Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Washington DC, 15 de julio de 2021 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra la adopción, mediante consenso, de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1, que tiene como objetivo promover y proteger a las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza pública. La actualización de esta Resolución fue votada en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRC47, por sus siglas en inglés), en el la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre el tema, en el que instó a los Estados miembros a desmantelar el racismo sistémico y poner fin a la violencia policial. Esta actualización representa un paso histórico hacia un cambio en el escenario de la brutalidad policial contra la población afro.

La Resolución establece que debe crearse un mecanismo internacional de expertos independientes para promover cambios transformadores hacia la justicia y la igualdad racial. Este mecanismo debe estar compuesto por tres expertos con experiencia en el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, quienes serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, bajo la dirección del Alto Comisionado. Para ello, el mecanismo que se establezca debe trabajar en estrecha colaboración con expertos de órganos y tratados internacionales.

Este mismo mecanismo se encargará de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y todas las violaciones internacionales de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas y reparación de las víctimas. El mecanismo se presentará anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con el Alto Comisionado, quien también presentará un informe anual. La primera de estas comparecencias ocurrirá durante el 51 periodo de sesiones del Consejo, en junio de 2022.

Además, cabe señalar que la Resolución reconoce el legado del proceso de esclavitud, el colonialismo y el comercio transatlántico de pueblos africanos esclavizados. En este sentido, este reconocimiento coincide con la Conferencia de Durban, que este año cumple 21 años y establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, reconociendo que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de las consecuencias de la esclavitud, de la trata transatlántica de esclavos en africanos esclavizados y el colonialismo. Por tanto, ambos documentos hacen un llamado para que las antiguas potencias coloniales asuman las consecuencias del proceso de colonización, las cuales persisten hasta hoy en detrimento de la población afro alrededor del mundo.

Al presentar su informe, Bachelet reiteró que “ningún Estado ha asumido plena responsabilidad por el pasado o el impacto actual del racismo sistémico”, confirmando así la urgente necesidad de medidas para asegurar el fin de la impunidad y de las políticas discriminatorias. Por tanto, la promoción de la justicia y la igualdad racial implica la adopción de políticas reparadoras contra el racismo sistémico en las naciones occidentales afectadas por el colonialismo.

Frente a esta Resolución, también reconocemos y aplaudimos el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos que forman parte de la lucha antirracista, quienes, a través de su labor de incidencia, hicieron numerosas recomendaciones al sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, tales como el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

Hacia una agenda transformadora global

 Las implicaciones de la Resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 son el resultado de una demanda histórica de la población afro en todo el mundo. La investigación del mandato de Michelle Bachelet, en virtud de la Resolución 43/1 de 2020, proporciona recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones de derechos humanos contra la población afro. El caso de George Floyd, en Estados Unidos, sacó a la luz el debate racial versus la violencia policial a nivel mundial. Por lo tanto, investigar las respuestas violentas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos se convirtió en una respuesta urgente de los mecanismos internacionales.

Entre los pilares de las reparaciones a los pueblos africanos y afrodescendientes se encuentra el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente y métodos estandarizados para denunciar y revisar el uso de la fuerza. Además, se deben publicar datos, separados por raza y origen étnico de las víctimas, destacando el perfil racial, la causa de las muertes y lesiones graves relacionadas con el mantenimiento del orden y los enjuiciamientos y condenas posteriores.

Declaración sobre la violencia policial y política en Brasil

Con motivo del HRC47 de la ONU, Raza e Igualdad, junto a organizaciones brasileñas e internacionales de derechos humanos, denunció la actual violencia policial y política en Brasil como resultado del racismo sistémico. El descuido del gobierno brasileño ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito público y privado, pone de relieve cómo la estructura que apoya el mantenimiento de las prácticas racistas está arraigada en sus instituciones, especialmente en aquellas con las que el Estado busca imponer el orden a través de la violencia, como la institución policial.

Así, Raza e Igualdad, en alianza con el Instituto Marielle Franco (IMF), IMADR y Minority Rights [1], denunciaron la violencia policial contra la población negra en Brasil. La declaración, realizada por Anielle Franco, Directora Ejecutiva del IMF, insta a Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente e imparcial dentro de las fuerzas policiales que ayude a garantizar la rendición de cuentas y el respeto de las normas de derechos humanos, y garantice que todos los casos de uso desproporcionado de la fuerza sean investigados. En el comunicado destacaron el reciente caso Chacina do Jacarezinho, donde el uso excesivo de la fuerza policial resultó en el brutal asesinato de 25 jóvenes negros en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro; así como el caso de Kathleen Romeu, una joven afro de 24 años, que estaba embarazada cuando fue asesinada a tiros durante un operativo policial ilegal en el Complexo de Lins Vasconcelos, también una favela en Río de Janeiro.

En otra denuncia ante el Consejo de la ONU, Raza e Igualdad y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA World), se sumaron al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) [ 2], para denunciar no solo la violencia policial, sino también la violencia política que ha perseguido, deslegitimado y silenciado a la población LGBTI+ brasileña. El comunicado destacó el caso de Luana Barbosa: mujer afro, madre y lesbiana, brutalmente asesinada por la policía en 2016, cuyo caso fue mencionado en el informe de Bachelet. Además, las implicaciones del racismo sistémico atravesado por el sexismo hacen que la población LGBTI+ sea rehén no solo de la brutalidad policial, que irrespeta violentamente sus identidades de género, sino también de la agenda anti-género impulsada por el actual gobierno.

Por lo tanto, vale la pena recordar que la brutalidad de la violencia policial en Brasil afecta de manera desproporcionada a la población racializada y a personas de géneros diversos. Con la promoción de una política de seguridad del Estado orientada a la eliminación de estos cuerpos, el sistema se apoya en el racismo estructural y la LGBTIfobica y comanda claramente un proyecto necropolítico orientado a una agenda de limpieza étnico-racial que promueve el genocidio de la población afro. Hechos consumados por las autoridades públicas al faltar al respeto a la orden judicial del Tribunal Supremo Federal (STF) que restringe el operativo policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, y cuyo incumplimiento ha provocado la muerte de más de 800 personas a manos de la policía desde junio de 2020.

Respuestas de los Estados de la región

En respuesta a las denuncias, el Estado brasileño lamentó las muertes mencionadas en el informe de la Alta Comisionada, poniéndose a disposición para seguir cooperando con la ONU. Asimismo, manifestó que el sistema de justicia está investigando los casos y que tiene la intención de trabajar en respuestas sistémicas, mencionando que se propone trabajar específicamente en la educación en derechos humanos para las autoridades públicas.

El Gobierno de Colombia, por su parte, cuestionó los datos presentados sobre los asesinatos de líderes y pueblos afrocolombianos durante el Paro Nacional, exigiendo así su verificación. De esta forma, buscó deslegitimar las protestas que se produjeron, pero enfatizó que el Estado no tolera la violencia por parte de servidores públicos que violen los derechos humanos, hechos que se pueden comprobar tanto por la repercusión mediática como por las constantes denuncias de agresiones y muertes.

