a lo cual se suman las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel en las que llamó a sus partidarios “a enfrentar en las calles estas manifestaciones”.

A lo largo del domingo, las protestas ciudadanas tuvieron lugar en más de 50 ciudades de la Isla, incluidas La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, San Antonio de los Baños, Camagüey, Santa Clara, Holguín, Cienfuegos y Guantánamo. Esta ola de manifestaciones, que no tienen precedentes en la historia cubana en los últimos 60 años, han sido motivadas por la profunda crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19. El pasado 8 de julio, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, confirmó que Cuba es el país del Caribe con el mayor número de casos semanales. En tanto, en los primeros 10 días de julio, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 44,546 nuevos casos y 235 decesos.

Esto se suma a una marcada escasez de alimentos y medicinas, así como a la grave restricción al ejercicio de derechos civiles y políticos, y a la persecución y hostigamiento contra activistas, artistas y periodistas independientes. Todo ello llevó a que, este domingo, miles de personas salieran a las calles a expresar sus demandas y exigir soluciones a las autoridades. No obstante, desde un inicio la Policía trató de frenar las movilizaciones y censurar a la prensa independiente que realizaba cobertura, incluyendo la violenta agresión contra el reportero de la agencia Associated Press (AP), el fotógrafo español Ramón Espinosa. Además, el Gobierno ha desplegado en las calles al grupo élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba conocido como “los boinas negras”.

Paralelo a ello, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó declaraciones en las que amenazó a las y los protestantes, señalando que “tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuesto a todo”, y calificándolos de “mercenarios” y “contrarrevolucionarios”. En tanto, el lunes –cuando circuló más información sobre la represión de parte de las autoridades—el también Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba dijo que los manifestantes “han tenido la respuesta que merecían”.

Activistas y personas defensoras de derechos humanos residentes en diferentes partes del país, compartieron con Raza e Igualdad que desde el domingo están experimentando cortes en los servicios de energía eléctrica e Internet. También refirieron que la Policía, la Seguridad del Estado y paramilitares están asediando sus casas, y que la persecución y amenazas contra opositores se ha intensificado. Mientras, la organización Cubalex, daba cuenta este lunes de una lista de 94 personas detenidas y desaparecidas, entre ellas el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Raza e Igualdad sigue con mucha preocupación las protestas en Cuba debido a la respuesta represiva del Gobierno y su afán de estigmatizar la expresión ciudadana, exponiendo a las y los manifestantes a ataques perpetrados por sus partidarios. Creemos que estas manifestaciones responden a un sentir legítimo de la población gravemente afectada por la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la situación de derechos humanos en el país. Llamamos a las autoridades a cesar la represión y a abrir canales de comunicación con las y los protestantes para conocer sus demandas y brindar respuestas oportunas y apegadas a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal, a reforzar su monitoreo sobre la situación de derechos humanos en la Isla, en aras de formular recomendaciones al Estado para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protesta y a la libertad de expresión en medio de esta nueva ola de protestas ciudadanas.

Raza e Igualdad presenta su informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”

Washington D.C., 7 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) publicó este miércoles 7 de julio de 2021 el informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas contra las personas presas políticas en el marco de sus detenciones en el contexto de las protestas sociales de abril 2018, así como durante sus procesos judiciales.

Tras las protestas sociales de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 328 personas, miles de personas exiliadas, centenares de detenciones por razones políticas y la permanencia de más de 124 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua. 

Raza e Igualdad identificó que, entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, dentro de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones. 

Cabe destacar que, de todos los procesos penales realizados, 51% concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión y 96 (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.

Por otro lado, es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos. Estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros.

La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, concluyó que “El Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad”.

Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, este informe es un gran aporte para la comunidad internacional porque visibiliza “los antecedentes políticos e institucionales, que sirvieron de base al actual deterioro que ha permitido la crisis que hoy en día presenciamos”, y además “realiza un exhaustivo análisis a las violaciones cometidas en contra de las personas presas políticas en el marco de sus detenciones y durante sus procesos judiciales, así como los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua”.

Ante esta alarmante situación de las personas presas políticas y excarceladas, Raza e Igualdad incluye en este informe una serie de recomendaciones para el Estado de Nicaragua, entre las cuales destacan:

  1. Liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
  2. Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de las personas que fueron detenidas, procesadas y excarceladas por las protestas de abril 2018; sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
  3. Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
  4. Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).

A partir de hoy, este informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace.

Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras: reparación sin precedentes para la comunidad trans en la región

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El 28 de junio de 2021, día en que se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Esta sentencia es solo la quinta en materia de derechos LGBTI+ en la región latinoamericana y la segunda sobre personas trans, representando un hito histórico para la región. La sentencia reconoce, por primera vez, que las mujeres trans y travesti están protegidas bajo la Convención Belem do Pará y, dentro de las reparaciones, la Corte IDH ordena al Estado hondureño implementar una ley de identidad de género en los próximos dos años, una reparación sin precedentes en nuestra región.

Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de derechos LGBTI+ y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2009 durante el golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda y, según algunas mujeres que acompañan a Hernández ese día, ellas se encontraban en la zona roja ejerciendo el trabajo sexual cuando fueron descubiertas por una patrulla que intentó arrestarlas. Todas corrieron en diferentes direcciones y al día siguiente Hernández apareció muerta. Su muerte se dio en un contexto de detenciones arbitrarias y otros homicidios por las manifestaciones que ocurrieron durante y después del golpe de Estado.

Entre los hechos señalados en la sentencia, la Corte retoma la valoración del perito peruano Carlos Zelada, sobre la existencia en Honduras de “un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994” y que, en medio del golpe de Estado, se vio recrudecido, particularmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. La instancia regional también señala que, desde el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTI+ en la región. Esta población, indica, continúa desprotegida e invisibilizada en las Américas.

En su sentencia, la Corte IDH brinda una mirada a la situación que enfrentaba Hernández antes de ser asesinada, pues refiere que en varias ocasiones fue víctima de ataques violentos por parte de la policía. Cita a Claudia Spellmant Sosa, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, quien explicó que muchas veces Hernández llegó al Colectivo denunciando arrestos arbitrarios y agresión física. La Corte IDH encontró al Estado responsable dado el peritaje, el contexto del golpe en el que la policía y los militares tenían un control total sobre las calles, la situación de derechos LGBTI+ en Honduras, y la discriminación y violencia ejercida por la policía contra las mujeres trans.

El Estado hondureño aceptó parcialmente su responsabilidad internacional bajo los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por las irregularidades durante el proceso investigativo. Sin embargo, la Corte IDH resaltó varios puntos importantes sobre las responsabilidades del Estado respecto a estos artículos, entre ellos la necesidad de tomar en cuenta la identidad de género de la víctima, su activismo y el posible rol de agentes estatales en su asesinato. La Corte IDH también reiteró los estándares de las sentencias Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú respecto los estereotipos de género y cómo estos afectan la objetividad de los funcionarios públicos.

Por último, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el derecho al nombre para personas trans y de diversas identidades de género. La Corte IDH reconoció “que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros”. Con este reconocimiento se abren las puertas a que más Estados garanticen el derecho a la identidad de género.

Desde Raza e Igualdad celebramos este fallo de la Corte IDH, el cual consideramos histórico porque no solo determina la responsabilidad del Estado en el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI+, sino que establece medidas de reparación que, de ser asumidas e implementadas, marcarán un importante avance y precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de esta población, tanto en Honduras como en el resto de la región.

Esperamos que la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras vs Honduras se convierta en referencia para la demanda de justicia en casos de violencia y asesinato contra personas LGBTI+ en toda la región. En el caso de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, tenemos la seguridad de que este fallo será una herramienta para sustentar patrones de violencia y discriminación contra la población LGBTI+ en los procesos de búsqueda de justicia y protección, mientras que, en el caso de los Estados, confiamos en que esta sentencia impulse la adopción de políticas y leyes específicas en beneficio de las personas LGBTI+.

Raza e Igualdad aplaude cada una de las reparaciones establecidas por la Corte IDH, especialmente las referidas a la implementación de una ley de identidad de género y la recolección de cifras sobre violencia contra personas LGBTI+ “desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica”.

Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: Raza e Igualdad promueve intercambio sur-sur en vísperas de la presentación del anteproyecto de ley de Código de Familias

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 29 de junio de 2021 el informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba”, en vísperas de que el proyecto de un nuevo Código de Familias sea presentado ante el Parlamento y, posteriormente, sometido a referendo para su aprobación. El lanzamiento se realizó en un evento virtual en el que participaron representantes de la sociedad civil independiente en la Isla y activistas de Ecuador y Costa Rica para compartir experiencias y estrategias en el reconocimiento del matrimonio igualitario en estos países.

El espacio se denominó Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: intercambio de experiencias en la región y tuvo como panelistas al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, a la periodista y activista independiente de Cuba, María Matienzo; al Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, y a la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz. La Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera, estuvo a cargo de moderar este evento.

