Brasil, 23 de febrero de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a través del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, se unió a las organizaciones de la sociedad civil brasileña Criola, Geledés-Instituto de la Mujer Negra y al Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), para visualizar la situación sobre la participación de la sociedad civil organizada en los espacios cívicos de Brasil.  Centrándose en las poblaciones negras e indígenas, estas organizaciones se encuentran desarrollando investigaciones que pretenden conducir a un informe para denunciar ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, los marcos normativos actuales que restringen la libertad de asociación, limitan la libertad de expresión o extinguen los canales de participación ciudadana en el país.

Ante el actual clima global de tensiones democráticas, durante los últimos años los países latinoamericanos se han enfrentado a una creciente serie de restricciones y ataques que amenazan la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones. Es decir, con el cierre de los espacios cívicos, las medidas restrictivas agravan las duras condiciones que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan diariamente desde hace décadas; incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Sumado a este duro escenario, la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la región. Mientras algunos países se encuentran entre los países con mayor número de infecciones y muertos a nivel global, la desigual distribución de vacunas, el precario acceso a los sistemas de salud, la fuerte caída del empleo y la falta de sistemas de protección social han dejado en evidencia que las debilidades institucionales y las brechas estructurales—que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables—se han multiplicado. So pretexto de mantener la seguridad, la pandemia ha sido utilizada además por los gobiernos de la región para imponer mayores restricciones al movimiento, asociación y libertad de expresión, limitando aún más los espacios de participación de la sociedad civil y ciudadana.

Para David Álvarez Veloso, Coordinador Regional de Raza e Igualdad del Consorcio de Derechos Humanos, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento democrático de los países en los que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel activo en la vida política y social, así como para documentar y visibilizar las crecientes restricciones y obstáculos que han reducido los espacios de participación.  «Con el apoyo del Consorcio de Derechos Humanos, y gracias al trabajo de organizaciones como Criola, Geledés e Iepé en Brasil, entre otras, tenemos información comparada y actualizada sobre los efectos que estas medidas ejercen en las diferentes poblaciones del país. De esta manera, es posible capacitar a liderazgos para fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias de incidencia a nivel nacional e internacional, destinadas a terminar con las restricciones a la participación ciudadana», explica Álvarez.

Brasil y una creciente historia de amenazas a la participación de la sociedad civil

 Fue a partir del final del período dictatorial en Brasil que la sociedad civil comenzó a lograr la voz y la participación ciudadana para construir nuevas perspectivas para un pleno Estado de Derecho.  En 1988, con la vigencia de una nueva Constitución Federal, entró en vigor una conjetura política que valoraba más transparencia de datos, de informaciones, del presupuesto público y también como una nueva ventana de oportunidades y derechos para grupos históricamente excluidos, como las poblaciones negras, indígenas y LGBTI+.  Sin embargo, desde 2014, con la aprobación de enmiendas constitucionales aún en la administración de la Presidenta Dilma Roussef—como PEC antiterrorista y las siguientes sanciones relacionadas con la seguridad del Estado hasta el golpe estatal en 2016, que llevó a su impeachment—las relaciones de la sociedad civil con el Estado se han intensificado profundamente.

En consecuencia, estas medidas restrictivas también representaron un golpe a la sociedad civil, pues ante estos nuevos paquetes de leyes, las manifestaciones públicas llegaron a ser entendidas como manifestaciones contrarias a los intereses del Estado. Sin embargo, lo que ha sido denunciado por la sociedad civil organizada es que, durante el actual Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, los espacios de diálogo y garantía de derechos son prácticamente nulos y están envueltos en una dinámica de persecución, violencia, vigilancia e incluso muerte de defensores de derechos humanos.  Las organizaciones denuncian que, si bien no existe un decreto militar ni un orden legal para cerrar espacios cívicos, la relación actual del Ejecutivo con la sociedad civil impide el debate de las agendas y la presentación de demandas sociales. En resumen, no hay diálogo.

Consecuencias para las poblaciones afros e indígenas en Brasil

En noviembre de 2021, Raza e Igualdad promovió el webinar «Cierre de espacios de participación: amenazas a la sociedad civil en Brasil, Honduras y Guatemala», al que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, para denunciar y esbozar propuestas para el fortalecimiento regional de la sociedad civil. El evento virtual contó con la presencia de Lúcia Xavier, Coordinadora General de Criola, quien expuso la situación de persecución a defensores de derechos humanos y violaciones a la democracia, que debilitan aún más a los pueblos afros e indígenas, con la total invisibilización de sus agendas políticas.