De esta manera, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a cooperar plenamente con el mecanismo de la ONU creado para acabar con la impunidad de la violencia estatal racializada; garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones; y confrontar las raíces del racismo. En el caso de Colombia, expresamos preocupación por la respuesta negativa del Gobierno y esperamos que las autoridades colombianas investiguen y den a conocer las violaciones de derechos humanos y los asesinatos contra defensores afrodescendientes en medio de las protestas de Paro Nacional.

En cuanto a Brasil, esperamos que el Estado continúe con las investigaciones y una política de cooperación en derechos humanos orientada a acabar con la violencia policial y la impunidad de los responsables. Enfatizamos que Brasil necesita implementar efectivamente la Convención Interamericana contra el Racismo. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear las violaciones de derechos humanos por parte de los Estados y asegurar la aplicación de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1 y el funcionamiento del mecanismo designado por el Consejo de Derechos Humanos, para que pueda trabajar junto con los procedimientos especiales para fortalecer la rendición de cuentas en la administración de justicia racial. Finslmente, entendemos que es fundamental que la ONU garantice la participación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en la formulación e implementación de las respuestas de los Estados al racismo sistémico.

[1] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3yXYcfO (disponible solo en inglés)

[2] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3r9WhC4 (disponible solo en inglés)

#SOSCuba: Raza e Igualdad exige respeto a la vida y al derecho a la protesta

Washington D.C., 12 de julio de 2021.- Ante las masivas protestas registradas desde el domingo 11 de julio de 2021 en diferentes ciudades de Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respalda estas manifestaciones que se enmarcan en los derechos de asociación y manifestación pacífica, así como en el conjunto de derechos humanos de las y los cubanos, reconocidos en su Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana.

Raza e Igualdad, por tanto, condena que –contrario a su obligación de respeto a la vida y la libertad de expresión—el Gobierno ha reaccionado reprimiendo las movilizaciones con el uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet, a lo cual se suman las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel en las que llamó a sus partidarios “a enfrentar en las calles estas manifestaciones”.

A lo largo del domingo, las protestas ciudadanas tuvieron lugar en más de 50 ciudades de la Isla, incluidas La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, San Antonio de los Baños, Camagüey, Santa Clara, Holguín, Cienfuegos y Guantánamo. Esta ola de manifestaciones, que no tienen precedentes en la historia cubana en los últimos 60 años, han sido motivadas por la profunda crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19. El pasado 8 de julio, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, confirmó que Cuba es el país del Caribe con el mayor número de casos semanales. En tanto, en los primeros 10 días de julio, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 44,546 nuevos casos y 235 decesos.

Esto se suma a una marcada escasez de alimentos y medicinas, así como a la grave restricción al ejercicio de derechos civiles y políticos, y a la persecución y hostigamiento contra activistas, artistas y periodistas independientes. Todo ello llevó a que, este domingo, miles de personas salieran a las calles a expresar sus demandas y exigir soluciones a las autoridades. No obstante, desde un inicio la Policía trató de frenar las movilizaciones y censurar a la prensa independiente que realizaba cobertura, incluyendo la violenta agresión contra el reportero de la agencia Associated Press (AP), el fotógrafo español Ramón Espinosa. Además, el Gobierno ha desplegado en las calles al grupo élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba conocido como “los boinas negras”.

Paralelo a ello, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó declaraciones en las que amenazó a las y los protestantes, señalando que “tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuesto a todo”, y calificándolos de “mercenarios” y “contrarrevolucionarios”. En tanto, el lunes –cuando circuló más información sobre la represión de parte de las autoridades—el también Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba dijo que los manifestantes “han tenido la respuesta que merecían”.

Activistas y personas defensoras de derechos humanos residentes en diferentes partes del país, compartieron con Raza e Igualdad que desde el domingo están experimentando cortes en los servicios de energía eléctrica e Internet. También refirieron que la Policía, la Seguridad del Estado y paramilitares están asediando sus casas, y que la persecución y amenazas contra opositores se ha intensificado. Mientras, la organización Cubalex, daba cuenta este lunes de una lista de 94 personas detenidas y desaparecidas, entre ellas el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Raza e Igualdad sigue con mucha preocupación las protestas en Cuba debido a la respuesta represiva del Gobierno y su afán de estigmatizar la expresión ciudadana, exponiendo a las y los manifestantes a ataques perpetrados por sus partidarios. Creemos que estas manifestaciones responden a un sentir legítimo de la población gravemente afectada por la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la situación de derechos humanos en el país. Llamamos a las autoridades a cesar la represión y a abrir canales de comunicación con las y los protestantes para conocer sus demandas y brindar respuestas oportunas y apegadas a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal, a reforzar su monitoreo sobre la situación de derechos humanos en la Isla, en aras de formular recomendaciones al Estado para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protesta y a la libertad de expresión en medio de esta nueva ola de protestas ciudadanas.

Raza e Igualdad presenta su informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”

Washington D.C., 7 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) publicó este miércoles 7 de julio de 2021 el informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas contra las personas presas políticas en el marco de sus detenciones en el contexto de las protestas sociales de abril 2018, así como durante sus procesos judiciales.

Tras las protestas sociales de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 328 personas, miles de personas exiliadas, centenares de detenciones por razones políticas y la permanencia de más de 124 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua. 

Raza e Igualdad identificó que, entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, dentro de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones. 

Cabe destacar que, de todos los procesos penales realizados, 51% concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión y 96 (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.

Por otro lado, es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos. Estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros.

La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, concluyó que “El Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad”.

Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, este informe es un gran aporte para la comunidad internacional porque visibiliza “los antecedentes políticos e institucionales, que sirvieron de base al actual deterioro que ha permitido la crisis que hoy en día presenciamos”, y además “realiza un exhaustivo análisis a las violaciones cometidas en contra de las personas presas políticas en el marco de sus detenciones y durante sus procesos judiciales, así como los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua”.

Ante esta alarmante situación de las personas presas políticas y excarceladas, Raza e Igualdad incluye en este informe una serie de recomendaciones para el Estado de Nicaragua, entre las cuales destacan:

  1. Liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
  2. Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de las personas que fueron detenidas, procesadas y excarceladas por las protestas de abril 2018; sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
  3. Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
  4. Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).

A partir de hoy, este informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace.

Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras: reparación sin precedentes para la comunidad trans en la región

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El 28 de junio de 2021, día en que se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Esta sentencia es solo la quinta en materia de derechos LGBTI+ en la región latinoamericana y la segunda sobre personas trans, representando un hito histórico para la región. La sentencia reconoce, por primera vez, que las mujeres trans y travesti están protegidas bajo la Convención Belem do Pará y, dentro de las reparaciones, la Corte IDH ordena al Estado hondureño implementar una ley de identidad de género en los próximos dos años, una reparación sin precedentes en nuestra región.

Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de derechos LGBTI+ y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2009 durante el golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda y, según algunas mujeres que acompañan a Hernández ese día, ellas se encontraban en la zona roja ejerciendo el trabajo sexual cuando fueron descubiertas por una patrulla que intentó arrestarlas. Todas corrieron en diferentes direcciones y al día siguiente Hernández apareció muerta. Su muerte se dio en un contexto de detenciones arbitrarias y otros homicidios por las manifestaciones que ocurrieron durante y después del golpe de Estado.