Además de ser una demanda de la comunidad LGBTI+ en la Isla, la aprobación del matrimonio igualitario está en correspondencia con las obligaciones que el Estado cubano tiene en materia de derechos humanos, así como con la Constitución adoptada en 2019, pues esta conceptualiza el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas. En esa ocasión, se determinó que el matrimonio igualitario se haría realidad incluyéndolo en un nuevo Código de Familias que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021.

Rivera comentó que la posibilidad de un referendo para decidir sobre la aprobación de este Código, trae consigo una serie de posiciones a favor y en contra de este proceso, pues por un lado están las voces fundamentalistas que se oponen al reconocimiento de derechos de la población LGBTI+ y, por otro lado, está la misma comunidad LGBTI+ y los sectores que la apoyan, pero que critican el hecho que se tenga que recurrir a un referendo para reconocer sus derechos.

El informe

El informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba” responde a un interés de Raza e Igualdad de analizar la figura del matrimonio igualitario a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, y su objetivo es fomentar una discusión sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y sus alcances en materia de protección familiar. Además, el documento incluye una serie de recomendaciones para el Estado cubano, para los organismos internacionales y para la sociedad civil con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de la población LGBTI+ en Cuba.

Al presentar los principales hallazgos de este informe, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, señaló que “el derecho a la igualdad debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión en un referendo”. “El matrimonio igualitario se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en la Constitución cubana en los artículos 1, sobre la igualdad; 7, sobre la supremacía; 13, sobre la equidad y justicia social; 16, sobre el disfrute de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de discriminación; 41 sobre la protección a los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación, así como en el artículo 44, sobre el derecho a la igualdad y la inclusión social, entre otros”, dijo.

“El reconocimiento de las personas diversas pasa por el reconocimiento de los derechos civiles de cubanos y cubanas en general”, indicó por su parte la periodista independiente cubana María Matienzo, quien lamentó que la demanda para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ se vea limitada por el control absoluto que ejerce el Estado “en función de una ideología en la que no tienen cabida un hombre que no sea heterosexual junto a una mujer que responda a sus intereses”.

Experiencias en la región

El Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, se refirió a la normativa jurídica, tanto nacional como internacional, que sirvió como base para emprender la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario en este país, donde este derecho es una realidad desde el 8 de julio de 2019. El especialista refirió que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es muy importante para la región, porque la población LGBTI+ no cuenta con un tratado internacional que proteja de manera específica sus derechos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz, compartió la experiencia en cuanto a la campaña de información y concientización que realizaron en el marco de la demanda del matrimonio igualitario. “Es muy normal que en este avance que tienen los países nos enfrentemos a todo tipo de barreras que van desde la oposición total a cualquier tipo de avance hasta aquellos que favorecen completamente el matrimonio igualitario”, expresó.

Para Raza e Igualdad es importante crear este tipo de espacios para el intercambio de experiencias y contar con la participación de activistas de Cuba, país donde existe una grave restricción al ejercicio de derechos civiles y donde la lucha por el reconocimiento de derechos para grupos como la población LGBTI+ se ve opacada por el autoritarismo del Gobierno.

A la luz de las experiencias de Ecuador y Costa Rica, esperamos que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sea utilizada por la sociedad civil de otros países de la región como una herramienta para la demanda del reconocimiento y garantía de derechos de las personas LGBTI+. En el marco de la discusión y aprobación del Código de las Familias en Cuba, exhortamos al Estado cubano a proceder en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos, para el cumplimiento pleno del derecho a la igualdad y no discriminación.

Raza e Igualdad lanza informe para visibilizar a la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana y contribuir al reconocimiento de sus derechos

Washington D.C., 30 de junio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 30 de junio de 2021 el informe La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, con el objetivo de contribuir a visibilizar la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad por su raza, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad o expresión de género, así como para contribuir en la adopción de políticas públicas para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Este informe es el resultado de la sistematización de información realizada por Raza e Igualdad con base en reportes presentados por seis organizaciones aliadas: Instituto Transformar Shelida Ayana y Rede Afro LGBT, de Brasil; Somos Identidad, Fundación Arco Iris de Tumaco y Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.), de Colombia; Ashanti, de Perú, y Trans Siempre Amigas (TRANSSA), de República Dominicana.

“Con este informe buscamos generar una conversación dentro de los movimientos LGBTI+ y Afro y visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas Afro-LGBT. Tenemos que hablar del racismo dentro de la comunidad LGBTI+ y de la LGBTIfobia dentro del movimiento Afro. No solo se puede hablar de ser inclusivos, tenemos que demostrarlo y eso empieza teniendo estas conversaciones”, señaló la Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera.