Según Lúcia Xavier, estos ataques se reflejan desde la violencia política que las mujeres afros, cis y trans han venido sufriendo por la aprobación o desacato del Ejecutivo. Incluso se evidencian con la falta de acceso a la información pública, al punto que, en el peor momento de la pandemia, fue necesario crear un consorcio entre los sectores público y privado para que la población pudiera monitorear los casos. Además, Lucía destacó la muerte de defensores de derechos humanos tanto en las ciudades como en los campamentos, y que ni siquiera los programas de protección están siendo capaces de constituirse como una solución del problema o protección para estas personas.

«La Constitución brasileña garantiza la participación de la sociedad civil organizada en todas las políticas. Estos espacios no están cerrados, estos consejos funcionan, pero ya no existe la capacidad de admitir y dialogar con otros sectores de la sociedad.  Por lo tanto, tampoco hay monitoreo de las políticas y del presupuesto público en Brasil. Básicamente, estas leyes inmovilizan el formato de participación de la sociedad civil, recordando que cualquier manifestación puede ser considerada como terrorismo y amenaza para la seguridad nacional», enfatizó Xavier durante el evento. [1]

En este contexto de supresión de derechos y de silenciamiento de la sociedad, la demanda y búsqueda de justicia de las organizaciones de la sociedad civil se revela como un camino de diálogo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Aunque ve con escepticismo la agenda electoral 2022, Rodnei Jericho da Silva, Coordinador de SOS Racismo, de Geledés, cree que habrá mucha participación de sociedad civil en este proceso y, dependiendo del resultado de las elecciones, considera que puede lograrse un cambio hacia la reapertura de los espacios cívicos.

«La población brasileña es mayoritariamente negra, las políticas públicas o incluso las políticas sociales se debaten en espacios donde no hay participación de la sociedad. Así que el daño a la colectividad es enorme, porque al no escuchar al público objetivo, la posibilidad de error e ineficacia es mucho mayor.  Los espacios de participación mejoran el sistema democrático, fortalecen a la sociedad, por lo que podemos buscar soluciones a los problemas en conjunto», dice Jericó.

La lucha de la población indígena para no ser completamente diezmada por el actual Gobierno ha tomado más fuerza ante el desmantelamiento de instituciones públicas que deberían velar por la seguridad y los derechos indígenas, como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), además de los ataques a las comunidades y sus territorios en todo el país. En 2021, la votación del Marco Temporal [2], hasta hoy suspendido por la Corte Suprema (STF), tiene como objetivo eliminar la propiedad de las tierras indígenas garantizadas por la Constitución.  Según Luis Donisete, Coordinador Ejecutivo de Iepé, el cierre de espacios públicos para políticas indígenas y ambientales en Brasil tuvo grandes implicaciones para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social indígena.

«El sesgo antidemocrático y anti-indígena del actual gobierno se ha transformado en una directriz para las políticas del Estado brasileño, contrariamente al activismo y a la acción de la sociedad civil organizada. El resultado fue el abandono de los programas y políticas gubernamentales que implementaban derechos consagrados en nuestra legislación en diferentes áreas: salud, educación, cultura, gestión territorial, protección de las tierras indígenas. Hoy en día ya no hay canales de diálogo entre los representantes indígenas y los diferentes organismos gubernamentales. Es un gran revés que llevará años y mucha dedicación reconstruir», dice Donisete.

En este contexto de incertidumbres, denuncias y silenciamiento de la sociedad civil en Brasil, Raza e Igualdad hace un llamado a los mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar que la situación empeore luego de las elecciones de este año. Considerando los retrocesos y limitaciones a la participación ciudadana mencionados anteriormente, y para fortalecer el papel de la sociedad civil en la vida democrática, es importante que el Estado brasileño avance, entre otros, en:

1 – Según lo previsto constitucionalmente y en las leyes, participación política de la sociedad civil organizada en las instituciones públicas y en los espacios de toma de decisiones, con un efectivo monitoreo de las políticas públicas y el presupuesto;

2 – Asegurar la transparencia en el acceso a la información pública y la recolección de datos para la construcción de políticas públicas interseccionales, según lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información;

3 – Fortalecer el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), que ha venido siendo desmantelado especialmente por la baja asignación de presupuesto, así como por el debilitamiento de la participación popular en el Concejo Deliberante del PPDDH.  [3]

4 – Crear juntas de participación de la sociedad civil teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población brasileña. Los consejos deben tener en cuenta las especificidades y ser un espacio de escucha y decisión para las poblaciones más vulnerables, entre ellas: afros, indígenas, quilombolas y gitanos.

[1] Esos consejos funcionan teóricamente pero en la práctica no tienen la capacidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil.

[2]  https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml

[3] https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Relatorio—Comeco-do-Fim.pdf