Entre los hechos señalados en la sentencia, la Corte retoma la valoración del perito peruano Carlos Zelada, sobre la existencia en Honduras de “un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994” y que, en medio del golpe de Estado, se vio recrudecido, particularmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. La instancia regional también señala que, desde el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTI+ en la región. Esta población, indica, continúa desprotegida e invisibilizada en las Américas.

En su sentencia, la Corte IDH brinda una mirada a la situación que enfrentaba Hernández antes de ser asesinada, pues refiere que en varias ocasiones fue víctima de ataques violentos por parte de la policía. Cita a Claudia Spellmant Sosa, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, quien explicó que muchas veces Hernández llegó al Colectivo denunciando arrestos arbitrarios y agresión física. La Corte IDH encontró al Estado responsable dado el peritaje, el contexto del golpe en el que la policía y los militares tenían un control total sobre las calles, la situación de derechos LGBTI+ en Honduras, y la discriminación y violencia ejercida por la policía contra las mujeres trans.

El Estado hondureño aceptó parcialmente su responsabilidad internacional bajo los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por las irregularidades durante el proceso investigativo. Sin embargo, la Corte IDH resaltó varios puntos importantes sobre las responsabilidades del Estado respecto a estos artículos, entre ellos la necesidad de tomar en cuenta la identidad de género de la víctima, su activismo y el posible rol de agentes estatales en su asesinato. La Corte IDH también reiteró los estándares de las sentencias Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú respecto los estereotipos de género y cómo estos afectan la objetividad de los funcionarios públicos.

Por último, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el derecho al nombre para personas trans y de diversas identidades de género. La Corte IDH reconoció “que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros”. Con este reconocimiento se abren las puertas a que más Estados garanticen el derecho a la identidad de género.

Desde Raza e Igualdad celebramos este fallo de la Corte IDH, el cual consideramos histórico porque no solo determina la responsabilidad del Estado en el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI+, sino que establece medidas de reparación que, de ser asumidas e implementadas, marcarán un importante avance y precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de esta población, tanto en Honduras como en el resto de la región.

Esperamos que la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras vs Honduras se convierta en referencia para la demanda de justicia en casos de violencia y asesinato contra personas LGBTI+ en toda la región. En el caso de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, tenemos la seguridad de que este fallo será una herramienta para sustentar patrones de violencia y discriminación contra la población LGBTI+ en los procesos de búsqueda de justicia y protección, mientras que, en el caso de los Estados, confiamos en que esta sentencia impulse la adopción de políticas y leyes específicas en beneficio de las personas LGBTI+.

Raza e Igualdad aplaude cada una de las reparaciones establecidas por la Corte IDH, especialmente las referidas a la implementación de una ley de identidad de género y la recolección de cifras sobre violencia contra personas LGBTI+ “desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica”.

Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: Raza e Igualdad promueve intercambio sur-sur en vísperas de la presentación del anteproyecto de ley de Código de Familias

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 29 de junio de 2021 el informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba”, en vísperas de que el proyecto de un nuevo Código de Familias sea presentado ante el Parlamento y, posteriormente, sometido a referendo para su aprobación. El lanzamiento se realizó en un evento virtual en el que participaron representantes de la sociedad civil independiente en la Isla y activistas de Ecuador y Costa Rica para compartir experiencias y estrategias en el reconocimiento del matrimonio igualitario en estos países.

El espacio se denominó Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: intercambio de experiencias en la región y tuvo como panelistas al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, a la periodista y activista independiente de Cuba, María Matienzo; al Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, y a la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz. La Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera, estuvo a cargo de moderar este evento.

Además de ser una demanda de la comunidad LGBTI+ en la Isla, la aprobación del matrimonio igualitario está en correspondencia con las obligaciones que el Estado cubano tiene en materia de derechos humanos, así como con la Constitución adoptada en 2019, pues esta conceptualiza el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas. En esa ocasión, se determinó que el matrimonio igualitario se haría realidad incluyéndolo en un nuevo Código de Familias que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021.

Rivera comentó que la posibilidad de un referendo para decidir sobre la aprobación de este Código, trae consigo una serie de posiciones a favor y en contra de este proceso, pues por un lado están las voces fundamentalistas que se oponen al reconocimiento de derechos de la población LGBTI+ y, por otro lado, está la misma comunidad LGBTI+ y los sectores que la apoyan, pero que critican el hecho que se tenga que recurrir a un referendo para reconocer sus derechos.

El informe

El informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba” responde a un interés de Raza e Igualdad de analizar la figura del matrimonio igualitario a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, y su objetivo es fomentar una discusión sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y sus alcances en materia de protección familiar. Además, el documento incluye una serie de recomendaciones para el Estado cubano, para los organismos internacionales y para la sociedad civil con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de la población LGBTI+ en Cuba.

Al presentar los principales hallazgos de este informe, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, señaló que “el derecho a la igualdad debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión en un referendo”. “El matrimonio igualitario se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en la Constitución cubana en los artículos 1, sobre la igualdad; 7, sobre la supremacía; 13, sobre la equidad y justicia social; 16, sobre el disfrute de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de discriminación; 41 sobre la protección a los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación, así como en el artículo 44, sobre el derecho a la igualdad y la inclusión social, entre otros”, dijo.

“El reconocimiento de las personas diversas pasa por el reconocimiento de los derechos civiles de cubanos y cubanas en general”, indicó por su parte la periodista independiente cubana María Matienzo, quien lamentó que la demanda para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ se vea limitada por el control absoluto que ejerce el Estado “en función de una ideología en la que no tienen cabida un hombre que no sea heterosexual junto a una mujer que responda a sus intereses”.

Experiencias en la región

El Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, se refirió a la normativa jurídica, tanto nacional como internacional, que sirvió como base para emprender la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario en este país, donde este derecho es una realidad desde el 8 de julio de 2019. El especialista refirió que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es muy importante para la región, porque la población LGBTI+ no cuenta con un tratado internacional que proteja de manera específica sus derechos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz, compartió la experiencia en cuanto a la campaña de información y concientización que realizaron en el marco de la demanda del matrimonio igualitario. “Es muy normal que en este avance que tienen los países nos enfrentemos a todo tipo de barreras que van desde la oposición total a cualquier tipo de avance hasta aquellos que favorecen completamente el matrimonio igualitario”, expresó.

Para Raza e Igualdad es importante crear este tipo de espacios para el intercambio de experiencias y contar con la participación de activistas de Cuba, país donde existe una grave restricción al ejercicio de derechos civiles y donde la lucha por el reconocimiento de derechos para grupos como la población LGBTI+ se ve opacada por el autoritarismo del Gobierno.

A la luz de las experiencias de Ecuador y Costa Rica, esperamos que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sea utilizada por la sociedad civil de otros países de la región como una herramienta para la demanda del reconocimiento y garantía de derechos de las personas LGBTI+. En el marco de la discusión y aprobación del Código de las Familias en Cuba, exhortamos al Estado cubano a proceder en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos, para el cumplimiento pleno del derecho a la igualdad y no discriminación.