Para Narciso Torres, coordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la C.N.O.A., un aspecto importante de este informe es que brinda un panorama detallado sobre la violencia y discriminación que sufre la población Afro-LGBT, lo cual conlleva a la toma de conciencia de esta situación y a que, tanto los Estados como la sociedad civil, tomen acciones para combatir y prevenir estos atropellos. “Además, (ayuda) a mantener una esperanza en la transformación de la convivencia entre todas, todos y todes”, dijo.

Sandra Milena Arizabaleta “Sami”, directora de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad), afirmó que además de la visibilización de la realidad que viven las personas Afro-LGBT, el informe apunta a la creación y aplicación de políticas públicas que respondan a sus demandas. “Esperamos que este informe sea conocido y apropiado por los gobiernos, y se convierta en políticas de Estado”, expresó.

“Este informe nos permite, a partir de sus datos, crear un diálogo con los sectores gubernamentales, legislativo y jurídico sobre la condición de la población Afro LGBTI+ brasileña, provocar en las comisiones de derechos humanos del Congreso la necesidad de actuar ante los factores planteados y presentar solicitudes a organismos internacionales cuando no obtengamos respuesta del Estado a nuestras demandas”, compartió por su parte Janaina Oliveira, de la Rede Afro LGBT.

Sobre la experiencia de realizar el reporte de Brasil para este informe, Eduardo Castro, del Instituto Transformar, indicó que desde su organización pudieron conocer y acercarse a diferentes realidades de mujeres trans afro y cariocas (personas nacidas en Río de Janeiro). “Si bien el núcleo de integrantes está formado en su mayoría por personas trans y travestis afro, la singularidad de cada experiencia, las especificidades regionales, las negociaciones narradas por los sujetos y que involucraron a actores como el tráfico, la policía, agentes de salud o incluso los compañeros universitarios, marcaron la diversidad de estas experiencias”, señaló.

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, a la sociedad civil y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, todas encaminadas a proteger y promover los derechos de la población Afro-LGBT de la región. Entre las recomendaciones realizadas a los Estados, están:

  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia.
  • Adoptar medidas para la recopilación desagregada de datos sobre la población de acuerdo a su pertenencia étnica y a su orientación sexual e identidad de género.
  • Crear nuevos mecanismos de participación y fortalecer los ya existentes, para que las personas Afro-LGBT participen activamente en el diseño e implementación de las políticas públicas que les conciernen directamente.

A partir de hoy, el informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf 

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y  licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

  • Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
  • Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
  • Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
  • Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Elecciones 2021 del CERD: necesidad de una mayor diversidad geográfica y competitividad en el futuro

Ginebra, Suiza. 24 de junio de 2021.– Hoy, los 182 Estados Partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) fueron invitados a votar para nombrar a la mitad de los miembros del Comité de la ONU (CERD) que funciona como guardián de esa Convención. Los Estados eligieron a 4 nuevos expertos y reeligieron a 5 miembros que ya formaban parte del Comité, entre un grupo de 11 candidatos.

Los nuevos miembros incluyen al Sr. Michał Balcerzak (Polonia), la Sra. Régine Esseneme (Camerún), la Sra. Gay McDougall (Estados Unidos) y la Sra. Mazalo Tebie (Togo).

Se unirán a 5 expertos, cuyos mandatos como miembros del CERD estaban llegando a su fin, y que han sido reelegidos por otro período de cuatro años: el Sr. Nourredine Amir (Argelia), la Sra. Chinsung Chung (República de Corea), el Sr. Bakari Sidiki Diaby (Côte d’Ivoire), el Sr. Gün Kut (Turquía), el Sr. Yeung Kam John Yeung Sik Yuen (Mauricio), así como los otros nueve miembros del Comité, cuyo mandato expirará en 2024[1].

Minority Rights Group International (MRG), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Movimiento Internacional contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR), felicitan a los miembros recién elegidos del CERD y a los que fueron reelectos.

Tras el hito histórico alcanzado en las últimas elecciones[2], nuestras organizaciones acogen con satisfacción la continuación de la paridad de género en el Comité tras la elección de hoy. De hecho, con la elección/reelección de 4 mujeres, la mitad de los puestos del Comité estarán ocupados por mujeres a partir del próximo año. Afirmamos que la diversidad de género en los miembros del CERD es fundamental para la calidad de su trabajo y su legitimidad. Exhortamos al Comité recién compuesto a que amplíe y fortalezca los esfuerzos del CERD para abordar la interseccionalidad del racismo y la discriminación racial con la discriminación basada en el género, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros motivos de formas de discriminación múltiples e interrelacionadas.

