Washington, D.C., 6 de octubre de 2020. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población, especialmente los excarcelados, las personas opositoras, los jóvenes, los defensores de derechos humanos, los periodistas y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subieron de tono durante el mes de septiembre, e incluyeron tres iniciativas de reformas legislativas que amenazan con derruir los escasos espacios que aun quedan para que la sociedad civil y la ciudadanía crítica pueda reclamar respeto a los derechos humanos.

La primera es la intención de establecer la cadena perpetua para los denominados “delitos de odio” entendidos en un sentido amplio que más alla de no resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, amenaza a los sectores de oposición a quienes según Ortega también aplicaría la decisión, luego de llamarles asesinos, vendepatrias, cobardes y torturadores.

Mediante la segunda iniciativa se pretende aprobar una ley de Regulación de Agentes Extranjeros que busca obligar a los nicaragüenses y las organizaciones a auto incriminarse, registrándose como Agentes Extranjeros, si reciben recursos provenientes de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades, o asociaciones extranjeras, bajo cualquier concepto. Según la iniciativa, los agentes extranjeros no podrán intervenir en asuntos de política interna ni financiar o promover el financiamiento a organizaciones políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas, además que no podrán desempeñar cargos públicos ni ser elegidos en cargos de elección popular. Quienes no se inscriban podrían recibir  sanciones que incluyen la confiscación de bienes muebles e inmuebles e incluso, acciones en la vía penal que podrían derivar en la prisión.

La intención de aplicar la cadena perpetua, combinada con la Ley de Agentes Extranjeros representan una seria amenaza hacia la oposición, para la labor de defensa de los derechos humanos y también hacia el periodismo independiente, respecto de este último caso ya que muchos de los espacios digitales se apoyan en recursos de la cooperación internacional para continuar funcionando. Ambas son evidencia de que el Gobierno está dispuesto a perdurar aun cuando para ello sea necesario encarcelar a quienes incurran en cualquier forma de disidencia.

El día 28 de septiembre se conoció otra iniciativa: La Ley Especial del Ciberdelito, que se orienta a criminalizar las publicaciones en las redes sociales con penas que van desde 1 a 4 años de prisión, y propone perseguir a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al público, así como a bancos y aseguradoras y el resto del sistema financiero.

Mediante esta iniciativa, el régimen busca frenar las filtraciones de información para impedir la divulgación por parte de la ciudadanía de los abusos en los que incurren las autoridades, los cuales desde la perspectiva del Gobierno son “noticias falsas”.

El establecimiento de la cadena perpetua y la eventual aprobación de las dos iniciativas antes comentadas, en caso de ser aprobadas, serán determinantes para el deterioro extremo del entorno para defender la democracia, los derechos humanos y de la libertad de expresión, prensa e información.

Igual que como ocurrió con la Ley Antiterrorismo, que estableció tipos penales vagos, abiertos que en la práctica significaron violaciones a los derechos humanos, las dos iniciativas ya presentadas dan un amplio margen de discrecionalidad a la actuación de las autoridades y la posibilidad de ocasionar daños significativos a personas jurídicas y personas naturales.

El derecho a la vida

En septiembre Nicaragua se vio estremecida por la violación y el femicidio de dos niñas en Lisawe, Mulukuku, Región Autónoma del Caribe Norte (RAAN). A los pocos días, el 17 de septiembre, una mujer embarazada de 20 años de edad en Ayapal, fue víctima de femicidio. Las muertes por femicidio se elevaron a 50 en agosto y la violación y el asesinato de las niñas de Lisawe fue aprovechada por Ortega y Murillo para plantear el establecimiento de la cadena perpetua.

Situación prisioneros políticos

De la situación de los prisioneros políticos destacamos que las autoridades siguen aplicando el aislamiento discrecionalmente, por tiempo indefinido y sin el seguimiento debido. Tal es el caso del estudiante Kevin Solís, quien permanece en una celda muy pequeña, de máxima seguridad, en el penal Jorge Navarro en Tipitapa, llamada “La 300” y de John Cerna, quien recientemente, por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! ha sido confinado en una celda de máxima seguridad y está siendo torturado.

También se continúan conociendo casos en los que las personas prisioneras denuncian torturas y tratos contrarios a la dignidad humana, sin que las autoridades tomen las medidas del caso para sancionarlos y prevenir que hechos similares continúen ocurriendo.

Represalias hacia periodistas continúan

En septiembre continuó el asedio policial contra Radio Darío. El incidente más reciente se registró el 12 de septiembre, cuando patrullas policiales volvieron a presentarse frente a la radio en actitud intimidatoria.

La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, en Bluefields, fue condenada el 23 de septiembre, por injurias y calumnias, en un proceso violatorio de las garantías. La fiscalía solicitó una pena que va de 120 a 300 días multa.

Una nueva embestida se registró hacia la televisión abierta, mediante el embargo de las cuentas y bienes del propietario de Canal 12 de Televisión, uno de los dos canales que aún mantienen una linea independiente respecto del gobierno, por un cobro de 21 millones de Córdobas, por parte del fisco.

Asedio a movimientos de mujeres

El 25 de septiembre, la policía cercó las instalaciones del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) en la ciudad de Managua, impidiendo por varias horas que las mujeres que trabajan en dicha organización ingresaran a la sede de la misma. Su directora, Sandra Ramos, reaccionó enérgicamente contra el asedio, expresando que no les tienen miedo y que lo que molesta al poder es que ellas defienden a la “pobretería” que el gobierno dice defender, aludiendo a las mujeres trabajadoras y desempleadas que la organización ha defendido por más de 20 años de existencia.

El mismo día, la Policía detuvo a dos de los integrantes del Movimiento Feminista La Corriente, quienes intentaban trasladar a una bodega materiales de campañas sociales. Al menos una docena de agentes policiales y antidisturbios les rodearon, les pidieron información personal y les amenazaron porque los materiales que trasladaban tenían logos de la cooperación.

Persecución policial a las actividades de la oposición política

Distintas iniciativas de la oposición para reunirse en los territorios han encontrado el asedio y la persecución policial y paraestatal como respuesta. Los días 26 y 27 de septiembre, más de un centenar de opositores, activistas y defensores de derechos humanos sufrieron una nueva ola de represión por parte la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, incluyendo cinco detenciones arbitrarias, la obstrucción de reuniones, asedios en cinco viviendas y seis retenciones acompañadas de requisas y persecución.

Las denuncias registradas en redes sociales y medios de comunicación confirman que en Managua, Río San Juan y Chinandega se dieron distintos hechos de asedio: el asedio policial en una reunión de 92 integrantes de la Coalición Nacional, la retención y persecución del director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro por parte de la Policía que colocó un retén a la entrada de la urbanización donde habita; la detención del presidente del Gobierno Territorial Rama Kriol, Jaime Mcrea, además de la retención arbitraria de 17 indígenas y afrodescendientes en el contexto de una visita planificada a la reserva Indio Maíz para confirmar la continuidad de las invasiones.