Raza e Igualdad lanza informe para visibilizar a la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana y contribuir al reconocimiento de sus derechos

Washington D.C., 30 de junio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 30 de junio de 2021 el informe La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, con el objetivo de contribuir a visibilizar la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad por su raza, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad o expresión de género, así como para contribuir en la adopción de políticas públicas para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Este informe es el resultado de la sistematización de información realizada por Raza e Igualdad con base en reportes presentados por seis organizaciones aliadas: Instituto Transformar Shelida Ayana y Rede Afro LGBT, de Brasil; Somos Identidad, Fundación Arco Iris de Tumaco y Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.), de Colombia; Ashanti, de Perú, y Trans Siempre Amigas (TRANSSA), de República Dominicana.

“Con este informe buscamos generar una conversación dentro de los movimientos LGBTI+ y Afro y visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas Afro-LGBT. Tenemos que hablar del racismo dentro de la comunidad LGBTI+ y de la LGBTIfobia dentro del movimiento Afro. No solo se puede hablar de ser inclusivos, tenemos que demostrarlo y eso empieza teniendo estas conversaciones”, señaló la Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera.

Para Narciso Torres, coordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la C.N.O.A., un aspecto importante de este informe es que brinda un panorama detallado sobre la violencia y discriminación que sufre la población Afro-LGBT, lo cual conlleva a la toma de conciencia de esta situación y a que, tanto los Estados como la sociedad civil, tomen acciones para combatir y prevenir estos atropellos. “Además, (ayuda) a mantener una esperanza en la transformación de la convivencia entre todas, todos y todes”, dijo.

Sandra Milena Arizabaleta “Sami”, directora de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad), afirmó que además de la visibilización de la realidad que viven las personas Afro-LGBT, el informe apunta a la creación y aplicación de políticas públicas que respondan a sus demandas. “Esperamos que este informe sea conocido y apropiado por los gobiernos, y se convierta en políticas de Estado”, expresó.

“Este informe nos permite, a partir de sus datos, crear un diálogo con los sectores gubernamentales, legislativo y jurídico sobre la condición de la población Afro LGBTI+ brasileña, provocar en las comisiones de derechos humanos del Congreso la necesidad de actuar ante los factores planteados y presentar solicitudes a organismos internacionales cuando no obtengamos respuesta del Estado a nuestras demandas”, compartió por su parte Janaina Oliveira, de la Rede Afro LGBT.

Sobre la experiencia de realizar el reporte de Brasil para este informe, Eduardo Castro, del Instituto Transformar, indicó que desde su organización pudieron conocer y acercarse a diferentes realidades de mujeres trans afro y cariocas (personas nacidas en Río de Janeiro). “Si bien el núcleo de integrantes está formado en su mayoría por personas trans y travestis afro, la singularidad de cada experiencia, las especificidades regionales, las negociaciones narradas por los sujetos y que involucraron a actores como el tráfico, la policía, agentes de salud o incluso los compañeros universitarios, marcaron la diversidad de estas experiencias”, señaló.

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, a la sociedad civil y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, todas encaminadas a proteger y promover los derechos de la población Afro-LGBT de la región. Entre las recomendaciones realizadas a los Estados, están:

  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia.
  • Adoptar medidas para la recopilación desagregada de datos sobre la población de acuerdo a su pertenencia étnica y a su orientación sexual e identidad de género.
  • Crear nuevos mecanismos de participación y fortalecer los ya existentes, para que las personas Afro-LGBT participen activamente en el diseño e implementación de las políticas públicas que les conciernen directamente.

A partir de hoy, el informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf 

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y  licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

  • Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
  • Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
  • Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
  • Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Elecciones 2021 del CERD: necesidad de una mayor diversidad geográfica y competitividad en el futuro

Ginebra, Suiza. 24 de junio de 2021.– Hoy, los 182 Estados Partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) fueron invitados a votar para nombrar a la mitad de los miembros del Comité de la ONU (CERD) que funciona como guardián de esa Convención. Los Estados eligieron a 4 nuevos expertos y reeligieron a 5 miembros que ya formaban parte del Comité, entre un grupo de 11 candidatos.

Los nuevos miembros incluyen al Sr. Michał Balcerzak (Polonia), la Sra. Régine Esseneme (Camerún), la Sra. Gay McDougall (Estados Unidos) y la Sra. Mazalo Tebie (Togo).

Se unirán a 5 expertos, cuyos mandatos como miembros del CERD estaban llegando a su fin, y que han sido reelegidos por otro período de cuatro años: el Sr. Nourredine Amir (Argelia), la Sra. Chinsung Chung (República de Corea), el Sr. Bakari Sidiki Diaby (Côte d’Ivoire), el Sr. Gün Kut (Turquía), el Sr. Yeung Kam John Yeung Sik Yuen (Mauricio), así como los otros nueve miembros del Comité, cuyo mandato expirará en 2024[1].

Minority Rights Group International (MRG), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Movimiento Internacional contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR), felicitan a los miembros recién elegidos del CERD y a los que fueron reelectos.

Tras el hito histórico alcanzado en las últimas elecciones[2], nuestras organizaciones acogen con satisfacción la continuación de la paridad de género en el Comité tras la elección de hoy. De hecho, con la elección/reelección de 4 mujeres, la mitad de los puestos del Comité estarán ocupados por mujeres a partir del próximo año. Afirmamos que la diversidad de género en los miembros del CERD es fundamental para la calidad de su trabajo y su legitimidad. Exhortamos al Comité recién compuesto a que amplíe y fortalezca los esfuerzos del CERD para abordar la interseccionalidad del racismo y la discriminación racial con la discriminación basada en el género, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros motivos de formas de discriminación múltiples e interrelacionadas.

Sin embargo, por el contrario, lamentamos que aún no se haya logrado una distribución geográfica equitativa entre los miembros del CERD. Ningún Estado de la región de América Latina y el Caribe nominó candidatos para las elecciones de este año, lo que la convertirá en la segunda región menos representada a partir de 2022. Europa oriental sigue estando menos representada con un solo miembro. Por otro lado, la representación de la región africana aumentará del 33% al 44% a partir del próximo año. Recordamos que el artículo 8.1 de la Convención y la resolución 68/268[3] de la Asamblea General alientan a los Estados Partes a garantizar una distribución geográfica equitativa de los miembros del Comité. La situación de la discriminación racial es única en cada país y región, y la representación regional equilibrada entre los miembros es fundamental para el Comité como órgano de supervisión mundial.

Además, nuestras organizaciones están profundamente preocupadas porque este año se registró el menor número de nominaciones de candidatos por parte de los Estados Partes en los últimos 10 años[4]. Un proceso de elección verdaderamente competitivo es clave para promover la calidad, la independencia y la diversidad de la membresía del Comité. Animamos fuertemente a los Estados Partes a que contribuyan a un grupo numeroso y sólido de candidatos mediante la nominación de expertos en derechos humanos de alta moralidad que tengan reconocida competencia y experiencia en el ámbito cubierto por la Convención y que sean independientes, de conformidad con la resolución 68/268 de la Asamblea General. y artículo 8.1 de la Convención. Casi 100 Estados han recibido la recomendación del EPU de “[a] adoptar un proceso de selección abierto y basado en el mérito al seleccionar candidatos nacionales para las elecciones al Órgano de Tratado de la ONU”[5], y la mayoría apoyó esta recomendación. Además, el Secretario General de la ONU recomendó la creación de procesos nacionales de selección competitiva para la nominación de expertos al Comité y/u otros procesos de selección independientes[6]. Instamos a los Estados Partes a nominar candidatos mediante esos procesos para futuras elecciones.