Sin embargo, por el contrario, lamentamos que aún no se haya logrado una distribución geográfica equitativa entre los miembros del CERD. Ningún Estado de la región de América Latina y el Caribe nominó candidatos para las elecciones de este año, lo que la convertirá en la segunda región menos representada a partir de 2022. Europa oriental sigue estando menos representada con un solo miembro. Por otro lado, la representación de la región africana aumentará del 33% al 44% a partir del próximo año. Recordamos que el artículo 8.1 de la Convención y la resolución 68/268[3] de la Asamblea General alientan a los Estados Partes a garantizar una distribución geográfica equitativa de los miembros del Comité. La situación de la discriminación racial es única en cada país y región, y la representación regional equilibrada entre los miembros es fundamental para el Comité como órgano de supervisión mundial.

Además, nuestras organizaciones están profundamente preocupadas porque este año se registró el menor número de nominaciones de candidatos por parte de los Estados Partes en los últimos 10 años[4]. Un proceso de elección verdaderamente competitivo es clave para promover la calidad, la independencia y la diversidad de la membresía del Comité. Animamos fuertemente a los Estados Partes a que contribuyan a un grupo numeroso y sólido de candidatos mediante la nominación de expertos en derechos humanos de alta moralidad que tengan reconocida competencia y experiencia en el ámbito cubierto por la Convención y que sean independientes, de conformidad con la resolución 68/268 de la Asamblea General. y artículo 8.1 de la Convención. Casi 100 Estados han recibido la recomendación del EPU de “[a] adoptar un proceso de selección abierto y basado en el mérito al seleccionar candidatos nacionales para las elecciones al Órgano de Tratado de la ONU”[5], y la mayoría apoyó esta recomendación. Además, el Secretario General de la ONU recomendó la creación de procesos nacionales de selección competitiva para la nominación de expertos al Comité y/u otros procesos de selección independientes[6]. Instamos a los Estados Partes a nominar candidatos mediante esos procesos para futuras elecciones.

En un esfuerzo por promover un proceso de elección del CERD transparente y basado en el mérito, nuestras tres organizaciones distribuyeron un cuestionario a todos los candidatos con respecto a sus antecedentes, experiencia relevante y visión de su trabajo futuro como miembros del Comité. Las respuestas recibidas luego se publicaron en un sitio web específico: www.untbelections.org, y se compartieron con los Estados partes dos meses antes de las elecciones para ayudarlos a conocer las calificaciones de los respectivos candidatos e informar sus decisiones.

Nuestras tres organizaciones mantienen su compromiso de contribuir a los esfuerzos para fortalecer el trabajo del CERD, el principal guardián de las normas internacionales de derechos humanos contra la discriminación racial. Ahora más que nunca, el CERD tiene un papel crucial que desempeñar para participar en los desarrollos normativos y llamar la atención a los Estados por sus fallas en eliminar los a menudo persistentes patrones de discriminación y violencia que afectan a las personas pertenecientes a comunidades racializadas, como las personas afrodescendientes, las minorías, personas discriminadas por motivos de casta o ascendencia, pueblos indígenas, apátridas, migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.

Antecedentes:

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes.

Los miembros son elegidos por un período de 4 años por los Estados Partes de entre sus nacionales, teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos, de conformidad con el artículo 8 de la ICERD.

Las elecciones se llevan a cabo cada 2 años en una reunión de los Estados Partes que se lleva a cabo en la sede de la ONU en Nueva York.

Los miembros recién elegidos comenzarán su mandato en enero de 2022 y sus mandatos expirarán en enero de 2026.

 1 Sra. Ali Al-Misnad (Qatar), Sr. Guisse (Senegal), Sra. Li (China), Sr. Rayess (Mauritania), Sr. Payandeh (Alemania), Sra. Shepherd (Jamaica), Sra. Stavrinaki (Grecia), Sra. Tlakula (Sudáfrica), Sr. Vega Luna (Perú)

2 https://imadr.org/joint-communique-cerd-election-2019/

3 https://undocs.org/A/RES/68/268

4 El número de candidatos propuestos desde 2011: 16 (3 retirados) en 2011; 17 (1 retirado) en 2013; 13 (1 retirado) en 2015; 16 (1 retirado) en 2017; y 16 (2 retirados) en 2019.

5 Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Chipre, República Checa, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gabón, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras , India, Indonesia, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, República del Congo, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Marino, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tonga, Túnez, Tuvalu, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu.

6 A/74/643, párrafo 71

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