En un esfuerzo por promover un proceso de elección del CERD transparente y basado en el mérito, nuestras tres organizaciones distribuyeron un cuestionario a todos los candidatos con respecto a sus antecedentes, experiencia relevante y visión de su trabajo futuro como miembros del Comité. Las respuestas recibidas luego se publicaron en un sitio web específico: www.untbelections.org, y se compartieron con los Estados partes dos meses antes de las elecciones para ayudarlos a conocer las calificaciones de los respectivos candidatos e informar sus decisiones.

Nuestras tres organizaciones mantienen su compromiso de contribuir a los esfuerzos para fortalecer el trabajo del CERD, el principal guardián de las normas internacionales de derechos humanos contra la discriminación racial. Ahora más que nunca, el CERD tiene un papel crucial que desempeñar para participar en los desarrollos normativos y llamar la atención a los Estados por sus fallas en eliminar los a menudo persistentes patrones de discriminación y violencia que afectan a las personas pertenecientes a comunidades racializadas, como las personas afrodescendientes, las minorías, personas discriminadas por motivos de casta o ascendencia, pueblos indígenas, apátridas, migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.

Antecedentes:

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes.

Los miembros son elegidos por un período de 4 años por los Estados Partes de entre sus nacionales, teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos, de conformidad con el artículo 8 de la ICERD.

Las elecciones se llevan a cabo cada 2 años en una reunión de los Estados Partes que se lleva a cabo en la sede de la ONU en Nueva York.

Los miembros recién elegidos comenzarán su mandato en enero de 2022 y sus mandatos expirarán en enero de 2026.

 1 Sra. Ali Al-Misnad (Qatar), Sr. Guisse (Senegal), Sra. Li (China), Sr. Rayess (Mauritania), Sr. Payandeh (Alemania), Sra. Shepherd (Jamaica), Sra. Stavrinaki (Grecia), Sra. Tlakula (Sudáfrica), Sr. Vega Luna (Perú)

2 https://imadr.org/joint-communique-cerd-election-2019/

3 https://undocs.org/A/RES/68/268

4 El número de candidatos propuestos desde 2011: 16 (3 retirados) en 2011; 17 (1 retirado) en 2013; 13 (1 retirado) en 2015; 16 (1 retirado) en 2017; y 16 (2 retirados) en 2019.

5 Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Chipre, República Checa, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gabón, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras , India, Indonesia, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, República del Congo, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Marino, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tonga, Túnez, Tuvalu, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu.

6 A/74/643, párrafo 71

Transcinema: presencia y representación trans en el audiovisual brasileño

Brasil, 11 de junio de 2021 – “Nunca imaginé vivir en un país que más mata travestis y transexuales. Nunca imaginé lo poderosa que podría ser la referencia de mi población, actuando dentro y fuera de la pantalla. En teatro, produciendo música dentro y fuera de la radio, bailando y naturalizando la presencia de nuestro cuerpo trans em Brasil ”. Con esta alusión al poder de los cuerpos trans y la realidad brasileña, Wescla Vasconcelos – directora, guionista y presentadora – abre el programa “ Transcinema : presencia y representación trans en el audiovisual brasileño” [1] . Realizado con recursos de la ley Aldir Blanc, del Gobierno del Estado de Río de Janeiro y la Secretaría de Estado de Cultura y Economía Creativa del Gobierno Federal, el programa también contó con el apoyo de la red de cines Kinoplex. Escrito em conjunto con Biancka Fernandes, el Transcinema surgió con el objetivo de visibilizar y debatir la presencia de cuerpos trans en el audiovisual.

Con la participación de actrices como Divina Aloma, Biancka Fernandes y Rebecca Gotto, quienes narran sus trayectorias artísticas de cuerpos desobedientes a los géneros y estándares mediáticos imperantes, todas exaltan el poder disruptivo de sus transgeneidades para el audiovisual brasileño. A través de los breves relatos de sus historias, muchas provienen de um largo recorrido en esta industria, las actrices narran la evolución de la representación trans más allá del estigma y el prejuicio, demostrando que sí, las personas trans pueden y deben ser protagonistas de su propia historia. La conquista de espacios de representación en el sector cultural es una lucha de larga fecha para la población trans, pues por lo general, sus actuaciones se limitan a papeles secundarios o sus historias quedan archivadas, ya sea frente o detrás de las cámaras y/o en proyectos culturales. Además, debido a la transfobia, muchos hombres cisgénero actúan en roles de personas trans, acentuando aún más el borrado de sus historias y la marginación de las mujeres trans y travestis.

Cabe recordar que la profusión de redes sociales y la mayor facilidad de acceso a Internet es y fue importante para la visibilidad de la población trans, así como las pautas de identidad que contribuyeron a la creación de contenidos audiovisuales que debaten la importancia de la representación trans en los espacios de decisión del poder. Y como la comunicación es poder, lo simbólico construido sobre las personas trans necesita ser cuestionado constantemente, ya que los medios legitiman y romantizan las narrativas cisheteronormativas, llevando a la población trans a una eterna disputa por la representación más allá de las noticias sobre violencia y muerte. Por tanto, la representación trans también debe contemplarse en el mercado audiovisual en la generación de empleo y como medio de inclusión social mucho más allá de la pantalla.

Para hablar sobre el proyecto ‘ Transcinema ‘, Raza & Igualdad invitó a Wescla Vasconcelos, quien además de ser la creadora del programa, es actriz, educadora, estudiante de maestría en Cultura y Territorialidades en la Universidad Federal Fluminense (UFF), la asesora parlamentaria en el despacho de la concejala Tainá de Paula, en Río de Janeiro, y también actúa como articuladora del Fórum TT-RJ. Wescla también habla de la importancia de las narrativas de las actrices invitadas para reconocer a las personas trans como referencia de sí mismos y cómo esta evolución es importante para las nuevas generaciones.

Raza e Igualdad – ¿Cómo surgió la idea del programa ‘Transcinema’? ¿Cuántas ediciones serán?

 Wescla Vasconcelos – El ‘ Transcinema ‘ surgió de un sueño que tuve como artista, que es tratar de producir contenido que pueda reflejar, de muchas maneras, el poder de la presencia de personas trans y travestis en el audiovisual, pero también a través de otros lenguajes artísticos. En 2020 colaboré en la construcción de un programa para la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), con el primer festival “ Travestilizando”. Este festival tuvo como objetivo reunir a varios artistas trans para insertarlos en las redes sociales y mostrar sus talentos durante la pandemia. Incluso, hicimos varias campañas virtuales recaudando fondos para ayudar con alimentos y productos básicos de higiene para varios artistas trans en todo Brasil. Aún en medio de la pandemia, llegó el recurso de emergencia de la ley Aldir Blanc, y yo, como artista, transexual y cearense [2], me di cuenta de la importancia de producir contenidos que reflejaran el poder de la representación trans en el sector audiovisual . Así, junto con Biancka Fernandes, somos dos artistas trans del Nordeste, iniciamos este movimiento de escribir un proyecto basado en este tema de la representación trans en el audiovisual brasileño. Fue la primera idea de guión de lo que escribimos juntas, así como la primera producción que dirigí y al mismo tiempo produje, junto con otras personas involucradas. Así surgió, de la cuarentena y la necesidad de producir contenidos que reflejen el poder de la representación trans en el audiovisual. Hasta ahora ‘ Transcinema ‘ contaba con esta única edición, pero para el segundo semestre de 2021, pretendo desarrollar otros contenidos en esta línea que contemplen a las personas trans en el audiovisual brasileño.

R&I – Como guionista y directora, ¿cuáles fueron sus influencias y preguntas para debatir este tema?

WV – Las principales influencias para la construcción del guión y la dirección del programa se basan en algunas entrevistas con artistas trans, tanto de Brasil como de otros países. El programa se basó, en primer lugar, en el documental denominado ‘ Disclosure ‘, disponible en Netflix . Además de este documental, también me inspiré en el artículo escrito por Bruna Benevides titulado ’11 películas sobre activistas trans que debes conocer’ [3]. El artículo fue escrito en el sitio web de Medium y está disponible en las redes. Es maravilloso, me inspiró mucho a construir el guión del programa.

R&I – ¿Cómo fue la experiencia de llevar la historia de las actrices trans y cuál es el mensaje de ‘Transcinema‘ al público en general?

WV – El programa fue una experiencia de reunir a varios artistas trans de diferentes ciudades, Divina Loma hablando un poco sobre la época de Madame Satã, en Río de Janeiro, y lo que ella pasó como artista transexual negra en ese momento. Luego vino el Rebecca Gotto quien es actriz de la Baixada Fluminense, enfocándose en el tema del acceso, las oportunidades y la lucha por el respeto al nombre social, especialmente como artista. Allí estaba Biancka Fernandes guiando un poco sobre el universo de la prostitución, la marginación de las calles y la importância de la poesia como fuerza de su arte. Fue una experiencia de conversación entre generaciones humanizando el debate sobre el entretenimiento, el cine, la producción de contenidos, utilizando a nuestras personas trans y travestis como referencia para nosotras. Creo que este es el mensaje principal que trae el programa ‘Transcinema’ en la lucha contra los prejuicios y la discriminación.

R&I – Basado en tu experiencia como militante y como articuladora del Fórum TT-RJ, ¿cómo puede ‘Transcinema’ contribuir a reparar la transfobia en un país que mata a la mayoría de personas LGBTI+ en el mundo?

WV – Me doy cuenta de que el programa ‘Transcinema’ contribuye directamente a los debates que son urgentes en nuestra sociedad. Vemos mucho en la televisión y en los grandes medios, siempre vinculando el debate de los prejuicios y la discriminación a las muertes y asesinatos, marginando a estas transexuales y travestis. Pensando desde este lugar de movimiento social, la experiencia en la construcción de ‘Transcinema’ fue en el sentido de hablar de vida. No podemos, las personas transgénero, reducir nuestros discursos y presencia en la sociedad solo debatiendo el tema de la transfobia, los prejuicios y la discriminación. Tenemos que debatir todo esto y luchar por el derecho a la vida en este país que tanto asesina nuestros cuerpos de trans y travestis.

Por otro lado, es importante reconocer lo que cada una de nosotras hace en la vida, porque hay muchas cosas poderosas y inspiradoras que sirven de referencia no solo para las personas trans, sino para la sociedad en su conjunto y la población LGBTI+. El contenido de ‘Transcinema’ ayuda a decir que siempre hemos estado en diferentes lugares, ocupando diferentes espacios en la sociedad. Lo que hace la sociedad es no admitir nuestra presencia.

R&I – ¿Cómo ves el recorrido de la presencia trans en el audiovisual brasileño hasta hoy?

WV – Al final del programa ‘Transcinema’ traigo mucho mensaje que es ‘actuemos, cantemos, bailemos, practiquemos todos y cada uno de los deportes’. La sociedad ya no puede eludir el debate sobre cuerpos trans, travestis, mercado laboral, oportunidades y la universidad, porque somos seres humanos y estamos incluidos en la sociedad de todos modos. Entonces, tenemos que incentivar esta inclusión para que suceda de una manera más práctica y concreta, por eso creo que el audiovisual brasileño hasta hoy ha ido sufriendo cambios que también me sorprende. El audiovisual brasileño ha pasado por momentos de transformaciones que pudieron haber ocurrido antes, pero no sucedieron, están sucediendo hoy y reflejan un futuro que será de disputa de narrativas, de cuerpos y de contenidos sobre la representación. El tema del programa ‘Transcinema’, pensando en esta evolución del audiovisual brasileño, está muy ligado a nosotras, artistas transexuales hablando de otros de nosotras que hemos pasado por el entretenimiento en tiempos pasados, comentando su propio trabajo para hacer referencia y exaltarlas, y al mismo tiempo dejar mensajes que, por ejemplo, cuando era niña o adolescente, nunca había visto tal contenido. Entonces, creo que las niñas y adolescentes transexuales que tengan acceso a contenidos como ‘Transcinema’ fomentará la idea de que pueden verse reflejadas en la televisión, en el cine, en el arte y en varios otros lugares de la sociedad por otros de ellos mismos, otras transexuales y travestis.

R&I – Otro infeliz estadísticas brasileñas y trae la presencia trans y travesti en el audiovisual es de que Brasil es el país que consume pornografía trans y travesti en el mundo, pero el tabú sobre los cuerpos trans permanecen. ¿Cómo ves este posible cambio de paradigma dentro del audiovisual?

WV – La estadística es un dato triste, Brasil es el país que más mata transgénero y travestis  no por fatalidad, me gusta mucho enfatizar esto, porque son crímenes de odio con mucha brutalidad. Al mismo tiempo que pensamos en esta triste estadística, vemos que el consumo de pornografía es altísimo. Y además de las plataformas digitales, la pornografía virtual, el consumo de los cuerpos de trans y travestis es muy alto también. Las esquinas de la prostitución no se detuvieron del todo en este período de pandemia y, ahora con este movimiento de vacunación de personas, el mercado de la prostitución vuelve a acelerarse de cierta manera. Estos son problemas sociales que nunca han estado tan presentes como lo están hoy. Necesitamos fortalecer este debate pasando por estos hechos de que es el país que más mata y consume más contenido pornográfico trans y que contrata servicios de prostitución. Estos son tabúes que necesitan ser debatidos y, además, es necesario pensar en alternativas para que esto pueda ser algo que no atente contra los derechos y la dignidad y vida de esta comunidad LGBTI+.

El audiovisual puede desmitificar, en el sentido de que la búsqueda de pornografía y prostitución en las calles mueve a determinadas personas en busca de temas concretos, que en este caso es el sexo. Y por otro lado, producir contenidos con personas trans en el audiovisual, sean lo más diversos posible, ayuda a humanizar estos cuerpos para que no sean cuerpos destinados únicamente a contenidos pornográficos y de prostitución. Los cuerpos trans también pueden ser referentes en varios debates sobre contenidos audiovisuales, y la naturalización de esta presencia en la sociedad acaba por desmitificar todo este tabú. La participación de personas trans en el audiovisual brasileño puede ayudar a reducir tanto la discriminación como los prejuicios.

R&I – La popular Madame Satã trae una figura simbólica que siempre ha tenido que fijar su papel de fuerte y que se enfrenta a todos para sobrevivir, y el cine ha perpetuado esta imagen. ¿Qué imagen de las personas trans necesitamos reconstruir para que surja uma representación símbolica descolonizada sobre los cuerpos trans?

WV – Se hace referencia a Madame Satan en nuestro programa, la propia Divina Aloma es una de las pocas artistas trans que tuvo contacto con Madame Satã. Desafortunadamente, recientemente tuvimos la muerte de Rogéria y Jane di Castro de Divinas Divas, entonces, la participación de Aloma en el programa ‘Transcinema’ es un gran regalo. Es una herencia viva, en vivo, comentando Madame Satã, es uno de los momentos definitorios de nuestro documental. Por otro lado, desde Madame Satã, también tenemos ese cuerpo artístico y visual que confronta el fascismo y el prejuicio, un cuerpo trans que se hace vulnerable principalmente por ser un cuerpo trans y afro. Y al mismo tiempo abordando el tema de la violencia policial, el abuso que estas instituciones del aparato ideológico del Estado, como la policía y varios otros, han recriminado y discriminado a órganos de nuestra sociedad.

Continuación VM: Para pensar en una reconstrucción de símbolos y luchas que puedan descolonizar los cuerpos trans es necesario no solo que las personas trans actúen, sino pensar en cómo el debate LGBTI+ y el debate trans se están estructurando en la sociedad. Además de actuar en los distintos medios cinematográficos y artísticos, creo que también es importante estemos al tanto de estos procesos. Cada vez es más necesario que tengamos guionistas, editores, productores de contenido y directores creativos trans. Estar dentro de la estructura y funcionamiento de estos amplios espacios de la sociedad. Porque desde el momento en que hagamos esto, veremos no solo a personas trans actuando, sino dirigiendo, produciendo, escribiendo y haciendo que todo funcione con la presencia de estos cuerpos y talentos profesionales trans y travestis. Todo esto contribuirá a naturalizar y descolonizar la experiencia de los cuerpos trans en la sociedad. Dado que aún vemos que existe una gran falta de presencia de personas trans en diversos sectores de nuestra sociedad, es importante pensar que cuando se facilite este acceso, estas personas naturalizarán cada vez más su presencia en la sociedad y, así, de alguna manera, debilitando los prejuicios y la discriminación.

Para contribuir a la promoción del sector cultural como reconocimiento y valoración de la expresión popular, Raza e Igualdad reconoce que el derecho a la cultura es fundamental para la contribución de la historia de un pueblo y sus tradiciones. Además, la valoración de la cultura desde una perspectiva plural y interseccional conectado a la lucha por los derechos básicos de los pueblos. Por lo tanto, nuestro compromiso en la defensa y promoción de las agendas LGBTI+, raciales e indígenas tiene como objetivo cambiar la estructura de un mundo diseñado para cuerpos y personas únicos. Por eso, reconocemos que la diversidad es un derecho fundamental y felicitamos a las diversas producciones culturales.

[1] Vea el programa Transcinema aquí: https://www.instagram.com/p/CPJZ6HfDEaR/

[2] derivación de los nacidos en el estado de Ceará

[3] https://brunabenevidex.medium.com/11-filmes-sobre-atividades-trans-que-voc%C3%AA-precisa-conhecer-a2eb9654b4ee

Violencia política en Brasil: ¿cuánto vale la vida de las concelajas negras y transgénero?

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales, ante el aumento de la violencia política y electoral que está afectando la seguridad de las conselajas trans y negras en Brasil, ya sea en su vida diaria o en el ejercicio de sus funciones. El inminente riesgo de muerte por violencia política llevó a la concejala trans negra, Benny Briolli (PSOL/RJ), a abandonar el país este mes de mayo. La gravedad de las amenazas y ataques dirigidos a Benny hizo que su partido político buscara refugio en otro país por su seguridad.

La fragilidad actual de la democracia brasileña cuestiona a los políticos que defienden pautas para la garantía de los derechos humanos, siendo la violencia política el motor del discurso de odio y la difusión de noticias falsas. Notamos con gran preocupación que el Estado brasileño omite las denuncias y, cuando se ve obligado a responder ante la presión de la prensa o audiencias públicas, utiliza estadísticas dudosas, así como el nombramiento de mujeres, personas afros y LGBTI+ para aparentar la inclusión de la diversidad en su gobierno. Sin embargo, la falta de medidas de protección para estos grupos, en sí misma, demuestra que, para quienes están en el poder, no es relevante cesar la estructura que alimenta la violencia política.

Después del período dictatorial – que significó una violencia política extrema – el juego de poder que atraviesa el escenario político democrático brasileño continuó marcado por amenazas y ataques, culminando con el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Sin embargo, es importante señalar que la violencia política también fue estratégica para la elección del presidente Jair Bolsonaro, quien luego de supuestamente recibir una puñalada, logró movilizar a todo el país ante tal hecho. Por lo tanto, la violencia política es la nota clave necesaria de un gobierno negacionista para establecer una cultura de miedo y represión.

La política de miedo e inseguridad solo es efectiva cuando los representantes de la población más vulnerable no pueden ejercer sus mandatos porque cuestionan el status quo, ya sea por sus plataformas políticas, o por sus cuerpos negros que realizan el género femenino. Así, para un gobierno que se consolidó en las urnas por un hecho de violencia política, este efecto dominó que llevó a la concejala Benny Briolli a salir del país es la punta del iceberg de los ataques virtuales, la violencia de género y el silenciamiento de una nación.

En la era bolsonarista, las elecciones de 2020 se desarrollaron en medio de tensiones y amenazas políticas y electorales. Si bien en 2020 el movimiento negro logró pasar el criterio racial [1] para la división del tiempo y la propaganda política en radio y televisión, el discurso de odio en las redes sociales cobró fuerza y, según una investigación realizada por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global [2], Brasil registró un acto de violencia política cada 72 horas en las últimas elecciones. La polarización del escenario político ha naturalizado la violencia como un ‘arma’ coercitiva para grupos antagónicos y subrepresentados.

El informe “Violencia política y electoral en Brasil: panorama de las violaciones de derechos humanos de 2016 a 2020”, realizado por las instituciones mencionadas anteriormente, presenta datos impactantes, como un promedio de 27 casos de ataques a la vida de electos o candidatos por año. Concejales y alcaldes se encuentran entre los cargos políticos con más casos registrados y, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, el informe confirma que proporcionalmente las mujeres sufren más violencia. El “Mapeo de la violencia política contra las mujeres negras” [3] realizado por el Instituto Marielle Franco en alianza con Justiça Global y Terra de Direitos, trae el foco de la violencia política de género. Según el informe, aproximadamente ocho de cada diez mujeres negras en las elecciones de 2020 experimentaron violencia virtual, seis de cada diez experimentaron violencia moral y psicológica y cinco de cada diez experimentaron violencia institucional.

Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) [4] con candidatas y candidatos transexuales en todo Brasil en las elecciones de 2020, alrededor del 50%  fueron víctimas directas de amenazas, incluidas amenazas de muerte, invasiones de su entorno privado, laboral y político. Además, el 38% enfrentó ataques virtuales y el 12% violencia física directa. Según la investigación, el entorno virtual estuvo marcado por “insultos transfóbicos, intimidación inferiorizadora de la condición trans como incapacitante para cargos políticos, racismo transfóbico, deslegitimación de la identidad de género de las víctimas, comentarios maliciosos sobre la transición y atributos físicos (…), difusión de fakenews degradantes de los candidatos e invasiones coordinadas de las actividades de la campaña virtual para obstaculizar su avance, creando un entorno inseguro y, en algunos casos, interrupción por problemas de seguridad virtual”.

Para contribuir a la difusión de las denuncias que están ocurriendo en Brasil en este momento, hablamos con Gisele Barbieri, Coordinadora de Incidencia Política de Terra de Direitos, y también una de las responsables de coordinar la investigación mencionada.

R&I- En el informe elaborado por Terra de Direitos, el cuadro de violencia política y electoral ya presentaba datos que apuntan a un crecimiento de 2016 a 2020. Los datos se vuelven más atemorizantes tras la elección del gobierno de Bolsonaro, a partir de 2018. En las elecciones del año pasado, vimos un aumento expansivo de los llamados delitos de odio, con amenazas y ataques en las redes, especialmente contra mujeres trans y negras. Ante la negativa del gobierno a ver y combatir estos crímenes, ¿cree que es posible vislumbrar el fin de la violencia política y electoral contra las mujeres en Brasil? ¿De qué forma?

Gisele Barbieri – La violencia política, como demostramos en la encuesta realizada por Terra de Direitos y Justiça Global en 2020, lleva muchos mensajes desde y hacia la sociedad. Contra las mujeres, este fenómeno expone el racismo, el machismo, la misoginia y otras violencias. Por tanto, vislumbrar el fin de esta violencia solo será posible cuando nos demos cuenta de que combatirla es fundamental para la consolidación de la democracia. Además, se trata de una grave violación de los derechos humanos, ya que estas mujeres que ya actúan en la defensa de los derechos humanos, cuando asumen sus mandatos, son blanco de violencia constante, con el objetivo de prevenir el debate y la defensa de estos derechos. Y la responsabilidad de combatir esta violencia no es solo del gobierno, sino de la sociedad en general. La investigación señala que esta violencia ocurre de manera sistemática y no solo en los períodos electorales, con todos los partidos políticos en todo Brasil, además de mostrar que con las mujeres esta violencia se utiliza como una forma de deslegitimarlas como agentes políticas. Con estos análisis, evaluamos que el fin de la violencia política solo ocurrirá cuando este fenómeno sea monitoreado, estudiado, combatido y sancionado, a través de acciones coordinadas entre diferentes sectores del Estado, como se señala en las recomendaciones de la investigación de Terra de Direitos y Justiça Global.

R&I – Las mujeres negras y trans están luchando por una mayor representación política y, en las últimas elecciones, tuvimos un récord de mujeres trans y negras elegidas para los ayuntamientos. Incluso con el apoyo de la sociedad, el ejercicio de los mandatos ha sido una ardua tarea. Según el informe de Terra de Direitos y Justiça Global, las mujeres representan el 31% de las víctimas de amenazas. ¿Podrías comentar el cuadro que cruza la violencia de género en la especificidad de la violencia política contra las mujeres negras y trans? ¿En qué se diferencia de la violencia política dirigida a otros grupos?

 GB – La investigación realizada por el Instituto Marielle Franco con el apoyo de Terra de Direitos y Justiça Global trajo elementos de cómo el racismo, que es estructural y estructurante en nuestra sociedad, también se plantea como vector de violencia contra las mujeres negras y trans agentes políticas. Este fenómeno para estas mujeres está presente antes, durante y después de la elección de estas candidatas. El mensaje para las mujeres negras y transexuales llega en forma de insultos y amenazas constantes, apuntando a la eliminación y deshumanización de estas mujeres a través de ataques que van desde la animalización de estas mujeres, comparadas con animales, insultos en su cabello y su apariencia hasta amenazas explícitas de muerte. El racismo es el hilo conductor de la violencia y el odio racial sistémicos que en cualquier momento puede acabar con la vida de estas mujeres. Todo ello con un discurso que justifica los ataques por la “hazaña histórica” lograda por estas mujeres y por verse representadas en el sistema político, a pesar de que son casi el 30% de la población brasileña.

R&I – En Brasil, tenemos el caso reciente de Carolina Iara, quien sufrió un ataque físico, e incluso entonces, le fue negado la protección de la Cámara porque es co-consejala y tuvo que contratar seguridad privada. La desprotección de Marielle Franco es también uno de los puntos que descuidaron el caso de la concejala. Además, la ineficiencia del Estado con el Programa de Defensores de Derechos Humanos no los protege. Incluso denunciando, no hay respuesta del Estado. Después de todo, ¿cómo ve que podemos protegerlos? [5]

 GB – El hecho de que esta violencia no sea monitoreada y acompañada por el Estado crea un vacío institucional en este tema. Es urgente desarrollar un plan integral de acomodación de denuncias y víctimas, en una política de protección específica para este tipo de violencia. El programa nacional de defensores y defensoras de derechos humanos es incapaz de responder a este fenómeno porque, aunque está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos, no cuenta con mecanismos para abordar este tipo específico de violencia. Un ejemplo es la acción de sacar a la víctima de su lugar de trabajo como forma de protegerla de amenazas. En casos de violencia política, sacar a los candidatos del lugar de ejercicio de su mandato es cumplir con la voluntad de los delincuentes que, con estos ataques, precisamente quieren impedirles el libre ejercicio de sus derechos políticos. Violencia que interfiere directamente en el proceso democrático y constituye una gravísima violación de los derechos humanos.

En vista de nuestro trabajo de incidencia en América Latina, Raza e Igualdad señala que la violencia política actual es uno de los principales factores de las violaciones de derechos humanos en la región. Brasil, siendo un país clave en términos políticos, debe tomar posición y presentar estrategias efectivas para respetar la vida de sus parlamentarios y combatir la violencia política. Por ello, presentamos las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Garantía de seguridad para parlamentarios cis y trans negros con la implementación de políticas para combatir la violencia política de género, empoderando instituiciones de la seguridad pública, Judicil y Legislativo para promover acciones a nivel nacional para combatir dicha violencia;

2 – Creación de legislación específica dirigida a prevenir, frenar y sancionar los delitos cibernéticos y la consecuente difusión de noticias falsas que ha sido uno de los pilares de los ataques de violencia política;

3 – Ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia con miras a sancionar y restringir el racismo y los derechos estructurales e institucionales LGBTI+;

4 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en la legislación brasileña para la formulación de políticas públicas antirracistas.

 

 

 

[1] https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/03/stf-divisao-verba-candidaturas-negras.htm

[2] http://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/

[3] https://www.violenciapolitica.org/

[4] https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf

[5] La entrevista ocurrió antes del reciente caso de la concejala Benny Briolli

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